La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este domingo a las acusaciones de la Casa Blanca sobre presuntas alianzas del Gobierno de México con organizaciones del narcotráfico, señalando que las declaraciones estadounidenses hacen referencia al exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, sentenciado a 38 años de prisión por recibir sobornos del crimen organizado.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum mostró un tuit de la Casa Blanca que citaba la sentencia contra García Luna como prueba de corrupción en gobiernos anteriores.

“Vale la pena ver el tuit de la Casa Blanca… se acuerdan que un día les dije: seguro se están refiriendo al gobierno de Calderón… ¡tarán! ‘Ex secretario de seguridad pública sentenciado a 38 años de prisión’”, declaró la mandataria.

La polémica surgió tras la publicación de una orden ejecutiva por parte del Gobierno de Estados Unidos, en la que se anunciaba la imposición de aranceles a México, Canadá y China, argumentando problemas de seguridad, tráfico de fentanilo y migración.

En el documento, la Casa Blanca mencionó que el Gobierno de México tenía “relación con organizaciones del narcotráfico”, una afirmación que Sheinbaum calificó como calumnia.

Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), fue sentenciado en 2023 por un tribunal de Nueva York a 38 años de prisión por recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a cambio de facilitar sus operaciones.

Sheinbaum aprovechó la mención de la Casa Blanca para recordar que la corrupción y las alianzas con el narcotráfico son hechos del pasado, no del actual gobierno.

“La prueba de la Casa Blanca es una nota de AP sobre García Luna”, señaló, mostrando el tuit que citaba la sentencia contra el exfuncionario.

A pesar de las tensiones, Sheinbaum reiteró su compromiso con la colaboración bilateral en temas como la seguridad fronteriza y el combate al tráfico de fentanilo. Sin embargo, dejó claro que su gobierno no tolerará acusaciones infundadas que dañen la imagen de México.

Ahora que el expresidente Ernesto Zedillo “rompió” el silencio para manifestarse contra la reforma judicial, podría explicar al pueblo de México tres expedientes que señalan al político priísta con nexos con los cárteles de Colima y de Juárez. Los documentos oficiales de la extinta PGR y de la Secretaría de la Defensa Nacional –en poder de Contralínea– acusan, por una parte, que su primer círculo familiar (esposa, suegro y cuñado) se habría involucrado con los hermanos Amezcua Contreras; y, por otra parte, que su entonces secretario particular, Liébano Saenz, estuvo presuntamente conectado con el capo Amado Carrillo. Sobre esto último, se asegura que hubo financiamiento ilícito durante la breve campaña electoral de Zedillo. El primer señalamiento se hizo tras pinchar los teléfonos de los integrantes del cártel de las metanfetaminas, mientras que el segundo, cuando la Sedena obtuvo el testimonio de Eduardo González Quirarte, integrante del grupo criminal que encabezaba el Señor de los Cielos, mediante un militar desertor. Ambos casos fueron enterrados gracias al poder del expresidente de México, quien en una de sus primeras acciones de gobierno asestó el mayor golpe al Poder Judicial, cuando desapareció la Suprema Corte y nombró, a modo, a todos los ministros

Tres expedientes oficiales revelan que el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León fue investigado durante su propio sexenio por supuestos nexos con los cárteles de Colima y de Juárez, hechos por los que el político priísta aún estaría impune, debido a su nivel de influencia y a los arreglos que posteriormente estableció con su sucesor, el panista Vicente Fox Quesada.

Se trata de un expediente de la Secretaría de la Defensa Nacional, elaborado en diciembre de 1995 por la V Región Militar y enviado directamente al entonces general secretario Enrique Cervantes Aguirre –al que se le agrega otra investigación que realizó (por separado, pero que llega a las mismas conclusiones) la entonces Procuraduría General de la República, y que se conoció como el ‘Caso LEO’–; y de una tercera indagatoria, también de la PGR –que se hizo de 1996 a 1997–, sobre el cártel de los hermanos Amezcua Contreras.

Los tres archivos –en poder de Contralínea– acusan presuntas relaciones estrechas entre los narcotraficantes y los familiares de Ernesto Zedillo (su esposa, Nilda Patricia Velasco Núñez; su suegro, Fernando Velasco Márquez; y sus cuñados, Fernando y Francisco Velasco Núñez), así como con uno de sus brazos derechos en la Presidencia (su secretario particular, Liébano Sáenz), por lo que las indagatorias de las autoridades incluyeron hipótesis que ubicaban al entonces presidente de la República como beneficiario final o autor intelectual de los presuntos negocios ilícitos.

Otra de las características de estos tres expedientes es que ninguno de ellos se inició teniendo como línea principal u objetivo primario a Ernesto Zedillo o a sus operadores, sino que se llegó a éstos como parte de los hallazgos derivados de las propias estrategias investigativas.

Y la tercera característica es que ninguno de ellos prosperó ni se judicializó. Además de que los investigadores principales fueron acosados brutalmente: uno de ellos fue asesinado (Héctor Rodríguez Armendáriz, agente especial de la PGR); otro, encarcelado (general Jesús Gutiérrez Rebollo); y otro más, exiliado (Samuel González, entonces titular de la UEDO, de la PGR).

El expediente militar

En el caso del expediente militar, la información se obtuvo del testimonio de Eduardo González Quirarte, integrante del Cártel de Juárez, liderado en aquellos años por Amado Carrillo Fuentes.

Fechado el 4 de diciembre de 1995 –apenas un año después de que Zedillo asumiera la Presidencia–, el archivo número 39872, de la V Región Militar y firmado por el general Gutiérrez Rebollo, se basa en el testimonio del subteniente desertor de la Fuerza Aérea Especialistas en Mantenimiento de Aviación, Francisco Corona García, quien tras enrolarse con el Cártel de Juárez, conoció a Amado Carrillo y a sus operadores.

El militar reveló conversaciones que sostuvo con González Quirarte, en las que aseguró que dicho narcotraficante –a quien se le atribuye haber sido el segundo en la estructura del cártel del Señor de los Cielos– reveló que su jefe había financiado a Liébano Sáenz durante la breve campaña presidencial de Zedillo.

Para entonces, Sáenz –hoy abierto opositor al gobierno del presidente López Obrador– era el secretario particular del presidente Zedillo, y tenía tanto poder, que se le consideraba el segundo al mando del país (algo así como un vicepresidente, a grado tal que en aquella época se consideraba que él pudo haber llegado a la Presidencia, como suplente de Luis Donaldo Colosio tras el magnicidio, y de quien fue jefe de información y propaganda durante su campaña, e incluso fue quien informó de su muerte tras el atentado en Lomas Taurinas).

Acerca del subteniente Corona García, el expediente indica que fue aprehendido por el delito de deserción “por el grupo de información de esta Región Militar, en esta plaza, el 3 de diciembre de 1995 y quien se encuentra relacionado con el Cártel de Juárez”

Agrega que, entre otras cosas, el militar desertor confesó que escuchó directamente a Amado Carrillo Fuentes comentarle a Eduardo González Quirarte: “compadre, ya mandé pedir el dinero para hacerle su regalito de Navidad al lic. Lievano Saenz [sic], para que nos vaya bien con Santa Claus”. Y se agrega que el regalo sería presuntamente una casa.

El subteniente Corona también dijo que había preguntado a González Quirarte “quién era el lic. Lievano Saenz [sic], porque no lo conocía, [y] éste le contestó que era el secretario particular del sr presidente de la República. También manifestó que en una plática que sostuvo con Eduardo González Quirarte en su domicilio, después del atentado que sufrió González Quirarte, éste le indicó que Amado Carrillo Fuentes llevaba buena amistad con el lic. Lievano Saenz, ya que Amado lo apoyó económicamente durante la campaña del candidato a la presidencia de Ernesto Zedillo. Incluso Eduardo González llevó personalmente unas camionetas para la citada campaña, no especificando el número de vehículos”.

Expediente LEO

Como previamente lo ha informado Contralínea, este nexo también fue descubierto en el expediente ‘LEO’, que abrió la entonces Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la ya extinta Procuraduría General de la República. Nuevamente, la línea de investigación fue la operación y estructura del Cártel de Juárez.

Esta indagatoria se le encargó al agente especial Héctor Rodríguez Armendáriz, quien tras descubrir que los tentáculos de la organización criminal de Amado Carrillo llegaban hasta la secretaría particular de la Presidencia de la República fue ejecutado el 22 de junio de 1999, en Hermosillo, Sonora. Su cuerpo fue encontrado en un lote baldío, con las manos esposadas a la espalda y tres balazos en la cabeza. Meses antes, el agente había denunciado amenazas de muerte y había pedido su baja a la PGR, pero sus jefes (José Trinidad Larrieta Carrasco y el entonces procurador Jorge Madrazo Cuéllar) no le hicieron caso.

Previo a su asesinato –que nunca fue esclarecido–, Rodríguez Armendáriz investigó e integró el expediente ministerial Caso LEO, clasificado como confidencial por la PGR, que acusaba al secretario particular del Zedillo, José Liébano Sáenz, de estar implicado con el Cártel de Juárez. Posteriormente, este asunto fue cerrado supuestamente por falta de elementos.

Ello, a pesar de que el agente federal Rodríguez Armendáriz concluyó que sí había evidencias suficientes de relaciones sospechosas entre el secretario particular de Zedillo y el narcotráfico, así como con lavadores de dinero. Aunque nunca se judicializó el asunto, Liébano Sáenz sí fue citado a declarar por el entonces titular de la UEDO, Samuel González. De acuerdo con los documentos en poder de Contralínea, en aquel interrogatorio se le cuestionó, incluso, por una supuesta relación íntima de su hermana con uno de los principales narcotraficantes del Cártel de Juárez.

Como si se tratara de una novela de intriga política y redes de corrupción al más alto nivel, Samuel García fue amenazado de muerte y –a diferencia de lo que pasó con el agente especial– logró ser designado cónsul en Sevilla, España. Sólo así salvó la vida.

Cártel de los Amezcua Contreras

Otro expediente de la Procuraduría General de la República, ya cerrado y que data del sexenio zedillista, es el que señala una supuesta relación de negocios que tenía su familia política –padre y hermanos de su esposa Nilda Patricia Velasco– con el cártel de Colima, encabezado por los hermanos Amezcua Contreras, apodados los Reyes de las Metanfetaminas.

En el archivo se incluyen diversas pruebas documentales, entre las que destacan testimonios y grabaciones de intervenciones telefónicas –autorizadas por jueces– a los hermanos Amezcua Contreras.

El documento confidencial de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), bajo el título “Organización de los hermanos Amezcua Contreras. Tráfico internacional de efedrina”, refiere que al investigar a ese cártel con sede en Colima –estado de donde es oriunda la familia de Nilda Patricia Velasco–, agentes federales especiales descubrieron presuntos vínculos de ese grupo criminal con Fernando Velasco Márquez, padre de la esposa del expresidente, y los hermanos de ésta, Fernando y Francisco Velasco Núñez.

Los teléfonos de los integrantes del Cártel de Colima fueron pinchados por el Instituto Nacional de Combate contra las Drogas, en 1996 y 1997. Así, la PGR grabó miles de horas de conversaciones de esos narcotraficantes actualmente presos. Al frente del INCD estaba el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien posteriormente a estos descubrimientos fue encarcelado hasta su muerte, acusado de presunto narcotráfico, pues habría recibido regalos del entonces jefe del Cártel de Juárez, el Señor de los Cielos.

El documento confidencial de la FEADS, de 43 páginas, revela los contenidos de las conversaciones telefónicas. Por ejemplo, en una de las intervenciones telefónicas del 2 de diciembre de 1996, el narcotraficante Jesús Amezcua Contreras fue informado por el licenciado Constantino Tirado, otro miembro del grupo criminal, sobre la intervención directa de Nilda Patricia Velasco para ayudar al cártel en un problema de posesión de tierras.

Tirado le dijo a Jesús Amezcua: “Ya se ordenó la ejecución de la sentencia, para efectos de poder escriturar terrenos de La Providencia y que solicitaron una suspensión. Que el magistrado Jesús Cantero Aguilar, de la Tercera Sala, le indicó que era orden directa de la esposa del señor presidente de la República. Por lo que había hablado con un amigo de la Presidencia, que es abogado personal del presidente, quien habló con Luis Téllez, que es director de la Oficina de la Presidencia, lo que era antes [José María] Córdoba Montoya, que finalmente se arregló la cosa. Que mandaron a la chingada a la esposa del señor presidente de la República, pero resulta que autorizaron la suspensión, siempre y cuando se depositaran 200 mil pesos como garantí­a por daños y perjuicios y que solicitó que revocaran eso.

“Que el conflicto en sí, es que el yerno de don Luis, Armando Magaña, es amigo de un señor de nombre Salvador Olivares, de Tuxpan, Jalisco, y Salvador Olivares es compadre de Luis Amezcua y éste es amigo de Fernando Velasco, cuñado del señor presidente de la República [Ernesto Zedillo], por lo que deduce que Armando le solicitó el favor a Salvador Olivares, o sea al hermano de Jesús Amezcua, y él le pidió el favor a Fernando Velasco y éste a su hermana [Nilda Patricia], la esposa del presidente de la República”.

No obstante, Ernesto Zedillo –quien el primer año de su gobierno asestó uno de los mayores golpes al Poder Judicial, al desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación para luego nombrar a sus nuevos integrantes a modo– nunca ha respondido por estos hechos. Ahora que rompió el silencio, podría dar la cara por primera vez y aclarar los señalamientos que aún constan en los archivos históricos de la extinta PGR y de la Sedena, en poder de Contralínea.

Segunda parte. Al analizar los aspectos más relevantes del contubernio criminal construido antes y durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el cual asumió contornos distintos en el siguiente gobierno federal. En la primera parte de este ensayo adelantamos nuestra interpretación en el sentido de que se produjo un asalto al poder público por un grupo que estructuró una alianza mediante acciones criminales, para ocupar la jefatura del Estado mexicano, y para proseguir con una asociación delictiva con organizaciones del narcotráfico internacional asentadas en México, es decir, hechos que son objeto de los ordenamientos jurídicos de carácter penal que castigan este tipo de acciones, una vez que los cargos han sido probados. Nosotros resaltamos aquí las coincidencias y convergencias narrativas de nuestras distintas fuentes de información.

El pivote de esta alianza criminal en lo que concierne al crimen transnacional, fue Genaro García Luna (GGL). Luego, el presidente Calderón pasó a ser el vértice de esta pirámide de criminalidad e impunidad; y en la parte de la captura del poder político fueron los dirigentes del PRI y el PAN, a partir del fraude electoral en la elección presidencial de 1988 (“golpe de Estado técnico”, dijo en aquellos momentos el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas), que puso en la Presidencia de la República a Carlos Salinas de Gortari. A partir de allí el ejercicio del poder político se transformó.

Lo siguiente fue una sucesión en el poder de ambos partidos hasta llegar a Enrique Peña Nieto. Se produjo así una alianza política a manera de red criminal de corrupción e impunidad, que incorporó al crimen trasnacional organizado a la misma como parte muy importante: al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, al Cártel de Sinaloa, y por extensión, a sus respectivos aliados del mundo del tráfico de drogas ilícitas. Logró sostenerse mediante pactos de impunidad transexenal hasta la elección de julio de 2018, cuando ganó el presidente López Obrador.

Todo ello, respecto a la alianza con el crimen organizado, con sustento en la información y análisis, así como en nuestra propia interpretación de dicha información presentada en los libros de J. Jesús Lemus, Olga Wornat, Francisco Cruz, Alejandra Ibarra, Anabel Hernández mediante la publicación del diario de Vicente Zambada Niebla, Vicentillo; y del testimonio en televisión de Sandra Ávila, la Reina del Pacífico, estrecha colaboradora de Ismael el Mayo Zambada, entrevistada por la periodista Adela Micha. Todos disponibles. Esta fue la forma que encontré para acercar a los lectores y audiencia de este medio de prensa y comunicación a los textos serios y sus contenidos no conocidos, pero que es relevante conocer para mejorar nuestra comprensión de la disputa actual por el poder en México, de las fuerzas en pugna y sus respectivos proyectos nacionales.

Ahora bien: otros de los aspectos relevantes –en realidad son muchos– que consideramos deben conocerse por la sociedad en general, aparte de los presentados en la primera parte de este análisis, son: el tipo de “pacificación” que trató de procesar Felipe Calderón con las más importantes organizaciones del crimen transnacional en México, mediante un “pacto criminal con el gobierno federal” con el apoyo y la gestión del general Arturo Acosta Chaparro, quien había sido sentenciado por su presunto vínculo con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Ello, para que tal “pacificación” fuera presentada ante la sociedad mexicana como un logro sustantivo de su administración, bajo la égida de la capacidad y entrega profesional de su mafioso secretario de Seguridad Pública: García Luna. Esto podría proyectar a este último hasta una eventual candidatura presidencial para 2012. Lo afirman varios autores. Y la “compra de la primera fuga” del Chapo Guzmán de la prisión de Puente Grande, Jalisco (21 de enero de 2001) [algunos de estos autores citados también coinciden], y la cual el propio Chapo Guzmán confesó al general Mario Arturo Acosta Chaparro.

2. Dicho general del Ejército Mexicano fue director de la policía judicial en Guerrero, y fue también uno de los artífices y ejecutor de la “guerra sucia” en México, junto con el general Francisco Quiroz Hermosillo. Ambos fueron las cabezas más visibles, especialmente por la brutal represión desatada en toda la Costa Chica de Guerrero, aplicando tácticas de contrainsurgencia y guerra psicológica aprendidas en la Escuela de Las Américas, en Estados Unidos (en la década de 1960), arrasando localidades enteras, matando y torturando las comunidades, con el objetivo para destruir las bases sociales del Partido de los Pobres, del profesor Lucio Cabañas, y otras organizaciones guerrilleras, rurales y urbanas. Fue ingresado a un penal en calidad de “indiciado” en octubre de 2002 por “delitos contra la salud”, debido a su vinculación y protección al Cártel de Juárez. Hallado culpable, perdió su grado de general y estuvo siete años en la cárcel, a pesar de que su condena fue por 16 años y 6 meses. Fue también operador de los “vuelos de la muerte” mediante los cuales murieron más de 100 luchadores sociales, tema muy espinoso para distintos miembros del ejército mexicano, que hoy se ha replanteado para su debida investigación.

El presidente Vicente Fox y el secretario de la Defensa de entonces, y luego Felipe Calderón y el general secretario Guillermo Galván Galván, activaron una revisión de todo el proceso para liberarlo, y en 2005 –gobierno de Fox–, un tribunal federal anuló la sentencia del Consejo de Guerra en donde se le declaró culpable argumentando “fallas en el procedimiento y testigos no creíbles”, y ordenó que se repusiera el juicio. El 29 de junio de 2007, se le declaró inocente luego de que la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Justicia Militar “no pudieran acreditar su culpabilidad”. Eso es “justicia rápida y expedita”, lástima que no sea para todos. Se aprecia una línea de continuidad en el interés de liberarlo. Se habló entonces de una sólida amistad con el general Guillermo Galván.

Salió libre, exonerado, un mes antes del “avionazo” en que murió Juan Camilo Mouriño y José Santiago Vasconcelos con 12 personas más, y se convirtió de inmediato en asesor del gobierno calderonista sobre temas de inteligencia y seguridad, por lo que quedó al frente de un proyecto de reorganización del aparato de inteligencia y seguridad para combatir al crimen trasnacional y a los grupos de insurgencia política: “Acosta Chaparro estaba dedicado a coordinar grupos de militares que actuaban en forma paralela, en la clandestinidad, en lo que llaman ‘operaciones de limpieza’ de todos los que de una u otra manera se oponen a la guerra contra el narcotráfico o colaborar con los cárteles. La CIA no estaría al margen de estas barridas. Los crecientes asesinatos y la persecución de activistas sociales resultaban inquietantes”. (Wornat: 215)

Podemos apreciar la habilidad con que Calderón-GGL manejaban el juego de las apariencias y las simulaciones, Acosta Chaparro eliminaba opositores a la política contra el combate al crimen transnacional, pero ellos seleccionaban las acciones y contra qué narcotraficantes estaban dirigidas, y a quienes debía protegerse. En abril de 2007, Felipe Calderón y el general Guillermo Galván condecoraron a Acosta Chaparro, y hasta sus salarios no cobrados y devengados durante el tiempo que estuvo en prisión, le fueron reintegrados. Vino después la iniciativa para promover y lograr un pacto, crimen trasnacional-gobierno federal cuyos gestores serían dos: primero Villarreal Barragán, el Grande, y luego el general Acosta Chaparro. Realizaron “giras” por la República para los contactos del caso. Todo lo pactaron con Felipe Calderón y GGL. A Mouriño sólo le tocó el primer intento con Villarreal Barragán, a quien coordinaba. La segunda intentona ya no. Corría el año de 2008.

Como maestros de la simulación y la farsa política, GGL-Felipe Calderón, urdieron un ardid publicitario para apuntalar el engaño público y a sus respectivas personas como altos funcionarios públicos en un combate frontal y sin tregua contra los cárteles del narcotráfico, especialmente el “Cartel de Sinaloa”. Apareció en la prensa nacional e internacional:

“La policía federal de México arrestó a un presunto sicario del narcotráfico a quien le fue encomendada la planeación de un atentado contra el presidente Felipe Calderón, dijo el lunes un alto mando policial. Dimas Díaz Ramos, a quien autoridades identifican como operador financiero del cártel de Sinaloa, que lidera Joaquín el Chapo Guzmán –el capo más buscado del país–, fue detenido el domingo en la occidental ciudad de Culiacán junto con otros cuatro integrantes de la organización criminal.” (Reuters, 10 de agosto de 2009).

En una carta dirigida a los medios de comunicación, Édgar Valdez Villarreal, la Barbie, hace distintas confesiones y relata hechos criminales en la administración de FECAL, y se refiere a esta iniciativa antes mencionada, cuyo propósito para él, era “integrar un solo cártel a nivel nacional”, y que la “intención del presidente era llegar a un acuerdo con todos los carteles de las drogas” (Lemus: 160). Esta carta fue reproducida, total o parcialmente, en medios mexicanos de comunicación y prensa escrita, el 28 de noviembre de 2012.

El contexto de esta extraña iniciativa fueron las guerras criminales desatadas entre las facciones del delito, que primero estuvieron juntas en una sola organización criminal, y luego se enemistaron y lucharon ferozmente causando muchos asesinatos que alarmaron a la sociedad mexicana, a los medios de comunicación, e incluso a los medios internacionales de prensa que narraban las masacres y la saña con que se causaban las bajas respectivamente. Veamos brevemente:

Después de la captura de Miguel Félix Gallardo, a raíz del asesinato de Enrique Camarena –agente especial de la DEA–, se sucedieron los enfrentamientos, las guerras inter criminales a pesar de que se les repartió el territorio y el mercado a sus lugartenientes (1989). Iniciaron con la guerra entre los hermanos Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa –el Chapo pasaba droga por sus territorios de Tijuana sin consentimiento–, y fue una batalla larga y muy sangrienta en toda la década de 1990 hasta prácticamente 2006 (Ibarra: 96-97).

Luego, hacia inicios del siglo XXI los hermanos Carrillo Fuentes (Rodolfo y Vicente) que trabajaban para el Cártel del Golfo y su brazo armado Los Zetas, se independizaron, y quienes controlaban la frontera con Tamaulipas, los puertos de Tampico, Tuxpan, y el puerto de Veracruz, los Golfos (CG) y los Zetas entraron en guerra con el Cártel de Sinaloa, lo cual llevó a otra confrontación más que duró cuatro años.

La última guerra formalmente reconocida como tal, no sólo ataques a ciertos liderazgos, es la que fue producto de la ruptura con los Beltrán Leyva: “lucha entre sinaloenses”, extremadamente sangrienta, en la cual, GGL y el gobierno de Felipe Calderón apoyaron al Cártel de Sinaloa. Guerra originada por la certeza de que la detención de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo (enero de 2008), había sido producto de una delación de los Sinaloa hacia GGL, quien transmitió su ubicación a la PGR y al Ejército, y lo capturaron en Culiacán, Sinaloa. Antes, en 2007, se reunió la cúpula criminal de los Sinaloa, y decidieron declarar la guerra a los Beltrán Leyva, ya aliados para entonces con los Zetas y los cárteles de Tijuana y Ciudad Juárez. Una vez terminados estos enfrentamientos en bloque con los Sinaloa, volvieron las rivalidades entre Zetas y el cártel de los hermanos BL.

Es importante comentar también que, así como hubo durante 20 años episodios de guerra frontal entre distintas estructuras criminales organizadas, hubo también episodios de “paz pactada”. Por ejemplo, durante 2007, la Federación –así le llamaba el gobierno federal a la alianza que existía de todos los jefes del narco agrupados en el Cártel de Sinaloa, que después se escindieron– con los hermanos Carrillo Fuentes, del Cártel de Juárez, y su brazo armado La Línea, y los Zetas. Por ejemplo, ese año el número de homicidios dolosos llegó a casi 9 mil; y el siguiente año (2009), a 14 mil ejecutados. Estaba en su apogeo, por ello se tomó una iniciativa (año 2010) muy arriesgada bajo una enorme presión política que más abajo explicamos con detalle (Hernández: 254).

Para entonces, en febrero de 2002, en Mazatlán, el Chapo Guzmán había asesinado, mediante sicarios, a Ramón Arellano Félix, quien con sus aliados, controlaba la plaza de Ciudad Juárez, soportado por su brazo armado la Línea, quien a su vez había asesinado a gente del Chapo y el Mayo Zambada. La guerra estaba en su punto máximo, sumaban cientos de muertos (Ibarra: 70-71). Esta escalada de sangre y muerte se relacionaba directamente con las disputas armadas de carácter criminal.

En tal contexto, viene la “orden presidencial” de tratar de parar la carnicería y dialogar con los jefes de las organizaciones criminales, aproximadamente, a mediados del año 2010, y trató de organizarse una “cumbre de jefes narcos” a petición de GGL, mediante el “Grande”, quien empezó a buscar contactos con la anuencia de su jefe, ya entonces, Héctor Beltrán Leyva, alias el H, y la primera iniciativa tomada al efecto, fue cesar la guerra con los Zetas por el control de las plazas de Coahuila, Nuevo León, y Quintana Roo. Los hermanos BL ofrecieron una tregua unilateral que hacia agosto de 2010 fue magro globalmente, en cuanto al resultado en el número de asesinatos; pero se habló de reducciones más sensibles en las plazas en disputa. No obstante, este esfuerzo fue concluido hacia septiembre de 2010, al ser arrestado Villarreal Barragán, el Grande, en Puebla, el 12 de septiembre de 2010 (Lemus: 161). La “cumbre de líderes narcos” estaba inicialmente planeada para diciembre de 2010, es decir, un año después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, el Barbas (ocurrida el 16 de diciembre de 2009).

Se dijo con insistencia en aquella coyuntura que había sido la Barbie quien lo traicionó y “puso” a Arturo Beltrán para que lo capturara la Marina en Cuernavaca, Morelos, a cambio de que “le permitieran fundar su propio cártel”. Una traición llena de ironía, pues cuando estaba cercado Arturo Beltrán Leyva, a quien buscó para pedir ayuda fue precisamente a la Barbie, quien le aconsejó que “se entregara”. Pero su jefe, el Grande, le aplicó “la misma medicina”: lo delató a la PFP el 30 de agosto de 2010, en los días en que avanzaba la convocatoria para la “cumbre del narco”. El Cártel de Sinaloa había aceptado y confirmado su asistencia, la cual se promovía como “un pacto de paz”. El Chapo sólo había adelantado una condición: “siempre y cuando se haga una distribución equitativa de todo el país para que nadie cobre derecho de piso sobre los otros cárteles” (Lemus: 163).

En términos similares se pronunció el líder de la Familia Michoacana, José de Jesús Méndez Vargas, el Chango, que acepaba siempre y cuando “le permitieran operar en todo el estado de Michoacán y no se cobrara derecho de piso en las rutas de trasiego de drogas en el norte del país”, Tijuana, Mexicali y Baja California, a cambio ofreció “compartir sin derecho alguno, el puerto de Lázaro Cárdenas” ­­–principal puerta de entrada de las anfetaminas desde Asia, y de la cocaína de Colombia, lo cual le manifestó a Villarreal Barragán en una reunión que tuvieron ambos en Puebla, que es donde operaba principalmente este último, y en donde fue finalmente capturado. Hablaba a nombre de GGL y del presidente Calderón, según su propio dicho contado al periodista J.J. Lemus (ídem, 164).

A nombre de los Zetas (ya como cártel), Heriberto Lazcano, el Lazca, le indicó a Villarreal Barragán –en conversación telefónica­– que iría sólo si asistían gente que “fuera a tomar decisiones”, pero cuando el Grande le dijo que “asistiría el presidente de México”, le dijo “entonces, cuenta conmigo”, siguiendo con el relato del Grande a J.J Lemus en la prisión de Puente Grande.

Con el “Cártel del Golfo” se dificultaba, porque estaba muy reciente la ruptura con Heriberto Lazcano y los Zetas, y ante ello, se optó por privilegiar la presencia de los segundos. De igual manera, el Cártel de Juárez, con Vicente Carrillo Fuentes, mostró reticencia y dudó que la convocatoria la hiciera el presidente Calderón y GGL. Y con los Arellano Félix –siguiendo el mismo relato– fue de anuencia: Enedina Arellano, la Narco Mami –ya al frente del cártel–, dijo que acudiría a donde lo dispusiera el gobierno federal, no sólo para discutir rutas, acciones y territorios, sino para tratar de ayudar a salir de prisión a sus hermanos –presos en Estados Unidos y otro en Almoloya–. Esta convocatoria es la que la Barbie interpretó como un propósito de formar una sola organización criminal, un gran consorcio del narcotráfico que diera como resultado un nuevo reparto territorial y de rutas, presidido por FECAL.

Así tenemos que la convocatoria no logró la unanimidad deseada: los golfos y los Juárez no estaban dentro. No podía augurarse un logro de “pacificación” al estilo del gobierno federal, sobre lo cual estuvieron informados en tiempo real, GGL, Mouriño y Calderón, e incluso, como “cortesía” y para dar credibilidad de que detrás de la convocatoria estaban los principales funcionarios del gobierno, a cada uno de los jefes de las organizaciones criminales aceptantes, se les envió 1 millón de dólares, pidiendo que cada uno organizara su propio esquema de movilización a la reunión cuando los detalles fueran dados a conocer. Pero salieron del bolsillo de los HBL, y GGL prometió reembolsarlos (Lemus: 166).

Dicha iniciativa, por lo antes transcrito, comentado e interpretado, fue a fondo promovida para su realización, no se trató de una maniobra distractora ni propagandística; claro, trascurría en el más absoluto secreto. No obstante, nunca se concretó y mucho tuvo que ver en ello el arresto de Villarreal Barragán, el Grande, en la ciudad de Puebla en septiembre de 2010 por parte de la Marina con información de la DEA, en un operativo que escapó al control de GGL, y porque el Grande era de todas las confianzas de GGL-Calderón; no tuvieron sustituto. Pero la iniciativa de “pacificación” a la manera de GGL-Calderón constituía una necesidad imperiosa: había que bajarle violencia criminal, asesinatos y combates armados al tema del narcotráfico desde suelo mexicano. Por ello, se replanteó el tema con una nueva mediación organizadora: el general Arturo Acosta Chaparro, tristemente conocido en el medio criminal y político, en general. Ya era asesor militar y en seguridad del presidente Calderón (desde febrero de 2008).

Y se inició la gira por todas las regiones para platicar con los jefes narcos en donde el general reivindicado, hablaba –como en otro momento lo hizo el Grande, a nombre del presidente Calderón–, y se coordinaba directamente con el entonces secretario de Gobernación, Blake Mora. Luego de la captura de Villarreal Barragán, Acosta Chaparro empezó a operar y se reunió con los líderes de la Familia Michoacana, Jesús Méndez, Chango, y con Nazario Moreno, el Pastor o el Chayo (había sido militar), quienes a la vez informaron al general Acosta que los Zetas habían realizado el ataque terrorista en el zócalo de Morelia el 15 de septiembre de 2008, con saldo de ocho muertos y 100 heridos.

El siguiente mes, se entrevistó justamente con los Zetas en Matamoros, Tamaulipas, con Heriberto Lazcano y con Miguel A Treviño, Z-40 (todavía no era capturado, fue detenido en julio de 2013), y su demanda al gobierno fue “una tregua”, aunque le preguntaron “¿de parte de quién iba?” Contestó: “Mira, te viene a ver un general del Ejército. No puede venir de parte de nadie más que del presidente”. Hubo otra reunión más con estos últimos, luego con los Beltrán Leyva, quienes aceptaron de nuevo participar y, finalmente, con el Chapo e Ismael el Mayo Zambada (Wornat: 217-218).

Estos episodios son narrados también en el libro El Traidor: “En 2009, el presidente Calderón […] envió un emisario al Mayo para pedirle ayuda. Vicentillo estuvo en el encuentro” (Ídem: 254), Se refiere, por la fecha, a la reunión con Acosta Chaparro. Villarreal Barragán ya estaba preso.

En esta última reunión con los líderes del Cártel de Sinaloa, sucedieron cosas muy importantes. Habla el Vicentillo: “cuando llegamos con mi padre bajamos del coche, Colin y el hombre entraron y mi padre estaba sorprendido de verlo. No lo esperaba”. “Mi general […] ¿cómo está? No sabía que venía […]. El general comenzó a decirle a mi padre que necesitaba hablar con él y con el Chapo. Que traía unos mensajes de una persona y necesitaba hablar con ellos”. Como no estaba el Chapo lo contactaron y llegó, “saludó al general con un abrazo”.

Agregó en general: “ustedes son muy amables y hombres de palabra”. Agrega A. Hernández: “fue cuando el Chapo le habría dicho que pagó un millonario soborno a Vicente Fox para que lo dejaran salir de prisión. Ciertamente, no en un carrito de lavandería”. Según el mismo Diario del Vicentillo, continúa el relato: “que estaba ahí a nombre del […] secretario de la Defensa Nacional […] quien les enviaba el mensaje de que por favor, ellos [el gobierno] querían resolver las cosas con todos, así la violencia en México podía disminuir’ por que el gobierno ya no sabía qué hacer” (ídem). Parece inaudito, pero sólo transcribo. Y recordaron, que durante la tregua que arriba mencionamos, el Mayo Zambada había intervenido para lograrlo, le pedían lo mismo. Aceptaron intervenir.

Olga Wornat refiere, conforme a sus fuentes, que “en lo que se refiere a Juan Camilo Mouriño, el Chapo se quejó de que Iván y su coordinador de asesores en la Segob, el mafiusi Ulises Ruiz, le vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares y que la misma ya se la habían vendido al Cártel de Sinaloa. Dicen que el enviado de los Pinos pensó que Ulises Ruiz se había quedado con un millón de dólares” (p. 218).

Para entonces, Juan Camilo Mouriño ya había fallecido en el “avionazo” (4 de noviembre de 2008). Pero el enojo del Chapo con Mouriño por este tema, venía de atrás. Dos años después de este encuentro, en abril de 2012 en la colonia Roma, de la Ciudad de México, falleció en un atentado el general Acosta Chaparro. La misma escritora argentina (Wornat) establece que según le comentó un amigo del general a ella, que era entonces asesor en Sedena, que el propio Acosta Chaparro, días antes del atentado afirmó: “Tengo los días contados, me van a matar, y no es el narco. Son los traidores de este gobierno”. Era el momento en que investigaba el secuestro de Diego Fernández Ceballos (ídem).

Durante la detención del Vicentillo (abril de 2012), éste confesó la actividad del general Acosta Chaparro y reveló también su nombre a la DEA y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo cual, podía venir un pedido de detención con fines de extradición; pero hay la versión también de que el general estaba en contacto con la DEA y estaba dispuesto a hablar. Era demasiado lo que sabía del gobierno calderonista, y según aseguraron sus amigos más cercanos –coinciden aquí dos autoras– fue mejor asesinarlo, como él mismo presintió (Hernández: 258). Así terminó el segundo personaje principal y mediador de la “pacificación” al estilo Felipe Calderón, concluyeron sus dos intentos de construir una “pax del narco”.

Tenemos entonces un cuadro complejo pero muy aleccionador sobre la trama de la muy compleja relación del gobierno federal, sus mediadores y quienes funcionaron como jefes de ellos (Mouriño y GGL) y las organizaciones del crimen transnacional en México, en donde las negociaciones fallidas, las desavenencias severas entre líderes del narcotráfico, y luego las muertes de personajes involucrados en la negociación, dan para mucho inferir. Dos preguntas: ¿la queja del Chapo contra Juan Camilo Mouriño influiría en su muerte? Porque, además, el Chapo manifestó varias veces su intención de asesinar al titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, “por obstruir su actividad al no recibir sobornos”. Había recibido distintas amenazas al igual que Mouiriño, lo había dicho el Cisen (Wornat: 220). ¿Habrá sido el Cártel de Sinaloa el autor del “avionazo”, en una operación criminal encubierta que “mataba dos pájaros de una misma pedrada”? Pero hay muchos elementos coincidentes.

No tenemos elementos de prueba, sólo preguntamos. Y al general Acosta Chaparro, que sabía demasiado de lo que estaba haciendo el gobierno federal, de sus vínculos criminales, ¿habrá sido mejor silenciarlo para siempre desde el propio gobierno?, de acuerdo con el testimonio de uno de sus más cercanos amigos, del cual no se revela el nombre. Las traiciones en estos niveles e interacciones ilegales, mafiosas, son muy frecuentes: el propio Grande fue “puesto” o traicionado muy probablemente por el mismo gobierno, ya que un día antes de su detención en Puebla, se entrevistó con Héctor Beltrán Leyva, el H, y le dijo que lo estaba “buscando el secretario de gobernación”, en ese momento, Francisco Blake Mora –muerto también en “accidente aéreo”–, y pensó que se relacionaba con la cumbre de narcos en curso, que lo buscarían en su casa para trasladarlo; cuando llegaron a su casa y lo condujeron, y después que le pusieron las esposas, se dio cuenta que lo estaban arrestando. Un detalle importante: fueron dos agentes “que medio hablaban español”, dijo él mismo, quienes pasaron sus huellas digitales por un ordenador portátil para verificar su identidad, y comprobada ésta, lo despojaron de una pistola y una credencial del Estado Mayor Presidencial que portaba (Lemus: 166-167).

¿Habrá la DEA detectado la “cumbre de narcos” que se preparaba y la frustró exigiendo y procediendo a la detención de el “Grande” con los datos de ubicación que ellos tenían? Porque la coartada para engañarlo funcionó a la perfección. ¿La muerte de Blake Mora tendrá en esta captura mediante engaño, algún referente central? Después, el mismo Grande le comentó al periodista Jesús Lemus en la cárcel que GGL prometió no dejarlo en una cárcel mexicana y extraditarlo a Estados Unidos, pero que debía declararse “testigo protegido” de la PGR para facilitar dicha extradición, lo cual hizo y fue trasladado, tal como le prometieron (Lemus: 166). Pero el resentimiento del Grande por la celada que le tendieron, fuera del control de GGL, consideramos, provocó tantas confesiones posteriores. Ya no tenía nada que perder y no quería hundirse solo. Es la lógica de un criminal.

Tomando en cuenta todos estos testimonios, investigaciones periodísticas serias y la narrativa que les acompaña, durante los primeros años del sexenio calderonista, incluso, grupos criminales diversos, creían comunicarle a Felipe Calderón algunas conductas de sus subordinados –señaladamente de GGL– que ellos creían que el presidente ignoraba, a través de las llamadas “narco mantas” y “narco mensajes” que proliferaron durante los años de 2006-2010, hablamos de miles de ellas y ellos; luego, dicha actividad cayó sensiblemente cuando -es nuestra hipótesis- se conoció plenamente que él estaba al tanto de todo y daba directrices para que los hechos sucedieran, porque tal declive coincide con la frustrada “cumbre de narcos” programada para diciembre de 2010, que desde 2009 se empezó a promocionar entre los líderes criminales. Ello hizo claridad en muchos de ellos.

Pero no todo se concentró en estas acciones criminales asociadas, “las manos libres” otorgadas en la extracción de riqueza en contra de Pemex, fue también un escándalo que ha sido debidamente documentado por periodistas probas y sagaces como Ana Lilia Pérez, en el Cártel Negro (2011): “Con la implicación de empleados de Pemex y de sus contratistas, inició la sustracción de condensado de la Cuenca de Burgos que a partir de 2006 comenzó a introducirse de contrabando en territorio estadounidense” con el conocimiento de la ICE, autoridad aduanal del gobierno de Estados Unidos, que lo descubrió. Negocio criminal controlado por “la Compañía”, integrada por dos organizaciones del crimen transnacional: el Cártel del Golfo, de Osiel Cárdenas, y los Zetas, comandados por Heriberto Lazcano; y como lugartenientes, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, y Jorge Eduardo Costilla, el Coss o el Doble X, todo ello, gracias a que “se tenía en nómina a las corporaciones policiacas estatales y federales asignadas a Tamaulipas, incluidos los equipos de la Policía Federal que participaban en los operativos conjuntos desde Ciudad de México (…) y operadores aduanales”. Desde 2006 cuando se produjeron los primeros robos y exportaciones ilegales a Estados Unidos, “el gobierno mexicano tuvo conocimiento de ello. Los directivos de Pemex fueron informados de lo que ocurría […]. El área de inteligencia de la paraestatal se los notificó, pero ellos callaron y decidieron clasificar cada uno de los hurtos como información reservada por 12 años” (Pérez: 68). El asalto al poder de este “cártel político transexenal” al que nos hemos venido refiriendo, fue abarcador, no se concentraron en unas cuantas actividades. Ofreceremos más referencias de estas actividades ya documentadas.

Estos procesos de robo organizado a la riqueza nacional, están situados por la autora citada en el tránsito del gobierno de Vicente Fox al de Felipe Calderón.

En próxima entrega, abordaremos la primera fuga del Chapo Guzmán pactada con altos personajes del gobierno foxista, dicho por el propio Chapo, exhibiendo así las líneas de continuidad enunciadas entre los gobiernos panistas, Fox-Calderón, teniendo como pivote de la corrupción de Estado a GGL, en el centro de la trama, en un contexto de agudización de la problemática del crimen transnacional en México, siempre conforme a nuestras fuentes de información ya mencionadas.

Pero es altamente ilustrativa del tipo de “soluciones” que la derecha en el poder imagina y busca, instrumenta, propias todas de una concepción estrecha, pequeña de una problemática mayor que tales garrafales pifias, ella misma, la derecha, contribuyó a agudizar y engrandecer. Hoy son feroces críticos de la situación relativa a la seguridad y al crimen transnacional. Son un monumento de hipocresía.

Jorge Retana Yarto*

*Exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional; licenciado en economía con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional; maestro en administración pública; doctor en gerencia pública y política social. Académico de la UNAM.

En la actual coyuntura que vive México, es fundamental analizar la criminalización del poder presidencial con Felipe Calderón. Ha corrido mucha tinta y se ha gastado mucha saliva respecto a lo hecho y dicho durante el gobierno calderonista (2006-2012), y de su brazo fuerte, Genaro García Luna, desde la Secretaría de Seguridad Pública, particularmente en lo relativo a su estrategia criminal. Lo retomamos en un nuevo enfoque con una tesis central que es la que denota el título de este ensayo. Lo haremos mediante el uso de una trilogía de obras publicadas. De igual manera, trataremos de sistematizar y hacer converger los pasajes más relevantes, así como las acciones fundamentales narradas por los tres autores, cuyas afirmaciones no han sido desmentidas por nadie en forma precisa y alusiva a las obras, en las cuales fueron publicadas.

No son novelas de ficción. Son investigaciones periodísticas, narrativas basadas en la documentación y fuentes diversas (incluyendo un número variado de entrevistas directas con actores cercanos al expresidente y a su secretario de seguridad). En éstas, fundamentan su dicho, opiniones y aseveraciones. Se publicaron en 2020 y son: Felipe, el oscuro de Olga Wornat; El licenciado de J Jesús Lemus, y García Luna, el señor de la muerte de Francisco Cruz.

Asimismo, tenemos algunas otras obras de apoyo. Sin embargo, esta trilogía crítica y de denuncia sobre un gobierno y una estrategia criminal formulados en Estados Unidos es la más importante.

Es táctica fue seguida y aplicada por el secretario de seguridad pública. No sólo fue fallida, sino también desastrosa. Se volvió contra el propio Estado mexicano y su impacto para México fue tan negativo que aún hoy en día no se ha logrado erradicar del todo.

Los nexos previos con las organizaciones criminales se ilustran así desde el mes de agosto de 2006 –ya “electo” Calderón–. Jorge Zermeño fue presidente panista de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Asistió al bautizo de la hija de José Guillermo Llamas, senador electo del PAN, en compañía de Felipe Calderón (Fecal).

Junto a su mesa había un invitado especial: Sergio Villarreal Barragán, el Grande. Este destacado capo de la organización de los Beltrán Leyva es cuñado de uno de los hermanos de Jorge Zermeño. Con éste, Fecal  conversó y brindó (OW, p. 29).

En 2006, el predominio criminal correspondía a la alianza entre el Cártel de Sinaloa (CDS) y los Hermanos Beltrán Leyva (CBL). “La Gerencia” –cuyos líderes se reunieron en Culiacán– eran Arturo Beltrán Leyva, el Barbas, e Ismael el Mayo Zambada. Discutieron los términos que impulsarían a Genaro García Luna a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón.

Lo conocían y habían “trabajado” con él desde que fue Coordinador General de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) con Vicente Fox, y luego titular de la AFI –Agencia Federal de Investigaciones, que sustituyó a la Policía Judicial Federal–; entre otros cargos. De igual manera, ayudó a la fuga del Chapo Guzmán de la prisión federal de Puente Grande, Jalisco.

El Barbas y el Mayo Zambadaya le decían “El Licenciado”. Acordaron que la mejor estrategia era “el dinero”; es decir, comprar la futura SSP. Jesús Zambada García, el Rey, ya había concretado este recurso del “soborno” con García Luna, en el caso de la fuga del Chapo Guzmán.

El propio Barbas había canalizado “algunos pagos al Licenciado por varios millones de dólares” por tales servicios, mediante el abogado Oscar Paredes. Otro fin era conocer el curso de las averiguaciones previas en contra de miembros del CBL en la PGR.

Entonces, el acuerdo fue “sobornar al propio presidente de la República”. Esta información fue dada a Lemus por Sergio Enrique Villareal en la propia prisión de Puente Grande. En ésta, estuvieron juntos, aunque por causas distintas.

—¿Cómo hacerlo llegar?—, preguntó el Barbas, a través de Sergio Enrique Villarreal, el Grande.

No olvidar que, según Wornat, Calderón y Sergio Villareal se encontraron y socializaron en un bautizo del cuñado de Villareal (octubre, 2006), un senador del PAN electo, casado con la hermana de éste último (pág. 29).

Además, se acordó que “no escatimarían en dinero”. El Grande se puso en contacto con su familiar –cuñado– y le pidió una reunión con Felipe Calderón. En este momento, Lemus sitúa los preparativos del bautizo de su hija –sobrina del Grande e hija de su hermana–. Ahí, coincidieron y platicaron ambos: Felipe Calderón y Sergio Villarreal (págs. 18-20).

En los tiempos previos a la toma de posesión de la presidencia de México por Calderón, encontramos a García Luna agrupado en actividades de inteligencia con su jefe en el CISEN, el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, además de Luis Cárdenas Palomino. Supieron de la derrota del PRI frente a Fox antes que nadie, mediante las encuestas practicadas en el mencionado órgano administrativo.

Esto es importante. Los tres acumularon información “de miles y miles de documentos” producto “de la inteligencia policial y el espionaje” sobre el candidato Fox y otros panistas y priistas. Estaban al servicio del candidato del PRI, Labastida Ochoa, quien tuvo acceso a carpetas en manos de Enrique Jackson. “Entregaron a la prensa” las indagaciones.

Nada funcionó. Sin embargo, se quedaron con un acervo importante que llegó a manos del secretario de gobernación Diodoro Carrasco, mando superior en el CISEN.

Había otras carpetas con información de priistas en manos de Fox integradas y analizadas por Ramón Martín Huerta –luego muerto en “accidente” aéreo–. En ambos casos, había copias de varios cheques millonarios de grandes empresas mexicanas y fuentes extranjeras para ambas campañas. Eran operados desde oficinas privadas y “casas de seguridad”, las cuales funcionaban con equipo para espionaje.

Aparte, estaban los archivos acumulados durante el paso de García Luna por la AFI creada por Vicente Fox (noviembre, 2001). Nadie sabe cuál fue el destino o el final de esos documentos. Lo seguro es que están en manos del exsecretario de Seguridad Pública (págs. 68-69).

Mi hipótesis es que, del cambio de unas manos a otras de estas carpetas, pudieron haber surgido los casos “Amigos de Fox” y “Labastida con el Sindicato de Pemex”, parte de las cuales llegaron a los consejeros del IFE. Con esto, se neutralizaron ambas fuerzas políticas.

Después del triunfo de Fox, se desarrolló una especie de “operación limpieza” mediante la destrucción masiva de documentos, fotografías y grabaciones y videos. García Luna fue el encargado de ello.

Probablemente guardó la información más relevante para sí y su grupo criminal en desarrollo. Ésta incluía datos sobre grupos criminales, organizaciones y líderes políticos, acopiada en el CISEN.

Dentro de lo que se destruyó, había evidencias de su propia historia. De pronto García Luna apareció encumbrado, pero “sin datos”. Tramitó la protección de su nombre y apellidos contra fines comerciales –expediente 2050567–, así como su imagen –expediente 2052045– (Cruz, págs.17-32).

Pronto se especializó en inteligencia y contrainteligencia de campo identificando opositores, agitadores, guerrilleros, orientados contra el gobierno de Salinas de Gortari, con especial cuidado en Chiapas –le encargaron “el caso” del subcomandante “Marcos”– y la selva lacandona.

Luego se hizo “amigo y protector de Felipe Calderón”. Dirigió la seguridad durante su “toma de posesión” en la Cámara de Diputados entrando por la puerta trasera y poniéndose él mismo la banda presidencial. Desde entonces, Fecal “daba licencia ilimitada a las operaciones de García Luna” (Cruz, pág. 59). Ya había aprendido a negociar con los narcotraficantes. Por eso lo reclamaban como el policía ideal en la SSP.

Este personaje propondría “la gerencia” como SSP, a través de un soborno relevante al presidente Calderón, según Lemus. Respecto a García Luna, Francisco Cruz dice: “hay pruebas de que desde 2006 ya estaba asociado al narco y de que su guerra personal contra los cabecillas del crimen organizado […] era una mera pantalla para cimentar el poder de Joaquín el Chapo Guzmán Loera e Ismael el Mayo Zambada, líderes del Cártel de Sinaloa” (pág. 75).

Tomen nota, ustedes lectores, de las coincidencias de tres autores distintos que por diferentes caminos llegan a una misma zona de conocimiento: el García Luna, que asciende al poder con Calderón, era un narcotraficante asociado y consumado.

No inicia su actividad criminal desde el cargo de SSP. No, era un criminal consumado y reconocido. Por ello, lo quieren los líderes de las organizaciones criminales agrupados en “la gerencia” como “su” SSP. Tenía un negocio hecho que lleva a Calderón como “presidente” y deciden compartirlo. Es nuestra hipótesis.

En conversación privada con Lemus, Sergio Enrique Villareal, el Grande –jefe de sicarios del CBL–, confesó haber sido el encargado de negociar y entregar el dinero del soborno directo a Presidencia de la República, con el objetivo de colocar a García Luna –formado hasta antes en los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, más con Vicente Fox– en la SSP.

Era necesario mucho dinero, porque varias “quejas y acusaciones” de acciones delictivas previas pesaban sobre él, como la represión en el “caso Atenco” –en mayo de 2006, al frente de la AFI–.

Sin embargo, el 20 de noviembre de 2006 –luego de que el TRIFE reconoció el triunfo de Calderón–, García Luna fue nombrado secretario de Estado en la cartera de la SSP (Lemus, págs. 119-120).

Para entonces, la relación con Arturo Beltrán Leyva estaba consolidada. “Lo presentó con el Mayo Zambada durante una reunión en Ciudad de México en abril de 2004” (Lemus, pág. 121).

Felipe Calderón tenía total confianza en el cuñado del Grande. Fue coordinador de la bancada del PAN –con Fox– y luego Senador –también había sido comandante de la policía judicial en Coahuila–, quien había tenido una relación con García Luna desde su responsabilidad al frente de la AFI (Lemus, pág. 123). Vayan tomando nota de esta red de vinculaciones delictivas.

Sergio Enrique Villareal Barragán operó antes para el Cártel de Juárez (CJ) por conducto de Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy. En ese entonces, José Guillermo Llamas era comandante de la policía judicial en Coahuila, luego rompió con el CJ y se unió a los Beltrán Leyva (CBL).

En la reunión de 2004, GGL-Villarreal Barragán, el mensaje de Arturo Beltrán fue que lo dejara operar libremente. García Luna aceptó a cambio de “una contraprestación” de 500 mil dólares mensuales (Lemus, pág. 124). Sin embargo, también se consideró el pago para la filtración constante de información “para ayudar a la AFI a obtener resultados rápidos”.

Quedó en 250 mil dólares mensuales para los colaboradores del jefe de la AFI, y 150 mil dólares para el Licenciado” (Lemus, pág. 124). Además, “había luz verde” para que la AFI capturara miembros de bajo rango del CBL y justificar así la lucha contra la narco-criminalidad.

En muchas ocasiones, el dinero se entregaba por medio del hombre de confianza del Grande:Edgar Valdés Villareal, la Barbie, quien después se reveló que era informante de la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés), además de jefe del grupo de los Negros, un grupo de reacción del CBL (Lemus, pág. 125).

Hasta aquí destacan cinco cuestiones de importancia. La primera: García era un producto directo y nato de los organismos de seguridad, policía e inteligencia del aparato autoritario, represivo y presidencialista del PRI, luego imbricado con el PAN –Fox y Calderón–.

Se convirtió en socio de los intereses del CBL y en consumado facilitador del narcotráfico en México, además de informante de dicha organización criminal –órdenes de captura, operativos militares, etcétera.– cuando se integró en primera línea al gabinete de alto nivel.

La segunda: García Luna negoció con dicha estructura criminal transnacional, la cual ofrece a Fecal desde antes de su toma de posesión de la presidencia. Éste acepta, a partir del momento en que acuerda con el CDS y CBL colocarlo como secretario de seguridad.

La tercera: se estaba convirtiendo al CBL en el cártel más poderoso de México –esto al atacar a los rivales con información del Grande–. Sin embargo, cuando el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán rompen relaciones, García Luna trata de trabajar para los dos cárteles. No es posible y se decanta en favor del más fuerte: el CDS.

Esta decisión influyó sobremanera en la reconfiguración del mapa político y de fuerzas criminales en México, entre 2008-2009. Con la ayuda de las fuerzas policiales federales al mando de Fecal-GGL, el CDS salió fortalecido de su enfrentamiento con sus anteriores aliados (Hernández, pág. 230). En adelante, nada volvió a ser igual.

La cuarta: así como Felipe Calderón es un producto natural de la alianza criminal entre PRI-PAN para desarrollar y expandir un ciclo de captura del Estado mediante una mafia, García Luna es un prototipo de la corrupción y el asalto al poder público de dicha alianza que caracterizó al PRIANATO, desde el ascenso de Carlos Salinas a “la alternancia” con Fox, alianza articulada al crimen trasnacional.

¿Nadie supo ni sospechó nada? Demasiado difícil de aceptar como verdad. Por ello, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la influencia, negocios con contratos a su favor y corruptelas diversas de García Luna establecen una línea de continuidad. No hay nada accidental ni coyuntural.

Y la quinta: un grave problema –el cual forma parte de la corrupción y la impunidad estructural en el Estado mexicano– es que la “oligarquía política y económica” en México no se investigaba entre sí.

Realizaban un “pacto mafioso de silencio” –el Omertá de la oligarquía mexicana corrupta– que se renovaba cada sexenio. Por ello, se podía ser un capo consumado y un negociante que lavaba dinero producto de las asociaciones criminales, como García Luna, y nadie decía nada.

Venía del PRIANATO. A ellos servía y trabajaba. Se enriquecía para sí mismo. Aunque se supo que en el ejército y la Marina empezaron a investigar a García Luna. Tres generales pretendieron entregar un informe al presidente electo Fecal. Para ello, se reunieron con Juan Camilo Mouriño y trataron de bloquear su continuación en la inteligencia y la seguridad. En una cena en el restaurante Winston Churchill’s, entregaron el documento a Mouriño. Al leerlo, lo lanzó sobre la mesa y se fue. La relación había crecido.

Entre otros temas, en las carpetas militares había datos sobre los “donativos” del Cártel del Pacífico a la campaña de Felipe Calderón, a través de García Luna (Wornat, pág. 81). La pudrición venía de atrás y llegaba al presente. Fecal se engancha desde la campaña con el crimen trasnacional.

Nunca hay que olvidar los grandes acervos de información de muchos líderes políticos y diversos funcionarios públicos de una década atrás, por lo menos, cuando no nos expliquemos por qué tantas condescendencias con García Luna.

Tenía “en sus manos” una parte importante de la clase política corrupta –incluyendo a la familia de Fox y Calderón–. Bastaban algunas filtraciones a la prensa y pondría en cuestión su carrera política. Como nunca antes era cierto que “la información es poder”, sabiéndola usar.

En esa línea de acción, formó el “cartel de narco-funcionarios” llamado “los siete jinetes del apocalipsis”, su más estrecho círculo de poder y complicidad criminal.

Durante el sexenio de Fox –y unos años después, en el de Calderón–, explotaron los secuestros como una veta de negocio. De esto, José Antonio Ortega –autor del libro El secuestro en México– responsabiliza a García Luna y a Luis Cárdenas Palomino. Ofrece varios datos para sustentarlo (Wornat, pág. 69).

Una segunda reunión se realizó en la sierra de Durango a mediados del mes de septiembre de 2006. Su fin era concretar el plan de sobornar al presidente de la República y colocar a un aliado probado entre Arturo Beltrán Leyva y el Mayo Zambada como secretario de Seguridad Pública.

Además, por el Cártel de Sinaloa, estuvieron Juan José Esparragoza, Dámaso López Núñez y Joaquín Guzmán Loera. Con Arturo, estuvieron Héctor y Alfredo Beltrán Leyva, Alfredo Beltrán, alias el Mochomito, y Sergio Enrique Villarreal Barragán.

Se informó “de lo avanzado de la operación”. Arturo el Barbas se encargó de terminarla. Asimismo, pidió integrar una bolsa de 20 millones de dólares; la primera mitad para iniciar la negociación directa a través de Guillermo Anaya Llamas, cuñado del Grande y senador electo del PAN, ya conocido de García Luna.

Nuevamente, se comisionó a Sergio E Villareal para ello. Debería quedar cerrado en un mes (Lemus, págs. 130-131). El primer contacto entre Calderón Hinojosa y el Grande fue en el bautizo de la sobrina de este último, dato en el que coinciden Wornat y Lemus, el 24 de agosto de 2006, en Torreón, Coahuila. Lo narra así:

“Le pedí al ‘licenciado’ García Luna que él mismo me concertara una cita con el licenciado Calderón”, dijo el Grande y pidió “un plazo de unos días”. Una semana después (en octubre de 2006), se concretó en una casa de la Ciudad de México. Duró unos 20 minutos.

En ese momento, Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, era colaboradora estrecha del Mayo Zambada. Asimismo, se encargaba de los contactos en Colombia para la provisión de cocaína (Lemus, pág. 130). Más abajo establecemos por qué este dato es relevante.

Ante la oferta “Calderón no contestó nada”, le pidió que llevara un mensaje de regreso: “Dile a los señores que estén tranquilos, que no se les va a molestar”.

El Grande le preguntó al presidente “electo” que a dónde le hacía llegar el dinero. A esto, respondió que “ya se lo harían saber” (Lemus, págs. 133-134). Villarreal Barragán contó que entregó el dinero a un “teniente del ejército que me recibía en la puerta de Los Pinos, y luego entraba a saludar al presidente”. Dijo “allí está el saludo de los señores” (Lemus, pág. 134). El negocio se había cerrado. La compra se había consumado.

En el juicio del Chapo Guzmán en la Corte de Brooklyn, Nueva York, Jesús Reynaldo Zambada García, el Rey –líder de plaza del Cártel de Sinaloa en la Ciudad de México–, presentó su testimonio en contra.

El Chapo Guzmán fue arrestado en 2008 y extraditado en 2012. Firmó un Acuerdo de Colaboración con el gobierno de Estados Unidos, después de declararse culpable de los cargos.

Fue interrogado por el abogado de apellido Purpura, quien le preguntó: “¿Si el Mayo pudiera corromper al Presidente de México lo haría?”. “Tal vez”, respondió el Rey.

Siguió el abogado: “Su hermano tenía un particular interés en una persona llamada García Luna, ¿cierto?”. “Correcto”, admitió Zambada”. De igual manera, reconoció haberlo sobornado en 2007, a nombre del Cártel de Sinaloa.

Antes, entre 2005 y 2006, el Rey se había reunido con García Luna por primera vez y con el abogado de su hermano, Oscar Paredes, en un restaurante de la Ciudad de México.

En esa ocasión, el soborno fue de 3 millones de dólares, con el propósito de colocar a un hombre del Mayo como líder de la policía de Culiacán. El segundo fue en 2007. Éste consistía entre 3 y 5 millones de dólares para que el cártel pudiera operar sin contratiempos (Ibarra, pág. 84). Esta versión es plenamente coincidente con lo contado por el Grande a Lemus, como consignamos más arriba.

Las relaciones con el gran capital, productivo, comercial y de servicios de Felipe Calderón estuvieron marcadas por dos pivotes centrales: la exoneración del pago de impuestos se estima en 4 billones de pesos que Fecal perdonó a los grandes empresarios –la deuda que dejó equivalía a 5 billones de pesos; son cifras cercanas–.

Y el gran capital con enormes partidas publicitarias –20 millones de pesos, cinco veces más que el promedio sexenal– para los medios masivos de comunicación.

Ya “ablandados”, llegó el “pacto del silencio”, la autocensura comunicativa suscrita con 715 medios de comunicación, “para redefinir la cobertura y el tratamiento dado a las noticias sobre violencia, crimen organizado y narcotráfico”. El presidente Calderón y García Luna les garantizaron protección a sus diversos intereses. (Cruz, pág. 92).

La prensa y los medios escritos, hablados, no molestarían ni incomodarían. Tampoco derivarían temas que pudieron causar dudas o disensos sobre los espinosos asuntos que gestionaban y procesaban a diario. Había vía libre.

Ello ofrecía una amplísima cobertura, una inmensa burbuja protectora de simulación y complicidades implícitas, en favor de la red de captura del Estado e impunidad. La misma partía del poder presidencial y nutría como nadie a García Luna.

De igual manera, fue lo que hizo posible que prosiguiera el desarrollo de las estructuras de asociación y negocios criminales con los cárteles del crimen trasnacional.

Como Jesús Reynaldo Zambada, el Rey, dijo en el juicio al Chapo: “los funcionarios públicos eran una división específica de la estructura del Cártel de Sinaloa […] los pagos se distribuían una vez al mes [iniciando con] 300 mil dólares al director de la Procuraduría General de la República” (Ibarra, pág. 65).

En una entrevista de más de dos horas en el programa de Adela Micha, Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, habló de muchas cuestiones relativas al narcotráfico.

En un momento de la conversación –que se desarrolla con medias palabras, medios relatos, sin nombres–, probablemente refiriéndose al Mayo Zambada, Adela Micha pregunta: “¿Para qué quieres vivir 30 años en el monte? ¿Para qué quiere acumular tanto dinero? ¿Para vivir 30 años en el monte escondido?”. Sandra responde: “Es su hábitat, están acostumbrados a eso”.

En otro momento, aludiendo a la incorporación de niños en las filas del narco, Adela Micha pregunta:

—¿Qué se hace para que esto no suceda?

—El gobierno. Si el gobierno lo permite, va a seguir pasando. Si no lo permite, no va a pasar. ¿Cómo le dices al gobierno que no se involucre con ellos?—, contesta Ávila.

—Bueno, esa era una posición muy firme de Felipe Calderón, por ejemplo—, dice Micha.

—¿Lo hizo?—, cuestiona Ávila.

—Bueno, lo intentó—, contesta Adela Micha.

—¿Felipe? No. Felipe estaba bien metido con el narco—, responde la Reina del Pacífico.

—¿Cómo puedes hacer esas declaraciones públicamente sin tener pruebas? Sandra también, es muy grave lo que estás diciendo—, indica Micha.

—¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Si yo ahorita entrego una tonelada de droga, ¿le voy a decir dame un recibo? ¿Verdad que no?

—Pues no, no…

—Entonces yo no tengo pruebas, si voy y le cobro me van a decir, no te pago porque no tienes pruebas para cobrarme—, señala Ávila.

—Entiendo. Pero tú de oídas dices que Felipe Calderón estaba metido con el narco, y él fue el que le declaró la guerra al narco…

—Era su slogan—, responde Ávila. —De todo lo que hemos hablado, ¿de qué tengo prueba? ¿Cuál sí me crees y cuál no me crees?

—¿Te consta? ¿Tienes pruebas?

—Me consta—, prosigue Sandra Ávila. —Porque lo vi, lo viví y lo oí.

Recomendamos ver y escuchar desde 1 hora con 50 minutos, hasta el 1:57 minutos, en que transcurre esta discusión en concreto.

De esta manera, observamos en esta entrevista en televisión nacional, como Sandra Ávila, la Reina del Pacífico, colaboradora estrecha de Ismael el Mayo Zambada, líder primero del Cártel de Sinaloa, coincide en sus afirmaciones con los autores que hemos citado; en especial, con Lemus y Wornat.

Asimismo, corresponde con el testimonio del Rey Zambada en el juicio del Chapo. Se dice por la autora del libro surgido de su presencia en el propio juicio:

“Días antes, en una conversación filtrada entre los abogados y el juez Cogan, se dijo que el Rey confesaría haber sobornado al presidente de México. Antes de la última sesión de testimonio de Zambada, la fiscalía presentó una moción para suprimir una línea de interrogación que podría implicar a terceros” (Ibarra, págs. 85-86).

Se entiende que el juez Cogan decidió no proceder con esa parte del interrogatorio, en el cual se sabía lo que venía: una verdadera “bomba diplomática”.

Sin embargo, esto no fue así porque se pusiera en duda el testimonio de uno de los testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia. Son muchas coincidencias en puntos centrales, que provienen de dentro del Cártel de Sinaloa como coprotagonistas del proceso que venimos describiendo e interpretando.

Hay un punto álgido más, y una modalidad de criminalización del poder y la institucionalidad pública que se produjo durante ese sexenio calderonista: la compra de droga por los mandos policiacos y altos funcionarios públicos. Posteriormente, ellos mismos revendían los cargamentos de cocaína “a precios de mercado”.

Este dato y circunstancia se revela en el libro El traidor (2020) basado en el diario de Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo Zambada, apodado el Vicentillo. Se narra en los siguientes términos:

“El dinero sucio fue el abono que hizo crecer la eficaz colaboración entre policías y el Cártel de Sinaloa […] no sólo les ayudaban a combatir a los Zetas, cuando estaban en guerra contra ellos, sino también a mover droga tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como vía terrestre. [….] La SSP de García Luna y la PF llegaron a estar tan comprometidas con el Cártel de Sinaloa que hasta se volvieron clientes. Sí. Les compraban droga que luego los propios mandos de la PF vendían por su cuenta. Cifuentes comentó que esos servicios de recuperar maletas y vender droga, no sólo se lo brindó la servil gente de la SSP a él, sino también a la Barbie” (Hernández, págs. 187-188).

Hildebrando Alexander Cifuentes Villa fue un narcotraficante colombiano que se integró al primer círculo de colaboradores del Mayo Zambada y el Chapo Guzmán.

Y aquí surge una nueva hipótesis: ¿Cuánto de los “decomisos” que se publicitaban en medios de comunicación producto del trabajo “combativo” de la SSP-PF eran realmente destruidos?

Es decir, “decomisar cargamentos” de otros grupos criminales enemigos del Cártel de Sinaloa era parte del narco negocio asociado que llevan al cabo “las huestes” de GGL-Fecal, con esta última estructura criminal.

Probablemente, eran repartidos entre ambos “cárteles” que formaban una sola red de macro criminalidad trasnacional e impunidad, a partir de la jefatura del Estado mexicano. A eso, lo llamamos la criminalización del poder presidencial.

El conjunto de actos, hechos, acciones y procesos al interior de las instituciones públicas del Estado mexicano durante el gobierno de Calderón son materia del Derecho Penal; de los ordenamientos públicos que castigan las conductas delictivas deliberadas y asociadas con fines de vulneración del Orden Constitucional y del Mandato otorgado por la Nación a un Jefe del Poder Ejecutivo.

Hoy es un estado de veracidad histórica, ya que se produjo una captura del Estado con fines delictivos por una red criminal que aseguraba la impunidad para quienes estaban eslabonados en la cadena de esta mafia.

El vértice de esta red de macro criminalidad trasnacional era el propio presidente de la República, aunque el gran operador de esta cadena en el frente policiaco y del narcotráfico multinacional fuera García Luna, de acuerdo con lo antes citado. El eje estratégico de la red mafiosa “de narco-funcionarios” era Fecal.

Esta dualidad se parece a la simulación táctica producida dentro del propio Cártel de Sinaloa: el “jefe de capos” real fue siempre el Mayo Zambada. Sin embargo, todo hacía pensar, y de esa manera fue simulado, que el líder superior era Joaquín Guzmán Loera.

No era así. De igual manera, el jefe mayor de la red sexenal de macro criminalidad trasnacional e impunidad no era García Luna, sino Calderón, toda vez que dicha red o pirámide mafiosa tenía en su vértice al mismo presidente como pieza fundamental de la propia captura del Estado mexicano.

Estamos hablando de una macro estructura criminal trasnacional de doble naturaleza dentro de las instituciones públicas del Estado y desde los espacios del crimen organizado; ambos fuera del orden constitucional.

Esta impunidad duraría mientras el PRIANATO estuviera en el poder. De allí, el renovado pacto de impunidad de Calderón-Peña Nieto. En televisión abierta y en horario estelar, Jorge Castañeda lo mencionó en varias ocasiones. También, lo reveló en una entrevista a un diario nacional –El Universal, 6 de junio, 2018–.

Calderón tuvo la información sobre la estructura de financiamiento paralelo-caso Monex-Odebrecht, que se generó en la campaña de Peña Nieto. Tan grave que hasta el IFE se vio obligado a investigarlo –La Jornada, 13 de agosto, 2020–. Pero no pasó nada.

Esta macro estructura criminal trasnacional de doble naturaleza, simbiótica, no termina con el fin del régimen calderonista que prosigue la captura de facto mediante la red de macro criminalidad trasnacional del Estado y el gobierno mexicano.

El cambio de régimen no trajo consigo la ruptura de la red de macro criminalidad transnacional y de impunidad. Ésta venía desde el gobierno anterior y de los gobiernos precedentes del PRI. Continuó en el gobierno posterior de 2012-2018.

Es necesario ampliar y profundizar la investigación.

Jorge Retana Yarto/Primera parte

Brooklyn, Nueva York. Líder de la plaza del Distrito Federal de 2000 a octubre de 2008, Jesús Zambada García, alias el Rey Zambada, declaró esta mañana bajo juramento que el Cártel de Sinaloa controló el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde el sexenio del panista Vicente Fox Quesada.

En uno de los días clave en el juicio que se sigue en la Corte federal del Distrito Este de Brooklyn contra Genaro García Luna –exsecretario de Seguridad Pública y cómplice de Felipe Calderón Hinojosa–, el testigo estelar de la Fiscalía señaló que en las propias bodegas que tenía la Policía Federal al interior del AICM llegaban los aviones chárter procedentes de Venezuela, con entre una y cinco toneladas de cocaína. En estas operaciones, expuso, también se empleaban aviones pequeños, aerocommander, jets 747 a los que calificó como grandes, entre otras aeronaves.

Traje color beige, camisa blanca, corbata a rayas y una cabeza ya sin cabellera, el Rey Zambada declaró ante el juez Brian Cogan que quienes descargaban la droga eran los propios policías federales y que transportaban los cargamentos en sus patrullas, para entregarlos a miembros del Cártel de Sinaloa. Además, indicó que el papel que jugaba el gobierno federal fue muy importante para la organización criminal, sobre todo a partir del año 2000, cuando Fox ganó la Presidencia de la República bajo la promesa de cambiar al país.

Otra de las declaraciones que destaca de este testigo es que, según su palabra, a partir de entonces el Cártel de Sinaloa creció sus negocios. Acerca de la rentabilidad de éstos, dijo que oscilaban entre los 2 mil 800 y los 3 mil millones de dólares, pues se podían “trabajar” hasta 100 toneladas de cocaína al mes.

A la pregunta de la fiscal de cuáles fueron las cosas que hizo el Cártel de Sinaloa para ser exitoso, el Rey Zambada respondió: “para asegurar el negocio se necesita apoyo del gobierno”. Y añadió que contar con el favor de las autoridades federales es muy importante para que el Cártel “tenga afluencia de trabajo grande”.

Sobre los nexos con el gobierno, Jesús Zambada –un narcotraficante confeso que se encuentra actualmente en libertad condicionada– afirmó que ésta se daba mediante Genaro García Luna. Como ejemplo, citó que en 2003, durante el sexenio de Fox, Arturo Beltrán Leyva le ofreció trabajar como enlace al más alto nivel, durante una reunión que sostuvieron en Cuernavaca y donde el llamado Jefe de Jefes le pidió dar la cara ante “esta gente [autoridades]”.

El Rey afirmó haber rechazado la propuesta de Arturo porque no contaba con las conexiones necesarias, a lo que Beltrán Leyva le respondió: “no te preocupes, yo tengo las conexiones. Por ejemplo, con el ‘compa G’”. Zambada García aseguró haber preguntado si acaso se trataba de García Luna y que la respuesta que le dio Arturo fue que sí.

Esa no fue la única referencia a García Luna: el Rey Zambada dijo haber sido testigo directo del pago de sobornos en dos momentos diferentes, en noviembre de 2006, previo a que el ingeniero y amigo de Calderón asumiera el cargo. Ello, porque su abogado Óscar Paredes sugirió la reunión luego de que sus fuentes le confirmarán que García Luna sería el próximo secretario de Seguridad Pública.

Ambos pagos, aseguró el testigo estelar, se hicieron en el restaurante Champs Elysees, ubicado sobre avenida Reforma en la Ciudad de México. Ese negocio, agregó más adelante, le compraba lechones pues él también se dedicaba a la crianza de cerdos.

El presunto primer pago ilegal a García Luna fue de 3 millones de dólares tan solo por sostener la reunión con el abogado Óscar Paredes. La entrega, afirmó, se hizo en uno de los privados del restaurante –el cual ya no existe–, mientras él observaba desde el bar que se encontraba en la planta baja. Primero vio pasar al licenciado Paredes. Minutos más tarde llegó García Luna acompañado de dos personas.

A la salida de García Luna, dijo el Rey Zambada, los dos colaboradores del exsecretario cargaban la maleta y el portafolios, respectivamente. Zambada García aseguró que él mismo ayudó a acomodar 2 millones de dólares en una maleta deportiva y el otro millón en un portafolios de abogado con mayor capacidad.

El exlíder del Cártel de Sinaloa indicó que el siguiente soborno ocurrió unos 15 o 20 días después. Entonces se le pagaron 2 millones de dólares que se acomodaron en una maleta deportiva. En ambas reuniones en las que sólo participó el ya fallecido abogado Paredes, García Luna se habría comprometido a no tocar a Ismael Zambada García, el Mayo: no abrirle investigaciones y dejarlo operar. Eso era todo lo que podía hacer, dijo, porque tenía compromiso con Los Beltrán Leyva.

En el segundo encuentro, el Rey fue visto por García Luna en el privado. Sobre este encuentro, el exnarcotraficante aseguró que como parecía que el exsecretario se iba a tardar unos 20 minutos más, el abogado Paredes le pidió que subiera al privado para que le comentara algo. En eso tocó la puesta y tomo por sorpresa a Jesús Zambada y a Óscar Paredes. Para corregir el error, el abogado del Cártel de Sinaloa presentó al Rey como un colega y éste abandonó de inmediato el privado.

En el contrainterrogatorio, la defensa de García Luna encabezada por César de Castro intentó hacer ver al testigo como una persona que no recuerda los hechos ocurridos 10 años antes, con lo que buscó descalificar ante los ojos de jurado todas las aseveraciones del Rey que tienen más de 13 años. No obstante, la ironía y las repuestas del hermano del Mayo Zambada acabaron por desesperar al abogado, a quien además le fueron anuladas –ante la objeción de la Fiscalía y la orden del juez– más de 10 preguntas. Mañana continuará el contrainterrogatorio al Rey y se espera que llegue mañana mismo el testigo de García Luna.

Contralínea

En la opinión de Elí González
@calacuayoMX @eligonzalezhz

Ahora que la oposición habla de violencia, sin quererlo hablan de los frutos de la semilla que sembraron. No se atreven a reconocer que la violencia que se da entre grupos criminales y no como en el sexenio de Felipe Calderón que el estado era una máquina de muerte como lo demuestran diversos estudios. La mayoría de los asesinatos fueron cometidos por el ejército y la policía federal.

Cuando la oposición exige balazos y no quiere abrazos, es por su sed de sangre, quiere seguir ensangrentando al país con la fuerza del estado.

Las estimaciones demuestran que las intervenciones de las fuerzas públi­cas de seguridad en el sexenio Calderonista, fragmentaron a las organizaciones criminales y como consecuencia, más violencia entre el estado y grupos criminales.

La violencia de hoy, no es entre el estado y las organizaciones criminales, tampoco el ejército ni la guardia nacional siguen siendo máquinas de muerte como lo eran con la oposición.

El origen de la inseguridad aunque lo nieguen, viene de gobiernos como el de Felipe Calderón, un narcogobierno que alentaba la violencia, que la alimentaba con más violencia y ejecutaba desde su propio cartel con García Luna, los ataques a los carteles enemigos.

Jesús Murillo Karam, hoy preso, dijo al recibir la PGR en 2012 que la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, creó y fortaleció entre 60 y 80 nuevos cárteles. Aclaró también que la palabra cártel, se aplica a organizaciones de gran tamaño. Por eso es que al hablar de cárteles, estamos hablando de organizaciones criminales muy grandes y con mucho poder.

En el sexenio de Felipe Calderón, las “autoridades” dirigidas por un narcotraficante (García Luna), se centraron en descabezar a los cárteles enemigos, dejando el mando de dichos carteles, a los segundos en la jerarquía, es decir, a los ejecutores materiales, a los más violentos, quienes al ver debilitados sus carteles, formaran sus propios grupos y apostaran también por otro mercado, como el secuestro y la extorsión.

En la administración de Felipe Calderón, el mismo que ahora exige paz y seguridad, los grupos del narcotráfico crecieron más de un 900% y con ellos los niveles de violencia aumentaron exponencialmente pues por show mediático, los atacaba el estado con extrema violencia.

En ese mismo sexenio se disparó por arriba del 2000% la tasa de civiles muertos en enfrentamientos entre autoridades y presuntos delincuentes. El aumento de la violencia derivada de la estrategia para combatir al narcotráfico deterioró las condiciones de seguridad en el país, mismas que hoy seguimos padeciendo.

Por eso cuando la oposición habla de violencia, están hablando de lo que ellos mismos crearon, están hablando de los carteles creados en sus sexenios y del porcentaje de grupos criminales que surgieron en sus gobiernos. Se necesita estar más politizados para poder rebatir los argumentos infantiles y hasta estúpidos cuando exigen seguridad al gobierno actual.

Las organizaciones de derechos humanos calcularon que cada enfrentamiento adicional protagonizado por la Secretaría de la Defensa Nacional representó un incremento del 8% en los homicidios en cada trimestre del sexenio. Es decir, por los miles de ataques del ejército en ese sexenio, se sumaban homicidios cometidos por el estado hasta un 192%

La hipótesis de “descabezamiento de cárteles” o de desequilibrio del status quo entre grupos también fue corroborada por los datos. Tanto MATAR como detener a miembros de la delincuencia organizada en enfrentamientos con la fuerza pública provocaba un incremento de la violencia en 3% por cada enfrentamiento. Sumémosle los miles de ataques, ya imaginarán el porcentaje.

Tan solo entre 2007 y 2011, los estudios muestran que se registraron en total 3,327 combates entre las fuerzas armadas y federales con células de grupos delictivos. Más del 84% de dichos incidentes fueron propiciados por los propios soldados o policías federales y el resto fue en respuesta a una agresión directa. Definitivamente el estado era una máquina de muerte en el sexenio de Calderón.

Las fuerzas armadas se convirtieron en una máquina de muerte, pues en el desarrollo de la llamada “guerra contra el narcotráfico” se incrementó de forma exponencial, la letalidad de las fuerzas armadas en los enfrentamientos, es decir, el porcentaje de civiles que murieron en cada enfrentamiento fue de niveles catastróficos, civiles asesinados por el estado.

La polémica guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón durante su sexenio no solo dejó miles de muertos a manos de las fuerzas del estado, sino muchos personajes del crimen organizado que han sido capturados, encarcelados e interrogados por autoridades de México y Estados Unidos, han testificado que Felipe Calderón tenía nexos con cárteles de la droga en México, mismos que ahora lo protegen.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en su conferencia matutina un breve fragmento de la entrevista hecha al expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, para el documental El caso Cassez-Vallarta, de la plataforma Netflix. “El presidente [Felipe] Calderón no podía tomar decisiones sin su ministro del Interior”, indica el político francés en referencia a quien fuera secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente procesado en Estados Unidos por presuntamente haberse amafiado con el Cártel de Sinaloa.

“Imagínense, un expresidente, la vergüenza para los mexicanos: ‘el presidente Calderón no podía tomar decisiones sin su ministro de Seguridad’, García Luna”, indicó López Obrador. Y agregó que esto es reflejo de la crisis de los políticos del antiguo régimen, al tiempo que consideró que “no está mal que todo esto se esté ventilando para que se conozca”.

Recordó que el documental de Netflix versa sobre la historia de la aprehensión de la francesa Florence Cassez, en 2009, bajo acusaciones de ser cómplice de secuestro. Al respecto, dijo, el montaje que orquestaron García Luna, como secretario de Seguridad, y Televisa a través de Carlos Loret de Mola “no se conocía: la mayoría del pueblo no sabía que era un montaje. Estos temas se ocultaban, como se siguen ocultando muchas cosas que tienen que ver con el antiguo régimen”.

El primer mandatario criticó a los medios de comunicación por ocultar estos temas a la sociedad: “cuando se trata de un personaje del antiguo régimen, los medios convencionales guardan silencio, no abordan el tema.

Consultado por Contralínea acerca de la censura que busca imponer el INE a 200 personas, en violación de la Constitución Mexicana, el presidente dijo que en ambos temas los medios convencionales guardan silencio. “Bueno, así como este asunto [de Calderón] debería ser un escándalo, [también lo debería de ser] el que estén queriendo desde el INE castigar a periodistas o a quienes opinan en las redes sociales. Bueno, ni Face[book] hizo eso o el Twitter lo ha hecho. Bueno, lo hicieron con Trump. Pero nadie dice nada. Esto ayuda mucho porque se ocultaban las cosas”.

López Obrador agregó que no quiere hacerle publicidad al documental de Cassez, “pero ojalá y la gente lo viera. Vean esa documental [El caso Cassez-Vallarta] sobre este asunto”.

Y tras consultar cuánto cobra la plataforma de streaming por la suscripción, indicó: “a lo mejor Netflix aquí lo pone gratuito, porque sí es interesante que se conozca. No se puede transformar una realidad que no se conoce y sobre todo debemos de luchar por la no repetición. Puede ser que los partidos políticos paguen a Netflix para que se difunda, es parte de la concientización a los ciudadanos. Es que entre más información hay, sobre todo de ese tipo, mejor, porque antes se cometían esas atrocidades y nadie se enteraba porque no se informaba, o eran muy poquitos los medios de información que hacían reportajes sobre estas cosas, lo estamos viendo”.

El jefe del Ejecutivo consideró que esta falta de información no es asunto nada más de México, sino que pasa en todo el mundo. “¿Ustedes creen que el New York Times, que el Washington Post, que el Wall Street Journal, que el Financial Times se meten al análisis de fondo de los grandes y graves problemas del mundo?”, a lo que negó con su dedo. 

También señaló que es muy vergonzoso lo que dice Sarkozy de Felipe Calderón. “Y si lo estoy tratando ahora es porque ojalá y entre en razón. Porque eso es lo que caracteriza a los conservadores: la doble moral, el doble lenguaje, la hipocresía”.

Asimismo, aprovechó para hablar del expresidente Vicente Fox: “el otro día no sé quién me dijo de que decía Fox que yo era un viejito que ya estaba ‘chocheando’. Pues sí, ya soy mayor, ya estoy chocheando, como dice Fox. Y entonces, ¿él qué?, ¿está jovencito o qué? Pero no debe de ya de exponerse. Además, una gente que despertó tantas ilusiones, que habló de cambio, imagínense la decepción”.

Más adelante, el presidente dijo que “para los que votaron por Calderón, imagínense, si se es humanista, voy a ir más lejos, si se es cristiano, ¿cómo se va a aceptar la tortura? Digo, es muy interesante lo que está pasando. Y estamos hablando de tortura con Calderón y estamos hablando de tortura con Peña Nieto, porque lo de Ayotzinapa fue tortura. Entonces, si logramos entre todos de que no haya tortura en México, es decir, en México no hay tortura, eso es algo histórico, importantísimo, el que entre todos nos comprometamos a no permitir la tortura a nadie bajo ninguna circunstancia, no eso que dijo Loret de Mola, de que estaba la gente tan molesta con los secuestros que veía bien que les dieran sus zapes, así dijo o algo así, sus coscorrones. No, bajo ninguna circunstancia”.

ContraLínea

Sandra Ávila Beltrán mejor conocida como “La reina del Pacífico” dijo en entrevista con el youtuber Doble G habló del sexenio de terror del ex presidente Felipe Calderón, aseguró además que éste tuvo nexos con el narco.

Ávila Beltrán aseguró que durante el sexenio del expresidente Calderón se le fabricó un delito del cual no fue culpable mientras que él sostenía nexos con el narco.

Entrevista completa con «La Reina del Pacífico»

“Me fabricó un delito para poder sentirse un buen presidente o un buen mexicano cuando él colaboraba directamente con cárteles mexicanos, donde él recibió mucha de la fortuna que tiene ahora que gozan él y su familia del narcotráfico ¿y quién lo juzga?”, expresó.

La famosa ex narcotraficante contó durante el tiempo que estuvo en prisión, falleció su madre falleció y no pudo verla, por lo que le mandó un mensaje al exmandatario mexicano.

“Quiero decirle muy especialmente al expresidente Felipe Calderón que su sexenio es el más cruel y fatal que ha tenido México, un sexenio sangriento (..) donde hubo más violaciones a los derechos y a la ley, donde fui su chivo expiatorio (…)”, dijo.

Pero eso no es todo, también aseguró que Felipe Calderón y Genaro García Luna eran socios.

“Tenemos muy claro a García Luna que está siendo juzgado en México y se le han comprobado muchos delitos y es de sus principales colaboradores de Felipe Calderón, ¿Por qué García Luna es enjuiciado y Calderón no, si era jefe de García Luna”, comentó.

En la entrevista también habló de cómo fue su experiencia cuando estuvo presa en la cárcel de Nayarit, en la costa del Pacífico

«¿Por qué García Luna es enjuiciado y @FelipeCalderon no? …Fui su chivo expiatorio y me fabricó un delito para sentirse un buen presidente, un buen mexicano» La Reina del Sur, Sandra Ávila Beltrán en el podcast de YouTube “Doble G”. pic.twitter.com/KTZUqlCf2M

— Tito (@ZuritaCarpio) August 2, 2022

SinLínea

En el sexenio de Calderón, el Cártel de Sinaloa expandió sus negocios criminales a más de 50 países de los cinco continentes y lavó miles de millones de pesos en los circuitos financieros de México y Estados Unidos (incluso en grandes bancos como Citibank y HSBC) en total impunidad, gracias –entre otras cosas– a la cobertura que le brindó el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Quien fuera el brazo derecho del calderonismo en la supuesta “guerra” contra el narcotráfico espera su juicio en una cárcel de Nueva York donde se le acusa de traficar drogas ilícitas a Estados Unidos y cooperar con la delincuencia organizada. Actualmente, el también llamado Cártel del Pacífico sigue siendo uno de los nueve grupos más importantes del país y mantiene una lucha encarnizada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El Cártel de Sinaloa vivió uno de sus mejores momentos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Bajo el cobijo de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, el grupo criminal que por años comandó Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, expandió sus negocios criminales a más de 50 países de los cinco continentes –entre ellos Italia, Australia, Argentina, Perú, Japón, China–, de acuerdo con informes de las autoridades estadunidenses y de la Unión Europea.

Además, lavó miles de millones de pesos en los circuitos financieros de México y Estados Unidos (incluso en grandes bancos como Citibank y HSBC) en total impunidad. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, los cárteles del narcotráfico mexicanos lavan entre 29 mil millones y 39 mil millones de dólares anuales.

Al éxito de la organización criminal contribuyó García Luna, quien fuera el brazo derecho del calderonismo en la supuesta “guerra” contra el narcotráfico –con información privilegiada de los aparatos de inteligencia del país y del extranjero y con tecnología, como la Plataforma México–. Ahora el exsecretario de Seguridad espera su juicio en una cárcel de Estados Unidos, donde se le acusa de traficar drogas ilícitas y cooperar con la delincuencia organizada.

De acuerdo con el análisis Mexico: organized crime and drug trafficking organizations (México: organizaciones del crimen organizado y el narcotráfico) –publicado por el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense el pasado 7 de junio– recuerda que en diciembre de 2019, las autoridades estadunidenses arrestaron a García Luna en Texas por una acusación formal de recibir sobornos multimillonarios del Cártel de Sinaloa mientras ocupaba altos cargos policiales.

En el gobierno de Ernesto Zedillo, García Luna estuvo adscrito al Centro de Investigación y Seguridad Nacional; luego dirigió la Agencia Federal de Investigación de México de 2001 a 2005 (bajo la Presidencia del panista Vicente Fox). Más tarde, en el gobierno del panista Felipe Calderón, García Luna se convirtió en secretario de Seguridad Pública. Desde esos cargos, estuvo al servicio del Cártel de Sinaloa. Al término del gobierno calderonista, García Luna se mudó al vecino país del norte donde buscó convertirse en ciudadano estadunidense naturalizado.

Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa es considerado una de las nueve grandes organizaciones criminales del narcotráfico. El análisis Mexico: organized crime and drug trafficking organizations indica que los grupos tradicionales son: Sinaloa, Los Zetas, Tijuana (Arellano Félix), Juárez (Carrillo Fuentes), Los Beltrán Leyva, Golfo y La Familia Michoacana. Y a éstos se suma el Cártel Jalisco Nueva Generación

Respecto del Cártel de Sinaloa, apunta que se le considera la organización criminal más duradera de México, y que comprende una red de organizaciones más pequeñas. “El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cada uno de los principales líderes de Sinaloa como capos a principios de la década de 2000. En la parte superior de la jerarquía estaba el Chapo Guzmán, listado en 2001; Ismael el Mayo Zambada García, fichado en 2002; y Juan José el Azul Esparragoza Moreno, listado en 2003”.

Además, se le señala como el grupo de narcotraficantes más poderoso del hemisferio occidental: “según algunas estimaciones, Sinaloa había crecido hasta controlar entre el 40  y el 60 por ciento del tráfico de drogas de México en 2012 [último año del gobierno de Calderón] y tenía ganancias anuales estimadas en hasta 3 mil millones de dólares”.

Para 2020, la DEA estimó que el Cártel de Sinaloa estaba activo en 15 de los 32 estados de la República Mexicana, y seguía siendo la organización criminal mexicana con la mayor presencia internacional, gracias a que sus líderes corrompieron con éxito a funcionarios públicos desde el nivel local hasta el nacional dentro de México. Asimismo, señala que las operaciones del Cártel abarcan más de 50 países.

Respecto de la corrupción, el análisis refiere que no sólo corrompió altos funcionarios de México, sino también de América Central y Colombia, pues ese es el modus operandi del Cártel de Sinaloa, que inicialmente no estaba inclinado hacia la violencia sino que prefería la vía del soborno para evadir la represión estatal.

El informe indica que desde el encarcelamiento más reciente y posterior extradición del Chapo Guzmán, el Cártel de Sinaloa se habría dividido en cuatro facciones claves: una dirigida por el Mayo; otra, por el hermano del Chapo, Aurelio el Guano Guzmán Loera; una tercera por un cofundador del Cártel de Guadalajara; y un cuarto por los cuatro hijos del Chapo, conocidos colectivamente como Los Chapitos. Como se recordará, en enero de 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto extraditó a Joaquín Guzmán a Estados Unidos, quien en febrero de 2019 fue condenado por 26 cargos relacionados con drogas, incluida la conspiración para asesinar.

Antes de la extradición del Chapo, el grupo criminal era el principal traficante de cocaína sudamericana, metanfetamina, marihuana, fentanilo y heroína a Estados Unidos. En 2020, la DEA estimó que el Cártel de Sinaloa poseía la mayor capacidad para fabricar fentanilo en laboratorios ocultos. Ese negocio de las metanfetaminas y el fentanilo es el que se disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa ha aprovechado los circuitos financieros para blanquear los recursos que obtiene de sus negocios criminales. Citigroup –a través de diversas filiales– ha servido en varias ocasiones para lavar el dinero de ese grupo criminal. En 2019, la UIF abrió una investigación sobre una red internacional de tráfico de fentanilo ligada al también llamado Cártel del Pacífico y descubrió que las operaciones financieras que tenían origen o destino en Culiacán (Sinaloa), Tijuana (Baja California), Taiwán (China), Hong Kong y Estados Unidos se vinculaban a estas operaciones criminales.

De acuerdo con el seguimiento financiero, el cártel realizó operaciones de blanqueo de capitales a través de siete bancos: Citibank (la matriz estadunidense), Banamex Citibank y Citibank Taiwan Limited, Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), HSBC Bank USA, HSBC Bank Taiwan Limited, China Merchants Bank Hong Kong Branch.

Las indagatorias arrojaron evidencias en torno a 26 transferencias internacionales en moneda nacional (por 4 millones 120 mil 567 pesos) y 30 en moneda extranjera (por 99 mil 17 dólares), realizadas por 11 personas físicas y morales vinculadas al Cártel de Sinaloa, y cuyas actividades siguen siendo monitoreadas por las autoridades federales.

La UIF identificó también que en el epicentro de este entramado criminal –que involucra a 10 personas y seis empresas– está una sociedad dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos, domiciliada tanto en Culiacán como en Tijuana.

En ambas ciudades inicia la cadena financiera que conecta toda la ruta del fentanilo que el Cártel trasiega a Estados Unidos: de acuerdo con la UIF, siete de las 10 personas identificadas depositan dólares en efectivo en las cuentas abiertas por esa farmacéutica en sucursales de Citibanamex. Luego este dinero se dispersa en tres vías: 1) se retira en efectivo vía cheques, 2) se transfiere a cuentas de las otras cinco empresas, y 3) se traslada a las cuentas en el extranjero.

Respecto de las operaciones internacionales, la Unidad de Inteligencia Financiera documentó que la empresa epicentro transfirió 4 millones 120 mil 567 pesos a las cuentas bancarias radicadas en Taiwán, entre 2013 y 2019. De dicha farmacéutica, el expediente de investigación apunta que “de 2018 a 2019, envió transferencias internacionales por 1.1 millones de pesos, principalmente a Hong Kong, China y Taiwán, siendo diversas personas físicas los beneficiarios de recursos. Y que de 2016 a 2019, recibió cheques interbancarios por 5 millones de pesos, y emitió cheques por 31.2 millones de pesos”.

Otro ejemplo de este actuar presuntamente delincuencial es el reporte que emitió el Departamento de Justicia del país vecino el 22 de mayo de 2017, en el que anunció que Banamex USA, una institución financiera con sede en Los Ángeles (California) y subsidiaria de Citigroup Inc., acordó pagar 97.44 millones de dólares a cambio de celebrar un acuerdo de no enjuiciamiento y con ello resolver una investigación sobre violaciones a la Ley de Secreto Bancario y a las normas antilavado.

En su acuerdo con el Departamento de Justicia, la subsidiaria admitió haber cometido infracciones penales al incumplir deliberadamente un programa eficaz contra el lavado de dinero con políticas, procedimientos y controles apropiados para protegerse contra ese delito. Asimismo, reconoció que omitió deliberadamente presentar informes de actividades sospechosas ante las autoridades competentes. Estas operaciones de blanqueo de capitales se relacionaron con el Cártel de Sinaloa y sus ganancias obtenidas en el vecino país por el tráfico ilegal de drogas.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esos delitos se habrían cometido desde 2007 hasta 2012, periodo en el que Banamex USA procesó más de 30 millones de transacciones de remesas a México con un valor total de más de 8 mil 800 millones de dólares.

Durante el mismo periodo, el sistema de monitoreo de Banamex USA emitió más de 18 mil alertas que involucraron más de 142 millones de dólares en transacciones de remesas potencialmente sospechosas. Sin embargo, realizó menos de 10 investigaciones y presentó sólo nueve informes de actividades sospechosas en relación con estas más de 18 mil alertas, sin presentar ningún reporte sobre transacciones de remesas sospechosas entre 2010 y 2012.

ContraLínea

Siete empresas fachada que autoridades de México y Estados Unidos identifican como lavadoras de dinero del Cártel de Sinaloa están vinculadas con el gobernador de Tamaulipas. Los expedientes financieros –a los que Contralínea tuvo acceso– revelan que esas compañías fantasma triangularon más de 60 millones de pesos a cuentas de García Cabeza de Vaca. El destino de los fondos fue la adquisición de una de las 28 propiedades que posee el mandatario tamaulipeco –incluidos varios ranchos– y que no concuerdan con sus ingresos legítimos, pues en 20 años suman 23.9 millones de pesos.

El Cártel de Sinaloa usó a siete de sus empresas fachada dedicadas al lavado de dinero para triangular más de 60 millones de pesos al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, revelan las indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con el estadunidense Fincen (Financial Crimes Enforcement Network).

Las transferencias ocurrieron en 2013 –por 14.3 millones de pesos– y en 2019 –por 44.8 millones de pesos– y sirvieron para que el mandatario tamaulipeco adquiriera un lujoso departamento y después lo vendiera. En total, el servidor público –a quien el próximo miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría determinarle que no tiene fuero y debe enfrentar la justicia– posee 28 propiedades en México y Estados Unidos, incluidos ranchos, cuyos valores catastrales y comerciales superan, por mucho, sus ingresos lícitos declarados ante las autoridades fiscales.

Y es que en 20 años –de septiembre de 2000 a septiembre de 2020–, Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha tenido ingresos como servidor público por 23 millones 935 mil 764 pesos, de acuerdo con la UIF. Al revisar sus declaraciones fiscales, de inteligencia y otras fuentes de información, la Unidad le documentó ingresos no declarados ante el Servicio de Administración Tributaria por 10 millones 570 mil 856 pesos, que constituyen evasión fiscal. Sin embargo, este monto sólo se refiere a recurso que ingresó a sus cuentas bancarias, no a las propiedades que posee y que, para las autoridades, también demuestran riqueza inexplicable.

Departamento con dinero del Cártel

Los expedientes a los que Contralínea tuvo acceso dan cuenta que la compra y posterior venta de un departamento de lujo en la exclusiva zona de Santa Fe –en la alcaldía de Cuajimalpa, Ciudad de México– vincula al gobernador de Tamaulipas con el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la UIF, para su compra en 2013, García Cabeza de Vaca obtuvo recursos de siete empresas fachada de la organización criminal. Tras seis años de mantenerlo como uno de sus bienes inmuebles, en 2019 lo vendió precisamente a esas mismas compañías fantasma dedicadas a lavar dinero.

Para su adquisición, en 2013, la UIF documenta operaciones trianguladas de las siete entidades mercantiles creadas para lavar el dinero del también llamado Cártel del Pacífico hacia una Sofom (sociedad financiera de objeto múltiple), la cual a su vez dispersó ese dinero a las cuentas del entonces senador de la República.

De acuerdo con el expediente de la UIF, en esa primera transacción, la Sofom recibió recursos de dos de las siete empresas fachada del Cártel de Sinaloa. Los SPEI se hicieron el 17 de diciembre de 2013, por un total de 14.3 millones de pesos. Un día después, la Sofom transfirió también por SPEI esos 14.3 millones de pesos a las cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca, quien ese mismo 18 de diciembre de 2013 compró el departamento por, exactamente, 14.3 millones de pesos.

Para la UIF, “existe coincidencia en tiempo y monto en el envío de recursos de posible procedencia ilícita a la Sofom con el desarrollo de la operación de compra del inmueble”. Asimismo, en las indagatorias se descubre que del 2 de mayo de 2013 –siete meses antes de dichas operaciones– al 27 de octubre de 2019, “no se reportan SPEI por concepto de pago de crédito de las cuentas de Francisco [Javier García Cabeza de Vaca] hacia la Sofom”.

Además, se advierte que para la compra, el entonces senador usó estructuras crediticias para la simulación de actos jurídicos lícitos (compraventa), al utilizar estas operaciones para la colocación e integración de recursos ilícitos. Ello, porque simuló obtener un préstamo de la Sofom que, hasta la fecha y aún cuando ya vendió ese departamento, no ha pagado.

Con informes del Fincen –gracias a los acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos materia de combate al crimen organizado trasnacional–, la UIF documenta que las siete entidades mercantiles fantasma –que son origen de los 14.3 millones de pesos que acabaron en las cuentas del gobernador– forman parte de un esquema de empresas dedicadas a la venta de facturas apócrifas generadas con el objeto de lavar activos no sólo del Cártel de Sinaloa, sino también del Cártel de Colombia.

De estas empresas fachada también apunta que todas se encuentran en la lista de personas bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; incluso una de ellas desde aquel momento en el que se realizaron las transferencias a las cuentas de García Cabeza de Vaca. Y es que fue denunciada por la UIF en 2013, por lo cual se inició una “carpeta de investigación en la que ya fue desarrollado el dictamen contable correspondiente, integrándose para el ejercicio de la acción penal”. Asimismo, otras dos fueron denunciadas e incluidas en la lista un año después, en 2014. Y derivado de la denuncia fue iniciada en la Fiscalía General de la República una carpeta de investigación en la que se aseguraron las cuentas de las empresas.

Venta del departamento al Cártel

El departamento de lujo en Santa Fe, en sí mismo, es una simulación para que el gobernador recibiera 60 millones de pesos. Y es que seis años después de haberlo adquirido con dinero del Cártel de Sinaloa, las mismas siete empresas fantasmas, en conjunto con una octava, estuvieron involucradas en la compra del bien inmueble.

Al respecto, la UIF observa que las empresas que fondearon a la sociedad mercantil que adquirió el inmueble en Santa Fe a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, “tienen participación corporativa de un sujeto identificado como operador financiero del Cártel de Sinaloa y que fue detenido en 2015”. Se trata de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias la Trilladora o el Trillo, quien en su momento fue señalado por las autoridades ministeriales de financiar la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, del penal de máxima seguridad del Altiplano en julio de ese mismo año.

De acuerdo con el expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera, en diciembre de 2019, la empresa “T” vinculada a la Trilladora trasladó al gobernador de Tamaulipas 42.1 millones de pesos de origen posiblemente ilícito por concepto de pago del departamento en Santa Fe.

El dinero fue nuevamente triangulado para aparentar origen lícito. Antes de la compra, la empresa “T” había recibido recursos por 44.8 millones de la empresa Avalúos, quien tiene características de sociedad fachada y forma parte del grupo de las siete compañías que lavan dinero al Cártel de Sinaloa. Previo a ello, Avalúos recibió 46.3 millones de pesos en diferentes operaciones de las otras seis empresas fachada vinculadas con la organización criminal.

Por ello, la UIF observa que “el vínculo con el Cártel deriva de la participación corporativa que tienen con Juan ‘N’, Ladislao ‘N’ o Manuel ‘N’, identidades falsas de Rodolfo “T” [Manuel Rodolfo Trillo Hernández], alias la Trilladora, operador financiero del Cártel de Sinaloa, detenido en 2015 y vinculado a proceso en 2016 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Asimismo, indica que la empresa fachada que fondeó a la empresa “T” manifestó tener mismo domicilio con otra empresa de Trillo Hernández, e incluso comparte domicilio con esta persona física. Y que las sociedades mercantiles fachada que fondearon a la empresa Avalúos fueron denunciadas por la propia Unidad en 2018 –un año antes de la venta del departamento de Santa Fe– e incluidas en la lista de personas bloqueadas en 2019. “Derivado de la denuncia presentada por la UIF, la Fiscalía inició una carpeta de investigación que actualmente se encuentra en trámite”.

Las cuentas de Cabeza de Vaca

Para el análisis del caso del gobernador García Cabeza de Vaca, la UIF dio puntual seguimiento a tres cuentas bancarias del político panista:

-Bancomer: de 2017 a 2021 presentó depósitos por 12.4 millones de pesos y retiros por 12.2 millones de pesos. Esta misma cuenta fue la que recibió los SPEI por 14.3 millones de pesos el 18 de diciembre de 2013. Adicionalmente, entre esa fecha y el 4 de febrero de 2014 recibió otros 500 mil pesos.

-Santander: de 2016 a 2019 obtuvo depósitos por 1.9 millones de pesos y retiros por 1.6 millones. Entre 2003 y 2009, esta cuenta registró operaciones en efectivo por 2.01 millones de pesos y 184 mil dólares en depósitos; y en retiros, por 350 mil pesos.

-Banregio: es la cuenta con más actividad en los años recientes, pues entre 2016 y 2021 tuvo depósitos por 61.4 millones de pesos y retiros por 59.8 millones. Entre 2015 y 2019 recibió cheques interbancarios por 9.6 millones de pesos.

Con información de ContraLínea