Mientras Chihuahua encabeza cifras alarmantes de inseguridad y carencias sociales, su gobernadora panista construye un palacete de lujo con candiles de hojas de oro, cuarcita importada y arte de galería exclusiva. La investigación que la tiene acorralada.

La mansión que lo dice todo

Una investigación de la Unidad de Datos de SinEmbargo reveló que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván —conocida popularmente como «Maru Campos»— es propietaria de una lujosa residencia de 1,800 metros cuadrados en el exclusivo fraccionamiento Residencial Bosques de San Francisco, en la capital del estado. El inmueble, bautizado como la Mansión Dorada, cuenta con alberca, chimenea, jardín paisajístico con árboles nativos trasplantados con grúa y un baño de visitas cuyo plafón luce 400 hojas de oro auténtico. El terreno solo tiene un valor catastral de 31.7 millones de pesos, sin contar los acabados de mármol, cuarcita Taj Mahal, vitrales artesanales, muebles de alta gama y obras de arte de galería.

La versión de Maru: su marido se la construyó

Ante la presión mediática, la gobernadora salió a dar la cara en entrevista radiofónica para reconocer que la propiedad es suya, pero trasladar la responsabilidad a su difunto esposo. Señaló que la mansión se la construyó su esposo, el empresario automotriz Víctor Manuel Cruz Russek, quien falleció en octubre de 2025, y negó que siguiera en construcción. Sin embargo, fotografías tomadas el 11 y 16 de febrero de 2026 muestran uno de los tres lotes aún en obra negra. Los documentos de la sucesión testamentaria y los avalúos obtenidos por SinEmbargo demuestran que Cruz Russek adquirió los lotes entre diciembre de 2023 y enero de 2025, apenas días antes de casarse con la gobernadora, y que al menos uno seguía en construcción meses después de su fallecimiento.

Cuestionada también sobre la transparencia de su patrimonio, la mandataria declaró: «Mi vida es limpia, mi vida es transparente». No obstante, sus propias declaraciones patrimoniales presentan vacíos que no detallan varias de sus operaciones inmobiliarias, y se negó a responder el cuestionario que SinEmbargo le remitió desde el 20 de febrero.

El rastro del duartismo: dinero que huele a nómina secreta

Lo más grave de la investigación no es el lujo en sí, sino de dónde pudo venir el dinero. La red de operaciones inmobiliarias ligadas a Maru Campos involucra a José Luis García Mayagoitia, exsecretario de Hacienda y excontralor durante el gobierno de César Duarte, actualmente en prisión por corrupción. Las firmas Mykonos e Inmobiliaria Sisoguichi, vinculadas a García Mayagoitia, aparecen en compraventas, permutas y cesiones de terrenos relacionados tanto con la Mansión Dorada como con otras propiedades de la gobernadora o de su empresa, la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, en la que la mandataria reconoció poseer el 98% de participación.

Cabe recordar que Campos Galván fue señalada en su momento por haber recibido presuntamente más de 9 millones de pesos provenientes de la tristemente célebre nómina secreta de Duarte —mecanismo con el que se distribuyeron al menos 1,100 millones de pesos entre empresarios, legisladores, sacerdotes y periodistas a cambio de favores políticos—. Fue vinculada a proceso penal, aunque dicha causa se diluyó misteriosamente tras su victoria electoral en 2021.

Un patrimonio que explotó al llegar al poder

Los números no mienten. En pagos como funcionaria pública, Campos acumuló 13 millones de pesos en el periodo analizado, a los que se suman otros 13 millones obtenidos por enajenación de bienes entre 2021 y 2024. En ese mismo periodo, su empresa adquirió propiedades por 43 millones de pesos y bodegas por 37 millones adicionales, algunas de las cuales han sido arrendadas a instancias municipales, generando así un círculo de negocios entre el sector público y el privado. La riqueza inmobiliaria de la mandataria se disparó justo al llegar al poder, incrementando su patrimonio reconocido a casi 40 millones de pesos en propiedades.

Seguridad pública para proteger la mansión, no a los ciudadanos

Mientras la ciudadanía chihuahuense clama por más policías en las calles ante una crisis de inseguridad que no cede, la Mansión Dorada es custodiada permanentemente por al menos 12 elementos de la Fiscalía Estatal, además de escoltas privados para la familia de la mandataria. El contraste es brutal y simbólico: los recursos del Estado, al servicio del privilegio.

Sheinbaum exige transparencia; el Congreso local, en la mira

La presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en pronunciarse sobre el caso. Durante su conferencia matutina del 2 de marzo, señaló que la Fiscalía de Chihuahua y el Congreso local deben revisar el origen de los recursos de la Mansión Dorada, y advirtió que si hubiera recursos federales involucrados, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República tendrían que intervenir. La 4T hace lo que la oposición jamás hizo: exigir cuentas, aunque duela.

Una gobernadora de cristal

El caso de la Mansión Dorada de Maru Campos no es un asunto menor ni anecdótico: es el reflejo de cómo las élites políticas del bloque conservador han operado históricamente en México, utilizando el poder público como trampolín hacia la acumulación privada. Mientras el proyecto de la Cuarta Transformación avanza en transparencia, austeridad republicana y combate a la corrupción, el PAN en Chihuahua gobierna para unos pocos, se rodea de los mismos operadores del pasado corrupto y construye mansiones doradas. La ciudadanía merece saberlo, y merece exigir cuentas.

Durante el proceso electoral de 2024, la oposición –liderada por el empresario Claudio X González Guajardo– desplegó una campaña mediática, política y judicial para presionar al Tribunal Electoral y forzarlo a resolver el reparto de diputaciones por representación proporcional contra la Constitución. Por sufragio, la mayoría calificada le correspondía a la coalición “Juntos Sigamos Haciendo Historia”. De haberse concretado lo que pretendían los opositores habría significado un “golpe de Estado técnico” por la vía judicial, denuncia –en entrevista– el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior del TEPJF

En el contexto de las elecciones de 2024, la oposición desplegó una campaña mediática, política y judicial que tuvo por objetivo presionar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al momento de calificar los comicios, resolver el reparto de diputaciones por representación proporcional, denuncia el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior del TEPJF.

En entrevista para Contralínea, agrega que lo que se buscaba con estas estrategias era forzar a las y los magistrados electorales a fallar contra lo que marca la Constitución, y evitar que la coalición “Juntos Sigamos Haciendo Historia” –conformada por los partidos Morena, Verde y PT– tuviera la mayoría calificada. Considera que –de haberse concretado– habría significado un “golpe de Estado técnico”, pues dicha coalición obtuvo las curules en las urnas.

“Se montó una campaña de propaganda contra el Tribunal para efecto de que el Tribunal se doblara, no aplicara la Constitución y no siguiera ninguno de los precedentes; […] peor aún, se desplegó una campaña mediática donde pusieron nuestros rostros en espectaculares montados en la Ciudad de México, además en redes sociales. Se hizo bastante presión”, detalla el magistrado electoral.

La oposición utilizó todas las vías posibles para evitar asumir su derrota electoral, que derivó en la pérdida de espacios en el Congreso de la Unión, señala De la Mata. Como ejemplo no sólo cita el despliegue de espectaculares en las inmediaciones de los domicilios particulares de los magistrados, sino también la campaña mediática para descalificar al propio Tribunal Electoral, con el claro objetivo de desvirtuar el debate público y orientarlo hacia una supuesta “sobrerrepresentación” en favor de las bancadas de Morena, PT y PVEM.

Para el magistrado, se trató de una estrategia sistemática de presión política y mediática contra el Tribunal Electoral, orientada a forzar resoluciones contrarias a la Constitución y a precedentes históricos establecidos con la reforma electoral de 2009, cuando el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) –hoy Instituto Nacional Electoral (INE)– fijó criterios sobre la asignación de curules de representación proporcional, conocidos como plurinominales.

De la Mata explica que, al tratarse de un tema con lineamientos constitucionales explícitos y una línea jurisprudencial constante –reiterada en los procesos electorales de 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024–, la resolución “debió haber sido muy sencilla”, debido a que los juzgadores únicamente tenían que aplicar la literalidad de la ley. Sin embargo, tras los resultados adversos en la elección de 2024 para la oposición –PAN, PRI y el ahora extinto PRD–, la apuesta fue a una campaña de propaganda para intentar que el TEPJF “se doblara” y dejará de aplicar estos precedentes, lo que habría vulnerado a las instituciones y a la democracia.

“El Tribunal no se dobló, hicimos lo correcto y aplicamos la Constitución; sin embargo, la propaganda de este mismo grupo sigue, ellos siguen hablando. […] No se puede obligar a un órgano jurisdiccional a tomar decisiones en contra de la ley, y menos cuando los resultados ya se habían dado a conocer. Cambiar las reglas después de conocer los resultados habría significado un fraude en la mesa o un golpe de Estado técnico, algo gravísimo”, afirma el magistrado De la Mata. Reitera que la presión se dio desde distintos frentes.

El doctor en derecho Felipe de la Mata afirma que recuerda que en esa embestida participaron académicos, intelectuales, “líderes de opinión”, analistas, integrantes del Poder Judicial de la Federación y hasta de la Conferencia del Episcopado Mexicano. No sólo participaban en medios de comunicación, sino que escribieron cartas para favorecer a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) en la sentencia SUP-REC-35/05/2024 y sus acumulados, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral.

“Incluso grupos empresariales importantes empezaron a cabildear para que no se tomara la decisión establecida en los límites constitucionales y, bueno, la verdad es que la presión fue alta”, explica el magistrado a Contralínea. Destaca que ceder a esas exigencias habría implicado entregar el control de la Cámara de Diputados a fuerzas políticas que no obtuvieron ese respaldo en las urnas.

Las presiones que refiere el magistrado De la Mata también se enuncian en su libro Entre la Constitución y la campaña mediática –también coordinado por la maestra Martha Alejandra Tello Mendoza–, de reciente publicación. Ahí se da cuenta, por ejemplo, de las declaraciones de la expresidenta de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, quien acusó que ella y sus compañeros habían recibido amenazas “incluso personales y familiares” por resolver con libertad y apego a derecho.

Marea Rosa, de Claudio X, entre los que presionaron

La narrativa sobre una supuesta inconstitucionalidad por “sobrerrepresentación” en la asignación de diputaciones de representación proporcional en 2024 fue impulsada de forma directa por la llamada Marea Rosa, grupo opositor ligado al empresario Claudio X González Guajardo y a los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.

Su consigna era clara: deslegitimar a las autoridades electorales, presionar para modificar criterios constitucionales vigentes y vulnerar la democracia, asegura la maestra Martha Alejandra Tello Mendoza, especialista en Justicia Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en Justicia Constitucional.

En entrevista con Contralínea, la especialista explica que también en las esferas electorales se vivió unblacklash judicial (reacción adversa), entendido como un fenómeno en el que una sentencia genera críticas, resistencia social o tensión institucional. Esa reacción negativa fue amplificada desde el ámbito político y mediático contra el fallo judicial, para impactar en la opinión pública y erosionar la legitimidad del TEPJF.

Al ser consultada sobre la importancia del libro Entre la Constitución y la campaña mediática para aclarar la controversia generada por la asignación de diputaciones plurinominales en 2024, la maestra Tello considera que su publicación sirve para desmontar la narrativa construida desde ciertos sectores políticos y mediáticos, orientada a desinformar y a crear en el imaginario colectivo la idea de que hubo “un robo” en la asignación de escaños.

“Lo más grave de los descalificativos es que se llevó al debate de deslegitimar a las autoridades electorales. Fue tal la presión hacia las autoridades electorales y la narrativa repetida una y otra vez por específicas personas, específicos medios, que en el imaginario colectivo de muchas personas se dio esta idea de que hubo un robo en el proceso de asignación de las diputaciones, y que las autoridades electorales están cooptadas por Morena.”

Con mentiras, se buscó sembrar la desconfianza hacia las autoridades electorales, consideró la magistrada Soto Fregoso. En el libro se cita la siguiente reflexión de quien entonces presidía la Sala Superior del TEPJF: “no habíamos visto algo así en esa magnitud. Y creo que eso es lo más grave: que voces que están todo el tiempo llamando a cuidar a las instituciones, este movimiento de la Marea Rosa, por ejemplo, que estaban defendiendo al INE, son las mismas personas que, si no comparten su interpretación de la Constitución, no tienen ningún empacho en acusarlas de ‘vendidas’ a las propias autoridades”.

La obra Entre la Constitución y la campaña mediática también detalla que en el 2024 se pretendió exigir a las autoridades electorales un cambio en los criterios de asignación que se han seguido de manera ininterrumpida durante más de una década. Sin embargo, dichos criterios cuentan con sustento constitucional y una línea jurisprudencial consolidada, por lo que cualquier modificación habría implicado una alteración arbitraria de las reglas y una vulneración a los marcos constitucionales.

“Eso a mí me parece muy grave, porque las instituciones son muy importantes para mantener cualquier democracia y establecen la confianza ciudadana. Es muy importante la legitimidad, la confianza. Fue muy irresponsable la manera en que se abordó por parte de este grupo de académicos y también por algunos medios de comunicación este tema. Entonces, creo que eso es lo más grave al final del día, que se empobrece, además, el debate público; y cualquiera que opine lo contrario es descalificado”, expone la maestra Alejandra Tello Mendoza.

México necesita una reforma en materia electoral

Desde su creación, el sistema de representación proporcional ha enfrentado múltiples críticas. No obstante, a partir de 2009 las autoridades electorales –tanto administrativas como jurisdiccionales– han interpretado y aplicado de manera consistente la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales, sin grandes variaciones. En este marco, se ha sostenido que el límite de la sobrerrepresentación es una figura destinada exclusivamente a los partidos políticos, y no a las coaliciones.

Así ocurrió en las elecciones federales de 2009 a 2021, por lo que en el proceso electoral de 2024 no existía una razón jurídica ni una justificación constitucional válida para modificar dicha interpretación. Incluso, en 2015 y 2018 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió de manera categórica que eran los partidos –y no las coaliciones– quienes debían participar en el reparto de diputaciones de representación proporcional, así como que la verificación del límite de sobrerrepresentación era aplicable únicamente a institutos políticos.

Bajo este panorama, en los últimos años el Poder Ejecutivo ha manifestado su intención de impulsar una nueva reforma en materia electoral. En particular, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha planteado abiertamente la necesidad de revisar el diseño institucional del sistema electoral, para lo cual conformó una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, encargada de recabar las inquietudes de la ciudadanía, así como los análisis de especialistas y académicos.

Y fue el pasado 25 de febrero cuando se presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral en la “mañanera del pueblo”. Ésta se compone de 10 puntos: 1) eliminación de las listas de los partidos políticos para la representación proporcional del Congreso de la Unión; 2) reducción del 25 por ciento en el costo de las elecciones; 3) mayor fiscalización; 4) voto en el extranjero; 5) disminución de los tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios; 6) regulación del uso de inteligencia artificial y prohibición de bots; 7) cómputos distritales; 8) democracia participativa; 9) prohibición al nepotismo; y 10) no reelección.

“Yo como presidenta estoy obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas, sino pues estaría negando nuestro origen, lo que somos. Yo estoy obligada a hacerlo, para mí es un asunto de principios, que no cuesten tanto las elecciones, que no haya estas listas de cúpulas de partidos, eso no lo quiere la gente. Estoy obligada a enviarlo. ‘Oye, ¿qué es partido de Estado? No. Oye, quitamos la autonomía al INE. No’. Es algo muy racional: quien quiera ser diputado, se vaya a buscar su voto; que quien quiera ser senador, se vaya a buscar su voto; que quien quiera ser regidor, se vaya a buscar su voto y que se presente ante la gente”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Para la maestra en derecho electoral Alejandra Tello Mendoza, México requiere una reforma en materia electoral que realmente atienda las demandas sociales de fondo y no se limite a ajustes coyunturales o a ciertas disputas partidistas, sino que fortalezca la legitimidad democrática y la confianza pública en las instituciones.

“Me parece falaz argumentar que no es necesario una reforma electoral tratando de salvaguardar lo que hay hoy. Creo que siempre hay que poner las cosas en su justa dimensión y por supuesto que se necesita una reforma electoral y el debate de la sobrerrepresentación lo deja en claro. Lo que nosotros argumentamos es que sí es necesario afinar el sistema electoral porque obviamente tiene muchas distorsiones”, indica la experta en la materia.

Agrega que entre los temas que se deben revisar está el funcionamiento de las coaliciones y la militancia efectiva de los partidos deben revisarse y regularse de manera expresa en la ley. “Hay muchísimos temas pendientes. Por eso me parece falaz que algunos académicos digan que no es necesaria una reforma electoral, sobre todo cuando ellos mismos participaron en el discurso de que el sistema no favorece a los partidos en el poder”.

Con ello, Tello considera la posibilidad de que las principales líneas de una eventual reforma electoral no alcancen los votos suficientes para modificar la Constitución, particularmente en el escenario de que la coalición “Sigamos Haciendo Historia” –conformada por los partidos Morena, PT, PVEM– no logre construir los consensos necesarios para una reforma de carácter constitucional.

Lo anterior, explica, confirma uno de los argumentos centrales de su libro: que, a pesar de las acusaciones de “sobrerrepresentación”, ningún partido por sí solo puede cambiar el marco constitucional. “Hoy vemos que un solo partido no puede cambiar la Constitución, se necesita sí o sí de otras fuerzas políticas y creo que eso fue lo que se buscó con la reforma de 1996. Entonces, regresando al tema de la reforma electoral, sí. Evidentemente, a partidos pequeños como el PT o el Verde, evidentemente, no les conviene la eliminación, por ejemplo, de las plurinominales o su reducción, la reducción del financiamiento público”.

Al ahondar en este análisis, la investigadora retoma las críticas del politólogo italiano Giovanni Sartori, quien fue particularmente severo con el sistema mixto mexicano al considerar que combina “lo peor de dos mundos”; es decir, la lógica de la mayoría relativa con los efectos distorsivos de la representación proporcional.

“Soy más partidaria de sistemas de mayoría que permitan la formación de gobiernos fuertes, con todos los riesgos que eso implica. Pero hoy, viendo cómo está el mundo, necesitamos capacidad real de gobierno”, señala. En esa línea, cita a teóricas como Nancy Fraser y Chantal Mouffe, quienes han advertido sobre la necesidad de Estados soberanos robustos capaces de confrontar el poder económico y financiero global”.

Al respecto, dice que en muchas ocasiones, los sistemas electorales tienden a diluir el poder, “y eso ocurre especialmente con la representación proporcional en regímenes presidenciales”. “Pero más allá del debate técnico, lo más importante es que cualquier reforma sea consensuada, que incorpore al mayor número posible de actores políticos”.

Finalmente, la maestra Tello Mendoza reconoce que el escenario actual no parece propicio para una negociación amplia. Sin embargo, el resultado aún está por delinearse. “Lo ideal es que hubiera a disposición de ambas partes, tanto de la oposición como de los partidos en el poder negociar una reforma con todas las voces. No vemos que eso esté ahorita para el escenario. La oposición lleva muchos años también poniéndose en una situación de moratoria constitucional. Y bueno, tampoco los partidos en el poder necesitan a la oposición para legislar, seamos realistas. Y lo que se requiere al final del día es un consenso para que tenga legitimidad”.

Ciudad de México.— En un hecho inusual por su amplitud política y territorial, las y los gobernadores de las 32 entidades federativas manifestaron su respaldo a la política nacional de paz y seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, enviando un mensaje de unidad institucional frente a los desafíos de violencia y crimen organizado que enfrenta el país.

El pronunciamiento conjunto, difundido a través de redes sociales y canales oficiales, establece el compromiso de los ejecutivos estatales de mantener coordinación permanente con el Gobierno federal y actuar dentro de sus atribuciones para garantizar la tranquilidad de la población.

La postura implica el apoyo de 31 gobernadores y gobernadoras, así como de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre federación y estados para consolidar una estrategia integral de seguridad.

Coordinación como eje central

El mensaje subraya que la paz no puede construirse de manera aislada desde un solo nivel de gobierno. Por ello, las entidades federativas refrendaron su disposición a trabajar de forma coordinada con el Gabinete de Seguridad y las fuerzas federales, particularmente en tareas de prevención, inteligencia y procuración de justicia.

Este enfoque coincide con la visión del actual Gobierno federal, que plantea la seguridad como una responsabilidad compartida y no exclusivamente militar o policial. En ese sentido, los mandatarios estatales reconocieron la necesidad de acciones integrales que atiendan tanto los delitos como las causas estructurales de la violencia.

Otros reportes señalan que la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO) también expresó su respaldo a las acciones de las Fuerzas Armadas y a la estrategia federal, destacando el profesionalismo de las instituciones encargadas de salvaguardar a la población.

Un mensaje político de unidad nacional

El respaldo colectivo adquiere especial relevancia en un contexto marcado por episodios recientes de violencia y por el golpe al liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que provocó reacciones criminales en diversas regiones. Frente a estos hechos, la señal de cohesión entre federación y estados busca transmitir estabilidad institucional y continuidad en la estrategia de seguridad.

Además, el pronunciamiento tiene implicaciones políticas: muestra que, más allá de diferencias partidistas, existe un consenso básico sobre la necesidad de fortalecer al Estado frente a organizaciones delictivas con capacidad transnacional.

En el documento, las autoridades locales reiteraron su compromiso de actuar dentro del marco legal y de fortalecer sus propias capacidades institucionales, desde policías estatales hasta fiscalías, con el fin de evitar vacíos de poder que puedan ser aprovechados por el crimen organizado.

Seguridad con enfoque integral

La política de seguridad del actual Gobierno federal se sustenta en varios pilares: presencia territorial de fuerzas federales, inteligencia operativa, coordinación interinstitucional y programas sociales orientados a reducir los factores de riesgo que alimentan la violencia.

Desde esta perspectiva, el respaldo de los estados no sólo implica apoyo político, sino también la posibilidad de implementar acciones conjuntas en materia de prevención, reconstrucción del tejido social y fortalecimiento institucional.

Especialistas en seguridad han señalado que la cooperación entre niveles de gobierno es uno de los factores determinantes para el éxito de cualquier estrategia nacional, particularmente en un país con profundas diferencias regionales en materia de violencia y capacidad institucional.

Un frente común frente al crimen

El pronunciamiento de los gobernadores envía un mensaje claro: la lucha por la paz y la seguridad no puede fragmentarse por intereses partidistas. La coordinación entre estados y federación se presenta como la única vía viable para enfrentar a organizaciones criminales que operan sin respetar fronteras administrativas.

Al cerrar filas con la estrategia nacional, los mandatarios estatales buscan también fortalecer la legitimidad del Estado frente a la ciudadanía, que exige resultados concretos en materia de seguridad.

Más allá de la retórica, el desafío ahora será traducir este respaldo en acciones tangibles: operativos coordinados, intercambio de inteligencia, fortalecimiento policial y políticas sociales que reduzcan la base de reclutamiento del crimen organizado.

En un país marcado por décadas de violencia, la unidad institucional aparece como un requisito indispensable para avanzar hacia una paz duradera. El pronunciamiento conjunto de las entidades federativas, al menos en el plano político, apunta en esa dirección.

Luisa María Alcalde habla con Reporte Indigo sobre lo que significa dirigir al principal partido de México y cómo busca fortalecerlo para las elecciones de 2027

Por Carlos Montesinos

Al iniciar su décimo mes al frente de la dirigencia nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján conversó con Reporte Indigo sobre lo que significa conducir el principal partido político de México, los preparativos para la elección de 2027 y lo que significa coincidir a la cabeza del proyecto junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entrevistada en las oficinas del partido, Alcalde definió como un orgullo y una enorme responsabilidad el haber asumido la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Pues identifica al partido como el legado que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que a su vez es nutrido por millones de simpatizantes y militantes.

“Es un momento en el cual necesitamos fortalecer y consolidar a Morena para llegar a la elección del 2027, porque este es el momento donde apostaron a que, yéndose Andrés Manuel López Obrador, nos íbamos a debilitar, iba a desaparecer este partido. Entonces estamos fortaleciendo la institucionalidad”, señala.

Así, recuerda que apenas hace un año, casi 36 millones de personas votaron por mantener en curso el proyecto de Morena, ahora encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y con el respaldo de las cámaras del Congreso de la Unión. Coincidiendo con el periodo en que ella llegó al CEN del partido.

“Es en ese contexto en el que a mí me toca dirigir a este partido, a Morena, en un momento en nuestro país donde podemos asegurar que es tiempo de mujeres. Qué mejor para mí, qué mejor momento y orgullo de poder estar al frente de Morena con una presidenta como lo es Claudia Sheinbaum Pardo”, menciona.

Fortalecen al partido que creció rápido

En cuanto a cómo fortalecer a Morena, reflexiona que “hemos crecido de manera tan rápida y hemos logrado hoy gobernar en la mayoría de los estados, en la mayoría de los municipios y tener mayoría en el Congreso, pues eso también es sin lugar a dudas una responsabilidad de siempre estar recordando de dónde venimos”.

Bajo esta idea de mantener la mística que dio origen al movimiento, la actual dirigencia morenista difundió los 100 postulados de un morenista entre la militancia e implementó un decálogo para todas las autoridades emanadas del partido. Además de renovar la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia encargada de dirimir las controversias internas.

A la par, lanzaron una campaña nacional de afiliación fijando como meta los 10 millones de militantes para finales de año y que, a mitad del proceso, ya supera los seis millones. Así como establecerán comités de base en todas las secciones electorales para fomentar la participación de la gente.

Una de las medidas más sonadas en estos meses fue la reforma estatutaria aprobada por unanimidad en el reciente Consejo Nacional para evitar actos de nepotismo en la definición de candidatos a puestos de elección popular. Si bien el CEN ya había aplicado este candado en las elecciones municipales en Durango y Veracruz, ahora se aplicará a nivel nacional.

“Ya lo establecimos como una regla y lo vamos a aplicar en 2027 porque ha sido una de las definiciones que tomamos en el Consejo Nacional. Entonces, ¿qué es lo que establece con claridad esa normativa? Pues ningún cargo puede ser sucedido por algún familiar directo”, recalca la líder del partido.

Faltando dos años para la cita electoral de 2027, en la que se renovarán 17 gubernaturas, Morena ya se perfila como el favorito en las encuestas.

“La gente respalda a sus gobiernos estatales. Han sentido y han percibido ese proyecto de transformación distinto al pasado, con gobernantes comprometidos que han avanzado en términos sociales, de infraestructura, de empleos, de bienestar, y eso se percibe a través de la respuesta donde dicen: queremos que siga gobernando Morena”, indica.

Se reservan el derecho de admisión

Posicionándose a la cabeza en la mayoría de los 12 estados que gobierna y que renovarán administración en 2027, con posibilidades competitivas en las entidades que hoy controla la oposición, Morena se encamina a las elecciones intermedias.

Cuestionada sobre la posibilidad que personajes de otros partidos lleguen a Morena a disputar la candidatura, como ha ocurrido en ocasiones anteriores ante el descontento de las bases, Luisa María Alcalde Luján explica que, si bien es necesaria la apertura para gobernar por la vía pacífica, también pueden reservarse el derecho de admisión.

“En este momento no veo, pero puede ser, pero no veo la necesidad en algún estado en específico de sumar a personajes de otros partidos. Yo creo que en nuestro partido tenemos ya hoy liderazgos muy fuertes, que me parece son los que hoy serían punteros en las encuestas”, elabora en cuanto a un escenario de esta índole.

Sobre el método de encuesta para definir candidatos, argumenta que “nos da mucha fortaleza, porque la gente es la que está decidiendo y es la que va a salir a votar y, dos, genera condiciones de unidad, porque tú ya sabes que esa va a ser la competencia”. Poniendo como ejemplo la que se realizó para la candidatura presidencial que ganó Sheinbaum Pardo.

Prioridad: Mayoría legislativa

Más allá de las gubernaturas, Alcalde mantiene como meta la mayoría calificada en el Congreso de la Unión que ha permitido las reformas constitucionales. Lo que ve como una garantía de protección a las políticas de Morena en caso de que -dice al tocar madera- regrese un gobierno de derecha en un futuro.

“La idea es poder seguir teniendo las dos terceras partes y también la mayoría en los congresos locales, porque eso realmente va a permitir que no haya, digamos, marcha atrás y al contrario que podamos seguir avanzando cada vez más en beneficio de la gente”, dice al contrastar que las “mayorías aplastantes” de antes aprobaron reformas perjudiciales.

En ese tenor, se le cuestionó sobre la condición en la que se encuentra la coalición Sigamos Haciendo Historia que Morena integra con los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo. En particular luego de que dirigentes de este último alzaron críticas por la falta de acuerdos para consumar la alianza en Veracruz.

“Yo creo que somos conscientes, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y sin lugar a dudas Morena, de que juntos somos más fuertes y que no es un asunto, insisto, de una alianza coyuntural, sino qué es lo que nos permite realmente llegar a los cambios necesarios”, confía en cuanto a estas discrepancias entre los institutos aliados.

Recordando que no es la primera vez que compiten por separado en elecciones municipales o incluso estatales, Alcalde también señala que los tres partidos van juntos en aspectos fundamentales. Como abanderar a Sheinbaum o al “tener las dos terceras partes y cambiar el texto constitucional. Eso solo ha sido posible gracias a esta alianza”.

Desde el triunfo de AMLO, el crecimiento de Morena ha sido tan rápido hasta convertirse en la primera fuerza política del país. Este nivel de poder ocasionó la llegada de miles de militantes de otros partidos para lograr posicionarse o seguir en posibilidades de mantenerse vigentes en la política y, por lo tanto, vivir de ella.

El recorrido de la lideresa

Con 37 años de edad, Luisa María Alcalde Luján hace un recuento sobre su trayectoria política que, de cierta forma, se ha desarrollado a la par de Morena. Pues inició como representante de estudiantes y jóvenes de la asociación civil que buscaba el registro como partido político y ahora se encuentra en el liderazgo de la principal fuerza nacional.

“Regresar al partido me parece de lo más afortunado en mi vida personal, porque eso que construimos hoy ha dado un montón de frutos y hay una enorme responsabilidad de conducción sobre los principios y las bases de Morena”, dice sobre este recorrido desde la articulación de bases hasta el comité ejecutivo.

Como parte de este proceso, Alcalde pasó por los poderes Legislativo y Ejecutivo. Pues se desempeñó como diputada federal, de las pocas que hicieron oposición al denominado Pacto por México. Para luego llegar al poder junto a López Obrador, quien la designó secretaria del Trabajo, primero, y de Gobernación, en su último año de mandato.

“Aunque no ha pasado tanto tiempo estamos en un momento bien distinto, pero lo más gratificante es que uno va a las diferentes entidades federativas y te sigues encontrando a esa misma gente con la que construimos hace años este partido”, rememora en cuanto a las diferencias entre los últimos sexenios.

De igual manera, comenta que su trayecto “es muy gratificante, porque tiene que ver también con este relevo generacional que en nuestro partido la verdad es que está muy vivo y ha permitido que siempre estuviesen los mismos liderazgos”. Sumado al “tiempo de mujeres”, una de las banderas de la actual primera mandataria.

Apelando a la politización del pueblo ante lo que advierte como campañas de difamación por parte de la oposición, Alcalde Luján agrega que “lo que nos toca es seguir construyendo y seguir siempre con la frente en alto, demostrando todos los días con nuestro trabajo, acciones en Morena y en el Gobierno, lo que significa la esperanza de México”.

La fuerza de Morena

El Movimiento de Regeneración Nacional fue fundado por el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, en 2011. Para esas fechas se trataba de una organización política y social con miras a las elecciones presidenciales de 2012, en las que AMLO participó como candidato de la coalición de los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

Al perder las elecciones, López Obrador da estructura formal a Morena, ya como un desprendimiento del Partido de la Revolución Democrática. Fue hasta 2014 que Morena obtuvo su registro oficial como partido político y pudo participar por primera vez en una elección presidencial en 2018.

La reciente reforma impulsada por el grupo parlamentario de la 4T ha sido objeto de polémica y desinformación. A través de un análisis basado en el texto legal y el contexto jurídico internacional, se desmienten los principales señalamientos y se explica su verdadero alcance.

Desde su aprobación en el Senado, la reforma a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen ha sido rápidamente etiquetada por algunos sectores de la oposición y medios afines como la “Ley Censura”. Esta denominación, cargada de intención política, ha contribuido a una percepción distorsionada del contenido real de la iniciativa, que busca actualizar el marco jurídico para proteger derechos fundamentales en el entorno digital.

La reforma no crea nuevas restricciones a la libertad de expresión ni otorga facultades discrecionales al gobierno federal para censurar contenido. Su objetivo principal es armonizar la legislación mexicana con estándares internacionales sobre protección a la privacidad, el honor y la reputación, especialmente ante el auge de las redes sociales y la circulación de información sin control editorial.

¿Qué dice realmente la reforma?

El texto reformado establece mecanismos civiles –no penales– para que los ciudadanos puedan exigir el retiro de contenido que atente contra su vida privada, honor o imagen, a través de procesos judiciales. Esto quiere decir que no hay censura previa ni intervención gubernamental directa, sino un recurso legal ante un juez civil.

Entre los principales puntos que contempla la reforma están:

1. Derecho de réplica y rectificación reforzado.
2. Obligación de medios y plataformas a retirar contenido difamatorio si así lo determina una autoridad judicial.
3. Definición más clara de los límites entre crítica legítima y ataques a la dignidad personal.
4. Protección contra la difusión no consentida de imágenes o información privada.

Lo que no es la ley: Desmintiendo punto por punto

1. “La ley permite al gobierno borrar publicaciones incómodas”: FALSO.
El procedimiento para solicitar la eliminación de contenido requiere la intervención de un juez. No se otorga poder alguno al Ejecutivo ni a ninguna secretaría para determinar qué se retira.

2. “Es un ataque a la libertad de prensa”: FALSO.
La libertad de prensa está garantizada y se mantienen intactos los derechos para investigar, opinar y publicar. La reforma no afecta el trabajo periodístico realizado con ética y veracidad. Solo busca sancionar casos en los que haya daño comprobado a la reputación mediante información falsa o maliciosa.

3. “Se sancionará cualquier crítica al gobierno”: FALSO.
La crítica política, sátira, caricatura y opinión pública están protegidas por la Constitución. Los artículos reformados no tipifican como delito ni infracción civil las expresiones de crítica o disenso ideológico. Lo que se busca es evitar calumnias personales, no silenciar el debate democrático.

¿Por qué es relevante esta reforma?

México se encuentra entre los países con mayores niveles de violencia digital, campañas de difamación y filtraciones ilegales de información personal. Diversos organismos internacionales, como la ONU y la CIDH, han recomendado modernizar los marcos legales para proteger a las personas, sin menoscabo de la libertad de expresión.

En países como España, Alemania, Argentina o Francia, ya existen figuras similares a las que plantea esta reforma, donde ciudadanos pueden apelar a tribunales para proteger su vida privada frente a medios o plataformas digitales.

Además, la reforma responde a un vacío jurídico existente en cuanto a la protección de datos personales no patrimoniales, especialmente ante casos de “linchamiento digital” o campañas de desprestigio sin sustento.

Un contraste con el discurso opositor

Si bien es legítimo que exista una vigilancia ciudadana sobre cualquier reforma que toque derechos fundamentales, el discurso de algunos actores políticos y mediáticos ha sido deliberadamente alarmista, presentando una ley de protección civil como si fuera un mecanismo de censura estatal. Esta narrativa desconoce que el derecho a la privacidad y la honra es también un derecho humano, y que no puede subordinarse incondicionalmente a la libertad de expresión, sobre todo cuando esta se usa para difamar o dañar reputaciones sin pruebas.

Conclusión

La reforma a la Ley de Responsabilidad Civil no es una amenaza a la libertad de expresión, sino una actualización necesaria para proteger a los ciudadanos en un entorno digital cada vez más agresivo y sin regulaciones claras. Lejos de instaurar censura, establece mecanismos legales con intervención judicial que ya operan en democracias consolidadas. Etiquetarla como “Ley Censura” sin un análisis jurídico profundo distorsiona el debate público y dificulta el entendimiento de una medida que busca equilibrar derechos en conflicto.

Hace exactamente un año, en la conmemoración del 107 aniversario de la Constitución de 1917, Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -es decir, la máxima autoridad juzgadora del país- no se puso de pie cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador entró al Teatro de la República, en Querétaro.

Este acto de Norma Piña fue una completa falta de respeto. La ministra podía tener diferencias con el entonces presidente del país, pero fue indigna la forma en cómo las mostró. Completamente indigno de una autoridad judicial como la que aún representa.

La falta de respeto de Norma Piña era una respuesta a la intención del expresidente López Obrador de emprender una profunda reforma al Poder Judicial. Una reforma que, en ese momento, se pensaba imposible, pues Morena y sus aliados debían ganar abrumadoramente las elecciones de 2024 para obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

El 2 de junio del año pasado, lo que parecía una hazaña, se logró: Morena obtuvo un triunfo arrollador en los comicios y logró prácticamente la mayoría calificada. Después vino la aprobación de la reforma judicial.

Norma Piña hoy es un fantasma, y para evitar una falta de respeto y enviar un mensaje contundente, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum decidió no invitarla al 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

En la conferencia de prensa del pasado martes, la mandataria dijo que la ministra no estaba invitada, y agregó:

“Va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”. Y ante una pregunta de una reportera, que le indicó que por qué motivo no se le invitaba, la presidenta afirmó:

“Bueno, pues es obvia, ¿no? Es obvia. Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Es una relación mutua de respeto de un lado y de otro. Entonces, hasta ahora, la Corte, ¿qué es lo que ha estado haciendo, o la mayoría de los ministros de la Corte? Entonces en esta ocasión, sí, tomé la decisión de que, es un acto republicano, pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo, y debe respetar la Constitución; entonces, en esta ocasión tomé la decisión, es un acto que organiza el Ejecutivo, de que vamos a estar dos Poderes.”

Así pues, Norma Piña, que se sentía intocable, hoy está en el basurero de la historia, esperando nada más a retirarse de su cargo y odiada por el pueblo. Y pues se lo merece.

«El año de 2024 ha significado no sólo la extinción de un PRD lleno de mercenarios y porros de las derechas, sino también ha sido el año donde los otrora partidos más importantes del siglo XX, PRI y PAN, han quedado reducidos a sus peores crisis modernas».

Uno de los errores más grandes de la actual oposición partidista mexicana y sus voceros oficiosos en medios y redes consiste en pensar que la elección del año 2018 fue una especie de generación espontánea; un hecho anómalo nacido de una jornada electoral singular, donde los votantes ejercieron su sufragio con base en la ceguera y el enojo, para darle el poder a un grupo de resentidos populistas y con ello poner en vilo a la democracia.

Luego de ello, ese grupo de entre comillas populistas logró mantenerse en el poder gracias a dádivas clientelares y discursos melosos, lo cual les dio patente de corso para persistir en la presunta destrucción institucional luego de ganar, supuestamente a la mala, la contienda presidencial de 2024.

Además de la carga ofensiva que contiene esta interpretación, sobresale en ella también su apabullante ignorancia. En esa mirada absurda hay muchos prejuicios pero nada de la materia prima fundamental para hacer análisis político, que es la historia. Y esa disciplina es la que explica bien por qué el 2024 ha sido el año en que las derechas partidistas han consolidado su degradación.

Resalto aquí tres momentos fundacionales a ese respecto.

Uno de ellos es añejo y se remonta a 1991, año de las concertacesiones entre PRI y PAN, proceso que consolidó dos cuestiones. La primera, el giro ideológico irreversible en el PRI, que abandonó el nacionalismo revolucionario para subsumirse a la inercia neoliberal y con ello compartir agenda con su enemigo histórico, el PAN. La segunda, el hecho de que ambos partidos se mostraron abiertos a ponderar las prácticas antidemocráticas, como avalar el fraude de 1988 o usar los votos como transacción de negociaciones, con tal de impulsar un proyecto anti popular o simular pluralismo en estados de la República.

Ese es el origen del PRIAN, hecho que no sólo fue denunciado por izquierdistas como López Obrador, sino por el foro democrático del PAN, integrado por históricos militantes como Bernardo Bátiz, Jesús González Schmall o Eugenio Ortiz Gallegos.

A partir de entonces, las acciones conjuntas de ambos partidos en temas cruciales fueron la regla, así sea para privatizar la vida pública o para legalizar latrocinios, como el Fobaproa.

Un segundo episodio es 2005, fecha fundacional de nuestra historia contemporánea, porque fue un momento donde ya se vivía en la presunta transición democrática, con el PAN en el poder presidencial desde 2000, año que, en el imaginario político mexicano, debió dejar atrás para siempre las prácticas antidemocráticas del llamado viejo régimen.

Pero Fox demostró su vocación tan autoritaria como la del viejo PRI, y trató de encarcelar a un personaje inocente sólo porque éste era un gobernante con un proyecto presidencial legítimo que encabezaba todas las encuestas y ponía en riesgo la continuidad de PAN. Ahí, Fox, en connivencia con la dirigencia del PRI y la mayoría de sus diputados, decidieron que poner en riesgo la continuidad del PAN en el poder equivalía a poner en riesgo a la democracia, por lo que emplearon a la PGR, en un uso faccioso de la justicia, para tratar de impedir que fuera candidato un adversario entonces perredista, a quien desaforaron.

Ese año mostró que el discurso de la democratización y el gradualismo de la transición podían destruirse por la venalidad de un presidente autoritario, quien llevó su sevicia hasta las últimas consecuencias, cuando, luego de ser derrotado por una movilización popular en 2005 que impidió el desafuero, ejerció un fraude electoral en 2006. Ese bienio demostró que PRI y PAN coincidían en que debían recurrir al fraude y al discurso fascistoide con tal de hacer a un lado por vías ilegítimas a rivales legítimos. Y de ahí viene la crispación que hoy viven ciertos sectores de la vida pública mexicana.

El tercer momento es 2020. Luego de la coyuntura de 2006, los perpetradores del fraude y las víctimas del mismo tomaron derroteros radicalmente opuestos: por un lado, el gobernante espurio Calderón entregó el país al crimen organizado y en 2012 optó por validar a Peña Nieto por encima de su propio partido, en un festival de sangre y corrupción que sintetizaba el toque de fondo que había significado la alianza PRIAN.

Por el contrario, las víctimas del fraude de 2006, es decir los votantes mexicanos y el movimiento encabezado por López Obrador, optaron por la ruta larga pero segura: en vez de claudicar o pensar en negociaciones con adversarios deslegitimados, prefirieron debilitarlos por la vía democrática, al hacer trabajo de base para convencer ciudadanos, impugnar las contradicciones de las élites gobernantes y convocar, a ras de tierra y por tres lustros, a sus adversarios de abajo a sumarse a su proyecto.

El resultado fue obvio: 2018 llevó a ese movimiento a una victoria arrolladora e inédita, ante la cual, la respuesta del PRIAN no fue la de autocriticarse sino la de formalizarse, en una alianza de adefesios que, desde 2020, no sólo optaron por sumar desprestigios y asumir un discurso apocalíptico y disparatado de la “deriva autoritaria”, sino que sin darse cuenta le dieron toda la razón a la izquierda que, desde 1991, acusó y denunció la existencia de un PRIAN embebido de corrupción y promotor de una agenda neoliberal.

La historia es un proceso del cual nadie escapa. El año de 2024 ha significado no sólo la extinción de un PRD lleno de mercenarios y porros de las derechas, sino también ha sido el año donde los otrora partidos más importantes del siglo XX , PRI y PAN, han quedado reducidos a sus peores crisis modernas.

El escenario abierto por esa crisis es, así, producto de una serie de traspiés que no nació con malas campañas electorales de José Antonio Meade o Ricardo Anaya en 2018, sino en el consuno que sus respectivos partidos hicieron hace lustros para impulsar una agenda elitista y con ello pasar por encima no sólo de las necesidades populares, sino las reglas mínimas de convivencia democrática.

Y la debacle persistirá mientras no aprendan a competir con base en esas reglas, si es que algún día se dan cuenta de ello.

Claudia Sheinbaum señaló que la oposición sigue utilizando su granja de bots para lanzarse contra la reforma a la Ley Infonavit.

Durante la mañanera desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, a Claudia Sheinbaum le preguntaron su opinión sobre los actos de violencia de género ejercidos contra la titular de la Secretaría de la Mujer, Citlalli Hernández.

Entonces la presidenta señaló que la oposición se ha quedado sin argumentos. Al mismo tiempo reconoció que hay un ataque permanente lleno de bots para supuestamente generar tendencias “en contra” del movimiento transformador.

Sheinbaum exhibe a la oposición por ir contra la reforma al Infonavit

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que durante los últimos días la oposición se ha dedicado a atacar la reforma a la Ley Infonavit, la cual busca crear más viviendas para los trabajadores con el propósito de dignificar su vida.

Sin embargo, los adversarios están lanzando mentiras diciendo que el gobierno solo le quiere quitar sus ahorros a las personas. En respuesta a esos discursos, la presidenta recordó las corruptelas que se dieron en el Infonavit durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Lo que se quiere es proteger el ahorro de los trabajadores y hacer vivienda”.

Sheinbaum señaló que las palabrerías de la oposición son puras mentiras cargado de machismo, debido a que no quieren reconocer que ahora México es gobernado por una mujer de la Cuarta Transformación.

“Hacen un escándalo porque no tienen argumentos políticos, de proyecto. No hay ideas, no hay nada. Entonces lo que hay es un ataque permanente lleno de bots, de mucho dinero porque Paulina hace análisis en X”.

La presidenta mencionó que mediante esos análisis las críticas hacia la reforma del Infonavit en X son de bots (80 por ciento).

La situación del Infonavit no es un tema político

En torno a los casos de corruptela expertos durante la mañana de miércoles 18 de diciembre, la presienta mencionó que esa situación no es un tema político. Por lo tanto, indicó que se realizarán las denuncias que correspondan.

Reprochó que los medios son quienes les han puesto nombre a los supuestos culpables, pese a que insistió en que todas las irregularidades que se dieron a conocer ocurrieron en el sexenio del expresidente Peña Nieto.

“No es político, es un asunto de defensa del ahorro de los trabajadores. La mayor corrupción de lo que se mencionó ayer se dio en el último periodo de Peña y otras que viven de antes”.

Gabriel Quadri no tardó en responder a los duros señalamientos que recibió por haberse inscrito para recibir su pensión de adulto mayor.

En más de una ocasión, Gabriel Quadri se ha mostrado en contra de los programas sociales que reciben los mexicanos. Incluso, señaló que esos apoyos son insostenibles, debido a que no existe el dinero suficiente para mantenerlos.

A pesar de mostrar su pensamiento opositor, el político fue visto esta semana registrándose para ser beneficiario de la pensión para adulto mayor. Se trata de un apoyo económico de 6 mil pesos bimestrales que reciben las personas de más de 65 años.

Una de las personas que fue testigo de que Gabriel Quadri quería recibir su dinerito le tomó una fotografía. Más tarde, fue publicada en redes donde las personas no dudaron en emitir un comentario al respecto.

Incluso, la imagen llegó a ojos de la presidenta Claudia Sheinbaum quien evidenció la falta de congruencia de Gabriel Quadri:

“Hay mucha falsedad e hipocresía… Bueno, si fuera consecuente no iría por su pensión y ahí está inscribiéndose a la pensión de adulto mayor. Lo primero es la consecuencia”.

Gabriel Quadri reacciona a críticas por su registro

Gabriel Quadri reapareció poco después de que empezaran las críticas por haberse registrado para recibir la pensión para adulto mayor. En su mensaje publicado en redes sociales señaló que estaba siendo objeto de ‘acoso social’.

El exfuncionario público mencionó que él tenía derecho -como muchos otros mexicanos- a tener acceso a dicho subsidio, debido a que el dinero que se otorga es en gran medida fruto del pago de impuestos.

También dijo que no se había registrado antes, debido a que era diputado y no se le hacía correcto estar recibiendo dinero por parte del gobierno a través de una pensión que es para los mexicanos.

“En un recinto del gobierno soy objeto de acoso oficial por inscribirme para recibir un subsidio (pensión) a la cual tengo éticamente derecho dado que lo pago con mis impuestos”, dijo.

Al mismo tiempo se lanzó contra el gobierno de Claudia Sheinbaum diciendo que era ‘vergonzoso’ que el gobierno “privatice el gasto público para comprar votos, que atropelle la privacidad de los ciudadanos en instalaciones oficiales (lo cual es un delito)”.

Internautas vuelven a criticar a Quadri por sus justificaciones

El mensaje de Gabriel Quadri no fue bien recibido por la comunidad de internet.

Aunque trató de justificarse para detener las críticas, las personas señalaron que el político mexicano carecía de congruencia.

Otros dijeron que seguramente su aparición en el registro era muestra de que en las próximas elecciones votará por Morena.

Alguien señaló que eran ‘pateticas’ las declaraciones de Gabriel Quadri debido a que él es una de las primeras personas en criticar al gobierno cuando ayuda a las personas más vulnerables.

Finalmente, mencionaron carece de congruencia. Por lo tanto, le recomendaron ya no dar ninguna otra declaración, debido a que solito se sabotea.

Este fin de semana, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue visto en Oaxaca durante una asamblea informativa encabezada por Luisa María Alcalde, presidenta del Comité Nacional de Morena. Su presencia fue recibida con ovaciones por parte de la multitud que colmó el auditorio de la Guelaguetza, donde más de 10 mil militantes reafirmaron su compromiso con el partido.

En el evento, Alcalde presentó las reglas y métodos para la elección del próximo dirigente estatal de Morena, posición que quedó vacante tras la salida de Benjamín Viveros, quien asumirá la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. Será el 30 de noviembre cuando la militancia oaxaqueña decida a su nuevo líder a través de una asamblea de delegados, consolidando el movimiento en el estado.

En su discurso, la dirigente destacó los logros del partido en Oaxaca bajo el liderazgo del gobernador Salomón Jara y llamó a la unidad de la militancia. Además, reiteró su compromiso de defender el legado del expresidente López Obrador, incluyendo los programas sociales que han transformado la vida de millones de mexicanos.

Promoción de la reforma judicial y participación ciudadana

Uno de los puntos clave de la asamblea fue la difusión de la reforma judicial. Alcalde invitó a la ciudadanía, especialmente a abogados y egresados de derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), a participar en el proceso de selección de nuevos jueces y magistrados, resaltando la importancia de sumar perfiles comprometidos con la justicia social.

“Necesitamos muchas y muchos Benitos Juárez en los tribunales y juzgados de México”, enfatizó Alcalde, al subrayar que el registro cierra en menos de 10 días.

Afiliación masiva: la meta de 10 millones

Alcalde también aprovechó la ocasión para anunciar el inicio de una campaña masiva de afiliación a Morena, que arrancará en diciembre. La dirigente criticó que el partido, a pesar de haber recibido el apoyo de 36 millones de votantes en las elecciones presidenciales, solo cuenta con 2.5 millones de afiliados.

“En Oaxaca necesitamos sumar a 370 mil personas más a nuestro movimiento. Morena no es un partido de un sexenio, sino un proyecto para las próximas generaciones”, declaró Alcalde, posicionando al partido como la fuerza política dominante al gobernar 24 estados y contar con la mayoría en diversos congresos locales y presidencias municipales.

Claudia Sheinbaum: logros destacados en la asamblea

Por su parte, Alcalde aprovechó el evento para resaltar los logros de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, en sus primeras semanas de mandato, invitando a la militancia a defender las transformaciones logradas y a seguir construyendo el “segundo piso de la Cuarta Transformación”.