Un juez federal dejó sin efecto la demanda de amparo de tres militares presos por el caso Ayotzinapa.

La defensa legal de los militares fue en contra de la orden de aprehensión que quedo cumplimentada en septiembre.

POR ELLO EL JUEZ EUTIMIO ORDÓÑEZ GUTIÉRREZ DECLARÓ IMPROCEDENTES LOS ACTOS RECLAMADOS.

El amparo fue solicitado por el general José Rodríguez Pérez; el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Alejandro Pirita Ochoa, quienes actualmente se encuentran en prisión.

Los tres militares se encuentran detenidos desde septiembre en el Campo Militar Número 1-A; acusados de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, por el caso Ayotzinapa.

Revolución 3.0

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) notificó oficialmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que han sido giradas órdenes de aprehensión en contra de 20 de sus elementos, incluyendo a un general de división, por su posible participación en el caso Ayotzinapa.

Se trata de militares pertenecientes a los batallones 27 y 41 de infantería, ubicados en Iguala y Teloloapan, Guerrero, de manera respectiva.

La Sedena debe informar si los militares buscados aún pertenecen al Ejército y, de ser así, presentarlos ante las autoridades civiles.

El juez segundo de procesos penales federales, con sede en Toluca, estado de México, autorizó 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de los tres órdenes de gobierno que intervinieron en la investigación de los hechos, incluyendo a los 20 militares.

En la lista, el de más alto rango es el general Alejandro Saavedra Hernández, quien era en 2014 comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo.

Según el informe de la Comisión de la Verdad, el jefe militar tuvo conocimiento de los hechos de la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, pues fueron captados por las cámaras del C4, a las cuales tenía acceso directo.

Meses después, Saavedra Hernández fue ascendido a general de División y ocupó, sucesivamente, los cargos de comandante de la novena Región Militar, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea y jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el 30 de noviembre de 2017. Finalmente, fue director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas hasta el 2 de marzo de 2021.

Otros militares posiblemente involucrados son el coronel José Rodríguez Pérez, comandante en 2014 del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, y el teniente de infantería Francisco Macías Barbosa, el mando inmediato superior del soldado Julio César López Patolzin, a quien se ordenó infiltrarse entre los normalistas y que desapareció junto con ellos.

La Jornada

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que, además de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina también abra sus expedientes para indagar sobre la desaparición de personas durante el periodo conocido como guerra sucia.

Recordó que ya fue creada la “Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990”, como parte de la cual “hay instrucciones para que se permita la entrada a archivos militares, desde luego de todas las instituciones del gobierno, y creo que no habría ningún problema en hacerlo en el caso de la Secretaría de Marina”.

Además, insistió: “Desde ahora puedo informar que se autoriza que se abran también, como se está haciendo en la Secretaría de la Defensa, los archivos de la Secretaría de Marina”.

Subrayó que se trata de un caso que “a todos nos importa, nos interesa”, para conocer lo que pasó así como el paradero de las personas desaparecidas, tanto para castigar a los responsables como para que no se repitan los actos de “autoritarismo”.

En su conferencia de prensa de este miércoles, el presidente López Obrador también fue consultado sobre la resolución que deberá emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de la desaparición, desde 2007, de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, miembros del grupo Ejército Popular Revolucionario (EPR) y cuyos familiares señalan a la administración del ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz, así como al gobierno federal, en ese momento encabezado por el ex presidente Felipe Calderón.

El mandatario recalcó que se cumplirá lo que resuelva la Corte, y refrendó que “nosotros estamos en una postura de completa transparencia, no ocultar absolutamente nada, no caer en impunidad. Que se sepa todo, que se finquen responsabilidades de acuerdo con los procedimientos legales, y no hay obstáculos de ninguna institución del Estado”.

Confió en que las instituciones federales estén colaborando para esclarecer éste caso, de lo contrario “vamos a intervenir”.

“No nos callamos ante la tortura, ante masacres, no hay impunidad, por eso tenemos autoridad moral, y las veces que sea lo vamos a estar recordando”, agregó.

Tras reiterar que “no somos iguales, nuestro gobierno no reprime”, apuntó que no hay ninguna persecución en contra de ningún periodista u opositor, pero sus adversarios “están enojados… y los entiendo, los comprendo, porque sacaban provecho de un régimen corrupto. Ellos se beneficiaban, eran los privilegiados de un régimen de corrupción que imperaba en el país, todo una red, una mafia, como son los gobiernos autoritarios, conservadores”.

Dichas redes, estaban conformadas, dijo, por “la oligarquía llamada hombres de negocios -porque en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencia-, los medios de información, los intelectuales alcahuetes, y la fuerza”, con la intención de sostener a una minoría de saqueadores, pero “eso ya no se permite en el país y los tiene desconcertados”.

En tanto, consideró que de igual forma, los medios de información en Estados Unidos “están al servicio del poder económico, no de los ciudadanos, no de los lectores, y muchos menos de los pobres”, mientras que antes eran considerados como un sinónimo de independencia.

La Jornada

Entre delincuentes “rabiosos” e idealistas equívocos calificaron analistas de inteligencia naval a quienes participaron en los movimientos armados de 1960 a 1996. Ante la insurrección del EZLN, la Semar ordenó a su Unidad de Inteligencia Naval una serie de informes. Contralínea tuvo acceso a los archivos secretos que por primera vez dan cuenta de la información y la visión de la Armada de México sobre las guerrillas y la Guerra Sucia. Refieren más grupos armados de los que históricamente se ha informado, sus alianzas, rompimientos y penetración en partidos políticos con registro, universidades, normales rurales y organizaciones sociales. Y se enfocan en las alianzas internacionales de los guerrilleros mexicanos, que supuestamente llegan a Latinoamérica, España, Italia, Alemania y Japón. En los papeles de la Semar, se reconoce que el Estado mexicano cometió “errores políticos” que abonaron las insurrecciones: represión, cerrazón y abuso de poder.

Primera parte. Los movimientos armados mexicanos se encuentran en las 32 entidades federativas y desde la clandestinidad influyen en los movimientos sociales abiertos. Tres docenas de grupos constituyen la genealogía del movimiento guerrillero, con alianzas a largo plazo o coyunturales y rompimientos y reencuentros constantes. Se nutren del marxismo, el leninismo, el maoísmo, el estalinismo, el trostkismo y la teología de la liberación. Casi todos fueron derrotados militarmente, pero no de manera definitiva: tienen base social y apoyo intelectual; muchos acumulan fuerzas: reclutan, entrenan, se preparan ideológicamente para resurgir.

Además, sí cuentan con un vínculo social que se justifica en la pobreza, las injusticias y los abusos que amplias capas populares padecen a manos de autoridades, empresarios y latifundistas. Los movimientos armados fueron desmantelados porque no lograron que los apoyos se volvieran masivos, pero en muchos casos estuvieron a punto de lograrlo.

Ésas son algunas de las conclusiones que se pueden leer en los informes sobre las guerrillas que preparó una de las tres Fuerzas Armadas permanentes que hasta hoy ha mantenido un bajo perfil sobre su participación en la Guerra Sucia: la Armada de México.

Inteligencia naval veía en 1994 una inminente insurrección masiva en varios estados de la República; además de Chiapas: Guerrero, Oaxaca, Chihuahua y acciones guerrilleras en toda la República. Advertía, además, de acuerdos de los guerrilleros mexicanos con organizaciones armadas de Latinoamérica y otras partes del mundo, auspiciadas por la Libia de Muamar el Gadafi.

Las insurrecciones de los movimientos armados de 1960 a 1994, y su persistencia, fueron producto de “errores políticos” del gobierno federal y de los estatales, señala un analista de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar). Su informe buscaba explicar a sus jefes lo que realmente había detrás de un desafío que en 1994 –año en que fue elaborado el documento– sacudió al sistema político mexicano: la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Contralínea tuvo acceso a documentos preparados por expertos en inteligencia y seguridad nacional de la Armada de México. Los informes no están exentos de calificativos despectivos y burlas hacia quienes optaron por la vía armada para transformar las condiciones sociales, económicas y políticas injustas del país. Pero se puede leer que la represión del Estado mexicano y los abusos de latifundistas y grandes empresarios fueron previas a la aparición de grupos guerrilleros.

Más que justificar las acciones del gobierno mexicano –criminales muchas de ellas–, los documentos buscan explicar lo que anima históricamente a los guerrilleros. Ello, para hacer mejor frente a la emergencia de ese momento: el EZLN. A diferencia de lo que hasta ahora se ha conocido de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los archivos de la Semar buscan hacer un análisis de cada movimiento armado, señalar cómo fue derrotado militarmente y advertir de los que estaban vigentes a la mitad de la década de 1990.

Algunos informes fueron preparados en 1994 y otros en 1996. Éstos se basaron en las fichas y partes informativos elaborados por elementos de inteligencia que recogieron información en campo desde 1960.

Acusan a instituciones de educación superior –como universidades públicas y normales rurales– de ser campos de reclutamiento y reproducción de cuadros guerrilleros. Y señala a organizaciones sociales de estar infiltradas por los movimientos armados.

Asimismo, los informes desarrollan un perfil del guerrillero con 48 características, las cuales son tomadas –incluso de manera textual– de documentos asegurados a los rebeldes detenidos.

En el archivo de la Semar también figura el seguimiento a un movimiento armado derechista auspiciado clandestinamente por el Partido Acción Nacional (PAN). No alcanza a ser considerado una guerrilla, pero reporta acciones “terroristas” de este grupo, como la colocación de bombas y la realización de ataques armados. Advierte que está integrado por hijos de “prominentes” panistas y que tienen una ideología anticomunista y antiindígena.

Entre los documentos elaborados por analistas de la Semar se encuentran cuadros sinópticos que explican la composición de los movimientos armados vigentes en ese momento y cómo llegaron hasta ahí. Se trata de una genealogía que inicia en los primeros años de 1960 y concluye en la primera mitad de la década de 1990. El primero divide el “Movimiento Guerrillero en México” en “Guerrilla Urbana” y “Guerrilla Rural”. En todos hay un componente de jóvenes decepcionados del Partido Comunista Mexicano.

De la urbana se refiere fundamentalmente a dos grupos originarios: el MAR (Movimiento de Acción Revolucionaria) y la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S). Esta última, señala uno de los reportes, se compuso de “grupos estudiantiles del movimiento del 68”, el grupo Guajiros de Chihuahua, el grupo Lacandones, el Frente Estudiantil Universitario de Sinaloa, el Frente Estudiantil Revolucionario (FER), de Jalisco, y el Grupo de Los Procesos y los Macías, a quien identifica como el “Movimiento Espartaquista”.

Explica que el MAR y un grupo de la Liga se unen luego del desmantelamiento que sufren por separado. Los presos de estos movimientos son amnistiados por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo y algunos se afilian al PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores). Una vez que este organismo político pierde su registro, un grupo se integra entonces al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El FER, por su parte, continuó como tal y algunos de sus cuadros crearon las Fuerzas Revolucionarias del Pueblo (FRAP). Mientras, algunos de los espartaquistas se integraron al Partido del Trabajo (PT).

En lo que respecta a la guerrilla rural, el documento identifica tres grandes grupos, según los estados donde mayormente operaban en 1994. En Chihuahua señala a un grupo de Los Guajiros que no se integró a la LC23S, y el “Grupo Guerrillero David Alfaro Siqueiros”, del que a la fecha no se ha tenido noticia ni aparece en documentos de otras agencias.

En Oaxaca, se refiere al PROCUP (Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo) y a la que identifica como su entonces organización de masas: el Frente Revolucionario Campesino Obrero Mexicano del Sureste. Da cuenta de su formación como resultado de la fusión de la Unión del Pueblo y la Vanguardia Armada Revolucionaria, principalmente.

El más numeroso es el de Guerrero. Señala el documento que, para 1994, “grupos guerrilleros realizan trabajo político en organizaciones abiertas de masas”. Identifica cuatro grupos actuantes: el de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo); el Grupo Revolucionario 8 de Octubre (GR8); la alianza de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) con el PROCUP-PLDP (Partido de los Pobres), y el de la Cuadri que a las últimas tres sumaba a exintegrantes del MAR.

El documento acusa al entonces rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rosalío Wences Reza, de cobijar a los guerrilleros del GR8 y de fundar a la Izquierda de la Izquierda Independiente (triple I), con presencia también en las universidades Autónoma de Puebla (UAP) y Nacional Autónoma de México (UNAM) y en organizaciones de Sonora, el Distrito Federal, Sinaloa, Guerrero y Puebla.

Señala que la Triple I, la Cuadri y el movimiento de la Teología de la Liberación dieron origen al Grupo Guerrillero Cora Manuel Lozada. Ubica como dirigente de esta guerrilla conformada por indígenas de Nayarit, Durango y Sinaloa a Mariano Gerónimo. Y concluye que integrantes de esta alianza son parte del EZLN.

De acuerdo con los documentos asegurados a los rebeldes, los analistas de la Semar aseguran que a principios de la década de 1980 militantes sobrevivientes de la LC23S, el PDLP, el MAR, el GR8 y la ACNR acusaban el embate del Estado en su contra y se replanteaban la lucha. Llegaron a los siguientes acuerdos:

“1. Que junto a la lucha armada debería desarrollarse la movilización política de masas.

“2. Que toda lucha a emprender debe contar con el apoyo de la población, por lo que no se deberá emprender acciones carentes de fuerza.

“3. Nunca desarrollar la lucha revolucionaria con concepciones regionalistas, pues sería aniquilada fácilmente.

“4. Estudiar la teoría revolucionaria para adquirir las armas político-ideológicas.

“5. Constituir una organización nacional (UP) el Partido Proletario Unido de América (PPUA) dirigido por Florencio Medrano y la Vanguardia Armada Revolucionaria.

“6. Constituir una organización nacional de masas o de partidos políticos que permitiera organizar y movilizar a la población bajo una táctica revolucionaria.

“7. Crear una coordinadora revolucionaria clandestina para ser la Dirección Política Militar Nacional.”

En ese sentido, señala el documento, varios grupos guerrilleros se habían incrustado en partidos del sistema político mexicano. Para 1994 se encontraban en el PRD, el PT y el propio gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). No es que estos cuadros del movimiento armado comulgaran con las ideologías de estos partidos, sino que desde ahí obtenían información y preparaban trabajo político clandestino.

Y sobre todo –se asegura en los documentos–, actuaban en organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Frente Independiente de Pueblos Indígenas, el Consejo Indio Permanente, al Unión de Obreros y Campesinos Emiliano Zapata, el Frente Único de Organizaciones Populares de Acapulco, el Movimiento Popular y Estudiantil de la Montaña, el Movimiento Urbano Popular Independiente, entre otros. Además, en instituciones educativas como la UNAM y las Escuelas Normales Rurales, particularmente la de Ayotzinapa, Guerrero.

En los informes de la Marina se advierte de un levantamiento masivo en 1994. “Estas organizaciones tienen actualmente campamentos de preparación militar en la sierra; no se han declarado abiertamente como alzados, aunque ya están preparados para ello. Sólo esperan los resultados de Chiapas. Maestros y estudiantes se han incorporado a los campamentos; el acto del 5 de febrero en Iguala en homenaje a Genaro Vázquez fue programado por ellas”.

Y sigue: “La marcha de los maestros del día 4 de febrero en Chilpancingo se realizó como un ensayo de lo que se piensa hacer cuando se declare la guerra la gobierno y se levanten en armas. Presumiblemente están elaborando comunicados que mandarán a la prensa, determinando sus exigencias”.

El espionaje realizado por la inteligencia naval a las organizaciones le confirmaba a la Marina que, supuestamente: “Se piensa tomar palacios municipales y dependencias públicas con las masas y acciones militares como secuestros y escaramuzas de enfrentamiento con el Ejército, con ajusticiamiento de judiciales.

“Al pueblo lo están preparando psicológicamente para la guerra, piden vendan sus pertenencias y compren armas y parque. En la actualidad algunos comisionados de este grupo están formando el corredor de Guerrero a la frontera  para la compra y transportación de parque de distintos calibres” (sic).

Nada de esto ocurriría en 1994, aunque sí habría escaramuzas en Guerrero a lo largo de 1995 y una represión del Estado mexicano contra los campesinos organizados, como la ocurrida contra la Organización Campesina de la Sierra de Sur (OCSS) el 28 de junio de ese año. Diecisiete personas fueron asesinadas a mansalva. En ese lugar, un año después, aparecería públicamente el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

En los documentos de la Semar, fechados en 1994,  se señala: “En su proyecto original de buscar relaciones con otras organizaciones del mundo y teniendo como antecedente el Festival de la Juventud que se desarrolla en Cuba, acuden militantes de estas organizaciones ACNR, MAR, GR8 disfrazados de estudiantes de la Universidad de Guerrero, donde establecen contacto con organizaciones guerrilleras de Latinoamérica y acuerdan trasladarse a Libia, a invitación de Kadafi, para realizar allá su reunión ya que el gobierno de Cuba se opone a que se desarrolle en su país” (sic).

Según los archivos de a Semar, tal reunión sí se concretó. Participaron, además de las organizaciones mexicanas citadas: el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de Chile; Tupamaros, de Uruguay; M-19, de Bolivia; Senderistas, de Perú; Senderistas de Nicaragua; Cinchoneros, de Honduras, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de El Salvador, y la Coordinadora Guerrillera de Guatemala.

Alcanzaron seis acuerdos principales: 1) formar una coordinadora guerrillera latinoamericana para apoyos mutuos; 2) intercambiar guerrilleros para buscar afinidades entre las distintas nacionalidades; 3) desintegrar al grupo Tupamaros y que sus miembros se distribuyan en toda Latinoamérica como asesores militares; 4) intensificar la lucha revolucionaria en Nicaragua para que éste sea el primer país liberado y así continuar con los demás países; 5) proyectar a futuro la conformación de un solo ejército revolucionario para toda Latinoamérica; 6) aprovechar la “disposición del gobierno de México para la cobertura diplomática”.

Según los documentos de la Marina, “a la fecha [1994], estas relaciones existen y se han consolidado, inclusive se puede decir que están preparadas para la insurrección latinoamericana en contra de las oligarquías nacionales y el imperialismo yanqui.

“Las relaciones de estas organizaciones guerrilleras latinoamericanas se han extendido hasta Europa, teniendo como puente de relación a Libia con Kadafi, tienden apoyos logísticos de infraestructura militar por parte de la ETA [Euzkadi Ta Azkatasuna] española [País Vasco España-Francia], los palestinos, Brigadas Rojas de Italia, Ejército Rojo de Japón [sic]”.

Otro foco de atención de los analistas de inteligencia naval se encuentra en los teólogos de la liberación. Advierte que sacerdotes mexicanos de esta corriente entablan relaciones con curas peruanos, españoles, nicaragüenses y alemanes.

“La Teología de la Liberación conserva sus relaciones con teólogos de todo el mundo, principalmente con latinoamericanos, creando para su expresión Comités Eclesiales de Base, Comités de Defensa de los Derechos Humanos, Comités de Defensa de los Grupos Indígenas. Realizan su trabajo de concientización en los estados de Chiapas. Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango y Chihuahua.”

Al interior del país siguen de cerca a cooperativistas y empresas ejidales exitosas y altamente politizadas. Son sospechosas de ser asesoradas por las corrientes maoístas del PROCUP.

Los grupos armados que identifican los documentos de la Semar, vigentes en 1994, son: EZLN, PROCUP-PDLP, Frente mexicano contra la Corrupción Gubernamental, Izquierda de la Izquierda Independiente, Grupo Guerrillero Manuel Lozada; Grupo Guerrillero David Alfaro Siqueiros (Chihuahua), Comandos de Acción Rápida, Grupo Comas y Comando Francisco Villa (Nuevo León).

Entre los documentos también se encuentran los perfiles que los movimientos armados buscaban y generaban entre sus integrantes. Se trata de 48 características que “todo militante revolucionario debe ser”.

Destaca el primer rasgo: “La expresión más completa de los hombres limpios, honrados, honestos para que mediante su acción construya el porvenir.

Es factible, antes de que concluya el actual sexenio, saber qué pasó con los desaparecidos de la Guerra Sucia, así como determinar las responsabilidades de quienes ordenaron el terrorismo de Estado: cárceles clandestinas, “vuelos de la muerte”, desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales. Es la convicción del antropólogo Abel Barrera, integrante de la Comisión de la Verdad. La semana pasada, dicha Comisión empezó a revisar documentos y planos de las instalaciones militares

“Es un gran desafío”, dice el antropólogo Abel Barrera Hernández sobre la misión encomendada a la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan es uno de los cinco comisionados.

Señala que este organismo honorífico –creado por decreto presidencial y al que se le conoce por su nombre corto de “Comisión de la Verdad”– recogerá los testimonios de sobrevivientes del terrorismo de Estado, pero también los de militares que participaron en esos hechos o que fueron testigos. Destaca que se accederá a las instalaciones castrenses, en específico a los lugares donde se tenga indicios de las cárceles clandestinas y lugares de retención ilegal de personas.

Reconoce que, hasta el momento, ha encontrado disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para colaborar con la Comisión de la Verdad, a partir de la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El titular del Poder Ejecutivo, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ordenó la apertura de los archivos e instalaciones militares a los integrantes de la Comisión. Dispuso, inclusive, que militares en situación de retiro sean llamados dar su testimonio.

Abel Barrera señala que no se empieza de cero: ya hay un trabajo previo, realizado por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad). Advierte que existe una coyuntura política para avanzar en el esclarecimiento de esos hechos e iniciar un proceso de justicia para las víctimas y sus familias.

Tal coyuntura está determinada por la lucha de decenas de colectivos de sobrevivientes del terrorismo de Estado y de familiares. Son ellos los que han empujado y acompañado la instalación de esta Comisión y son quienes le dan legitimidad y seriedad, explica Abel Barrera.

El decreto por el que se crea la Comisión de la Verdad fue firmado por el presidente de la República el 7 de octubre pasado. Ese mismo día se publicó en Diario Oficial de la Federación. El objetivo manifiesto del organismo es realizar las acciones que sean necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria.

Cinco son los ejes de trabajo, citados en el decreto, de la Comisión. El primero, un Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico en el que se integran personas expertas independientes para realizar las indagatorias, acopio de información, acceso a los archivos de todas las dependencias, acceso a las instalaciones federales militares o civiles en búsqueda de la verdad.

El segundo, un Comité para el Impulso de la Justicia, encabezado por tres personas expertas independientes, entre ellas, Ángela María Buitrago Ruiz, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El tercer eje lo constituye un Plan Especial de Búsqueda, encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Mientras, el cuarto eje se trata de un Plan Especial de Reparación y Compensación, donde de manera integral –se asegura– se atenderá la reparación por el daño a las víctimas.

Finalmente, el quinto eje está constituido por las Acciones para la Memoria y Garantía de No Repetición, a fin de dignificar la memoria de las víctimas.

La Comisión quedó integrada por cinco personas expertas: Abel Barrera Hernández, David de Jesús Fernández Dávalos, Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Alonso Pérez Ricart.

El antropólogo Abel Barrera Hernández es director fundador de Tlachi, como popularmente se conoce al no gubernamental Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Desde que se fundó, hace 28 años, este centro ha acompañado los dolores y las luchas de las poblaciones me’phaa, na’savi, nahua, afromexicana, ñomndaa y mestiza esparcidas entre los pliegues de las regiones Montaña y Costa Chica, las más pobres de Guerrero y del país. Muy pronto Tlachinollan vio ampliar sus trabajos hacia las otras cinco regiones de Guerrero: Acapulco, Costa Grande, Centro, Norte y Tierra Caliente.

Como antropólogo social egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Abel Barrera estudiaba los sistemas de petición de lluvias entre las comunidades indígenas de la Montaña. Hace más de 30 años, los recorridos por las comunidades y la vida cotidiana de Tlapa de Comonfort, –“el corazón de la Montaña”– con la violencia estructural que se ceba con los más vulnerables terminaron por abrirle un derrotero: el de defensor de derechos humanos.

En entrevista con Contralínea, asegura que todo ese andar confluyó en postularse integrar la Comisión de la Verdad. Siempre crítico del poder, encontró una oportunidad de seguir sirviendo a los más vulnerables.

“Este trabajo de defensa y promoción de derechos humanos nos imbuye de ese espíritu que tienen las personas, las familias, pueblos, comunidades, para defender sus derechos.”

Explica que, como antropólogo, en los tiempos en que concluyó su formación en la ENAH, “no tenía claridad de lo que significa estar en una trinchera que la gente no escogió, sino que tiene que estar ahí, resistiendo, organizando, peleando por su vida, su seguridad, su salud, por su educación. Eso lo empecé a ver en la medida en que me adentraba en las comunidades, en el mundo de las familias que han sufrido represión”.

Se trató de una “iniciación” de varios años que irremediablemente le llevó a conocer los graves casos de pueblos arrasados y desapariciones forzadas que son hoy heridas abiertas desde 1960, 1970 y 1980. “Aunque no fuimos parte de este proceso [las luchas de esas décadas], nos consideramos una especie de miembros de ese movimiento de los derechos humanos: alumnos de las familias, de los padres, madres, hijas, hermanas, de quienes aún a 50 años están reivindicando sus familiares desparecidos, torturados, perseguidos, encarcelados, exiliados. Esa historia es dolorosa. Es una historia que es parte de esta herida que llamamos en Guerrero “la herida de la guerra”, que no fue una guerra, sino una acción terrorista de las autoridades contra poblaciones inermes.

—¿Cómo se integraste a la Comisión de la Verdad? ¿Qué te motivó a participar en el proceso?

—La convocatoria simplemente para mí fue una ventana de oportunidad. Aun así, no había tomado la decisión de participar. Compañeras que formaron parte de la Comisión de la Verdad [de Guerrero] me comentaron que sería importante que participara en la convocatoria. No me lo había propuesto. Lo tuve en consideración, y platiqué con los compañeros de aquí, de Tlachi, y dejaron abierta la posibilidad de que yo pudiera participar. Así fue que me animé. Pero también porque sé que hay una posibilidad de empujar esta iniciativa, este decreto, desde acá de Guerrero. Sobre todo porque es un bastión de la lucha por democratizar nuestro país, por la justicia, la verdad. También sentí como un deber y un desafío, un compromiso para poderlo realizar. Eso fue lo que me movió. En verdad me siento muy comprometido con las familias, las organizaciones, los colectivos, los sobrevivientes.

“Ahora que he tenido oportunidad de ir a los diferentes estados como Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, y acá en Guerrero, y que hemos tenido reuniones con los colectivos, en la misma Ciudad de México, la verdad uno se siente pequeño ante la grandeza de tantas familias, compañeros y compañeras que lucharon. Y más, su trayectoria de lucha, casi por 50 años, a su edad, con sus enfermedades, la situación económica siempre adversa, los riesgos, las amenazas… y aún perseveran con ese espíritu inquebrantable y el deseo de justicia, esa contribución para que haya verdad y justicia. Uno no puede defraudar a este gran movimiento nacional, que es como el gran precedente de las luchas que han permitido que se den ciertos cambios, transformaciones, reformas, y también una nueva cultura de los derechos humanos: contra el autoritarismo, la represión, la militarización, contra la impunidad, contra el abuso de poder. El paradigma de los derechos humanos ya nos lo hemos apropiado como mexicanos, pero eso es parte de ellos y ellas, el legado que tenemos y que están vigentes, porque están sus protagonistas.

—Siempre has sido crítico del poder. Has propiciado el diálogo, la mediación, el acuerdo; pero has sido escéptico ante las palabras de los políticos. ¿Qué fue lo que te motivó a, esta vez, participar en una Comisión creada por acuerdo presidencial?

—Son varios factores. En primer lugar, mantuvieron viva la demanda [de justicia] varios colectivos y sobrevivientes en este sexenio con AMLO [Andrés Manuel López Obrador]. Hubo reuniones que tuvieron ellos y ellas con el subsecretario [de Derechos Humanos y Población] Alejandro Encinas sobre la necesidad de que se implementara un mecanismo que impulsara o que le diera una nueva fisonomía a este movimiento de la exigencia de verdad y justicia por parte de las víctimas del terrorismo de Estado. En primer lugar, hubo un trabajo de intercambio de opiniones, planteamientos de parte de los colectivos hacia el gobierno. Entonces, hubo el compromiso de atender su demanda, y ahí fue donde estuvieron trabajando cómo podría ser esta Comisión de la Verdad. Hubo reuniones, pláticas con las víctimas. Es decir, había un respaldo de las organizaciones, de los familiares, hacia la creación de esta Comisión. Obviamente, tratando de que ésta tuviera la fuerza necesaria para que desde un decreto presidencial se empujara que se investigue, sobre todo en el tema de los archivos del Ejército, lo cual es difícil de hacer sin la voluntad política del presidente de la República, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y si él asumía el compromiso, pues es obvio que los militares tienen que obedecer esa orden. Obvio, fue una comisión sui generis, que goza de cierta autonomía.

Abunda en que los colectivos de sobrevivientes y familiares de las víctimas acompañan el proceso y con ellos se han acordado las características del trabajo que se realiza.

“Segundo, que es otro momento histórico, otra etapa en este esfuerzo de lo que ya se hizo antes, con el trabajo de la Femospp, que bien o mal se investigó, se avanzó, hubo un informe que no se publicó como debía de ser. La misma recomendación de la CNDH, que también fue muy importante. Lo que se hizo en Guerrero con la Comisión de la Verdad, y un movimiento vigoroso con una estatura moral viva, vigente. Eso me motivó, saber que también era un cargo honorífico, un servicio.

“Por otro lado, en el estado de Guerrero la situación ha sido muy grave, desde hace décadas: las masacres, los asesinatos, las persecuciones… todo lo que ha sucedido con los militares en términos de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos con las desapariciones, ejecuciones, torturas. Por lo que documentamos desde que Tlachi existe como organización no gubernamental, desde 1994 a la fecha, los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo [violadas por soldados], lo que lograron los compañeros del Centro con los campesinos ecologistas Teodoro y Rodolfo [ecologistas presos y torturados por defender los bosques], obviamente el caso emblemático de Rosendo Radilla [desaparecido por militares por “componer corridos” sobre Lucio Cabañas y Genaro Vázquez], que pertenece al terrorismo de Estado.

“Todo ese bagaje, toda esa lucha, ese movimiento, esa historia de los pueblos, las víctimas, también me motivó. Estamos en un momento óptimo para poder seguir impulsando. Es una coyuntura, una oportunidad, una posibilidad, es decir, en el sentido del decreto que te dan los lineamientos básicos de lo que se busca, de un informe final, para poder dilucidar lo más profundo que se pueda lo que pasó de 1965 a 1990, que es parte de este mandato.”

—¿Se llegará a saber qué pasó con los desaparecidos? ¿Quién ordenó las ejecuciones masivas? ¿Quién ordenó los “vuelos de la muerte” [avionetas desde las que militares y civiles de la Dirección Federal de Seguridad arrojaban personas al mar]?

—Es el gran desafío que tenemos como mecanismo de esclarecimiento histórico. Será muy importante acceder a los archivos. Ya se está accediendo. Esta semana ya se tiene este acercamiento, esta revisión de los documentos [militares]. Hasta el momento hay un ambiente propicio para facilitar la información. Esa es la meta, que se sepa. Es la intención: profundizar y llegar a esos quiebres de la historia, que nos ha dejado en situaciones muy tristes en términos de que la gente no sabe dónde están sus familiares. El caso de Rosendo Radilla es paradigmático. A pesar de la sentencia de la Corte Interamericana [de los Derechos Humanos], se dijera que era un caso que marcó un nuevo derrotero en nuestra vida política, y sobre todo en la lucha por los derechos humanos. Pero al final, no sabemos dónde está Rosendo. Sí, se hacen grandes esfuerzos jurídicos, esfuerzos de instancias internacionales, pero, lo concreto, lo material, saber dónde está Rosendo, si está vivo, muerto… si está muerto, dónde está su cuerpo, todas esas cuestiones de la verdad tangible. Eso será algo importante. Quién ordenó, ejecutó, dónde están los desaparecidos, qué pasó en las instalaciones militares, qué pasó con los “vuelos de la muerte”, sus responsables. Todas esas preguntas son las que están en nuestro plan de trabajo: cómo implementar una metodología apropiada para avanzar con los testimonios claves. A pesar de que [ya] hay muchos, sabemos de la necesidad de que haya más. Al mismo tiempo, de cómo se implementaron estas políticas, tanto de la represión, planes de gobierno, persecución, y una serie de políticas implementadas. Nosotros estamos abocados a que se avance. Esa es nuestra tarea como comisionados: indagar, investigar de manera exhaustiva, escuchar a las víctimas, tener la capacidad de atención, la sensibilidad para entender los momentos, coyunturas, el contexto, los diagnósticos para ubicar cómo se dieron todas esas acciones represivas del Estado.

—A sobrevivientes de este terrorismo de Estado les preocupa que vayan a recabar más testimonios y no se avance más allá de lo que ya se sabe. Y que en 3 años no se pueda salir de ese pantano, con cada vez menos víctimas y perpetradores.

—Lo que puedo decir es que vamos a avanzar. Tampoco es empezar de cero, hay mucha información que ya está de la Femospp, la Comisión Nacional [de los Derechos Humanos], la Comverdad [de Guerrero], muchas investigaciones de académicos, activistas, militantes, muchos diarios de archivos personales donde la gente misma ha documentado. Nuestra tarea es cómo conjuntar toda esa memoria histórica, colectiva, digna. Hay un manantial de información en los archivos del Ejército, porque son ellos los que directamente intervinieron en estas acciones; por eso será fundamental para todos los archivos planteados en nuestro plan de trabajo. Hay que indagar. Es un gran desafío. Tenemos la confianza de que los cinco compañeros haremos alrededor de 40 investigaciones en lo que queda concluir este año, y las demás comisiones que están desde el impulso a la justicia, todo el tema de la búsqueda, reparaciones, memoria, todas esas facetas de la Comisión de la Verdad, sabemos que es un equipo multidisciplinario con gente experta y mucha experiencia. Qué tanto avanzaremos, con qué profundidad, para eso todavía faltan estos meses en que iremos midiendo.

—¿Han platicado ustedes con militares que estuvieron en inteligencia militar o que son responsables de ejecutar, torturar, de cometer este tipo de esas acciones?

—Uno de los puntos de estas reuniones es la invitación formal para que los militares que participaron o estuvieron [en estas acciones] den sus testimonios. Se hará de manera formal. Esto está comunicado. Y como es parte del plan de trabajo, ya se planteó a militares encargados de ese seguimiento de archivo, y facilitar información relacionada con instalaciones militares, para verificar lugares donde hay testimonios de que la gente fue detenida y desaparecida. Dentro de eso también poder abordar con personal militar estos temas. Para nosotros es muy importante, saber cómo participaron. Más allá de que el MP [ministerio público] investigue sus responsabilidades penales, nos interesa saber quién ordenó, qué pasó, qué se hizo, en qué se involucraron los grupos del Ejército para la represión generalizada y acciones terroríficas contra la población.

—¿Qué ambiente encuentran con las Fuerzas Armadas? ¿Hay resistencia a su trabajo?

—Por lo menos en términos formales, en términos de la relación que persiste entre los equipos de trabajo, nosotros como comisionados, y obviamente en el equipo de militares que atienden estos planteamientos y requerimientos ha habido plena disposición. Lo más importante es que se pueda acceder como hasta ahora a los archivos militares. Apenas están los primeros acercamientos, entrevistas. Se ha pedido cierta documentación y se ha facilitado. Nos interesa constatar qué tanto se puede conocer a fondo todos estos acervos, todos estos repositorios. Estamos empezando esta primera semana.

—Ellos insisten en que combatían delincuentes y que los “terroristas” eran los guerrilleros.

—Entendemos que la visión del Ejército, los mandos, y seguro de todo el personal castrense, es que ellos simplemente acataron órdenes y, por otra parte, cumplieron con algunas acciones, algunos operativos: “Nos mandaron a hacer una misión, y nosotros lo hicimos”. Desde la lógica bélica y militar siempre habrá una justificación, una postura de que ellos no cometieron graves violaciones a los derechos humanos, pero para eso se quiere hacer la investigación. Los responsables de violaciones graves difícilmente aceptarán y reconocerán; pero, creo que las experiencias de otros países de las Comisiones de Verdad, con equipos multidisciplinarios, con fuentes, las fuentes del Ejército, los modus operandi, testimonios, mostrarán este panorama de lo que significó la participación del Ejército contra la sociedad, la población, todas las implicaciones que tuvo en términos de graves violaciones a los derechos humanos. No esperamos que en una entrevista un soldado acepte su responsabilidad en una desaparición forzada; nadie lo hará, lo mismo que los civiles que son acusados por delitos y que no aceptan. Para eso están las autoridades, para investigar las evidencias. A nosotros, como mecanismo histórico, nos toca investigar. Para eso hay métodos, herramientas, documentos, testimonios. Nuestra investigación no se reduce a un sí o un no, si participó o no un militar en un operativo. Es parte de pruebas mayores, de contextos, acciones y evidencias que tienen que ver con decisiones, operativos, mandos, cadenas de mando: un sinnúmero de elementos, que no se quedará uno con el simple testimonio. Eso apenas es una referencia básica que puede ser central, hasta la manera en cómo se da el testimonio puede ayudar a dilucidar qué tanto hay de veracidad, o qué tanto hay de opacidad.

—¿Ya pudieron entrar a instalaciones militares? Hay un lugar que interesa mucho a colectivos de sobrevivientes de la Guerra Sucia: “el metro” un sitio en el Campo militar número 1.

—Estamos empezando, es la primera semana. Ahorita se trabaja en conocer los planos de las instalaciones militares, porque como están actualmente, es obvio que tuvieron cambios. No es lo mismo que hace 50 años a lo que hay ahora, se necesita información previa, conocer los planos, todos estos trabajos de ingeniería que se hicieron previamente. Se está accediendo a esos materiales, a esa información para que, a partir de eso, se identifiquen estos lugares: caballerizas, lugares de reclusión, en fin, todo eso… ubican una cancha de básquetbol… trabajar todos esos lugares. Probablemente ya no están, pero viene un trabajo de investigación. Por ahora han sido las modificaciones, los planos, el trabajo de ingeniería hecho a lo largo de 5 décadas. Y ver cómo se modificaron para recrear lo que pasó con algunos familiares que aún recuerdan que estuvieron ahí. Para eso se requiere, después de este trabajo, un recorrido a las instalaciones militares. Estamos empezando en el tema, no hemos profundizado, es algo que es parte de un proceso de reconocimiento.

—¿Basta el trabajo de una Comisión y la voluntad política de un presidente, que concluye su mandato en menos de 3 años, para desmontar el pacto de impunidad transexenal de una institución permanente como el Ejército?

—A nosotros nos toca hacer el trabajo de esclarecimiento e investigación histórica, pero al final de cuentas somos un eslabón de este gran movimiento de derechos humanos de las víctimas que viene de más de 50 años. Esa ola grande, ese gran movimiento, es el que nos permitirá sacar todas esas realidades dolorosas, como las olas del mar, con esa fuerza, que por un lado parecen aguas tranquilas, pero por debajo está la verdadera fuerza, que es la de los pueblos y víctimas; con esa fuerza, esperanza, con ese torbellino, es que nosotros como comisionados tenemos esa certeza de que lograremos avanzar. Obviamente, la voluntad política cuenta muchísimo, la disposición para que podamos acceder a los archivos es fundamental. Está puesta la escena en términos de que las víctimas están todo momento dándole seguimiento, qué avances hay.

“Hay muchos ojos, mucho corazón, mucha voluntad, y creo que eso es el capital simbólico, pero también político y moral de esta Comisión. Por esa razón no podemos desvalorar todo lo que esto significa. Tenemos una alta responsabilidad para estar a la altura de las grandes expectativas que tienen centenares de víctimas. Y que más allá de lo que pasa cotidianamente, y a veces hay ciertos jaloneos, pero creo que tenemos que ir empujando, esa es nuestra tarea, empujar, sobre todo nuestro mandato de hacer la investigación, acceder a los archivos, a los informes, y avanzar con este equipo, en las líneas que nos hemos planteado, y en el plan de trabajo que tenemos para este año.”

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