Los jueces emitieron sentencias absolutorias y libertades provisionales a personas señaladas por narcotráfico secuestro y tortura.

En los últimos tres años, el Poder Judicial ha otorgado la libertad a 72 líderes e integrantes de la delincuencia organizada en México. Entre enero de 2022 y enero de 2025, diversos jueces han emitido sentencias absolutorias, libertades provisionales y anticipadas, así como cambios de medidas cautelares a personas procesadas por delitos como narcotráfico, secuestro, tortura y delitos contra la salud.

El pasado viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, justificó la entrega de 29 capos a Estados Unidos bajo el argumento de que existía el riesgo de que algunos fueran liberados o beneficiados por jueces federales para retrasar sus procesos de extradición.

El jueves, de manera sorpresiva, el gobierno de México extraditó a 29 capos de alto y medio rango a Estados Unidos. Entre los extraditados se encuentran figuras como Rafael Caro Quintero, alias Don Rafa; Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy; Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana; y Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z-40.

Todos ellos enfrentan cargos graves y podrían ser sentenciados a cadena perpetua o incluso pena de muerte.

Jueces liberaron a 72 líderes del narco en solo tres años

Dentro de los 72 liberados en los últimos tres años, se encuentran presuntos delincuentes de alta peligrosidad. Entre ellos, Inés Coronel Barrera, líder del Cártel de Sinaloa y suegro de Joaquín El Chapo Guzmán, quien obtuvo su libertad anticipada el 5 de abril de 2022 por decisión del juez Segundo de Distrito especializado en ejecución de penas en la Ciudad de México, Fredy L. Portillo González.

Coronel Barrera fue condenado a 10 años de prisión en 2017 por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Otro caso relevante es el de Javier Adrián Salazar Ortiz, alias El Barbas, exlíder regional del cártel de Los Zetas, quien permanecía recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. Sin embargo, el 29 de febrero de 2024 fue absuelto por el magistrado Rodolfo Martínez Abarca, del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito.

Asimismo, Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero, sobrino de los fundadores del Cártel de los Arellano Félix, obtuvo libertad provisional el 25 de diciembre de 2023. Su liberación fue autorizada por Aarón Abraham Rodríguez Agúndez, secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Baja California.

José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, también figura entre los beneficiados. A pesar de ser acusado por delitos como extorsión y secuestro, el juez Penal de Primera Instancia en Guanajuato determinó su no vinculación a proceso.

¿Quiénes son los principales capos liberados por jueces?

Entre los 72 liberados se encuentran:

• Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, líder del Cártel del Golfo, liberado el 20 de enero de 2024.
• Gabriel Ayala Fonseca, alias El Tres Animales, lugarteniente de Los Arellano Félix, quien obtuvo una condena condicional el 18 de enero de 2023.
• Alan Ervey Castillo Juárez, alias Comandante Cano, exlugarteniente del Cártel de Sinaloa, liberado el 13 de enero de 2024.
• Saúl de los Santos de Jesús, alias El Comandante Fósil, líder huachicolero de Los Bukanas, quien obtuvo sentencia absolutoria en Veracruz.

Otras figuras del crimen organizado que fueron liberadas incluyen a:

• Sabino Guillermo Flores Conchas, alias Memo, lugarteniente de Fuerza Anti-Unión Tepito.
• José Antonio Galarza Coronado, alias El Amarillo, líder regional del Cártel del Golfo.
• Andrés Felipe García Munera, alias El Colocho, líder de La Unión Tepito.
• Leticia Rodríguez Lara, alias Doña Lety, líder y fundadora del Cártel de Cancún.

Hace exactamente un año, en la conmemoración del 107 aniversario de la Constitución de 1917, Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -es decir, la máxima autoridad juzgadora del país- no se puso de pie cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador entró al Teatro de la República, en Querétaro.

Este acto de Norma Piña fue una completa falta de respeto. La ministra podía tener diferencias con el entonces presidente del país, pero fue indigna la forma en cómo las mostró. Completamente indigno de una autoridad judicial como la que aún representa.

La falta de respeto de Norma Piña era una respuesta a la intención del expresidente López Obrador de emprender una profunda reforma al Poder Judicial. Una reforma que, en ese momento, se pensaba imposible, pues Morena y sus aliados debían ganar abrumadoramente las elecciones de 2024 para obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

El 2 de junio del año pasado, lo que parecía una hazaña, se logró: Morena obtuvo un triunfo arrollador en los comicios y logró prácticamente la mayoría calificada. Después vino la aprobación de la reforma judicial.

Norma Piña hoy es un fantasma, y para evitar una falta de respeto y enviar un mensaje contundente, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum decidió no invitarla al 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

En la conferencia de prensa del pasado martes, la mandataria dijo que la ministra no estaba invitada, y agregó:

“Va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”. Y ante una pregunta de una reportera, que le indicó que por qué motivo no se le invitaba, la presidenta afirmó:

“Bueno, pues es obvia, ¿no? Es obvia. Somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Es una relación mutua de respeto de un lado y de otro. Entonces, hasta ahora, la Corte, ¿qué es lo que ha estado haciendo, o la mayoría de los ministros de la Corte? Entonces en esta ocasión, sí, tomé la decisión de que, es un acto republicano, pero la Corte también debe respetar al Ejecutivo y al Legislativo, y debe respetar la Constitución; entonces, en esta ocasión tomé la decisión, es un acto que organiza el Ejecutivo, de que vamos a estar dos Poderes.”

Así pues, Norma Piña, que se sentía intocable, hoy está en el basurero de la historia, esperando nada más a retirarse de su cargo y odiada por el pueblo. Y pues se lo merece.

CNDH hizo énfasis en que no defiende banderas políticas ni es comparsa de estrategias partidistas como solía ocurrir en el pasado.

Hay “malas noticias” para la oposición que se dieron a conocer a través de un comunicado difundido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La dependencia encabezada por Rosario Piedra Ibarra emitió su postura sobre la recién aprobada reforma al Poder Judicial de la Federación.

En su escrito, la CNDH reveló que no piensa interponer alguna acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial. Al mismo tiempo, se lanzó contra los actores políticos y partidistas que durante los últimos días han presionado para impugnar la iniciativa de AMLO.

La Comisión señaló que la legislación recién promulgada “es un triunfo del pueblo y un avance en materia de Derechos Humanos”:

“Actores partidistas han tratado de presionar a esta Comisión Nacional a efecto de que interponga una acción de inconstitucionalidad de paralice los efectos de la reforma y así usar a este órgano autónomo para satisfacer ambiciones de grupo, ajenas a los intereses de las y los mexicanos, lo que equivaldría a dejar en manos del Poder Judicial el destino de la nueva legislación”, se lee en el comunicado.

La CNDH respetará las decisiones del pueblo

En su escrito, la CNDH señaló que la reforma al Poder Judicial es esencial para transformar un sistema que, hasta hoy, ha permitido dilaciones en los procesos judiciales que impiden el acceso a una justicia pronta y expedita.

También subrayó que la defensa de los derechos humanos “no es un circo” como los partidos de oposición han querido hacerle creer a los mexicanos. En un país como México se tienen que visibilizar las necesidades y las carencias del pueblo.

En torno al proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial, la CNDH observó que “el proceso incluyó la celebración de diálogos nacionales, donde se expresaron diversos sectores de la sociedad en un amplio ejercicio de la democracia participativa”.

En el comunicado de prensa, la CNDH también profundizó en que el ‘análisis en la Cámara de Diputados y el Senado de la República fue exhaustivo y suficiente’. Todo esto a pesar de un ambiente por momentos ríspido y de los desafortunados intentos de violencia en el Senado.

Finalmente, la Comisión reiteró que no satisfacen agendas partidistas, “Lo dijimos desde un inicio, y lo hemos demostrado de sobra. No nos hemos prestado ni nos prestaremos a esa pobrísima visión del servicio público y de lo que es un organismo público de defensa de los derechos humanos”.

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) le dio la espalda a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña y no llegará al paro de labores como un mecanismo de presión para impedir la reforma en la materia.

En una entrevista que sostuvo con el diario La Jornada, el secretario general del gremio, Gilberto González Pimentel, afirmó que continuará trabajando en  la protección y progresividad de las prestaciones de la clase trabajadora, pero no de esa manera porque la mayoría de los empleados no  ven viable un paro de labores.

“No podemos abanderar algo en lo que probablemente salgamos perjudicados, tenemos que trabajar con base en estrategias. Como sindicato tengo que ver el mejor escenario para mis compañeros, esa es mi labor y función, aunque suene como traidor, aunque me vean como una persona que no está de lado de la institución, simple y sencillamente tengo que ser coherente y congruente con la función que me encargaron, que es velar por los intereses de los trabajadores, por su estabilidad laboral e integridad física, esa es mi tarea”, dijo.

Pimentel comentó que los foros de discusión de la reforma al Poder Judicial que se llevan a cabo en el Congreso de la Unión y algunos estados de la República han  abierto la puerta a acuerdos sobre la iniciativa,  por lo que no es momento de tomar acciones. Precisó, por ejemplo, que los legisladores se toman muy en serio el tema de la carrera judicial.

“Nos estamos reservando lo del paro, porque debemos tener la película completa de los foros. Pero debemos ser cautelosos para evitar que esto se desborde. Imagínese que se realice el paro y que se desborde esto, que no podamos controlar a nuestros propios compañeros, tenemos que ser concientes y considerar otras posibles acciones. Hemos visto que la reforma está tomando otro cariz. Los legisladores ya hablan de analizar el tema de la carrera judicial, de los filtros que van a tener quienes vayan a concursar o postularse como candidatos, de que dicha reforma sea gradual. Los diputados realmente la están estudiando”, afirmó.

El líder sindical recordó que además que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, así como diputados y senadores prometieron que la reforma judicial no afectara los derechos laborales.

“No podemos ignorar esto y tampoco podemos desestimar que la reforma va a pasar, a menos de que se decida otra cosa”, agregó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó el diálogo directo solicitado por Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para debatir sobre el contenido de la iniciativa de Reforma Judicial. En tanto, señaló que él está convencido de que hace falta que tal proyecto de modificaciones legales se concrete y que los jueces, magistrados y ministros sean electos como lo propuso.

En conferencia de prensa, AMLO celebró que Norma Piña esté dispuesta a dialogar sobre el contenido de la Reforma Judicial; sin embargo, comentó que él ya no tiene nada que ver en eso porque, de acuerdo con sus facultades constitucionales, él termina su intervención al enviar la iniciativa al Congreso de la Unión. No obstante, señaló que ésta u otros integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) podrían reunirse con los legisladores o con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.

“Luisa [Alcalde] podría reunirse con los ministros, considero que también estarían dispuestos en el Congreso [a discutir el tema]. Qué bueno que se reconoce que hace falta la reforma, es un paso adelante. Sobre los procedimientos, el método de elección de jueces, magistrados y ministros [y más] será analizado por el Congreso, es función del poder legislativo, pero debe haber diálogo”, manifestó el mandatario nacional.

Respecto a los dichos de la ministra respecto a que su iniciativa en realidad provocará que los puestos públicos sean ocupados por personas populares y no por los mejores o más preparados, López Obrador dijo que él tenía una visión distinta, ya que cree que lo que se necesita para los cargos judiciales es honestidad y ser incorruptible. Al respecto, sostuvo que los abogados egresan de las escuelas de derecho con mucha ilusión de aplicar la ley sin distintos, pero que muchas veces es precisamente en la adquisición de experiencia cuando aprenden a torcer la ley.

AMLO insistió en que el pueblo debe elegir a los jueces, magistrados y ministros porque es sabio, tiene un instinto certero y sabe lo que le conviene, aunque no le guste a muchos aceptarlo. A la par, sostuvo que los funcionarios judiciales deberían comenzar a interiorizar que ellos están para servir a la ciudadanía y no a grupos de intereses privados, ya que se han vuelto un instrumento al servicio de una minoría o un poder faccioso al servicio de una facción. Además, expresó su molestia por la protección que el Poder Judicial ha hecho de jueces corruptos y el otorgamiento de su libertad a otros que deberían estar presos.

“Le diría con respeto ¿Por qué no resuelven lo del pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros? ¿Por qué tardan tanto en resolver lo que debe ser rápida decisión? ¿Por qué las tácticas dilatorias? Que revisen los casos que tienen o por qué no dan un informe de los procesados sin sentencia desde hace años. ¿Por qué deciden ganar más que presidente contra la Constitución y tener fideicomisos para tener atenciones o privilegios como si fuese una burocracia dorada?”, planteó el político tabasqueño.

Finalmente, el presidente de la República expresó nuevamente que la Reforma Judicial no es algo personal contra Norma Piña, sino que tiene como finalidad limpiar al país pensando en las nuevas generaciones. En tanto, indicó que en su sexenio se terminó el que “no se tocaba al intocable” y eso causó que ahora incluso él recibiera insultos.

El ministro González Alcántara propone un plan paliativo para erradicar la corrupción en el Poder Judicial, pero el pueblo, cansado de sus promesas huecas, les advierte que ya es demasiado tarde y que el Plan C va. 

El día de ayer se llevó a cabo el segundo foro para la discusión de la Reforma al Poder Judicial propuesto por el Presidente López Obrador y en donde el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Ancántara, criticó las reformas, señalando que no funcionarán. 

El ministro, claramente en contra de perder sus privilegios, mencionó que una sala de 5 magistrados no puede revisar el actuar de más de 1 mil 600 personas juzgadoras, por lo que recomendó “cerrar las puertas de la corrupción desde la carrera judicial”. 

Las declaraciones del ministro no fueron bien vistas por el pueblo de México, y es que mencionan que ya no es momento de tratar de reparar los daños que han causado a la impartición de justicia, sino que es momento de darle la “estocada final” a la corrupción en el máximo tribunal mediante el Plan C de la Cuarta Transformación.  

“Solo esperaban los resultados del 2 de junio para hacer de las suyas, pero no se les cumplió. Su tiempo se acabó”.  

También se leen comentarios que con justa razón, desestiman las palabras de González Alcántara, y es que la población mexicana no confía en la palabra de la elite dorada de la SCJN, señalando desde ahora que son medidas que nunca cumplirían.  

Otros también lamentan que ahora los altos funcionarios del Poder Judicial salgan con estos pretextos, aún cuando ellos mismos son los que se han encargado de viciar al que debería ser el máximo tribunal del país. 

na vez más la élite del Poder Judicial pretende pisotear la voluntad del pueblo mexicano, ahora la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pide rebelarse en contra de la reforma de la Cuarta Transformación.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Norma Lucía Piña, se dirigió a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial en donde les pidió unidad, ante la reforma constitucional que impulsa la 4T, aunque nuevamente desliza la narrativa de la “defensa de los derechos laborales”.  

Vivimos momentos llenos de incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México. Nuestros principios y nuestros valores son el pilar que sostiene y sostendrá al Poder Judicial de la Federación.Sostuvo Norma Piña.

En ese sentido, señaló que la misión de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial es “hacer valer los derechos” del pueblo mexicano, así como hacer valer el “equilibrio de poderes”. 

Cabe recordar que, la SCJN declaró incondicional leyes importantes que beneficiaban al pueblo, al intervenir y descalificar el proceso de aprobación de las iniciativas por el Poder Legislativo.

Asimismo, la reforma constitucional al Poder Judicial busca que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos a través de voto popular, así como acabar con los altos salarios de los ministros, los privilegios y que verdaderamente brinden justicia al pueblo de México.  

Encabezado por Norma Piña, el Poder Judicial acelera la guerra contra la cuarta transformación y mantiene como posibilidad la pretensión de anular las elecciones presidenciales, lo que constituiría un golpe de Estado técnico. Desde agosto de 2023, la ministra presidenta amenazaba con afectar la transición del poder, al declarar que el proceso no sería pacífico ni habría estabilidad democrática si no se les asignaba el presupuesto millonario que pedían; para diciembre, se reunió con el líder del PRI –Alito Moreno–, el ministro González Alcántara y tres magistrados del Tribunal Electoral en plena contienda; en abril pasado abrió y filtró un expediente de investigación contra el expresidente de la Corte en retiro Arturo Zaldívar, quien ahora es parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum; y para el 14 de mayo, consintió que magistrados del TEPJF se reunieran con Xóchitl Gálvez, como parte de la estrategia del PRIAN para argumentar falsamente que “no hay piso parejo” y que es “elección de Estado”. A eso se suma que, al suplantar al Legislativo, la Suprema Corte ha invalidado 74 leyes y reformas; juzgadores siguen dándole entrada a amparos que afectan obras, políticas públicas o impiden luchar contra la corrupción; y han liberado a presuntos delincuentes de cuello blanco, a actores clave del caso Ayotzinapa y a integrantes del crimen organizado, lo que contribuye a la desestabilización por violencia extrema

Cinco sucesos revelan que la sombra de un golpe de Estado técnico desde el Poder Judicial de la Federación se mantiene con la pretensión de anular los comicios del próximo 2 de junio y, con ello, impedir la llegada de la primera mujer de izquierda a la Presidencia de la República. Uno de esos hechos fue la amenaza pública que lanzó directamente la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández el 28 de agosto de 2023 [1], cuando advirtió que si el Poder Legislativo no les asignaba el multimillonario presupuesto que pedían, no habría una transición pacífica en México. Desde entonces, el Poder Judicial ha operado electoralmente en beneficio de la candidatura de la derechista Xóchitl Gálvez, y la coalición PRI-PAN-PRD.

Textualmente, en aquel momento Norma Piña declaró: “las funciones que habrá de desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año [2024] son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país. En primer término, el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Sólo así se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”.

A partir de ese momento se aceleró la guerra judicial contra el movimiento de la cuarta transformación. Al respecto, se identifican al menos otros cuatro sucesos que dejan al descubierto la operación electorera del Poder Judicial y de su presidenta: 1) la cena de diciembre pasado a la que Norma Piña convocó a tres magistrados electorales, al líder del PRI –Alejandro (Alito) Moreno– y al coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda; 2) la apertura y filtración de un expediente de investigación contra el expresidente de la Corte en retiro, Arturo Zaldívar, ahora parte del equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo; 3) la liberación de actores relevantes en el caso Ayotzinapa –exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y ocho militares– y de generadores de violencia –como el caso de Abraham Oseguera Cervantes, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y hermano del líder de esa organización criminal– para desestabilizar el país por dos vías: protestas sociales y generación de violencia extrema; y 4) consentir la reunión –a tan sólo 18 días de la elección: el pasado 14 de mayo– de los magistrados del TEPJF con Xóchitl Gálvez, como parte de la estrategia del PRIAN para asegurar que en la contienda “no hay piso parejo”, que “hay una elección de Estado” y mantener abierta la posibilidad de solicitar la nulidad de los comicios.

Respecto de la cena del 12 de diciembre de 2023 –que reveló el periodista Salvador Frausto en Milenio– destaca el hecho de que fue convocada directamente por la ministra presidenta Norma Piña; y que ésta tuvo lugar en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fue propuesto en la terna que lo llevó al máximo tribunal por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que desde su llegada a la Corte se alió con los grupos más conservadores en ese Poder y ha fallado todo contra la 4T.

De la revelación periodística también es relevante que supuestamente se convocó a la cena para limar asperezas con tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Mónica Soto Fragoso [actual presidenta del TEPJF], Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, pues Norma Piña quería que al frente de ese Tribunal estuviera el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, de cara a una de las labores que más les importa controlar: la calificación de la elección del próximo 2 de junio.

Rodríguez Mondragón fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República de Felipe Calderón –de mayo a diciembre de 2011–, cuando Genaro García Luna se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública y estaba aliado al Cártel de Sinaloa. Y una de las acciones de la autoridad electoral cuando él era la cabeza –el 3 de agosto de 2023– fue censurar al presidente López Obrador, para que nunca más se refiriera en su conferencia mañanera a los ingresos por más de 1 mil 400 millones de pesos de las empresas de Xóchitl Gálvez [2].

El 11 de diciembre del año pasado, Rodríguez Mondragón presentó su renuncia a la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, por la presión que ejercieron los tres magistrados a los que con urgencia convocó la ministra Piña a la cena, incluso a pesar de que se trataba del día en que se celebra a la Virgen de Guadalupe.

La cena no sólo se hizo a espaldas del pueblo de México, sino que incluso ni siquiera a los magistrados convidados se les avisó que había dos invitados más que pondrían en entredicho la imparcialidad del TEPJF: el líder del PRI, Alejandro (Alito) Moreno, y el panista y coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda –quien finalmente no asistió, según el diario Milenio–. Todo ello ocurrió en pleno proceso electoral, pues éste arrancó oficialmente el 7 de septiembre de 2023 [3], por lo que se podrían haber violado las leyes en la materia.

Las presiones de la ministra Norma Piña contra los magistrados electorales continuaron, indicó Milenio. Incluso les mandó mensajes por la red de mensajería instantánea Whatsapp en los que les advertía que tenían cuentas pendientes, todo con la intención de restituir al calderonista Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del TEPJF. Lo que no consiguió.

Ésa no fue la única vez que la presidenta de la Corte se comportó de esa manera: el 17 de mayo de 2023, el entonces presidente de la Comisión Permanente del Congreso y senador morenista, Alejandro Armenta Mier, denunció que, un día antes, Piña Hernández le envió mensajes intimidantes por esa misma vía, los cuales exhibió en tribuna. El 18 de mayo, la presidenta de la Corte admitió que lo había hecho. Dos de esos mensajes decían: “Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice?”; “La vida nos juzgará”.

Cobijada por la mayoría de las corporaciones mediáticas desde que asumió el cargo de presidenta del Poder Judicial, Norma Piña ha actuado con impunidad, y desde las sombras sigue tejiendo el escenario que mantiene la posibilidad de declarar nulas las elecciones. Incluso, el pasado 12 de marzo, el presidente López Obrador acusó que desde el Poder Judicial se estaba cocinando un golpe de Estado técnico.

Ese día, expuso: quieren “que yo no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor, o utilizar las infracciones en el momento de la calificación de la elección [presidencial]. Fíjense por dónde van”, en referencia al objetivo de anular la elección presidencial. “Eso es lo que yo pienso que están tramando. Voy a darlo a conocer aquí. Bueno, ¿y mis libertades? ¿Y cuáles son sus fundamentos?”

Tras advertir que el nerviosismo de los sectores conservadores puede deberse a las tendencias que revelan las encuestas –“quién sabe que está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos”–, López Obrador cuestionó: “¿van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Le van a hacer caso a Claudio X González, a José Ramón Cossío?, ¿a [Jorge] Castañeda, [Héctor] Aguilar Camín, etcétera, etcétera, etcétera?”

La guerra judicial contra la 4T

La guerra del Poder Judicial contra la cuarta transformación va más allá de esa pretensión del golpe de Estado técnico, y se refleja en las 74 leyes y reformas que ha invalidado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los primeros cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo ha documentado la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, misma que acusa una suplantación de funciones e invasión de facultades contra el Poder Legislativo.

Ya en el mandato de Norma Piña, destaca que la SCJN invalidó, en mayo de 2023, la primera parte del llamado Plan B que el presidente López Obrador propuso a las cámaras de Diputados y Senadores, y que se votó por mayoría legislativa (modificaciones a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas). Este golpe al Poder Legislativo y a la 4T dio origen al Plan C, por el cual se llamó al pueblo a acudir masivamente a las urnas el próximo 2 de junio para lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Con ello se harían reformas constitucionales, incluida la del Poder Judicial, para que sea el pueblo el que elija democráticamente a ministros, magistrados y jueces.

En ese mismo mes de mayo, el máximo tribunal echó abajo el Decreto presidencial que clasificaba como de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura prioritarios, y que tenía por objetivo evitar que grupos de intereses creados –como las dos asociaciones del empresario Claudio X González Guajardo: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico [4]– en colusión con jueces, magistrados y ministros frenaran las obras estratégicas mediante juicios de amparo.

Para junio del año pasado, la Corte determinó arbitrariamente cancelar la segunda parte del Plan B: reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Estas reformas buscaban fortalecer el régimen democrático, así como evitar que en un futuro el INE volviera a ser botín de unos cuantos, como ocurrió con Lorenzo Córdova Vianello, quien –ya como abierto aliado de Claudio X, líder del PRIAN– fue único orador de la marcha rosa del 18 de febrero de 2024, movimiento que ya se desenmascaró como promotor de Xóchitl Gálvez. También, la Suprema Corte echó abajo, ese mismo mes, la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.

A estos casos se sumó que el 24 de noviembre del año pasado, la mayoría de los ministros y ministras invalidaron la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y sus equiparables, así como los delitos relacionados con comprobantes fiscales (factureras, es decir empresas fantasmas). El proyecto fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar, bajo el pretexto de garantizar derechos individuales y presunción de inocencia. Ello, a pesar de que las factureras son esquemas que, por un lado, defraudan a la Hacienda Pública y, por otro, posibilitan el lavado de dinero al crimen organizado.

Y en un extremo todavía más grotesco, el 31 de enero de 2024, sólo dos ministros de la Segunda Sala –Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán– invalidaron la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, en beneficio de trasnacionales como la francesa Engie, que promovió el juicio de amparo que llegó a la SCJN.

Los dos juzgadores suplantaron a todo un Congreso, al pasar por encima de la decisión que tomaron las mayorías parlamentarias para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Los juzgadores determinaron que “al introducir nuevas reglas en el orden del despacho de energía, la forma de asignación de los contratos de cobertura eléctrica y el sistema de adquisición de certificados de energías limpias, se vulneraron los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable”.

Aunado a lo anterior, Aguilar Morales y Pérez Dayán habrían estado en un posible conflicto de interés, porque como lo reveló Contralínea, ambos forman parte del Instituto Mexicano del Amparo, asociación civil que litiga contra el gobierno de López Obrador. Dicha AC se pronunció contra la reforma a la industria eléctrica, y ellos fallaron en el mismo sentido; además, fomentó los juicios contra los libros de texto gratuitos (y Luis María Aguilar frenó su entrega en Chihuahua), se manifestó por la destitución de la ministra Yasmín Esquivel, presentó un recurso para ser “amiga” de la Corte (amicus curiae) en la acción de inconstitucionalidad para que los juzgadores ganen más que el primer mandatario, lo que respaldan 10 de los 11 ministros (sólo la ministra Lenia Batres ha regresado los pagos en exceso a la Tesorería de la Federación) [5].

La guerra judicial de la Corte contra la cuarta transformación llegó al extremo de que el 23 de agosto de 2023, el ministro Aguilar Morales presentó en la Segunda Sala un proyecto de sentencia del expediente 386/2023, con el que buscaba separar del cargo al presidente López Obrador –y de última hora retiró–. Dicho proyecto señalaba que, en materia de cumplimiento de ejecutorias de amparo, la Constitución Federal establece que la autoridad que desacata debe ser separada del cargo, incluido el presidente de la República.

Otra expresión de la guerra judicial es el hecho de que jueces, magistrados y ministros siguen dándole entrada a amparos que afectan obras, políticas públicas o impiden luchar contra la corrupción, como el caso de María Amparo Casar Pérez, presidenta de la organización de Claudio X González Guajardo –Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad–.

Además, han liberado en algunos casos de forma definitiva a presuntos delincuentes de cuello blanco, como el abogado de Carlos Salinas de Gortari, Juan Collado Mocelo; a la exsecretaria de Estado en el sexenio peñista, Rosario Robles, quien fue investigada por la llamada estafa maestra; y a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, implicado presuntamente en hechos de corrupción, como el caso Odebrecht y AgroNitrogenados. Esto frena las acciones contra la corrupción y genera impunidad.

Y también han liberado bajo medidas cautelares como prisión domiciliaria a actores clave del caso Ayotzinapa: el exprocurador Jesús Murillo Karam y ocho militares presuntamente vinculados a la desaparición de los 43 normalistas rurales. El entorpecimiento de la investigación del caso no sólo genera protestas sociales –como la irrupción violenta en Palacio Nacional del pasado 6 de marzo–, sino que impide que se sepa la verdad y propicia que los culpables sigan impunes.

Además, la guerra del Poder Judicial ha llevado a la liberación de decenas de integrantes del crimen organizado, como se demuestra cada 15 días en la sección de Cero Impunidad, lo que contribuye a la generación de violencia extrema. Una de las banderas de la derecha es, precisamente ésta, sin apuntar jamás a la responsabilidad que tienen jueces, magistrados y ministros que abren la puerta a los presuntos delincuentes.

Referencias

La ministra Norma Piña Hernández pidió a todos los invitados a la cena que hicieran las pases y olvidaran las presiones que de repente les hacía por WhatsApp.

Una vez más, el nombre de Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se encuentra en el centro de la polémica, luego de que exhibieran algunas de las presiones que ejerció en contra de los magistrados electorales.

De acuerdo con el diario Milenio, unos días antes de que se consumara la caída de Reyes Rodríguez Mondragón como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), Norma Piña Hernández presionó a Felipe Fuentes, un integrante del organismo en cuestión, para que no se manchara el nombre del funcionario cercano a la oposición.

Tales comunicaciones que la ministra sostuvo con sus interlocutores se suscitaron de entre el 4 al 11 de diciembre de 2023, fecha en que finalmente Reyes Rodríguez Mondragón presentó su renuncia como cabeza del Tepjf.

Los chats de Norma Piña con Felipe Fuentes

Norma Piña Hernández escribió al magistrado Felipe Fuentes:

“OJO SI TENGO QUE SALIR A DECIR LO QUE PIENSO LO HARÉ. A ESTAS ALTURAS DE MI VIDA LO ÚNICO QUE ME INTERESA ES LA TRANQUILIDAD DE MI CONSCIENCIA. Y VOY CON TODO”.

Posteriormente agregó:

“NO VINIERON A LA CORTE. CREO QUE TENEMOS QUE PLATICAR”.

El magistrado contestó:

“TE BUSQUÉ HACE ALGUNOS DÍAS SIN ÉXITO, PERO CUANDO DIGAS ESTOY A TUS ÓRDENES”.

La ministra respondió:

“OK. ESTO VA MUY MAL”.

Dicha mañana, los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes se tomaron una foto desayunando en un restaurante de San Ángel, en Ciudad de México, mientras la prensa los bautizaba como los rebeldes al no asistir al informe de Reyes Rodríguez Mondragón y al día siguiente Piña cuestionó:

–OYE. ¿QUÉ RELAJO SE TRAEN?”.

No fue hasta el otro día que el magistrado replicó:

“UNA DISCULPA, PERO ME QUEDÉ PROFUNDAMENTE DORMIDO Y CON EL CELULAR EN SILENCIO”.

Después Norma Piña:

“TENEMOS QUE PLATICAR. NO TE PRECIPITES. LA QUE VA A SALIR PERDIENDO ES LA INSTITUCIÓN. POR LA AMISTAD QUE TUVIMOS”.

Y el magistrado añadió:

“SABES QUE SIEMPRE HARÉ LO MEJOR POR LA INSTITUCIÓN, ESO NI DUDA CABE”.

Más tarde, la ministra advirtió:

“TUS COMPAÑERITOS TIENEN MUCHA COLA QUE LES PISEN. SI SE ENFRENTAN VAN A SALIR MUCHAS COSAS. NO CONVIENE, POR LA INSTITUCIÓN”.

El magistrado reviró:

“TOMO NOTA Y TE AGRADEZCO LA PREOCUPACIÓN”.

Y Norma Piña Hernández explicó:

“DE LOS TRES EN EL ÚNICO QUE CONFÍO ES EN TI. TAMPOCO DEFIENDO A REYES, PERO VAN A ABRIR UNA VERDADERA CLOACA”.

A la par, una fuente anónima del Poder Judicial ventiló a Milenio las presiones contra los magistrados:

“AMENAZÓ A LOS MAGISTRADOS CON ABRIRLES CARPETAS DE INVESTIGACIÓN SI PROCEDÍAN EN SU INTENCIÓN DE DEFENESTRAR A REYES… ‘ME LOS VOY A CHINGAR’, SOLÍA DECIR EN LOS PASILLOS DE SU CENTRO DE TRABAJO”.

Las presiones de Norma Piña y la cena con Alito

El 8 de diciembre la conversación subió de tono. Norma Piña Hernández texteó:

“NO ME VOY A METER. PERO OJO, SI TENGO QUE SALIR A DECIR LO QUE PIENSO LO HARÉ. A ESTAS ALTURAS DE MI VIDA LO ÚNICO QUE ME INTERESA ES LA TRANQUILIDAD DE MI CONSCIENCIA. Y VOY CON TODO, Y TENGO MUCHO QUE DECIR”.

Por dichas fechas, se llevó a cabo la reunión privada que la ministra tuvo con Alejandro Moreno Cárdenas y los magistrados, entre los que se encontraron Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, además de otros funcionarios de la SCJN.

La fuente anónima del Poder Judicial reveló a Milenio:

“CUANDO LOS INVITÓ A LA CENA, LES PIDIÓ HACER LAS PACES A CAMBIO DE NO DIFUNDIR PÚBLICAMENTE LOS MENSAJES QUE HABÍA ENVIADO PREVIAMENTE AMENAZÁNDOLOS. MUCHOS DE ESOS MENSAJES ERAN DE MADRUGADA”.

Otro de los testigos ventiló las palabras que Norma Piña Hernández dijo en su reunión:

“CENEMOS, PERO POR FAVOR NO DEN A CONOCER LOS MENSAJES QUE LES ENVIÉ. LES PROMETO NO METER LAS MANOS EN EL PROCESO DEL TEPJF”.

Finalmente, se tiene que en enero se filtraron parte de estos chats, por lo que la presidenta de la SCJN optó por bloquear a Felipe Fuentes, pues no podía seguir corriendo el riesgo de que sus conversaciones llegaran al ojo público:

“NI MODO AMIGO. TE TENDRÉ QUE BLOQUEAR”.

La Ministra Norma Piña organizó una cena privada a la que acudió la cúpula del Tribunal Electoral, el Ministro González Alcántara y Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, y a la que se convocó a Santiago Creel Miranda, el jefe de la campaña de Xóchitl Gálvez, quien nunca llegó a esta reunión atípica.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).– El pasado 12 de diciembre, un día después de que renunciara, en medio de presiones de sus compañeros, el Magistrado electoral Reyes Rodríguez Calderón a la presidencia del Tribunal Electoral, la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) organizó una cena en la casa del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ubicada en Paseo de la Reforma, Lomas de Chapultepec. El argumento era “limar asperezas” con integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La realidad fue otra o al menos así lo percibieron los magistrados que se encontraron con un asistente sorpresa: Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Era un rumor dentro de la Suprema Corte esta reunión, esta cena polémica que ocurrió el 12 de diciembre de 2023 y nos dimos a la tarea de hablar con algunas de las personas que estuvieron en esa cena. La Ministra Norma Piña empezó a invitar por Whatsapp a algunos de los magistrados, concretamente a tres que estaban en rebeldía en diciembre de 2023: los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes”, narró a “Los Periodistas” el periodista Salvador Frausto, quien reveló este encuentro en exclusiva el miércoles pasado en su columna en Milenio, medio en el que se desempeña como Director de Investigaciones y Asuntos Especiales.

Frausto compartió que a esta cena privada acudió la cúpula del Tribunal Electoral, la ministra presidenta Norma Piña, el Ministro González Alcántara —quien aunque fue propuesto por el Presidente López Obrador ha manifestado su respaldo a la “Marea Rosa” que a su vez abandera a Xóchitl Gálvez—, y “Alito Moreno”. Comentó que aunque estaba convocado Santiago Creel Miranda, el jefe de la campaña de Xóchitl Gálvez, él nunca llegó a “esta reunión atípica, incómoda en donde está la cúpula del Poder Judicial y el presidente de uno de los partidos políticos”.

Hasta el momento la Ministra Norma Piña, quien fue la que organizó este encuentro, no ha salido a dar su versión de los hechos. No obstante, Alejandro Moreno Cárdenas confirmó que acudió a esta cena a finales del año pasado. “Es un tema normal, es un tema natural, vemos temas de las entidades federativas, temas del Poder Legislativo”, sostuvo en declaraciones a la prensa. El Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, otro de los asistentes, también acordó la existencia de esta reunión. “No tengo ni tenemos mayores comentarios sobre un encuentro al que fuimos invitados por la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, declaró a Milenio Televisión. “Ahora sí que como dice el clásico, yo cené y me fui, es lo que podría decir”.

Felipe de la Mata Pizaña indicó que el encuentro se dio en el marco de la renuncia de Reyes Mondragón a la presidencia del Tribunal Electoral, una posición que dejó en medio de señalamientos de sus compañeros por irregularidades como permitir la injerencia de despachos de abogados en la vida interna de este organismo que calificará la elección del próximo 2 de junio. Salvador Frausto narró a “Los Periodistas” que se sabe que Norma Piña buscaba dejar a Rodríguez Mondragón, un exfuncionario del Gobierno de Felipe Calderón, al frente de este Tribunal por un acuerdo con el PRI y PAN.

“Lo que se sabe es que la Ministra tenía el acuerdo con las cúpulas del PRI y PAN para dejar como presidente del TEPJF a Reyes Rodríguez Mondragón porque se sentían cómodos con él. En las comunicaciones por Whatsapp, digamos le dan el avión y finalmente se concreta esa cena y ahí les acerca a uno de los inconformes, a “Alito” Moreno, el otro inconforme no asistió, que era Creel”, señaló.

Y ahondó: “es una noticia en progreso, seguimos reportando e indagando lo que se dijo en esa cena, lo que hemos podido confirmar hasta ahora es que el motivo por el que los invitaron era para limar asperezas por las presiones que le había hecho Norma Piña para apoyar a Reyes Rodríguez Mondragón y les decía, vamos a limar asperezas, vamos a sentarnos y pues si ya Mónica Soto va a ser la jefa del TEPJF, pues platiquemos, nada más que en esa reunión les cayó por sorpresa Alito Moreno”.

Desde Morena y la campaña de la candidata de la izquierda Claudia Sheinbaum se ha visto este encuentro como una muestra de la cercanía del Poder Judicial y la campaña de la derecha que abandera a Xóchitl Gálvez. “¿Cómo la presidenta de la Suprema Corte promueve una reunión entre magistrados electorales y dirigentes de partidos políticos? De ser cierta esta cena lo que mostraría es el vínculo directo que hemos estado hablando y del que ha hablado el presidente, en donde la Suprema Corte y la presidencia de la Suprema Corte actúan políticamente y están operando electoralmente”, denunció Sheinbaum Pardo.

En entrevista con “Los Periodistas”, Gerardo Fernández Noroña, uno de los voceros de la campaña de Sheinbaum, cuestionó la presencia de Alejandro Moreno Cárdenas en la cena. “Qué hacía ahí el Presidente del PRI y qué hacía ahí invitado el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez (Santigo Creel). Ese tema es delicadísimo, gravisímo, los medios están silenciándolo pero nosotros no debemos soltar que la Presidenta de la Corte, Norma Piña, debe decir por qué invitó a esos dos personajes y qué acuerdos pretendía tomar o tomó”.

Noroña señaló que actos como este muestran que el verdadero partido conservador es la Suprema Corte. “El PRI y el PAN no sirven para nada, les da vergüenza, la ‘Marea Rosa’, Fuerza y Corazón, se esconden de todas las maneras, pero quien está generando oposición, rompiendo el orden Constitucional y cobijando a una candidatura” es la Suprema Corte. “Me parece que hay que emplazar a Norma Piña a que diga por qué invitó a esos dos políticos, no tenían nada que hacer ahí”, sostuvo.

Fernández Noroña advirtió que se trata de un uso faccioso de las instituciones: “La Corte tomando decisiones políticas disfrazadas de jurídicas en un golpeo permanente al Ejecutivo y al Legislativo, en una actitud absolutamente hipócrita y además en una actitud irresponsable porque al querer que se descarrile el proceso electoral imagínense lo que pasaría”.

“Hay que recordar que el Tribunal Electoral tiene la última palabra en la elección […] La Ministra presidenta de la Corte es la cabeza del Poder Judicial, ni más ni menos, y si bien el Tribunal Electoral es un espacio autónomo del Poder Judicial especializado en materia electoral y como tiene estamos diciendo califica la elección”.

En ese sentido, el periodista Salvador Frausto compartió que se sabe que los magistrados electorales y otros asistentes a la cena interpretaron este encuentro “como una manera de acercar a la coalición de Xóchitl Gálvez con los magistrados electorales, esa es la interpretación de los asistentes a la cena, pero también en los pasillos de la Suprema Corte, que es así como se origina esta nota periodística, era una vox populi en el sentido de que por lo menos había sido imprudente de, en tiempos electorales, acercar a la opositora con los árbitros electorales, sobre todo cuando habían quitado a la cabeza que les era muy cómoda al PRI y PAN. Entonces, digamos que la intención es una suerte de cabildeo de la Ministra presidenta de la SCJN para con su cercano amigo Alito Moreno”.

Frausto señaló que la Ministra Norma Piña debe explicar el motivo de esa reunión. “La Ministra tendrá que dar una respuesta porque esa exigencia de respuesta la merecen los ciudadanos, sobre todo a dos semanas y media de la elección presidencial y sobre todo porque el propio Presidente ha advertido de un ánimo de querer judicializar la elección ante una eventual derrota de la oposición. Esto que fue a decir Xóchitl Gálvez a los Estados Unidos de que hay una erosión de la democracia y una elección de Estado parece que es una narrativa que está construyendo la coalición opositora para cuestionar la elección”.