Ciudad de México.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reactivó la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al revocar el amparo que durante años le permitió evadir a la justicia. La resolución reabre formalmente el proceso penal en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El fallo, aprobado por unanimidad, avala la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y coloca nuevamente al exmandatario panista en riesgo real de detención una vez que se cumplan los trámites de notificación judicial correspondientes.

Fin de la protección judicial

La orden de captura había quedado sin efecto en 2023 tras un amparo concedido por una jueza federal en Tamaulipas. Sin embargo, la Corte concluyó que dicha resolución excedió sus facultades, al valorar aspectos que correspondían exclusivamente al juez penal encargado del caso.

Con esta decisión, el máximo tribunal deja sin protección jurídica al exgobernador y restablece el mandamiento judicial originalmente emitido a solicitud de la FGR.

El caso deberá ahora regresar al ámbito penal, donde se determinará la ejecución de la orden y el eventual proceso judicial.

Acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero

Las investigaciones contra García Cabeza de Vaca se remontan a denuncias presentadas desde 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera, relacionadas con presuntas operaciones financieras irregulares durante su mandato (2016-2022).

De acuerdo con el expediente, el exgobernador habría favorecido a empresas vinculadas a su entorno familiar mediante contratos públicos, lo que derivó en sospechas de lavado de dinero y desvío de recursos.

La orden de aprehensión original fue girada por un juez federal tras imputaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos considerados graves en el sistema penal mexicano.

Una larga batalla legal

El proceso judicial ha estado marcado por recursos legales, amparos y disputas entre instancias federales y locales.

En 2021, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del gobernador, pero el Congreso de Tamaulipas —controlado entonces por el PAN— se negó a reconocer la decisión, lo que generó un conflicto constitucional y permitió que permaneciera en el cargo.

Posteriormente, distintos tribunales concedieron suspensiones o amparos que frenaron la ejecución de la orden de captura, mientras la FGR insistía en su validez.

Incluso en fechas recientes, jueces federales habían negado nuevos amparos al exmandatario y a miembros de su familia, manteniendo vigente el proceso penal.

Implicaciones políticas y legales

La resolución de la Corte no implica una detención inmediata, pero sí elimina el principal obstáculo jurídico que impedía ejecutar la orden de aprehensión. Una vez notificada formalmente la sentencia, las autoridades podrán proceder conforme a derecho.

El caso vuelve a colocarse en el centro del debate político nacional, al tratarse de uno de los expedientes más emblemáticos relacionados con presunta corrupción y vínculos entre poder político y redes financieras ilícitas.

Para el Gobierno federal, el fallo representa un avance en la lucha contra la impunidad de altos funcionarios. Para sectores de la oposición, en cambio, el exgobernador ha insistido en que se trata de una persecución política.

Un proceso aún abierto

El destino judicial de García Cabeza de Vaca dependerá ahora de su localización, la ejecución del mandamiento y las decisiones de los tribunales penales. Informes legislativos han señalado incluso la posibilidad de que autoridades busquen su extradición si se encuentra fuera del país.

Más allá del desenlace, la decisión de la Suprema Corte marca un punto de inflexión en un caso que ha atravesado administraciones, reformas judiciales y confrontaciones políticas.

La justicia, al menos en el plano jurídico, ha vuelto a tocar a la puerta del exgobernador.

Rosario Robles evitó que se librará una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en diversos delitos.

Las autoridades acusan a la exfuncionaria por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal del Altiplano se negó a girar la órden de aprehensión.

Y es que, la Fiscalía General de la República (FGR) busca obtener la detención en contra la exsecretaria de Desarrollo Social.

Según se informó, la resolución se emitió el pasado 3 de abril en acato a la sentencia de un Tribunal Colegiado que confirmó un amparo.

Tribunal ordena reponer el procedimiento contra Rosario Robles

Por lo que, el Tribunal Colegiado ordenó reponer el procedimiento y con libertad de jurisdicción determinar si procedía o no librar la orden de aprehensión.

O en su caso, si Robles debía ser citada a una audiencia para que se le notifique la existencia de la órden de aprehensión.

Por lo que, el juez tendrá que analizar nuevamente la petición que hizo la Fiscalía en contra de Rosario Robles.

Y se tendrá que establecer las circunstancias de tiempo, modo y forma en que supuestamente se cometieron los supuestos delitos.

“Los agravios que hacen valer los recurrentes principales, a mi juicio, no combaten las consideraciones que sustentaron la concesión del amparo, toda vez que los ministerios públicos, ya sea el adscrito a la Unidad Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, así como el Ministerio Público adscrito al juzgado de origen, se limitan a repetir las consideraciones que vertió la autoridad responsable, al dictar la resolución. Con independencia de que este tribunal pudiera o no compartir la decisión que adoptó el juez de distrito para conceder la protección de la justicia, la misma debe ser confirmada por la inoperancia de los agravios de los recurrentes principales”, indicó el Tribunal.

Un Juez Federal giro una orden de aprehensión en contra de 22 personas relacionadas con el desfalco multimillonario en Seguridad Alimenticia Mexicana (Segalmex).

El juez, con sede en Almoloya, dictó las órdenes de aprehensión en contra de 22 presuntos involucrados al desfalco de Segalmex. Entre los señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) están 12 ex servidores públicos y  el resto son 4 ligados a empresas con las que se habría coludido y 6 beneficiarios de los recursos desviados del organismo.

La FGR trabaja en cuatro carpetas de investigación relacionadas al mismo caso. Hasta el momento ha logrado seis judializaciones y adelantó que próximamente serán judicializadas más carpetas.

Las irregularidades

En el caso de las 22 personas a las que se les giró orden de aprehensión, éstas estarían implicadas en irregularidades en contratos y pagos por 142 millones 440 mil 883 pesos para la adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar de los cuales no pudieron probar que hayan sido entregados a Segalmex.

En agosto del año pasado, Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de Función Pública (SFP) reveló que se han presentado 38 denuncias por la presunta comisión de delitos por daño patrimonial en Segalmex.

Estos delitos, según explicó el funcionario, alcanzan la suma de 9 mil 500 millones de pesos en presunto daño patrimonial.

Buscan evitar otro desfalco

Salcedo Aquino explicó que para evitar que este tipo de actos sigan ocurriendo dentro de Segalmex, se adoptarían medidas.

Por ejemplo, robustecer los sistemas de control interno y de supervisión para erradicar conductas nocivas. Además de modernizar el equipamiento y los sistemas informáticos de los centros de acopio.

También se fortalecerán los inventarios de mercancías en los almacenes de todo el país y actualizar y gestionar los padrones de productores, concesionarios, distribuidores y beneficiarios.

Polemón

Y siguen protegiendo al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Resulta que un Juez le otorgó una suspensión provisional al exgobernador, luego de que interpusiera un juicio de amparo contra la orden de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El recurso de amparo quedó registrado con el número 2477/2022 y fue promovido por el Juez Fustino Gutiérrez Pérez, titular del Estado.

El Juez de amparo programó la audiencia incidental para el próximo 20 de octubre para resolver si se otorgará la suspensión definitiva contra los actos reclamados.

SinLínea

Tras la emisión de una alerta migratoria contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, Ricardo Mejía advirtió que las investigaciones en contra del panista se iniciaron desde antes de que iniciara funciones este gobierno. Sin embargo, fue en este sexenio cuando se han liberado las órdenes de aprehensión.

Durante la sección cero impunidad transmitida durante La Mañanera, el Subsecretario de Seguridad Pública abordó el tema de la alerta migratoria emitida ayer por la tarde contra el exgobernador tamaulipeco luego de que un juez librara una nueva orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Mejía subrayó que fue en 2018 cuando comenzaron dichas investigaciones en su contra por lo que afirma no es obra del gobierno entrante.

“Ha trascendido que hay una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca es importante para nosotros comentar y subrayar que las investigaciones en contra de esta persona son previo al inicio de este gobierno. Son diferentes pesquisas que se realizaron y finalmente se interpone una primer denuncia por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de esta persona por el delito de lavado de dinero, por simulación de compra venta de un departamento, en consecuencia el juez de control gira una primera orden de aprehensión en su contra”, indicó.

En respuesta, Cabeza de Vaca “promueve una orden de amparo indirecto que conoció el juzgado octavo en Tamaulipas, en paralelo el congreso de Tamaulipas promueve dos controversias constitucionales, mismas que la primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo la ponencia del ministro Alcántara el 17 de agosto de 2022 resolvió que era inválida”, puesto que el exgobernador contaba con fuero constitucional. “Fue un debate que se llevó a cabo sobre si era viable directamente que perdiera fuero o tenía que haber una declaratoria posterior de parte del congreso local”, afirmó el subsecretario.

Posteriormente, el propio Cabeza de Vaca interpuso una denuncia penal en contra del juez que promovió la primer orden de aprehensión. Además, Ricardo Mejía especificó que como parte del procedimiento se emitió la alerta migratoria o ficha roja para evitar la fuga o sustracción de García Cabeza de Vaca, “está pendiente de ejecutar en consecuencia la orden de aprehensión”.

Esta mañana el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, reveló que luego de que Francisco García Cabeza de Vaca concluyera su encargo como gobernador de Tamaulipas, se giró una nueva orden de aprehensión en su contra.

DESDE PALACIO NACIONAL EL MANDATARIO DETALLÓ QUE EL EXGOBERNADOR ES SEÑALADO POR LOS DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

Mejía Berdeja recordó que en 2018, todavía en la administración de Enrique Peña Nieto, se iniciaron investigaciones en contra de Cabeza de Vaca. En consecuencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una primera denuncia por los delitos de lavado de dinero y simulación de compraventa de un departamento.

En ese momento un juez de control giró una primero orden de aprehensión, a la cual el entonces gobernador respondió con una demanda de amparo.

A su vez, el Congreso de Tamaulipas promovió dos controversias constitucionales, “mismas que la primer sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la ponencia del ministro Alcántara, resolvió que era inválida la orden de aprehensión”.

LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EN ESE MOMENTO GARCÍA CABEZA DE VACA CONTABA CON FUERO CONSTITUCIONAL POR SU LABOR COMO GOBERNADOR.

El pasado 4 de octubre la administración del exgobernador llegó a su fin, fue en ese contexto que se giró una nueva orden de aprehensión en su contra, esta vez por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ayer mismo el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta en contra de Cabeza de Vaca, ello con el fin de evitar que el político pueda salir del país en tanto se ejecuta la orden de aprehensión en su contra.

Revolución 3.0

CDMX.- Un juez federal giró una nueva orden de aprehensión contra José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa por hechos que los implican con el grupo delictivo Guerreros Unidos, al que se atribuye la desaparición material de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Enrique Beltrán Santés, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, ordenó el pasado viernes las capturas por el delito de delincuencia organizada, al mismo tiempo que libró la aprehensión contra Felipe Flores Velázquez, ex jefe de la Policía de Iguala, por delincuencia organizada y desaparición forzada.

 Estas capturas fueron libradas el mismo día en que Abarca y Flores, junto con otros 18 agentes municipales de Iguala, fueron absueltos del secuestro de los normalistas de Ayotzinapa, en el único juicio que los relacionaba con el Caso Iguala.

 Los mandamientos de captura ya fueron ejecutados en reclusión a los tres indiciados, informaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, representante de los padres de los estudiantes; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlanchinollan; y las organizaciones civiles Fundar y SeraPaz.

 «La situación jurídica de todas estas personas deberá resolverse en los siguientes días, conforme a las reglas del anterior sistema escrito de justicia penal. De dictarse auto de formal prisión, los juicios que se inicien pueden ser relevantes para que se rinda cuentas y esclarezca la verdad en el caso», informaron las organizaciones civiles.

 Estas nuevas órdenes de captura fueron libradas en la causa penal 15/2022, la misma en la que el juez Beltrán Santés giró las aprehensiones del General Brigadier José Rodríguez Pérez, el Sargento Eduardo Mota Esquivel, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el Capitán José Martínez Crespo.

 Todos están presos en el Campo Militar Número 1, los tres primeros se entregaron el jueves y viernes de la semana pasada y el último ya estaba preso desde el 13 de noviembre de 2020, fecha en que también se entregó voluntariamente a la justicia.

 Las organizaciones civiles precisaron que la orden de captura contra el General es sólo por el ilícito de delincuencia organizada, como ya era de dominio público, pero la de Mota y Pirita es tanto por ese delito como por desaparición forzada, en tanto que el mandamiento judicial contra Martínez Crespo -quien ya estaba procesado por delincuencia organizada- es únicamente por desaparición forzada.

Por lo que toca a Abarca, en caso de ser procesado por esta nueva acusación, tendrá cinco juicios en la justicia federal por delitos que van desde la delincuencia organizada hasta el lavado de dinero.

Ciudad de México. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila le otorgó una suspensión provisional a Cristian Solís Arriaga, contra la orden de aprehensión que se haya librado en su contra. Es uno de los operadores y responsable de explotar el pozo minero de El Pinabete, en cuyo derrumbe murieron 10 trabajadores.

Solís Arriaga promovió el recurso el pasado 7 de septiembre, cuatro días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control libró tres mandamientos de captura dentro de la causa penal 237/2022.

Los efectos de la suspensión para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute la orden de captura. No obstante, si al promovente se le imputan delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, la medida cautelar sólo será para efecto de que quede a disposición del juzgado de amparo en lo que se refiere a su libertad, en el lugar en que sea recluido, y a disposición de la responsable, para la continuación del procedimiento penal.

El juez Juan Marcos Dávila Rangel, titular del Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Piedras Negras, Coahuila, le fijo a Cristian Solís una garantía de 500 mil pesos que deberá pagar en un plazo de cinco días para que la suspensión se mantenga vigente y programó para hoy la audiencia incidental donde resolverá si le concede la suspensión definitiva.

La medida cautelar será revocada en caso de que el quejoso no se presente ante las autoridades responsables que la requieran para las prácticas de las diligencias para la integración del procedimiento de origen.

“Con motivo de la suspensión, la parte quejosa también queda obligada a acudir ante esta autoridad cuantas veces sea requerida, apercibida que, de no cumplir, la medida será revocada” señala el acuerdo del juez.

Una vez que sepa qué autoridad lo requiere, Solís Arriaga contará con un plazo de 24 horas para acreditar ante el juzgado de amparo que acudió a comparecer.

Solís Arriaga es señalado junto con Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, de ser el operador y dueños de la mina en cuyo derrumbe murieron los 10 asalariados.

Los tres prófugos están acusados de delitos relacionados con el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, que consisten en aprovechar o explotar un bien que pertenece a la nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización. En tanto, la Interpol emitió una ficha roja de localización y detención en contra de los tres acusados.

La Jornada

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aún goza de fuero constitucional, pues el Congreso Local actuó conforme a sus atribuciones porque no estaba obligado a homologar la decisión de la Cámara de Diputados.

El fallo estableció que las decisiones de la Cámara de Diputados cuando se erige en jurado de procedencia para desaforar a un gobernador no son vinculantes para los congresos locales, por lo que los ministros declararon infundada controversia relacionada con el desafuero del gobernador, pues, dicen, el simple pronunciamiento de la Cámara de Diputados para retirar la inmunidad al mandatario estatal no es suficiente.

Y es que, el 30 de abril de 2021, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, determinó que, aunque los presuntos de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no estaban acreditados, el delito de defraudación fiscal por un monto de 6 millones 500 mil pesos sí lo estaba, por lo que se avaló el desafuero del mandatario tamaulipeco, sin embargo el Congreso local se negó a homologar la decisión.

Así, cuando la FGR solicitó y obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por su probable responsabilidad en los delitos delincuencia organizada y lavado de dinero, y el mandamiento judicial fue otorgado por el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, Iván Aarón Zeferín Hernández, Cabeza de Vaca se amparó y obtuvo la protección de la justicia, sentencia que impidió su detención.

En consecuencia, el juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, señaló en su resolución que, al “proteger el interés social”, porque “la gravedad de los hechos con apariencia de delito” que se le imputan al mandatario estatal, “no pueden estar por encima de la inmunidad procesal”, por lo que que se violaron los derechos del gobernador pues estaban en curso las controversias constitucionales donde se debía resolver el tema sobre su inmunidad.

El juzgador señaló que su sentencia no implicaba favorecer la impunidad pues la decisión de la Legislatura de Tamaulipas, de mayoría panista, para no homologar la decisión de la Cámara de Diputados, protege al titular del Ejecutivo local.

Pero además, la legislatura estatal saliente, aprobó el 24 de junio 2021 las reformas para evitar que los nuevos integrantes del Congreso, que serán en su mayoría de Morena, puedan autorizar el desafuero del mandatario local, para lo cual modificaron el artículo 84 de la constitución estatal y el 44 de la Ley de Servidores Públicos, donde se establece que “en todos aquellos casos en los que el Congreso del Estado hubiese determinado la no homologación de la declaratoria por parte de alguna de las cámaras federales en los asuntos de su competencia, su decisión será definitiva e inatacable”.

SinLínea

Por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y por su supuesta responsabilidad en el delito de peculado contra las finanzas públicas de Tamaulipas, las autoridades de México y Estados Unidos tienen listas las órdenes de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca. En su expediente criminal se da cuenta de operaciones financieras y adquisición de bienes inmuebles por montos que no resultan acordes con sus ingresos por 48.5 millones de pesos, entre 2013 y 2019. Se le acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero y desvío de recursos públicos

Autoridades de México y de Estados Unidos tienen listas y a la mano las órdenes de aprehensión para ejecutarlas en contra del gobernador panista por Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien le imputan vínculos con cárteles de México y de Colombia y que, en el caso mexicano, habría negociado con el grupo criminal de Sinaloa que comandaba Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, y que ante su aprehensión y encarcelamiento en Estados Unidos son sus hijos Los Chapitos quienes quedaron al frente de dicha organización criminal.

Un grueso expediente contra el actual gobernador tamaulipeco, al cual Contralínea tuvo acceso, describe detalladamente las empresas fantasmas que fueron utilizadas por García Cabeza de Vaca, los nombres de todos sus cómplices; los familiares involucrados, que incluyen a esposa, padres, hijos, hermanos; las propiedades y otros bienes adquiridos con dinero sucio; los múltiples viajes realizados al extranjero, así como intrincadas operaciones financieras que permitió al mandatario panista acumular cientos de millones de pesos por supuestos vínculos con bandas del narcotráfico y cuyo recursos fueron lavados a través de varias empresas fachada para ocultar su origen.

En las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), iniciadas desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la Presidencia de la República –hace tres años y medio–, participaron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otras áreas especializadas de la propia Fiscalía.

En el amplio expediente se explica que “el actual gobernador del estado de Tamaulipas realizó operaciones financieras y adquisición de bienes inmuebles por montos que no resultan acordes con sus ingresos –que de acuerdo con sus declaraciones anuales de 2013 a 2019 recibió ingresos totales por 48.5 millones de pesos–, por lo que existe la posibilidad de que dichas transacciones hayan sido realizadas con recursos de procedencia ilícita, prácticamente derivados de la delincuencia organizada, así como del desvío de recursos públicos”.

Entre los puntos destacados del expediente, está la revelación de que García Cabeza de Vaca y algunos familiares acumularon 30 propiedades: 18 en México y 12 en Texas, Estados Unidos, por un monto aproximado de 160 millones de pesos. Los involucrados en la propiedad de esos inmuebles son el gobernador y su esposa Mariana Gómez Leal; su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger; su papá Manuel García Uresti; su suegro José Ramón Gómez Reséndez; sus hermanos el senador Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca; la esposa de Ismael, Evelyn Aimmé Rodríguez Garza. Además, en la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava SPR de RL, son accionistas varios integrantes de esta familia.

Como principales cómplices del mandatario tamaulipeco aparecen los supuestos empresarios Juan Francisco Tamez Arellano, Baltazar Higinio Reséndez y Juan Helú García, este último claramente identificado como operador financiero del Chapo Guzmán y quien utiliza varios seudónimos y registros fiscales: Manuel Rodolfo Trillo Hernández (RFC: TIHM590715), Manuel Garza Espinoza (GAEM600607) y Ladislao Vázquez López (VALL591217).

En el caso de Juan Helú García, la indagatoria revela que fue denunciado e incluido en la lista de personas bloqueadas por la UIF, y la razón es porque “está identificado que funge como operador financiero de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo”.

Debido a lo anterior, señala el análisis elaborado por autoridades financieras, existe la posibilidad de que los recursos enviados a la empresa Avalúos y Peritajes del Sur, SA de CV, procedan de la delincuencia organizada y sólo hayan sido triangulados entre las distintas empresas con la finalidad de ocultar el origen y destino de los mismos, de lo cual destaca que dichos recursos fueron utilizados para realizar la adquisición de un departamento por parte de la empresa T Seis Doce, SA de CV, para el gobernador García Cabeza de Vaca.

De igual forma destaca el vínculo corporativo que tiene esta última empresa con su accionista mayoritario Juan Francisco Tamez Arellano, quien recibió depósitos, entre abril de 2016 y abril de 2017, por un total de 40 millones 97 mil 278.09 pesos, e hizo retiros por 40 millones 188 mil 441.48 pesos.

De dichos depósitos se identifica a su principal ordenante Consultores Birn, SA de CV, por 19 millones 240 mil pesos y cuyo RFC es CBI1605178G9. Esta empresa aparece en listas del SAT definitivos del 14 de agosto de 2019. Adicionalmente recibió 1 millón 400 mil pesos, entre agosto y octubre de 2016, de Pantgrup, SC, la cual también fue incluida como simuladora en las listas del SAT.

El empresario Tamez Arellano recibió, entre marzo y mayo de 2018, tres cheques por 48 millones 607 mil pesos, de los cuales 33 millones 553 mil 500 pesos provienen de Baltazar Higinio Reséndez Cantú. Este último aparece en documentos fiscales con actividad de constructor y presenta operativas de 2004 a 2006, en donde se prueba que rompe su perfil transaccional, lo cual no coincide con su historial de operaciones financieras.

Entre los movimientos financieros de Reséndez Cantú, destaca que ha recibido recursos principalmente de Estados Unidos por 243 millones 168 mil 80 pesos y 470 mil dólares (que al tipo de cambio actual equivalen a 9.5 millones de pesos). Esta situación tampoco es congruente con sus operaciones fiscales, ya que sus declaraciones de 2012 a 2018 las registró en ceros.

Tampoco se identifican declaraciones informativas múltiples ni de terceros, mientras que se observa que en varios cheques de caja no se localizan las cuentas de las contrapartes; es decir, aquí hay lavado de dinero.

Reséndez Cantú también aparece con participación accionaria en al menos 12 empresas:

1. Barca de Reynosa, SA de CV (se incluye en lista del Fincen), BRE970630188
2. Enerxiza Wind, SAPI de CV, EWI1702146CA
3. Inmuebles Rompe Picos, SA de CV, IRP140624RC9
4. Orbenismo del Norte, SA de CV, ONO081008GQ7
5. Servicios Gastronómicos de Tamaulipas , SA de CV, SGT171201CS9
6. Unión de Administradores y Gerentes del Norte, SC de RLD, UAG071211S63
7. Rancho 5 Estrellas, S de PR de RLD, RCE180111RG4
8. Inmobarca, SA de CV, INM080110FK1
9. Gastronomía y Servicios de Tamaulipas, SA, GST161004798
10. Barca del Noroeste, SA de CV, BNO0605189R6
11. Arrendadora de Máquinas Br, SA de CV, AMB0712112W2
12. Constructora y Edificadora de Reynosa, no tiene registro ante autoridad fiscal

De lo anterior de destaca que Inmobiliaria R.C. de Tamaulipas, constituida en 2011, ha realizado dos licitaciones por un monto total de 48 millones 634 mil 478.73 pesos, para la construcción del Centro de Justicia y de la Unidad de Docencia para el Estado de Tamaulipas.

Ambos contratos, entregados durante la gestión del gobernador García Cabeza de Vaca, presentan irregularidades. En el caso del Centro de Justicia para las Mujeres, además de aumentos injustificados en el costo de su construcción, se desconoce el avance que tiene la obra, puesto que no ha sido posible corroborar la correcta y completa construcción y adecuación del inmueble.

Dicha Unidad de Docencia presenta observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por daños al erario público por la cantidad de 6.4 millones de pesos, derivados de incumplimientos de contrato que no fueron sancionados por la autoridad correspondiente.

De igual forma se localizaron operaciones en efectivo a nombre Inmobiliaria R.C. de Tamaulipas, SA de CV, la cual de 2014 a 2020 registró retiros en efectivo por 14 millones 76 mil 373.10 pesos, principalmente en Reynosa, Tamaulipas, y realizó envío de recursos a personas morales que tienen alertas de ilocalizables y presentan rápidos movimientos de fondos, operaciones no acordes con su actividad y no registran pagos de nómina ni de impuestos.

Así también, otra de las empresas relacionadas con Baltazar Higinio Reséndez Cantú es Barca de Reynosa, la cual se identificó como proveedora del gobierno de Tamaulipas por un monto de 191 millones 746 mil 140.41 pesos, de los cuales 133 millones 339 mil 780.32 pesos fueron recibidos en junio de 2011 para la construcción del viaducto Reynosa, tramo carretera Monterrey-Reynosa a carretera Reynosa-Nuevo Laredo y 25 millones 977 mil 953.20 pesos para la rehabilitación de caminos a pozos e instalaciones del activo integral burgos, dañados por el impacto del huracán Ingrid (ambos proyectos contratados por Petróleos Mexicanos).

El proyecto más reciente fue en diciembre de 2016, por 5 millones 948 mil 896.07 pesos, contratado por el gobierno de García Cabeza de Vaca, por lo que se presume un posible desvío de recursos públicos derivados de sus vínculos con Baltazar Higinio Reséndez Cantú y Juan Francisco Tamez Arellano.

La empresa Barca de Reynosa registró, de 2014 a 2020, retiros en efectivo por un total de 14 millones 76 mil 373.10 pesos, principalmente en Reynosa Tamaulipas.

Operaciones financieras e inmobiliarias de García Cabeza de Vaca

Derivado del análisis de las operaciones financieras e inmobiliarias de García Cabeza de Vaca, correspondientes a 2016-2022, destaca la adquisición, el 18 de diciembre de 2013, de un departamento de lujo ubicado en Camino Alto Lerma No. 908, interior 3B, colonia Santa Fe Cuajimalpa, Ciudad de México, con tamaño de 420 metros cuadrados y ubicado en el exclusivo conjunto Club de Golf Bosques de Santa Fe.

Dicho inmueble, que está a nombre del todavía gobernador y de su esposa Mariana Gómez Leal, tiene un valor de 14 millones 380 mil pesos, en donde el enajenante es Patricio Lavalle Minvielle (LAMP6309105F1).

Para el pago de dicho inmueble se utilizó una compleja red financieras de empresas para que el actual gobernador de Tamaulipas pudiera recibir en su cuenta de Banorte 072180002122930108, un monto de 14 millones 300 mil pesos el 18 de diciembre de 2013, bajo el concepto de “traspaso”, dinero que provenía de otra cuenta de HSBC 21180040519535035, a nombre de Impulsos y Desarrollos GBO, SA de CV.

En esta triangulación de recursos para ocultar su origen participó también Impulsos y Desarrollos GBO, SA de CV, constituida en 2011 en la Ciudad de México con actividades de servicios de oficinas y representación, en cuya cuenta bancaria HSBC 4051953503 la empresa recibió transferencias de otra cuenta de Flunky, SA de CV, número 1907354180 de BBVA Bancomer, por 6 millones de pesos de la empresa Flunky, SA de CV. Este dinero fue utilizado para que el 18 de diciembre de 2013 le enviaran a García Cabeza de Vaca un depósito por 14.3 millones de pesos.

Al analizar las autoridades financieras la empresa Flunky, SA de CV, identificaron que el 18 de marzo de 2014 recibió una transferencia por 875 mil pesos de la empresa Custval, SA de CV, y el 20 de marzo de 2014 le enviaron 2.5 millones del Corporativo Estoa, SA de CV. Otros dos speis se recibieron el 27 y 28 de marzo de 2014 por 3 millones de pesos de parte de Alpo Bufete Jurídico, SA de CV.

“Las empresas antes señaladas fueron identificadas (por la UIF) debido a que se tiene conocimiento que las mismas se encuentran vinculadas con esquemas de lavado de dinero, realizados para los carteles de Sinaloa y de Colombia, principalmente mediante la venta de facturas fraudulentas”, se afirma en el expediente criminal contra García Cabeza de Vaca.

De igual forma, se investigó que la empresa Impulsos y Desarrollos GBO, SA de CV recibió recursos por 8 millones 300 mil pesos de la cuenta 01907361047 de BBVA Bancomer, a nombre de la empresa Marbole, SA de CV, los recursos fueron operados en 17 de diciembre de 2013 y se dispusieron de manera inmediata para las cuentas de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Marbole, SA de CV, fue constituida el 19 de abril de 2012, y quedó bloqueada en 2014 y listada por el SAT como empresa simuladora con situación de contribuyente, con una sentencia favorable publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2019.

De manera idéntica a como lo hizo Flunky, SA de CV, la empresa Marbole está vinculada al esquema de lavado de activos para los cárteles de Sinaloa y Colombia, mediante facturas fraudulentas, en donde ambas empresas fueron denunciadas por la UIF e incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas desde 2014, así como en la Lista de Simuladoras del SAT de 2015.

El mandatario tamaulipeco realizó el pago del presunto crédito recibido el 8 de noviembre de 2016, mediante un spei por 13 millones 500 mil pesos, bajo el concepto de “pago de préstamo” a la empresa Impulsos y Desarrollos GBO, SA de CV, identificando que esta operación es la última operación localizada de la empresa.

Asimismo se conoce que Francisco Javier García Cabeza De Vaca abrió la cuenta 058822757792900182 en Banregio el 30 de agosto de 2016 y su primer operación fue la recepción de un crédito por 14 millones de pesos el 6 de octubre de 2016, dinero con el cual pagó los 13 millones 500 mil pesos el 8 de noviembre de 2016, de lo cual se destaca una conducta atípica, ya que realizó pagos a capital de 2016 a 2019; sin embargo, la mayoría de pagos los realizó en 2019 por 13 millones 94 mil 758.77 pesos. Además, pagó los respectivos intereses por 3 millones 816 mil 389.15 pesos, pero se desconoce el origen de los pagos realizados en 2019.

Referente al mismo departamento de Santa Fe Cuajimalpa, se explica que fue enajenado el 17 de diciembre de 2019 por un monto de 42 millones 113 mil 844 pesos a la empresa T Seis Doce, SA de CV, constituida en 2014, y se identificó que García Cabeza de Vaca recibió un total de 42 millones 113 mil 844 pesos mediante cuatro transferencias bancarias por 36 millones 861 mil 613 pesos y un cheque por 5 millones 252 mil 231 pesos, de mayo a diciembre de 2019.

Es de destacar que la empresa T Seis Doce, SA de CV, constituida en 2014, es una empresa con actividades de servicios de administración de negocios con domicilio en la Ciudad de México, y empezó a operar financieramente a partir de 2019.  Destaca que en su cuenta Santander 014180920021320687, mediante transferencias de speis, recibió 44 millones 875 mil 160.18 pesos de la empresa Avalúos y Peritajes del Sur, S.A. de C.V., proveniente de la cuenta 036180500326136110 en Inbursa.

Se trata del mismo recurso que fue dispuesto de forma inmediata a las cuentas del gobernador Francisco Javier García Cabeza De Vaca. Asimismo, se identifica que T Seis Doce, SA de CV, presenta características de empresa fachada, ya que desde su constitución en 2014 a 2019 presenta declaraciones en ceros, lo que confirma evasión de impuestos y que sólo sirve para dos operaciones inmobiliarias y no presentar facturas por dichas operaciones.

Sobre la empresa Avalúos y Peritajes del Sur, SA de CV, constituida en 2006, recibió recursos de las empresas Servicios Administrativos Corum por 5.9 millones; Servicios de Informática y Asesoría Profesional Jáuregui por 21.6 millones; Bufete Jurídico Goat and Smith por 16.3 millones, y Trámites y Empresas Organizadas del Centro 30.9 millones de pesos; Servicios Médicos de Ayuda Oportuna 7.7 millones; Comercializadora Bosque Alto 4.6 millones; Perforaciones y Remodelaciones Entransit 1.9 millones, y Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur 1.4 millones.

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