El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió mantener las candidaturas de cuatro personas aspirantes a cargos judiciales, quienes han sido señaladas por sus vínculos con la organización religiosa La Luz del Mundo. La resolución se dio tras analizar las impugnaciones presentadas por víctimas de dicha iglesia y por la agrupación Defensorxs, quienes argumentaban que los postulantes no cumplían con el requisito legal de buena reputación exigido para acceder a puestos en el Poder Judicial.

Entre las candidaturas ratificadas se encuentran las de Job Daniel Wong, exministro de culto que busca ser magistrado en materia laboral; Madián Sinaí Menchaca Sierra, hija de un obispo de la iglesia, quien aspira a un cargo como jueza en materia administrativa; Cinthia Teniente Mendoza, actual alcaldesa de Villagrán, Guanajuato, con aspiraciones a una magistratura laboral; y Betzabeth Almazán Morales, criminóloga, quien se postula como jueza en materia civil.

Los argumentos de los impugnantes se centraron en la supuesta cercanía de estas personas con altos mandos de La Luz del Mundo, incluidos personajes procesados por abuso sexual y corrupción. Según quienes promovieron la impugnación, esta relación debería bastar para considerar comprometida su honorabilidad. No obstante, el tribunal concluyó que no existían pruebas concluyentes que demostraran que las y los aspirantes habían participado en conductas que comprometieran su integridad ética o profesional.

Esta resolución ha generado una amplia discusión pública sobre el equilibrio entre los derechos individuales y el interés público. Por un lado, está el principio constitucional de no discriminación por creencias religiosas; por otro, la exigencia de que quienes aspiren a la judicatura deben demostrar una trayectoria intachable y sin vínculos con estructuras de poder cuestionadas.

El TEPJF subrayó que la participación de personas con antecedentes religiosos o familiares no constituye, por sí sola, una causa para eliminar una candidatura, siempre que no se demuestre una conducta ilícita o inadecuada. Esta postura resalta la importancia del respeto al debido proceso y a los derechos civiles, incluso en contextos polémicos.

A su vez, la decisión del tribunal podría abrir un precedente sobre cómo se valoran las pruebas de reputación en los procesos de selección judicial, y plantea preguntas de fondo sobre la frontera entre la vida privada, las creencias personales y el servicio público. Mientras tanto, las y los aspirantes continuarán en sus procesos de evaluación, a la espera de un nombramiento que, de concretarse, podría seguir generando debate tanto dentro como fuera del Poder Judicial.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, expresó su inconformidad con la reciente decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de prohibir que los tres Poderes del Estado promuevan la participación ciudadana en la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, programada para el 1 de junio. ​

A través de su cuenta en la plataforma X, Alcalde calificó esta medida como una restricción severa que limita el derecho de la ciudadanía a informarse sobre los candidatos, atentando contra los principios democráticos. Subrayó que la decisión del INE impide que las instituciones públicas informen y fomenten la participación en un proceso electoral inédito en México. ​

El INE determinó que ningún gobierno, institución pública o funcionario podrá impulsar la participación ciudadana en este proceso, lo que ha generado un intenso debate. Desde el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se ha enfatizado la importancia de que la población conozca el nuevo modelo de elección de jueces y magistrados, considerando esencial la difusión de información para fortalecer la democracia y garantizar una participación informada.

La controversia subraya la tensión entre las autoridades electorales y el gobierno en torno a la promoción de procesos democráticos y la participación ciudadana en decisiones fundamentales para el país.​

Los jueces emitieron sentencias absolutorias y libertades provisionales a personas señaladas por narcotráfico secuestro y tortura.

En los últimos tres años, el Poder Judicial ha otorgado la libertad a 72 líderes e integrantes de la delincuencia organizada en México. Entre enero de 2022 y enero de 2025, diversos jueces han emitido sentencias absolutorias, libertades provisionales y anticipadas, así como cambios de medidas cautelares a personas procesadas por delitos como narcotráfico, secuestro, tortura y delitos contra la salud.

El pasado viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, justificó la entrega de 29 capos a Estados Unidos bajo el argumento de que existía el riesgo de que algunos fueran liberados o beneficiados por jueces federales para retrasar sus procesos de extradición.

El jueves, de manera sorpresiva, el gobierno de México extraditó a 29 capos de alto y medio rango a Estados Unidos. Entre los extraditados se encuentran figuras como Rafael Caro Quintero, alias Don Rafa; Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy; Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana; y Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z-40.

Todos ellos enfrentan cargos graves y podrían ser sentenciados a cadena perpetua o incluso pena de muerte.

Jueces liberaron a 72 líderes del narco en solo tres años

Dentro de los 72 liberados en los últimos tres años, se encuentran presuntos delincuentes de alta peligrosidad. Entre ellos, Inés Coronel Barrera, líder del Cártel de Sinaloa y suegro de Joaquín El Chapo Guzmán, quien obtuvo su libertad anticipada el 5 de abril de 2022 por decisión del juez Segundo de Distrito especializado en ejecución de penas en la Ciudad de México, Fredy L. Portillo González.

Coronel Barrera fue condenado a 10 años de prisión en 2017 por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Otro caso relevante es el de Javier Adrián Salazar Ortiz, alias El Barbas, exlíder regional del cártel de Los Zetas, quien permanecía recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. Sin embargo, el 29 de febrero de 2024 fue absuelto por el magistrado Rodolfo Martínez Abarca, del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito.

Asimismo, Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero, sobrino de los fundadores del Cártel de los Arellano Félix, obtuvo libertad provisional el 25 de diciembre de 2023. Su liberación fue autorizada por Aarón Abraham Rodríguez Agúndez, secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Baja California.

José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, también figura entre los beneficiados. A pesar de ser acusado por delitos como extorsión y secuestro, el juez Penal de Primera Instancia en Guanajuato determinó su no vinculación a proceso.

¿Quiénes son los principales capos liberados por jueces?

Entre los 72 liberados se encuentran:

• Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, líder del Cártel del Golfo, liberado el 20 de enero de 2024.
• Gabriel Ayala Fonseca, alias El Tres Animales, lugarteniente de Los Arellano Félix, quien obtuvo una condena condicional el 18 de enero de 2023.
• Alan Ervey Castillo Juárez, alias Comandante Cano, exlugarteniente del Cártel de Sinaloa, liberado el 13 de enero de 2024.
• Saúl de los Santos de Jesús, alias El Comandante Fósil, líder huachicolero de Los Bukanas, quien obtuvo sentencia absolutoria en Veracruz.

Otras figuras del crimen organizado que fueron liberadas incluyen a:

• Sabino Guillermo Flores Conchas, alias Memo, lugarteniente de Fuerza Anti-Unión Tepito.
• José Antonio Galarza Coronado, alias El Amarillo, líder regional del Cártel del Golfo.
• Andrés Felipe García Munera, alias El Colocho, líder de La Unión Tepito.
• Leticia Rodríguez Lara, alias Doña Lety, líder y fundadora del Cártel de Cancún.

El derecho es interpretación. Aunque las leyes ofrecen un curso de acción a los jueces, los derechos humanos suelen estar formulados de manera amplia, dejando margen para que el intérprete incorpore sus valores y filosofía judicial. Por ejemplo, cuando la Constitución protege la libertad religiosa, no responde si unos padres, basándose en sus creencias, pueden negar a su hija una transfusión sanguínea que salvaría su vida. Es el juez quien debe ponderar entre la libertad religiosa y el derecho a la salud, justificando su decisión de manera robusta para convencer a ambas partes de que es la más razonable y justa.

Precisamente por eso, la filosofía judicial del intérprete es tan importante. No es realista pretender que los jueces son autómatas libres de visiones y valores sobre lo justo e injusto. Su filosofía actúa como una brújula, especialmente en casos complejos. Eso sí, debemos diferenciar la ideología judicial de las filias y fobias partidistas.

De cara a la elección del próximo 1 de junio, es legítimo y necesario que los aspirantes expongan abiertamente sus visiones morales y éticas. Así la ciudadanía podrá decidir qué jueces queremos y necesitamos. Los postulantes deben explicar si serán formalistas, priorizando las reglas del proceso, o si buscarán soluciones sustantivas a los problemas que enfrenten. Y para mi mucho más importante, deben definir si conciben el derecho como un instrumento estático o como un motor de cambio social.

¿Pero qué significa juzgar desde la izquierda? Según Susan Neiman, ser de izquierda implica creer que las aspiraciones de justicia social no son utópicas. Vamos, que sí se puede lograr una sociedad justa y equitativa. Juzgar desde esta perspectiva es no conformarse con la igualdad formal, prevista en la ley como el acceso generalizado a los mismos derechos, sino reconocer una realidad que muchos se empeñan en negar: que no todos partimos de las mismas condiciones. Y sí, el derecho debe ser un instrumento para corregir esas desigualdades.

Juzgar desde la izquierda implica estar atentos a cualquier señal de discriminación, a fin de trascender  los derechos políticos y de libertad, para garantizar también los derechos sociales. Es asegurar un mínimo de bienestar para que todas las personas puedan ejercer otros derechos. La izquierda parte de la idea básica de que todas y todos tenemos igual dignidad y que tanto el Estado, como el sistema de impartición de justicia, deben intervenir cuando hay obstáculos para que esa igualdad sea efectiva.

Ahora bien, no pretendo reducir la visión de izquierda a la dignidad de las personas, pero quiero visibilizar el hecho indiscutible de que la búsqueda de la igualdad puede resultar revolucionaria. Quienes defienden el statu quo suelen rechazar la idea de que todos podamos participar en las decisiones colectivas, manteniendo una muy conveniente justicia elitista y distante. Combato esa noción porque es profundamente injusta y por supuesto que me asumo como parte de la izquierda.

Desde mis inicios como secretaria proyectista en la Suprema Corte, hasta mi labor como magistrada de circuito, he trabajado por una justicia con equidad, sentido social y responsabilidad institucional. Y son precisamente estas convicciones las que me inspiran a regresar a la Corte como Ministra, siempre avanzando hacia ese ideal de justicia social que guía mi vocación.

Magistrada Ana María Ibarra Olguín*

*Magistrada de Circuito; licenciada, maestra y doctora en derecho.

Foto: Captura

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, invitó a quienes hayan estudiado Derecho y tengan interés de formar parte del Poder Judicial a que se inscriban como aspirantes para la elección de jueces, ministros y magistrados.

En un mensaje difundido en redes sociales, el senador convocó a los profesionales del Derecho para que participen en “la democratización del Poder Judicial de la Federación, a fin de servir con honor, con honestidad y compromiso impartiendo justicia al pueblo y a nuestra patria”.

Recordó que la convocatoria para participar en este proceso histórico estará abierta hasta el próximo domingo, 24 de noviembre, para que “muchas Benitas Juárez y Benitos Juárez”, mujeres y hombres surgidos del corazón del pueblo, se integren a la democratización del Poder Judicial.

Fernández Noroña llamó a los interesados a no dejar pasar más tiempo y a registrarse en los portales digitales habilitados para ello.

Precisó que las personas que decidan atender a esta convocatoria pueden inscribirse en las páginas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, pero, particularmente en la del Poder Legislativo.

Cabe mencionar que, previamente, en entrevista, el legislador informó que, hasta la tarde del martes, 19 de noviembre, tres mil 145 personas habían solicitado su registro para participar en la elección extraordinaria del 1 de junio de 2025, con la que se renovará el Poder Judicial de la Federación.

Aseguró que el proceso avanza con rapidez y resaltó que hay un 30 por ciento de mujeres en el total de registros, pero se garantizará la paridad.

Fernández Noroña comentó que en este proceso “no se excluye a nadie, ni se deja fuera a ninguna persona, porque el pueblo elegirá a las y los mejores” perfiles.

Ya son tres mil 145 personas las que se han registrado para participar en la elección de personas juzgadoras

Foto: MCCI

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, informó que hasta la tarde de este martes, tres mil 145 personas han solicitado su registro para participar en la elección extraordinaria del 1 de junio de 2025, con la que se renovará el Poder Judicial de la Federación.

Aseguró que el registro para participar en la elección de personas juzgadoras avanza con rapidez y recordó que el plazo para la inscripción cierra el próximo domingo. “Va muy bien. Hay 30 por ciento de mujeres en el total de registros, pero se garantizará la paridad; no hay discusión en ello”, agregó.

Fernández Noroña comentó que en este proceso “no se excluye a nadie, ni se deja fuera a ninguna persona, porque el pueblo elegirá a las y los mejores”.

En declaraciones a los medios, el presidente del Senado también hizo un llamado a la presidenta de la Suprema Corte Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, a ‘desistir de su actitud facciosa, reconocer que ha hecho una conducción política desafortunada para el Poder Judicial, y que este es el momento para que reconsidere y ayude a que se haga una transición y una elección que no tiene marcha atrás’.

Consideró que el Poder Judicial debe ser el primer interesado en que el proceso salga bien, porque es un poder importante de la república y, contrario a las campañas contra los legisladores, “nosotros no planteamos su desaparición, sino su democratización y fortalecimiento”.

Además, agregó, las personas juzgadoras tienen pase directo, “por lo que estoy seguro de que participarán de manera importante y destacada. No creo que vayan a renunciar, sería un error político nuevo, que no creo que vayan a cometer”.

En otro orden de ideas, el senador Gerardo Fernández Noroña calificó como sobresaliente la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Cumbre del G-20, con un programa importante como lo es Sembrando Vida, que tiene una inversión mayor de la que la ONU realiza en temas de medio ambiente.

“La presidenta brilló y representó más que dignamente al país. Lo relevante es que todo esto se materialice por parte de los líderes mundiales”, concluyó.

Francisco Javier “N” fue beneficiado por jueces con un amparo que dejó insubsistente una orden de aprehensión en su contra.

Jueces y magistrados en México han sido señalados por presuntamente haber ayudado a políticos vinculados a la delincuencia organizada. En algunos casos, se les acusa de emitir fallos favorables, retrasar procesos, o liberar a personas con nexos con el crimen organizado.

La confianza en el sistema judicial se tambalea cuando quienes deberían representar la imparcialidad y la justicia se convierten en cómplices de actos corruptos. México enfrenta un problema profundo y estructural en su sistema de justicia, evidenciado por la actuación de jueces y magistrados que, en lugar de proteger el estado de derecho, han beneficiado a políticos acusados de corrupción. Estos funcionarios judiciales, ya sea por presiones, intereses económicos o lazos personales, terminan ayudando a los poderosos a evadir la justicia, perpetuando así un ciclo de impunidad que daña la democracia y la confianza pública.

Uno de los casos más sonados es el de jueces que han otorgado amparos a políticos bajo investigación por malversación de fondos y otros delitos graves. Al conceder amparos con justificaciones endebles, estos jueces obstaculizan las investigaciones, permitiendo que los acusados eviten enfrentar consecuencias por sus actos. La complicidad en estos casos no solo afecta la percepción de justicia, sino que también alienta a otros funcionarios a actuar de manera similar, con la seguridad de que existen mecanismos para eludir la ley si se cuenta con los contactos adecuados.

Por otro lado, el rol de ciertos magistrados también ha sido cuestionado. En el ámbito de los tribunales colegiados, donde se resuelven casos de mayor trascendencia, existen magistrados que han sido señalados por favorecer a figuras políticas a cambio de prebendas. Algunos casos han salido a la luz gracias a investigaciones periodísticas y denuncias ciudadanas, revelando cómo magistrados han favorecido a altos funcionarios públicos, desestimando pruebas cruciales o ignorando el peso de los cargos en su contra. Esto representa una violación no solo de la ética judicial, sino de los principios básicos que deben regir el ejercicio del poder judicial.

En este contexto, una de las prácticas más preocupantes es la llamada «puerta giratoria», donde jueces y magistrados pasan de cargos públicos a funciones judiciales y viceversa. Este fenómeno crea una red de relaciones y favores que facilita la corrupción. Funcionarios que previamente ocupaban cargos en administraciones públicas regresan al ámbito judicial y utilizan su posición para favorecer a sus antiguos colegas, creando un círculo de impunidad que se perpetúa con cada cambio de administración. La «puerta giratoria» impide la imparcialidad que debería caracterizar a la justicia, y establece un sistema donde las conexiones políticas son más importantes que la ley.

A pesar de los esfuerzos de organismos de control y asociaciones de transparencia, la rendición de cuentas en el Poder Judicial mexicano es todavía limitada. Los procesos de investigación y sanción son lentos y muchas veces opacos, lo cual dificulta que los jueces y magistrados corruptos enfrenten consecuencias reales por sus acciones. Además, el sistema de nombramientos y promociones en el Poder Judicial es susceptible a influencias políticas, lo que facilita que los jueces alineados con ciertos intereses lleguen a posiciones de poder.

La sociedad mexicana se enfrenta a un reto monumental: lograr que su sistema judicial sea verdaderamente independiente y eficiente en la persecución de delitos, sin importar la influencia o el poder del acusado. Esto requiere una reforma profunda y un compromiso genuino por parte de todos los actores involucrados. Desde los organismos de control hasta los ciudadanos, es necesario presionar para que se implementen medidas efectivas contra la corrupción en el ámbito judicial.

Conoce qué jueces y magistrados ayudaron a políticos:

Miguel Ángel Ferrer

La fuerte y extendida resistencia a la reforma del Poder Judicial no tiene futuro. Carece de cualquier posibilidad de éxito. Esa oposición está condenada al fracaso tanto jurídica como políticamente. Norma Piña y sus secuaces se han metido en un callejón sin salida.

Hace unas cuantas horas, una jueza de distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, ordenó a la Presidenta de la República suspender y dejar sin efectos cualquier medida o trámite en relación con la reforma judicial, so pena en caso de desacato, de destitución del cargo, inhabilitación para el servicio público, multa económica y hasta nueve años de cárcel.

La Presidenta de México, desde luego, mandó por el tubo del drenaje a la tal jueza y sus absurdas resolución y amenazas. Y la razón es sencilla. La juzgadora no tiene facultades legales para hacer lo que hizo.

Y ahora, ¿qué va a hacer la jueza de marras? Dará vista el ministerio público para que gire una orden de aprehensión contra la Presidenta Sheinbaum? ¿Y quién o quiénes van a ejecutar la orden de aprehensión? 

¿Y si la Fiscalía General de la República tampoco le hace caso a la togada? ¿Qué hará la jueza? ¿Pedirles a las fuerzas armadas que arresten a Claudia? ¿Acatarían el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional esa solicitud sin pies ni cabeza?

¿O pedirá la togada a Washington que mande al Cuerpo de Marines para capturar a la rebelde Presidenta? ¿O le solicitará a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) la expulsión de México del organismo?

¿Y si la OEA también manda por el caño a la incapaz togada? ¿Qué harán la jueza o el Poder Judicial o la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Hacer lo mismo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que ordene y organice una expedición punitiva de Cascos Azules para conducir a la jefa del Estado mexicano a la Corte Penal Internacional en La Haya?

¿Qué más pueden hacer Norma Piña y sus secuaces? ¿Seguir haciendo el ridículo? ¿Seguir siendo los hazmerreir de México y del mundo? ¿Sustituir al muy venido a menos payaso Brozo en la televisión?

Quizá Piña y la jueza de Veracruz puedan en lo futuro dedicarse a la farándula y reeditar el dúo cómico de la Tostada y la Guayaba? ¿O a las Cucáras o a Viruta y Capulina?

“Señor, diría un creyente: dame paciencia porque si me das fuerza, las mató”.

El PT ha manifestado su intención de realizar un juicio político en contra de algunos ministros de la SCJN por desacato y rebeldía.

El Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados anunció la presentación de una demanda de juicio político contra ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusándolos de desacato y rebeldía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja explicó que la acción va dirigida a los ministros que, según el PT, lideran la “guerra jurídica” contra el Poder Ejecutivo y Legislativo en torno a la reforma judicial.

Para conocer los nombres específicos de los ministros, consulta a continuación:

En su primera mañanera del pueblo de esta semana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, celebró desde Palacio Nacional que este próximo a finalizar el paro de labores de las y los trabajadores del Poder Judicial inconformes con la ya promulgada Reforma al sistema de justicia mexicano.

De manera irónica, la Presidenta dedicó un aplauso a los trabajadores del Poder Judicial, que en sus palabras, ahora desquitarán sus sueldos volviendo a sus actividades: “Que por cierto ya decidieron regresar a trabajar, un aplauso. Ya es bueno, que desquiten su salario”.

En el mismo sentido, Sheinbaum Pardo, lamentó que con todo y paro de labores en Poder Judicial, jueces llevaron a cabo otro sabadazo, al liberar a “La Güera”, señalada del asesinato de dos ciudadanos israelíes en la plaza Artz de la Ciudad de México.

“A ver por qué no protestan por esto: con todo y paro hubo un sabadazo, liberaron a una mujer señalaron, con todas las pruebas, como presunta autora intelectual del asesinato de dos ciudadanos israelíes en la Plaza Artz, en julio de 2019.fue puesto a en libertad el viernes 11 de octubre, ¿cómo es posible que estando paro?”

“Pero además, ¿quién la liberó? Un juez especializado adscrito al tribunal de enjuiciamiento del único distrito judicial de Morelos? ¿O sea qué tiene que ver Morelos? Estas son las razones por las cuales hay una reforma al Poder Judicial, porque ahora parece que el Poder Judicial es perfecto: hay corrupción: nepotismo, liberaciones de criminales donde hay pruebas”.

Cabe mencionar que el pasado sábado, la Asociación Nacional de Magistrados de circuito y Jueces de Distrito (Jufed), acordó reanudar sus actividades en el Poder Judicial desde el próximo 16 de octubre, luego de más de 55 días de protestas por la Reforma al Poder Judicial.

Los trabajadores del PJ sentenciaron que seguirán con el paro debido a que ya tenían actividades programadas para la siguiente semana.

Luego de que el pasado 18 de septiembre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó ponerle fin al paro nacional de labores en juzgados y tribunales nacionales, las y los trabajadores del PJ sostuvieron un encuentro con Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para determinar si acataran lo dicho o continuarán sin laborar.

Y es que, según lo expresado por los trabajadores, el CJF no los consultó en ningún momento para la toma de esta decisión, por lo que, de no llegar a un acuerdo, mantendrán sus protestas afuera del recinto ubicado en Insurgentes Sur e ignorarán la reanudación de labores programada para este lunes 23 de septiembre.

Trabajadores del PJ sostienen encuentro con Norma Piña

Respecto al encuentro con Norma Piña Hernández, este se dio en la mesa de diálogo que de por sí se tenía planificada entre los trabajadores con el Comité de Diálogo de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed); la Asociación Mexicana de Juzgadoras A.C.; y la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, A.C.

A este se sumaron el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación; el secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al servicio de los Trabajadores del Poder Judicial; y el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, A.C.

Además del argumento sobre que no los tomaron en cuenta, los trabajadores del PJ expresaron que ahora más que nunca deben estar en paro, pues fue el pasado 16 de septiembre cuando el también llamado Plan C entró en vigor.

Trabajadores del Poder Judicial continuarán en paro

Por tal motivo, los trabajadores del PJ subrayaron que la suspensión de actividades se mantendrá pese a la orden del Pleno, ya que todos cuentan con un plan de acción para la siguiente semana, mismo que, según su visión, no podría cancelarse ya.

Según se tiene, protestarán en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), donde comenzarán los preparativos para el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, el cual contempla las campañas y la realización de la elección por voto popular de los jueces, magistrados y ministros el domingo 1 de junio de 2025.

Se espera que en próximas horas, el CJF informe sobre la situación presentada entre los colaboradores y Norma Piña Hernández, y deje en claro si el paro sigue o no.