Por Allan Pozos

La izquierda en México siempre ha tenido claro que la transformación no es posible si no se piensa en sus juventudes. Esa visión originaria, que apuesta por el relevo generacional y que entiende que la paz se construye atendiendo las causas desde la raíz, encontró su máxima expresión institucional este fin de semana en el IEMS Iztapalapa V.

Hoy, la Ciudad de México da un brinco cuantitativo y cualitativo enorme bajo el liderazgo de Clara Brugada. La Primera Conferencia Juvenil 2026 realizada el 21 y 22 de febrero del año en curso, no fue un evento de discursos vacíos. Su objeto y finalidad legal fueron claros: generar propuestas y opiniones vinculantes que serán sistematizadas para servir como el soporte técnico fundamental en la consulta del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045.

Como bien señaló Betzabé Oviedo, representante del Consejo Joven, durante el acto inaugural: “entender que la organización colectiva es, por sí misma, un acto de rebeldía. En un mundo que busca aislar a las juventudes para alejarlas del Estado como herramienta de transformación, reconocerse como actores sociales sentados a diseñar lo público es una acción revolucionaria.”

Para garantizar que esta incidencia fuera real, la Conferencia se desarrolló bajo un enfoque de absoluta horizontalidad. Durante dos días de intenso debate territorial, 200 personas jóvenes por día, representando el músculo y la diversidad de 127 colectividades y organizaciones civiles registradas, trabajaron sin monólogos ni jerarquías.

En este engranaje, el papel del Consejo Joven resultó invaluable, fungiendo como los articuladores y moderadores del debate en las seis mesas temáticas oficiales establecidas en la convocatoria:

1. Derecho a la vivienda digna.
2. Empleo y trabajo dignos para las juventudes.
3. Rumbo a la formación artística con sentido comunitario y de justicia social.
4. Acciones que promueven la permanencia educativa.
5. Salud mental y emocional para las juventudes.
6. Decidir nuestra sexualidad: los retos.

Este monumental ejercicio cobra una relevancia histórica mayúscula. Nuestra Jefa de Gobierno ha dejado claro que el PGD es una gran apuesta al diálogo y por el retorno de lo público. A esta inmensa consulta ciudadana —que ya cuenta con 40 mil cédulas domiciliarias, 12 mil 500 planteamientos en Plaza Pública, 68 asambleas en pueblos originarios y 120 mil encuestas a niñas y niños— se suma con fuerza y organización la voz de las nuevas generaciones: 1,028 juventudes que ya han sido escuchadas y tomadas en cuenta a lo largo de 28 talleres participativos y 400 jóvenes participantes de la Conferencia Juvenil.

Es un momento de inflexión. Como bien apuntó la mandataria, planear para 20 años resulta poco; la Ciudad requiere una visión de mayor plazo y una reforma constitucional para garantizarla. Y son precisamente las juventudes quienes, con sus acuerdos, están sentando las bases de esa visión a futuro en ejes vitales como la vivienda asequible, el bienestar, la salud y el espacio público.

El éxito de esta jornada histórica fue posible gracias a la visión del Instituto de la Juventud (INJUVE), que funcionó como un sólido espacio organizativo y de propuesta logística. Mediante una labor permanente de vinculación y relaciones interinstitucionales, se logró tejer la red de alianzas que permitió sumar el apoyo metodológico del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), la voluntad del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) para cobijar estos trabajos en el corazón del territorio, y el respaldo incondicional de la Secretaría de Bienestar.

Gobernar obedeciendo significa gobernar escuchando. Porque, como sentenció Tomás Rodríguez en el discurso de clausura: “La ciudad pertenece a sus habitantes”. Hoy luchamos para que las juventudes seamos sujetos, no objetos, de la planeación.

Por Alberto Garzón Espinosa

La tecnología y las máquinas deberían servir para liberar al ser humano, no para afianzarlo a esa rueda del hámster que es el capitalismo. De hecho, el problema no es que existan esclavos energéticos, sino quién los controla, con qué propósito y en beneficio de quién

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se ha defendido de las acusaciones de despilfarro energético de las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) argumentando que también se gasta mucha energía para entrenar a un humano. Según Altman, si contamos toda la energía que un ser humano necesita desde su nacimiento hasta ser productivo —unos 20 años, de acuerdo con sus cálculos—, entonces la IA es igual o más eficiente energéticamente. Como era previsible, esta analogía entre máquinas y seres humanos ha sido muy criticada por deshumanizadora, pues sugiere una equivalencia moral entre, por ejemplo, mantener con vida a un bebé y el entrenamiento de la inteligencia artificial. Sin embargo, creo que la crítica debe situarse en un plano mucho más profundo.

La virtud de la analogía de Altman es que es técnicamente correcta, al menos en primera instancia. Desde el punto de vista energético, tanto las máquinas como los organismos vivos somos entidades que requieren la “ingesta” continua de energía para poder “funcionar” —lo que en términos físicos supone realizar trabajo—. Lo que varía es el tipo de combustible que necesitamos, ya que mientras las máquinas pueden utilizar la madera, el carbón, el petróleo, la electricidad… los seres humanos estamos más limitados y nuestro metabolismo solo acepta lo que nuestras enzimas pueden transformar, como los alimentos: no podemos comer carbón ni beber petróleo. Pero el proceso bioquímico es básicamente el mismo, y digerir un terrón de azúcar libera aproximadamente la misma cantidad de energía química que quemarlo al aire libre, aunque mediante procesos distintos. Esta es la razón por la que es posible medir las diferentes formas de la energía en la misma unidad: julios o calorías, por ejemplo. Desde el punto de vista energético, ¡somos comparables!

Lejos de ser algo obsceno, este punto es central para comprender tanto las fortalezas como las vulnerabilidades de las sociedades contemporáneas. Y de paso me permite darle la vuelta al argumento de Altman. Baste un ejemplo elemental al que me gusta recurrir: si las aristocracias griega y romana podían trasladarse de un lado a otro sin caminar era porque tenían a su disposición a un grupo de esclavos humanos que usaban su potencia para llevar al propietario de un lado a otro. Eso sí, a los esclavos había que alimentarlos continuamente; lo que no siempre era barato. Hoy, esos esclavos han sido sustituidos por vehículos de transporte que, debido a su enorme potencia física, además pueden conseguir velocidades mucho mayores; pero también hay que alimentarlos, solo que con combustibles fósiles —y con electricidad en el caso de los eléctricos—. Para hacernos una idea, un SUV de 250 caballos trabajando a potencia máxima es equivalente a unos 2.000 esclavos humanos trabajando simultáneamente. Debido a lo barato de los combustibles fósiles y la falta de problemas morales para “explotarlos”, la generalización de estas máquinas ha permitido una elevación del bienestar material de gran parte de la sociedad en los últimos 250 años. Así, la era del antropoceno es también la era de la masificación de los esclavos energéticos.

Si esta equivalencia energética chirría a nuestro sentido común es precisamente porque hemos naturalizado lo que el antropólogo Alf Hornborg llama el fetichismo de las máquinas, es decir, que miramos hacia otro lado respecto a los flujos de energía y recursos naturales que son necesarios para hacer funcionar a nuestras máquinas (desde secadores de pelo hasta vehículos de transporte, pasando por ordenadores y otros productos electrónicos). Lo cierto es que el mantenimiento de toda nuestra tecnoestructura —de todas esas máquinas que sostienen la vida moderna, particularmente en los países desarrollados— depende de la entrada continua de recursos y energía, procedentes muchas veces de otras partes pobres y explotadas del mundo, y además genera costes ambientales, que también suelen externalizarse. Y, como sucede con nuestros organismos, si dejamos de incorporar energía como “alimento”, las máquinas se convierten en cacharros inútiles. El propio Hornborg suele contar que, con el colapso de la Unión Soviética y el desabastecimiento local de muchos suministros, los agricultores rusos pronto se dieron cuenta de que sin gasoil sus tractores eran poco más que chatarra. 

Hoy sabemos que la generalización de las máquinas impulsadas por combustibles fósiles no solo ha mejorado nuestro bienestar material —porque ha permitido elevar la productividad económica a niveles sin precedentes en términos históricos— sino que, como afirmó el historiador Tony Wrigley, también ha abierto la caja de Pandora: el impacto ecológico es descomunal, empezando por el cambio climático que amenaza la vida misma en el planeta. El reto civilizatorio actual es, de hecho, ser capaces de transitar hacia nuevas fuentes de energía renovables que alimenten a nuestras máquinas y que permitan sostener formas de bienestar material compatibles con los límites del planeta. No hay urgencia mayor que esa en términos históricos.

Llegados a este punto podríamos cuestionar si de verdad estamos disfrutando de ese bienestar material. Está fuera de toda duda que tanto las máquinas como la tecnología están cada vez más avanzadas, como demuestra la espectacularidad de la inteligencia artificial. Pero si observamos las condiciones de trabajo de los seres humanos, estas no han variado tanto a lo largo de las décadas; y cuando lo han hecho ha sido a peor: precariedad, flexibilidad, explotación… Los seres humanos seguimos siendo un hámster en la rueda de la producción capitalista, y las máquinas no nos están liberando, sino que se están adaptando a ese destino trágico. Es aquí donde se encuentra la carga de profundidad del comentario de Sam Altman: para qué sirve realmente la IA.

Cualquier avance tecnológico es, potencialmente, liberador: en tanto permite producir lo mismo en menos tiempo, abre la puerta a que el ser humano disfrute de más ocio y menos trabajo. El problema es que cuando la tecnología se inserta en un sistema institucional como el capitalismo, esa puerta se cierra para siempre y solo queda emplear todos los recursos en producir más cantidad en el mismo tiempo —o en más tiempo, si las condiciones sociopolíticas lo toleran—. Esto es a lo que se refiere Sam Altman cuando sugiere que un ser humano solo es productivo al llegar a los 20 años, dando por hecho que todo el tiempo previo es una simple inversión energética. Así, lo importante para él parece limitarse al carácter “productivo” del instrumento, sea una máquina o un ser humano. El punto crítico no es que compare los consumos energéticos de máquinas y seres humanos, sino que conceptualiza a ambos como sacrificios necesarios para un bien mayor: el del beneficio privado capitalista. 

El problema, por lo tanto, no es la tecnología, sino el capitalismo. Aunque las alarmas hayan saltado al expresarse una equivalencia energética entre máquinas y humanos, lo verdaderamente problemático es que no estemos cuestionando que las máquinas —y ello incluye a la inteligencia artificial, que es una tecnología que requiere un consumo brutal de recursos naturales y energía— estén únicamente al servicio del beneficio empresarial. No se trata de elegir entre máquinas y humanos, como pensó el movimiento luddita en el siglo XIX o como ocurre con el debate contemporáneo sobre la automatización de empleos, sino de conseguir construir una sociedad donde las máquinas sean “esclavas” no solo energéticamente sino también políticamente. 

Al fin y al cabo, la tecnología y las máquinas deberían servir para liberar al ser humano, no para afianzarlo a esa rueda del hámster que es el capitalismo. De hecho, el problema no es que existan esclavos energéticos, sino quién los controla, con qué propósito y en beneficio de quién. Utilizadas de otro modo, esas mismas tecnologías podrían permitirnos vivir mejor dentro de los límites del planeta, reduciendo el tiempo de trabajo necesario y ampliando el tiempo de ocio y disfrute. A esa posibilidad muchos la llamamos ecosocialismo. Y ofrece un horizonte mucho más amable para la vida y, seguramente, el único viable.

 @agarzon

Por Editor

Durante más de una década, el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, simbolizó la expansión más violenta y sofisticada del narcotráfico en México. Su organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pasó en pocos años de ser una escisión regional a convertirse en una maquinaria criminal con presencia internacional, capacidad paramilitar y control territorial en amplias zonas del país. Su ascenso coincidió con los años más intensos de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, impulsada por gobiernos del PRI y del PAN, mientras su caída ocurrió en un contexto distinto: el de una estrategia de seguridad que privilegia la inteligencia operativa, la coordinación institucional y el debilitamiento financiero de las organizaciones criminales.

El origen de Oseguera Cervantes se remonta a las redes del narcotráfico jalisciense que se consolidaron tras la fragmentación del Cártel de Sinaloa y la desaparición del Cártel del Milenio. Expolicía municipal y posteriormente operador del crimen organizado, “El Mencho” supo aprovechar la recomposición del mapa criminal que siguió a la captura o abatimiento de líderes históricos durante los sexenios panistas. La estrategia de descabezamiento de organizaciones —sin un plan integral de reconstrucción institucional— provocó la multiplicación de células armadas y disputas territoriales, caldo de cultivo ideal para el surgimiento de un grupo extremadamente agresivo.

Entre 2010 y 2018, el CJNG creció de manera exponencial. Durante ese periodo, el país registró niveles récord de violencia y expansión del narcotráfico hacia regiones previamente consideradas estables. Bajo gobiernos del PAN y posteriormente del PRI, el grupo logró consolidar rutas de tráfico de metanfetaminas, fentanilo y cocaína, así como redes de lavado de dinero y extorsión. Su poder se manifestó en ataques directos contra fuerzas federales, derribo de aeronaves militares y exhibiciones públicas de armamento de alto calibre que evidenciaban un nivel de equipamiento comparable al de fuerzas irregulares.

Analistas coinciden en que el crecimiento del CJNG no puede entenderse sin el vacío institucional generado por la fragmentación de otros cárteles y la corrupción local en diversas entidades. En varios estados, autoridades municipales y estatales fueron infiltradas o rebasadas, permitiendo que la organización construyera una base social mediante coerción, propaganda y control económico. La violencia no fue un subproducto accidental, sino una herramienta deliberada de expansión.

Con la llegada de un nuevo proyecto político en 2018, la estrategia de seguridad comenzó a modificarse. El énfasis pasó de la confrontación frontal a la inteligencia financiera, la coordinación interinstitucional y la presencia territorial mediante la Guardia Nacional. Paralelamente, se reforzó la cooperación internacional para rastrear flujos de dinero, armas y precursores químicos. El CJNG siguió siendo una amenaza prioritaria, pero el Estado buscó debilitarlo de manera estructural antes de intentar capturar a su líder.

Durante años, “El Mencho” evitó la captura mediante una combinación de movilidad constante, redes de protección y un aparato de seguridad altamente entrenado. Su círculo cercano estaba compuesto por familiares y operadores de absoluta confianza, lo que dificultaba la infiltración. Sin embargo, los golpes a su estructura financiera, la detención de mandos regionales y la presión sobre sus rutas de suministro redujeron gradualmente su margen de maniobra.

El operativo que finalmente condujo a su caída fue el resultado de un largo proceso de inteligencia acumulada. Fuentes oficiales han subrayado que no se trató de una acción improvisada, sino de una intervención de alta precisión diseñada para minimizar daños colaterales y evitar una escalada de violencia mayor. La coordinación entre Ejército, Guardia Nacional y agencias federales permitió ubicar al capo en un enclave rural de Jalisco, donde se desarrolló un enfrentamiento con su guardia personal.

La neutralización de Oseguera Cervantes provocó reacciones violentas del CJNG en diversas regiones, incluyendo bloqueos carreteros y ataques coordinados. Sin embargo, la rápida respuesta de las fuerzas federales impidió que la organización recuperara la iniciativa. A diferencia de episodios anteriores en la historia del narcotráfico mexicano, el Estado logró contener la violencia y restablecer el orden en un plazo relativamente corto.

La caída de “El Mencho” representa más que la eliminación de un líder criminal. Marca el debilitamiento de una estructura que simbolizaba la fase más agresiva del narcotráfico contemporáneo. También envía un mensaje político: el Estado mexicano mantiene la capacidad de enfrentar a las organizaciones más poderosas sin ceder al terror ni a la intimidación.

No obstante, el desafío de fondo persiste. La experiencia histórica demuestra que la captura o muerte de un capo no garantiza la desaparición de su organización ni del mercado ilegal que la sustenta. El verdadero reto consiste en evitar la fragmentación violenta y reconstruir las condiciones de seguridad en las regiones afectadas.

La trayectoria de “El Mencho” ilustra, en última instancia, la evolución del crimen organizado en México durante las últimas décadas: un fenómeno que se fortaleció al amparo de instituciones debilitadas, estrategias fallidas y corrupción sistémica, y que hoy enfrenta un Estado decidido a recuperar el control territorial. Su ascenso fue producto de un periodo de desorden y violencia estructural; su caída, resultado de una estrategia que privilegia la inteligencia sobre la espectacularidad.

Así, la historia del líder del CJNG se inscribe como un capítulo emblemático de la lucha entre el Estado y el narcotráfico: la crónica de un poder criminal que creció hasta desafiar a las instituciones y que finalmente fue confrontado por ellas. Un recordatorio de que la seguridad nacional no depende sólo de operativos, sino de la solidez del proyecto político que sostiene al Estado.

Por Carlos Fazio

En su campaña presidencial para 2028, el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Marco Rubio, trae agenda propia. Producto de la mafia terrorista cubano-estadunidense que históricamente ha lucrado con la industria de la contrarrevolución al sur de la Florida, Rubio opera una diplomacia paralela que responde a los intereses del anticastrismo militante y del sionismo colonizador-genocida. 

Mentiroso pertinaz y compulsivo, como documentó la plataforma independiente Drop Site News, Rubio desinforma y manipula a Donald Trump acerca de las “conversaciones” con Caracas y La Habana. Y en su cínica y engañosa relación con México, utiliza a sus alfiles de Miami y a sus quinta columnas domésticos como agentes provocadores y de penetración con fines desestabilizadores golpistas. Ejemplos de los primeros son el congresista republicano Carlos Giménez y sus correligionarios, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, a quienes sumó a últimas fechas una figura de su propia creación: la tarifada Rosa María Payá, su proxy infiltrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, bendecida por los veteranos ex activos de la CIA, Frank Calzón y Carlos Alberto Montaner. Entre los segundos figuran el ex canciller Jorge G. Castañeda, Ricardo Salinas Pliego, Federico Döring, Beatriz Pagés, René Bolio Hallorán, Juan Peña Nader, Mariana Gómez del Campo, Francisco García Cabeza de Vaca y otros vendepatrias amanuenses de poca monta como Carlos Alazraki, Carlos Tello Díaz y Jorge Fernández Meléndez. 

Hijo putativo de la ex congresista Ileana Ros-Lehtinen (la Loba feroz), y respaldado en sus orígenes políticos por la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) del CEO Jorge Mas Canosa y dirigentes de la Brigada 2506 –organización directamente asociada a la invasión mercenaria de Bahía de Cochinos derrotada en playa Girón–, Rubio también contó entre sus padrinos al terrorista confeso Luis Posadas Carriles (“Pusimos la bomba, ¿y qué?”), copartícipe, con Orlando Bosch, del atentado en pleno vuelo contra la aeronave de Cubana de Aviación en 1976, en el cual murieron 73 personas, y Orlando Gutiérrez Boronat, líder del Directorio Democrático Cubano, organización fachada de la Agencia Central de Inteligencia. 

Vinculado al movimiento conservador Tea Party, Rubio obtuvo en 2010 la senaturía por el Partido Republicano en Florida, y seis años después, con apoyo de los neoconservadores, el ala más militarista del estamento de seguridad nacional republicano, compitió por la presidencia de Estados Unidos con Donald Trump, contando entre sus donantes a megamillonarios como Larry Ellison, fundador de Oracle, contratista del Pentágono; el magnate de los casinos Sheldon Adelson (y luego su viuda Miriam); el gestor de hedge funds Paul Singer, estrecho aliado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y miembro de la Coalición Judía Republicana, un lobby de presión a la derecha del AIPAC, e instituciones bancarias como Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America. En un giro pragmático oportunista, Little Marco −como lo llamó entonces de manera burlona el magnate−, se alió después con su vencedor, cortejando a los líderes de MAGA y a personajes influyentes del entorno trumpista como Stephen K. Bannon y Donald Trump Jr. y se ha convertido en el miembro más poderoso del gabinete, siendo el primer secretario de Estado que ocupa simultáneamente la cartera de asesor de seguridad nacional desde Henry Kissinger. 

Desde esa posición de fuerza Rubio opera las políticas de cambio de régimen contra Cuba y Venezuela, y en el caso mexicano mueve sus fichas y estrecha vínculos con la ultraderecha palafrenera cipaya. Esa fue la tarea principal del congresista Carlos Giménez y la comisionada anticastrista de la CIDH, Rosa María Payá, durante sus recientes visitas a México. Tras su encuentro con los legisladores Kenia López (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Pedro Haces (Morena), Giménez, un exbombero representante del condado Miami-Dade, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y rindió pleitesía a los marines de la sede diplomática. Posteriormente denostó a la presidenta Claudia Sheinbaum por seguir con lo que llamó “su patética jugada de saquear al pueblo mexicano” para “oxigenar a sus compinches de la dictadura moribunda en Cuba”; “¡Desde el Congreso de Estados Unidos denunciamos su penosa desfachatez!”, escribió en X. A su vez, con su discurso de odio e impulsando las matrices de opinión de la CIA, Rosa María Payá participó a hurtadillas el 22 de enero pasado, en un foro contra Cuba organizado en la Universidad de la Libertad del empresario Ricardo Salinas Pliego, que derivó en el envío de una nota diplomática de la cancillería mexicana a la secretaría ejecutiva del organismo de la OEA. 

Peones de Marco Rubio en el sur de la Florida, Carlos Giménez y su colega María Elvira Salazar, enfrentan contradicciones con la política migratoria de Trump en ese estado de cara a las cruciales elecciones de medio término. Si bien Rubio no puede oponerse abiertamente a la agenda del presidente sin pagar costos políticos inmediatos, rehén del anticastrismo radical que opera como un factor de disciplinamiento interno dentro del Partido Republicano sí puede condicionar la información de inteligencia que recibe y administrar los tiempos de la diplomacia en su beneficio personal. No es el caso de Salazar, quien enfrenta ahora la hostilidad de organizaciones como la John Birch Society, que al grito de “América para los americanos”, pide, con el estratega Anthony Sisk, la deportación de la congresista de origen cubano.

Por Carlos Castillo

La política no se trata de sentimentalismos: se trata de resultados, control y rumbo. Y en estas semanas se han visto tres mensajes que conviene leer con frialdad: la Presidencia está depurando ruido, en los estados ya se mueven piezas de cara al futuro, y en seguridad pública siguen pasando cosas que no deberían ser “normalizables”.

1) SEP: depurar el ruido sin renunciar al proyecto

El episodio de Marx Arriaga en la SEP se convirtió en un dilema que ningún gobierno serio puede tolerar por mucho tiempo: cuando un operador se vuelve más conflicto que solución, se vuelve lastre. Su salida como responsable de Materiales Educativos se confirmó el 13 de febrero de 2026, tras días de tensión pública.
La presidenta lo cerró con una línea clara: “Los libros de texto no van a cambiar”. Traducción: se protege el fondo, se corrige la forma y se corta el incendio.

Eso guste o no es una señal de mando: la agenda educativa no la dicta el escándalo.

2) Sucesión temprana: el futuro se conversa, pero el presente se gobierna

Pongo el calendario sobre la mesa porque importa: la presidenta inició funciones el 1 de octubre de 2024; hoy, febrero de 2026, apenas se rebasó el primer año de gobierno, no “dos”. Y aun así, ya se sienten las vibraciones de 2030.

En Nuevo León, Samuel García fue directo al hablar de su ruta: “Voy por todo”.
Aquí lo digo sin rodeos: la ambición no es pecado. Lo que sería error es confundir ambición con espectáculo. Si Samuel quiere estar en la conversación nacional, la manera inteligente de hacerlo es sencilla: que su carta de presentación sea gobierno, no marketing. En un país cansado, la gente premia a quien entrega.

Y sobre Mariana Rodríguez: se ha reconocido públicamente que sí está considerando competir por la gubernatura en 2027.
Aquí es donde muchos se equivocan: algunos quieren usar el tema para golpearla con la palabra “nepotismo” sin matices; otros quieren venderlo como si fuera automático. Ni una ni otra.

Mariana tiene algo que en política actual vale oro: capacidad de conectar y movilizar causas sociales, especialmente en temas de niñez y población vulnerable. Pero si decide competir, el estándar debe ser alto y claro: proyecto propio, agenda pública medible, equipo técnico sólido y separación total del “cargo como herencia”. Esa es la única forma de desactivar la narrativa de continuidad familiar: competencia abierta, propuestas y resultados.

En otras palabras: Samuel y Mariana pueden estar de nuestro lado si entienden algo básico: la legitimidad no se pide, se construye con gobierno, con resultados y con institucionalidad.

3) Coahuila: industria real, gobernabilidad y una deuda histórica llamada AHMSA

Mientras unos se destapan, otros se están posicionando con una narrativa más dura: seguridad, inversión, empleo. Y ahí Coahuila aparece como referencia por su perfil industrial: inversiones y expansión de manufactura siguen ocurriendo (por ejemplo, el anuncio de expansión de operaciones de Milwaukee Tool en Torreón).
Y en el sector automotriz, Stellantis ha sostenido públicamente planes de inversión y expansión para su planta de Saltillo.

Pero el punto grande, el que define familias y región, es AHMSA. Ya hay fechas y cifras: la subasta está programada para el 27 de febrero de 2026 y se ha informado un valor base de referencia de 1,127 millones de dólares.
Además, se reporta que tres postores se registraron para participar en el proceso.

Aquí la Presidencia tiene una oportunidad de Estado: si ayuda a encauzar una salida seria, transparente y útil para los trabajadores, será una decisión que se cobra en empleo y paz social. Si se deja pudrir, será una factura política y humana.

4) Puebla: lo intolerable no se administra con boletines

Y luego está la realidad que no perdona: Puebla. El ataque en la zona de Angelópolis, afuera del bar “Sala de Despecho”, dejó tres personas asesinadas y heridos (las cifras reportadas varían entre cuatro y cinco lesionados), con detenidos tras el operativo.

Aquí no hay “narrativa” que alcance. A las familias no les sirve una rueda de prensa. Sirve investigación real, control territorial, inteligencia y castigo. Y sirve, sobre todo, un mensaje que hoy urge repetir: no podemos normalizar ejecuciones en zonas comerciales como si fueran parte del paisaje.

Por Daniel Cervantes

Tras comenzar a hablar del segundo piso de la cuarta transformación, había temores entre las bases del partido y algunos sectores de la ciudadanía sobre lo que podría ocurrir con el movimiento de transformación tras la salida de López Obrador de la presidencia y la nueva elección interna del partido para la candidatura presidencial.

En ese entonces se hablaba de una pugna interna entre “los puros” y “los pragmáticos”, se argumentaba que los primeros representaban a las bases e ideales del lopezobradorismo de calle, mientras los segundos tenían por prioridad ganar elecciones sin importar que a veces fuese necesario hacer de lado los principios e ideales. Incluso, había quienes sostenían que la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, era líder de los segundos, olvidando su larga trayectoria en el movimiento.

Lo cierto era que los temores eran válidos en ese entonces, el fantasma del priismo no deja de acechar nunca la política mexicana, el miedo se presentaba como mecanismo de defensa colectivo.

Sin embargo, a año y medio de esa elección y poco más de uno de gobierno del segundo piso, la 4T ha sabido moverse entre esos dos ejes (pragmatismo/” idealismo”) de forma magistral. Las y los “líderes”, tanto en el partido como el gobierno, pendulean entre ambos extremos cuando es necesario. En este momento se podría decir que los supuestos bandos del 24 están combinados y sus representantes están liderando espacios cuyos perfiles favorecen. Pragmáticos en espacios pragmáticos, puros en espacios con necesidad de puros; sin olvidar mencionar que la presidenta se mueve entre ambos mostrando su capacidad e inteligencia política. 

Esa capacidad de lectura del momento y de administración de las tensiones internas ha sido, quizá, uno de los mayores aciertos del segundo piso. Lejos de caer en la caricatura de una ruptura o de una “normalización” al estilo priista, el movimiento ha entendido que gobernar implica decidir, priorizar y, en ocasiones, ceder sin claudicar o dejar los ideales de lado. La diferencia central está en que esas decisiones no se toman de espaldas a un proyecto histórico, sino en función de su viabilidad, continuidad y capacidad de poner ideales en práctica. 

La figura de Claudia Sheinbaum resultó clave en este año de gobierno. Su liderazgo no se explica únicamente por la herencia política de López Obrador, sino por una trayectoria propia que combina formación técnica, compromiso ideológico y disciplina práctica. Su conducción ha mostrado que el pragmatismo no necesariamente es sinónimo de oportunismo, ni el idealismo de inmovilidad. Por el contrario, ha logrado articular ambos registros en una práctica política que busca sostener la gobernabilidad sin romper con las banderas fundacionales de la 4T.

Seguir por el camino de poner en práctica los ideales no ha sido difícil en este primer año, y todo indica que tampoco lo será de aquí a 2027. Las condiciones de gobierno son, hoy por hoy, inmejorables para la presidenta: una legitimidad electoral sólida, mayorías legislativas, un movimiento cohesionado y una oposición fragmentada y sin proyecto. Ese escenario abre una ventana histórica que no suele repetirse con facilidad en la política mexicana.

Pero nada de eso se sostiene por inercia. Si algo ha enseñado la experiencia histórica es que los proyectos de transformación se oxidan cuando las bases se repliegan y delegan por completo la conducción. De ahí la importancia de confiar, sí, pero también de presionar, acompañar y exigir como militantes y como ciudadanía politizada, no desde la deslealtad, sino desde el compromiso con el rumbo del proyecto. 

Por Editor

El anuncio del Paquete Económico de 2026 marca una etapa decisiva para México. No se trata solo de cifras o presiones políticas: plantea una visión clara de consolidación fiscal, mayor justicia tributaria, fortalecimiento institucional y redistribución inteligente de los recursos. A continuación, los elementos más destacados y una valoración con base técnica.

1. Corrección a privilegios fiscales: los bancos y el FOBAPROA

Históricamente, las instituciones financieras mexicanas se han beneficiado de deducciones ligadas al Fideicomiso Bancario (FOBAPROA), particularmente reclamando beneficios fiscales sobre las partes de sus pagos de deuda que luego eran descontados por el gobierno. Esto representaba un costo para las finanzas públicas de alrededor de 10 mil millones de pesos al año, monto que, por abusivo, ha sido blanco de críticas crecientes. En 2026, ese mecanismo dejará de operar como lo ha hecho, lo que implicará una recuperación de recursos para el Estado y una menor carga para los contribuyentes.

Así, México avanza hacia una mayor equidad: si bien las entidades financieras deben cumplir con el sistema de impuestos como cualquier otro actor económico, no resulta aceptable que además obtengan devoluciones por conceptos que distorsionan el principio tributario de contribución proporcional. Esta medida refleja procurando sanear las finanzas públicas y redistribuir responsabilidades fiscales.

2. Reforma fiscal progresiva: impuestos y modernización recaudatoria

El Paquete Económico incorpora nuevos gravámenes y ajustes: bebidas azucaradas, cigarrillos, videojuegos, apuestas, entre otros. Estas medidas no son meras recaudaciones mecánicas, sino parte de una política para desincentivar conductas con externalidades negativas (como los daños a la salud) o regular sectores que han escapado de una supervisión efectiva.

También se prevé un incremento en la capacidad recaudatoria del país del orden del 6.3% comparado con los ingresos actuales, con la meta de llegar a que los ingresos tributarios representen el 15.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Si se logra, sería un hito: históricamente México ha luchado por superar la barrera del 13-14% del PIB para ingresos fiscales, lo que implica mayor espacio presupuestario para gastos sociales sin endeudamiento adicional.

3. Prioridad social: aumentos presupuestales en salud, educación, seguridad y vivienda

El proyecto presupuestal para 2026 contempla incrementos significativos en partidas sociales.

• En salud, el presupuesto crece casi un 10%, lo que debe traducirse en mayor acceso, cobertura, insumos, personal y mejora en infraestructura.
• Para educación, el aumento ronda el 7%, lo cual es indispensable para enfrentar retos como la deserción escolar, la mejora de la calidad educativa y la incorporación de tecnologías.
• Además, vivienda, seguridad y programas sociales también verán un impulso presupuestal. Esto reafirma el compromiso de políticas públicas orientadas hacia quienes más lo necesitan.

4. Fortalecimiento institucional: INE, Poder Judicial y administración

Otro rasgo central del Paquete es la atención al funcionamiento de órganos autónomos y del sistema judicial:

• Se prevé un ajuste al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), en consonancia con su función crucial para las elecciones y la democracia.
• El Poder Judicial también recibe una asignación mayor, con la intención de que los incrementos alcancen no solo a magistrados, ministros y jueces, sino también al personal de base. Esto busca equilibrar las estructuras jerárquicas y mejorar la operación cotidiana de los tribunales.

Este fortalecimiento institucional contribuye a que las decisiones de gobierno se apeguen a los estándares de rendición de cuentas, al debido proceso y al principio de imparcialidad, factores esenciales en un Estado democrático de derecho.

5. Evaluación macroeconómica: sostenibilidad y percepciones internacionales

La consolidación fiscal no solo es una aspiración doméstica: los mercados internacionales, así como las agencias calificadoras, están observando con atención. Según lo reportado, México ha logrado mantener sus calificaciones soberanas por parte de agencias como Standard & Poor’s con niveles de BBB / BBB+, mientras que Moody’s mejoró la nota crediticia de Pemex, lo que indica confianza en la administración del riesgo financiero y de los pasivos del Estado.

Además, la estimación de que los ingresos tributarios alcanzarán el 15.1% del PIB sin necesidad de crear impuestos nuevos, sino mejorando la recaudación y combatiendo la evasión, da señales de que la estrategia puede ser viable si se acompaña de disciplina presupuestaria y transparencia.

6. Críticas anticipadas y respuestas previstas

Como en todo proyecto de gran envergadura, ya se levantan voces opositoras que alertan sobre riesgos: supuesta grieta fiscal, presión sobre sectores productivos, alto costo de vida, etc. Sin embargo, muchas de estas críticas carecen de propuestas alternativas concretas.

• Las voces contrarias tienden a repetir discursos sobre quiebras presupuestales sin presentar diagnósticos financieros específicos.
• Otras denuncian que Pemex no rinde, que el Tren Maya “no sirve”, etc., pero sin cifras que comparen costos de oportunidad u otras rutas de inversión.

En contraparte, la administración ha puesto sobre la mesa datos y escenarios: sostenibilidad de deuda, evaluaciones del impacto social, enfoque preventivo en salud pública, protección de derechos constitucionales, etc. Si esos elementos se consolidan, la percepción pública seguirá favoreciendo la continuidad de la transformación.

Conclusión

El Paquete Económico 2026 no es perfecto —ningún presupuesto lo es— pero sí representa un avance tangible en el rumbo político y económico del país. Las medidas fiscales, redistributivas e institucionales apuntan hacia una transformación con responsabilidad: equilibrar crecimiento, bienestar social y prudencia financiera.

Si se cumplen las promesas —transparencia en el uso de los recursos, evaluación de los programas, rendición de cuentas constante—, México podrá vivir en 2026 un fortalecimiento real de su soberanía fiscal, de su democracia y del tejido social. La transformación no solo se declara: la transformación se comprueba, día a día.

Por Carlos Bortoni

Sobresalió como sobresale aquello que se excede en sus proporciones, el que Alito atacara a Noroña en el Senado. Sobresalió porque Alito, amo y señor de una naturaleza porril y autoritaria, fue víctima de un Noroña que lo provocó para perder los estribos. Imaginen la provocación que significa para alguien como Alito que no le den la palabra. Si de por sí, tener que pedirla resulta indignante, que no se la den es mucho peor y no hay forma de resolver tan indignante indignación que no sea a golpes.

Desde luego que algunos encontrarán indefendible el actuar de Alito “te veo a la salida” Moreno. Para ellos, exigir, educadamente el derecho a la palabra gritando “¡Te parto tu madre, cabr*n! ¡Te rompo tu madre! ¡Eres un put*, cabr*n! Te estoy pidiendo la palabra, hijo de la ching*da”, es inadmisible. Piensan que en la discusión pública se debería argumentar y proponer, piensan que los gritos e insultos no aportan nada al debate político.

Olvidan que los madrazos son la extensión de la politiquería por otros medios, que los argumentos que presentó Alito al golpear a Noroña son los más claros que Alito y el PRI han presentado en años. El sacrificio de Alito al atacar a Noroña, elevando el nivel de la discusión pública a la altura que la discusión pública merece ser elevada, opaca el hecho de que la verdadera víctima es Alito, dictatorialmente relegado, en las urnas, al nivel de la nada.

Entrados en gastos

Normalizar la discusión civilizada en la vida política nacional, es normalizar que la ciudadanía renuncie al uso de la violencia para resolver sus conflictos, es normalizar la generación de soluciones que incorporen diversas perspectivas en la toma de decisiones, es normalizar, ¡horror de los horrorosos horrores!, la posibilidad de alcanzar acuerdos ¡Afortunadamente, contamos con Alito para impedirlo!

Por Juan Rosales

“… ahora el INE —desde mi punto de vista— se extralimitó en decir que “había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final”. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE; el Tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral no. Ahora, quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución. Entonces, sí, son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en: ¨todo lo que esté en contra del gobierno de la Cuarta Transformación hay que votar en contra¨, independientemente de cuál sea o qué se presente”.

Presidenta Claudia Sheiunbaum Pardo.
Conferencia del Pueblo. 24 de junio de 2025.
https://youtu.be/ovBE52DmTFg

En el contexto de la serie de reformas enviadas por el Ejecutivo Federal para su revisión y, en su caso, aprobación en el Congreso de la Unión en el periodo extraordinario que inició la semana pasada, la presidenta Claudia Sheiunbaum Pardo se refirió en dos ocasiones diferentes a la reforma electoral.

En la primera la presidenta mencionó que dicha reforma está incorporada en sus 100 puntos de gobierno y será presentada en su momento. Se refirió a tres aspectos nodales de la misma: la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, 8 mil millones costó la pasada elección; los recursos destinados a los partidos políticos y el tema de los plurinominales. Para darles una nueva tarea a los comentócratas, para que empiecen a hablar de eso, afirmó Sheiunbaum. 

En la segunda ocasión la presidenta subrayó que el INE seguirá siendo un organismo autónomo, queremos que siga habiendo elecciones limpias. Contundente afirmó que es falso, falso, que seamos un gobierno autoritario, que estemos buscando el autoritarismo. Pero sí, dijo, es necesario que se revise el tema de los plurinominales y amplió su comentario citando el esquema de reconocimiento de las minorías en la Ciudad de México y en otros estados:

… el segundo lugar accede al espacio que le corresponde al partido político, lo mismo tiene el Senado de la República, pero el problema son las listas de plurinominales. Supongamos que una persona, “Juan Pérez”, es candidato de un partido político al Distrito I de la Ciudad de México, gana el de ese partido político; pero, en segundo lugar, muy cerca, quedó “Pedro López” de otro partido político. Cuando terminan las elecciones, los que quedaron en mejor lugar, que tienen menos diferencia en el segundo lugar, esos entran como representación de la minoría, y no listas.

¿Qué virtud tiene esto? Que todos van a territorio a presentarse con la ciudadanía a hacer campaña. Entonces, es una de las consideraciones que estamos tomando para que las listas de plurinominales se eliminen y que sea a partir del trabajo territorial que se hace en el Senado. El que gana el primer lugar se lleva los dos senadores… Entonces, entra la pareja que ganó y luego, entra el que va en el número uno del partido político que quedó en segundo lugar, pero eso implica que todos fueron a territorio a ganar el voto.

Interrogada acerca de si los partidos aliados de Morena opondrán resistencia en el tema de la desaparición de los plurinominales, Sheiunbaum indicó que no lo creía, pues todos estamos de acuerdo en que hay que ir a territorio a presentarse con la ciudadanía. 

Cabe recordar que la propuesta de reforma electoral fue presentada, el 28 de abril de 2022, por nuestro siempre presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su momento la calificó como más que una reforma electoral, como una iniciativa de reforma democrática … esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México. 

Esta afirmación no fue gratuita. AMLO se refirió a que era una reforma democrática dados sus alcances.  En la exposición de motivos, se apunta que el objeto de esta es adecuar el sistema electoral a las transformaciones políticas que ha vivido nuestro país en los últimos años. Principalmente busca facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública, ampliar la representatividad, garantizar la pluralidad en los poderes públicos, así como fortalecer a los órganos administrativo y jurisdiccional en materia electoral salvaguardando el equilibrio de poder y la imparcialidad en las contiendas electorales.

La reforma a más de veinte artículos de nuestra Constitución propone diez objetivos. Para efectos de este comentario me permito referirme brevemente a algunos de ellos, los cuales incluyo por separado en los dos párrafos siguientes. Primero los relativos al sistema electoral propiamente dicho y los que refieren cambios propuestos en la elección de representantes populares y al financiamiento público de los partidos políticos, posteriormente. 

En materia electoral centra su atención en: dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad; erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder; conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativas y jurídicas únicas, bajo el principio de la austeridad republicana; elegir mediante voto secreto, directo y universal a las autoridades administrativas y jurisdiccionales, por postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión.

En cuanto a la elección de los representantes populares y a los recursos otorgados a los partidos: elegir a ambas cámaras del Congreso de la Unión mediante votación en cada una de las entidades federativas, con el uso del método de listas postuladas por los partidos y candidaturas independientes; eliminar 200 diputados federales y 32 senadores para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado; limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral y suprimir el llamado financiamiento ordinario que se les otorga mensualmente. La letra en negrilla no aparece en el original. Dejo el enlace para que pueda revisarse el texto de dicha iniciativa.
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/abr/20220428-XI.pdf?fbclid=IwAR2iGdEAI7YSJVYwirnEAWvp5S1fNDpG3bdvLFr6KgFGvq8ITCr7KxvuOdo

Como sabemos la iniciativa no prosperó al no contar Morena y sus aliados con la mayoría calificada necesaria en ambas cámaras. La oposición partidista, por su parte, esgrimió para justificar su rechazo a la iniciativa la “defensa de la institucionalidad democrática”, representada según ellos por el Instituto Nacional Electoral. Pero la historia podría ser otra en el contexto del segundo piso de la 4T. Es de esperar que Sheiunbaum presente la iniciativa una vez que asuman sus cargos los nuevos integrantes de los distintos órganos del Poder Judicial, recién electos, el 1 de septiembre próximo.

Detengámonos en la coincidencia entre López Obrador y Claudia Sheiunbaum relacionada con el multimillonario presupuesto que el INE solicita año con año y la urgencia de hacer algo al respecto. En la página 10 de la iniciativa del 2022 se describe la enorme estructura del INE a nivel central, distrital y estatal, así como la existencia de los Órganos Electorales (OPL) en el interior del país, resultado de una supuesta descentralización del órgano electoral, pero que en realidad resulta en una duplicidad de funciones.

La iniciativa propone que el nuevo organismo se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberán las de los OPL, organizando la totalidad de los procesos electorales en México. Asimismo, eliminar los distritos electorales y con ellos la estructura electoral distrital. Y pone énfasis en que el nuevo INEC se conformará de órganos temporales y auxiliares, en especial en los periodos electorales. 

Se concluye que al hacer del INEC una instancia única y verdaderamente nacional se fortalece nuestro sistema democrático, lo que brinda a la ciudadanía y a los partidos políticos mayor certeza jurídica, claridad en los procesos y eficiencia en el desarrollo de sus funciones. 

Algunas cifras demuestran el alto costo que representa para el erario, y por ende para los ciudadanos, mantener la costosísima estructura del actual INE y los OPLs. En 1999 se asignó al órgano electoral un presupuesto de 13,400 millones de pesos (mp). Para el 2018 se aprobaron 68,300 mp, es decir un 409% de crecimiento en menos de 20 años. En 2025, tras el recorte aprobado por la Cámara de Diputados, la asignación fue de 19,646 mp. En el caso de los OPLs cada año se gastan más de 13 mil mp. Para este 2025 los OPLs en conjunto recibieron un presupuesto de más de 17,342 mp. 

Cierro este artículo con la frase de Carlos Monsiváis, recordado a propósito del 15 aniversario de su fallecimiento: la doctrina de la derecha es la hipocresía. Y viene muy a cuento porque la presidenta comentó en su conferencia que esa frase está relacionada con lo que los opinólogos comentan acerca de: “¡se acabó la República!”, “hay antidemocracia”, “el gobierno censura” (…) ahora todos traen “censura, censura”; nadie los censura a ellos, pero hablan de censura, como retahíla. Nunca hablan del fraude electoral del 2006, porque quien era presidente del Instituto Federal Electoral en el 2006, es uno de los comentócratas más mencionados; cuando él validó un fraude electoral, que nunca permitieron que se abrieran las casillas para contar todos los votos, que votaron por quemar las urnas después o quemar las boletas para que nunca se supiera cuál fue el resultado real del 2006, nunca mencionan eso…

AMLO lo dijo aquel 28 de abril de 2022: La reforma a la ley electoral es para garantizar democracia y hacer valer las decisiones del pueblo. 

Claudia Sheinbaum no quiere censurar voces muertas. La presidenta las deja descansar en paz. Las voces conservadoras carecen de credibilidad

El nado sincronizado practicado infructuosamente por voces de opositores, contrarios al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se desata de nueva cuenta respaldado por las granjas de bots internacionales que lanzan ataques en redes sociales, con la furibunda bandera #CensuraDelBienestar.

Se calcula en un 50%, el número de cuentas robotizadas que participan en esta campaña. A ellas habrá que agregarle un 20% de robots nacionales que intentan posicionar la etiqueta. Al final, queda el conocido 30% de reaccionarios de carne y hueso que, al no hacer mayoría, se conforman con el embate irreal de un ejército de sombras, que no comunica ni convence a una sociedad acostumbrada a estos reclamos llegados desde la irrealidad donde se mueva una oposición decadente.

Queda entonces la fuerza del ataque, en la otra ala opositora. Los medios masivos de comunicación y su comentócracia venenosa. Así que vemos a una Azucena Uresti, a los conocidos Loret de Mola, López Dóriga, Aristegui, Brozo, Alatorre Chumel, Alazraki y demás cartas fuertes en radio, televisión y prensa reaccionaria, rasgando sus vestiduras, clamando y llorando por una censura futura que le quita potencia a sus ya cansadas y desprestigiadas bocas. Porque la reforma en telecomunicaciones que envía la presidenta al Congreso de la Unión, es en realidad, según reclaman, un dardo que no va dirigido a gobiernos, organismos y empresas extranjeras, impidiendo que contraten tiempo en medios informativos mexicanos para humillar, insultar, denigrar, atemorizar o discriminar a los mexicanos que cruzan la frontera en busca de trabajo. El dardo encierra en su centro la intención de prohibir la crítica libre en medios, plataformas digitales y otros espacios donde hasta el día de hoy, hay total libertad de expresión. La dictadura ha llegado finalmente y vienen tiempos sombríos para los mexicanos.

“Nos están quitando la palabra, el derecho a la libre expresión, la posibilidad de criticar a quien gobierna. Nos están censurando”

La campaña es intensa. Se repite día y noche en todo espacio opositor y las redes sociales son inundadas con mensajes robotizados, programados para que no haya descanso, ni bajones de intensidad a lo largo del día. Es la misma estrategia perdedora que le conocemos al segmento conservador. Se gasta dinero en abundancia. Se mueven los comentócratas manipuladores de la realidad, utilizando todas las armas que el periodismo sucio les ha enseñado. Y no pasa nada. Nadie se suma a su reclamo. Nadie sube a ese barco repleto de perdedores, donde el único pasajero ausente, se llama VERDAD.

La sociedad mexicana vive hoy tiempos de cambio. Es una sociedad que conoce, piensa, analiza y llega a conclusiones personales basadas en lo que ve en su vida diaria y no en lo que le dice la radio, la televisión y la prensa vendida.

Y razona más o menos de esta manera. ¿Para qué querría la presidenta Claudia Sheinbaum censurar a un periodismo que no tiene peso ni credibilidad, en el sector más amplio de la sociedad? ¿Para qué querría silenciar a quienes perdieron la voz y la confianza de sus audiencias hace más de seis años? ¿Para qué quitarle la concesión a Televisa o Azteca TV, justo en el momento en que ambas empresas se encuentran al borde de la quiebra?

Censurar a voces muertas es como entrar a un panteón, promulgando una ley que imponga silencio obligado a los difuntos. 

Los medios de comunicación tradicionales y los comentócratas que trabajan en ellos, conforman una especie de camposanto, donde esas voces del pasado no pasan de lamento, reclamo, o exigencia, sin cruzar la línea que divide la realidad, del espacio que habitan y donde ya cumplen penitencia. Porque son algo parecido a almas en pena, que lloran ante el cambio que vive el país. Condenan toda acción de gobierno porque se encuentran anclados a un pasado donde existieron con vigor y fuerza. Hoy son reliquias. Amuletos que intentan revivir añejas glorias donde la corrupción era la fuente de su felicidad.

Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó en una mañanera, la razón por la cual no le preocupan las críticas, sustentadas en mentiras, que publica cotidianamente Raymundo Riva Palacio. “¿Quién lee actualmente a Riva Palacio? No hay que hacerle caso. Cinco mil personas en el país, son el máximo de lectores que tiene”. Y lo mismo pasa con el resto de los desinformadores que paga la oposición.

Y regresamos entonces a la pregunta inicial. ¿Para qué querría la presidenta censurar a una oposición que política y comunicativamente está muerta?

El círculo de los creyentes en el PRIAN y en sus cuadros destacados, como Ricardo Anaya, a quien pretenden revivir, no ya como “el chico maravilla”, sino más bien como “el corrupto destacado”, es ridículamente pequeño. Solo ellos leen, ven y escuchan a Azucena Uesti, a Aristegui, Loret, Brozo y los demás señalados renglones arriba. Solo ellos escuchan a las voces del pasado. Solo pocos los que se dejan embaucar con los mitos y leyendas de tiempos mejores ya idos, donde los mexicanos eran felices bajo la bota de “La Dictadura Perfecta”.

No. Claudia Sheinbaum no quiere censurar voces muertas. La presidenta las deja descansar en paz. Sepultas o insepultas, esas voces no hacen daño a una sociedad despierta que no cae en el engaño que difunden fantasmas del pasado.

Las voces conservadoras carecen de credibilidad. Los desinformadores pagados son una especie de espectros que gritan mucho, manotean a diario, en un intento de atraer a los seres reales a su morada.

Las granjas de bots están plenamente detectadas. Los periodistas de la mentira, son conocidos por todos. Los montajes que tejen incansablemente, pasan sin pena ni gloria. Los políticos que se resisten al cambio, son minoría y es como si no existieran

¿Para qué censurar a quienes ya no pesan en la vida nacional? ¿Para qué ocuparse de ellos?

Lo que el Movimiento de Transformación ha hecho desde el 2018, es “dejar que los muertos descansen en paz”

Nadie pierde el tiempo con una oposición inexistente. Muerta.

Malthus Gamba