La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha alcanzado un acuerdo histórico con los concesionarios de gasolineras para establecer un precio máximo de 24 pesos por litro de gasolina magna durante los próximos seis meses. Este pacto, de carácter voluntario, busca proteger la economía de las familias mexicanas y estabilizar el mercado de combustibles en el país.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de la mandataria, donde destacó el esfuerzo coordinado por Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía, para concretar este acuerdo. Sheinbaum enfatizó que, aunque el pacto es voluntario, se espera la adhesión de la mayoría de los concesionarios, quienes podrán firmarlo, unirse posteriormente o retirarse antes de que concluya el plazo establecido.

El acuerdo, denominado «Política Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina en Beneficio del Pueblo de México», contempla evaluaciones periódicas para determinar su efectividad y realizar los ajustes necesarios en función de los resultados obtenidos. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continuará aplicando estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) con el objetivo de suavizar las variaciones en los costos y mantener un precio justo para los consumidores.

Es importante destacar que este pacto no impone obligaciones adicionales a las partes firmantes, entre las que se incluyen Petróleos Mexicanos (Pemex), importadores, comercializadores, distribuidores y transportistas. Su éxito dependerá de la cooperación y el compromiso de todos los actores involucrados, quienes participarán con la convicción de fortalecer la transparencia y estabilidad del mercado de combustibles en beneficio de la población mexicana.

Sin embargo, algunos expertos han señalado desafíos en la implementación de este acuerdo. Por ejemplo, no se establecen diferencias de precios entre estados, lo que podría afectar a estaciones de servicio en regiones con costos logísticos más elevados debido a mayores distancias de transporte. Esto podría conllevar el cierre de algunas estaciones y fomentar la venta ilegal de combustible. Además, el acuerdo excluye a las estaciones ubicadas en zonas fronterizas, donde ya existe una estructura de precios distinta debido a estímulos fiscales específicos.

La noticia coincide con el reciente informe de Pemex sobre pérdidas significativas y un endeudamiento considerable, a pesar de las inyecciones de capital por parte del gobierno. Este contexto económico añade complejidad a la implementación y sostenibilidad del acuerdo de precios de la gasolina.

En resumen, el acuerdo entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y los concesionarios de gasolineras para mantener el precio de la gasolina magna por debajo de los 24 pesos por litro durante seis meses representa un esfuerzo conjunto para proteger la economía familiar y estabilizar el mercado de combustibles en México. No obstante, su éxito dependerá de la colaboración de todos los actores involucrados y de la capacidad para abordar los desafíos logísticos y económicos que puedan surgir durante su implementación.

México se prepara para lo que será un invierno duro con una estrategia para aminorar los altos costos del gas, un insumo básico para la generación de energía eléctrica.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya resiente las afectaciones al mercado energético derivado de las sanciones económicas contra Rusia al haber reportado un incremento del 202,8% en los costos de generación de energía eléctrica.

En los primeros siete meses de 2022 la operación de centrales de combustión interna costó un total de 8.624 pesos (413 dólares) por megawatt-hora, cuando en el mismo periodo del año anterior el costo fue de 2.848 pesos (142 dólares).

La razón principal es la reducción de las importaciones de gas ruso a Europa y la decisión de Estados Unidos de intentar suplir dicho suministro; la alta demanda, ya comienza a superar la oferta por lo que se espera que los precios mantengan su tendencia al alza.

Estimaciones de La Política Online señalan que el precio del gas natural se ubique en 7,76 dólares por millón de BTU (unidades térmicas británicas), precios no vistos desde 2008 y que superan el promedio de 2 y 3 dólares en los que se cotizaban antes del conflicto en Ucrania.

Si bien se espera que para principios de 2023 el precio baje a seis dólares, analistas de mercado consideran que el precio podría repuntar.

Ante esta situación, la CFE apuesta por buscar coberturas de mercado que le permitan lidiar con los incrementos imprevistos del gas, una estrategia que ha ayudado a México a no ver incrementos considerables en las tarifas de energía eléctrica.

El mecanismo de coberturas funciona como un tipo de seguro contra los cambios de precios y consiste en una serie de operaciones que protege las finanzas públicas en caso de una caída drástica del valor del crudo y permite compensar la pérdida de ingresos presupuestarios. México desde hace años usa las coberturas petroleras y deposita todas sus ganancias cuando el petróleo se recupera, pero disfruta de la seguridad de un piso mínimo, lo cual resguarda las arcas públicas de momentos de crisis en los mercados.

Es decir, si el precio de venta resultase inferior, el país tendría que solicitar la prima de la cobertura para amortiguar el impacto que ese desajuste causaría en sus ingresos.

No obstante, la CFE, la empresa a cargo de Manuel Bartlett no apuesta por aumentar el porcentaje de sus coberturas al tiempo que también enfrenta una reducción del 6,9% en su presupuesto en comparación con el de 2022, al tener asignado un total de 439.772 millones de pesos (21.988 millones de dólares) en el presupuesto para 2023.

Lo anterior puede derivar en diferentes situaciones: el incremento de los precios del gas se trasladará gradualmente a los usuarios o se necesitará usar las arcas públicas para subsanar la diferencia de precios, a través de subsidios, aún con las coberturas de mercado adquiridas.

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