Las palabras de la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, sobre aceptar destinar los fideicomisos del poder a los damnificados de Guerrero quedaron en el olvido ya que este viernes, en fast track el juez decimosegundo de Distrito en el estado de Chihuahua otorgó una suspensión definitiva para impedir que estos recursos entreguen a la Tesorería de la Federación y puedan destinarse a tal fin.

Asimismo, la jueza novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, también otorgó la suspensión con efectos generales que le favorece, así como a los demás jueces y magistrados, hayan promovido o no, juicio de amparo. La suspensión solo debía otorgarse de existir un acto concreto derivado de la norma que afectara la esfera jurídica de los quejosos, y no en favor de terceros ajenos al juicio.

En un comunicado, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que con dicha decisión violan en su beneficio el principio de imparcialidad del artículo 17 constitucional, el cual señala que “ningún juez debe conocer de su propia causa”; así lo dispone también el artículo 51 de la Ley de Amparo.

“El principio de derecho nemo iudex in sua causa advierte que un juez no puede conocer de un juicio en el que pueda tener interés personal; por ende, el artículo 17 constitucional, así como los numerales 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, consagran la imparcialidad judicial como un requisito necesario del Estado de derecho, donde incluso las apariencias tienen una gran importancia, pues lo que está en juego es la confianza que los tribunales en una sociedad democrática deben inspirar al público y, sobre todo, a las partes que intervienen en un determinado juicio”, se lee en el documento.

Agregaron que los jueces y magistrados solo resuelven amparos que les benefician con el pretexto de defender la independencia judicial. “Pretenden mantener el control de los recursos públicos de los fideicomisos para otorgarse beneficios extraordinarios de los que no gozan los demás servidores públicos”.

En este mismo sentido puntualizaron que el que los jueces y magistrados perciban beneficios extraordinarios a cardo de los recursos públicos no es garantía de la independencia judicial.

“Por ética judicial, los juzgadores debieron abstenerse de conocer de los juicios de amparo y recursos interpuestos en contra de la extinción de los fideicomisos del PJF. No debieron anteponer sus intereses meramente económicos por encima del bienestar de la población de Acapulco, que requiere una actitud solidaria. Están perdiendo la confianza de la sociedad mexicana sobre su imparcialidad, al ser juez y parte en asuntos de su interés”.

Además, por lo dicho de Piña en donde señaló que era una alternativa real para los recursos del Poder Judicial, el gobierno solicitó a la presidenta de la Corte a que “ejerza la facultad de atracción del alto tribunal y resuelva de forma prioritaria los juicios de amparo promovidos por integrantes del PJF, ya que éstos, al estar interesados en mantener el control de recursos públicos obtenidos con las aportaciones de los contribuyentes (pueblo), están impedidos para resolver con imparcialidad dichos juicios de amparo”.

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un acuerdo al Poder Judicial a fin de que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos con los que contaba y que el Congreso determinó cancelar se asignen a un fondo para apoyar a los damnificados de Acapulco. Al señalar que esto agilizará la asignación de estos recursos sin esperar un litigio legal con la decisión, con la posibilidad de que el Poder Judicial forme parte del consejo que vigilará el ejercicio de estos recursos.

Durante su conferencia, el mandatario sostuvo que este acuerdo permitiría destrabar procesos administrativos y agilizaría esta asignación porque de lo contrario habría que esperar la aprobación y publicación del presupuesto y aguardar si no hay recursos legales contra esta aprobación.

López Obrador retomó la polémica en torno a los fideicomisos y la posibilidad de que se promueva una controversia constitucional, solicitando que se respete la decisión de los senadores y diputados. “No pueden corregirle la plana del poder judicial en algo que tiene que ver con ingresos y presupuesto. Eso le corresponde al Poder Legislativo. Si ya decidió el Congreso que esos fideicomiso son abusos, un fondo de privilegiados y ese dinero puede usarse en beneficio de la gente. ¿Cómo van a alegar que actuó mal el Poder Legislativo?”

López Obrador dijo que la desaparición de estos fideicomisos no impactaría en el presupuesto de 2024 del Poder Judicial, porque solicitaron 84 mil millones de pesos. Sin embargo, más adelante, consideró que Con base en la partida asignada, se reducen los salarios de los altos mandos del Poder Judicial que violan la Constitución (porque perciben más salario que el Presidente), podrían reducirse los ingresos y compensaciones a ministros y altos funcionarios.

Con ello, consideró, se podrían acumular entre 2 mil y 3 mil millones de pesos, que se podrían destinar a becas para estudiantes pobres (que era la propuesta original que había hecho con los 15 mil millones de pesos antes del impacto en Guerrero, del huracán Otis).

En una aberración más del Poder Judicial de la Federación, el  juez Francisco Javier Rebolledo, del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México otorgó un amparo contra el decreto presidencial publicado en diciembre de 2020 que prohíbe el maíz transgénico y elimina progresivamente el uso del glifosato en México a más tardar en 2024, a la empresa fabricante de semillas genéticamente modificadas, Monsanto, para que ésta pueda utilizar glifosato y mantener los permisos para su importación.

Monsanto impugnó las acciones que ordenan realizar a las dependencias federales sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del uso del herbicida en México, a lo que el juzgador respondió en su fallo que “la Justicia de la Unión Ampara y Protege a Monsanto respecto de los actos y para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia”, lo que puede ser impugnado por el Gobierno Federal y llevar el asunto a  a un tribunal colegiado para que determine si afirma, modifica o revoca el fallo del juez federal en materia administrativa.

El juez Rebolledo afirma, en su sentencia de amparo, que “Es claro que el decreto reclamado no funda ni motiva las decisiones adoptadas en él, pues no se exponen las circunstancias particulares basadas en evidencia científica, ni razonamiento específico para concluir que el uso del glifosato es nocivo para la salud humana y de animales y que el maíz genéticamente modificado afecta la seguridad y a la soberanía alimentarias y su eliminación contribuye a la protección al maíz nativo, la milpa, la riqueza biocultural, las comunidades campesinas, el patrimonio gastronómico y la salud de las mexicanas y los mexicanos, de manera que resulte justificada la sustitución gradual y absoluta de dicha sustancia y del maíz genéticamente modificado”.

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