Aunque la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum para impedir el nepotismo en los cargos públicos fue aprobada en el Senado hasta 2030, Morena ha decidido adelantarse y la aplicará desde las elecciones locales de este año en Durango y Veracruz.

Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional del partido guinda, anunció el pasado 15 de febrero a través de sus redes sociales que este principio será un criterio clave en la selección de candidatos para los comicios de 2025, a pesar de que la legislación no lo exige aún.

“Nosotros, a pesar de que no es legislación, es decir, que no va a ser ley para este proceso electoral, lo vamos a adoptar. En esta elección, aunque no sea un mandato legal, lo aplicaremos como un principio para determinar nuestros candidatos”, señaló Alcalde Luján.

La medida busca garantizar que la selección de candidatos dentro del partido no esté marcada por favoritismos familiares, en línea con la reforma impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la democracia y erradicar los ‘cacicazgos’ políticos.

Morena pretende con esto enviar un mensaje de congruencia y disciplina interna, cerrando el paso a aspirantes que busquen perpetuar dinastías políticas en sus respectivos estados. La decisión se da en medio de una contienda electoral que definirá alcaldías y diputaciones locales clave para la gobernabilidad en ambas entidades.

Con esta decisión, Morena pone a prueba su compromiso con la transformación política y con una renovación real de sus cuadros, anticipándose a lo que podría ser una nueva norma constitucional en el país.

El gobierno federal informó que dentro del Poder Judicial existe un “entramado de nepotismo”, pues prácticamente la mitad de los trabajadores de esa instancia tienen al menos un familiar trabajando dentro de la misma.

Con base en datos del propio Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la persona que acumula más familiares en Poder Judicial tiene 26 parientes trabajando en la misma institución, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, dos actuarios y diez oficiales.

La información presentada esta mañana en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, muestra que 49 por ciento de los trabajadores de este poder tiene al menos un familiar trabajando dentro de esta instancia.

De acuerdo con un estudio de diciembre de 2022, se reveló que “existe un entramado de familiares” que participan en el Poder Judicial, que abarca a 24 mil 546 personas con un pariente en el seno de este poder.

En la mañanera, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa Alcalde, presentó estos datos que también muestran que 85.4 por ciento de los magistrados y 67 por ciento de los jueces tienen familiares dentro del Poder Judicial.

Con base en la información, los magistrados tienen en promedio 4.7 parientes trabajando en este poder.

Asimismo, 23.7 por ciento del personal del Poder Judicial tiene más de cuatro familiares trabajando en la institución.

Estos datos, fueron dados a conocer por la administración de López Obrador a unas horas que inicie la discusión en el Senado para la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

Destacó que esta información se obtuvo del registro voluntario que realizan los trabajadores, donde bajo protesta de decir verdad, se informa sobre sus parientes en el seno de este poder. Sin embargo, acotó, en muchas ocasiones se informa sólo de quienes tienen los mismos apellidos, pero se omite a parientes políticos.

En un “problema adicional”, la secretaria señaló que el CJF —órgano al que corresponde investigar y sancionar las conductas indebidas, actos de corrupción, nepotismo o delitos cometidos por los integrantes del Poder Judicial— no funciona como debería.

Lo anterior con base a número de 2004 a 2023, periodo en el que se han presentado 38 mil quejas contra funcionarios del Poder Judicial, de estas quejas se ha desechado 86 por ciento, esto es, ni siquiera se inició una investigación.

Alcalde resaltó que de las quejas que sí se investigaron, el CJF ha sancionado a 472 jueces y magistrados en estos 19 años.

De estos, 0.7 por ciento fueron amonestaciones, 0.27 por ciento suspensiones, 0.11 por ciento destituciones, 0.06 por ciento inhabilitaciones y 0.04 por ciento sanciones económicas.

“Este órgano no vigila comportamiento de jueces”, subrayó.

Asimismo, de enero de 2023 a la fecha, diferentes instancias del Ejecutivo federal han presentado 72 denuncias contra jueces y magistrados ante el CFJ, de este total, esa instancia no ha resuelto ninguno de los casos y menos aún sancionado a los integrantes del Poder Judicial señalados.

Por su parte, el presidente López Obrador señaló que el Poder Judicial se convirtió en protector de la mafia del poder económico y político.

Señaló que debido a esta situación y porque es facultad del Ejecutivo federal, se propuso una reforma a éste.