El 5 de febrero del año pasado, AMLO enunció las reformas de su «Plan C» que, luego de la arrolladora elección de Sheinbaum y Morena en junio, la nueva Legislatura puso en marcha sin receso: la Reforma Judicial como la más representativa. Pero también quedaron algunos pendientes, como la reforma político-electoral.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– Fue la presentación de su legado y testamento político, hoy hace un año, el 5 de febrero de 2024: una serie de reformas a la Constitución que Andrés Manuel López Obrador, entonces Presidente de México, enunció como su «Plan C» ante la cerrazón de la oposición de discutirlas y con la esperanza que, en las elecciones de junio de 2024, movieran a la población para votar por Morena y por Claudia Sheinbaum, a la postre su sucesora, y así, con una mayoría calificada, pudiera efectivamente renovar la Carta Magna, como acabó sucediendo desde septiembre pasado, con la nueva Legislatura.

Fueron reformas como la elección popular de jueces y ministros, la prohibición de los vapeadores, elevar a rango constitucional becas y programas sociales, y fue además la bandera que tomó Sheinbaum, la candidata morenista, para arrasar en las elecciones de junio pasado y con las que Morena tomó el control total de la Cámara de Diputados y del Senado.

Si AMLO tuvo la menor tasa de aprobación de iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Congreso de la Unión desde 1917, a pesar de que su Gobierno contó con mayoría simple en ambas cámaras, la nueva Legislatura, que se instituyó durante el último mes de su Gobierno, y luego ya con Sheinbaum en el poder, sí avanzó la mayoría de ese «Plan C», aunque los pendientes que quedan son igual de importantes: la reforma político-electoral, así como la prohibición del fracking y del maíz transgénico.

A continuación, un repaso de las reformas avaladas y de los pendientes de aquel «Plan C» a un año de su presentación:

Las reformas de AMLO que ya subieron a la Constitución

Reforma Judicial: Quizá la más polémica e importante reforma propuesta por López Obrador fue la de la Elección Judicial, donde jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal Electoral serían elegidos por voto popular. Eso ocurrirá, luego de que la reforma fuera avalada un par de semanas antes de la llegada de Sheinbaum a Palacio Nacional. Las elecciones se llevarán a cabo en dos partes: una el 1 de junio próximo y la otra en junio de 2027, con lo que quedará renovado de forma completa el Poder Judicial Federal (PJF).

Extinción de órganos autónomos: El 20 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que ordena la desaparición de siete organismos autónomos como parte de una reforma administrativa impulsada por el Gobierno federal.

Los organismos afectados son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

El decreto establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de 90 días para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes correspondientes y garantizar la continuidad de las funciones esenciales de estos organismos.

Guardia Nacional pasa a Sedena: El 30 de septiembre, en las últimas horas del sexenio de López Obrador, se publicó en el DOF la reforma que avala que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Se establece que la Federación “contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar y marino con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.

La reforma sobre pueblos indígenas: El 10 de diciembre pasado, la actual Presidenta Claudia Sheinbaum firmò el decreto para la traducción a 57 lenguas indígenas de la reforma al artículo 2 de la Constitución Política que reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho, así como por el cual se crea la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que tiene como objetivo dar seguimiento a dichos planes y crear nuevos, luego de que fuera avalada en el Congreso de la Unión.

Sobre la creación de la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Sheinbaum detalló que el objetivo es analizar, diseñar, proponer, financiar y dar seguimiento a los 17 Planes de Justicia existentes en todo el país que benefician a aproximadamente 420 mil personas de 26 de pueblos indígenas en 12 entidades federativas, con una inversión de 27 millones de pesos.

Reforma para elevar pensión de adultos mayores: Con la publicación el 2 de diciembre pasado del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los programas de Bienestar como las pensiones a adultos mayores y a personas con discapacidad, así como el programa Sembrando Vida, se convirtieron en derechos constitucionales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que a partir de entonces, las personas mayores de 65 años y las personas con discapacidad permanente menores de 65 años tienen derecho a recibir una pensión no contributiva por parte del Estado.

Además, se establece que las empresas agrícolas, industriales, mineras y de cualquier otra clase de trabajo estarán obligadas a proporcionar viviendas adecuadas a sus trabajadores mediante aportaciones a un fondo nacional de vivienda.

A su vez, se incluyó el programa «Sembrando Vida» con apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala y pescadores.

Reforma para trenes de pasajeros: Se publicó en el DOF el 30 de octubre esta reforma constitucional, en materia de vías y transporte ferroviario. Con ello se eleva a rango constitucional que las vías férreas se usen para trenes de pasajeros. Se establece la reanudación del derecho de parte del Estado mexicano a utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros mediante asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares.

Prohibición de vapes y cigarros electrónicos: A mediados de enero de este año, se publicaron en el DOF las reformas que prohíben cigarrillos electrónicos, vapeadores y fentanilo ilícito. Se determina que, para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que a partir de ahora, las personas mayores de 65 años y las personas con discapacidad permanente menores de 65 años tienen derecho a recibir una pensión no contributiva por parte del Estado.

Maltrato animal: En diciembre también, se publicaron en el DOF reformas a la Constitución para prohibir el maltrato a los animales, las cuales entraron en vigor el 3 de diciembre. Establece que queda prohibido el maltrato a los animales y puntualiza que el Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales, en los términos que señalen las leyes respectivas.

Reforma energética: A finales de octubre, el decreto de reforma mediante el cual se realizan ajustes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para regresar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de empresas públicas –a diferencia de la denominación de «empresas productivas»– fue publicado en el DOF, por lo que a partir del 1 de noviembre entró en vigor dicha disposición.

Las reformas de AMLO pendientes

Reforma Electoral: Quizá la más polémica tras la Reforma Judicial, la reforma político-electoral se discutiría este año en el Congreso, pues es uno de los pendientes del Plan C de AMLO más llamativos. Una de las discusiones más acaloradas, incluso entre los partidos aliados de Morena en el Congreso, es la desaparición de los «pluris».

Sin embargo, las reformas que si se planean aprobar pronto y que tienen con ver con lo político son las propuestas por la Presidenta Sheinbaum: las reformas para prohibir la reelección en cargos públicos y la que va contra el nepotismo.

Austeridad Republicana: Queda pendiente la reforma propuesta por AMLO de darle «mayor claridad y contundencia» al artículo 127 Constitucional para dejar asentado un gobierno de «austeridad republicana» sin importar partidos ni nombres que ocupen la silla presidencial en el futuro.

Becas para estudiantes de familias pobres: Falta la modificación específica de esta propuesta del Plan C de AMLO en las reformas recientes. Pero hay avances. En la Cámara de Diputados ya se aprobó la reforma que eleva a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El dictamen que adiciona un segundo párrafo al Artículo 123 constitucional para que el Estado destine un apoyo económico a jóvenes fue avalado esta tarde en San Lázaro, pero aún está pendiente en el Senado.

Atención médica universal y gratuita: Queda pendiente por discutirse y avalarse en el Congreso.

Prohibición del fracking y del maíz transgénico: La propuesta de prohibir el fracking es parte del Plan C, pero aún no tiene fecha ni se prevé que en este periodo de sesiones se discuta, contrario a la prohibición de maíz transgénico, que enviara este mes la Presidenta Sheinbaum para darle prioridad en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

El 5 de febrero de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso 20 reformas a la Constitución Política mexicana que conformaban el “Plan C” para consolidar la llamada “cuarta transformación”.

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Se trata de 18 iniciativas constitucionales y 2 legales. Pero ¿En qué va? ¿Cuántas ya se aprobaron y cuántas faltan? Aquí te contamos cuál es el estatus del plan que continúa la ahora mandataria federal, Claudia Sheinbaum.

¿Cuáles reformas ya están aprobadas?

De acuerdo con una revisión, 11 de las 18 reformas constitucionales propuestas por AMLO ya fueron aprobadas. De estas, 5 están ya vigentes, 4 pendientes de promulgarse y 2 en proceso de ser aprobadas por congresos locales.

5 reformas vigentes

Las iniciativas que ya fueron aprobadas y están actualmente vigentes son la reforma al Poder Judicial, con la que se oficializa la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025; y la de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa (Sedena).

También está la reforma en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. Todas las anteriores promulgadas por López Obrador antes de dejar la Presidencia.

Mientras que a Sheinbaum como presidenta correspondió publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la relacionada sistema ferroviario y la de empresas estratégicas de energía.

Las que están a punto de promulgarse

Hay 3 que están listas para que la actual mandataria pueda promulgar pronto: la de protección animal, la de ampliación a los programas del Bienestar a personas con discapacidad, campesinos, y una más sobre vivienda.

A estas se suma la que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, la cual acaba de concluir su proceso legislativo y ya fue avalada por 20 Congresos estatales.

Las que están en congresos locales

Por otro lado, la reforma en materia de simplificación orgánica que pretende eliminar 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI, fue aprobada recientemente en el Senado y continúa en proceso de ser aprobada por las 17 legislaturas locales necesarias.

La que propone que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación ya pasó por San Lázaro y el Senado, por lo que fue turnada a los Congresos estatales.

Las que están ‘cocinandose’ en el Congreso federal

Este martes 3 de diciembre Morena y sus partidos aliados aprobaron la reforma para prohibir la producción, distribución y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México, por lo que pasará al Senado.

Se prevé que pronto, los legisladores discutan en el Pleno la iniciativa de López Obrador para reforzar los mecanismos que apliquen la austeridad republicana.

Una tercera reforma que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero que aún tiene que ser procesada en el Senado, es la que propone apoyos económicos para jóvenes de entre 19 y 29 años que no estudian ni trabajan.

Las reformas que no se han procesado

De igual manera, 5 reformas restan por pasar el proceso legislativo y siguen en comisiones a la espera de la realización de su dictamen. Se trata de 3 constitucionales y 2 legales.

Las 3 constitucionales que siguen en comisiones del Congreso son la de derecho a la alimentación, ambiente sano y derecho al agua; la de atención médica integral, universal y gratuita; y una en materia de pensiones.

Mientras que las 2 legales que siguen en comisiones la reforma a la Ley del ISSSTE para avanzar en la reducción de adeudos y la que busca eliminar y fusionar institutos y comisiones, como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

La iniciativa de AMLO que fue desechada

Además, hay una iniciativa que fue desechada a finales de agosto de este año: la reforma electoral con la que López Obrador propuso cambiar el Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y recortar su presupuesto.

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El “Plan C” de AMLO continúa ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum a la cabeza, quien ha asegurado que “no dará ni un paso atrás” ni se desmarcará de su antecesor por más que la oposición y sus críticos así lo quieran.

La Reforma al Poder Judicial aprobada la semana pasada y promulgada el pasado 15 de septiembre fue apenas la primera de 20 reformas constitucionales propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales podrán volverse realidad con el Plan C.

La reforma publicada por AMLO el pasado 15 de septiembre, que pretende democratizar al Poder Judicial, no es la única que se busca concretar con la mayoría calificada obtenida en el Congreso.

Si bien, esta era una de las más importantes. más revolucionarias, y una prioridad, el Plan C de AMLO contiene otras 19 reformas que han sido apoyadas por la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum Pardo.

La mayoría de las iniciativas restantes son de corte social y tocan temas como el salario mínimo, el derecho al agua, a la vivienda y los programas sociales.

Aunque también se incluyen algunas de corte político como la desaparición de los organismos “autónomos” por considerarlos una carga innecesaria para el erario público.

Estas son las 19 reformas restantes, algunas de las cuales ya han sido aprobadas en Comisiones de la Cámara de Diputados con votos de todos los partidos políticos.

1- Reconocer a pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho

Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y, por primera vez, a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público.

Esto quiere decir que tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio dentro de la Constitución Política.

Con esta reforma, se garantizará el acceso a la justicia para estos pueblos obligando a las autoridades jurisdiccionales a garantizar el derecho de las personas indígenas a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas.

Además de que ahora los gobiernos y las empresas privadas tendrán la obligación de consultar a estas comunidades para obtener un consentimiento informado  sobre obras o trabajos a realizar en sus territorios.

Está iniciativa se aprobó el miércoles 18 de septiembre en la cámara baja.

Finalmente, obliga al Estado Mexicano, vía la Constitución a promover, usar, desarrollar, preservar, estudiar y difundir las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural.

Así como a los medios de comunicación a garantizar el uso de las lenguas indígenas y otros elementos culturales, mientras que en la educación se deberán construir modelos acordes a la pluriculturalidad de México.

2-Derecho a recibir la pensión a adultos mayores y personas con discapacidad

El Presidente López Obrador planteó reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Asimismo, garantizar el mismo derecho a las personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal.

Esto, pese a que ya se encuentra en parte en la constitución, garantizaría el aumento de los programas sociales y otorgaría el derecho universal a personas con discapacidad, tema que en muchos estados del país no se ha logrado al 100%.

3- Otorgar becas a estudiantes pobres de todos los niveles educativos

Uno de los objetivos de esta reforma es reducir la desigualdad escolar que existe en muchos niveles y se complementará con una de las propuestas que Claudia Sheinbaum hizo en campaña.

Y es que como lo realizó en la Ciudad de México, la morenista planteó entregar una beca universal a todas y todos los estudiantes de educación básica para su manutención en las escuelas públicas.

4- Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.

Mediante el sistema IMSS-Bienestar todas y todos los mexicanos tendrán acceso gratuito a la atención médica en todos los niveles.

Y esto será realidad incluso para aquellas personas que no tienen seguridad social porque se desempeñan en la informalidad.

Esta reforma irá de la mano con la profesionalización de las y los trabajadores de la salud, ya que se han creado universidades donde cada año se reciben más y más médicos especialistas para cubrir la demanda de servicios médicos. Y esto por su puesto que no es desconocido por Claudia Sheinbaum, quien en la Ciudad de México configuró la Universidad de la Salud.

5- Que los trabajadores y sus familias sean dueños de sus viviendas

Esta reforma propuesta por AMLO busca que las viviendas dignas sean más accesibles para las y los trabajadores.

Para ello busca que el Infonavit, pueda rentar viviendas a precios bajos, de máximo el 30% del salario de un trabajador, y que si el trabajador está interesado en adquirir esa casa, lo pueda hacer tomando a cuenta las rentas que ha pagado durante su estancia en el domicilio.

Según se plantea en el documento, el fondo nacional de vivienda, actualmente representado por el Infonavit, “establecerá un sistema de vivienda con orientación social que permitirá a las personas trabajadoras obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá invertir sus recursos en la construcción de vivienda para que la persona trabajadora pueda adquirirla o arrendarla”.

6- Prohibir el maltrato animal

La iniciativa busca modificar la Constitución para incluir la protección y cuidado de los animales como parte de los planes de estudio en las escuelas y para prohibir el maltrato animal.

Se propone reformar el artículo 3o constitucional para garantizar que los planes de estudio aborden este tema.

Además, se plantea añadir un párrafo al artículo 4o. para obligar al Estado a proteger, tratar adecuadamente, conservar y cuidar a los animales.

7- Prohibir el maíz transgénico, el fracking y la minería a cielo abierto

Esta reforma busca proteger el medio ambiente y la soberanía alimentaria de México.

El gobierno de AMLO, según dijo María Luisa Albores, considera a la minería a cielo abierto como la más contaminante.

Por ello este gobierno no ha dado ningún permiso para explotaciones mineras a cielo abierto, pues intoxican el agua y el aire, eliminan la vegetación, ahuyentan la fauna y destruyen el suelo y el subsuelo.

En el caso del fracking en esta práctica se emplean hasta 750 productos químicos altamente tóxicos y hasta cancerígenos, como el benceno y el tolueno.

Además, se hace un excesivo uso de agua limpia que queda contaminada con la práctica.

Maíz. Foto: Steve Bridger/Flickr

Mientras que el uso del maíz transgénico está estrechamente relacionado a uso de sustancias dañinas para la salud, como el glifosato.

Sin mencionar que se estaría atentando contra la diversidad de maíces que existen en el país, ya que en los países donde se han utilizado este tipo de semillas modificadas, los únicos ganadores son las empresas que las producen y las patentan.

8- Priorizar el uso doméstico del agua en zonas de escasez

La propuesta de López Obrador va centrada en que antes de cualquier otra actividad económica, se garantice el acceso al agua de todas las personas.

Ya que actualmente, actividades como la industria y la minería cuentan con grandes concesiones de agua en zonas donde existe escasez y los primeros en sufrir son los que menos tienen.

9- Prohibir uso de vapeadores y penalizar fuertemente la extorsión y las factureras

Estas reformas van encaminadas principalmente a revertir los daños a la salud ocasionados por los vapeadores, los cuales han sido estudiados y demostrados por la Cofepris. Mientras que el combate a las factureras busca combatir a la delincuencia de cuello blanco.

10- El salario mínimo deberá subir año con año, en mayor proporción que la inflación

Como lo ha realizado este sexenio, el gobierno de AMLO, pretende que las y los trabajadores puedan seguir mejorando su poder adquisitivo.

Este gobierno rompió con el mito de que aumentar el salario mínimo produce inflación, por lo que durante este sexenio se ha incrementado a más del doble y los ingresos de los mexicanos han crecido sustancialmente de la mano de una política laboral enfocada en el trabajador y no en el empresario.

11- Salario digno para maestros y maestras

El salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al seguro social.

12- Revertir las reformas al sistema de pensiones

Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón porque afectan injustamente a trabajadores inscritos en el Seguro Social y del ISSSTE; les impiden jubilarse con el 100% de su salario.

Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1° de mayo de este año, se creó un fondo semilla, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, de 64 mil 619 millones de pesos que irá en aumento; se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.

13- Garantizar el derecho al trabajo y la educación

Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. En el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

14- Programa Sembrando Vida

Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras sembrando árboles frutales y maderables contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar; se mantendrán precios de garantía para la compra-venta de alimentos básicos y continuará la entrega de fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país para cumplir con un acto básico de justicia: “que coman los que nos dan de comer”.

15- Trenes de Pasajeros y Comisión Federal de Electricidad

Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas, concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga.

Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares.

En la reforma constitucional propuesta, se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica.

16- Reforma Electoral

La nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, evitar las excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales; el Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500 y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como ocurre ahora.

Consejo General del INE. Foto: X.

Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales, serán electos con el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30% de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la Revocación del Mandato.

17- Reforma a la Guardia Nacional

Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con estricto respeto a los derechos humanos.

Esta reforma ya fue aprobada el jueves 19 de septiembre en la Cámara de Diputados.

18- Austeridad Republicana como política de estado

Convertir en política de Estado la austeridad republicana; se redactará con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el Presidente de la República.

De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal.

19- Desaparecer organismos onerosos y elitistas del periodo neoliberal

Esta iniciativa propone eliminar organismos considerados onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés público.

Los organismos cuyas funciones se pretenden trasladar a las Secretarías de Estado son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

En el caso específico de esta iniciativa, el pasado 23 de agosto la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la aprobó con 22 votos a favor y siete en contra.

Tras ser aprobadas por la Comisión de Puntos Constitucionales, las reformas del Plan C pasarán a su votación en el pleno.

A solo un mes de concluir la actual legislatura del Congreso, los representantes de todas las fuerzas políticas avalaron seis reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas reformas, que forman parte del Plan C para el cierre de su gobierno, buscan modificar el artículo 123 de la Constitución para garantizar derechos al pueblo de México.

Hasta ahora, seis reformas del Plan C de AMLO han sido aprobadas en la Cámara de Diputados. Estas reformas buscan modificar el artículo 123 de la Constitución y garantizar diversos derechos al pueblo de México. A continuación se detallan las reformas aprobadas:

1. Derecho al agua: Se garantiza el acceso al agua para consumo doméstico y personal.
2. Protección a la salud: Prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y sustancias tóxicas, y se establece la atención médica integral, universal y gratuita.
3. Derechos de pueblos y comunidades indígenas: Reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
4. Atención a personas con discapacidad, adultos mayores, campesinos y pescadores: Se implementan medidas de apoyo y bienestar para estos grupos vulnerables.
5. Jubilación y pensiones: Mejora en los esquemas de pensiones y jubilaciones para garantizar un retiro digno.
6. Mejora salarial a trabajadores del Estado: Incremento en los salarios de los trabajadores del Estado y acceso efectivo a los programas de vivienda del Infonavit​ (Animal Politico)​​ (infobae)​​ (Proceso)​​ (Proceso)​.

Estas reformas forman parte de un conjunto más amplio de 18 iniciativas que aún están en proceso de discusión y aprobación en las comisiones correspondientes antes de ser llevadas al pleno para su votación final.

Conoce qué aprobó la Comisión de Puntos Constitucionales:

¡Emocionantes noticias para el futuro de México! Morena y sus aliados están trabajando arduamente para llevar a cabo el Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se está preparando el terreno en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para dejar aprobado el paquete de iniciativas que conforman este plan.

El objetivo principal es tener listos los dictámenes de las 20 reformas constitucionales antes de que termine la actual Legislatura. ¡Esto significa que Morena ya está preparándose para implementar su «plan C» con entusiasmo y determinación!

Según la información revelada, la Junta Directiva tiene previsto avalar un calendario de reuniones para discutir y votar estas iniciativas a partir del 25 de julio. Esto permitirá convocar a todos los integrantes de la comisión en agosto, lo que acelerará el proceso y garantizará un avance significativo.

Es importante señalar que, si bien estas reformas solamente serán avaladas en Comisiones durante esta Legislatura, pasarán a discusión en la próxima Legislatura, que comenzará sus funciones el primero de septiembre. Se sabe con certeza que Morena y sus aliados tendrán mayoría calificada en esta nueva etapa, lo cual les dará una gran ventaja para poder aprobar las reformas necesarias.

¡Esto es una gran noticia para México! El trabajo arduo y comprometido por parte del partido gobernante demuestra su dedicación al progreso y al cambio positivo en nuestro país. Las reformas constitucionales son fundamentales para impulsar el desarrollo social, económico y político; por lo tanto, ver este tipo de avances es motivo suficiente para celebrar.

Esperamos con ansias ver cómo se desarrolla este proceso legislativo y confiamos en que estas iniciativas traerán beneficios significativos para todos los ciudadanos mexicanos. ¡Vamos por un futuro mejor! ¡Viva México!

El Poder Judicial de la Federación, tal como se le conoce hasta ahora, podría estar viviendo sus últimos días: el llamado ‘Plan C’ –que implica reformas profundas a la Constitución para hacer efectiva la democracia plena y el Estado de bienestar– está en marcha a partir de la elección del 2 de junio. El cambio viene después de que los propios ministros y ministras se opusieron sistemáticamente a la transformación del país, al echar abajo 74 leyes y reformas, incluido el llamado Plan B, que reformaba el ámbito electoral. Ahora, el país discutirá la iniciativa del presidente López Obrador, que busca una nueva integración de la Suprema Corte para hacerla eficiente, austera y transparente; elección popular de ministros, magistrados y jueces; sustitución del Consejo de la Judicatura Federal; y nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita. A partir de esta posibilidad, ningún juzgador ganará más que el primer mandatario, y tampoco estarán sometidos a los intereses de los oligarcas y las trasnacionales a las que han defendido históricamente. Por primera vez, los ministros y ministras serán sometidos al juicio popular

El Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador surgió luego de uno de los mayores golpes a la democracia, asestado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación: el 8 de mayo de 2023, el Pleno de la SCJN determinó –por mayoría de nueve votos de sus 11 integrantes– la invalidez del primer decreto de reformas político-electorales –conocido como Plan B– aprobadas por el Congreso de la Unión [Morena, Verde y PT] en diciembre de 2022. Ello, tal como se lo solicitó la oposición, en voz de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática.

Aquel día, la mayoría de ministros y ministras habrían firmado su propia sentencia de extinción del Poder Judicial de la Federación: el 9 de mayo del año pasado, un día después de ese golpe judicial al Plan B, el presidente López Obrador llamó al pueblo a un “Plan C”. En la próxima elección, arengó el primer mandatario en su conferencia matutina, hay que tener mayoría calificada en el Congreso para reformar la Constitución.

El plan estaba en marcha: el pueblo fue informado por el propio López Obrador de las reformas más urgentes a la carta magna para hacer efectiva la cuarta transformación; de lo contrario, temas tan importantes como la eliminación de privilegios a costa del erario de la nación, o de sueldos millonarios para una burocracia que trabaja a favor de los intereses de poderes fácticos, como las trasnacionales, tampoco se erradicarían.

La primera reforma que sugirió el titular del Poder Ejecutivo, desde aquel mes de mayo de 2023, fue precisamente la del Poder Judicial. Ello, porque el Plan B era apenas uno de decenas de cambios legislativos que la Corte echó abajo. En total, la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama ha documentado que el máximo tribunal invalidó 74 reformas y leyes en el sexenio de López Obrador (entre 2019 y 2023), lo que la juzgadora acusa es una masacre legislativa nunca antes vista.

El 5 de febrero de 2024, el presidente de la República formalizó su llamado a ejecutar el Plan C. En la conmemoración del Día de la Constitución, dio a conocer 20 reformas a la carta magna para profundizar el Estado de bienestar, combatir la corrupción y democratizar más al país: darle el poder al pueblo. “Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional”, afirmó en el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional. [1]

Una de esas reformas es al Poder Judicial, que tiene por objetivo constituir una nueva integración de la Suprema Corte para hacerla eficiente, austera y transparente; que establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces mediante un proceso electoral similar al que se lleva a cabo para presidente de la República y legisladores; sustitución del Consejo de la Judicatura Federal; y nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita.

A partir de esta posibilidad, ningún juzgador ganará más que el primer mandatario, y los ministros, magistrados y jueces tampoco estarán sometidos a los intereses de los oligarcas y las trasnacionales a las que han defendido históricamente.

El 2 de junio de 2024, el pueblo respondió a ese llamado del presidente López Obrador al Plan C, con 35 millones 923 mil 669 votos a favor de la doctora Claudia Sheinbaum y un voto masivo para la coalición Morena, PT, Verde en el Congreso de la Unión. De acuerdo con el conteo del Instituto Nacional Electoral, la coalición de la 4T tendrá mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mientras que se calcula que en el Senado de la República le hace falta de uno a tres votos para alcanzarla, lo que hace muy viable reformar la Constitución.

Por tanto, el mandato del pueblo es claro: cambiar la carta magna en los términos en los que el presidente López Obrador planteó el pasado 5 de febrero. Y es que al conmemorar el aniversario 107 de la Constitución, el primer mandatario sostuvo que, de ser aprobadas, las reformas modificarán artículos antipopulares introducidos en el periodo neoliberal. “Se trata de adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Carta Magna que fue fruto de un movimiento popular, revolucionario y por lo mismo, concebida desde el inicio con un espíritu nacional, social y subrayo, público”.

Reforma al Poder Judicial

Tras la presentación del paquete de reformas, los días siguientes la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó cada una de las reformas en la conferencia presidencial. En ocasiones, estuvo acompañada por otros servidores públicos.

El 12 de febrero, la funcionaria expuso la reforma al Poder Judicial: la iniciativa, dijo, buscará construir una institución de impartición de justicia independiente, legitimada y ajena a intereses privados. La abogada Luisa María Alcalde Luján explicó que dicha propuesta responde al reclamo del pueblo de México de contar con una institución de impartición de justicia austera, que resuelva los asuntos de su competencia y abone a erradicar la impunidad.

En aras del equilibrio de poderes, la reforma –aseguró– evitará que el PJF se coloque por encima de los otros dos Poderes y desaparezca leyes aprobadas por el Congreso de la Unión. Además, promueve que las y los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular; que no exista más la onerosa pensión vitalicia y, como establece la Constitución, sus remuneraciones no excedan lo que percibe el presidente de la República.

La funcionaria detalló los objetivos de la reforma:

“Nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea más eficiente, austera y transparente tratándose del máximo tribunal del país.

“Elección popular de ministros, magistrados y jueces, es decir, que cuenten con legitimidad democrática a partir del voto popular.

“Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual se propone no sólo dividirlo en dos nuevas instituciones, sino que realmente se garanticen instancias de vigilancia.

“Nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita, no más juicios interminables a través de amparos y resoluciones.”

Acerca de la nueva integración de la SCJN, expuso que la iniciativa de reforma establece:

–Reducir el número de ministras y ministros, de 11 a nueve integrantes.

-Reducir el periodo de su encargo, de 15 a 12 años.

–Eliminar las dos salas que son muy opacas en la resolución de conflictos y que solamente se realicen sesiones en pleno, las cuales deberán ser públicas y transparentes para que todas y todos tengan la posibilidad de conocer qué están determinando las y los ministros.

–Eliminar la pensión vitalicia (haber de retiro) para actuales y futuros ministros y ministras.

-Ajustar sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de la República, sin excepción.

Sobre la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, Luisa María Alcalde indicó que el planteamiento es que una vez aprobada la reforma, en 2025 se realice una elección extraordinaria para renovar a todas y todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial (quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en esta elección en igualdad de condiciones).

La funcionaria explicó que la selección de candidaturas también tendría reglas: “las y los ministros de la SCJN, las y los magistrados del Tribunal Electoral y las y los magistrados del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión”.

Esto es que, de acuerdo con la iniciativa de reforma, el Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas, el Legislativo hasta cinco candidaturas por cada cámara (Diputados y Senadores), por mayoría calificada, y el Judicial hasta 10 candidaturas, a través del pleno de la SCJN, por mayoría de seis votos.

En el caso de las y los 1 mil 633 magistrados de circuito y jueces de distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de seis candidaturas paritarias por cargo (dos por cada Poder de la Unión), indicó.

Y del proceso electoral y resultados de la elección, indicó que la propuesta incluye que se cree el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y que una vez conformado sea este el que organice la elección. El Senado de la República verificará que las candidaturas cumplan los requisitos de ley.

-Las campañas durarán 60 días. No habrá etapa de precampañas.

-No se permite el financiamiento público o privado. Las personas candidatas tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir sus propuestas y podrán participar en foros de debate.

-Los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas.

-El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá las impugnaciones y declarará los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, cuya resolución corresponderá a la SCJN.

Sobre las reglas específicas, expuso que, en caso de ausencia definitiva de ministras, ministros, magistradas, magistrados o juezas o jueces, el Senado de la República designará por mayoría calificada a una persona interina para que ocupe el cargo hasta que se realice la siguiente elección ordinaria.

Y para las ternas, la iniciativa establece que el Ejecutivo federal la propone para ministros de la SCJN y magistrados del Tribunal de Disciplina; el órgano de administración judicial para magistrados de circuito y jueces de distrito; y la SCJN para magistrados electorales.

Por otra parte, el Órgano de Administración Judicial, integrado por cinco personas designadas por un periodo de seis años, de los cuales el Poder Ejecutivo nombrará uno; el Senado de la República a otro; y la SCJN a tres, será responsable de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.

Otro punto destacado de la reforma es acerca de las cuatro nuevas reglas procesales:

“-Justicia expedita: se establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, y de un año para asuntos penales (en caso de rebasarlos, la autoridad judicial debe informar al Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá investigar y sancionar la demora).

“-Suspensiones: se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

“-Justicia local: los Poderes Judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados, y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.

“-Fideicomisos del Poder Judicial: una vez que concluyan los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se respetan los derechos y prestaciones de los trabajadores.”

Las traiciones de la Corte al pueblo

A lo largo del sexenio de López Obrador, la mayoría de ministras y ministros de la Corte han actuado sistemáticamente en contra del pueblo y de las iniciativas que se han discutido y aprobado en el Poder Legislativo. Además de que directamente la presidenta del Poder Judicial, Norma Lucía Piña Hernández, habría conspirado para atentar contra los comicios electorales del 2 de junio, al tratar de reinstalar al calderonista Reyes Rodríguez Mondragón como presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

El 28 de agosto de 2023, Norma Piña lanzó una amenaza pública contra el proceso electoral: ese día, advirtió que si el Poder Legislativo no les asignaba el multimillonario presupuesto que pedían, no habría una transición pacífica en México. Desde entonces, el Poder Judicial ha operado electoralmente en beneficio de la candidatura de la derechista Xóchitl Gálvez, y la coalición PRI-PAN-PRD [2].

Textualmente, en aquel momento Norma Piña declaró: “las funciones que habrá de desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año [2024] son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país. En primer término, el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Sólo así se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”.

A partir de ese momento se aceleró la guerra judicial contra el movimiento de la cuarta transformación. Al respecto, se identifican al menos otros cuatro sucesos que dejan al descubierto la operación electorera del Poder Judicial y de su presidenta: 1) la cena de diciembre pasado a la que Norma Piña convocó a tres magistrados electorales, al líder del PRI –Alejandro (Alito) Moreno– y al coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda; 2) la apertura y filtración de un expediente de investigación contra el expresidente de la Corte en retiro, Arturo Zaldívar, ahora parte del equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo; 3) la liberación de actores relevantes en el caso Ayotzinapa –exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y ocho militares– y de generadores de violencia –como el caso de Abraham Oseguera Cervantes, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y hermano del líder de esa organización criminal– para desestabilizar el país por dos vías: protestas sociales y generación de violencia extrema; y 4) consentir la reunión –a tan sólo 18 días de la elección: el pasado 14 de mayo– de los magistrados del TEPJF con Xóchitl Gálvez, como parte de la estrategia del PRIAN que aseguraba que en la contienda “no hay piso parejo”, que “hay una elección de Estado”.

Respecto de la cena del 12 de diciembre de 2023 –que reveló el periodista Salvador Frausto en Milenio– destaca el hecho de que fue convocada directamente por la ministra presidenta Norma Piña; y que ésta tuvo lugar en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fue propuesto en la terna que lo llevó al máximo tribunal por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que desde su llegada a la Corte se alió con los grupos más conservadores en ese Poder y ha fallado todo contra la 4T.

De la revelación periodística también es relevante que supuestamente se convocó a la cena para limar asperezas con tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Mónica Soto Fragoso [actual presidenta del TEPJF], Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, pues Norma Piña quería que al frente de ese Tribunal estuviera el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, de cara a una de las labores que más les importaba controlar: la calificación de la elección federal.

Rodríguez Mondragón fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República de Felipe Calderón –de mayo a diciembre de 2011–, cuando Genaro García Luna se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública y estaba aliado al Cártel de Sinaloa. Y una de las acciones de la autoridad electoral cuando él era la cabeza –el 3 de agosto de 2023– fue censurar al presidente López Obrador, para que nunca más se refiriera en su conferencia mañanera a los ingresos por más de 1 mil 400 millones de pesos de las empresas de Xóchitl Gálvez [3].

El 11 de diciembre del año pasado, Rodríguez Mondragón presentó su renuncia a la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, por la presión que ejercieron los tres magistrados a los que con urgencia convocó la ministra Piña a la cena, incluso a pesar de que se trataba del día en que se celebra a la Virgen de Guadalupe.

La cena no sólo se hizo a espaldas del pueblo de México, sino que incluso ni siquiera a los magistrados convidados se les avisó que había dos invitados más que pondrían en entredicho la imparcialidad del TEPJF: el líder del PRI, Alejandro (Alito) Moreno, y el panista y coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda –quien finalmente no asistió, según el diario Milenio–. Todo ello ocurrió en pleno proceso electoral, pues éste arrancó oficialmente el 7 de septiembre de 2023 [4], por lo que se podrían haber violado las leyes en la materia.

Las presiones de la ministra Norma Piña contra los magistrados electorales continuaron, indicó Milenio. Incluso les mandó mensajes por la red de mensajería instantánea Whatsapp en los que les advertía que tenían cuentas pendientes, todo con la intención de restituir al calderonista Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del TEPJF. Lo que no consiguió.

Ésa no fue la única vez que la presidenta de la Corte se comportó de esa manera: el 17 de mayo de 2023, el entonces presidente de la Comisión Permanente del Congreso y senador morenista, Alejandro Armenta Mier, denunció que, un día antes, Piña Hernández le envió mensajes intimidantes por esa misma vía, los cuales exhibió en tribuna. El 18 de mayo, la presidenta de la Corte admitió que lo había hecho. Dos de esos mensajes decían: “Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice?”; “La vida nos juzgará”.

Cobijada por la mayoría de las corporaciones mediáticas desde que asumió el cargo de presidenta del Poder Judicial, Norma Piña ha actuado con impunidad, y desde las sombras siguió tejiendo el escenario para declarar nulas las elecciones, que aparentemente se disipó por los casi 20 millones de votos de diferencia entre el primer y segundo lugar en la presidencial.

La operación electorera de Piña fue tan evidente que incluso, el pasado 12 de marzo, el presidente López Obrador acusó que desde el Poder Judicial se estaba cocinando un golpe de Estado técnico.

Ese día, expuso: quieren “que yo no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor, o utilizar las infracciones en el momento de la calificación de la elección [presidencial]. Fíjense por dónde van”, en referencia al objetivo de anular la elección presidencial. “Eso es lo que yo pienso que están tramando. Voy a darlo a conocer aquí. Bueno, ¿y mis libertades? ¿Y cuáles son sus fundamentos?”

Tras advertir que el nerviosismo de los sectores conservadores puede deberse a las tendencias que revelan las encuestas –“quién sabe que está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos”–, López Obrador cuestionó: “¿van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Le van a hacer caso a Claudio X González, a José Ramón Cossío?, ¿a [Jorge] Castañeda, [Héctor] Aguilar Camín, etcétera, etcétera, etcétera?”

La guerra judicial contra la 4T

La guerra del Poder Judicial contra la cuarta transformación va más allá de esa pretensión del golpe de Estado técnico, y se refleja en las 74 leyes y reformas que ha invalidado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los primeros cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo ha documentado la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, misma que acusa una suplantación de funciones e invasión de facultades contra el Poder Legislativo.

Como ya se expuso, uno de los primeros grandes casos que resolvió la Corte ya con Norma Piña al frente, fue determinar la invalidez, en mayo de 2023, la primera parte del llamado Plan B que el presidente López Obrador propuso a las cámaras de Diputados y Senadores, y que se votó por mayoría legislativa (modificaciones a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas). Este golpe al Poder Legislativo y a la 4T dio origen al Plan C, por el cual se llamó al pueblo a acudir masivamente a las urnas el pasado 2 de junio para lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Con ello se harán reformas constitucionales, incluida la del Poder Judicial, para que sea el pueblo el que elija democráticamente a ministros, magistrados y jueces, y por lo cual ahora se estaría operando no reconocer la mayoría calificada de Morena, PT y Verde.

En ese mismo mes de mayo, el máximo tribunal echó abajo el Decreto presidencial que clasificaba como de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura prioritarios, y que tenía por objetivo evitar que grupos de intereses creados –como las dos asociaciones del empresario Claudio X González Guajardo: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico [5]– en colusión con jueces, magistrados y ministros frenaran las obras estratégicas mediante juicios de amparo.

Para junio del año pasado, la Corte determinó arbitrariamente cancelar la segunda parte del Plan B: reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Estas reformas buscaban fortalecer el régimen democrático, así como evitar que en un futuro el INE volviera a ser botín de unos cuantos, como ocurrió con Lorenzo Córdova Vianello, quien –ya como abierto aliado de Claudio X, líder del PRIAN– fue único orador de la marcha rosa del 18 de febrero de 2024, movimiento que ya se desenmascaró como promotor de Xóchitl Gálvez. También, la Suprema Corte echó abajo, ese mismo mes, la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.

A estos casos se sumó que el 24 de noviembre del año pasado, la mayoría de los ministros y ministras invalidaron la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y sus equiparables, así como los delitos relacionados con comprobantes fiscales (factureras, es decir empresas fantasmas). El proyecto fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar, bajo el pretexto de garantizar derechos individuales y presunción de inocencia. Ello, a pesar de que las factureras son esquemas que, por un lado, defraudan a la Hacienda Pública y, por otro, posibilitan el lavado de dinero al crimen organizado.

Y en un extremo todavía más grotesco, el 31 de enero de 2024, sólo dos ministros de la Segunda Sala –Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán– invalidaron la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, en beneficio de trasnacionales como la francesa Engie, que promovió el juicio de amparo que llegó a la SCJN.

Los dos juzgadores suplantaron a todo un Congreso, al pasar por encima de la decisión que tomaron las mayorías parlamentarias para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Los juzgadores determinaron que “al introducir nuevas reglas en el orden del despacho de energía, la forma de asignación de los contratos de cobertura eléctrica y el sistema de adquisición de certificados de energías limpias, se vulneraron los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable”.

Aunado a lo anterior, Aguilar Morales y Pérez Dayán habrían estado en un posible conflicto de interés, porque como lo reveló Contralínea, ambos forman parte del Instituto Mexicano del Amparo, asociación civil que litiga contra el gobierno de López Obrador. Dicha AC se pronunció contra la reforma a la industria eléctrica, y ellos fallaron en el mismo sentido; además, fomentó los juicios contra los libros de texto gratuitos (y Luis María Aguilar frenó su entrega en Chihuahua), se manifestó por la destitución de la ministra Yasmín Esquivel, presentó un recurso para ser “amiga” de la Corte (amicus curiae) en la acción de inconstitucionalidad para que los juzgadores ganen más que el primer mandatario, lo que respaldan 10 de los 11 ministros (sólo la ministra Lenia Batres ha regresado los pagos en exceso a la Tesorería de la Federación) [6].

La guerra judicial de la Corte contra la cuarta transformación llegó al extremo de que el 23 de agosto de 2023, el ministro Aguilar Morales presentó en la Segunda Sala un proyecto de sentencia del expediente 386/2023, con el que buscaba separar del cargo al presidente López Obrador –y de última hora retiró–. Dicho proyecto señalaba que, en materia de cumplimiento de ejecutorias de amparo, la Constitución Federal establece que la autoridad que desacata debe ser separada del cargo, incluido el presidente de la República.

Otra expresión de la guerra judicial es el hecho de que jueces, magistrados y ministros siguen dándole entrada a amparos que afectan obras, políticas públicas o impiden luchar contra la corrupción, como el caso de María Amparo Casar Pérez, presidenta de la organización de Claudio X González Guajardo –Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad–.

Además, han liberado en algunos casos de forma definitiva a presuntos delincuentes de cuello blanco, como el abogado de Carlos Salinas de Gortari, Juan Collado Mocelo; a la exsecretaria de Estado en el sexenio peñista, Rosario Robles, quien fue investigada por la llamada estafa maestra; y a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, implicado presuntamente en hechos de corrupción, como el caso Odebrecht y AgroNitrogenados. Esto frena las acciones contra la corrupción y genera impunidad.

Y también han liberado bajo medidas cautelares como prisión domiciliaria a actores clave del caso Ayotzinapa: el exprocurador Jesús Murillo Karam y ocho militares presuntamente vinculados a la desaparición de los 43 normalistas rurales. El entorpecimiento de la investigación del caso no sólo genera protestas sociales –como la irrupción violenta en Palacio Nacional del pasado 6 de marzo–, sino que impide que se sepa la verdad y propicia que los culpables sigan impunes.

Además, la guerra del Poder Judicial ha llevado a la liberación de decenas de integrantes del crimen organizado, como se demuestra cada 15 días en la sección de Cero Impunidad, lo que contribuye a la generación de violencia extrema. Una de las banderas de la derecha es, precisamente ésta, sin apuntar jamás a la responsabilidad que tienen jueces, magistrados y ministros que abren la puerta a los presuntos delincuentes.

Ahora, por primera vez, se tiene la oportunidad de reformar al Poder Judicial para impedir que en el futuro actúe contra el pueblo de México, en beneficio de un puñado de oligarcas y trasnacionales.

Referencias:

“1. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten.

“2. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Garantizar el mismo derecho a las personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal.

“3. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.

“4. Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos.

“5. Que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas.

“6. Prohibir el maltrato a los animales.

“7. Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto.

“8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.

“9. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras.

“10. No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual.

“11. El salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al seguro social.

“12. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón porque afectan injustamente a trabajadores inscritos en el Seguro Social y del ISSSTE; les impiden jubilarse con el ciento por ciento de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1 de mayo de este año [2024], será creado un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos que irá en aumento; se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal.

“13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. En el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

“14. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras sembrando árboles frutales y maderables contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar; se mantendrán precios de garantía para la compra-venta de alimentos básicos y continuará la entrega de fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país para cumplir con un acto básico de justicia: ‘que coman los que nos dan de comer’.

“15. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas, concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. En la reforma constitucional propuesta, se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica.

“16. La nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, evitar las excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales; el Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500 y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales, serán electos con el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30 por ciento de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la Revocación del Mandato.

“17. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los Congresos, serán electos de manera directa por el pueblo.

“18. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con estricto respeto a los derechos humanos.

“19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana; se redactará con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el Presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal.

“20. Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés público.”

Ante la posibilidad de que Morena y sus aliados obtengan la mayoría calificada en el Congreso de la Unión -requisito para la aprobación de reformas a la Constitución-, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este lunes que acordará con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, cómo ejecutar el llamado “plan C” y qué inciaitivas impulsarán.

“Lo voy a hablar con Claudia, la virtual presidenta electa, porque presentamos iniciativas que están en el Congreso, a ver cuáles de esas iniciativas podemos impulsar y que se alcancen a aprobar”, dijo el mandatario en su rueda de prensa cotidiana en Palacio Nacional.

Señaló que dado que la nueva legislatura inicia el 1 de septiembre, su gobierno tendrá un mes para enviar iniciativas antes de que concluya su mandato y tome posesión Sheinbaum el 1 de octubre.

“La futura o virtual presidenta electa y luego presidenta constitucional, porque creo que la próxima legislatura empieza el 1 de septiembre y yo termino a finales de septiembre, es un mes, entonces nos tenemos que poner de acuerdo para ver esas iniciativas con Claudia y otras cosas que tenemos que ver de manera conjunta”, dijo el presidente.

Luego de destacar que no busca imponer nada, insistió en que piensa que una de las reformas que se debe abordar es la relacionada con el Poder Judicial.

“Sí pienso que se tiene que abordar el tema de la reforma al Poder Judicial, porque no es posible mantener un Poder Judicial que no esté al servicio del pueblo, de la sociedad, que esté al servicio, como es de dominio público, de una minoría y a veces de la delincuencia, al servicio de la delincuencia organizada y de cuello blanco”, aseguró.

“Tiene que haber un Poder Judicial que represente a los mexicanos, incorruptible, porque si no no avanzamos, pero eso hay que verlo, platicarlo con la virtual presidenta electa, ver qué opinión tienen también los legisladores sobre el caso”, agregó.

Destacó que durante su gobierno ha buscado distintas vías para reformar el aparato judicial, pero sin éxito. “Yo he buscado con otros mecanismos la reforma al Poder Judicial y la verdad no los veo eficaces, por ejemplo, no se puede pensar en la desaparición del Poder Judicial con una reforma constitucional y crear un nuevo Poder Judicial, algo parecido a lo que hizo Zedillo, no estoy de acuerdo con eso”.

“La otra opción es dejarle al los integrantes del Poder Judicial, esa era mi intención inicial, el que ellos impulsaran la reforma, pero no tuvimos éxito, siguieron sometidos a los poderes económicos y al poder político, no tuvieron la arrogancia que sentirse libres, demostraron su vocación de vasallos, entonces esa vía no”, añadió.

“Entonces, cuál es la vía que propongo: la elección, que el pueblo elija a los magistrados y a los ministros. Y ahí es donde se puede llegar a un acuerdo, se puede matizar sobre los requisitos, pero que al final sea en elecciones libres, directas, en las que el pueblo decida quién debe ser juez, magistrado o ministro después de conocer trayectorias y saber quiénes son los candidatos, mujeres y hombres”, insistió.

A poco menos de 26 días de que se lleven a cabo la elección presidencial en México, el banco Citibanamex anticipó que Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, ganará la Presidencia y logrará el llamado Plan C.

En un análisis que lleva por nombre Elección 2024: entre continuidad o alternancia, el banco planteó un panorama sumamente negativo para la oposición, pues, según su visión, la alianza que encabeza Morena arrasará en las urnas el próximo domingo 2 de junio.

Lo anterior deja entrever que aparentemente los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) nunca buscaron nunca ganar la elección, sino contener el voto ciudadano en favor de Morena para evitar nuevos escenarios que los dejen aún peor de cara al futuro.

Citibanamex ve triunfo de Sheinbaum en las elecciones

Uno de esos escenarios que la oposición no quiere y que Citibanamex augura es que Claudia Sheinbaum Pardo ganará con un amplío margen las elecciones presidenciales; además, ese sufragio se extendería al Poder Legislativo, es decir, a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

“EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL DE INTEGRAR LA ALIANZA PAN-PRI-PRD ES CONTENER EL EFECTO DE ARRASTRE QUE EL VOTO PRESIDENCIAL LLEGUE A TENER SOBRE LAS OTRAS PISTAS, EN LA MEDIDA DE LO QUE POSIBILITE LA UNIFICACIÓN DE SUS RECURSOS Y BASES”.

Si al final consigue una mayoría en ambas cámaras, la morenista tendrá un mejor panorama que el del propio Andrés Manuel López Obrador, a quien le detuvieron varias iniciativas en favor de los cimientos de la llamada Cuarta Transformación.

Morena tendría mayoría en el Congreso

No obstante, Claudia Sheinbaum Pardo podría llevar los programas sociales a un mejor nivel y darle un gran impulso a la democracia con el llamado Plan C, con el que se buscaría llevar al Poder Judicial a las urnas y que los pocos privilegios que aún existen en el servicio público se terminen.

Independientemente de las proyecciones de cada encuestadora, Citibanamex prevé que Morena y sus aliados tengan mayoría en ambas cámaras, la única incertidumbre es saber si esta será calificada o será muy similar a la que se obtuvo en 2018 y 2021, todo dependerá del Frente Amplio y Movimiento Ciudadano.

“LA PRÓXIMA DISTRIBUCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS ES MÁS INCIERTA… EN 2018, LA DISPUTA LEGISLATIVA OCURRIÓ ENTRE TRES GRANDES ALIANZAS Y EN ESTA OCASIÓN, ANTICIPAMOS QUE MC PODRÍA VOLVER A CAPTAR ENTRE SEIS Y OCHO POR CIENTO DEL VOTO TOTAL”.

El Plan C no es una promoción del voto por Movimiento Regeneración Nacional sino hablar de la transformación del país, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de ser objeto de nuevas denuncias de sus adversarios ante el Instituto Nacional Electoral. “No, yo no estoy promoviendo el voto por Morena, yo hablo de que es importante la transformación de México, porque lo otro, lo que existía, era completamente ilegal, injusto”, señaló en su conferencia matutina.

El titular del Ejecutivo federal agregó que los gobiernos del pasado fueron parte de un régimen de corrupción: “México era saqueado por una banda de malhechores. Siempre recuerdo a León Tolstoi, que decía: ‘un Estado que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores’, y eso eran los gobiernos del periodo neoliberal, se dedicaban a saquear, a robar”.

López Obrador señaló que los adversarios a su administración quieren que ese régimen corrupto regrese, “quieren regresar por sus fueros. Entonces, pues eso yo no lo deseo, ni lo desea nadie. A lo mejor ellos sí, pero es una minoría, la mayoría del pueblo quiere que no haya corrupción, que no haya privilegios”.

El pasado 27 de marzo, el presidente de la República llamó al pueblo de México a ejecutar el llamado Plan C en las elecciones de 2024: “que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”.

En aquella ocasión, el titular del Poder Ejecutivo federal explicó que el plan C se aplicó en las elecciones presidenciales de 2018: “fue el pueblo el que dijo: ‘basta’, y se inició la transformación, acabar con la corrupción, que es el principal problema del país. Y hemos avanzado muchísimo limpiando de corrupción al gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras, pero como se está llevando a cabo esta transformación respetando la división, el equilibrio de los poderes, porque hay un auténtico estado de derecho, no como antes, que lo que había era un estado de chueco, una república simulada, donde una minoría era la que mandaba en México”.

Los revés que ha sufrido el presidente Andrés Maanuel López Obrador en las reformas que él mismo ha impulsado y presentado ante Congreso provocó el nacimiento del “Plan C”, donde la clave es que en las elecciones de 2024 es llamar a la población a no darle ni un voto en las próximas elecciones a la oposición, pero la clave radica en que Morena logre obtener el mayor número de espacios en el Congreso, y lograr la mayoría calificada.

Para el presidente López Obrador es fundamental que el partido que él fundó obtenga la mayoría calificada en el Congreso, para que se puedan sacar las reformas a la Constitución, debido a que actualmente solo cuenta con la mayoría simple. 

“La mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución, actualmente quienes están por la transformación del país del país tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores pero no tienen mayoría calificada, porque la mayoría calificada implica no 50% más uno, sino dos terceras partes de los votos y la Constitución solo se reforma cuando se tiene esa mayoría calificada”, anunció AMLO. 

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¿Cuántos lugares necesita?

Para poder reformar la Constitución se necesitan 334 votos en la Cámara de Diputados y en el Senado 96 escaños. Pero es en San Lázaro, donde Morena encontró su mayor traba para pasar reformas claves para su movimiento, obligándolos a presentar leyes secundarias que abordan solo una parte del contenido de la iniciativa; o bien quedan completamente desechadas en la Corte. 

¿Cuántos tiene? 

Actualmente cuenta con 201 diputados, y junto a sus aliados cuenta con 275, tras las elecciones de 2021 retuvo la mayoría simple pero no la mayoría calificada, además que perdió lugares ante la colisión Va por México. Antes de la contienda interna Morena contaba con 253 diputados, y sumando a sus aliados contaba 332. 

La principal motivación para poner en marcha al Plan C es que por sí solo Morena no ha podido pasar las reformas en materia electoral y eléctrica, o el más reciente caso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de la primera parte del Plan B electoral. 

¿Qué reformas se frenaron?  

En abril de 2022, la oposición no dio los votos para que Morena logrará la mayoría calificada en torno a una iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, al solo obtener 275 votos. 

Posteriormente el 6 de diciembre de 2022, la reforma electoral de AMLO también fue rechazada en la Cámara de Diputados, también por no tener mayoría calificada; en esta la oposición no cedió ante la defensa del INE. 

El rechazo de la reforma electoral, dio vida al Plan B, que se componen de reformas a la ley secundaria que a pesar de que no necesitaron de mayoría calificada, la SCJN invalidó la primera parte por violaciones “graves” en el procedimiento legislativo.  

Pero recientemente la SCJN también dio un revés para AMLO declarando inconstitucional e inválida la reforma legal que transfiere la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

Últimas reformas 

Con esta misma, el presidente buscará darle una segunda oportunidad, pues anunció que previo a que termine su gobierno volverá a mandar la iniciativa para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que de lograr la mayoría Morena en 2024 confía en que pase y así podría ocurrir con los otros betos a las reformas de AMLO. 

Adicionalmente anunció que en septiembre de 2024 presentará una reforma al Poder Judicial para que ministros, magistrados y jueces sean elegidos a través del voto popular.

El Plan electoral 

Ante el planteamiento del presidente López Obrador, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena urgió a hacer realidad el llamado “Plan C” y anunció que a partir del 5 de junio empezará la organización electoral de 2024, es decir, un día después de las  elecciones de este 2023, no solo para obtener la mayoría en el Congreso, sino para llevarse el triunfo en la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno.

«Voto parejo para Morena en 2024. No solo ganaremos la Presidencia y todas las gubernaturas, también la mayoría calificada en el Congreso», pidió Mario Delgado.

Dentro del proceso interno que vivirá Morena además de organizar la operación en el territorio para captar la mayor cantidad de votos, también deberá cuidar el proceso para elegir las candidaturas, deberá ser un proceso que no genere dudas para mantener lo desde hace unos meses se ha pedido que es la unidad.

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