En 2019, Pisa Farmacéutica fue sancionada por la Cofepris con la suspensión de operación de sus plantas ante el incumplimiento de medidas sanitarias en sus instalaciones.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– La muerte de 17 bebés en el Estado de México, Michoacán y Guanajuato involucra en un nuevo escándalo de salud al magnate tapatío Carlos Álvarez Bermejillo, propietario de la empresa que fabrica los productos de nutrición que presuntamente contenían las bacterias que provocaron los decesos en tres hospitales públicos y uno privado.

Álvarez Bermejillo es el propietario de Pisa Farmacéutica, cuya filial Productos Hospitalarios S.A. de C.V. fue identificada por el Secretario de Salud del Gobierno federal, David Kershenovbich, como la empresa responsable del suministro de las nutriciones parenterales que contenían la bacteria Klebsiella oxytoca que provocó las muertes de los menores.

Pisa Farmacéutica, una de las principales vendedoras de medicamentos en los gobiernos del PRI y PAN, y que ha financiado con seis millones de pesos a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) de Claudio X. González, mantuvo una disputa con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que la culpó del desabasto de medicamentos contra el cáncer.

En 2019, Pisa Farmacéutica fue sancionada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) con la suspensión de operación de sus plantas ante el incumplimiento de medidas sanitarias en sus instalaciones y también fue inhabilitada por la Secretaría de la Funcionalistas Pública por actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) en un proceso de licitación de 2017.

Pisa Farmacéutica, cuyo lema es “una vida al servicio de la vida” y que fabrica mil 500 marcas de medicamentos en 14 plantas, fue sancionada en 2010 por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por coludirse con otras empresas para aumentar el precio de la insulina, medicamento fundamental para la diabetes mellitus, sobre todo a los pacientes del IMSS.

Entre 2003 a 2006, esta empresa conocida también como Laboratorios Pisa se amafió con Eli Lilly y Compañía-México; Laboratorios Cryopharma, y Probiomed para ponerse de acuerdo y eliminar la competencia en las licitaciones y poder aumentar los precios de la insulina.

Según el expediente de la Cofoce, que en 2022 publicó la organización “Poder”, el representante de Pisa, Carlos Arturo Villaseñor López, fue el operador de la colusión con las otras empresas para generar ganancias millonarias.

Dice el documento de la Cofece: “El patrón de posturas demostró que la alternancia en las posiciones ganadoras y perdedoras no podía darse como una simple coincidencia, sino que requirió de un acuerdo colusorio, en el que participó directamente Carlos Arturo Villaseñor López por orden de Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.”

Según la Cofece, Pisa “obtuvo ganancias indebidas” y millonarias de 2003 a 2006 y la sanción fue sólo una multa de 21.5 millones de pesos, la pena máxima que permite la ley, aunque no se castigó a los propietarios, porque la multa sólo fue para el abogado Villaseñor López y la razón social de la farmacéutica.

Álvarez Bermejillo, amigo de Claudio X. González Laporte y su hijo del mismo nombre, es muy cercano a los políticos del partido Movimiento Ciudadano en Jalisco, como el exgobernador Enrique Alfaro Ramírez, a su sucesor, Pablo Lemus, y al jefe de gabinete de éste, Salvador Zamora.

Como Alcalde de Tlajomulco, Zamora premió a Álvarez Bermejillo con la medalla al Mérito Empresarial, en presencia de Alfaro, de quien es amigo y presuntamente ha financiado sus campañas políticas.

Diez trabajadores quedaron atrapados en la mina Agujita o Pinabete en “Las Conchas”, municipio de Sabinas, Coahuila el 3 de agosto. Las criminales políticas de las empresas, la corrupción o omisión de las autoridades han cobrado muchas vidas sobre todo en la época de PRIAN. Entre 2000 y 2019, unos 2 mil 626 mineros quedaron incapacitados permanentemente. Tras Pasta de Conchos, donde 65 trabajadores murieron, en Barroterán ocurrió un siniestro un mismo 3 de agosto de 2012 que mató a seis mineros. De 2012 a 2015 murieron 200 mineros del Grupo México, tan sólo en el año 2012 perdieron la vida en las minas 23 trabajadores. Las minas de carbón hacen a Coahuila el estado con más incapacidades permanentes. Es dramático que en las minas de carbón y en un solo estado, Coahuila, murieran 132 mineros en esos años de gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN). La tragedia ha continuado. El año pasado, en junio de 2021, en la mina predio Rancherías, municipio de Muzquiz, siete mineros perdieron la vida.

A los mineros mexicanos les pagan por su trabajo de alto riesgo 15 veces menos que sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá y sufren malas condiciones laborales, falta de equipo y nula seguridad e higiene.

Estos accidentes son producto de la negligencia. “Los accidentes no nacen… se hacen”. Es sabido que las condiciones en que se explotan los pocitos y el riesgo que representan hace necesario un minucioso estudio de la zona, mapas precisos y actualizados y barrenar el área para conocer el estado de subsuelo antes de que los trabajadores mineros actúen. No se puede proceder a la perforación si no se realizan barrenos para detectar agua o gas, y sobre esta base tomar las decisiones y cuando en algún túnel se detecta agua detener el avance y retirar a los trabajadores. Pero las empresas hacen caso omiso de las advertencias y trabajan de manera anárquica e irresponsable, buscando explotar las minas de manera acelerada sin tomar en cuenta la seguridad de los trabajadores.

El 3 de agosto, desgraciadamente, la presión del agua colapsó las paredes e inundó los tres pozos en los que se estaba trabajando dejando atrapados a los mineros, a 60 metros de profundidad en la mina Agujita o Pinabete.

Es patente la responsabilidad de las empresas pero también la de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que debe estar realizando inspecciones y prestar oídos a las quejas e informaciones de los habitantes de la zona. Dado los antecedentes en las minas de carbón en Coahuila, la STPS debió de prevenir nuevos accidentes, como los sucedidos en la época del PRIAN. Y tras la muerte de siete mineros el año pasado en Muzquiz, debieron de prenderse los focos rojos y actuar con energía y profundidad ante las dimensiones del problema. También Protección Civil debe tener una red a nivel, nacional, estatal y local, siempre atenta a prevenir accidentes y desastres naturales o provocadas por personas, más aún en una zona y actividad que se caracteriza por continuos accidentes, y trabajar de la mano con STPS, y ambas coordinarse con la Secretaría de Economía para detectar explotaciones mineras ilegales y cancelar concesiones cuando el patrón no se aviene a estrictas medidas de seguridad e higiene.

Las autoridades municipales y estatales tienen la obligación de estar atentas como las que más y ser proactivas para evitar sufrimiento y muerte de los trabajadores. Sin embargo es sabido que se arrastra con redes de corrupción y que hay políticos con intereses en este negocio. Por su parte la Comisión Federal de Electricidad que es quien compra el carbón, debe tener responsabilidad social, constatar a quien le compra y en que condiciones trabaja y no atenerse cómodamente al “mercado”.

Hoy urge ya retirar concesiones, juzgar a los responsables y estricta acción preventiva de las autoridades de los tres niveles, así como de Protección Civil y de la Secretaría del Trabajo. Todos los culpables directos e indirectos deben de recibir castigo de acuerdo a su responsabilidad.

Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos de la Organización Familia Pasta de Conchos, en entrevista para XEU Noticias, señaló que una de las medidas más importante para prevenir accidentes como lo ocurrido en Coahuila es la prohibición absoluta de pozos como forma de extracción de carbón. Expresó en entrevista con La Razón que, en Coahuila, el 90 por ciento de las minas de carbón “está en riesgo de colapso y son trampas de muerte”.

Señaló que el derrumbe de la mina en Sabinas, Coahuila, se debe a la falta de supervisión de las autoridades federales, pues se tiene detectado, desde hace años, que es una zona de pozos que corre un “grave riesgo de colapso”.

En general tenemos una deuda histórica con los trabajadores mineros. Ellos participaron en la lucha de la Independencia. Recordemos su participación junto a Hidalgo en la toma de Guanajuato y que Mariano Jiménez era minero y luchó hasta el final siendo fusilado en 1811. En los preámbulos de la lucha se distinguieron estallando la huelga minera de 1766 en las minas de Pachuca y Real del Monte surgida después de que Pedro Romero de Terreros, pretendió reducir los jornales de 4 a 3 reales por jornada laboral y aumentar al doble las cargas de trabajo para obtener mayores ganancias. También la huelga de Cananea de 1906 fue un evento de tal trascendencia que encendió la chispa de la Revolución.

Ejemplares han sido las luchas de los trabajadores mineros, no se olvida que el 16 de octubre de 1950, los mineros de Nueva Rosita, Palau y Clorete, en Coahuila, emplazaron a huelga para defenderse de los abusos laborales de las empresas Mexican Zinc Company, y Carbonífera de Sabinas, del monopolio ASARCO, en un intento por mantener sus derechos laborales y humanos. En Coahuila se han dado luchas históricas y de impacto nacional, el 20 de enero de 1951, los mineros de Nueva Rosita iniciaron una marcha hasta la Ciudad de México. La Caravana de la Dignidad le llamaron.

A pesar de esto, por la avaricia de los patrones y la complicidad de las autoridades, los mineros han trabajado en condiciones riesgosas e insalubres, siempre en peligro de accidentarse. Por cierto, la concesión de la mina siniestrada se dio en el sexenio de Vicente Fox.

El registro de estos percances se ha repetido en el país a lo largo de nuestra historia. En México, según el Informe Carbón Rojo, elaborado por la Organización Pasta de Conchos, de 1883 al 2017 se han registrado al menos 310 eventos mortales con al menos 3 mil 103 muertes. Laboran 345 mil trabajadores en malas condiciones, cientos mueren, miles quedan incapacitados, la mayoría sufre muerte prematura. Y el ingreso promedio del minero es de 10 mil 500 pesos al mes, mientras que tan solo en el primer trimestre del año actual la minería generó 1.78 por ciento con respecto al trimestre anterior y de 40.5 por ciento respecto al mismo período del año pasado (Néstor Jiménez en La Jornada, 10 de agosto de 2022).

Luego de la ley minera de 1992 la situación en las minas se deterioró y la explotación se ha intensificado. Con los gobiernos del PAN se redobló la entrega de concesiones y el saqueo. En tan sólo 8 años se duplicó la cantidad total de proyectos mineros en México, que pasó de 667 en 2010 a 1 mil 531 en 2018. Los proyectos en producción se quintuplicaron pues pasaron de 54 en 2010 a 274 en 2018. En 36 años del período neoliberal se concesionaron 120 millones de hectáreas. La minería en México desde Salinas de Gortari hasta Peña ha sido rapaz y a afectado a los trabajadores, a las comunidades, al medio ambiente y al desarrollo armónico de México.

No solo existen problemas con las carboníferas, todas contaminan el medio ambiente y afectan a la población. De los 1,113 proyectos en exploración en 2018, 68% estaban destinados a buscar minerales preciosos, principalmente oro. Esto supone un problema ambiental, pues en la actualidad el 68% del oro extraído en el país se explota bajo la modalidad a cielo abierto (Pérez-Jiménez 2018).

El PRIAN dejó nuestra minería en manos extranjeras. Los proyectos mineros en exploración en 2018 eran 77 por ciento canadienses, 10 por ciento de Estados Unidos, ocho de empresas mexicanas y 5 por ciento de otros, casi todos con impactos ambientales importantes, pues implican la perforación de cientos de pozos, también llamados barrenos.

A grandes males, grandes remedios, se necesita una profunda transformación que beneficie a los trabajadores, al pueblo y a sus comunidades. La STPS asegura que no había denuncias previas en Sabinas pero una actividad de alto riesgo donde existe constante afectación a los derechos laborales debe ser sujeta a una activa y profunda inspección. Pero además en esta transformación es necesario que las comunidades organizadas tengan voz y espacio  para denunciar las violaciones laborales, cuando toda la gente sabe cómo funcionan de mal las cosas en esos centros de trabajo mineros. La inspección y la protección civil debe implementarse de arriba abajo y desde las comunidades a los niveles superiores, en un compromiso colectivo. Hace falta la organización popular y su activa y consciente participación, porque entre todas y todos no hay quien pueda escapar a la vigilancia de toda una sociedad.

Es urgente la unidad del pueblo y de sus organizaciones políticas, sindicales sociales para enfrentar al imperio y las corporaciones y de las potencias extranjeras que las respaldan y no solamente en el caso de la minería.

Es necesario cancelar concesiones a mineros, agua tenientes,  bancos usureros, farmacéuticas, agroindustrias, petroleros extranjeros. Es necesaria una nueva Constitución, que defienda a la gente y sus recursos, contra los expoliadores, la Constitución del siglo XXI, que garantice efectivamente los derechos, que se enuncian en la Constitución de 1917 pero no se cumplen en realidad. Se requiere la renovación democrática que implemente un sistema político en el que los intereses de México y de su pueblo tengan prioridad. ¡Es hora de transformar esas condiciones deplorables en las que vive y labora la mayor parte de los trabajadores y el pueblo, las mujeres, jóvenes y viejos y los pueblos originarios que son los más afectados por la voracidad minera, el extractivismo y el saqueo!

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