El Secretario Omar García Harfuch confirmó la detención de siete funcionarios públicos por facilitar actividades de grupos criminales, en un operativo inédito y coordinado por la Fiscalía del Estado de México y todo el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal.

Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- En una acción sin precedentes, la “Operación Enjambre” se desplegó este viernes en el Estado de México con el objetivo de cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de 14 funcionarios públicos de diversos municipios de la entidad, ligados a grupos del crimen organizado.

Luego de efectuar labores de investigación e inteligencia, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aplicaron la llamada “Operación Enjambre” en el Estado de México para cumplimentar siete órdenes de aprehensión en contra de presidentes municipales, directores de Seguridad Pública municipal y otros funcionarios ligados a grupos delictivos.

El operativo, uno de los más ambiciosos en contra de servidores públicos en activo y ligados al crimen organizado en el Edomex, también tuvo tintes de drama.

La Fiscalía del Estado de México, en coordinación con la Defensa, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad de la entidad, se presentó en el municipio de Texcaltitlán para cumplir la orden de aprehensión contra el Director de Seguridad Ciudadana de ese Ayuntamiento.

Sin embargo, al momento de hacerle de su conocimiento el mandamiento judicial, el hombre empuñó su arma de fuego y con ella se privó de la vida.

Ha sido un día largo y de sobresaltos en el Estado de México, pero los resultados de la “Operación Enjambre” son calificados por las autoridades como exitosos. De hecho, la operación aún está en marcha, confirmaron.

Omar García Harfuh, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana del Gobierno de México, detalló que la detención de siete funcionarios públicos en el Estado de México, acusados de colaborar con diversos grupos criminales, se realizó en el marco de un operativo coordinado y simultáneo encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyC), y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Hasta el momento, el despliegue de mil 500 elementos permitió cumplir con 14 órdenes de aprehensión emitidas contra funcionarios que facilitaban las actividades ilícitas de estos grupos delictivos.

El Secretario García Harfuch destacó la importancia de este operativo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en la zona, asegurando que el operativo continuará y se seguirá informando sobre los avances.

La propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó la orden de arresto contra cuatro funcionarios de la entidad: tres son de cuerpos de seguridad y una es para María Elena Martínez Robles, Alcaldesa de Amanalco.

En un operativo coordinador con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, fueron detenidos cuatro mandos de seguridad de distintas demarcaciones mexiquenses.

Los detenidos son Eraclio “N”, quien desempeñaba el cargo de director de Seguridad de Tejupilco; Rodolfo “N” director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca; Omar “N”, subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan; y María Elena Martínez Robles, Alcaldesa de Amanalco.

De acuerdo con la ficha emitida del Registro Nacional de Detenciones (RND), portal de la SSPC, María Elena Martínez se encuentra en estatus de traslado.

La Fiscalía mexiquense no ha brindado mayores detalles sobre los arrestos, sólo que los cuatro funcionarios fueron aprehendidos por la presunta comisión de hechos delictivos. Todos los detenidos fueron dispuestos a disposición de la autoridad judicial para determinar su situación jurídica.