En un intento de apostar a la desmemoria colectiva, personajes, como Roberto Gil Zuarth y Marisela Morales Ibáñez, anuncian su postulación para un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos puestos serán electos mediante el voto popular, el primero de junio de este 2025.

Sin embargo, no podemos olvidar que, durante los sexenios neoliberales de Vicente Fox y Felipe Calderón, contribuyeron a pisotear el Estado de Derecho. Además, se cruzaron de brazos ante el fortalecimiento de la delincuencia organizada.

El exdiputado y exsenador de Acción Nacional, Gil Zuarth es condenado por su pasado ligado al corrupto e impresentable Diego Fernández de Cevallos. De igual manera, cabe mencionar su actitud bravucona y agresora de policías en España, así como su apoyo a la antinacionalista Reforma Energética de Peña Nieto.

Son los profesionistas honestos e imparciales, quienes deben llegar a un puesto de tal nivel. Al Máximo Tribunal, no deben arribar los traficantes de poder que han defendido a sus corruptos compañeros de partido, señalados de enriquecimiento ilícito, a través de sus despachos jurídicos.

Hace un par de años, el también miembro del PAN y exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, denunció que el exsecretario particular del narcopresidente, Felipe Calderón Hinojosa, encabezó la defensa de la mafia de legisladores mediante su despacho Accuracy Legal & Consulting.

Nombres, como Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas, Francisco Cabeza de Vaca y el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, están en esa lista. Más tarde, el mismo despacho apareció como defensor de Cabeza de Vaca, en las indagatorias en su contra de la Fiscalía General de la República (FGR).

De igual manera, Ruffo Appell señaló a Gil Zuarth de haberse aliado con el coordinador de los senadores del PRI en el gobierno de Enrique Peña Nieto, para sacar adelante la Reforma Energética, que años atrás no pudo concretar Calderón Hinojosa.

Diversos medios han retomado los hechos violentos ocurridos el 28 de diciembre de 2006, en Barcelona, España. En ese momento, el entonces Coordinador de Asesores en la Secretaría de la Función Pública, ebrio, golpeó al personal de un bar y a uniformados.

El 15 de abril de 2011, un juez condenó al recién nombrado secretario particular de Calderón a pagar una multa por daños en propiedad y agresiones a la autoridad.

Y, lejos de que fuera removido de su cargo por el narcopresidente, este último terminó impulsando a Gil Zuarth para que protegiera los intereses que tenía con firmas trasnacionales, como Iberdrola. Situación que cumplió al pie de la letra en la Cámara Alta.

Curioso que antes de inscribirse a las listas a la Suprema Corte, Gil Zuarth era uno de los principales detractores a la reforma del Poder Judicial. Sin embargo, ahora parece que es mandado, como cabeza de playa, a tratar de hacer ruido y confundir a la ciudadanía. Obviamente, bajo las órdenes de sus jefes neoliberales del PRIANISMO.

Él mismo ha aceptado que a la par de prepararse para buscar ser ministro, ya trabaja en la conformación de una Asociación, la cual buscará transformarse en partido político. Situación que de antemano anula la mínima pretensión de imparcialidad para desempeñar el cargo.

Caso similar de oportunismo político aderezado de amnesia política es el de Marisela Morales Ibáñez. También, ella trata de llegar al Máximo Tribunal, luego de haber sido procuradora general de la República en 2011, durante el sexenio de Calderón Hinojosa.

La titular de la PGR fungió como cómplice de la red de corrupción operada por el entonces Secretario de Seguridad a nivel federal y hoy condenado en las cortes estadunidenses,  Genaro García Luna, pues durante su gestión nada hizo por corregir el rumbo de la fallida estrategia contra el narco que entonces ahogaba en ríos de sangre al país.

Al igual que su antecesor, Arturo Chávez, Morales Ibáñez se convirtió en un brazo ejecutor de los enemigos de García Luna. Obligó a testigos protegidos a acusar a miembros de la Policía Federal, como Javier Herrera Valles, cuyo crimen había sido enviar a Calderón diversas cartas, en las cuales denunciaban a su Secretario de Seguridad de sus nexos y negocios con el narco.

Morales Ibáñez usó sus atribuciones para que el denunciante terminará como otros tantos enemigos del poderoso funcionario… en la cárcel. Al paso de los años, Herrera Valles obtuvo su libertad por falta de pruebas, porque las fabricadas por la ahora aspirante a la Corte, se fueron cayendo durante su proceso.

En el actual contexto, previo a la elección de los nuevos miembros del Poder Judicial, también ha salido a la luz otro de los antecedentes poco recomendables. Éste es el caso del desafuero que armó el entonces primer mandatario Vicente Fox, en contra del jefe de Gobierno y aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, en 2004.

Como brazos ejecutores, fueron designados el entonces titular de la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR, Carlos Vega Memije, quien era uno de los tantos expriístas que se pusieron de tapete con Fox, y Marisela Morales, cercana a Memije. Esta última, jugó un papel de primer orden en construir el endeble tinglado que se montó para tratar de sacar de la contienda presidencial a López Obrador.

En tal sentido, los antecedentes de haber torcido la Ley y el Estado de Derecho para atentar contra los derechos políticos del entonces jefe de Gobierno, representa un antecedente muy duro de poder ser justificado por la exprocuradora. ¿Cómo podrá hablar de honestidad para aplicar la ley cuando ella misma se encargó de pisotearla hace 20 años?

Tras concluir el sexenio de Calderón, fue de las exfuncionarias a las que el narcopresidente buscó proteger, al conseguirle un consulado en Milán, Italia. Temía que fuera investigada por el nuevo gobierno, debido a su ayuda a García Luna, pues le proporcionó información y protección a los cárteles de la droga. Al final, como se vio en los hechos, el PRIANISMO hizo una alianza de intereses comunes, y Morales Ibáñez quedó a salvo.

La pregunta, que los mexicanos debemos hacernos, con miras a la renovación del Poder Judicial que se avecina, es: ¿Cuántos aspirantes más con oscuros historiales y afrentas al pueblo de México se han inscrito?

Los ciudadanos deberemos estar atentos en echar un vistazo a las listas para recordarles que, además de traidores a los intereses del país y los derechos ciudadanos, son unos consumados cínicos, a quienes se debería negar no sólo el voto, sino también exhibirlos ante la opinión pública.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

El PT acusó a los ministros de formar una mafia que pretende sabotear la reforma al Poder Judicial, atentando contra el pueblo.

Diputados de la bancada del Partido del Trabajo (PT) formalizaron la solicitud de juicio político contra ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

TE PUEDE INTERESAR:El 22 de octubre pasado ofrecieron una conferencia de prensa en la que anunciaron que los ocho ministros son las “cabezas visibles” de la guerra jurídica que enfrenta el Ejecutivo y el Legislativo:

“Lo que hemos visto en los últimos días de parte de los ocho ministros y ministras insurrectos y golpistas, y varios jueces y magistrados, es una guerra jurídica”.

Aseguró que los togados violaron los principios de lealtad, legalidad, imparcialidad y eficiencia pues realizaron un ataque a las instituciones democráticas del país, a la Constitución y a la forma de gobierno republicano federal.

Destacaron que la reforma al Poder Judicial cumplió sus procesos de manera escrupulosa y que, desde su aprobación, hubo medidas orquestadas por parte de jueces que buscaban desde impedir que se discutiera e incluso que no se publicara.

PT presenta solicitud de juicio político contra ministros

Los diputados Ricardo Mejía Berdeja, Lilia Aguilar Gil, Santiago González Soto y Francisco Javier Macías presentaron el documento, basándose en términos de los artículos 108, 109, 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 5 al 24 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En el escrito formal dirigido al secretario general de la Cámara de Diputados, solicitan una demanda de juicio político en contra de los ministros:

• Alfredo Gutiérrez Mena
• Luis María Aguilar
• Margarita Ríos Farjat
• Juan Luis González Alcántara
• Jorge Pardo Rebolledo
• Alberto Pérez Dayan
• Javier Laynez Potisek
• Norma Piña

Los diputados del PT los acusan de atacar a las instituciones democráticas y de violar la supremacía constitucional.

Ricardo Mejía los calificó como “ministros golpistas” que forman parte de una “conspiración mafiosa para sabotear la reforma judicial”, afirmando que el juicio político es una medida para sancionar su supuesta rebelión con miras a su destitución:

“Los ministros han hecho un ataque a las instituciones del país, al constitucionalismo mexicano y a la forma de gobierno republicano representativo al violar la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir”.

Mejía aseguró que ningún ministro puede socavar lo que el pueblo de México votó el 2 de junio:

“Son golpistas, con el proyecto de González Alcántara lo confirman nuevamente. Todo el poder al pueblo”.

Durante la mañanera de hoy, el presidente AMLO, reaccionó al fallo de los ministros sobre los fideicomisos del Poder Judicial, ya que el día de ayer, se dio a conocer que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechazó un proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que proponía eliminar la suspensión dictada por un juez que evita la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial, extintos por una reforma aprobada en el Congreso de la Unión.

El presidente AMLO, afirmó que hay Ministros que están al servicio de las corporaciones económicas más poderosas y que actúan como sus empleados, por lo que el freno a la extinción de los fideicomisos no le sorprende.

“Lo de ayer no debe ser motivo de sorpresa, porque lo que se estaba buscando es que se cancelaran esos fideicomisos y ellos han demostrado no tener dignidad y no ser auténticos servidores públicos”

El presidente López Obrador denunció que 13 de 14 fideicomisos creados por el Poder Judicial, ascienden a 15 mil millones de pesos, recursos que, podrían ser empleados para programas sociales u otros rubros que beneficien a la población. Recordó que ecordó que el año pasado, propuso a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, que alrededor de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos recortados al Poder Judicial fueran destinados a los damnificados dejados por el huracán Otis, que impactó Guerrero

“Por eso, lo de ayer no debe ser motivo de sorpresa, porque lo que se estaba buscando es que se cancelaran esos fideicomisos y ellos han demostrado no tener dignidad y no ser auténticos servidores públicos. “Dijo que sí, pero la han de haber llamado, le dijeron “si tu no te mandas sola”, y se echaron para atrás”.

AMLO hizo énfasis de la violación a la constitución , por parte de los ministros quienes ganan mas de lo que percibe el Presidente de la República, asegurando que no hacen caso porque son empleados de un supremo poder conservador

“Yo gano 135 mil pesos, 140 mil pesos mensuales y ellos ganan 700 mil y de manera leguleya, como abogados huizacheros, con todo respeto, ellos le dieron la vuelta y crearon estos fideicomisos y aún cuando el poder legislativo los canceló, ellos no hicieron caso porque son parte del supremo poder conservador, no son el supremo poder conservador, son empleados del supremo poder conservador”

Se le cuestionó también, sobre cómo afectará este fallo al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar, ya que se planeaba destinar los más de 16.3 mil millones de pesos de los fideicomisos para financiarlo

“El Fondo tiene varias fuentes de financiamiento y vamos a esperar a ver qué sucede hacia adelante. Esos son expedientes abiertos, que no estén pensando que ya se terminó, no. Nos importaba abrir el caso, dejarlo abierto para que en el futuro se siga tratando el asunto” finalizó AMLO.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la propuesta hecha por un diputado de Morena, de realizar una consulta popular para que el pueblo decida si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser electos por el voto directo.

Durante su conferencia matutina, López Obrador mostró su respaldo a la propuesta realizada por el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco. La propuesta del legislador morenista busca que se realice una consulta popular en la que se pregunte a la gente si quieren que los ministros de la SCJN sean electos por el voto popular.

“Sostenemos que el pueblo tiene que participar en estas decisiones, también podemos argumentar la importancia de que que los magistrados y jueces sean electos, los elija el pueblo, por voto directo, que no los elija la élite del poder”, indicó

El mandatario federal aclaró que no solo está de acuerdo con la propuesta, sino que se va a revisar la viabilidad de la consulta. Pues, aclaró el Presidente, “hay que ver el procedimiento legal, porque al parecer no se pueden hacer consultas cuando inician los procesos electorales“.

“Si hay tiempo y está permitido por la ley, sería bueno porque hay que informarle a la gente, y todos tenemos que participar en limpiar, moralizar, purificar la vida pública. Es un hecho, se puede probar, de que el Poder Judicial, casi en su totalidad, de arriba a abajo, está podrido, que solamente le sirve a los potentados y a los delincuentes, que no imparte justicia en beneficia del pueblo. Entonces sí hay que renovarlo”, agregó.

Incluso, AMLO propuso la posible pregunta de la consulta popular. Y agregó que serían los mismos ministros quienes revisarían la pregunta, pues así lo establece la ley.

“Ojalá y se lleve a cabo la consulta, que se le pregunte al pueblo, es muy sencillo. Hasta los mismos ministros de la Corte de acuerdo a la ley, son los que tienen que revisar la pregunta. Es muy sencillo: ‘¿quieres que se elijan a los jueces, magistrados y ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial?’ Sí o no, ahí está la pregunta”, declaró.

Consulta de Revocación de Mandato en la que el INE reprochó no tener los recursos suficientes para organizarla.

El tabasqueño recordó que del pueblo de México emana y es dónde reside el poder de las instituciones, pues así lo establece la Constitución. Por ello, pidió que se haga valer esto y que sea la gente quien escoja a los representantes del Poder Judicial y no los potentados.

“La Constitución establece en su artículo 39 que el Poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su Gobierno, el pueblo es soberano, esa es la esencia de la democracia, el pueblo manda en la democracia, ¿entonces por qué no preguntarle a la gente? ¿Por qué no consultar a los ciudadanos?”, expresó el mandatario.

Finalmente, el Jefe del Ejecutivo habló de historia y rememoró que entre 1867 y 1876 el pueblo era quien decidía al Poder Judicial. Y culminó diciendo que esa época fue en la que más claramente estaban divididos los poderes.

“Que los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces sean electos, los elija el pueblo con voto universal, directo, secreto, que no los elija o nombre la élite del poder, sino que sea el pueblo, además ya fue así e la época en que gobernó el presidente Juárez y el presidente Lerdo, en el periodo de la República Restaurada, de 1867 a 1876, diez años. Fue el tiempo en que más independencia hubo de los poderes” señaló.

Polemón

“Sueldos muy superiores al del presidente de la República: casi 300 mil pesos mensuales cada ministro. Yo gano la mitad de eso”, exhibió Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Éste fue el primero de los 40 privilegios que expuso y que gozan los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con cargo al dinero del pueblo de México.

El presidente de la República agregó una segunda prebenda de los ministros y ministras de la Corte: aguinaldos de 588 mil pesos, 40 días de sueldo. Indicó que esta información se originó en el Senado de la República, pues fue el legislador Ricardo Monreal quien lo dio a conocer el pasado 9 de mayo. Al respecto, explicó que “todo esto es contrario a lo que establece la Constitución, al artículo 127 de la Constitución, […por]que no hay estado de derecho, como sostienen los abogados leguleyos, huizacheros, que están defendiendo a los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial hablando del estado de derecho. No, es estado de chueco”.

López Obrador recordó que nueve de los 11 ministros y ministras cancelaron el llamado Plan B de la reforma electoral. “¿Qué era el plan B, en esencia? Bajar los sueldos de los funcionarios del INE, que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos, que también ganan más que el presidente? Entonces, era defender sus intereses”.

En los peldaños tres y cuatro de los privilegios, citó que los juzgadores gozan de primas vacacionales por 95 mil pesos (10 días de sueldo). Y de un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690 pesos 24 centavos al año.

5. “Un comedor especial en la Suprema Corte de Justicia, donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas, claro que debe ser tequila.

6. “Presupuesto de 5 millones 540 mil 930 pesos mensuales para contratar personal. Además del personal de la Corte, pero ellos tienen esa posibilidad para trabajadores domésticos.

7. “Dos vehículos blindados tipo Suburban con valor acumulado de 6 millones, que se renuevan cada dos años.

8. “Pago por riesgo de más de 640 mil pesos al año.

9. “Apoyo para gasolina, 22 mil pesos mensuales. Es que no paran, o sea, van a todos los distritos del país.

10. “Apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopistas.

11. “Algunos ministros también cuentan con escoltas al Servicio de Protección Federal.

12. “Seguros para autos y casa habitación.

13. “Atención especial para reservación en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro tramite.

14. “Atención personalizada en el aeropuerto.

15. “Viáticos para vuelos, hospedaje, comidas en viajes oficiales tanto en México como el extranjero, para lo que les otorgan pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear.

16. “Salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas.

17. “Dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno, o sea, un mes.

18. “Tres equipos de cómputo e impresión.

19. “Seis teléfonos celulares –es que hablan bastante– de gama alta para ministros y familiares, y personal de apoyo, con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año.

20. “Tres iPad con servicio de internet ilimitado.

21. “Papelería personalizada.

22. “Computadoras, impresoras e internet en su domicilio, pagado por la Suprema Corte de Justicia.

23. “Apoyo de soporte técnico por parte de personal en la Suprema Corte.

24. “También pueden instalar videovigilancia en sus casas con cargo al erario público.

25. “Seguro de gasto médico, aquí sí es… Este me consta, porque hubo un ministro, ya se los he platicado, en el gobierno anterior, ya se fue, que se hizo cirugía plástica y estaba en el quirófano, y estaba también la esposa, y la esposa le dijo al cirujano plástico: ‘Déjele la naricita como la del presidente Peña’; esto, con cargo al erario. No estoy mintiendo, tengo como principio no mentir, no robar y no traicionar. ¿Qué más? Ah, bueno, ese seguro de gasto médico es 30 millones en adelante […]. Tiene que ver con su familia nuclear, también, o sea, toda su familia.

26. “Ciento ochenta y ocho mil al año para compra de medicamentos.

27. “Atención especial por parte del personal de la Suprema Corte y aseguradoras en cualquier trámite de seguros.

28. “Seguro de vida institucional, 12 millones.

29. “Pago por defunción, 1 millón 189 mil.

30. Ayuda para gastos funerales. “Bueno, esto no lo deseo, 30 mil pesos”.

31. “Apoyo económico para lentes –no, pues, eso sí hace falta– a cónyuges e hijos.

32. “Pensión vitalicia con casi la totalidad del sueldo cuando se retiran. O sea, lo que tenían los expresidentes, ellos lo siguen manteniendo.

33. “Aparte, una liquidación o un haber de retiro.

34. “Se le permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados.

35. “Se les pagan dos personas de apoyo para estar en su servicio en la jubilación.

36. “Seguro de separación individualizada, eso es bastante, muchísimo, 20 millones cuando se van.

37. “Acceso a un área de atención especial para ministros jubilados.

38. “Un estímulo por antigüedad de mil pesos anuales.

39. “Tienen 14 fideicomisos por 20 mil 149 millones de pesos que se utilizan para mantener estas prestaciones de por vida.

40. “El presupuesto para el 22 son 73 mil 723 millones de pesos, 73 mil 723 millones. La Presidencia ejerce al año, el año pasado ejerció 500 millones de pesos.”

El presidente López Obrador consideró que “éste es el fondo del asunto, pero esto es el maiceo en general. Además, representan a grupos económicos y políticos, representan a la élite, porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia en beneficio del pueblo; al contrario, es en contra del pueblo, para eso están”.

El titular del Ejecutivo federal cuestionó que hasta ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación nunca ha resuelto nada en beneficio del pueblo. “De lo que yo recuerdo es de que a mí me obligaban, cuando fui jefe de gobierno [de la capital], a que yo pagara a un particular 1 mil 810 millones de pesos del llamado Paraje de San Juan”.

Agregó que otro tema cuestionable acerca de la actitud de los ministros y ministras se dio cuando, en el sexenio de Enrique Peña, se les solicitó autorizar una consulta ciudadana para ver si el pueblo quería la privatización del petróleo. “Ellos negaron la posibilidad, con una argucia legaloide de que no aplicaba una consulta cuando se trataba de ingresos del gobierno”.

López Obrador señaló que también le consta que, cuando se tenía que juzgar a los responsables del incendio de la Guardería ABC –ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, y cobró la vida de 49 bebés y lesionó a otros 104–, entre quienes se encontraban familiares de Margarita Zavala, la esposa del entonces presidente Felipe Calderón, “se protegió a los implicados”.

Además, advirtió que le consta que “hay que estar a las vivas porque los viernes en la noche [los juzgadores] liberan a delincuentes. Lo que me consta es que el mismo día que juzgaron en Estados Unidos a[l exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro] García Luna, ese mismo día aquí le liberaron las cuentas a su esposa. Entonces, ¿para qué todo esto?”

Por ello, el presidente consideró fundamenta que se reforme al Poder Judicial: “lo mejor es que lo haga el pueblo. No voy a actuar como lo hizo [Ernesto] Zedillo, de desconocerlos y pagarles bien para que se fueran, no, no. Tiene que ser con una reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo, como era en la época del presidente Juárez, como se aplicaba en la época de la República Restaurada”.

En ese contexto, recordó que la ley prohíbe estos excesos y privilegios en el gobierno, pero los ministros y ministras de la SCJN incumplen con esos preceptos. Incluso, les leyó nuevamente el artículo 127 de la Constitución, el cual, dijo, están violando:

“Los servidores públicos de la federación de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo las siguientes bases:

“Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos d viaje en actividades oficiales.

“Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico. Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.”

Por ello, cuestionó: “¿más claro? ¿Cuál es la interpretación? Hay una excepción: ‘ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. La suma –de todas maneras– de dichas remuneraciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente’. O sea, aun cuando por cuestiones técnicas o especialización puedan recibir más, no puede exceder del 50 por ciento de lo que gana el presidente”.

Por ello, indicó que éste es el fondo del asunto: “como no lo están manejando de esa manera, es ‘la Suprema Corte no se toca’”.

Por José García Sánchez
@Josangasa3

La postura radical de la oposición pone al descubierto no sólo la corrupción en el Poder Judicial que a nadie sorprende, y la postura del INE como verdadero partido de oposición, y la radicalización de las posturas de los conservadores anuncia medidas radicales.

Cuando las respuestas del gobierno federal se endurecen le llaman persecución política, siendo que en realidad lo que se quiere esconder es que hay mucha corrupción entre los integrantes de la oposición, van algunos nombres Francisco García Cabeza de Vaca, Rosario Robles, Cristina Pereyra Gálvez, estos tres salvados por las posturas de ministros que muestran su enemistad con las leyes y su alianza con la oposición.
Pero hay otros delincuentes que deberían estar en la cárcel como Ricardo Anaya, Santiago Taboada, Christian Von Roherich, Jorge Romero, Mariana Gómez del Campo, Margarita Zavala, Felipe Calderón, Mauricio Tabe, Sandra Cuevas, Alejandro Cárdenas, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, etc.

Esto no sucedería si no tuviéramos un Poder Judicial que actuara con respeto a la ley. Sin embargo, esta área de poder se convierte en la punta de lanza de la oposición desde la perspectiva del estancamiento de las acciones de gobierno. Es decir, el Poder Judicial paraliza al ejecutivo y al legislativo.

Detener el Plan B de la reforma electoral crea un clima de efímera victoria política, de la que debe estar muy alejado del Poder Judicial, frente a las elecciones de 2024. La derecha se radicaliza y seguirá actuando contra todo lo que no resguarde sus intereses.

El INE, principal partido de oposición, los propios partidos de derecha, los empresarios, los delincuentes, los narcotraficantes tienen en el Poder Judicial su propio gobierno. Los jueces tienen precio, un precio muy alto, de otra manera no se entiende la realidad política social y legal de México.

Debiendo ser el Poder Judicial el más vulnerable, pareciera convertirse el que dirige los destinos del país y crea fantasías triunfalistas en la oposición. Es vulnerable el Poder Judicial porque sus miembros no son electos por la población. Si en este momento se aprobara en las Cámaras que se elegirían desde los ministerios públicos hasta los ministros, los primeros en sabotear esa ley serían los narcotraficantes y la oposición. Una sociedad que no se esconde, pero en la que nadie cree.

Se trata de una complicada red que ha mostrado sus estrechas relaciones en los últimos meses y que nadie quiere ver. Desde luego los medios convencionales no la quieren ni insinuar, porque están implícitos en las inducidas tomas de posiciones de políticos y clases medias.

Bastaría ver quiénes huyen de la justicia, disfrazando su averiguación previa de “persecución política” para esconder los intereses que esconden la mayoría de los integrantes del Poder Judicial, asociados con la oposición, desde luego sin esconder los intereses del narco.

Si el gobierno federal respondiera de igual forma, con mano dura a las violaciones a las leyes, en estos momentos sería condenado de violar la Constitución, y los medios radicalizarían, más aún, su información que intenta ser devastadora.

En realidad, quien viola la ley es Lorenzo Córdova y anuncia un golpe contra al 4T al visitar al promotor de otros golpes de estados en América Latina, el presidente de la OEA. El líder del partido INE, sabe que, por la vía legal, aún sin cambios en la ley electoral no gana la derecha.

Porque los medios a pesar de su estridencia, siguen teniendo lectores, que creen en sus contenidos, a pesar de haberse demostrado, hasta la saciedad, que mienten y defienden intereses de una minoría, aunque esto implique mentir.

Ante esta panorámica de camino hacia la ultraderecha en México por un grupo minoritario, al gobierno federal que quedan pocos espacios, porque de no detener la embestida actual se crearía el clima ideal para un golpe de estado. Al detenerlo, también provocaría aún más radicalización donde estos poderes fácticos pudieran organizar un lawfare, como sucedió en Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, para destituir a López Obrador, que algún títere de esos intereses se quede al mando y posponga las elecciones de 2024 indefinidamente.

Al indefinir la evaluación judicial del Plan B se está hablando de la prolongación sin fecha de la transformación de la realidad electoral.