El exdirector de Petróleos Mexicanos ingresó al Reclusorio Norte el pasado 3 de noviembre de 2021, por lo que llevaba más de dos años internado, pero ahora podrá llevar su proceso en libertad en el caso Odebrecht.

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).– Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio de Enrique Peña Nieto y acusado de varios delitos como lavado de dinero y corrupción, saldrá de la cárcel: un Tribunal federal le concedió la medida de prisión domiciliaria, por lo que podrá seguir su proceso fuera de prisión.

“El día de hoy, el Juez de Amparo Juan Pedro Contreras Navarro, lo deja en libertad procesal para que así continúe su juicio, porque considera que no existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, haciendo caso omiso de que dicho individuo fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga”, cuestionó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.

La FGR dijo en el mismo texto que “quiere dejar muy claro que Emilio ‘N’ no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido; y solo ha obtenido de Jueces y Magistrados de la Federación, privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados”.

Las resoluciones, añadió la FGR, “han sido dictadas en forma parcial e ilegal por el Juez de Control Gerardo Genaro Alarcón López y por los Magistrados de los Tribunales de Apelación Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro”.

Las autoridades también denunciaron que, entre estas decisiones, se excluyeron pruebas de la Fiscalía “que lícitamente fueron obtenidas en Brasil y en Suiza, mediante tratados internacionales válidos que México ha suscrito, violando así lo establecido en dichos convenios que tienen respaldo constitucional”.

“Al hoy acusado, el Juez Gerardo Genaro Alarcón López lo benefició injustamente, excluyéndolo de su responsabilidad del pago por la reparación del daño en el caso de Agronitrogenados, alegando que dicho pago ya lo había hecho Alonso ‘N’ [Ancira], lo cual nada tiene que ver con la responsabilidad directa de Emilio ‘N’, que está señalada en el artículo 30 del Código Penal Federal”, añadió.

Por último, se refirió a la inminente liberación de Lozoya. “Todos estos privilegios injustos, inequitativos y parciales, así como las descalificaciones constantes al respecto son inaceptables; por lo que de inmediato se presentará el recurso de revisión correspondiente, para obtener la justicia en este caso, que ha sido tan complicado lograr, en razón de lo expuesto”, acusó la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Las pruebas clave que la FGR buscaba presentar en el caso eran comprobantes financieros de bancos suizos y de transferencias de recursos a empresas offshore, pero los magistrados del Tribunal Colegiado solo admitieron el medio de prueba relacionado con el procedimiento judicial iniciado en Nueva York contra Odebrecht, descartando las pruebas bancarias.

JUEZA ORDENA DEVOLVER CASA VALUADA EN 38 MDP

En noviembre, la FGR ya había sufrido un revés importante en uno de los casos contra Lozoya Austin, cuando una Jueza ordenó devolverle su residencia valuada en 38 millones de pesos. Ana Lilia Osorno Arroyo, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, resolvió que es improcedente la demanda de extinción de dominio de la Fiscalía para hacerse de la residencia de Lozoya ubicada en Lomas de Bezares.

En su resolución, la juzgadora argumentó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no es aplicable a este caso porque Lozoya adquirió su casa en 2012.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó un día después la decisión. “Todavía no hay acuerdo [con Lozoya], nosotros lo que planteamos es la reparación del daño. Ellos plantean devolver 20 millones de dólares, pero Pemex y [la Secretaría de] Hacienda hablan de 100 millones de dólares, en esos términos, y por eso no se ha concedido la libertad condicionada, no hay arreglo”, explicó en su conferencia de prensa matutina desde Oaxaca.

“La devolución [de la propiedad de Las Lomas] tiene que ver con el caso pero está resuelto por un Juez, no es el Poder Ejecutivo, ni la Fiscalía, como las tenemos lamentablemente casi a diario, jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores: dejar en libertad a presuntos delincuentes y siempre con argumentos, o mejor dicho, con excusas o pretextos legaloides”, cuestionó.

En diciembre del año pasado, Lozoya desistió de la suspensión definitiva que le fue otorgada por un Tribunal federal en el caso Odebrecht, donde impugnó la medida de prisión preventiva justificada.

Según un acuerdo del 8 de diciembre de 2023 y publicado posteriormente, la defensa de Lozoya presentó esta petición ante el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México para que un Juez de control se pronuncie sobre el otorgamiento de este beneficio.

Lozoya ingresó al Reclusorio Norte el pasado 3 de noviembre de 2021, por lo que lleva más de dos años internado, sin embargo, sólo está sujeto a la prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht, donde se le acusa por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

SinEmbargo

Miguel Ontiveros, abogado principal de la defensa de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), solicitó la extradición del expresidente Enrique Peña Nieto desde España —donde vive desde que concluyó su mandato— a México para que responda a las acusaciones que le hace el extitular de la petrolera por el caso de corrupción de Odebrecht.

Antes de ingresar a la audiencia intermedia que se le sigue a Lozoya en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, en la que llegó a un acuerdo con Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para resarcir el daño, Ontiveros dijo que existen condiciones para que el exmandatario mexicano de extracción priista sea regresado al país para que enfrente la justicia por la red de corrupción con la constructora brasileña “como responsable de la operación de un aparato organizado de poder enfocado en la corrupción”.

El abogado, incluso, comparó el reciente caso de Perú en el que el expresidente Alejandro Toledo fue devuelto de Estados Unidos a su país para que fuera procesado por haber recibido más de 35 millones de dólares a cambio de dar contratos millonarios para hacer una carretera interoceánica.

“Y por eso también creemos, tal y como sucedió en el caso del expresidente de Perú hace unos días que fue extraditado de Estados Unidos al Perú por el caso Odebrecht, acusado de haber recibido 35 millones de dólares, también en este caso hay suficientes condiciones para que el expresidente de México, Enrique Peña nieto, sea extraditado desde España”, sostuvo.

En ese sentido, hasta recomendó que volara directamente “del campo de golf (deporte que se ha difundido que exmandatario practica en su chalet de lujo en España) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y de ahí que sea trasladado a las instalaciones del Reclusorio Norte “para que responda a las acusaciones formuladas por Emilio Lozoya Austin”, las cuales aseguró “son sólidas”.

Por otro lado, señaló que, “como ya lo confirmó el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”, ya está probado que senadores, diputados y distintos actores recibieron sobornos en efectivo para aprobar la reforma energética de 2013, impulsada por el gobierno de Peña Nieto.

Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no sancionar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) –y sus institutos aliados– por el presunto financiamiento ilegal de las empresas Odebrecht y OHL –a través de Emilio Lozoya– a las campañas de los entonces candidatos Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo.

Argumentó –entre otros puntos– que la Fiscalía General de la República (FGR) le negó acceso a la información crucial del caso.

También dejó sin sanción al PRI por la llamada Operación Safiro, la triangulación de 250 millones de pesos de las arcas federales a las estatales de Chihuahua, en 2016; esos recursos que fueron a parar a empresas fantasmas, cuyos accionistas – en dos de cinco compañías– eran prominentes militantes del PRI.

Los dos asuntos fueron resueltos en la última sesión encabezada por Lorenzo Córdova Vianello; en los hechos, en ambos, el INE dejó libre de culpa al partido tricolor.

En el comunicado oficial se lee: “El INE, imposibilitado para sancionar a partidos por el caso Ode­brecht y la Operación Safiro”.

Córdova adujo que el tema Odebrecht se asemeja al de Amigos de Fox, es decir, “implicó una batalla de esta institución para poder allegarse de información que le fue negada sistemáticamente por las autoridades encargadas de la supervisión de la información financiera”.

Apuntó entonces que la FGR les negó de plano toda la información alegando el secreto ministerial.

Y aunque el caso llegó al Poder Judicial, “lamentablemente, por el tiempo transcurrido desde la presentación de esta denuncia, pues hoy nos vemos obligados a tener que cerrar este caso”, manifestó.

Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE, dijo que aunque los expedientes muestran irregularidades graves en materia de financiación de la política, incluso actos de corrupción internacionales, se declaran en el INE infundados, precisamente a unos días de que concluyan su gestión cuatro consejeros, incluido Córdova.

“Parecería que tenían ese pendiente de dar carpetazo a estos asuntos y se presenta aquí una justificación; qué buena coartada decir ‘no, pues no podemos investigar, porque la fiscalía no nos da los elementos para investigar’.

“De verdad es una coartada muy buena. Pero no se cree cuando se ve cómo se ha comportado el INE y su Unidad de Fiscalización… La verdad es que aquí se está exonerando y no se puede decir otra cosa.”

Y si bien en ese tema los consejeros cerraron filas, en cuanto a subrayar la actitud de la FGR, donde sí hubo división fue en el caso Chihuahua.

Sin comprobación

Todos reconocieron irregularidades en la trama, pero una mayoría sostuvo que no se pudo comprobar que los recursos fueron a parar a las arcas del PRI.

La consejera Claudia Zavala, siempre mesurada en su tono a la hora de exponer, alzó la voz para advertir que no apoyará este tipo de proyectos.

“¿Está acreditado el ilícito? ¡Claro! No me pueden decir que no hay empresas fachadas, no me pueden decir que no hay un entramado de una administración ilegal, ilícita.”

Mencionó entonces que el texto original, elaborado por la Unidad de Fiscalización del INE, avalaba la infracción, pero la Comisión de Fiscalización, donde votan los consejeros, dio el viraje, pese a que el modus operandi se fue configurando.

Adriana Favela, quien también concluye su gestión el lunes, indicó que “se tiene que tomar en cuenta que Alejandro Gutiérrez –entonces secretario general adjunto del tricolor y accionista en algunas de las empresas involucradas– fue absuelto”.

Por otra parte, el INE impuso una multa de 500 mil pesos a la asociación civil Que Siga la Democracia por haber incluido casi 15 mil firmas de personas fallecidas, en apoyo a la consulta de revocación de mandato.

La Jornada

Foto: Wikipedia / IDL – Reporteros / Pinterest

Una multa por 543 millones 488 mil 615 pesos deberá pagar Odebrecht por haber mentido para obtener un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex).

La multa le habría sido impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que está última rechazó conceder el amparo que la empresa brasileña había solicitado para evitar la sanción.

Así, la segunda sala del máximo tribunal desechó por unanimidad el amparo directo en revisión promovido por Odebrecht, que buscaba revertir la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que el 13 de octubre de 2021 rechazó eliminar la sanción administrativa dictada por la SFP en 2019.

Fue en diciembre de 2016 cuando Odebrecht solicitó a Pemex la modificación de un contrato, afirmando para ello que cumplía con todos los requisitos legales. No obstante, la Secretaría de la Función Pública detectó que había falseado la información.

Con información de La Jornada

El Gato Político

Este viernes 4 de noviembre, Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante sexenio de Enrique Peña Nieto, comparecerá ante un juez. 

En esta audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) pedirá en forma oral condenarlo a 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero, relacionado con el caso Agronitrogenados.

Sumado a esto, el próximo lunes 7 de septimbre Lozoya tendrá otra diligenca donde la FGR solicitará que sea condenado con 46 años y meses de cárcel por el caso Odebrecht.

De acuerdo con información de Reforma, en la audiencia de mañana serán debatidos y depurados los 121 datos de prueba con los que la FGR pretende llevar a juicio a Lozoya y posteriormente buscar que se le dicte sentencia. 

Acuerdo de reparación de daño aún no está resuelto 

Cabe recordar que en marzo pasado se había aprobado una oferta de reparación del daño de casi 10 millones de dólares para Lozoya.

POR EL CASO ODEBRECHT SE ACEPTÓ LA OFERTA DE 6 MILLONES 385 MIL DÓLARES Y POR AGRONITROGENADOS, 3 MILLONES 400 MIL DÓLARES.

Con esto Lozoya buscaba obtener una suspención condicional de sus dos procesos y así también poder salir del Reclusorio Norte.

En el punto final, cuando Lozoya compareció ante un juez el presidente AMLO desautorizó dichas negociaciones y hasta ahora el extitular de Pemex no ha logrado llegar a un acuerdo con las autoridades.

Revolución 3.0

Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, obtuvo un amparo contra la prisión justificada que le impusieron por el caso Odebrecht, sin embargo, eso no significa que el exfuncionario vaya a salir libre.

La titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México, Guadalupe Rodríguez Escobar, ordenó que la jueza que lleva el caso haga una nueva revisión y emita un nuevo pronunciamiento con libertad de decisión, informaron autoridades.

La sentencia de Rodríguez Escobar busca que se estudie una vez más el caso del exfuncionario.

El 6 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Emilio Lozoya Austin no había cumplido con la reparación del daño en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

En el caso Odebrecht, continúa el procedimiento sin ningún beneficio procesal para el exfuncionario, detalló la autoridad.

Por el caso Agronitrogenados, a Lozoya se le tienen embargados bienes sometidos a extinción de dominio. “El procedimiento penal continúa sin ningún beneficio procesal”.

“En el caso de un adeudo fiscal de Emilio, por pago de impuestos, dicho pago lo ha estado gestionando a través de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, situación que se encuentra en trámite. Este pago de impuestos no tiene vinculación de ninguna naturaleza, ni conexión de ningún tipo con los dos casos anteriores”, detalló la FGR.

Emilio Lozoya Austin fue detenido en una zona residencial de alto poder adquisitivo de Málaga, España, en febrero de 2020.

Después de ser extraditado, atenido al criterio de oportunidad, enfrentó un proceso por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho desde su casa en la Ciudad de México.

Los delitos de los que se le acusa están relacionados con supuestos sobornos de Odebrecht a cambio de contratos y la compra de una planta chatarra a Altos Hornos de México, lo que le causó un daño al erario.

Mientras seguía su proceso desde casa, se supo poco de él, al menos hasta que el sábado 9 de octubre de 2021, cuando circularon fotos mientras comía en un restaurante de la Ciudad de México en compañía de otras cuatro personas, lo que ocurrió una semana después de que ratificara ante la FGR su declaración contra otros exfuncionarios mexicanos por el caso Odebrecht.

La tarde del miércoles 3 de noviembre de ese año, un juez federal le dictó prisión preventiva a petición de la FGR que alegaron que el exfuncionario utilizó el criterio de oportunidad para dilatar el proceso en su contra.

Expasión

a Fiscalía General de la República (FGR) investiga el contrato de 29.3 millones de dólares entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la consultora BAIN & Company México, en la cual figuraba Gilda Susana Lozoya Austin. 

De acuerdo con el periódico Reforma, dicha consultora fue contratada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sexenio de Peña Nieto para elaborar el programa de transformación de la Comisión; incluido el modelo operativo, plan de inversiones, estrategia de financiamiento y plan de negocios 2016-2020.

El contrato establecía que BAIN & Company México entregaría 29 productos y brindaría los servicios de 76 asesores, entre ellos la hermana del entonces titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin; como contraprestación la consultora recibiría 28.8 millones de dólares.

“En el listado de 76 asesores expertos ofertados, BAIN incluyó y se le aprobó la participación de Gilda Susana Lozoya Austin, con lo que se actualizaba un supuesto conflicto de interés por ser pariente consanguíneo de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, lo cual era suficiente motivo para desechar su oferta”, establece la denuncia interpuesta por la CFE ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a la que tuvo acceso el diario Reforma.

A pesar de que el contrato fue firmado y el pago fue efectuado, hasta la fecha, no existe evidencia de la implementación y funcionalidad de los productos pagados y tampoco hay documentos que comprueben su entrega, de acuerdo con la denuncia.

Además de Gilda Susana, ejecutivos de BAIN & Company México y de la CFE también se encuentran bajo investigación, ya que la auditoría efectuada al contrato reveló una tendencia a favorecer a BAIN sobre otras consultoras que ofrecían mejores condiciones.

El pasado 16 de mayo, un juez de control volvió a girar una orden de aprehensión contra la hermana de Emilio Lozoya, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por presuntas transferencias ilegales de dinero que recibió en el marco del caso Agronitrogenados.

Polemón

De acuerdo con el testimonio de Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa brasileña Odebrecht destinó USD 6 millones a la campaña de Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien prometió como moneda de cambio la llamada Reforma Energética.

En el documento membretado por la Fiscalía General de la República (FGR) y su titular, Alejandro Gertz Manero, se aprecia un resumen de los presuntos actos de corrupción ocurridos desde la pre campaña de quien fue jefe del Ejecutivo federal del 2012 al 2018.

En el apartado “Caso Odebrecht y financiamiento de campañas del Partido Revolucionario Institucional”, Lozoya Austin asegura que, a petición de Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, contactó con Luis Alberto de Meneses Weyll, representante de Odebrecht en México, para pactar el financiamiento ilegal para garantizar que el oriundo de Atlacomulco, Estado de México, llegue a la silla presidencial.

“Conocí a Luis Weyll desde antes de que yo colaborará en la campaña del entonces pre candidato Enrique Peña Nieto. Desde que conocí a Luis Weyll, me consultaba y me pedía orientación en la forma adecuada para expandir sus negocios, así como también, identificar y estructurar proyectos en México y otros países de América Latina y Medio Oriente”, aseguró en su testimonio Lozoya, quien en ese momento fungía como el coordinador de Asuntos Internacionales de la campaña presidencial del 2012.

Tras una serie de encuentros profesionales, Lozoya aseguró llevar una buena relación con Weyll. Esto fue bien visto por Videgaray y Peña, quienes lo comisionaron para conseguir fondos para la campaña.

Así mismo, le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiada cuando ganare.

Poco tiempo después, se reunieron en una cafetería El Globo ubicada en la Ciudad de México y acordaron el futuro de la política energética de México.

“Yo le pedía a Luis Weyll que apoyara la campaña y/o precampaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República y que para tales efectos Odebrecht aportara 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS) […] También hablamos del incremento en la construcción de obras y con ello el aumento en contratos si al ganar Peña Nieto, se materializaba la reforma energética” indicó en la testimonial.

Este acercamiento no fue fortuito, pues Marcelo Odebrecht y Enrrique Peña Nieto ya se habían conocido. Incluso, el ofrecimiento del financiamiento ya se había hecho.

Esta petición se la hice a Luis Weyll puesto que el jefe de Luis Weyll, Marcelo Odebrecht, le había hecho ese ofrecimiento a Enrique Peña Nieto desde que fue gobernador […] la empresa brasileña Odebrecht ya se había acercado a ofrecer esos recursos desde que Enrique Peña Nieto conoció a Marcelo Odebrecht como gobernador del Estado de México

Específicamente, el ex director de Pemex habló de una reunión en abril del 2010, justo después del Foro Económico Mundial en Cartagena, Colombia.

“Esto fue posible porque Enrique Peña Nieto voló desde Cartagena a Brasil, para encontrarse con (Luiz Inácio) Lula, reunión que no se concretó, de tal forma que al día siguiente se hizo la reunión con Odebrecht”, aseguró en el escrito.

Asimismo el egresado del ITAM recalcó que la mano derecha de EPN y la persona de su mayor confianza es otro itamita: Luis Videgaray Caso.

Enrique Peña Nieto señaló que el contacto para recibir dicho apoyo económico sería Luis Videgaray Caso quien, aunque no se encontraba presente, se sabía que era su persona de mayor confianza

Cabe destacar que tanto los funcionarios mexicanos como el empresario brasileño tenían en la mira el petróleo de México.

“Uno de los atractivos de la candidatura de Peña Nieto era, sin duda, la reforma energética lo que generaba amplio interés de muchas empresas”, añadió.

DECLARACIÓN DE EMILIO LOZOYA

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará a un juez federal del Reclusorio Preventivo Norte la detención y encarcelamiento preventivo de Ricardo Anaya Cortés, argumentando que existe un riesgo fundado a que se escape para no enfrentar el proceso en su contra por el caso de los supuestos sobornos de Obdebrecht.

Según publicó Animal Político, autoridades federales confirmaron que la FGR tiene dos vías listas para buscar la aprehensión del panista:

• Si se presenta voluntariamente a la audiencia inicial programada para el 14 de febrero se pedirá al juez que le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al menos, mientras se define si se le abre un proceso por este caso.
• Si no se presenta o insiste en comparecer a distancia fuera de México, los fiscales buscarán una audiencia privada para solicitarle al juez que gire una orden de aprehensión en su contra por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.

Esa ruta es la misma que se siguió anteriormente con Carlos Treviño, exdirector de Pemex, quien tampoco se presentó personalmente a comparecer a su audiencia.

Los fiscales defenderán la necesidad de detener y encarcelar a Anaya en el Reclusorio Norte argumentando que la gravedad de los delitos por los cuales puede ser procesado y eventualmente sentenciado podrían incentivar el deseo del queretano a darse a la fuga.

Según el Código Penal Federal, la suma de las penas de estos delitos va de los 12 a los 39 años de prisión. En cualquier caso, el panista no alcanzaría el beneficio de la libertad bajo caución si es declarado culpable.

El segundo argumento de la Fiscalía es la facilidad con la que puede salir del país. Por ello, presentarán unan relación de las entradas y salidas de Anaya, y especialmente la relacionada con su último vuelo -del 4 de julio- a Texas, Estados Unidos.

Su salida se habría realizado mediante un avión privado, y hasta ahora no hay registro de que el imputado haya regresado al país.

Un tercer argumento de la Fiscalía es la capacidad de Anaya a acceder a recursos económicos y redes familiares y políticas que le facilitarían la posibilidad de darse a la fuga. De esa forma, la FGR, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, exhibirán pruebas relacionadas con las finanzas del político y su círculo cercano.

La audiencia inicial a la que se citó a Anaya está programada para el 14 de febrero, una fecha sujeta a confirmación debido a las complicaciones que enfrenta actualmente el Centro de Justicia Federal por la contingencia sanitaria por Covid-19.

Este será el cuarto intento por llevar a cabo esta audiencia, luego de que fuera pospuesta ya en tres ocasiones anteriores. Dos de esos casos fueron a petición de los abogados defensores, quienes necesitaban más tiempo para terminar de revisar el expediente de 170 mi páginas.

Anteriormente, el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia advirtió a Ricardo Anaya que tendría que presentarse personalmente a comparecer ante el juzgado cuando se lleve a cabo la audiencia inicial o dar luz verde a la FGR para que proceda a buscarlo.

Fuente Polemón

El próximo 13 de diciembre se cerrará la investigación en torno al caso Odebrecht, luego que un juez negó otorgar una prórroga que solicitó Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) para el desahogo de pruebas.

A partir del próximo lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá un periodo de 15 días para presentar las pruebas en contra de Lozoya Austin y su madre, Gilda Margarita Austin.

Cabe recordar que este mismo miércoles, el juez mexicano Artemio Zúñiga determinó otorgar una última prórroga de nueve días para la investigación relacionada al caso Agronitrogenados, por lo que está finalizará el próximo 17 de diciembre.

En este caso, Lozoya es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compraventa irregular de la planta de fertilizantes que era propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa de Alonso Ancira.

Fuente Político MX