Foto: Polemón / Contralínea / PAN / PRI / FGR

La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) habría violado la soberanía de México durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, según se revela en una investigación

Y es que de acuerdo con información de Proceso, documentos oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a los que la revista tuvo acceso, la agencia estadounidense habría incurrido durante 10 años en  injerencias, espionaje, violaciones constitucionales y a la soberanía del país; debido a que se aumentó el despliegue de sus agentes y personal técnico administrativo en territorio nacional.

La investigación detalla que Washington aprovechó la narcorrupción en dichas administraciones para poder ingresar al país y obtener permisos de la SRE para elevar el número de agentes de la DEA. 

«Hasta la publicación de este texto, públicamente se conocía que la DEA tenía operando en México a 54 agentes y 32 técnicos administrativos, entre quienes se cuenta a analistas, especialistas en tecnología de espionaje y equipo computarizado», se lee en la investigación.

No obstante, la DEA habría doblegado a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, quienes aceptaron a otros 16 policías antinarcóticos estadounidenses, quienes operaron a sus anchas en todo el territorio mexicano para tener en total de 111 elementos en el país.

Lo anterior dio como resultado una serie de injerencias en nombre al combate al narcotráfico, tales como labores de espionaje e intercepción de llamadas telefónicas a altos funcionarios mexicanos, así como traiciones a Calderón y Peña Nieto, reflejados en las detenciones de Genaro García Luna en 2019 y del general Salvador Cienfuegos en 2020

Cabe mencionar que durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han implementado cambios reguladores para supervisar y limitar las actividades de los agentes de la DEA en el país, quienes deben sujetarse a la Ley de Seguridad Nacional y entregar mensualmente a la Cancillería un informe de actividades.

Con información de Proceso

Cuarta parte. El régimen de Felipe Calderón es un puente entre los pésimos gobiernos de “la alternancia” y “el regreso del PRI”, debido a la sucesión pactada entre los dos integrantes de la alianza criminal conformada. Parte del fraude electoral o golpe de Estado técnico ejecutado en 1988, pasa por la alternancia política y llega al regreso del integrante de mayor caducidad, con una supuesta “nueva generación de priístas”.

Este cártel político transexenal asaltó el poder público en el Estado mexicano. Asimismo, instauró un modelo “neoliberal” fatuo y grotesco sometido a la economía de Estados Unidos y basado en una competitividad. En el congelamiento salarial, tenía una palanca estratégica favorable al desarrollo del sector exportador.

No obstante, junto a la exportación masiva de mano de obra, generó el flujo de divisas necesario para sostener un modelo que crecía poco, invertía poco y estrechaba el mercado interno.

El correlato fue una política de seguridad y “combate al crimen trasnacional”, en versión corrupta y de complicidad delictiva. Esta “guerra contra las drogas” se trató de una captura del Estado impulsada por Richard Nixon como engaño continental. Al final, se estigmatizó y marginó la política social de corte universalista. Fue tildada de “populista”.

Como consecuencia, se dio paso a las políticas de “focalización” para los grupos más vulnerables y creció la pobreza y la inseguridad. La cifra es escalofriante: 40 millones de pobres y el 71 por ciento de los municipios eran controlados por el crimen trasnacional organizado, de acuerdo con datos del Senado en 2010.

Un modelo así hace casi imposible una política de redistribución de la riqueza.

Antes de concluir 2012, Genaro García Luna buscó venganza dentro del ejército mexicano. Era investigado por un grupo de generales desde 2006, al igual que la DEA desde “que era espía del Cisen”.

Hacia el final del sexenio calderonista de asociación con las estructuras criminales globalizadas, la residencia del exsecretario de Seguridad de más de 3.3 millones de dólares en Golden Beach, Miami, despertó demasiadas sospechas.

Respecto a por qué no actuaron antes, un jefe de la DEA indicó: “porque a veces hay que bailar con el diablo. Por ahora, es mejor tenerlo cerca que dejarlo suelto. Después veremos” (Wornat, pág. 101).

García Luna logró aliados dentro de la estructura de inteligencia y seguridad en Estados Unidos, con el objetivo de mantener a México en una grave crisis de narcotráfico. Esto resultaba rentable en materia de política bilateral.

En la primera parte de esta serie, informamos al respecto. Era necesario golpear dentro, con el propósito de ganar credibilidad y aumentar la simpatía de parte del gobierno estadunidense. Tenía sus propias razones para recargarse en la Marina Armada de México, como cuerpo confiable en esta seudo-guerra.

Además, era el encargado de la operación del Plan Mérida, firmado el 30 de junio de 2008. Éste era una atribución presidencial que Calderón delegó a García Luna y proveyó 900 millones de dólares –no en efectivo, sino en una cuenta para girar contra ella– puestos a disposición de la PGR y la SSP, entre los años de 2008-2010.

Sin embargo, la cantidad total recibida bajo esta modalidad fue de 1 mil 600 millones de dólares aprobados por el Congreso estadunidense. Inundaron de liquidez al gobierno calderonista para que realizara “su guerra contra el narco”.

Había una amplia discrecionalidad para su manejo –no estaban sujetos a auditorías–. Era imperativo entregar “resultados” del uso eficiente de estos recursos, porque la “Operación Limpieza” había resultado fallida. Golpear dentro del ejército parecía ser un golpe espectacular. Alejaría sospechas en torno al grupo en el poder.

El general Tomás Ángeles Dauahare y otros tres coacusados fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano y de la PGR. La PFP fue la instancia de coordinación de inteligencia para el efecto –ubicación, movimientos, lugares de desplazamiento, etcétera.

De inmediato, los medios informaron que los cuatro militares “formaban parte de la estructura criminal de los hermanos Beltrán Leyva”. Luego, prometieron no hablar más del tema.

Los cargos para la detención y el juicio en México se hicieron con sustento en testigos protegidos seleccionados por García Luna: Villarreal, el Grande, y Roberto López Nájera, Jennifer.

Al primero, le ofrecieron rendir falsos testimonios ante el juez sobre la amistad del general Dauahare y Arturo Beltrán Leyva. A cambio, sería sacado de Puente Grande, y luego trasladado a vivir a Estados Unidos, “sin preocupaciones de nada”.

Contaba sus falsos testimonios “en medio de risotadas en la prisión”. Al mismo tiempo, reconocía que “nunca había visto al general”. “Lo conocí hasta que el agente del Ministerio Público federal me mostró una serie de fotografías y me pidió que me grabara su rostro al igual que el de los otros militares”, mencionaba. Esto fue un vulgar y criminal montaje (Lemus, págs. 199-200).

Los otros generales inculpados fueron: Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Silvio Isidro de Jesús Hernández. Además de los testigos protegidos mencionados, fueron acusados por el mayor Arturo González, adscrito a la Presidencia, ya encarcelado.

Supuestamente, Édgar Valdés Villarreal, la Barbie –también en prisión desde 2010–, habría entregado un pago al general Dauahare a nombre de los Beltrán Leyva. Sin embargo, en su comparecencia ante las autoridades ministeriales, tanto él como Gerardo Álvarez, el Indio, negaron conocer a ninguno de los generales presos en Almoloya, el 3 de agosto de 2012. Parte central de los testimonios acusatorios se caían y evidenciaban un caso construido a voluntad para concretar una infamia y una pantalla mediática.

Después, la Barbie declaró que fue presionado por la SIEDO. Cuando pidió el “cierre de la instrucción”, el abogado de los acusados mencionó que quedó probado “que los testigos habían mentido”. El caso se revirtió.

Se exhibió la maquinaria criminal que echaron a andar García Luna, Calderón y sus compinches de la red delictiva transexenal. Aquellos que duden que se trató de una venganza, deben leer esto: “Ángeles Dauahare recordó cómo el 9 de mayo de 2007, él le advirtió a Felipe Calderón Hinojosa sobre los vínculos que tenía su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el crimen organizado que en el discurso decía combatir” (Sin Embargo, 22 de febrero, 2023).

Obsérvese cómo aún mantenía la idea implícita de que el expresidente era ajeno a las actividades delictivas de García Luna, cuando ya había mucha más información al respecto que echaba abajo dicha hipótesis.

En la primera parte de esta serie destruimos ese falso postulado con nuestras fuentes consultadas. Las mismas nos indican que FECAL era el puntal de la criminalidad que se desarrollaba.

¿Alguien ha correlacionado esta inmensa falsificación hacia la nación que nutría él personalmente y todo su gobierno, con sus más allegados, con la intensificación de su alcoholismo en esos años? ¿Habrá vivido un cierto drama interior ante el temor de ser descubierto y encarcelado para el resto de su vida? ¿El saber en sus más profundos adentros que no era más que un gran fraude político como líder y dirigente, como cristiano-creyente, lo afectó tanto?

Creo que nadie ha explorado tales términos. No es parte de una normalidad que abandonara sus altas funciones de Estado y se recluyera en La Barraca, a beber hasta quedar casi inconsciente y tuvieran que ir su esposa para llevarlo a dormir.

Esto habla de un estado de afectación psicológica y emocional grave. Tampoco se debe olvidar que dos de sus más cercanos y estimados colaboradores fueron asesinados –Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora– al interior de esta trama criminal, de la cual Calderón era pieza central.

La escritora argentina Olga Wornat recoge distintos testimonios y opiniones sobre esta situación psico-emocional del expresidente. Incluso, posee un testimonio de su mentor político, Carlos Castillo Peraza. “Felipe Calderón se hundió en una depresión sin horizonte”, afirma Wornat (págs, 32-37). No hay estudios serios al respecto, pero sí indicios ilustrativos.

Cuando se dio a conocer el apoyo del expresidente Vicente Fox, el sector de opinión dentro del PAN y el PRI se orientaron hacia la candidatura de Enrique Peña Nieto. En el curso de la campaña, se supo que la suerte estaba echada por el abandono de los panistas a la candidatura de Josefina Vázquez Mota.

La alianza criminal para sostener la captura del Estado se producía. Pronto revelaron sus armas: compra masiva de votos, dinero al por mayor y una estructura de financiamiento ilegal comprobada por el IFE.

A destiempo, se conoció que el presidente en turno, Felipe Calderón Hinojosa, fue parte del pacto criminal para impedir el acceso de la oposición de izquierda al poder, debido al acceso de su secretario de Hacienda a la contabilidad bancaria. Nada se hizo.

El enemigo común era Andrés Manuel López Obrador, quien se postulaba por segunda ocasión. Durante el fraude electoral de 2006, otro golpe de Estado técnico, el PRI no movió un dedo para impedirlo.

En 2006, el candidato del PRI, Roberto Madrazo, afirmó con cinismo: “no voy a sudar calenturas ajenas”. Hay muchos hechos, documentos, reflexiones, fuentes de información, testimonios que pueden documentar esta alianza criminal PRI-PAN durante 1988-2018.

Durante el juicio al Chapo Guzmán, uno de los testigos presentados por la fiscalía fue Alexander Hildebrando Cifuentes Villa, narcotraficante colombiano, obviamente “protegido” por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Éste era parte del primer círculo de confianza del Mayo Zambada y del propio Chapo, capturado y extraditado en 2013.

Ante el juez, él mismo se definió como “secretario de Guzmán Loera, su brazo derecho y su brazo izquierdo”. Contó a detalle su rutina diaria y cómo empezó el proyecto de su película biográfica. Igualmente, describió los “tres anillos de seguridad” que había conformado y que su rol principal era coordinar la venta de cocaína en Canadá. Regulaba empleados y contactaba al Chapo con un grupo de dominicanos en Nueva York. Asimismo, habló de los sobornos entregados.

El abogado de la fiscalía, Jeffrey Lichtman, dijo: “el señor Guzmán le pagó 100 millones de dólares al presidente”. A esto, Fuentes Villa respondió: “Sí señor”. Luego la crónica del juicio siguió en este sentido:

“El testigo confirmó que Enrique Peña Nieto le pidió 250 millones de dólares a Guzmán Loera ‘para que pudiera seguir trabajando’, y que éste le ofreció 100 millones de dólares, a cambio. Esa cantidad, dijo el testigo, se le entregó al presidente durante octubre de 2012 en la Ciudad de México” (Ibarra, págs. 150-152).

Y añadió: “Andrea Vélez Fernández le hizo llegar maletas llenas de efectivo a Peña Nieto para su campaña presidencial a través de JJ Rendón, el venezolano que trabajaba como asesor político de Peña Nieto. Era jefe de Vélez Fernández” (pág. 152).

Posteriormente, sostuvo que, en el sexenio de Felipe Calderón, “incluso, la policía federal […] traficaba y vendía cocaína colombiana en México, para Edgar Valdés Villareal, la Barbie” (Ibarra, pág. 153). Son testimonios durísimos. Nunca posibles de comprobarse por medios habituales o convencionales, jurídicamente reconocidos.

El cuadro testimonial descrito por Alex Cifuentes es parecido al otorgado por el Grande sobre el mentado soborno directo a Felipe Calderón, al término de la campaña presidencial. Sin embargo, no es el único:

“El exdirector de la Agencia Estadounidense Antidrogas en El Paso, Phil Jordan, afirmó que el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín, el Chapo, Guzmán […] financió la campaña electoral del actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Jordan hizo estas declaraciones en una entrevista en el canal Univisión […] ‘Nunca pensé que con el PRI lo iban a arrestar, porque el Chapo metió mucho dinero en la campaña de Peña Nieto, me sorprendió cuando supe que lo arrestaron. Algo malo pasó entre el PRI y el Chapo. Él pagó millones de dólares para que no lo tocaran’” (https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/).

Ni la DEA ni el Departamento de Estado confirmaron la versión. Claro, de haberlo hecho, incurrían en grave delito de encubrimiento. ¿Por qué no actuaron? Lo más ilógico tiene una razón de ser.

Sin embargo, en otro medio de comunicación, la periodista Jimena O (24 de febrero de 2014) amplía el reporte sobre las declaraciones de Phil Jordan. Añade que el exdirector de la DEA mencionó: “la existencia de una red de corrupción de alto nivel en Estados Unidos y advierte que los exgobiernos priístas estuvieron profundamente involucrados en el tráfico de drogas”.

De igual manera, agrega que el PAN recibió millones de dólares para permitir que el Chapo escapara de prisión. Además, indicó que el capo financió las campañas políticas en las pasadas elecciones.

“Algo salió mal para que aprehendieran al Chapo […] no puedo decir qué fue lo que pasó, lo arrestaron cuando el Chapo les estaba pagando millones de dólares para que no lo arrestaran. Como pagó millones de dólares para que lo dejaran salir la última vez”.

Cuando le preguntaron si tenía pruebas, respondió: “Eso está documentado en la Inteligencia de Estados Unidos, pero yo no te puedo presentar pruebas. Pero yo sé por la Inteligencia que tenemos, que el Chapo siempre ha estado metido en la política” (https://pijamasurf.com/2014/02/).

En la cabeza de la columna, en donde se da a conocer las declaraciones citadas, se lee “Estados Unidos mantiene documentadas las donaciones que el Chapo Guzmán pagaba a la campaña del PRI, así como los millones pagados al PAN por permitir su fuga en 2001” (ídem).

Debemos decir que la oficina de inteligencia estadunidense ubicada en el Paso Texas es la segunda más importante. La EPIC (por su sigla en inglés) ha recopilado información del acontecer político y criminal en México, desde 1974.

Su funcionamiento no sólo se limitaba a la vigilancia y observación de la frontera entre ambos países. También, operaba contra el narcotráfico, el tráfico de armas y otras formas de delincuencia organizada.

En 1997, fue famosa en la realización de la Operación Tigre Blanco; investigó a la familia Hank Rhon por narcotráfico; aportó información para la captura del líder del Cártel del Golfo, Juan García Abrego (1996), y descubrieron las narco-fosas de Ciudad Juárez.

Fueron relevantes y fundamentales, mientras se desarrollaban las instituciones de inteligencia mexicana en una época de crecimiento del crimen transnacional, mediante cargamentos de cocaína (Cruz, pág. 191). No hablamos de cualquier oficina. Quienes están allí tienen vasta información y conocen la política mexicana.

Ahora bien, un aspecto relevante: los acuerdos habidos con el crimen trasnacional parecían perder fuerza como realidad política en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto.

Esto se podría ver cuando los cuerpos armados hacían importantes detenciones de capos, o capturaban a los líderes mayores, como el propio Chapo, el Grande o el Vicentillo, incluso con la muerte de Arturo Beltrán Leyva. Sin embargo, no es así. Esa aparente contradicción insalvable tiene tres explicaciones políticas.

La primera; cualquier alianza pactada, por estrecha que sea, puede romperse ante la ocurrencia de hechos graves. Éstos deben cambiar la perspectiva de quienes la construyeron y sostuvieron por un determinado tiempo. Dicen: “algo se rompió” o “algo sucedió”. Las razones no son visibles en lo inmediato.

La segunda; como en el caso de las alianzas criminales pactadas por García Luna, se acuerda la captura de ciertos personajes de mediana y baja jerarquía. De esta manera, se da credibilidad a la supuesta lucha entre el gobierno, sus fuerzas federales y las organizaciones criminales.

Si no hubiera nada, ninguna captura, ningún combate, la alianza criminal quedaría al descubierto ante la sociedad. Parte del engaño es aparentar que no existe.

La tercera, cuando hay acuerdos secretos entre gobierno y organizaciones criminales, podemos ver que el primero; en realidad, lucha contra los enemigos de sus aliados. La inteligencia y las armas de estos últimos se unen a los cuerpos armados oficiales. La imagen pública que se ofrece es que “se está combatiendo a los criminales”. Entonces, ¿cómo acusarlos de tener compromisos con delincuentes?

Allí está el núcleo del engaño: las apariencias. Un ejemplo claro es la entrevista de Sandra Ávila, la Reina del Pacífico, con Adela Micha. En ésta, ella dice contundente que Felipe Calderón “estaba metido con el narco”. La entrevistadora responde: “¿cómo va estar metido con el narco, si él le declaró la guerra al narco”. Así opera el engaño social con una coartada mediática y político-propagandística.

Desde el inicio del gobierno de Peña Nieto, propuso una serie de ajustes que conformaban una afinación en la estrategia de seguridad seguida. En su discurso, estableció 122 presuntos criminales, cuya captura sería “prioritaria”. Sin embargo, no se conocieron los nombres.

Uno de los cambios planteados fue crear otro cuerpo policial –“Gendarmería Nacional”–. También, enfatizó en la concreción de un mayor volumen nacional de inteligencia, para depender mucho menos de la inteligencia estadunidense.

Al final del sexenio y en su último informe, ofreció su balance: se logró eliminar 110 de los criminales que su administración consideraba prioritarios. Incluyó 96 personas capturadas, y 14 abatidas en combates con la fuerza pública (Infobae, Dittmar, 24 de septiembre, 2018). Ello le daba una gran cobertura propagandística y mediática.

Precisamente, García Luna hizo un gran negocio de dicha actividad, como son los servicios de inteligencia en un nivel tecnológico superior. Cuando Peña Nieto decidió no darle continuidad a su gestión en la SSP, marchó a una especie de autoexilio a la ciudad de Miami, a vivir como consultor y hombre de negocios en el sur de Estados Unidos.

Conocía las necesidades de innovación tecnológica en materia de software y capacitación, además de instrumentos diversos para desarrollar el ciclo de inteligencia. Optó por la creación de una red de empresas para la actividad de vigilancia y seguridad, en donde continuaría siendo la pieza central.

Eran tiempos de transición tecnológica. Podía y debía incluirse al sector de empresas privadas. Ya era un hombre con una fortuna inmensa. Esto es lo relevante.

Pablo Gómez, titular de la UIF, ha demandado la reintegración al patrimonio público de 600 millones de dólares que García Luna mantenía en propiedades, negocios, depósitos bancarios, etcétera. Si considera que una fortuna así puede ser hecha limpiamente como funcionario público, bueno, puede seguir creyendo.

Durante el gobierno de Peña Nieto, no debiera extrañarnos la aparente “traición” al Chapo Guzmán que insinúan Alex Cifuentes Villa y Phil Jordan, a pesar del “donativo multimillonario” desde la campaña presidencial.

En silencio, se desarrollaba un cambio relevante en el cuadro nacional de prioridades, acuerdos y tolerancia de actividades criminales. Éste era la opción de permitir el desarrollo de una organización rival del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Jalisco Nueva Generación, con el fin de reducir el enorme poder acumulado por los primeros, además de la gran capacidad de presión y negociación que habían adquirido.

De manera inmediata, ofrecemos dos hechos fundamentales que orientan nuestra afirmación:

En primer lugar, el 25 de agosto de 2012, se produjo una insurgencia criminal al efectuar 28 bloqueos con incendios en vialidades. Pedían la liberación, a lo cual el gobierno de Jalisco, decidió aceptar, sin presentarlo al ministerio público del Estado, ni nada. Como llegó, se fue. Estas consultas a nivel federal sólo pueden ser con el presidente de la República y el secretario de Seguridad (Infobae, mayo de 2019).

En segundo lugar, en octubre de 2011, el Mencho había ya establecido negociaciones directas con García Luna, en una casa de seguridad, en Bahía de Banderas. Ésta le pertenecía al fiscal de Nayarit, Édgar Veytia. Preso en Estados Unidos, atestiguó contra el Chapo y García Luna más tarde.

En el pacto, acordaron un pago mensual para el segundo, sin especificar el monto. De esta manera, la PFP omitiría cualquier captura de la organización del Mencho.

En ese momento, este capo dominaba gran parte de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Dámaso López Núñez, compadre del Chapo, ya estaba con ellos. Además, ya tenían alianzas con la Familia Michoacana, a través de la organización armada La Resistencia, y con la Narco mami, Enedina Arellano Félix, quien comandaba al Cártel de Tijuana, debilitado por el encarcelamiento de sus hermanos (Lemus, pág. 252).

El cuadro nacional criminal había ido cambiando. El avance de dicha mutación pasaba por la detención del Chapo, con la intención de ser un golpe demoledor a la estructura jerárquica y de dirección de “los Sinaloa”.

Se había abierto un periodo de disputa a fondo por el predominio en los mercados criminales y en los espacios de las alianzas con distintas instancias del poder público; esencialmente en el primer círculo del poder del Estado.

Durante el sexenio de Peña Nieto, el CJNG crecería como ninguna organización hasta alcanzar a “los Sinaloa” en poder. Incluso, en algunos aspectos, fue capaz de rebasarlos, tanto en el nivel nacional como en el ámbito regional.

De ello trataremos en nuestra próxima y última entrega.

Jorge Retana Yarto

*Exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional; licenciado en economía con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional; maestro en administración pública; doctor en gerencia pública y política social. Académico de la UNAM

Miguel Ontiveros, abogado principal de la defensa de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), solicitó la extradición del expresidente Enrique Peña Nieto desde España —donde vive desde que concluyó su mandato— a México para que responda a las acusaciones que le hace el extitular de la petrolera por el caso de corrupción de Odebrecht.

Antes de ingresar a la audiencia intermedia que se le sigue a Lozoya en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en la que llegó a un acuerdo con Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para resarcir el daño, Ontiveros dijo que existen condiciones para que el exmandatario mexicano de extracción priista sea regresado al país para que enfrente la justicia por la red de corrupción con la constructora brasileña “como responsable de la operación de un aparato organizado de poder enfocado en la corrupción”.

El abogado, incluso, comparó el reciente caso de Perú en el que el expresidente Alejandro Toledo fue devuelto de Estados Unidos a su país para que fuera procesado por haber recibido más de 35 millones de dólares a cambio de dar contratos millonarios para hacer una carretera interoceánica.

“Y por eso también creemos, tal y como sucedió en el caso del expresidente de Perú hace unos días que fue extraditado de Estados Unidos al Perú por el caso Odebrecht, acusado de haber recibido 35 millones de dólares, también en este caso hay suficientes condiciones para que el expresidente de México, Enrique Peña nieto, sea extraditado desde España”, sostuvo.

En ese sentido, hasta recomendó que volara directamente “del campo de golf (deporte que se ha difundido que exmandatario practica en su chalet de lujo en España) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y de ahí que sea trasladado a las instalaciones del Reclusorio Norte “para que responda a las acusaciones formuladas por Emilio Lozoya Austin”, las cuales aseguró “son sólidas”.

Por otro lado, señaló que, “como ya lo confirmó el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”, ya está probado que senadores, diputados y distintos actores recibieron sobornos en efectivo para aprobar la reforma energética de 2013, impulsada por el gobierno de Peña Nieto.

Brooklyn, Nueva York. Líder de la plaza del Distrito Federal de 2000 a octubre de 2008, Jesús Zambada García, alias el Rey Zambada, declaró esta mañana bajo juramento que el Cártel de Sinaloa controló el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde el sexenio del panista Vicente Fox Quesada.

En uno de los días clave en el juicio que se sigue en la Corte federal del Distrito Este de Brooklyn contra Genaro García Luna –exsecretario de Seguridad Pública y cómplice de Felipe Calderón Hinojosa–, el testigo estelar de la Fiscalía señaló que en las propias bodegas que tenía la Policía Federal al interior del AICM llegaban los aviones chárter procedentes de Venezuela, con entre una y cinco toneladas de cocaína. En estas operaciones, expuso, también se empleaban aviones pequeños, aerocommander, jets 747 a los que calificó como grandes, entre otras aeronaves.

Traje color beige, camisa blanca, corbata a rayas y una cabeza ya sin cabellera, el Rey Zambada declaró ante el juez Brian Cogan que quienes descargaban la droga eran los propios policías federales y que transportaban los cargamentos en sus patrullas, para entregarlos a miembros del Cártel de Sinaloa. Además, indicó que el papel que jugaba el gobierno federal fue muy importante para la organización criminal, sobre todo a partir del año 2000, cuando Fox ganó la Presidencia de la República bajo la promesa de cambiar al país.

Otra de las declaraciones que destaca de este testigo es que, según su palabra, a partir de entonces el Cártel de Sinaloa creció sus negocios. Acerca de la rentabilidad de éstos, dijo que oscilaban entre los 2 mil 800 y los 3 mil millones de dólares, pues se podían “trabajar” hasta 100 toneladas de cocaína al mes.

A la pregunta de la fiscal de cuáles fueron las cosas que hizo el Cártel de Sinaloa para ser exitoso, el Rey Zambada respondió: “para asegurar el negocio se necesita apoyo del gobierno”. Y añadió que contar con el favor de las autoridades federales es muy importante para que el Cártel “tenga afluencia de trabajo grande”.

Sobre los nexos con el gobierno, Jesús Zambada –un narcotraficante confeso que se encuentra actualmente en libertad condicionada– afirmó que ésta se daba mediante Genaro García Luna. Como ejemplo, citó que en 2003, durante el sexenio de Fox, Arturo Beltrán Leyva le ofreció trabajar como enlace al más alto nivel, durante una reunión que sostuvieron en Cuernavaca y donde el llamado Jefe de Jefes le pidió dar la cara ante “esta gente [autoridades]”.

El Rey afirmó haber rechazado la propuesta de Arturo porque no contaba con las conexiones necesarias, a lo que Beltrán Leyva le respondió: “no te preocupes, yo tengo las conexiones. Por ejemplo, con el ‘compa G’”. Zambada García aseguró haber preguntado si acaso se trataba de García Luna y que la respuesta que le dio Arturo fue que sí.

Esa no fue la única referencia a García Luna: el Rey Zambada dijo haber sido testigo directo del pago de sobornos en dos momentos diferentes, en noviembre de 2006, previo a que el ingeniero y amigo de Calderón asumiera el cargo. Ello, porque su abogado Óscar Paredes sugirió la reunión luego de que sus fuentes le confirmarán que García Luna sería el próximo secretario de Seguridad Pública.

Ambos pagos, aseguró el testigo estelar, se hicieron en el restaurante Champs Elysees, ubicado sobre avenida Reforma en la Ciudad de México. Ese negocio, agregó más adelante, le compraba lechones pues él también se dedicaba a la crianza de cerdos.

El presunto primer pago ilegal a García Luna fue de 3 millones de dólares tan solo por sostener la reunión con el abogado Óscar Paredes. La entrega, afirmó, se hizo en uno de los privados del restaurante –el cual ya no existe–, mientras él observaba desde el bar que se encontraba en la planta baja. Primero vio pasar al licenciado Paredes. Minutos más tarde llegó García Luna acompañado de dos personas.

A la salida de García Luna, dijo el Rey Zambada, los dos colaboradores del exsecretario cargaban la maleta y el portafolios, respectivamente. Zambada García aseguró que él mismo ayudó a acomodar 2 millones de dólares en una maleta deportiva y el otro millón en un portafolios de abogado con mayor capacidad.

El exlíder del Cártel de Sinaloa indicó que el siguiente soborno ocurrió unos 15 o 20 días después. Entonces se le pagaron 2 millones de dólares que se acomodaron en una maleta deportiva. En ambas reuniones en las que sólo participó el ya fallecido abogado Paredes, García Luna se habría comprometido a no tocar a Ismael Zambada García, el Mayo: no abrirle investigaciones y dejarlo operar. Eso era todo lo que podía hacer, dijo, porque tenía compromiso con Los Beltrán Leyva.

En el segundo encuentro, el Rey fue visto por García Luna en el privado. Sobre este encuentro, el exnarcotraficante aseguró que como parecía que el exsecretario se iba a tardar unos 20 minutos más, el abogado Paredes le pidió que subiera al privado para que le comentara algo. En eso tocó la puesta y tomo por sorpresa a Jesús Zambada y a Óscar Paredes. Para corregir el error, el abogado del Cártel de Sinaloa presentó al Rey como un colega y éste abandonó de inmediato el privado.

En el contrainterrogatorio, la defensa de García Luna encabezada por César de Castro intentó hacer ver al testigo como una persona que no recuerda los hechos ocurridos 10 años antes, con lo que buscó descalificar ante los ojos de jurado todas las aseveraciones del Rey que tienen más de 13 años. No obstante, la ironía y las repuestas del hermano del Mayo Zambada acabaron por desesperar al abogado, a quien además le fueron anuladas –ante la objeción de la Fiscalía y la orden del juez– más de 10 preguntas. Mañana continuará el contrainterrogatorio al Rey y se espera que llegue mañana mismo el testigo de García Luna.

Contralínea

La red de corrupción de Genaro García Luna –compuesta por al menos ocho personas físicas y 44 morales– extrajo de forma ilegal más de 745 millones de dólares, a través de contratos con la Policía Federal, la OADPRS, el Cisen y la Procuraduría General de Justicia capitalina. El presunto robo multimillonario ocurrió en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, y también implica al gobierno local de Mancera, documenta la UIF. El dinero se trianguló al paraíso fiscal de Barbados y luego a Estados Unidos, donde se empleó para la compra de propiedades y autos de lujo, actualmente asegurados por las autoridades estadunidenses

Al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno calderonista, Genaro García Luna tejió una red de corrupción y lavado de dinero compuesta por al menos ocho personas físicas y 44 morales. Quien fuera mano derecha de Felipe Calderón robó más de 745 millones de dólares del erario de la nación, mediante contratos fraudulentos con la Policía Federal, la OADPRS, el Cisen y la Procuraduría General de Justicia capitalina, documenta la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El presunto quebranto multimillonario a la Hacienda Pública ocurrió en los sexenios de Felipe Calderón –cuando las empresas obtuvieron 10 contrataciones– y de Enrique Peña Nieto –29 contrataciones ilícitas–, y también implica al gobierno de Miguel Ángel Mancera –con un contrato–, documenta la UIF.

El dinero obtenido ilegalmente se trianguló al paraíso fiscal de Barbados y luego a Estados Unidos, donde se empleó para la compra de propiedades y autos de lujo, actualmente asegurados por las autoridades estadunidenses, acusó el licenciado Pablo Gómez, titular de la Unidad, e la conferencia presidencial de este 9 de febrero.

“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares. Y sigue el examen de otras operaciones: no hemos terminado”, señaló Gómez Álvarez.

Las empresas implicadas en las 30 contrataciones fueron: Nice Systems, Ltd; NUNVAV, Inc; NUNVAV Technologies, Inc; GLAC. Los contratos fueron asignados en el sexenio de Felipe Calderón desde la Policía Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; y en el sexenio de Enrique Peña, del Cisen, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; además, desde el gobierno capitalino en la época de Miguel Ángel Mancera, específicamente a través de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Los contratos implicaron beneficios económicos para García Luna y sus allegados por 745 millones 879 mil 384.78 dólares (unos 14 mil 171 millones 708 mil 310.82 pesos a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar).

Al respecto, el titular de la UIF expuso que “estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles”. Añadió que también hay otros activos en territorio estadunidense, en el estado de Florida.

Pablo Gómez explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. Por ello, concluyó que el daño a la nación ascendió a más de 745 millones de dólares.

El titular de la UIF detalló que la red está conformada por el propio García Luna, por su esposa Linda Cristina Pereyra de García Luna, y por: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Todos ellos fueron demandados por el Estado mexicano ante el Tribunal de Florida, en el juicio para que el país pueda recuperar los recursos defraudados a la Hacienda Pública.

“Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Voy a mencionar, no todos los contratos puesto que son muy largos, pero vamos a poner como ejemplo de lo que estamos hablando el uso que se le dio a estos recursos por parte del grupo empresarial que tiene su sede en los Estados Unidos y que fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas estas contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los seis años posteriores. En total, 20 años”, indicó Gómez. Se trata de las siguientes personas morales.

1. Nunvav, Inc SA
2. Nunvav Technologies, Inc SA
3. Gull Holding Enterprises, Inc SA
4. Glac Security Consulting, Technology, Risk Management, SC
5. 1104 South Street, Llc
6. 1410 Reynolds, Llc
7. 1912 Century, Llc
8. 274 Sigb, Llc
9. 2903 Pen I, Llc
10. Assets Financing Services, Llc
11. Asw Holdings, Llc
12. Awoffice, Inc
13. Awp Village Bay I, Llc
14. Bellini Wi 1501, Corp
15. Best Friends Midtown, Llc
16. Best Friends Since 1880, Llc
17. Brill 5002 11, Llc
18. Delta Integrator, Llc
19. Gl & Associates Consulting, Llc
20. Icon Brickell 3802, Llc
21. Jade Ocean 3203 II, Llc
22. Jade Ocean 3603, Llc
23. Jagra, Llc
24. Only Best Properties Corp
25. Peninsula Cas II, Llc
26. Peninsula Mas II, Llc
27. Peninsula Sms, Llc
28. Peninsula Snds, Llc
29. Peninsula Ssw II, Llc
30. Peninsula Stecar II, Llc
31. Peninsula Sw II, Llc
32. The Point 54, Llc
33. Restaurants & Beverage Operator Los Cedros Llc D/B/A Oggi Caffi
34. Ruby Dynasty Trust
35. Sdsw Dynasty Trust
36. Sunshine Dynasty Trust
37. Vfst, Llc
38. W Gourmet Group Llc
39. Wancier 2017 Family Trust
40. Imperial Crab, Ltd
41. Inmobiliaria Damari, Llc
42. Molv, Llc
43. Right Way Investments Corp
44. Sylsa Aircorp, Inc. And/Or Sysa Aircord, Inc

García Luna y el resto de personas físicas y morales que integran su red de corrupción se encuentran actualmente en la lista de personas bloqueadas. Además, explicó, desde el 24 de diciembre de 2019 la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra quienes participaron en esta confabulación, por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.

Respecto de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, el titular de la UIF explicó que ésta se presentó el 21 de septiembre de 2021. Además, dijo, tiene por objetivo “la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al Estado de nuestro país. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York”.

Asimismo, Pablo Gómez aseguró que en México los procesos penales siguen su curso “y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años, incluyendo dentro de estos los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna, cuando ya no era servidor público”.

Barbados, el paraíso fiscal de García Luna

Al el modus operandi del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, la UIF descubrió que para lavar los más de 745 millones de dólares defraudados al erario nacional, la red de corrupción de García Luna empleó paraísos fiscales.

En la conferencia presidencial del 9 de febrero, el titular de la UIF explicó que García Luna y sus cómplices triangularon el dinero a paraísos fiscales de El Caribe, especialmente a Barbados, y de ahí a Estados Unidos. “El gobierno de México ha bloqueado, en el caso de García Luna, solamente 29 millones 920 mil 195, puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países de El Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida”, afirmó Pablo Gómez.

Agregó que “no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México”.

Al respecto, Gómez criticó que se llegó al extremo de que al gobierno de la Ciudad de México [en el tiempo en el que gobernaba Miguel Ángel Mancera] “le cobraron una cantidad relevante [26 millones 666 mil 666.6 dólares] por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás”. El titular de la UIF dijo que esto ya fue denunciado y las autoridades capitalinas le están dando seguimiento porque tiene un origen en el presupuesto local. Añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado toda la asistencia y toda la información al gobierno de México.

Mansiones y autos de lujo

El caso que se sigue en Estados Unidos para la recuperación de bienes implica más de 19 propiedades y al menos 42 automóviles y motocicletas de lujo, que forman parte de los bienes inmuebles y muebles ligados a García Luna. Las residencias y vehículos ya fueron asegurados como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida.

Al respecto, Pablo Gómez dio a conocer que las propiedades aseguradas judicialmente en ese procedimiento civil contra la red de corrupción presuntamente encabezada por García Luna son:

En total, esos bienes implican un monto por 17 millones 930 mil 402 dólares. Agregó que también hay una serie de bienes muebles por 21 millones 725 mil 419 de dólares que fueron vendidos antes de que iniciara el juicio promovido por el gobierno mexicano, “pero que, de todas maneras, forman parte del juicio para ser recuperados”, indicó Gómez.

De acuerdo con la UIF, entre los automóviles que fueron comprados con el dinero defraudado al pueblo de México están: “un Fiat 500 2013, un Royce Royce 2013, un Ferrari F430, un GMC Terrain de 2006, un Ferrari California 2017, un Maserati Levante 2017, un Jeep Limited Rubicon, un Audi 4, un Lamborghini. Están ustedes viendo de lado izquierdo el nombre del que aparece como propietario y todos están en la trama, todas las personas. Un Jeep Grand Cherokee, un Cadillac Escalade Premium 2015, un Mini Cooper, un Toyota 2015, un Honda Elements, un remolque, un Smart, otro Lamborghini Huracán, un Tesla, un Mercedes Benz 2005, un Land Rover de 2018, un Toyota Camry, un Sea Ray, un Mercedes Benz 2011, un Bentley convertible continental, una embarcación Scout de 2014, un Fiat Cabriolet, un Mazda, un Ford Mustang 1970 de colección, un Mercury Montego 75 también, un Ford Mustang también de colección 1967, otro del año 69, otro del año 70, otro más del año 70.

Además, se localizó una motocicleta Harley-Davidson de 2007, otra más de 2009, un Ford Mustang 1970, un Ford Mustang de 1968 también de colección, un Mercedes Benz 2012, otro Mercedes Benz 2010, un Jaguar sedán 2011 y una motocicleta de lujo.

Ésta, dijo Pablo Gómez, “es una lista todavía parcial, es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas que se han realizado porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado de todos los que intervinieron en esta trama.

Estos han sido asegurados por las autoridades del vecino país del norte a solicitud del gobierno de México y como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, explicó Gómez esta mañana en la conferencia presidencial”.

ContraLínea

La UIF, encabezada por Pablo Gómez, indaga desde octubre de 2021 un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021. La dependencia presentó una denuncia ante la FGR, la cual abrió la carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita donde podrían estar involucradas 15 personas.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, cuenta con los elementos suficientes para judicializar el caso del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, afirmó Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Gómez Álvarez destacó que a diferencia del pasado mes de julio, fecha en la que se abrió la carpeta de investigación en contra del exmandatario mexicano, ahora la FGR cuenta con más información no solo de sus años como Presidente, sino también de su gestión Gobernador del Estado de México (2005-2011).

“Hoy sabemos más del asunto de Peña Nieto y no solamente del tiempo en el que fue Presidente, sino del tiempo que fue Gobernador. Hoy tenemos un conocimiento mayor de cómo se hicieron las cosas, de cómo se operó, de cómo se realizó no solamente el delito que nosotros investigamos que son operaciones con recursos de procedencia ilícita sino también peculado, todos los delitos predicados de lavado de dinero que eso es lo que nosotros hacemos”.

A pregunta expresa de si existe la posibilidad de que el expresidente Enrique Peña Nieto sea encarcelado, el titular de la UIF indicó que no puede asegurar nada, pues el papel de la UIF, instancia que encabeza, no es la de actuar como Ministerio Público ni como Juez.

“Nuestro punto de vista no es más que un punto de vista, no pretendemos ser quienes toman esas decisiones y respetamos la esfera de competencia del Ministerio Público. […] El Ministerio Público lo sabe y no solamente sabe lo que nosotros le decimos, sabe lo que ellos investigan por su lado que tiene que ver con otras cosas. Yo estoy a la espera de que el Ministerio Público integre todo esto y ya tiene suficientes elementos para pedirle a un Juez que le conceda una audiencia de imputación, ese es el inicio de todo proceso de carácter judicial”.

El titular de la UIF indicó descartó que Peña Nieto haya sido citado a declarar y recordó que desde mayo de 2022 el político mexiquense vive en España con un permiso migratorio conocido como “‘golden visa”, el cual permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros, como lo hizo el expresidente priista, según ha revelado el diario español El País.

“No creo que lo haya citado a declarar ningún Tribunal, ni siquiera el Ministerio Público. Nosotros sabemos donde vive este señor, no es el único expresidente que ha cambiado domicilio”, expresó Pablo Gómez.

El 7 de julio de 2022, la UIF informó que el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido. La denuncia fue presentada por la dependencia y la FGR abrió una carpeta de investigación.

La UIF detectó un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021, que fueron transferidos por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España. También detectó que era accionista de dos empresas que realizaron operaciones irregulares de 2013 a 2018, incluyendo con una trasnacional contratista del Gobierno federal en su gestión de 2012 a 2018.

La UIF, frente a la cual está por Pablo Gómez, indaga las operaciones desde octubre de 2021 y ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la cual abrió la carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita donde podrían estar involucradas 15 personas.

Ante los señalamientos, Peña Nieto respondió en Twitter que espera “que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”.

Posteriormente, el pasado 2 de agosto, la Fiscalía General de la República informó que tiene abierta una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito.

La institución encabezada por el Fiscal Alejandro Gertz Manero informó en un comunicado que la primera carpeta por delito federal abierta en contra del expriista es por “diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales”. Los avances permitirán que se judiacialice el caso en los próximos meses, detalló. Pero no se ha dicho más del tema.

Además, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, para las cuales ya se han solicitado pruebas tales como dictámenes periciales, hacendarios y fiscales. A esto se suma otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, para la cual ya se encuentran en proceso de desahogarse dictámenes fiscales y patrimoniales con las instituciones correspondientes y los peritos especializados en la materia.

Pero mientras apenas se sabe de las investigaciones en curso, Enrique Peña Nieto continúa en España con una vida de lujos, sin ser requerido por las autoridades mexicanas a las que se las ha exigido que los señalamientos no queden impunes.

“GARCÍA LUNA, EJEMPLIFICA ESTADO CORRUPTO”

La mañana de este jueves, Pablo Gómez denunció que Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública federal en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y, que actualmente enfrenta un juicio en su contra en Estados Unidos por su supuesta relación con grupos del crimen organizado, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, la cual operó con impunidad durante 20 años.

El funcionario hizo esta acusación durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, espacio en el que presentó datos relevantes sobre el juicio de carácter civil que se lleva a cabo en el estado de Florida, Estados Unidos, en contra de “García Luna y de una serie de personas y de empresas que formaron parte de la red de corrupción encabezada por este sujeto”.

De acuerdo con Gómez Álvarez, “bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 países con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares”.

A lo largo de su intervención, también dio a conocer que tiene “un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos hasta este momento”.

Al respecto, Pablo Gómez indicó que estas operaciones fueron posibles gracias al Estado de corrupción que imperó en México durante muchos años, en específico, dijo, durante los gobiernos de los llamados partidos de oposición, el PRI y el PAN.

“Es un sistema de corrupción de los varios que existieron durante ese periodo que se construyeron en el país dentro de un esquema que desde el punto de vista interpretativo es un fenómeno difícilmente visto en otros países. El Estado corrupto es aquel donde la corrupción se constituye como uno los pilares de la gobernanza, que es una cosa continua, sistemática en el cual la corrupción se convierte en parte de una forma de gobernar”.

El titular de la UIF detalló que la oposición, la misma que critica al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, contribuyó a que la corrupción se expandiera y convirtiera en parte del mismo Estado durante los años que estuvo en el poder.

“Lo interesante de nuestro fenómeno político es que la oposición que durante 40 años había estado luchando contra la corrupción, según decía, lo asumió a plenitud, no solo lo asumió, lo reprodujo y lo expandió. Lo que hoy tenemos con el estudio de estas tramas de corrupción es eso, un nuevo partido que había sido víctima de fraudes electorales, se convierte en un sostenedor, impulsor, como lo quieran llamar del mismo Estado corrupto. El fenómeno es digno de tomarse en cuenta, es una transición perturbada hacia la democracia. La alternancia no es por sí misma democracia”.

Respecto al estado en que se encuentran las denuncias presentadas por la UIF en contra de García Luna en 2019 por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Pablo Gómez explicó que la dependencia que encabeza ya cumplió con su parte de presentar toda la información correspondiente ante la FGR y ahora corresponde a esta dependencia seguir el proceso.

“El Ministerio Público tiene toda la información y está la denuncia presentada por la UIF, el Ministerio Público tiene que hacer ese trabajo porque la UIF no es policía, no es una agencia de investigación criminal. Nosotros proveemos de información a las entidades públicas que las necesitan para el ejercicio de sus facultades constitucionales, pero lo que no podemos hacer es sustituir a esas instituciones en el ejercicio de facultades que están concedidas a ellas mismas. Nosotros lo que hacemos es aproximamos al conocimiento de los hechos, de la verdad y darle ese conocimiento a la autoridad para que actúe y procure justicia, nosotros no podemos procurar justicia, lo más que podemos hacer es clamar justicia”.

Pablo Gómez detalló que en México el delito de lavado de dinero no se puede judicializar si no hay denuncia de la UIF, por ende, dijo, el trabajo de esta dependencia es de suma importancia.

“Estamos en un dialogo con el Ministerio Público toda la vida, estamos planeando acción ministerial en el sentido que estamos haciendo las denuncias. La UIF tiene una peculiaridad mexicana, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, no se puede judicializar si no hay denuncia de la UIF, no se puede llevar a juicio a ninguna persona por operaciones con recursos de procedencia ilícita entonces el valor de las denuncias de la UIF es muy grande”.

Finalmente, el funcionario expresó su confianza porque la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero acelere el proceso para poder presentar imputaciones contra García Luna.

“Ir al fondo lo más rápido posible. Hace un par de mese, hace poco. Claro, la denuncia de la UIF ya tiene su tiempo […] Yo espero que las cosas empiecen a correr más rápido, que los elementos con los que pueda contar el Ministerio Público sean consolidados todos ellos a efecto de poder presentar imputaciones contra García Luna. Como no es una cosa urgente desde el punto de vista del manejo de los procesos, a un diversos proceso penal entonces evidentemente la autoridad que hace la investigación en México no corre ninguna prisa, por más que pueda acelerarlo un juez podría ordenar una tercer aprehensión en contra de García Luna que no tendría una consecuencia porque él no está al alcance del Estado mexicano”.

Hace unos días los medios de comunicación lanzaron la “noticia” de que el gobierno encabezado por el presidente López Obrador habría espiado a dos periodistas y un activista con el programa Pegasus.

Al respecto, cabe señalar que Citizen Lab, dependiente de la Universidad de Toronto y encargado del análisis que reveló este espionaje, nunca señaló y ni siquiera sugirió que Sedena fuera responsable de esta actividad.

“EL ANÁLISIS TÉCNICO FORENSE NO SEÑALA, NI SIQUIERA SUGIERE QUE SEDENA U OTRA INSTITUCIÓN HAYA ESPIADO LOS MÓVILES DURANTE EL ACTUAL GOBIERNO”, RECALCÓ ELIZABETH GARCÍA VILCHIS.

En contraste con esto, es de mencionar que en 2017 un estudio de este mismo organismo sí pudo comprobar que “muchos sectores de la sociedad civil mexicana fueron atacados con el software espía, incluidos periodistas de investigación, abogados de víctimas, grupos anticorrupción, legisladores e investigadores internacionales”.

EN ESE MOMENTO SÍ PUDO COMPROBARSE QUE “LOS GOBIERNOS DE FELIPE CALDERÓN Y ENRIQUE PEÑA NIETO USARON PEGASUS PARA ESPIAR”.

Revolución 3.0

La verdad histórica, “fundada en actos de tortura”, se diseñó en los más altos niveles del gobierno federales “e involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas”, subrayó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas.

El también presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Aytotzinapa del gobierno federal estuvo en la mañanera de este viernes para ahondar en el contenido del informe y sus diferencias con la llamada verdad histórica –que fue le versión oficial en el sexenio pasado, en la que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ahora detenido y sujeto a proceso, jugó un papel preponderante—, esto para responder a las voces que siguen defendiendo esa versión y alegan que ambas concluyen lo mismo.

El funcionario remarcó que será en esas reuniones que se dieron al más alto nivel durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde hoy las autoridades correspondientes –la fiscalía y los jueces— tendrán que ubicar no sólo el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de las acciones para construir la verdad histórica, “que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen y particularmente lo que está plenamente acreditado es haber creado una verdad fundada en actos de tortura”.

Enfatizó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa debió evitarse, “sin duda las omisiones de la autoridad –de los tres niveles de gobierno— permitieron que ésta se concretara”.

El subsecretario destacó que una diferencia “sustancial, de fondo”, entre la verdad histórica y el informe de la comisión que encabeza es que la primera “se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los detenidos, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie”.

El funcionario destacó que el informe de la Comisión que preside es resultado de la reconstrucción y análisis del caso Iguala en dos momentos: el análisis de los antecedentes, hechos y contexto de personas que participaron en la desaparición forzada de los jóvenes, las repercusiones posteriores y la intervención de las autoridades de diferentes órdenes de gobierno en el encubrimiento de los hechos.

Y dos, “dicen que es una posición política de gobierno, pero no, es el resultado de un proceso de investigación y análisis técnico y científico que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico asesor y de un grupo interdisciplinario integrado por personas de diversas instituciones públicas convencidas que ciencia y tecnología deben estar al servicio de la verdad.

“Y sí, también hay un contenido político: esclarecer un crimen, más que uno de Estado, además que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y voluntad política para ir al fondo de los hechos”, apuntó el subsecretario.

Algunos los críticos sostienen que el informe se basa en una fuente, a lo que Encinas replicó que hay al menos 13 fuentes básicas distintas: toda la información y documentación que aportaron las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina y Armada de México, de Seguridad y Protección Ciudadana, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Guardia Nacional, de la procuraduría y fiscalía del estado de Guerrero, de la Fiscalía General de la República; así como de los informes que ha elaborado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro Geo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del propio Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que es una de las cuatro organizaciones que ha acompañado a los padres de los normalistas desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

“Los críticos dicen que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo que la verdad histórica, lo que es absolutamente falso. La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF en ese municipio (María de los Ángeles Pineda), lo cual es falso, porque la misión de ellos era tomar camiones y su llegada a Iguala fue al momento que había concluido este evento, e incluso el festejo organizado en la plaza central había concluido”, detalló Encinas.

Otra diferencia, agregó, es que la versión de Murillo Karam –que fue encabezada por el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, prófugo de la justicia que se encuentra en Israel— apuntaba que se dieron “enfrentamientos” entre estudiantes y policías municipales de Iguala, “los cuales no existieron porque fueron agresiones de los uniformados a los jóvenes”; la verdad histórica agrega que policía de Iguala entregó al grupo delictivo Guerreros Unidos a los normalistas, quienes fueron ultimados a incinerados en basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plásctico y vertidos en el río San Juan.

A lo que el subsecretario replicó: “En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, hubo un operativo especial que los dispersó en distintas regiones del perímetro de Iguala y sí, hubo actos de agresión donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con fuerzas de seguridad y autoridades de orden municipal, estatal y federal, ultimaron y desaparecieron a los estudiantes”.

La Jornada

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sí utilizó el malware Pegasus para espiar a integrantes del cártel Guerreros Unidos antes, durante y después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos –ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014–, confirma el informe con conclusiones preliminares que la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa presentó el pasado 18 de agosto. Asimismo, descubre que también eran espiados los policías de élite de Iguala conocidos como Los Bélicos y también algunos normalistas rurales.

En el documento se lee que dicha Comisión tuvo acceso a más de 17 mil documentos de archivos de la Sedena en las regiones, zonas y batallones militares en Guerrero y su área de inteligencia. Entre éstos, se destaca la identificación de “dos intervenciones de comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y autoridades municipales”.

El informe agrega que “la intervención de estas llamadas se confirma con el registro del monitoreo a mensajería SMS de telefonía celular los días 27 y 28 de septiembre, a la central de comunicaciones de Guerreros Unidos, por el Centro Regional de Fusión e Inteligencia [dependiente de la Secretaría de Gobernación], en sus mensajes: CRFI/1202 y CRFI/1212 de esos días”.

Por primera vez, un documento oficial admite que fue con el malware Pegasus como se realizaron las intercepciones ilegales a integrantes del grupo delictivo involucrado en el crimen de Estado. Además, se reconoce que los propios normalistas rurales eran objeto de estas intervenciones ilegales de sus comunicaciones.

Y es que el informe de la Comisión de la Verdad señala: “es relevante el registro de llamadas telefónicas de la empresa Proyectos y Diseños VME, SA de CV, empresa vinculada con el Programa Pegasus utilizado en su momento, en particular por las fuerzas de seguridad, para la intervención de dispositivos de comunicación”.

En su “Esquema 16. Red de comunicaciones relevantes de la empresa Proyectos y Diseños VME, SA de CV. Septiembre y octubre 2014”, el informe esquematiza el alcance de este espionaje y da cuenta de que entre los espiados se encontraban también estudiantes.

Del análisis de los contratos del gobierno federal con esa empresa, la Comisión de la Verdad encontró que aunque se firmaron a partir de 2015, “los registros telefónicos demuestran su operación al menos desde 2014”. Otro hallazgo fue que el 93 de las contrataciones realizadas fueron con la Sedena de entonces. También, que “los servicios relacionados con los contratos se refieren a mantenimiento y refacciones para diversos fines”.

Respecto de  la  información  de  las  comunicaciones telefónicas registradas  por  Proyectos y Diseños VME durante  los  meses  de  septiembre  y octubre de 2014, el informe subraya que “la empresa intervenía a las personas objetivos a  través de seis números”, uno de los cuales está a su nombre.

“A  través  del  número  registrado  por  la  empresa  se  intervinieron  las comunicaciones de objetivos de alto nivel como: Adán Zenén N, José Ángel N, Sidronio N y Gildardo N, ‘El Gil’”, integrantes de Guerreros Unidos.

Mientras que “a  través  de  los  números  a  nombre  de  José  Carlos  N  se  intervenía objetivos de nivel medio, como policías y otros integrantes de Guerreros Unidos. En estos números se registran intentos de comunicación con José Luis Abarca [exalcalde de Iguala] a partir del 17 de octubre y con los estudiantes a partir del 21 de octubre de 2014”.

Sedena, sin facultades para espiar

Aunque cuenta con un área de inteligencia –la Sección Segunda–, la Sedena no tiene facultades legales para intervenir conversaciones telefónicas, por mensajería instantánea y/o correos electrónicos: ninguna ley le confiere hacer este tipo de interceptaciones.

No obstante, la Defensa Nacional fue la primera institución que adquirió la plataforma Pegasus, que ya se ha demostrado que fue usada para espiar a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al abogado Vidulfo Rosales, defensor de derechos humanos que ha acompañado a los padres y madres de los 43 normalistas rurales en su lucha por la justicia.

En México el malware Pegasus también ha sido utilizado para espiar luchadores sociales, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, políticos y periodistas. Contralínea documentó que fue en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando la Sección Segunda de la Sedena compró las licencias de dicha plataforma. Los contratos se firmaron entre septiembre de 2010 y finales de 2012 e implicaron un gasto superior a los 8 mil millones de pesos.

Para activar y operar la plataforma de espionaje, la Secretaría de la Defensa Nacional acondicionó un edificio completo en el Campo Militar Número 1. De acuerdo con los documentos a los que Contralínea tuvo acceso, la instalación del sistema se hizo en tres fases, y por ello se firmaron 18 contratos (15 de estos fueron para obras, servicios y bienes relacionados).

La primera institución que usó esta tecnología fue la Sedena en su rama de inteligencia militar, cuando esa dependencia era dirigida por el general Guillermo Galván Galván y cuando, en la Secretaría de Seguridad Pública se desarrollaba a la par la llamada Plataforma México, a cargo de Genaro García Luna.

El edificio que la Sedena acondicionó para alojar el equipo tecnológico de espionaje contaba o cuenta con ocho módulos y más de 200 computadoras. Además se adquirieron mesas, pantallas, servidores y sistemas satelitales para su correcta operación.

El gasto público superó en aquel momento los 8 mil millones de pesos. Luego ese malware se popularizó entre las dependencias federales, pues acabó contratándose también para la Procuraduría General de la República –que en la época de la desaparición de los estudiantes estuvo a cargo de Jesús Murillo Karam–, la Secretaría de Seguridad Pública y el propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

El espionaje del Cisen

La Sedena no fue la única institución que realizó espionaje en los momentos críticos de este crimen de Estado. El informe de la Comisión de la Verdad da cuenta de las operaciones del Cisen en torno a este caso.

Al respecto, indica: “el expediente proporcionado por el CISEN corrobora la existencia de distintas intervenciones de comunicaciones a objetivos relevantes de Guerreros Unidos en la fecha de los eventos, como lo muestra la siguiente narrativa de hechos:

• “A las 20:30 horas, David N (a) El Chino, responsable de turno de la central de comunicación del citado grupo delictivo, reportó que los normalistas estaban en actitud violenta, disparando armas de fuego y asaltando los comercios ubicados en las inmediaciones de la iglesia de Iguala.
• “Una persona identificada como (a) El Choky, presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos ordenó a la central de comunicaciones del grupo delictivo reportar que dentro del contingente estaban integrantes de Los Rojos, presuntamente encabezados por Omar N, quienes iban rapados.”

El tercer informe del GIEI

Ya en marzo pasado, el GIEI daba a conocer como parte de su tercer informe del caso Ayotzinapa que el Ejército Mexicano realizó labores de espionaje e infiltración a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

El Informe Ayotzinapa III revelaba que los normalistas rurales fueron espiados por la Sedena: “eran un blanco de inteligencia por parte de las autoridades militares. Los alumnos fueron objeto de seguimiento durante los años anteriores a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Estaban siendo sujetos a un cercano seguimiento cuando se desarrollaron los hechos y se encontraban infiltrados con agentes de inteligencia”.

Además de la infiltración de militares encubiertos con fachada de estudiantes (al menos se han documentado tres casos, incluido uno que se cuenta entre las 43 víctimas de desaparición forzada), el documento del GIEI –que fue entregado a la Fiscalía General de la República para que el caso se judicialice una vez más– también advertía de la intervención de comunicaciones.

“Los documentos confirman que el Ejército (así como el Cisen) tenía intervenidas las comunicaciones de actores relevantes en los hechos, incluso cuando estaban ocurriendo, sin que consten autorizaciones judiciales para ello. Por ejemplo, en un documento fechado el 5 de octubre de 2014 se incluyen algunas de estas intervenciones, de fechas anteriores: 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014, que revelan datos importantes sobre las personas involucradas en los hechos, su ubicación e informaciones sobre el destino de los estudiantes”, se señala en el reporte.

Asimismo, la abogada Ángela Buitrago –integrante del GIEI– declaró el pasado 28 de marzo durante la presentación que el espionaje era realizado por los integrantes del Batallón 27. También indicó que este seguimiento “sirve para mirar estructuras, historias, y aquí una mirada sociológica muy importante creo que también vale la pena, y es hablar de cuál era el procedimiento habitual frente a los estudiantes de Ayotzinapa y de todas las [Normales] Rurales de todo el país, de un espionaje que nosotros por lo menos tenemos documentado desde el año 2010. Un espionaje permanente y sobre esos supuestos también formas de cultura sobre discriminación, etiquetamiento, que llevan también a condiciones de manejos en estos temas”.

Por su parte, la abogada Claudia Paz y Paz –también integrante del GIEI– se refirió a este tema como “un seguimiento que vamos a llamar ‘histórico’, casi contrainsurgente a la escuela, las actividades de la escuela [Normal Rural de Ayotzinapa], de los estudiantes”.

ContraLínea

Ayer, luego de que se confirmó sobre las carpetas de investigación que tiene abiertas la Fiscalía General de la República en contra Enrique Peña Nieto por los supuestos de lavado de dinero e enriquecimiento ilícito. Ahora se da a conocer que OHL, empresa española que fue beneficiada en el sexenio del ex priista, colaborará con la Fiscalía. Así fue anunciado este miércoles por la empresa española.

De acuerdo con información de algunos medios, OHL buscará esclarecer las acusaciones de las que es parte. Entre ellas se encuentra el lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales, así como enriquecimiento ilícito.

“Grupo OHLA colaborará en todo lo necesario con las autoridades mexicanas para aclarar cualquier hecho cuestionado”, agregó.

Se ha dado a conocer que una parte de la carpeta de investigación se deriva de una concesión que en 2008 dio el gobierno del Estado de México, encabezado entonces por Enrique Peña Nieto, a la compañía OHL para hacer el Viaducto Bicentenario.

Apenas ayer martes, la fiscalía mexicana confirmó su investigación contra Peña Nieto por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias ilegales internacionales y en una de las carpetas estaba vinculada a OHL OHLA.MC por delitos electorales y patrimoniales.

“Los hechos referidos se remontan al año 2017 y a OHL México. En dicho año se anunció la venta de OHL México y de toda la división de concesiones (…) a Aleática”, detalló la compañía en un mensaje vía correo electrónico.

Cabe señalar que dicha obra se realizó pero con sobrecostos. La cifra final fue de 64,200 millones de pesos cuando el presupuesto original era de 5,600 lo que trajo un aumento en las tarifas de peaje. A cambio, la compañía financió la campaña de EPN a la presidencia con 4,000 millones de pesos, presuntamente.

Con información de Expansión y La Jornada