Resulta que en México ya también se pusieron las pilas y de acuerdo con información de Milenio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha reforzado la investigación contra el expresidente Felipe Calderón y otros funcionarios cercanos al ex secretario de seguridad, Genaro García Luna; quien es señalado culpable de 5 delitos en Estados Unidos.

Información del medio citado señala que la UIF sí encontró elementos que podrían resultar en nuevas denuncias penales derivadas de los contratos por más de 745 millones de dólares que beneficiaron al exsecretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón.

Y es que el titular de la UIF, Pablo Gómez a Milenio, la investigación contra el expresidente panista no solo sigue abierta, sino que incluso, ya detectaron nuevas evidencias.

“No (se ha cerrado), no, a Calderón se le sigue analizando, no se ha suspendido el análisis de Calderón y de ninguna persona vinculada o posiblemente relacionada con García Luna”.

A la pregunta de Milenio si “todavía no encuentran nada adicional”, Pablo Gómez replicó: “no, sí, sí, hemos encontrado muchas cosas, pero todavía no las puedo decir porque tengo que terminar, no hemos terminado, imagínate”.

Ante estos nuevas rutas de corrupción, la UIF podría tener finalmente, elementos sólidos para una denuncia penal en contra de Calderón, pero no solo él, podría salpicar a otros funcionarios de las dependencias que entregaron los contratos a las empresas de García Luna.

“Empresas que además, tienen cuentas bloqueadas, que están denunciadas penalmente ante la Fiscalía General de la República y que forman parte del juicio que inició el gobierno mexicano en Florida para recuperar los bienes que se compraron con este dinero del erario”. Relata el medio.

La investigación que relaciona a Felipe Calderón con García Luna es por 30 contratos “considerados como ilícitos”, por un monto total de 745 millones 879 mil 384 dólares.

“Los contratos van del 17 de febrero de 2009 con Felipe Calderón, hasta el 20 de abril de 2018 ya con Enrique Peña Nieto como presidente de la República e involucran a la Policía Federal, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México”.Se detalla.

Es importante precisar, que el caso García Luna no está del todo cerrado en Estados Unidos, pues a pesar de ser declarado culpable. En el senado estadounidense ya están pidiendo información, no solo del exsecretario de seguridad de Calderón. También de agencias norteamericanas como la DEA y el FBI.

El senador republicano Chuck Grassley pidió a la DEA y al FBI la información acerca de caso contra García Luna. Ya sea grabaciones, reportes, notas y otros documentos de la actividad criminal del secretario de Seguridad de Felipe Calderón, así como los archivos que hayan obtenido de su computadora y celular, artículos que le fueron decomisados tras ser detenido en diciembre de 2019.

Con información de Milenio.

De enero a mayo de este 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Pablo Gómez, recibió de entidades financieras, principalmente bancos, 115 mil 139 reportes de operaciones inusuales de clientes que hicieron movimientos que no corresponden a su comportamiento habitual.

En esos cinco meses, la cantidad ya es igual a la mitad de los 230 mil 438 casos que se registraron en todo 2021.

Además, se emitieron 279 reportes de inteligencia, por operaciones preocupantes que involucran a directivos, funcionarios o empleados de instituciones financieras.

La UIF también revela que las instituciones financieras, transmisores de dinero y centros cambiarios generaron 4.6 millones de reportes relevantes por operaciones hechas por clientes con billetes o monedas naciones o extranjeras, cheques de viajero, de platino, oro o plata superiores o equivalentes a 7 mil 500 dólares.

Lo anterior sin importar si son o no sospechosas de lavado de dinero.

Los reportes por operaciones por un monto superior o igual a 500 dólares en efectivo de clientes de instituciones financieras, de mil dólares de clientes de centros cambiarios y de usuarios por una suma igual o mayor a 250 dólares fueron 2.7 millones.

Contra desvío y corrupción

El desvío de recursos, la corrupción y la emisión de facturas para simular operaciones son los principales delitos en las denuncias que presentó la UIF entre enero y mayo de 2022.

De las 45 demandas penales que se interpusieron en ese periodo ante la Fiscalía General de la República (FGR) 12 se deben a desvíos de recursos, en donde se involucra a 100 personas; siete contra facturemos, cinco por corrupción contra 38 individuos y una más por corrupción y peculado, donde hay 13 sujetos implicados.

También hay una demanda por enriquecimiento ilícito contra 12 presuntos culpables, así como una denuncia por peculado que involucra a 35 sujetos, así como una por divulgación de información contra quien resulte responsable.

Por pesca ilegal y contrabando, existe una denuncia en contra de tres personas. Según la información, en esas demandas están involucrados 285 sujetos, de los cuales 95 corresponden a un solo mes, es decir, mayo pasado.

También en esos primeros cinco meses, se emitieron ocho acuerdos de bloqueo contra 51 sujetos, lo que implicó el congelamiento de 334 cuentas por un total de poco más de 26 millones de pesos.

Actividades vulnerables

De igual forma, la UIF recibió 4.9 millones de avisos de enero a mayo por información enviada al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por actividades consideradas vulnerables al lavado de dinero.

De dicho total, las empresas de traslado o custodia de dinero o valores generaron 2.7 millones de avisos, mientras que las que se dedican a servicio de vehículos aéreos, marítimos o terrestres dieron origen a 458 mil 869.

Por su parte, las operadoras de tarjetas de servicios o de crédito enviaron 650 mil 386 avisos al SAT, como lo determina la Ley Antilavado para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También generaron 91 mil 549 avisos por casinos y casas de apuestas, mientras que las operaciones con monedas virtuales emitieron mil 446.

Las donatarias reportaron 6 mil 700 informes por donativos recibidos y los fedatarios públicos enviaron a las autoridades 23 mil 749 reportes.

Polemón

Por: Jorge Barrientos

Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda reabre el debate sobre la posibilidad de un juicio, o megaproceso, a expresidentes.

Y es que a la par de que el funcionario declarara en la conferencia mañanera sobre la denuncia que la UIF presentó ante la Fiscalía General de la República al detectar transferencias por 26 millones de pesos, presuntamente de procedencia ilícita, al expresidente Enrique Peña Nieto, provenientes de un familiar, trascendió que dicha unidad solicitó a los bancos de México información sobre las operaciones de los expresidentes Zedillo, Fox y Calderón.

Ya en el 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador habría dicho que el hecho de que no se obtuviera el número suficiente para enjuiciar a los expresidentes en la consulta de aquel año, no evitaba que se llevaran a cabo investigaciones por parte de otras instituciones del gobierno y que de haber responsabilidad tuvieran que responder ante la ley, y es que si bien es difícil enjuiciarlos, pues para fincar una responsabilidad penal en un funcionario se necesita comprobar una conducta dolosa en la cual no cabe la complicidad pasiva, sino activa; o demostrar un encubrimiento tras conocer la existencia de actos de corrupción, lo cierto es que aún se puede hacer, pues la prescripción del delito que muchos dan como el mayor candado para el posible juicio, no es ningún obstáculo en voz de expertos:

La prescripción de los delitos no es un obstáculo para iniciar un posible juicio contra los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, porque los fiscales podrían seleccionar los ilícitos por los cuales aún se les pueda investigar, además de que las penas de las imputaciones son altas y no es probable su prescripción, considera el maestro en derecho Jorge Carlos Peniche Baqueiro, cofundador de Justicia Transicional MX (JTMX), en el contexto de la próxima consulta popular del 1 de agosto.

Y es que con la llegada a la UIF, de un hombre como Pablo Gómez, político de izquierda por convicción y conocedor de pecados y cifras de todos los políticos del pasado, la visión de dicha unidad cambia con un sentido aún más agudo que el que ya comenzaba a tener con Santiago Nieto, pero sin los errores de este a la hora de hacer públicos datos sensibles de investigaciones cuando aún estaban en proceso, con lo que se podía tumbar el tan famoso debido proceso.

Unos dicen que es cortina de humo, otros que es para poner quieto a Peña Nieto porque andaba comenzando a operar para las elecciones del próximo año en el Estado de México, podría ser también que alguno de los expresidentes anden operando detrás de la violencia que se ha disparado en las últimas semanas, lo cierto es que ninguno descansa tranquilo y eso, en un país en el que todo expresidente gozaba de una tranquila jubilación gracias al manto de impunidad, es ya un logro. Y se peló Echeverría.

Y a los extraterrestres, primero investiguen, después opinan.

El titular de la UIF argumentó que “la Cámara de Diputados no redujo nunca el presupuesto del INE”. “Lo que sí hizo fue no autorizar las desmedidas solicitudes de aumento que presentó cada año”, indicó en un tuit publicado hace unos días.

Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).– Pablo Gómez, el titular de la Unida de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró este martes que el Instituto Nacional Electoral (INE) no instaló suficientes casillas para el ejercicio de Revocación de Mandato porque “retuvo” millones de pesos en “ilegales fideicomisos“.

“La Constitución (35.I) señala obligatorio el voto en la revocación de mandato. La “autoridad electoral” nunca lo dio a conocer a la ciudadanía porque estaba en contra del procedimiento. No hubo todas las casillas porque el INE retuvo 1,360 millones en sus ilegales fideicomisos”, expresó Gómez en su cuenta de Twitter.

El lunes, el Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, había rechazado las acusaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien denunció al Instituto por cometer un presunto boicot contra la consulta de Revocación de Mandato.

“La narrativa de que esta elección de Revocación de Mandato contuvo el boicot del INE es falso. Si hubo un boicot aquí, es de quien no dio el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas”, declaró Córdova en conferencia de prensa.

Sin embargo, Pablo Gómez argumentó que “la Cámara de Diputados no redujo nunca el presupuesto del INE”. “Lo que sí hizo fue no autorizar las desmedidas solicitudes de aumento que presentó cada año”, indicó en un tuit publicado hace unos días.

“Tampoco están autorizados los ilegales sueldos que cobran 400 funcionarios del INE: los más altos en el servicio público”, sentenció el servidor público federal.

A principios de febrero, Gómez había inistido en que era “obvio” que la “falta de fondos en el INE se debe a la decisión de varios consejeros de dar argumentos para que la consulta de Revocación sea presentada por la oposición como un ‘capricho’ que le cuesta mucho al erario. No hay que engañar: los fideicomisos del INE son ilegales”.

Este lunes, sobre la reducción de presupuesto que el ente electoral recibió para la organización de este ejercicio democrático, Córdova precisó que “el dinero que le tenían que entregar al INE para poder cumplir con sus obligaciones significaría instalar todas las casillas” que se instalaron en las elecciones intermedias de junio de 2021.

“El INE hizo todo lo que podía y debía hacer con los recursos que se le entregaron”, sentenció.

Además, sugirió preguntar cuántos de los ciudadanos que no votaron lo hicieron porque “no querían avalar las trampas que ocurrieron en semanas pasadas”, en relación a los múltiples avisos que tuvo que hacer el ente electoral a servidores públicos por hacer promoción de la consulta.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador había acusado el lunes en su conferencia matutina al INE de haber realizado un boicot para evitar la participación de los ciudadanos.

“Con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados, hubo municipios en donde no hubo casillas. En mi pueblo […] Tepetitán, no instalaron casillas. Las instalaron a 30 o 40 kilómetros”, aseveró.

Agregó que el INE pudo haber promovido mejor la consulta, pero se excusaron en que no había dinero. Sin embargo, celebró que la consulta haya sido “un éxito completo” y algo inédito en la historia de México.

Fuente SinEmbargo