El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral.

La inconstitucionalidad se declaró por mayoría de 9 votos:

• Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

• Juan Luis González Alcántara

• Luis María Aguilar

• Jorge Pardo Rebolledo

• Arturo Zaldívar

• Margarita Ríos Farjat

• Javier Laynez

• Alberto Pérez Dayán

• Norma Piña Hernández

Mientras que en contra se pronunciaron las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Al validarse el proyecto del ministro Javier Laynez, finalmente los ministros sepultaron por completo las modificaciones propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a diversas leyes electorales.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEJF) envió al ministro instructor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez, la opinión a considerar para resolver de fondo la inconstitucionalidad de la segunda parte del llamado Plan B de la reforma electoral.

El documento determina que, de acuerdo a un análisis electoral realizado por la Sala Superior del TEJF, de los 34 artículos y temas recurridos por diversos partidos de oposición, solamente seis pueden ser considerados inconstitucionales, mientras que otros 12 simplemente no requieren una opinión electoral por ser de otro ámbito y los restantes 16 son constitucionales.

Así, la reestructura que el Plan B ordena al Instituto NacionalElectoral (INE), la que ordena la fusión de algunas áreas y la reubicación de trabajadores, así como retrasar el proceso electoral presidencial del 1 de septiembre a la última semana de noviembre, son cambios que se inscriben dentro de la libertad legislativa prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estos cambios, señalan los magistrados José Luis Vargas, Mónica Soto, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez Mondragón, “son parte de la libertad de configuración legal de que goza el legislador nacional sin que dicha facultad o libertad definitoria se traduzca, per sé, en una vulneración a los principios de autonomía e independencia conferidos constitucionalmente a las autoridades electorales”.

Y es por eso que, concluyen los magistrados, “no se advierte alguna modificación normativa tendente a vulnerar, alterar o menoscabar la autonomía del INE o de los OPLES en general” y que incluso, la reforma “no incide en la atribución del INE de decidir”, pues se preservan los 32 órganos locales y hasta 300 distritales “que podrán ser permanentes o temporales”.

“La inconstitucionalidad que alegan, la hacen depender del supuesto de que la autoridad electoral no contará con el personal especializado y suficiente, pero estos planteamientos derivan de aspectos fácticos que dependen de cuestiones futuras e inciertas y depende de múltiples factores que ni siquiera se han actualizado o materializado. No se advierte que las fusiones, supresiones y creaciones tengan como efectos la imposibilidad de acción o la desarticulación orgánica que torne disfuncional a las autoridades comiciales”, finaliza el documento.

SinLínea

El ministro, Javier Laynez admitió a trámite otras dos acciones de inconstitucionalidad contra el Plan B electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estas fueron tramitadas por los partidos Movimiento Ciudadano y el PRD y según de acuerdo con los estrados  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro rechazó conceder las suspensiones solicitadas por  estos bajo el argumento de que el viernes pasado frenó la entrada en vigor de la reforma en la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Cabe decir que con este ya suman tres juicios constitucionales admitidos a trámite en la SCJN de este mismo tema.

La Presidencia de la República impugnó esta medida al considerar preocupante que el ministro Laynez suspendiera la aplicación de la totalidad del decreto de reforma cuando el INE no lo solicitó así.

Indicó que el ministro Laynez “arrancó hojas a la Constitución”, pues explicó que dicha norma suprema prohíbe las controversias constitucionales en materia electoral.

Esta suspensión, publicada el pasado lunes, señala que de no frenar la entrada en vigor de toda la reforma y suspender parcialmente sus efectos, puede provocar un “caos operativo” en el INE.

Los Reporteros

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que hoy o a más tardar mañana se publicará la reforma electoral.

Durante su conferencia de este miércoles en Palacio Nacional, se le preguntó sobre por qué hasta ahora no se ha publicado el llamado Plan B, aun cuando éste fue finalmente aprobado por el Senado de la semana pasada.

“No sé. Me informó el secretario de Gobernación (Adán Augusto López Hernández) que hoy en la tarde, a más tardar mañana, ya se publica la reforma electoral”.

El mandatario federal arremetió de nuevo contra los opositores a la reforma y los convocantes a la marcha del pasado domingo. Y ejemplificó con un video del empresario Claudio X. González –uno de sus opositores— donde en una entrevista durante el pasado sexenio, a propósito de las movilizaciones magisteriales contra la reforma educativa, éste se refiere “ a aplicar el estado de derecho” y meter a la cárcel o despedir a los maestros opositores a fin que cesen las movilizaciones.

“Ahora viene y se manifiesta, encabeza (la concentración contra la reforma electoral) y hay absoluta libertad, como nunca. Por eso le dije ayer a los del gobierno de Estados Unidos que hay más democracia en México y más libertades, y ya no hablemos de más justicia, claro que en este país ahora hay más justicia que en Estados Unidos, y muchas otras cosas que tenemos a favor.

Por eso la oposición de quienes quieren seguir manteniendo gobiernos autoritarios al servicio de las oligarquías en México y el mundo. Usan la democracia nada más como pantalla, cuando en el fondo detrás lo que predominan son gobiernos oligárquicos, gobiernos para las minorías. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”.

La Jornada

l Senado de la República aprobó este miércoles con 72 votos a favor y 50 en contra, el Plan B a la Reforma Electoral, eliminando la cláusula de vida eterna a los llamados partidos satélites.

El dictamen se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La reforma fue probada con 72  votos a favor de los partidos Morena, PT, PVEM, mientras que PES PAN, PRI, MC, PRD y Grupo Plural votaron en contra con 50 sufragios tras más de siete horas de discusión en el Pleno.

El Plan B consiste en modificar leyes secundarias sin modificar la constitución. La minuta que se votó incluyó reformas

• A la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
• La Ley General de Partidos Políticos
• La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
• Y además, expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral

En el dictamen, se establece “dejar para discusiones siguientes el Artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, es decir, lo referido a la denominada cláusula de la “vida eterna” de organizaciones como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM).

La primera vez que se votó en el Senado fue el 14 de diciembre pasado, y luego fue remitida a la Cámara de Diputados, donde tras aprobarlo, fue reenviado a la cámara alta para continuar con el proceso.

El bloque opositor

Las senadoras  Xóchitl Gálvez, del Partido de Acción Nacional (PAN) y Claudia Ruiz Massieu del PRI se pronunciaron en contra y anunciaron que el próximo domingo se sumarán a la marcha convocada por el sector conservador en la supuesta defensa del INE.

‘’Yo sí voy a marchar el próximo domingo porque voy a defender la democracia. Yo no les creo. Se quejan de que quieren ahorrar dinero, pero por qué no se quejan del desfalco que está ocurriendo Dos Bocas. A mi no me vean con cuentos de austeridad, son los reyes del cash, por eso voy a ir a defender la democracia’’, afirmó.

Morena

“¿Con que cara van marchar, cuando convocan Calderón y Fox, unos asesinos?”, cuestionó respecto a la marcha del domingo la Senadora de Morena, Citalli Hernández.

En tanto, la Senadora Mónica Hernández explicó que todo el Plan B de diciembre fue aprobado, excepto lo referente al Artículo 12:

“Hay reforma electoral aprobada por ambas cámaras y que no los engañen, el Artículo 12 de la transferencia de votos no forma parte de esta gran reforma electoral. Hemos cumplido”, expresó la morenista.

Polemón

Ciudad de México. Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República proponen en su proyecto de dictamen sobre la reforma electoral, rechazar la eliminación de la cláusula de vida eterna para los partidos pequeños que aprobó la Cámara de Diputados el 15 de diciembre.

El documento plantea remitir a la mesa directiva el resto de la reforma también conocida como plan B, para los efectos establecidos en la fracción E del artículo 72 de la Constitución, referida al envío de los proyectos de decreto al Ejecutivo.

Al aludir el texto que será discutido este lunes por la tarde en reunión de las comisiones mencionadas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, explicó ayer que de ser aprobado en dicho encuentro, el martes 21 se daría primera lectura en el pleno y el miércoles 22 se pondría a discusión.

Agregó que la plenaria tiene dos opciones: aprobar el dictamen de las comisiones y determinar si se turna el resto del proyecto al Ejecutivo integrado por 429 artículos, es decir, si sólo se envía lo avalado por las dos cámaras.

La alternativa es rechazar el dictamen de las comisiones, allanarse a lo que remitió la Cámara de Diputados y turnar el proyecto completo con sus 430 artículos al Poder Ejecutivo. Esto incluiría la eliminación de la llamada cláusula de la vida eterna, que originalmente se había introducido al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales. El planteamiento permite a los partidos que postularon una candidatura común distribuirse los votos obtenidos sobre la base de un convenio.

El proyecto de dictamen rechaza eliminar lo aprobado por los diputados, al considerar que no se apegaron al procedimiento establecido en el artículo 72 constitucional. Según el documento, los legisladores sólo podían discutir los artículos reformados o adicionados previamente en el Senado. La Cámara alta no hizo modificaciones a la llamada cláusula de vida eterna, por lo que los diputados no podían volver a discutir dicho asunto.

El plan B modifica las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Partidos Políticos, la de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas así como la Orgánica del Poder Judicial de la Federación. También expide la Ley General de Medio de Impugnación en Materia Electoral.

De ellas, la de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas ya fueron avaladas por las dos cámaras y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

La Jornada

Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), rechazó que el árbitro electoral asuma «protagonismos» que no le corresponde, pues a su parecer no debe verse, solo debe tener visibilidad por sus acuerdos y contribuciones. 

Esto al ser cuestionada por el papel del INE frente a la reforma en materia electoral, también llamado Plan B, y los enfrentamientos que por el tema ha enfrentado Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.   

“Respecto a los enfrentamientos: Mi posición es pública y notoria; creo que el árbitro electoral tiene que ser otro, nuestros debates tienen que ser en la mesa, no fuera, y los protagonismos no tienen por qué ser lo que guíe la labor institucional. El árbitro casi no debe verse, solo debe tener visibilidad por sus acuerdos, por sus resoluciones, por lo que construye, pero no por estos debates y estas discusiones internas que han salido del contexto muy claramente, las que yo no comparto”, señaló. 

En entrevista para La Jornada, la consejera destacó que esas no son las formas y menos en la que llaman ‘La herradura de la democracia’ o ‘La casa de la democracia’, donde el papel del árbitro electoral debe ser otro. 

Al abordar el Plan B, la consejera destacó que como abogada hay muchos temas que les preocupan y que por ellas acudieron a las formas jurídicas que tienen a fin de que la Corte resuelva lo que consideran que violenta la Constitución. 

“Esa es la vía que tenemos que utilizar, la jurídica. ¿A qué llamaría?, justamente a tender puentes con el Legislativo, a poder hablar, a hacerles notar, en otros tonos y con otras formas. Es importante tender puentes de diálogo; lo peor que podemos hacer es seguir polarizando al país”, añadió. 

Además, Humphrey advirtió sobre los riesgos de polarización en torno a la reforma electoral: “La polarización no ayuda a nadie en el país. Hay cosas buenas en la reforma, en el Plan B, y otras que pudieron haberse mejorado con un diálogo adecuado con legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos”. 

PolíticoMX

Luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) acordó impugnar la reciente reforma en la materia, conocida como Plan B, con la advertencia de que generará conflictos poselectorales en 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la propuesta y rechazó que los cambios que se plantean generen algún inconveniente en los procesos electorales.

“Que se vayan a engañar a otra parte. Lo que quieren es seguir atacándonos, a lo mejor lo que están buscando ahora es salir a la calle para decir ‘el INE no se toca’, pero lo del fondo sea el decir ‘García Luna no se toca’, porque eso los trae nerviosísimos. Entonces, están inflando un supuesto problema”, expresó en su conferencia de prensa diaria.

Afirmó que el tema está siendo usado como bandera para hacer politiquería, “porque no hay ningún problema”, ya que se presentó una ley que no tiene alcances mayores, nada más “es bajarles el sueldo porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público, también eso les molesta”.

“Lo dije ayer, lo repito ahora: ganaron porque van a seguir teniendo presupuesto, más que ningún otro organismo en el mundo, porque engañaron a muchos con la consigna de que el INE no se toca. No se van a reducir los diputados, van a seguir siendo 500, nosotros planteamos que fuesen 300, van a seguir recibiendo los partidos miles de millones de pesos, van a seguir siendo los partidos los que elijan, las cúpulas de los partidos, Claudio (X González) pues, uno o dos o tres, los que nombren a los consejeros, porque no quisieron; nos ganaron y no quisieron que el pueblo eligiera a los consejeros del INE, porque le tienen miedo al pueblo”, sostuvo el mandatario.

Consultado en la “mañanera” de este jueves sobre las advertencias hechas por los consejeros electorales de manera unánime, agregó: “¿Cómo se va a poner en riesgo una elección si quién ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no son ellos. Los que ponen en riesgo la elección han sido ellos siempre. ¿No son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas?, ¿no son las autoridades electorales las que se roban los paquetes, las que permiten la compra del voto?.

Aunque reconoció que no le tiene confianza a la mayoría de los ministros de la Corte porque “no se atreven a llevar una reforma de fondo al Poder Judicial”, dijo que será dicha instancia la que al final resolverá la reforma en materia electoral.

La mayoría de los ministros, apuntó, “vienen del antiguo régimen» y lamentó que lo que prevalece en el Poder Judicial es que “se castiga a quién no tiene con qué comprar la inocencia”, por lo que “deberíamos pensar si le seguimos llamando Suprema corte de Justicia, si a caso, del derecho”.

Tras insistir que se tiene que limpiar de corrupción al Poder Judicial, refirió que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, se pronunció por reactivar el sistema nacional anticorrupción, expresó: “pues que empiece por el Poder Judicial, tiene bastante trabajo, con todo respeto”, y llamó a revisar cuántos jueces y magistrados han sido sancionados por el Consejo de la Judicatura Federal. “Pidan ese informen y van a ver cómo el Poder Judicial es como el castillo de la pureza”.

El jefe del Ejecutivo federal indicó que hay comunicación con la ministra Piña porque independientemente de las diferencias con las resoluciones de algunos jueces, tienen trabajo conjunto, pero descartó reunirse con ella en breve porque “ahora no tenemos ninguna necesidad, no hay algún acuerdo a tratar. Lo que llevamos con la Corte como una cuestión especial es lo de Ayotzinapa”.

En tanto, sobre la elección de los cuatro consejeros que se debe concretar en abril, López Obrador confió que se escoja a gente buena, íntegra, honesta, “no como los que están. Estoy seguro que van a ser mejores”.

A la vez, reiteró su desacuerdo con el actual consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. “Ya no hablemos de lo que ganan y sus viajes y viáticos que no son nada austeros, sino el racismo, cómo va a estar un racista de presidente del Instituto Electoral?, ¿qué no el racismo es lo opuesto a la democracia?”, añadió.

En seguida, pidió presentar la grabación que se difundió en 2015, de una conversación telefónica de Córdova, en la que se burla de un representante de comunidades indígenas. En dicha grabación, el consejero electoral dice que “habría que escribir crónicas marcianas del INE” por las conversaciones que tiene con representantes de pueblos originarios. En tono de mofa, aseguró que le dicen: “Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones”.

Tras presentar la grabación, concluyó: “ese es el principal demócrata; no, el INE no se toca”.

La Jornada

Este miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) en realidad no son demócratas, aún cuando estas afirmaciones parecen paradójicas y contrarias a las funciones que debería desempeñar el órgano autónomo. 

“Pero pueden ser intelectuales. Don Justo Sierra era un gran intelectual, se le llegó a considerar ‘el maestro de América’, y no estaba a favor del voto universal. Si uno ve a Sheridan (…) Hay una gran diferencia”, contrastó el Presidente. 

AMLO negó que el INE vaya a “colapsa” con la implementación de la Reforma Electoral ya aprobada por las Cámaras y como ejemplo puso al Gobierno de México, que opera con eficiencia tras la aplicación de la austeridad republicana . 

“Y como dice que le va a pasar a la INE, se va a colapsar, ¿se colapsó la Presidencia’, no entonces, pero ellos ganaron, se quedaron con ese presupuesto, los partidos también, con muchísimo dinero en vez de 500 diputados propusimos 300, quitar a los pluris, ellos ganaron porque ´el INE no se toca´ y habrán 500 (…) Ellos ganaron porque plantemos que solo existiera un Instituto que organizara las elecciones no 32, ganaron porque ´el INE no se toca´, lo único que se logró es que se reduzcan en sueldo y eso los lleva a presentar una controversia constitucional, nada, nada”, explayó el primer mandatario. 

En el mismo sentido López Obrador habló sobre la próxima marcha que organiza la derecha en “defensa” del INE, y dijo que no es necesaria ya que técnicamente la derecha ganó, y recomendó que se quiten las máscaras y salgan abiertamente a defender a Genaro García Luna.  

“Me decían que iban a hacer una marcha, ¿no exageran?, solo que usen esa marcha sea para defender a García Luna, pero ¿qué le van a defender al INE si ganaron, si el INE no se toca? a lo mejor Claudio (X González) y los machuchones están pensando en eso, en hacer una marcha para defender a García Luna y sacar como excusa que el INE no se toca, ya chole”.

AMLO

Los Reporteros

El Plan B de la reforma electoral que se discute en el Senado de la República incluye un apartado para regular la publicidad y propaganda gubernamental. Con estos cambios legislativos se buscará sancionar el uso indebido de recursos públicos para la promoción personalizada de las y los servidores públicos.

Para ello, se modificarán las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, para establecer el alcance y contenido de conceptos asociados a la publicidad y propaganda gubernamental. La iniciativa fue presentada por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados el pasado 6 de diciembre y aprobada en esa misma fecha, refiere un análisis del Instituto Belisario Domínguez, dependiente del Senado.

El estudio Reforma en materia de propaganda gubernamental asegura que la Ley General de Comunicación Social ahora precisará que su objeto es garantizar el derecho de la ciudadanía a la información sobre la actuación pública, promover la rendición de cuentas, a través de la propaganda gubernamental, constituida por aquella que los entes públicos contraten en los medios de comunicación masiva.

Asimismo, establece que una campaña de comunicación social –que tiene un sentido más amplio que el de propaganda gubernamental– debe sujetarse a las normas, principios generales y criterios para la aplicación de gasto público en propaganda gubernamental, así como reglas de asignación aplicables. La reforma indica que los entes públicos realizarán campañas de comunicación social para difundir información relativa a:

-Ejecución de obras de infraestructura, prestación de servicios públicos y desarrollo de programas económicos y sociales.

-Aspectos relevantes de las políticas públicas, rendición de cuentas, promoción y garantía de los derechos humanos;

-Funcionamiento de las instituciones públicas y ejercicio de sus atribuciones;

-Contenidos que fomenten el derecho al acceso a la información;

-Acciones que tengan relevancia directa para la población, como la protección de la salud y alimentación; el respeto a la integridad física y familiar; la protección a los grupos de personas en situación de vulnerabilidad o de sectores de población históricamente desprotegidos, igualdad de género; educación y valores culturales;

-Educación cívica y participación ciudadana;

-Historia, patrimonio cultural y social de México;

-Fomento del derecho a la memoria y reconocimiento de las violaciones graves a derechos humanos;

-Valores y principios constitucionales;

-Cuidado del medio ambiente y promoción de la igualdad y no discriminación.

El análisis del IBD indica que también “se redefine el término de Secretaría Administradora por unidad administradora, la cual es la unidad administrativa de cada ente público encargada de regular y vigilar que las acciones en las que se gasta el presupuesto asignado a comunicación social, incluida la propaganda gubernamental establece como criterio para aplicación de gasto público en propaganda gubernamental y cualquier otra forma de comunicación social, a la austeridad republicana, así como a la economía, racionalidad, finalidad, legalidad, oportunidad y territorialidad, lo que permite dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SGJN) que resolvió el amparo en revisión 308/2020”.

El documento agrega que las modificaciones buscan distinguir entre principios rectores de la comunicación social, criterios de gasto y reglas de asignación de campañas; fijar prohibiciones en la difusión de las campañas de comunicación social, en cuanto a su contenido y aprovechamiento; prescribir el procedimiento para el Programa Anual de Comunicación Social, que debe de garantizar el mismo, así como los supuestos para su modificación y cancelación; precisar que durante el tiempo que comprendan los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, así como las campañas electorales, debe suspenderse la difusión de propaganda gubernamental, conforme al concepto definido en la ley.

Además, otros objetivos son: señalar que no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las normas que, en su caso, regulen la libertad de expresión; precisar que tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debe ser difundida bajo cualquier formato de manera gratuita, fuera de las campañas de comunicación social, por las personas servidoras públicas; fortalecer el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, toda vez que, los Entes Públicos deben brindar información sobre los montos destinados a gastos relativos a campañas de comunicación social desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña de manera pública, completa, oportuna y accesible; cumplir con lo señalado en la normativa aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública; incorporar como infracciones de las personas servidoras públicas la difusión de campañas de comunicación social ajenas al Programa Anual autorizado y la abstención de presentar los informes requeridos por la ley.

Respecto de la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se agrega al artículo 49 como infracciones administrativas los actos u omisiones que incumplan o transgredan las obligaciones de las personas servidoras públicas de abstenerse a realizar cualquier promoción personalizada bajo cualquier modalidad con recursos públicos y las sanciones a las que se hacen acreedoras por dicho incumplimiento.

También se establece que los representantes de elección popular que busquen su reelección, incluidas las personas servidoras públicas que pidieron licencia temporal para separarse de su cargo, queden sujetas a las sanciones previstas en el artículo 52 de la LGRA.

Además, la iniciativa modifica el régimen de responsabilidades de las personas servidoras públicas, pues si bien se está a favor de la libertad expresión, esta no puede sustentarse en el uso de recursos públicos que implique la promoción personalizada de servidores públicos con fines electorales. Con ello, se resguarda el principio de imparcialidad en los procesos electorales. En los artículos transitorios, se otorga un plazo de 180 días para que el Ejecutivo realice las adecuaciones correspondientes.

ContraLínea