Ciudad de México.— A menos de una semana del operativo federal que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el Gobierno de México informó que ya tiene plenamente identificados a los principales aspirantes a tomar el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un intento por anticipar una posible recomposición del grupo criminal.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó durante la conferencia presidencial que existen al menos cuatro liderazgos fuertes bajo investigación, de los cuales dos serían los más probables sucesores del capo abatido.

Sin embargo, el funcionario evitó revelar sus nombres por razones operativas y legales.

Dos figuras con mayor probabilidad

Harfuch precisó que las autoridades federales mantienen vigilancia sobre varios mandos regionales del CJNG, pero que dos concentran mayores posibilidades de encabezar la organización.

“Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente que están bajo investigación… dos son los más probables”, señaló.

La reserva de identidades responde a que las indagatorias siguen en curso y a que la divulgación podría comprometer operativos o procesos judiciales.

Liderazgos regionales y estructura fragmentada

El secretario explicó que el CJNG no depende únicamente de una figura central, sino que cuenta con una red de jefes regionales con capacidad operativa propia. Esto permite que la organización continúe funcionando incluso tras la eliminación de su líder histórico.

De acuerdo con el funcionario, el grupo criminal mantiene presencia en múltiples estados del país, lo que incrementa el riesgo de disputas internas por el control territorial y financiero.

La identificación anticipada de estos liderazgos forma parte de la estrategia gubernamental para evitar que la transición derive en una escalada de violencia.

Un vacío de poder tras la muerte del capo

La muerte de “El Mencho” —abatido durante un operativo militar en Jalisco el 22 de febrero de 2026— dejó un vacío de liderazgo en una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.

El CJNG había logrado consolidarse como una estructura altamente centralizada bajo su mando, lo que hace particularmente delicada la etapa posterior a su desaparición.

En situaciones similares, el relevo suele desencadenar luchas internas o fracturas en facciones rivales, lo que históricamente ha derivado en picos de violencia.

Vigilancia preventiva y despliegue de seguridad

El Gobierno federal ha establecido centros de coordinación y vigilancia para monitorear posibles movimientos de reacomodo dentro del cártel. La estrategia busca anticipar escenarios de confrontación y neutralizar a los mandos antes de que consoliden un nuevo liderazgo.

La reacción violenta del CJNG tras la caída del capo —bloqueos, incendios y ataques coordinados en varios estados— evidenció la capacidad operativa del grupo incluso sin su dirigente.

Por ello, las autoridades consideran prioritario impedir que surja una figura que reconstituya el poder central del cártel.

Un mensaje de control estatal

La confirmación de que los posibles sucesores están identificados y bajo investigación pretende enviar una señal clara: el Estado no sólo golpeó a la cúpula del CJNG, sino que busca impedir su recomposición.

En términos estratégicos, la fase posterior a la caída de un líder criminal suele ser decisiva. Si las autoridades logran desarticular a los aspirantes antes de que consoliden su mando, la organización puede fragmentarse o debilitarse de forma estructural.

Por el contrario, si surge un nuevo líder con legitimidad interna, el cártel podría recuperar su cohesión y capacidad ofensiva.

Un escenario aún abierto

Especialistas advierten que el futuro del CJNG dependerá de múltiples factores: lealtades internas, control de rutas, financiamiento y presión estatal. La organización podría fragmentarse en células regionales o reorganizarse bajo un mando colegiado.

Mientras tanto, el Gobierno federal insiste en que la prioridad es garantizar la seguridad de la población y evitar que el relevo criminal se traduzca en nuevas oleadas de violencia.

La caída de “El Mencho” cerró un capítulo en la historia del narcotráfico mexicano, pero el desenlace de la sucesión determinará si se trata de un golpe definitivo o del inicio de una nueva fase del conflicto.

Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad federales tras el operativo que culminó con la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, considerado durante años el narcotraficante más poderoso y buscado del país.

La mandataria destacó la coordinación entre Ejército, Guardia Nacional y autoridades federales, subrayando que la acción representa uno de los golpes más contundentes al crimen organizado en décadas. Tras los enfrentamientos y la posterior reacción violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Gobierno aseguró que la situación se encuentra bajo control y que las carreteras del país permanecen transitables.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, mediante una intervención de alta precisión basada en labores de inteligencia. Las fuerzas federales localizaron al líder criminal en un complejo rural y desplegaron unidades terrestres y apoyo aéreo para intentar su captura.

Durante la operación, los elementos de seguridad fueron atacados por integrantes del CJNG, lo que derivó en un enfrentamiento armado. El capo resultó gravemente herido y falleció posteriormente, mientras que varios miembros de su círculo de seguridad murieron en el lugar.

La caída del líder criminal provocó una respuesta violenta del cártel en diversas regiones del país, con bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques coordinados. Autoridades federales desplegaron operativos de contención en múltiples estados para restablecer el orden y proteger a la población.

Informes oficiales indican que los enfrentamientos posteriores dejaron decenas de muertos, entre ellos elementos de seguridad y presuntos integrantes del grupo delictivo, además de numerosos detenidos y aseguramientos de armamento.

Pese a la magnitud de la reacción criminal, el Gobierno sostuvo que la acción demuestra la capacidad del Estado mexicano para enfrentar a las organizaciones delictivas más violentas sin ceder ante la intimidación. Desde Palacio Nacional se enfatizó que el operativo fue ejecutado por fuerzas mexicanas, aunque contó con información de inteligencia compartida por agencias estadounidenses.

“El Mencho” era considerado uno de los principales responsables del tráfico internacional de drogas y de una escalada de violencia contra autoridades desde la década pasada, lo que lo convirtió en objetivo prioritario de México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa millonaria por su captura.

Para el Gobierno federal, la neutralización del líder del CJNG representa no sólo un éxito táctico, sino un mensaje de que el Estado mantiene la iniciativa frente a las estructuras criminales que operan en el país. El reconocimiento presidencial a las fuerzas del orden se inscribe en esa narrativa: la de un Estado que, pese a los costos y riesgos, continúa disputando el control territorial y la seguridad pública a los grupos armados.

Los traficantes están optando por Arizona para adquirir armas. A partir de 2024, el corredor Arizona–Sonora–Sinaloa se consolidó como la principal vía ilegal de armamento.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).– La pugna entre Los Chapos y Los Mayos, escisiones del Cártel de Sinaloa —recrudecida tras el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada— no solo ha convertido a Sinaloa en un campo de batalla, sino que también ha modificado la ruta y la dinámica del tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, beneficiando, particularmente, a las armerías instaladas del otro lado de la frontera mexicana.

El más reciente informe de la organización Stop US Arms to Mexico, titulado Corredores de la violencia, revela que los traficantes están optando cada vez más por el estado de Arizona para adquirir armas. Esta tendencia ha ido en aumento: a partir de 2024, el corredor Arizona–Sonora–Sinaloa se consolidó como la principal vía para el flujo de armamento hacia grupos criminales en México.

Lo más ilustrativo, sin embargo, es la explicación de este reacomodo. El informe lo sitúa en el contexto de la escalada de violencia en Sinaloa tras el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada en el verano de 2024, quien fue llevado ilegalmente a Estados Unidos en una avioneta en la que fue trasladado por Joaquín Guzmán López, “El Güero”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Desde entonces, en el estado creció en un 213 por ciento las víctimas de homicidio doloso y, en 2025, se convirtió en el estado con más policías asesinados, con 46 casos hasta el 18 de diciembre. Ese mismo año, el Ejército mexicano aseguró 2 mil 95 armas en Sinaloa, más del doble que en cualquier otra entidad del país.

“Podemos ver que, especialmente desde la captura del ‘Mayo’ Zambada, a mediados de 2024, el corredor entre Arizona, Sonora y Sinaloa se ha fortalecido […] Los traficantes están eligiendo Arizona como un punto preferente para adquirir armas. Es un estado con un mercado enorme, con cientos de armerías y leyes muy permisivas para comprarlas”, señaló en entrevista John Lindsay-Poland, coordinador de Stop US Arms to Mexico. El especialista añadió que el informe se basa en una investigación sustentada en datos detallados sobre el rastreo de armas recuperadas en México y vinculadas con puntos de venta en Estados Unidos.

Por su parte, Mike Vigil, exagente de la DEA, consideró que es consistente que un conflicto interno dentro del cártel incremente la demanda de armas de alto poder y fortalezca corredores específicos como el de Arizona–Sonora–Sinaloa. “En el conflicto, obviamente están reclutando cada vez a más individuos para combatir, ya sea en la facción de los Chapitos o en la del ‘Flaquito’ Mayo”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

Y agregó: “Por el enfrentamiento entre los Chapitos y el hijo de Zambada, el ‘Flaquito’ Mayo, se están modificando las rutas, en parte porque el enfoque no sólo de México, sino también de Estados Unidos, está en la frontera con Texas y en otros puntos para contener la violencia que se vive en Sinaloa, Durango y Chihuahua”.

Un arsenal de 73 mil pistolas

En la última década, de acuerdo con datos del informe de Stop US Arms to Mexico, más de 73 mil armas recuperadas en México fueron rastreadas hasta una compra en Estados Unidos. De las 8 mil 823 armas aseguradas menos de un año después de su venta original, el 83.6 por ciento fueron adquiridas en Texas o Arizona. Sin embargo, para 2024 esa proporción ascendió a 90 por ciento.

Si bien el informe precisa que desde 2022 el corredor Arizona–Sonora ya venía ganando relevancia dentro del tráfico de armas, fue a partir de 2024 cuando Arizona se consolidó como el principal corredor del trasiego de armas desde Estados Unidos hacia México, desplazando a Texas como epicentro histórico de compra y cruce fronterizo. Así lo documenta el reporte Corridors of Violence, elaborado con datos de rastreo de la ATF.

“Antes el lugar preferido era Texas; se confiscaban muchas más armas en Tamaulipas, y eso respondía a las dinámicas del mercado de los cárteles en cuanto a su armamento. El Cártel del Golfo y Los Zetas estaban adquiriendo armas en Houston y en otros puntos de Texas, y era mucho más fácil llegar a Tamaulipas desde ahí. Ahora, con el conflicto armado en Sinaloa y Michoacán, es claro que Arizona se ha convertido en el lugar preferido porque ese corredor está más allanado y facilita el traslado de armas traficadas”, contextualizó Lindsay-Poland.

Mike Vigil coincidió con ese diagnóstico: “Texas sigue siendo el principal estado de origen de armas, pero sí estamos viendo un cambio drástico hacia Arizona”, señaló.

Los datos respaldan esa tendencia.

En 2024, el 62 por ciento de las armas con origen en Estados Unidos recuperadas en México con un “tiempo al delito” de un año o menos —el lapso entre la compra y la confiscación, considerado un indicador de tráfico deliberado— provenían de Arizona. En 2015-2016, esa proporción era de apenas 17 por ciento. Mientras la participación de Texas se mantuvo relativamente estable entre 2015 y 2024, la de Arizona aumentó de manera significativa.

El cambio en la dinámica también se refleja en los puntos de compra.

De los 15 códigos postales de Estados Unidos donde se adquirieron más armas que fueron confiscadas en México dentro de un año entre 2023 y 2024, 14 se ubican en Arizona, es decir, el 93 por ciento. En consecuencia, en 2024 Sonora —estado fronterizo con Arizona— registró el mayor número de armas confiscadas en México.

La concentración geográfica es contundente. En 2024, el 69 por ciento de las armas con corto tiempo al delito recuperadas en México y rastreadas a Estados Unidos provenían de tres condados: Maricopa, Arizona (53.9 por ciento); Pima, Arizona (8.8 por ciento); y Harris, Texas (6.4 por ciento).

Pueden fortalecer al CJNG

Para el exagente de la DEA, esta reconfiguración en las rutas del tráfico de armas resulta preocupante. “Si comienzan a entrar armas nuevamente por Arizona, no sólo se fortalecerá el Cártel de Sinaloa, sino también el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos que están en ascenso y que podrían volverse muy poderosos en el futuro. Eso, sin duda, contribuirá a la violencia que se vive en México”, advirtió.

El Cártel de Sinaloa, además de operar en 31 estados de México, tiene presencia en las 50 entidades de Estados Unidos, con miles de traficantes vinculados a su estructura, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas 2025, publicada por la Administración para el Control de Drogas (DEA). La agencia describe al cártel como uno de los “más poderosos del mundo” y como uno de los principales productores de fentanilo.

Según la DEA, el Cártel de Sinaloa utiliza el corredor de Arizona y California para transportar droga hacia territorio estadounidense.

“Una red de mayoristas de drogas ilícitas, un nivel por debajo de los cárteles en México, opera en las principales ciudades de Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, Phoenix, Houston, Chicago, Atlanta y Miami. Estos afiliados con base en Estados Unidos utilizan plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería cifrada para anunciar y distribuir sus productos letales, así como para reclutar correos y traficantes. Abastecen a redes locales independientes de tráfico de drogas, células callejeras y pandillas cuyo objetivo principal es colocar las drogas ilegales en manos de los consumidores. Algunos miembros de pandillas y traficantes independientes son tan prolíficos que mantienen contacto directo con mayoristas vinculados al Cártel de Sinaloa, lo que les permite convertirse en proveedores a nivel regional”, detalla la DEA.

Homicidios se triplican en Sinaloa

El secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada —quien en 2024 fue entregado por Joaquín Guzmán López, “El Güero”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a autoridades de Estados Unidos— detonó una confrontación interna entre facciones del Cártel de Sinaloa. Hasta ahora, el Gobierno estadounidense no ha precisado cuál fue su papel en la captura del capo en territorio mexicano, como recientemente reclamó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Las cifras oficiales muestran que, a partir de ese momento, los homicidios dolosos se dispararon. En 2024, Sinaloa registró 994 víctimas de homicidio doloso, lo que representa un incremento de 87.19 por ciento respecto a los 531 casos contabilizados en 2023. Del total de personas asesinadas ese año, el 80.78 por ciento —al menos 803 víctimas— murieron por arma de fuego. Esta cifra es 118 por ciento mayor que las 367 víctimas de homicidio con arma de fuego registradas en 2023.

La violencia no se detuvo. En 2025, de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, consultados y actualizados al 12 de febrero, Sinaloa cerró el año con al menos mil 663 víctimas de homicidio doloso. Esto representa un aumento de 67 por ciento en comparación con 2024 y de 213 por ciento frente a 2023, el año previo a la captura de “El Mayo”.

También aumentó la proporción de asesinatos cometidos con arma de fuego.

De los mil 663 homicidios registrados en 2025, mil 488 fueron perpetrados con este tipo de arma, es decir, el 89.47 por ciento del total. El número de personas asesinadas con arma de fuego en 2025 fue 85.30 por ciento mayor que en 2024 y 305.44 por ciento superior al registrado en 2023.

La tarde del 25 de julio de 2024 se informó que “El Mayo”, el histórico líder criminal que durante décadas logró evadir la cárcel, había sido detenido en Texas tras aterrizar en un vuelo procedente de Sinaloa.

En los días posteriores surgieron versiones encontradas sobre la forma en que Estados Unidos logró el arresto de los dos capos. Algunos reportes señalaban que ambos se habrían entregado voluntariamente; otros apuntaban a una captura mediante engaños o incluso a un “secuestro” en territorio mexicano antes de su traslado y detención en Estados Unidos.

La posibilidad de que un mexicano acusado por autoridades estadounidenses sea capturado mediante un operativo extraterritorial no resulta, para diversos analistas, un escenario descabellado.

Pero al día siguiente, se supo que Zambada dijo que había sido secuestrado por Guzmán López, quien se entregó a las autoridades estadounidenses. «El Mayo» señaló que Joaquín Guzmán López —uno de los líderes de la facción rival del cártel y en quien, sin embargo, confiaba— lo invitó a una reunión para ayudar a tranquilizar la disputa política entre Rocha y Cuén.

La idea de que Zambada fue traicionado —se presume— fue el detonante de los intensos enfrentamientos entre sus simpatizantes, conocidos como los “Mayitos”, y el grupo de Guzmán López —hijo del encarcelado capo Joaquín “El Chapo” Guzmán— conocidos como los “Chapitos”.

Este repunte de violencia desde 20224 rompió  la tendencia a la baja que Sinaloa mantenía en homicidios dolosos entre 2018 y 2023, según datos del Secretariado Ejecutivo.

En 2017 se registraron 1,473 casos; en 2018, 1,072; en 2019, 896; en 2020, 778; en 2021, 600; y en 2022 la cifra descendió a Sin embargo, 2024 marcó un retroceso, con niveles de violencia que recuerdan los años más críticos del estado y que no han disminuido.

Los jueces emitieron sentencias absolutorias y libertades provisionales a personas señaladas por narcotráfico secuestro y tortura.

En los últimos tres años, el Poder Judicial ha otorgado la libertad a 72 líderes e integrantes de la delincuencia organizada en México. Entre enero de 2022 y enero de 2025, diversos jueces han emitido sentencias absolutorias, libertades provisionales y anticipadas, así como cambios de medidas cautelares a personas procesadas por delitos como narcotráfico, secuestro, tortura y delitos contra la salud.

El pasado viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, justificó la entrega de 29 capos a Estados Unidos bajo el argumento de que existía el riesgo de que algunos fueran liberados o beneficiados por jueces federales para retrasar sus procesos de extradición.

El jueves, de manera sorpresiva, el gobierno de México extraditó a 29 capos de alto y medio rango a Estados Unidos. Entre los extraditados se encuentran figuras como Rafael Caro Quintero, alias Don Rafa; Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy; Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana; y Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z-40.

Todos ellos enfrentan cargos graves y podrían ser sentenciados a cadena perpetua o incluso pena de muerte.

Jueces liberaron a 72 líderes del narco en solo tres años

Dentro de los 72 liberados en los últimos tres años, se encuentran presuntos delincuentes de alta peligrosidad. Entre ellos, Inés Coronel Barrera, líder del Cártel de Sinaloa y suegro de Joaquín El Chapo Guzmán, quien obtuvo su libertad anticipada el 5 de abril de 2022 por decisión del juez Segundo de Distrito especializado en ejecución de penas en la Ciudad de México, Fredy L. Portillo González.

Coronel Barrera fue condenado a 10 años de prisión en 2017 por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Otro caso relevante es el de Javier Adrián Salazar Ortiz, alias El Barbas, exlíder regional del cártel de Los Zetas, quien permanecía recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. Sin embargo, el 29 de febrero de 2024 fue absuelto por el magistrado Rodolfo Martínez Abarca, del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito.

Asimismo, Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero, sobrino de los fundadores del Cártel de los Arellano Félix, obtuvo libertad provisional el 25 de diciembre de 2023. Su liberación fue autorizada por Aarón Abraham Rodríguez Agúndez, secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Baja California.

José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, también figura entre los beneficiados. A pesar de ser acusado por delitos como extorsión y secuestro, el juez Penal de Primera Instancia en Guanajuato determinó su no vinculación a proceso.

¿Quiénes son los principales capos liberados por jueces?

Entre los 72 liberados se encuentran:

• Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, líder del Cártel del Golfo, liberado el 20 de enero de 2024.
• Gabriel Ayala Fonseca, alias El Tres Animales, lugarteniente de Los Arellano Félix, quien obtuvo una condena condicional el 18 de enero de 2023.
• Alan Ervey Castillo Juárez, alias Comandante Cano, exlugarteniente del Cártel de Sinaloa, liberado el 13 de enero de 2024.
• Saúl de los Santos de Jesús, alias El Comandante Fósil, líder huachicolero de Los Bukanas, quien obtuvo sentencia absolutoria en Veracruz.

Otras figuras del crimen organizado que fueron liberadas incluyen a:

• Sabino Guillermo Flores Conchas, alias Memo, lugarteniente de Fuerza Anti-Unión Tepito.
• José Antonio Galarza Coronado, alias El Amarillo, líder regional del Cártel del Golfo.
• Andrés Felipe García Munera, alias El Colocho, líder de La Unión Tepito.
• Leticia Rodríguez Lara, alias Doña Lety, líder y fundadora del Cártel de Cancún.

Ismael El Mayo Zambada tiene órdenes de aprehensión en México, “aquí nadie protege a un delincuente”, enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante los cuestionamientos de algunos adversarios en el sentido que su gobierno apoya al líder del cártel de Sinaloa en el proceso que enfrenta ante la justicia de Estados Unidos.

La mandataria recalcó que ante la carta del capo —difundida la semana pasada— en la que pide la intervención del gobierno federal para ser repatriado a México debido a la forma en que fue sustraído del país, la obligación es acudir a las leyes y la Constitución, como corresponde con cualquier connacional que se encontrara en una situación así.

“Esta persona tiene órdenes de aprehensión en México. Los adversarios y los pseudoperiodistas andan diciendo que los protegemos. ¿Cómo, si tiene órdenes de aprehensión? El asunto es cómo se llevan las cosas que tienen que estar en el marco de la ley, de la Constitución y de las relaciones internacionales. Pero aquí nadie protege a un delincuente. ¡Nadie! Y él y otras personas que hayan cometido delitos, pues tienen que enfrentarse a la justicia en México u otros países. El asunto es cómo se llevó el proceso y cómo se contesta estas peticiones, pues en el marco de la ley”, subrayó.

En la mañanera de este lunes en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo aseguro que no le preocupa lo que el capo pueda decir en el proceso judicial en Estados Unidos.

Sostuvo que ante las supuestas presiones, “ni caemos en chantajes ni en amenazas, cumplimos con nuestra responsabilidad, con la Constitución y con las leyes”.

Esto ante lo que se pueda publicar en un periódico o escriba un articulista político o financiero. “Nosotros cumplimos la ley y la Constitución, porque juramos respetarla”.

La presidenta aseguró que su gobierno no ha dialogado con el abogado de El Mayo, sino que se responderá a la carta con base en la ley.

Destacó que la Fiscalía General de la República mantiene una investigación desde que el capo sinaloense fue, aparentemente, secuestrado por el hijo de su ex socio, Joaquín El Chapo Guzmán, para entregarlo a autoridades de Estados Unidos, donde se le mantiene detenido y bajo proceso jurídico por diversos delitos y donde se le podría imponer la pena de muerte.

Ante pregunta sobre si se realizará una deportación o una extradición —en caso que se apoye al capo—, la mandataria aclaró: “Ni siquiera estamos metidos en eso, por eso, repito, es un asunto de la Fiscalía, que nos tiene que explicar qué es lo que ellos tienen, qué es lo que han estado investigando”.

Asimismo, agregó, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene protocolos para responder a la petición que haga cualquier mexicano, en este caso El Mayo, a lo que se remitirá y se abocará su gobierno, “no a una opinión subjetiva o a una carta de amenazas”.

Sergio Rodríguez Gelfenstein

Este enunciado fue emitido por la presidenta de México Claudia Sheinbaum el pasado 7 de febrero durante su habitual rueda de prensa mañanera. A continuación la máxima autoridad mexicana dijo: «Ellos tienen mucho que hacer en Estados Unidos” y cuestionó acerca de “¿Cómo es que llega el fentanilo o cualquier otra droga? No está bien que pase ilegalmente, nosotros hacemos el trabajo en nuestro país. ¿Pero qué pasa después de la frontera? ¿Quién opera? ¿Quién vende la droga en las ciudades de Estados Unidos que han provocado tanta tragedia?».

La presidenta Sheinbaum sabe lo que habla, sobre todo si uno se pregunta quien es el gran ganador con el negocio de las drogas. Ya a finales del siglo pasado un estudio de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) estimaba en cerca de 500 mil millones de dólares la ganancia producida por el tráfico internacional de drogas, más de la mitad de la cual circulaba por el sistema financiero de Estados Unidos. Para tratar de controlar esta situación, el gobierno lanzó la operación Greenback, cuyos objetivos eran los bancos que manejaban dinero de las drogas sobre la base de que era más fácil vigilar a las instituciones financieras que ejecutar intervenciones militares en los países productores.

Al observar la cantidad de dinero que llegaba a los bancos de Miami, el Banco de la Reserva Federal encontró que Florida tenía un superávit de efectivo de US$5.5 mil millones en un momento en que el resto del país tenía un déficit de efectivo. El Departamento de Justicia en coordinación con el Departamento del Tesoro se vieron obligados a actuar. Así comenzó Greenback.

Después de obtener algunos magros resultados y tras acusar a tres ciudadanos colombianos y a otras 13 personas de conspirar para defraudar a Estados Unidos, la operación fue cancelada en octubre de 1982 cuando, misteriosamente, la mayoría de los acusados logró huir de la justicia. Hasta ese momento y sólo por tres años duró la persecución en serio al narcotráfico en Estados Unidos. El zar antidrogas en ese momento era George Bush padre quien venía de ser director de la CIA. Su “meritoria labor” tanto en la CIA como en la DEA le valió para ser elegido posteriormente vicepresidente y presidente de Estados Unidos.

Otro aspecto de este negocio es el de los precursores químicos. En fecha tan lejana como 1989, en una operación realizada por la policía colombiana fueron incautados 1.5 millones de galones de químicos usados para transformar la coca en cocaína. La mayor parte de los barriles tenía logotipos de la cooperación de Estados Unidos. La propia CIA reportó que la exportación a América Latina de sustancias como ácido clorhídrico, permanganato de potasio, ácido sulfúrico, acetona y éter, superaba en mucho los usos legales de las mismas, mientras que el Servicio Congresional de Investigaciones concluía que más del 90% de los químicos usados en la producción de drogas procede de Estados Unidos. Parece evidente que controlar esta industria internamente es mucho más fácil y menos costoso para el país, sin embargo poco y nada se ha hecho.

El periodista mexicano residente en Washington J. Jesús Esquivel se ha dedicado en tiempos recientes a investigar y documentar las acciones del narcotráfico en México y Estados Unidos. Uno de sus libros “Los narcos gringos” publicado en 2016 y reeditado en 2022 se introduce en los misterios y las incógnitas del narcotráfico en Estados Unidos al realizar una profunda investigación de expedientes judiciales además de entrevistar informantes y agentes que han participado directamente en el negocio de las drogas o en la lucha contra él.

Con lujo de detalles, este libro recrea los “ingeniosos trucos de que se valen los brokers, los artífices del tráfico de estupefacientes, para llevar sus mercancías al interior de la Unión Americana y lavar el producto de su labor ilícita que hacen llegar a los cárteles mexicanos, según plantea la contratapa del libro”.

En un capítulo denominado “Narcocorrupción gringa”, Esquivel expone que las altas autoridades de Estados Unidos e incluso el público de ese país cuando hablan de narcotráfico inmediatamente piensan en Colombia y México, cargando la responsabilidad en las agencias de los dos países a quienes acusan de corruptos. Sin negar dichos conceptos el periodista mexicano opina que en Estados Unidos también hay narco corrupción. Dice que: “Los narcos gringos y los mexicanos tienen en sus nóminas a agentes aduaneros de Estados Unidos, de la Patrulla Fronteriza, de la DEA y de las policías locales; si esto no fuera una realidad, solo entrarían a la Unión Americana, los narcóticos que pasan sin ser detectados por las regiones de la frontera más inhóspitas como es el caso de la zona limítrofe del estado de Arizona…”

Esquivel cita a Oscar Hagelsieb un experto agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos quien afirma que “la narcocorrupción […] es el obstáculo más grande que enfrentan las autoridades dedicadas a combatir el tráfico de enervantes”. Al hacer una comparación entre los dos países, Hagelsieb establece que “la corrupción por narcotráfico en México se genera por la pobreza y la debilidad de las autoridades ante el dinero. En Estados Unidos nace la demanda y el consumo de narcóticos”.

Otra investigación, esta vez realizada por los también periodistas mexicanos Jorge Fernández Menéndez y Víctor Ronquillo publicada por la editorial de Bolsillo bajo el título “De los maras a los zetas. Los secretos del narcotráfico, de Colombia a Chicago” establece que en Estados Unidos hay unos 20 millones de consumidores de drogas, de los cuales unos 6 millones son adictos, sin embargo resulta peligroso hablar del tema por lo que el mismo es eludido llevando al total desconocimiento y confusión y la fácil construcción de estereotipos encaminados a culpar exclusivamente del flagelo a los países productores.

Fernández Menéndez y Ronquillo exponen que, después que los cargamentos han cruzado la frontera en todo tipo de transporte y también a través de túneles a lo largo de toda la zona limítrofe, las redes del narcotráfico comienzan a operar desde 14 ciudades del sur en los estados de Nuevo México, Texas, California, Arizona, Oklahoma, Florida y Luisiana donde la droga es depositada en almacenes a partir de los cuales se va aprovisionando el mercado controlado por las propias organizaciones.

He querido dar a conocer solo dos investigaciones públicas sobre el tráfico de drogas, es de suponer que la información que manejan los órganos de seguridad es mucho mayor. Por eso es difícil entender que el país más poderoso del mundo no haya podido controlar este negocio…o tal vez, en realidad lo que ocurre es que no ha querido hacerlo.

La presidenta de México sigue haciendo preguntas: “¿a dónde va el dinero de la venta de las drogas ilegales y cómo es que las armas del Ejército de Estados Unidos terminan en manos de los cárteles mexicano? ¿Quién las vendió, cómo llegaron a nuestro país? ¿Cuál es la distribución final en las calles? ¿O es que no hay cárteles allá, o delincuencia organizada?».

Muchas preguntas, pocas respuestas y las que se formulan desde Washington, llevan impresas la prepotencia, la soberbia y la amenaza que caracterizan la retórica y la actuación imperial. La contestación desde Washington vino desde el Departamento de Justicia que en un memorándum informó que instruyó a la eliminación total de los cárteles y organizaciones criminales transnacionales. Mucho más que eso, Tom Homan, el “zar de la frontera”, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtieron que Estados Unidos podría utilizar al Ejército para atacar a los cárteles incluso en territorio mexicano.

Con absoluta serenidad y la altura de miras que caracteriza a los verdaderos estadistas, la presidenta Sheinbaum alegó que el memorándum del Departamento de Justicia «no se entiende bien», porque solo tiene explicaciones generales pero no se sabe en qué se va a traducir. En la continuidad de la controversia y en defensa de los más altos intereses de México, tres días después Sheinbaum reiteró que Estados Unidos debe hacerse responsable del “grave problema de narcotráfico y consumo de drogas que hay en ese país”.

La mandataria explicó que el narcotráfico surge de la demanda, mientras haya consumo habrá oferta. Consideró que su gobierno por supuesto no está de acuerdo con el narcotráfico, por lo que el objetivo de las más altas autoridades del país y de ella misma era disminuir la violencia en su país. En ese camino es que se proponían también disminuir la producción de la droga y su distribución.

Pero reiteró una vez más, que Estados Unidos tiene que hacer su parte atendiendo el alto consumo de drogas como un asunto de salud pública que Washington debe encarar. En ese ámbito, insistió en que Estados Unidos también debe hacerse cargo de controlar a sus propios generadores de violencia y la producción interna de sustancias sicotrópicas y debe hacer un esfuerzo para vigilar e intervenir el mercado ilegal interno.

Hay que decir también que la voluntad indomable y el sentido patriótico de Claudia Sheinbaum se hicieron presentes en la conversación que sostuvo con el presidente de Estados Unidos el pasado 3 de febrero. Aunque Trump obvió que la presidenta mexicana abordó el tema del tráfico de armas desde Estados Unidos, ella se encargó de recordarlo unos días después. En la misma rueda de prensa del viernes 7, Sheinbaum informó que le dijo a Trump que era crucial en la lucha contra el narcotráfico que las armas de Estados Unidos no llegaran ilegalmente a México.

Recordó además, que el Gobierno de México realizó previamente dos denuncias contra las distribuidoras y contra los fabricantes de armas. El 21 de enero, solo un día después de la toma de posesión de Trump, el Congreso de México a través de la Cancillería, solicitó al gobierno de Estados Unidos un informe detallado sobre el tráfico ilícito de armas, luego de que Trump designara a los cárteles del narcotráfico en el país como organizaciones terroristas.

De acuerdo con el último informe público de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, en inglés), “el 74 % de las armas que llegan a México provienen de la frontera norte. También señala que el Gobierno mexicano ha presentado un total de 148.200 solicitudes de rastreo de armas entre 2017 y 2023, de las cuales 50.409 se realizaron entre 2022 y 2023, representando un incremento del 25% entre 2021 y 2023”, todo lo cual da cuenta de un interés mexicano no correspondido  por Estados Unidos.

Tras la salida de la zona del Canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999 en virtud de los acuerdos Torrijos-Carter, el aparato de control regional que Estados Unidos había construido y que tenía su eje operacional, de mando y logístico en ese lugar donde estaba la jefatura del Comando Sur, se desarticuló.

La desaparición de la Unión Soviética y el fin del mundo bipolar le hizo perder a Estados Unidos el enemigo sobre el cual articulaba su acción imperialista. Entonces recurrió al narcotráfico y las migraciones de indocumentados primero y la lucha contra el terrorismo después, para llenar ese “vacío”.

Hoy, la administración de Trump pretendiendo “hacer a Estados Unidos grande de nuevo” recurre a los mismos artificios como instrumento de cohesión regional en torno a los dictados de Washington. Las supuestas políticas para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico una vez más son herramientas para intentar un control regional mediante el avasallamiento de países, gobiernos y pueblos.

A comienzos de siglo, Cuba resistía en solitario el poder aplastante del imperio mientras que Venezuela, conducida por el comandante Hugo Chávez apenas iniciaba la actuación internacional en defensa de su soberanía y autodeterminación. Pero hoy, son varios los países y los gobernantes que sostienen y defienden la dignidad y el honor de los pueblos. Claudia Sheinbaum, igual que el cura Miguel Hidalgo y que José María Morelos, de la misma manera que Benito Juárez y Lázaro Cárdenas y dando continuidad a las políticas de recuperación del decoro y la conciencia de la mexicanidad iniciada en este siglo por Andrés Manuel López Obrador, nos da ejemplos de la ruta a seguir, no solo por México, también por toda la América morena al sur del río Bravo.

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Introducción: La sombra imperial sobre América Latina

La historia del narcotráfico en México no puede entenderse sin analizar la intervención estratégica de Estados Unidos y su brazo operativo, la CIA, en la configuración de redes criminales. Desde la Primera Guerra Mundial, la política exterior estadounidense ha priorizado el control geopolítico y económico sobre América Latina, utilizando métodos que van desde el apoyo a dictaduras hasta la colaboración con grupos delictivos. Este ensayo explora cómo estas acciones, bajo el pretexto de la seguridad nacional y la lucha anticomunista, sembraron las bases del narcotráfico moderno, el tráfico de armas y una violencia estructural que persiste como legado colonial 211.

1. Los orígenes: Guerra Fría y operaciones encubiertas

Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos consolidó su influencia en América Latina mediante la Doctrina de Seguridad Nacional, que justificó la intervención en países considerados «amenazados por el comunismo». La Operación Cóndor (década de 1970), diseñada por Henry Kissinger, no solo apoyó dictaduras en Chile, Argentina y Brasil, sino que también estableció alianzas con grupos criminales para financiar operaciones clandestinas. En México, la CIA colaboró con la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y el Cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, para canalizar recursos hacia la Contra nicaragüense, un grupo insurgente anticomunista 211.

Esta simbiosis entre agencias estadounidenses y narcotraficantes permitió el florecimiento del tráfico de cocaína. Cuando el Senado de EE.UU. prohibió fondos para la Contra en 1984, la CIA recurrió al narcotráfico como fuente de financiamiento. Testimonios de exagentes como Héctor Berrellez revelan que el asesinato del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena en 1985 fue ordenado por la CIA para ocultar su participación en el tráfico de drogas y armas 11. Así, el narcotráfico se convirtió en un instrumento de política exterior, mientras México se transformaba en un corredor estratégico 23.

2. La ruta del Pacífico y el auge de los cárteles

En los años 80, Estados Unidos cerró la ruta caribeña de la cocaína, dominada por carteles colombianos, y redirigió el flujo hacia México. Este cambio, impulsado por la DEA y la CIA, benefició a los cárteles mexicanos, que pasaron de ser transportistas a socios clave. El Cártel de Sinaloa, fragmentación del de Guadalajara, consolidó su poder gracias a su alianza con el gobierno mexicano y agencias estadounidenses, que le permitieron operar con impunidad a cambio de información y apoyo logístico 29.

La década de 1990 marcó la internacionalización del narcotráfico mexicano. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), facilitado por EE.UU., los cárteles aprovecharon la apertura comercial para infiltrar redes logísticas y lavar dinero. Simultáneamente, la política neoliberal debilitó las instituciones mexicanas, creando un vacío de poder que los grupos criminales llenaron con violencia y corrupción 69.

3. Tráfico de armas: El círculo vicioso

La violencia en México y Sudamérica no sería posible sin el flujo de armas estadounidenses. Según estudios, el 70% de las armas ilegales en México provienen de EE.UU., muchas adquiridas en estados con leyes laxas como Texas y Arizona 12. Estas armas, vendidas a cárteles mediante redes corruptas, alimentan conflictos territoriales y masacres. Por ejemplo, el Cártel de Sinaloa y Los Zetas se militarizaron con fusiles AK-47 y granadas, equipando a sicarios como si fueran ejércitos irregulares 1012.

Este tráfico es un negocio redondo: mientras EE.UU. vende armas a grupos criminales, su complejo industrial-militar se beneficia de contratos para «combatir» el narcotráfico. La llamada «guerra contra las drogas», iniciada por Felipe Calderón en 2006 con apoyo estadounidense, dejó más de 300,000 muertos y 60,000 desaparecidos, pero no redujo el poder de los cárteles; al contrario, los fragmentó en células más violentas 810.

4. El legado de violencia: Deshumanización y resistencia

La complicidad de EE.UU. ha dejado un saldo de devastación humana. Comunidades enteras en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas viven bajo el terror de ejecuciones y desapariciones. Migrantes centroamericanos son víctimas de trata por cárteles que diversificaron sus negocios hacia la explotación laboral y sexual 10. Mientras, las políticas de austeridad y privatización, promovidas por organismos como el FMI, profundizan la pobreza, reclutando jóvenes al narco como única opción de supervivencia 69.

Desde una perspectiva humanista-socialista, esta violencia no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un sistema capitalista que prioriza el lucro sobre la vida. La mercantilización de las drogas, las armas y los cuerpos refleja una lógica colonial que despoja a los pueblos de su autonomía. Sin embargo, movimientos como las autodefensas comunitarias en Michoacán o las protestas por los 43 de Ayotzinapa muestran que la resistencia persiste, exigiendo justicia y memoria en un contexto de impunidad estatal 89.

Conclusión: Hacia una descolonización de la seguridad

La narrativa oficial sobre el narcotráfico oculta que EE.UU. no es un actor neutral, sino arquitecto de una guerra que beneficia a sus intereses económicos y geopolíticos. Desmantelar este legado requiere reconocer la responsabilidad histórica de las políticas intervencionistas y repensar la seguridad desde enfoques comunitarios y no militarizados. Como propone el académico Benjamin Smith, solo una crítica radical al neoliberalismo y al imperialismo puede desentrañar las raíces estructurales de la violencia 612.

La solución no está en más armas o muros, sino en justicia social, cooperación regional y políticas de drogas centradas en la salud pública. Mientras persista la complicidad entre gobiernos y cárteles, auspiciada por el capital transnacional, el sueño de paz en América Latina seguirá siendo una utopía lejana.

Foto: X Omar Hárfuch

Por medio de redes sociales Seguridad Pública federal Omar García Harfuch informó de aseguramiento histórico de fentanilo en Sinaloa.

Y es que señaló que se decomisaron aproximadamente tonelada y media de pastillas de ese químico en los municipios de Ahome y Guasave.

Por otra parte, en redes se señala que Harfuch, anunció la noche de este martes un decomiso histórico de fentanilo, calculado en aproximadamente tonelada y media de pastillas.

Así como la detención de dos hombres señalados como generadores de violencia, en los municipios de Ahome y Guasave, en el estado de Sinaloa.

«En dos acciones distintas encabezadas por @SEMAR_mx, elementos del Gabinete de Seguridad @SEDENAmx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico en Sinaloa se logró el decomiso histórico más grande de fentanilo».

Esto es:

«Aproximadamente 1,500 kilos de pastillas de fentanilo, dos hombres fueron detenidos y se aseguraron armas de fuego. Estas acciones continuarán hasta que disminuya la violencia en el estado de Sinaloa”.

Lo anterior, escribió García Harfuch, en su cuenta de X.

Cabecillas detenidos

Por otra parte, el Gabinete de Seguridad informó que, en una primera acción en Guasave, fueron detenidos Elier Jassiel Esquerra Félix y Javier Alonzo Vázquez Sánchez alias Tito.

Lo anterior, luego de que emprendieron la huida en un vehículo, cuando detectaron la presencia de personal militar y de la Guardia Nacional, al circular por la calle Raúl Cervantes Ahumada.

Además, dice que los detenidos están vinculados con una célula del Cártel de los Beltrán Leyva.

Y, directamente relacionada con Fausto Isidro Meza Flores, alias Chao Isidro, liderada por Pedro Izunza Coronel, alias Pichón o Pájaro, con presencia en Los Mochis, Sinaloa.

Al tiempo que se aclara que Izunza Coronel, es hijo de Pedro Inzunza Noriega, alias Sagitario, ex líder del Cartel de los Beltrán Leyva.

Incluso, las investigaciones establecen que este grupo se encuentra integrado por, al menos dos células, dedicadas a la producción y tráfico de fentanilo a cargo de los detenidos.

Esto es, Esquerra Félix y Vázquez Sánchez, así como un químico cocinero, identificado como Adrián Cebrero Pereyra, alias Gallero.

A los sospechosos se les aseguraron tres armas de fuego cortas, nueve cargadores abastecidos, una bolsa de aproximadamente dos kilos con pastillas de fentanilo.

Además de tres equipos de radiocomunicación, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Ahome, Sinaloa

Posteriormente, en Ahome, durante labores de patrullaje, elementos de Gabinete de Seguridad detectaron a dos hombres que portaban armas de fuego.

Y, por lo que iniciaron una persecución, seguidamente, se indica que en su huida ingresaron a dos domicilios.

Los agentes ingresaron a las propiedades, en una de ellas encontraron y aseguraron 11 bultos con aproximadamente 300 kilos de fentanilo; básculas y revolvedoras industriales.

En el segundo predio se encontró una camioneta, en cuyo interior se encontraron más de 800 kilos de la misma sustancia, por lo que se inició el resguardo de los predios para dar aviso a la autoridad ministerial.

El anuncio se realizó unas horas después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó la presencia en la entidad de Harfuch para una reunión de trabajo que realizarán el miércoles.

Por Editor

El narcotráfico es un fenómeno de dimensiones globales que afecta a todos los eslabones de la cadena: desde los productores en América Latina hasta los consumidores en Estados Unidos, el mayor mercado de drogas ilícitas en el mundo. Sin embargo, más allá de las narrativas oficiales que culpan principalmente a los países productores, se abre un debate sobre el papel crucial de los países consumidores y su responsabilidad en esta crisis global.

El consumo en Estados Unidos y su impacto internacional

Estados Unidos lidera el consumo mundial de drogas ilícitas, con cifras alarmantes, especialmente en el caso del fentanilo, un opioide sintético que causa más de 100,000 muertes anuales. Según expertos, la demanda sostenida de drogas en ese país alimenta la producción y el tráfico en América Latina, incentivando la violencia y la corrupción en regiones ya vulnerables. Este panorama revela la incapacidad de abordar el problema desde una perspectiva integral que incluya la prevención del consumo y una regulación efectiva del mercado de sustancias controladas【8】【9】.

La narrativa de culpabilidad hacia América Latina: Orígenes y consecuencias

La narrativa predominante que señala a América Latina como la principal responsable del narcotráfico tiene raíces profundas en el discurso político y mediático de las potencias consumidoras, principalmente Estados Unidos. Esta perspectiva simplista culpa a los países productores y de tránsito, omitiendo deliberadamente el impacto de la demanda sostenida y el consumo descontrolado en las naciones desarrolladas. Este marco narrativo ha justificado, a lo largo de las décadas, políticas intervencionistas y ha perpetuado un enfoque punitivo que no aborda las causas estructurales del problema.

El papel de Estados Unidos en la construcción de la narrativa

Desde los años 80, con la proclamada «guerra contra las drogas» por parte de la administración de Ronald Reagan, se ha reforzado la idea de que el narcotráfico es un problema que debe erradicarse desde las fuentes de producción. Este enfoque trasladó la responsabilidad hacia países como Colombia, Bolivia y México, mientras Estados Unidos continuaba siendo el principal mercado de consumo. A través de acuerdos como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, los gobiernos estadounidenses canalizaron millones de dólares en recursos militares y tecnológicos para combatir a los carteles en la región, sin atender la raíz de la demanda interna.

La demonización de América Latina también se alimenta de representaciones mediáticas que muestran a los productores y traficantes como los únicos responsables de la crisis. Series y películas populares perpetúan estereotipos sobre los países latinoamericanos como «cunas del crimen organizado», ignorando la complicidad de actores estadounidenses en la cadena de suministro, incluidos bancos que lavan dinero del narcotráfico y empresas que fabrican precursores químicos necesarios para la producción de drogas sintéticas.

Consecuencias de esta narrativa

La culpabilización de América Latina ha tenido consecuencias devastadoras para la región. En México, por ejemplo, la militarización de la seguridad pública, bajo el pretexto de combatir a los carteles, ha contribuido a un aumento significativo de la violencia y las violaciones de derechos humanos. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, México es uno de los países más violentos del mundo fuera de zonas de guerra, con un promedio de 30,000 homicidios anuales relacionados con el crimen organizado. La narrativa también ha exacerbado el estigma hacia las comunidades rurales, que a menudo son vistas como cómplices del narcotráfico debido a la pobreza que las obliga a participar en la economía ilícita【9】【10】.

Por otro lado, esta visión unidimensional impide reconocer el papel que juegan las instituciones financieras y políticas en los países desarrollados. Investigaciones han demostrado que grandes bancos internacionales, como HSBC, han sido acusados de lavar miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico. Estos casos, aunque conocidos, rara vez generan el mismo nivel de indignación que las noticias sobre decomisos en México o Colombia, perpetuando una percepción distorsionada del problema.

Hacia una narrativa más equilibrada

Romper con esta narrativa de culpabilidad exclusiva hacia América Latina requiere un cambio en el enfoque internacional hacia el narcotráfico. Esto incluye reconocer la corresponsabilidad de los países consumidores y fomentar políticas integrales que aborden tanto la oferta como la demanda. Además, es crucial visibilizar el impacto del narcotráfico en las comunidades más afectadas, no solo desde la óptica de la criminalidad, sino también como un problema de desarrollo económico y justicia social.

En última instancia, el narcotráfico no puede combatirse desde una perspectiva punitiva y centrada en la militarización. Necesitamos una narrativa más honesta que reconozca la complejidad del problema y promueva la colaboración internacional en lugar de perpetuar estigmas y culpas unilaterales【9】【10】.

El tráfico de armas y la apatía estadounidense

El tráfico de armas de Estados Unidos hacia México representa una de las principales fuentes de violencia en territorio mexicano, con consecuencias devastadoras para la seguridad y la estabilidad social. Cada año, miles de armas cruzan la frontera de manera ilegal, alimentando a los cárteles del narcotráfico y facilitando la comisión de crímenes graves. Según un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO), entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México tienen origen en Estados Unidos. Estas incluyen rifles de asalto y armas de alto calibre, cuya venta es poco regulada en algunos estados norteamericanos, permitiendo su adquisición en grandes cantidades【9】【10】.

A pesar de la evidente relación entre el flujo de armas y el aumento de la violencia en México, las acciones de Estados Unidos para frenar este tráfico han sido limitadas. Las leyes laxas en materia de venta y registro de armas, combinadas con la resistencia política de grupos como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), dificultan la implementación de medidas más estrictas. Además, programas fallidos como «Rápido y Furioso», que permitió la entrada intencionada de armas a México con el supuesto objetivo de rastrear a los traficantes, terminaron armando indirectamente a los cárteles y agravando la situación【9】.

Este desinterés contrasta con la presión que Estados Unidos ejerce sobre México para combatir el narcotráfico. Mientras se exige que México tome medidas drásticas para frenar el tráfico de drogas hacia el norte, las acciones para controlar el flujo de armas hacia el sur son insuficientes. Esta doble moral no solo subraya la falta de corresponsabilidad, sino que perpetúa un ciclo de violencia que afecta de manera desproporcionada a las comunidades mexicanas

Políticas en México: avances y desafíos

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha priorizado el combate a la producción y distribución de drogas sintéticas. En su mandato, se reportó la destrucción de más de 2,400 laboratorios clandestinos, con un impacto económico significativo en las finanzas del crimen organizado. A pesar de estos logros, el presidente ha subrayado la necesidad de que Estados Unidos asuma su responsabilidad en la lucha contra el narcotráfico, no solo desde el ámbito de la seguridad, sino también abordando la raíz del consumo desmedido entre su población【10】.

Un problema estructural: corrupción y complicidad

Otro aspecto esencial en este debate es la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales, tanto en México como en Estados Unidos. Casos como el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, evidencian cómo altos funcionarios han colaborado con el crimen organizado, minando los esfuerzos por contener el narcotráfico. García Luna fue condenado en Nueva York por su colaboración con el Cártel de Sinaloa, revelando la intersección entre el poder político y las redes criminales【9】.

Hacia una estrategia global

La crisis del narcotráfico no puede resolverse con estrategias unilaterales ni culpando exclusivamente a ciertos países. Como señalaron líderes de México y Colombia, es necesario que las naciones consumidoras participen activamente en las soluciones, incluyendo políticas de salud pública y prevención. Asimismo, debe fomentarse una colaboración internacional que priorice el desarrollo económico y social en las comunidades más afectadas por la violencia del narcotráfico【8】.

El narcotráfico no es un problema de un solo país o región; es un desafío global que exige una responsabilidad compartida. Si bien los países productores tienen un papel que desempeñar en la reducción de la oferta, el combate efectivo requiere acciones integrales que enfrenten tanto la corrupción como las causas del consumo en los mercados más grandes del mundo.

Luego de que el candidato presidencial republicano Donald Trump afirmara que de llegar nuevamente a la Casa Blanca combatirá a los cárteles de la droga, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que siempre habrá diálogo, trabajo conjunto, coordinación, pero sin subordinación en el tema de combate a las drogas, pero cuestionó qué pasa del otro lado de la frontera porque el problema no es solo en México, porque no aquí no es el único lugar donde hay cárteles.

En ese sentido, la mandataria recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el problema era conjunto porque también del otro lado hay responsabilidad, por ello, dijo que vale la pena insistir.

“También importante plantear ¿qué pasa del otro lado de la frontera? Porque aquí hay delincuencia organizada, hay una estrategia, pero ¿qué pasa del otro lado de la frontera?, ¿cómo se vende el fentanilo en los Estados Unidos?, ¿qué pasa cuando hay droga que pasa del otro lado?, ¿qué allá no hay cárteles?, ¿qué pasa con el recurso financiero de la venta de distintas drogas, en particular del fentanilo?”, cuestionó.

En ese sentido, admitió que el problema es aquí en México, “pero también es allá”. Además, cuestionó “¿qué pasa con las armas que llegan de Estados Unidos a México’” y que entran de forma ilegal a territorio nacional y que son usadas por delincuentes para asesinar a personas.

Sobre ello, afirmó que en el reciente ataque que el grupo delincuencia Grupo Gente Nueva (GGN) perpetró contra fuerza federales en Técpan de Galeana, Guerrero, usaron armas de alto poder procedentes de Estados Unidos. “Entonces es algo que tiene que haber coordinación, trabajo conjunto, siempre debe ser así, pero con soberanía, sin subordinación, sino con diálogos de alto nivel que ayuden a seguir la coordinación.

Claudia Sheinbaum enfatizó que gane con quien gane la presidencia de Estados Unidos trabajará en coordinación para tratar temas que competen a ambas naciones, y en especial el fentanilo que por es un tema de salud pública para ellos y como un acto de “razones humanitarias” va apoyar.