El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, pasará a la historia por heredar un desastre económico en la entidad por el pésimo manejo de las finanzas estatales.

Debido a esta situación, durante el segundo semestre del 2022, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, 63 denuncias penales correspondientes a revisiones de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y 2020 según el Informe de Actividades del 2022 y el Estado que Guardan las Cuentas Públicas.

Dicho documento se publicó durante el pasado mes de mayo, sin embargo, en este informe  no se precisa cuáles entes públicos son y los montos correspondientes a cada denuncia.

El 26 de mayo del 2022 se presentaron dos denuncias;  el 15 de julio se hicieron las entregas de 48 denuncias; mientras que el mismo mes, pero el día 26, otras 10 denuncias.

Las últimas tres fueron presentadas el día 23 de agosto, todas ante la misma instancia: la Fiscalía Anticorrupción.

De acuerdo los artículos 70 al 74 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, las faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos podrán tener las siguientes sanciones:

Suspensión de 30 a 90 días naturales; destitución, sanción económica;  inhabilitación temporal de 1 a 20 años, según el monto; y de 3 meses a 1 año en caso, de no causar daños y perjuicios, ni exista beneficio o lucro.

De acuerdo con medio locales, Del 2013 al 2022, la ASEC ha presentado más de 430 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y Fiscalía Anticorrupción, todas con base en la revisión de las cuentas públicas, así como también por orden de revisiones específicas derivadas de puntos de acuerdo aprobados en el Congreso del estado.

Las Multas

En dicho informe también se señala que al menos durante el 2022, la ASE  emitió 16 multas por incumplimiento a requerimientos de información y presentación de avances de gestión financiera.

De las 16  multas, 14 fueron por incumplimiento a los requerimientos de información formulados por la ASE y dos por falta de presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera y/o Cuenta Pública.

Dichas sanciones obedecen a faltas dentro de los artículos 11 y 84 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado que establece que si con motivo del ejercicio de las funciones de la ASE se advierte infracciones a dicha ley, ésta tendrá la facultad de imponer sanciones pecuniarias.

Poderes de Coahuila sin dinero para pagar

De acuerdo al  resumen ejecutivo de los resultados del Análisis al Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) correspondiente al primer trimestre del 2023, los tres poderes del estado no contaron con liquidez para satisfacer sus compromisos financieros a corto plazo.

La liquidez es la capacidad que tiene la entidad pública para pagar sus compromisos financieros a corto plazo.

“Al 31 de marzo de 2023, en términos globales los poderes del estado no contaron con liquidez (0.82 pesos), dos poderes no contaron con activos circulantes suficientes para cumplir con sus compromisos a corto plazo, mientras que el restante reveló contar con capacidad de pago”, señala el documento.

Los activos circulares son los recursos controlados por un ente público en términos monetarios y de los que se esperan beneficios económicos y sociales futuros, de fácil disponibilidad, en un plazo menor o igual a doce meses.

El Poder Ejecutivo representado por el gobernador Miguel Riquelme, al 31 de marzo de 2023 y 2022, no tuvo la suficiente liquidez para satisfacer sus compromisos financieros.

El Poder Judicial representado al menos por el Tribunal Superior de Justicia,  al 31 de marzo de 2023, de igual manera, no tuvo la posibilidad de disponer de dinero suficiente para satisfacer sus compromisos financieros; por el contrario al 31 de marzo de 2022 que presentó una liquidez de 1.08 pesos indicando capacidad de pago a corto plazo.

El Poder Legislativo fue el único que demostró capacidad de solventar sus gastos a corto plazo inclusive mayor al periodo correspondiente del 2022. Al 31 de marzo de 2023 y 2022, presentó una liquidez de 3.98 y 1.15 pesos, respectivamente, indicando capacidad de pago a corto plazo en ambos periodos.

Nueve entes no fueron fiscalizados

Uno de los datos que resaltan en los recientes informes de gestión es que nueve entes no fueron evaluados de los 146 que conforman el estado de Coahuila, por diversos motivos.

Entre ellos se encuentran el Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza, mismos que se encuentran en proceso de extinción.

La lista también lo constituye el Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial; Centro de Conciliación Laboral del Estado de Coahuila de Zaragoza; Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, Coahuila:; Instituto Municipal de Planeación de Piedras Negras y el  Instituto Municipal del Emprendimiento de Torreón.

Dos de las nueve que podrían caer en una infracción más grave son la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila y el Instituto Coahuilense de Cultura pues en los pasados periodos no presentaron avances de gestión financiera.

Dichas irregularidades también serían acreedoras a faltas dentro de los artículos 11 y 84 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.

Irregularidades millonarias

De acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gobierno de Miguel Ángel Riquelme ha acumulado erogaciones sin comprobar por el orden de los 6 mil 827 millones de pesos.

El monto pendiente de justificar o solventar, según reportes oficiales de la ASF, asciende exactamente a 6 mil 827 millones 410 mil 053.79 pesos, lo cual significa que el gobierno de Riquelme Solís ha realizado, en promedio, un gasto diario sin comprobar por 3 millones 561 mil 507 millones de pesos.

Dicha información se encuentra en el punto de acuerdo del diputado local Francisco Javier Cortez Gomez que se emitió el pasado mes de abril y en donde exhorta al gobernador a dar una explicación respecto a dichos señalamientos.

La suma total de egresos sin comprobar equivale aproximadamente a lo que el gobierno estatal destinará el 2023 al abono de la megadeuda.

Riquelme, en su primer año fiscal 2018, dejó un monto de 3 mil 555 millones 154 mil 325.13 pesos sin aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación.

Estos recursos obedecían al pago de trabajadores no localizados, ni identificados en sus centros de trabajo; así mismo, se refieren a la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones en servicios personales de cinco entidades públicas del Gobierno del estado de Coahuila.

En 2019 se gastaron irregularmente 416 millones 801 mil 537.76 pesos. Estos recursos estaban relacionados con el pago de trabajos no ejecutados, pagos de 14 acciones de vivienda que no fueron localizadas en la inspección física de obra.

En el 2020, las observaciones sumaron 416 millones 801 mil 537.76 pesos, que corresponden a la falta de aplicación de penas por el retraso en la entrega de bienes del sector salud; pagos a proveedores de los que no se proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2020.

La Auditoría indicó en su más reciente Cuenta Pública 2021 que el Gobierno de Coahuila tenía pendientes por aclarar o recuperar egresos por mil 215 millones 228 mil 629.75 pesos. Detalló además que los recursos se destinaron al pago de servidores públicos que no estaba contemplado en el fondo del que provino el dinero, el pago de intereses al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Hasta lo que va del año, dicho punto de acuerdo es el único que intentó tocar el tema de las irregularidades y fue votado en contra por la mayoría priista de dicho Poder Legislativo.

El próximo mes de noviembre, será la última comparecencia del gobernador Riquelme Solis ante el Poder Legislativo el cual, a lo largo de la Legislatura ha protegido al mandatario estatal y a su equipo de trabajo de auditorías especiales.

2021, el año de las irregularidades históricas

En la tercera entrega de la revisión de la Cuenta Pública de 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo la observación de más de 61 mil millones de pesos por aclarar en todo el país.

De acuerdo con el documento publicado en medios nacionales, las entidades con mayores observaciones durante el 2021 fueron Michoacán, con 13 mil 737 millones de pesos; Durango, con ocho mil 172 millones; Coahuila, con tres mil 261 millones de pesos, y Puebla, con tres mil 244 millones de pesos.

Dicha anomalías y observaciones coinciden con un registro histórico de denuncias ante la fiscalía anticorrupción dentro de esta entidad.

En el 2021, la ASEC presentó una cifra histórica de denuncias, 79 en total. También se incluyeron los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, y representaron un presunto quebranto a las finanzas estatales por más de mil 764 millones de pesos.

Agua para la Laguna

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la tercera entrega de la cuenta pública 2021 anunció que en el proyecto agua saludable para la Laguna en Coahuila y Durango no se realizó la planeación adecuada ya que se incumplieron periodos de ejecución y tampoco se acreditó el cumplimiento del programa de erogaciones por 133 millones de pesos de que dispuso.

El proyecto tenía como fin desarrollar infraestructura para suministrar suficiente agua potable para la población de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca, en Coahuila, y Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo, en Durango, indicó la ASF.

“Consiste en aprovechar las aguas superficiales del río Nazas, mediante la construcción de obra de toma, presa derivadora, planta de bombeo, acueducto, planta potabilizadora, tanques de almacenamiento, líneas de conducción y equipos de bombeo”, apuntó la auditoría de cumplimiento e inversiones físicas realizada a la Conagua.

La ASF determinó que el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debía sancionar  a los servidores públicos que no efectuaron la planeación adecuada.

En marzo del 2021, el gobernador Miguel Ángel Riquelme anunció la creación de la Secretaría de Inversión Pública Productiva (SIPP) bajo la dirección de Gerardo Berlanga Gotés, funcionario relacionado con varias controversias en proyectos inconclusos en Coahuila como el Metrobús Laguna y con adquisiciones de contratos a sus cercanos para el desarrollo de infraestructura.

Dicha instancia no desarrolló ningún proyecto bajo su dirección y la sola existencia de la SIPP costó más de 57 millones de pesos al erario en dos años y medio. Gotés recientemente acaba de renunciar por motivos personales.

Gerardo Berlanga Gotés forma parte del equipo de trabajo de Riquelme desde que éste era alcalde de la ciudad de Torreón, y bajo su dirección, la Secretaría de Inversión Pública Productiva (SIPP) se encargaría de desarrollar infraestructura pública con presupuesto privado  a través de proyectos bajo el concepto de Asociaciones Público Privadas (APP).

Coahuila, endeudado

La apertura de la SIPP fue anunciada en medio de la pandemia de COVID-19 dentro de un estado endeudado y en un año con un gran boquete fiscal según la Auditoría Superior de la Federación.

La principal propuesta de la SIPP es el Corredor Económico Norte: una serie de libramientos carreteros alrededor del estado con un valor de mil 500 millones de pesos. Fue  propuesto un año y medio después de la creación de la instancia y aún es validado por la Secretaría de Finanzas durante el 2023, pues hasta la fecha no se ha dado ninguna actualización pública al respecto.

Sin haber concretado ningún proyecto, el pasado 19 de junio, durante la rueda de prensa semanal, el gobernador Riquelme anunció la renuncia de Gerardo Berlanga, quien de acuerdo a acusaciones públicas por actores políticos de oposición, es un protegido político del gobernador debido a la información que posee de supuestos fraudes financieros.

El gobernador no adelantó el relevo en esa dependencia, pues dijo que el personal puede continuar con el proceso de integración de los expedientes de obra para los libramientos del Corredor Económico del Norte y el proceso de liberación de los derechos de vía.

Dijo que se trataba de dejar listos los procedimientos para que el gobernador electo Manolo Jiménez Salinas iniciara de inmediato con los procesos de licitación cuando él lo decida.

Gasto sin resultados

La sola nómina de esta secretaría cuesta más de 12 millones anuales según el propio Gerardo Berlanga Gotés, quien respondió los cuestionamientos sobre los resultados de trabajo de algunos diputados  durante su comparecencia ante el poder legislativo local en diciembre de 2022.

En los presupuestos de egresos del 2022 y 2023 se le asignaron 20 y 23. 7 millones respectivamente; y para los meses del 2021 después del anuncio de la creación de la SIPP,  se le asignaron 13. 8 millones de pesos según Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.

De la la suma de las cantidades correspondientes a estos periodos resultan 57. 5 millones de pesos, presupuestos que supera por mucho al que se destina a Institutos como el de las Personas Adultas Mayores que sólo durante el 2022 se le asignan 2.6  millones para operar durante todo el año.

En dicha comparecencia, el mismo Berlanga Gotés mencionó que el Proyecto del Corredor Norte fue recibido mediante una propuesta No Solicitada y aceptada por la SIPP después de la validación técnica por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) y en espera de validación financiera por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), proceso explícito en Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila.

Además,  anunció —como resultados de su administración— visitas a plantas recicladoras, análisis de viabilidad técnica, foros de socialización, propuestas de modificaciones a leyes pero no estructuró y desarrolló ninguna APP como también lo marca la Ley Orgánica.

Al solicitar una actualización sobre la validación del Corredor Económico del Norte  a Fernando Gutiérrez Pérez, Coordinador General de Comunicación e Imagen Institucional, no se recibió respuesta.

También se le solicitó al propio Gerardo Berlanga Gotés, vía mensaje, una actualización sobre este proyecto  y tampoco hubo contestación justo el 16 de junio, cuatro días antes de su renuncia.

En la solicitud de información 052768400001422 realizada el 08 de agosto del 2022 para pedir los expedientes técnicos, respecto al Corredor Económico del Norte, la dependencia señaló que los estudios de viabilidad se encontraban en revisión por parte de tres secretarías  por lo que no eran factibles de entregar.

SIPP se creó en plena crisis

Además del reto financiero que significó la pandemia de COVID-19 durante el 2021, año de apertura de la SIPP,  la administración estatal de Coahuila no fue capaz de aclarar el destino de mil 900 millones de pesos de recursos otorgados por la Federación, lo que equivale a casi el 20 por ciento del total de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en todo el país.

En la exposición de motivos enviada al Congreso de Coahuila, el 16 de mayo del mismo año para justificar la apertura de dicha instancia Pública, Miguel Riquelme aceptó que la administración se enfrentaba a múltiples retos como una creciente demanda de infraestructura, necesidad ilimitada de recursos presupuestarios y múltiples presiones a las finanzas públicas debido al endeudamiento.

Los datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia no muestran resultados en ninguno de los trimestres que conforman el periodo del 2021 al 2023 en los indicadores de interés público de la SIPP y que la Ley General de Transparencia exige publicar a todas las instancias gubernamentales.

Para el diputado independiente Rodolfo Walss la creación de la SIPP no era necesaria y obedece a otorgar protección a Gerardo Berlanga Gotés  por parte del gobernador de Coahuila.

Renuncia, se venía venir

Al visitar el edificio de la Secretaría de Inversión Pública Privada, Reporte Indigo constató que la mayor parte se encuentra en obra negra y sin concluir.  Se observa desde las ventanas algunas faltas de infraestructura en los techos de algunos pisos.

Al llegar al piso tres, lugar en donde se encuentran las oficinas de la SIPP, se pidió alguna actualización sobre el Corredor Económico del Norte la cual también se negó.

La funcionaria pública y asistente personal del Ingeniero Berlanga, Pamela Saucedo, anunció que el personal estaba ocupado para poder dar una actualización y pidió regresar en tres semanas cuando exista la designación de un nuevo titular a la Secretaría.

Sobre la renuncia de Gerardo Berlanga Gotés, Rodolfo Walss mencionó que era algo predecible ya que la secretaría no tiene ninguna labor específica y era completamente absurda la posición de Secretario de la misma.

“Esto tiene mucho que ver con el fin de la administración de Riquelme. No quieren que sea motivo de problemas, con tantos señalamientos de corrupción e impunidad durante más de quince años,  pudiera ser un problema para el próximo gobierno”, añadió.

Para concluir dijo que debido a su participación en el proyecto del Metrobús Laguna pudiera ser investigado por una autoridad fiscal para recibir un castigo penal.

Reporte Indigo

El Gobierno de Coahuila que encabeza Miguel Ángel Riquelme Solís, ha desaprovechado durante la actual administración más de 38 millones de pesos que recibió como subsidio de la Federación, y que debían invertirse en la implementación de acciones de búsqueda de las personas que se encuentran desaparecidas en esa entidad federativa.

De acuerdo con registros proporcionados por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, vía transparencia, en el periodo 2019-2022, el Gobierno de Riquelme Solís ha omitido el ejercicio de una suma que asciende en total a 38 millones 496 mil 332.15 pesos, y por lo cual, ha tenido que retornarlos a la hacienda federal.

En estos cuatro años, la administración del gobernador ha recibido en total una bolsa de 218 millones 975 mil 775.52 pesos, como parte del “Subsidio Federal para Realizar Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, lo cual implica que casi una quinta parte de la misma se perdió por no haber sido utilizada por las autoridades locales de Coahuila (el 17.58 por ciento).

El año en que el Gobierno de Riquelme Solís ha tenido que devolver la mayor cantidad de estos recursos al Gobierno federal ha sido el 2020, cuando el monto reintegrado ascendió en total a 15 millones 481 mil 363.19 pesos.

Sin embargo, al considerar que ese año el subsidio total que le fue ministrado al Gobierno estatal, fue de 41 millones 354 mil 923.14 pesos, esto significa que terminó desaprovechando el 37.43 por ciento de todos los fondos federales que recibió para desplegar las acciones de búsqueda de las personas desaparecidas.

Luego del 2020, el siguiente año con más recursos federales sin utilizarse fue el 2022, con 8 millones 789 mil 910.78 pesos; seguido del año 2021, con un monto similar al anterior: 8 millones 647 mil 132.00 pesos en esta condición; y finalmente, el año 2019, con 5 millones 577 mil 926.18 pesos que nunca fueron invertidos para buscar desaparecidos.

Oportunidades perdidas

El “Subsidio Federal para Realizar Acciones de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, que ha sido desaprovechado en una proporción significativa por el Gobierno de Coahuila, se les entrega a los estados para que financien la operación de las Comisiones Locales de Búsqueda, las cuales tienen competencias para desplegar todos los tipos de búsqueda que están previstos en el marco legal.

La Comisión Nacional de Búsqueda expone en su respuesta que el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, prevé diversos tipos de búsqueda que se complementan entre sí: búsqueda inmediata, individualizada, por patrones, generalizada y de familia, por lo que: las autoridades deben ejecutar simultáneamente todas las acciones que el caso amerite y haga posibles (folio 332163723000044).

La falta de aplicación del Subsidio Federal en que ha incurrido el Gobierno de Coahuila, implica que su Comisión de Búsqueda del Estado ha perdido inversiones que pudieron haberla fortalecido tanto en materia de recursos materiales como humanos, o que pudieron haber posibilitado la implementación de más y mejores acciones de búsqueda en esa entidad.

Los distintos tipos de búsqueda que puede desplegar la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, previstos en el Protocolo Homologado referido, consisten en lo siguiente, según lo plantea la Comisión Nacional:

La búsqueda “inmediata”, por ejemplo, permite la activación de las instituciones desde el primer momento de la desaparición, sin importar si hay delito involucrado. La búsqueda “individualizada”, por su parte, se activa cuando ya se presume  la comisión de un delito contra el desaparecido, e implica la apertura de una carpeta de investigación.

La búsqueda “por patrones”, explica el organismo,  parte de que es posible asociar distintos casos de desaparición mediante análisis de contexto; si la conexión se confirma, deben buscarse conjuntamente.

La búsqueda “generalizada” consiste en la recopilación, organización y cotejo sistemático de información sobre escenarios de búsqueda (incluye los cotejos que realizan las autoridades entre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y otras bases de datos gubernamentales).

Finalmente, está la búsqueda “de familia”, que tiene por objetivo restablecer el contacto entre personas extraviadas o incomunicadas y sus familias, y en su caso, restituir restos humanos de las víctimas a sus familiares.

Los rezagos

El 7 de septiembre de 2022, Diana Iris García, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), expuso los rezagos que presenta esa entidad en materia de búsqueda de desaparecidos, durante el Observatorio Internacional de Derechos Humanos que estaba celebrándose.

“La voluntad política que dicen tener no se ve reflejada en el presupuesto ni en el combate a la corrupción ni a la impunidad. Los funcionarios que han incurrido en faltas al debido proceso han sido premiados con cargos en el Poder Judicial, otros ni siquiera tienen investigaciones abiertas ni han sido removidos de sus cargos. (…) Claro que estamos abiertas al diálogo, pero dialogar requiere confianza entre los actores y estar dispuestos a ver las opciones para hacerlo distinto y ustedes no nos han dado señales de confianza”, señaló.

Aunque la administración pública estatal debe prevenir, garantizar y promover que los derechos humanos no se sigan violando, dijo, esto no está pasando,

“La búsqueda, la investigación y la verdad de lo que ocurrió en Coahuila y en México y donde están nuestras familias es la deuda más grande con nosotras.

“Desde las familias vemos que en esta administración se ha avanzado muy poco en cuanto a fortalecer las instituciones para la búsqueda y la investigación, la fiscalía no es autónoma; como desde el 2010 no tienen líneas de investigación de nuestros casos, ni sentenciados, ni a nuestros familiares; ningún gobernador, ni fiscal ha sido investigado ni procesado por lo ocurrido en nuestro estado, por los crímenes de lesa humanidad”, agregó.

Ciudad de México.- La mayoría priista del Congreso de Coahuila autorizó la tarde de este martes al Gobierno de Coahuila reestructurar con los bancos hasta 36 mil 269 millones de pesos de deuda pública estatal por un plazo de hasta 25 años, lo cual extendería los adeudos hasta 2048.

Al autorizar modificaciones al Decreto 404 que autoriza la reestructuración de la mega deuda, los Diputados también autorizaron al Gobierno de Miguel Ángel Riquelme a disponer del 100 por ciento de las participaciones federales, actuales y futuras, para destinarlo al pago de la deuda.

El Congreso de Coahuila había ya autorizado el 21 de diciembre de 2022 la reestructuración de la deuda, sin embargo, aquel decreto 404 contenía fallas en su redacción, pues no especificaba el monto a reestructurar ni las participaciones federales que se podían destinar al pago de los créditos bancarios.

De acuerdo con Legisladores de oposición, el Gobierno de Coahuila inició el proceso de reestructura con algunos bancos, quienes hicieron notar las fallas en el decreto original de diciembre, por lo cual el Gobierno estatal envió una nueva iniciativa con las precisiones requeridas por los bancos.

«El presente Decreto tiene por objeto autorizar al Estado de Coahuila de Zaragoza para que a través de la Secretaría de Finanzas reestructure y/o refinancie la totalidad de la deuda pública directa del Estado hasta por la cantidad de 36 mil 269 millones 382 mil 225 pesos», dice el decreto aprobado este martes.

La autorización permite al Gobierno de Coahuila constituir uno o varios fideicomisos, así como modificar los fideicomisos existentes destinados al pago de los créditos que se reestructuren.

El dictamen permite al Gobierno comprometer la totalidad de las participaciones federales para el pago a los bancos, que tan solo en los próximos dos años se estima que sumen 36 mil 141 millones de pesos.

«Se autoriza al Estado para afectar, aportar, destinar, mantener y/o transmitir en forma irrevocable hasta el 100% (cien por ciento) de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones al que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal», dice el texto aprobado.

En 2018, el Gobierno de Coahuila reestructuró 36 mil 559 millones de pesos en cinco créditos; dos por 30 años, dos por 25 años y uno por 20 años, es decir, el vencimiento de la deuda era al 2048, misma fecha que podrían tener todos los créditos reestructurados.

«(Los créditos) en ningún caso podrán exceder de 25 (veinticinco) años contados a partir de la celebración de los contratos, la fecha en que el Estado ejerza la primer disposición de los recursos otorgados».

Durante la sesión plenaria celebrada este martes, los diputados priistas no participaron en la discusión ni subieron a tribuna a emitir pronunciamiento alguno.

Rodolfo Walss, ex diputado panista, quien se sumó a la bancada de Morena, resaltó que en 2011 la deuda que heredó Humberto Moreira era de casi 36 mil millones, y ahora, 12 años después, se pretenden reestructurar 36 mil 269 millones de pesos.

«En este gobierno ya se hizo una reestructura hace cinco años. La deuda total era 36 mil 559 millones, hoy la deuda es 36 mil 269 millones, en cinco años hemos pagado, según documentos oficiales, 18 mil millones y debemos prácticamente lo mismo», reclamó.

«La deuda de Coahuila es un fraude en su origen y es un fraude hoy en día. Por eso no les conviene que se acabe, por eso la van a aventar otros 25 años más».

El dictamen fue aprobado con el voto de los 16 diputados priistas, donde votó a favor el Diputado Álvaro Moreira, hermano del exgobernador Humberto Moreira, bajo cuya administración se contrataron los créditos por más de 35 mil millones, la mayoría de ellos con documentos falsificados.

Las obras inconclusas y a sobreprecio son el legado que está por dejar la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien está al frente del estado de Coahuila.

Estas construcciones se localizan en diferentes zonas de la entidad y acumulan una serie de irregularidades que inician desde los contratos celebrados, pasan por la opacidad en los millones que se han gastado para erigirlas y se saltan la rendición de cuentas.

El común denominador que presentan estas obras abandonadas en el norte del país son los múltiples retrasos que han tenido, incluso, varias de ellas han sido inauguradas sin estar 100 por ciento concluidas, por lo que operan sin los insumos necesarios y el personal suficiente, lo que ha derivado en la inconformidad de la ciudadanía.

A esto se le suman las observaciones que han realizado diputados locales y la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los contratos que se celebraron con la iniciativa privada, cuya meta era mejorar la obra pública, el sistema de salud y la movilidad de los habitantes de Coahuila, promesa que está lejos de cumplirse.

Reporte Índigo recorrió tres de los principales proyectos que inició y otros a los que ha dado continuidad la gestión de Miguel Ángel Riquelme en materia de obra pública y movilidad.

Se tratan del Hospital Materno Infantil y el Centro Oncológico, localizados en la ciudad de Saltillo, así como el Metrobús que se prometió para Torreón, el cual sigue sin ver la luz.

Las bolsas presupuestales que se gastaron para estas obras “emblema” para los coahuilenses ascendieron a millones de pesos; sin embargo, hasta la fecha, ninguno de los tres proyectos se ha concretado al cien por ciento.

Es más, dos de ellos enfrentan problemas en su operación y otro está en la congeladora.

El caso más polémico es el Hospital Materno Infantil, el cual fue inaugurado en julio de 2022, pero cuya apertura fue pospuesta durante varios años.

El gobernador Riquelme tomó esta obra como estandarte para mejorar el sistema de salud público en Saltillo y así ofrecer un catálogo más amplio de especialidades para los menores de edad en esta zona del país.

No obstante, a meses de abrir sus puertas de forma oficial, el inmueble luce en el abandono, tiene problemas de mantenimiento y opera muy por debajo del estándar al que se comprometieron las autoridades, pues sus edificios anexos todavía siguen sin funcionar y solo sirven como bodegas para algunos materiales médicos que utilizan los pasantes de medicina y trabajadores.

La fachada de color rosa y morada, por ejemplo, presenta problemas en la pintura. Y la letra M que ostenta el letrero del edificio principal está a punto de caerse.

El costo de dicha construcción fue de aproximadamente 52.7 millones de pesos, de acuerdo con los datos que dio a conocer comunicación social del gobierno el día de su apertura el año pasado.

“No tiene ni un año y las letras del edificio están por desprenderse. El hospital en teoría es nuevo, pero parece que tiene ya varios años de antigüedad”, dice uno de los familiares que acuden al hospital de forma constante.

Por si fuera poco, la edificación de este centro de especialidades para niños de Saltillo enfrenta un deterioro acelerado en varias de sus estructuras a primera vista, esto a pesar de los cuantiosos recursos que se inyectaron para sacar adelante la obra que tuvo demoras en distintos periodos.

Ni siquiera el módulo de seguridad que fue habilitado en la entrada principal se encuentra en operación, pues el pequeño cubículo de cemento permanece en obra negra y es usado como contenedor de basura para las personas que transitan por las calles aledañas.

Al interior del recinto médico la situación no pinta diferente: los baños que se habilitaron no funcionan correctamente y prevalece la mala organización entre los médicos y los familiares, estos últimos pernoctan al exterior del inmueble ante la falta de sillas y espacios para descansar.

“Nos arrinconamos en una de las bardas del hospital para descansar el tiempo que sea necesario.

“Pasamos mucho frío y aunque hemos pedido cobijas nos comentan los de seguridad que no hay suficientes para los familiares de los niños”, afirman padres de familia que montan guardia en la construcción que se levanta en un predio de 37 mil 822 metros cuadrados.

Riquelme y el restaurante Don Artemio

El gobernador de Coahuila tiene una segunda sede de gobierno en la ciudad de Saltillo, desde la que despacha los asuntos de su administración durante la tarde.

El alto funcionario hizo del restaurante Don Artemio su oficina para resolver los compromisos que tiene en la entidad.

Acompañado de sus escoltas y su equipo de trabajo, Riquelme arriba a este restaurante casi todos los días después de las 14:00 horas, para salir hasta altas horas de la noche.

El gobernador es bien recibido en este restaurante de primer nivel, incluso se le destina una sala privada para no ser molestado por los comensales que pudieran reconocerlo.

Este sitio ha ganado popularidad entre la clase política mexicana para cerrar negocios o simplemente reunirse para conversar y procurar acuerdos.

El Metrobús fantasma de Torreón

La ciudad de Torreón tampoco se salva del problema de las obras inconclusas. Ahí se encuentra un Metrobús que jamás existió y por el cual se derrocharon millones de pesos.

Las estaciones se construyeron desde hace años, pero el sistema de movilidad que presumió el gobierno de Riquelme Solís nunca llegó.

Es más, actualmente, estas construcciones han sido vandalizadas, se encuentran en total abandono y hasta son usadas como refugio por personas en situación de calle.

En un recorrido por siete de las estaciones de lo que sería el proyecto de movilidad urbana más importante de la Comarca lagunera, se observa que presentan un severo deterioro en sus instalaciones.

El caso más grave es la Estación Nazas, que se ubica justo en la entrada de Torreón y que tiene derrumbes.

El entronque de esta estación es clave para el proyecto del Metrobús, pues este sitio tiene la función de ser la terminal de los autobuses; sin embargo, solo se encuentra el cascarón de la obra, la cual está repleta de basura y de animales muertos como aves y otras especies.

A unos metros de ahí se localizan las estaciones Juárez y Allende, las cuales también están intervenidas con grafitis y ya enfrentan problemas de corrosión en las secciones de metal.

Los vecinos se mofan cuando se les pregunta por la apertura de este transporte: “Eso nunca va a pasar, es más fácil que aquí deje de hacer calor a que funcione el Metrobús”.

Los comerciantes han aprovechado estos espacios sin usar para depositar su basura, los cuales se encuentran apostados sobre avenidas principales como Boulevard Revolución, además, los vándalos han realizado pintas en paredes y mobiliario que se instaló.

La opacidad

A través de diferentes solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se exigió dar a conocer el proyecto ejecutivo de movilidad a la Dirección de Obras Públicas del gobierno de Coahuila, así como el impacto que tendría. En respuesta, la administración entregó información a medias y confusa.

Desde 2014 la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad reveló que el Proyecto Ejecutivo para el Corredor Exclusivo para el Transporte Metropolitano “Metrobús Laguna” en Torreón, estaría a cargo de la empresa Logit Logística, según detalla el contrato SDRLST-2009035.

A más de siete años de distancia, aún no se sabe con certeza cuál será la participación que tendrá la iniciativa privada y el gobierno estatal para rehabilitar las estaciones que se encuentran en el olvido y subsanar las quejas que existen de los transportistas.

Uno de los más férreos críticos de estos ‘elefantes blancos’ que se han levantado en los últimos años es Rodolfo Walss, diputado local, quien confirma a Reporte Índigo que la entidad está plagada de obras sin terminar y que el gobierno actual es un ejemplo del derroche de recursos públicos de Coahuila.

De hecho, califica el proyecto de movilidad en Torreón como el “fraudebús” debido a las diversas inconsistencias que ha registrado desde su anuncio.

“Es una obra con sobreprecio que está plagada de corrupción y que sigue estancada por razones que se desconocen”, precisa.

Para Walss este proyecto ha sido uno de los tantos que han quedado en la congeladora y de las cuales es responsable en su totalidad el gobierno de Miguel Ángel Riquelme.

“Son construcciones que siguen costando millones y no pasa nada. Las licitaciones se han hecho a modo y con cero transparencia. Pasaron ya casi siete años y seguimos sin tener una fecha clara para la apertura de este sistema de movilidad”.

El otro elefante blanco

Otra de las obras que ha destacado por las carencias y abandono que presenta es el Centro Oncológico de Saltillo, ubicado a un costado del Hospital Materno Infantil, el cual también presumió la gestión actual de Coahuila como un proyecto principal.

Con un gasto superior a los 355 millones de pesos, esta estructura de salud se inauguró en 2017.

Desde entonces, no entra en operación directa debido a la falta de insumos y médicos. Al inicio de su gestión, Riquelme retomó el proyecto inconcluso y firmó nuevos convenios federales para finalizar su construcción.

Pero también, al igual que el Hospital Materno Infantil, este centro hospitalario sigue sin poder brindar un servicio de calidad por las diferentes deficiencias que presenta.

Las condiciones en la que se encuentran estos proyectos se debe en gran medida a los procesos de contratación turbios y a la ampliación de plazos sin justificación por las autoridades.

La serie de irregularidades llamó la atención de la Auditoría Superior de la Federación, que a la postre realizó distintas observaciones al gobierno estatal, las cuales no han sido atendidas.

Pese a los recursos públicos que se gastaron para el Oncológico, en el edificio se alcanzan a notar zonas con material de construcción y obras a medio terminar, las cuales son custodiadas por algunos elementos de seguridad privada.

Para dimensionar el problema de los atrasos deliberados que tienen estas obras hospitalarias y de movilidad en Coahuila, se solicitó la postura de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), pero debido al periodo vacacional de Semana Santa respondieron que no era viable la solicitud.

En su defensa, el gobernador aseguró a principios de 2023, que la falta de apoyos federales han impedido que se concreten las obras en todo el territorio de Coahuila.

“Nos quisieron ahorcar, pero les salió contraproducente”, atizó Miguel Ángel Riquelme.

Por Linaloe R. Flores

En abril de 2021 el gobierno de Miguel Riquelme Solís en Coahuila dio a conocer a los ganadores del sorteo “A los Cumplidos, Coahuila sí los Premia 2021”. La rifa se efectuó entre los ciudadanos propietarios de automóviles que cumplieron con sus obligaciones fiscales de ese año. Entre otros premios, se entregaron 15 Fiat Mobi Like 2021.

En la adquisición de los autos, la administración estatal gastó 2 millones 723 mil 275 pesos sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La licitación se hizo mediante la invitación a tres personas, pero al proceso solo se presentó Automotriz Lagunera S.A de C.V; de modo que esta empresa se llevó el contrato.

El sorteo se convirtió en una paradoja. El mismo gobierno que ese año otorgó premios al buen desempeño de los ciudadanos incurrió en un incumplimiento que a la fecha lo mantiene entre los primeros tres estados con mayores observaciones en la revisión de la cuenta pública de 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con un boquete de 3 mil 261 millones 730 mil pesos.

Michoacán, gobernado en ese entonces por Silvano Aureoles Conejo, está en el primer sitio con más de 12 mil 46 millones de pesos por aclarar.

Durango, en ese año bajo el mandato de José Rosas Aispuro Torres, es el segundo con ocho mil 171 millones de pesos.

De acuerdo con el informe del órgano fiscalizador, a cargo de David Rogelio Colmenares Páramo, hay 61 mil 840 millones de pesos por aclarar, de los cuales 61.8 por ciento correspondió al gasto que la Federación le entregó a los estados y los municipios.

¿En dónde están los focos rojos de Coahuila?

La salud y la educación son los causantes de parte del agujero zanjado en Coahuila por dinero sin comprobar durante 2021. El gobierno de Miguel Riquelme Solís no pudo aclarar el destino de poco más de mil 900 millones de pesos que recibió de la Federación para la mejora de esos sectores.

En salud, según la Auditoría, un punto clave es que la entidad autorizó un aumento en el presupuesto de 824 millones de pesos sin que hasta ahora haya justificado de dónde tomó el dinero y en qué lo usó. Además, el órgano de la Cámara de Diputados detectó que el pago de personal tuvo un aumento de 37 por ciento que no había sido aprobado. En cuanto a educación, el faltante de los recursos del gasto federalizado transferidos a las universidades públicas estatales es de 693 millones 282 mil pesos.

Reporte Indigo

Ricardo Mejía Berdeja, precandidato a la gubernatura de Coahuila por el PT, acusó al gobernador de la entidad Miguel Ángel Riquelme de sabotear su precampaña y demandó un cese “a la persecución política” en su contra.

El exsubsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) afirmó que el moreirato ha enviado a grupos de choque a sus eventos con la finalidad de romper el orden, para darle una ventaja a Manolo Jiménez, candidato de la Alianza Va por México.

Un grupo de agitadores arribó a tres eventos, entre los cuales se encuentra el arranque del proceso electoral, para confrontarlo. Además, responsabilizó al mandatario de los próximos grupos de choque que ataquen a su campaña.

“Cualquier evento que se boicotee, cualquier acción o amenaza a su servidor y operadores se llama Miguel Ángel Riquelme”, agregó.

El exsubsecretario detalló que han boicoteado sus eventos en ciudades como Saltillo y Parras de la Fuente; al igual que indicó que han identificado que la policía local ha retenido camiones en los que se encontraban a bordo sus simpatizantes.

También recordó que en un evento un hombre de apellido Otero comenzó a ofenderlo encima de la tarima, a quien han señalado de ser  operador de Manolo Jiménez; mientras que en Parras un sujeto identificado como “El Tapón” lo encaró y agredió.

A la par, agradeció a sus simpatizantes respaldar su candidatura, la cual se encuentra bajo muchos ataques e inclusive lo “sacaron de las garras” en el último evento.

Por su parte, el PT informó que tomará acciones legales en contra de los ataques, al igual que solicitó a la autoridad electoral que les atienda para darle seguimiento a los casos.

«Ellos deben tomar cartas en el asunto y nosotros reiteramos la denuncia pública y acusamos una intromisión de las altas esferas en este estado”, sostuvo.

La Hoguera

En 2021, el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, en Coahuila, dejó marcadas sus finanzas por un agujero negro.

La administración estatal no fue capaz de aclarar el destino de mil 900 millones de pesos de recursos otorgados por la Federación, lo que equivale a casi el 20 por ciento del total de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la cuenta pública de ese año en todo el país.

Pero ese no es el único foco rojo que se encendió con el uso del dinero público del gobierno coahuilense.

Múltiples empresas con antecedentes de colusión y con antecedentes de mal desempeño resultaron beneficiadas con contratos millonarios de la estrategia de asistencia alimentaria en la que el gobierno de Riquelme Solís concentró sus esfuerzos políticos, así como el gasto público.

Los grupos afectados por la pobreza y la pobreza extrema —el 22.5 por ciento de la población en 2018, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social– se convirtieron en el objetivo principal de las compras públicas durante 2021 en Coahuila, de acuerdo con una revisión en Compranet.

Ese año, la administración coahuilense erogó mil 377 millones 112 mil 23 pesos en 104 contratos.

Para insumos alimenticios y despensas fueron destinados 835 millones 87 mil 638 pesos en 11 contratos; es decir, el 60.6 por ciento de las erogaciones, según lo publicado en Compranet.

En estas compras públicas participaron el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Finanzas.

Se adquirieron insumos para los programas Apoyo a familias coahuilenses, Adulto Mayor en Abandono y desayunos escolares, así como equipo y artículos básicos de cocina para Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales.

Las empresas

Dominus Messico S.A. de C.V. se llevó la mayor tajada con un único contrato por 611 millones 564 mil 800 pesos.

Esa contratación fue la mayor y además representó el 73.2 por ciento de lo destinado a la adquisición de alimentos para la asistencia social.

No es la primera vez que Dominus Messico S.A. de C.V. resulta ganadora en una estrategia gubernamental de un estado en la distribución de alimentos a poblaciones vulnerables.

En 2018 también se coronó en Zacatecas como ganadora con más contratos y dinero en el entonces gobierno de Alejandro Tello (2016-2021) para suministrar alimentos de programas sociales.

Ejecución deficiente

No obstante, también se convirtió en una de las partícipes de un fracaso.

En el informe de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas sobre la revisión de la cuenta pública de 2018, quedó asentado que la ejecución de los recursos públicos de esa estrategia a cargo del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia careció de eficiencia debido a licitaciones con irregularidades.

Otra empresa beneficiada en Coahuila fue Distribuidora y Servicios Integrales de Coahuila.

Según el órgano fiscalizador, ha ganado contratos durante más de una década en la entidad del norte mediante la simulación de competencia.

Ante el pastel de contratos de Coahuila, Distribuidora y Servicios Integrales ganó el contrato cuya licitación llevó la identificación CE-905040987-E7-2021 para proporcionar desayunos escolares.

A cargo del proceso, el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), no presentó investigación de mercado que comprobara la existencia de por lo menos tres probables licitantes, indicó la ASF en su informe sobre la revisión de la cuenta pública de 2021.

Intoxicación en Puente Grande

De igual manera está el caso de Productos Serel, protagonista de un cuadro de intoxicación en el penal de Puente Grande, Jalisco, uno de los más numerosos en la última década en los centros penitenciarios de México. Del gobierno de Coahuila obtuvo un contrato por ocho millones 365 mil 561 pesos.

El otro participante fue el Centro de Estudios Estratégicos para la Competitividad, que por seis millones 235 mil 500 pesos, se encargó de la logística para las entregas de alimentos en cinco mil 762 puntos en los 38 municipios de Coahuila en la operación del programa: Apoyo a familias coahuilenses.

Personas beneficiadas

Las personas físicas que obtuvieron contratos de la estrategia alimentaria de Coahuila fueron Gerardo Hernández Sandoval y José Alfredo Martínez Sánchez.

El primero proporcionó equipo y artículos básicos de cocina para el programa Cocinas populares y unidades de servicios integrales.

El segundo vendió despensas para la operación del programa Adulto Mayor en Abandono.

Los otros gastos de Riquelme

Coahuila permanece marcado por la falta de explicaciones de lo que se hizo con los mil 900 millones de pesos que recibió de la Federación en 2021, de acuerdo con las 17 auditorías que se le aplicaron en la revisión de la cuenta pública de ese año.

La mayor parte del boquete –mil 291 millones de pesos– corresponden al sector salud. El dinero que provino del Gobierno federal debía apuntar a mejoras en el servicio. Pero lo registrado en Compranet indica que esa área no fue la prioritaria.

De 104 contratos, 31 conciernen a los servicios de salud por una suma de 147 millones 808 mil 444 pesos, lo que es 5.6 veces menos que lo usado en la estrategia de asistencia alimentaria.

En ese año, diversas variantes o mutaciones del virus SARS-CoV-2 hicieron que la pandemia de COVID-19 permaneciera, lo que provocó la caída de los mercados financieros y un freno de la recuperación económica.

Para diciembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud había aprobado 29 vacunas bajo diferentes especificaciones para su uso.

Ignora la pandemia

El gobierno de Coahuila no acreditó una sola compra para atender la emergencia sanitaria. Lo que se encuentra ese año son suministros de gases medicinales, servicio integral para el banco de sangre del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, contratación de anestesia, adquisición de ropa hospitalaria, instrumental para cirugías y fumigación para hospitales, entre otros.

En el ámbito de la salud, la empresa con el contrato más grande, de 34 millones 482 mil 377 pesos, fue Praxair México S de RL de CV.

Dudas en la UAdeC

La otra parte sobre la que el gobierno estatal debe dar explicaciones, es respecto a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

En esa institución, el órgano fiscalizador detectó anomalías por 693 millones de pesos. En Compranet no hay un solo contrato que se refiera a la casa de estudios.

El gobierno también gastó en pavimentación asfáltica, servicio de fotocopiado, adquisición de paquetes de útiles escolares para alumnos de educación básica y de vehículos para el sorteo: “A los cumplidos, Coahuila sí los premia 2021”.

De acuerdo con la página oficial del gobierno, en abril se entregaron 15 automóviles Fiat Mobi Like 2021. Mientras, Coahuila pasaba marcada en rojo a los historiales de la ASF.

Cuentas sin cuadrar

Más allá de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, los números no cuadran en Coahuila respecto al Hospital Materno Infantil, una unidad médica ubicada en Saltillo.

El 14 de noviembre de 2017, el entonces gobernador Rubén Moreira Valdez, publicó en el Periódico Oficial que se instalaría ese hospital con el fin de reducir los altos índices de mortandad de mujeres embarazadas y de recién nacidos; sería un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud del estado y con facultades específicas.

El 28 de noviembre de 2017, Moreira publicó en su cuenta de Twitter: “Entregamos el edificio y equipo del nuevo Hospital Materno-Infantil. Empieza el proceso para (el) inicio de operaciones”.

Pero Miguel Ángel Riquelme Solís, el gobernador siguiente, quien tomó protesta el 1 de diciembre de ese año, informó en cada uno de sus informes de gobierno que la construcción del centro de salud continuaba con varias inversiones.

En el primero (2018), sostuvo que se invirtieron 53 millones de pesos en “la continuación de la construcción” del hospital.

En su segundo informe (2019), Riquelme Solís expuso que se continuaba con esa edificación para la cual se destinaron 53 millones de pesos.

La tercera vez ante el Congreso (2020), el gobernador también reportó que los trabajos del hospital seguían. Esta vez la inversión fue de 44.4 millones de pesos.

En el cuarto informe (2021) dejó asentado que se continuaba con la construcción del Hospital Materno Infantil con una inversión de 53 millones de pesos.

Para el quinto informe (2022) reportó que varias áreas del hospital fueron terminadas con 8.3 millones de pesos.

El diputado independiente Rodolfo Walss Aurioles, interpeló la última intervención del mandatario estatal y expuso un presunto fraude respecto al hospital.

En tribuna, sostuvo que las inversiones reportadas no fueron realizadas. Sus evidencias fueron dos contratos pedidos a través de los mecanismos de transparencia, uno por 44 millones de pesos y otro por cinco millones de pesos.

No obstante, en Compranet no hay registro de ningún contrato que se refiera al Hospital Materno Infantil.

Reporte Indigo

La administración del priista Miguel Ángel Riquelme Solís ha provocado una crisis financiera en el estado de Coahuila, en donde los desfalcos de los recursos federales y las anomalías en los gastos estatales fueron exhibidos por la Auditoria Superior del Estado (ASE), en su última entrega del Análisis de la Cuenta Pública de 2021.

Con la presentación del informe anual de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2021, que rindió el Auditor Superior de Coahuila,  Manuel Rodríguez Briones, el mes pasado, dio a conocer que se llevaron a cabo mil 797 auditorías en el tema de cumplimiento, inversión y obra pública, legalidad, desempeño y financieras, cuyos resultados dieron como resultado observaciones en el ámbito estatal por 4 mil 483.45 millones de pesos, mientras que en el municipal 2 mil 222.68, lo que da un total de 6 mil 706.13 millones de pesos que no han comprobado los entes públicos con afectación directo al erario.

De las  irregularidades por más de 6 mil 706 millones de pesos en el estado de Coahuila que encontró la Auditoria Superior del Estado (ASE), se detectó que 900 mil 616 millones 905.25 pesos corresponden al Poder Ejecutivo encabezado por el priista Riquelme Solís, por lo cual su administración tendrá que aclarar el destino del dinero que el Gobierno Federal le entregó y el cual no pudo justificar su destino, según una nota publicada por Reporte Indigo. 

Entre las anomalías detectadas en Análisis de la Cuenta Pública de 2021, se encuentran pagos a terceros ejercidos pero “cancelados”, “no localizados” y “duplicados“, así como erogaciones a personas físicas que prestan sus servicios como empleados y a su vez son prestadores de bienes y servicios en la misma entidad.

También, la Auditoria estatal detectó nóminas duplicadas y el pago de “servicios personales” que no aparecen en los registros contables.

El monto más elevado se encontró en los registros contables que integran los capítulos de “Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Inversión Pública, Participaciones y Aportaciones y Deuda Pública” cuyo importe asciende a 800 millones 245 mil 896.85 pesos.

Además, las observaciones de la fiscalización revelaron un hallazgo de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitidos y recibidos por pagos a terceros en su formato “XML”, que se encuentran con “estatus de cancelado” en el postal del Servicio de Administración Tributaria, cuyo importe asciende a 35 millones 669 mil 192.08 pesos.

La Auditoria detectó anomalías por 36 millones 282 mil 548.58 pesos, que se generaron por los pagos de servicios personales subordinados que defieren de los registros contables que integran el capítulo de Servicios Personales.

Finalmente, la Auditoria detectó 27 millones 629 mil 887.09 pesos por CFDI emitidos de pagos de nóminas que se pagaron durante el mismo periodo de tiempo dos o más veces.

El auditor Rodríguez Briones explicó que es difícil que un organismo no compruebe dichos gastos, ya que están obligados a generar los CFDI y todas las operaciones que se realicen deben tenerlo,  por lo cual considera que no son temas de comprobación  sino que son temas de justificación de la comprobación que deben hacer de las compras, adquisiciones y demás.

“No son temas de comprobación, sino de justificación. Tienen que comprobar las compras, adquisiciones y demás (…) Además se encontró que no se aplicó de manera correcta la Ley de Adquisiciones del Estado, que es de las partidas que más engrosan la falta de justificación del gasto en las auditorias practicadas incluso se pagaron obras que no están ejecutadas”, detalló Rodríguez Briones.

Por su parte, la Auditoria Superior de la Federación (ASF), reveló que luego de 17 auditorias realizadas en Coahuila.  la administración de Riquelme no puedo aclarar el destino de casi 2 mil millones de pesos que le otorgó el Gobierno Federal, los cuales debieron ser destinados a salud y educación en 2021.

Además de que la administración de Riquelme no ha podido  justificar el destino de los recursos que el Gobierno Federal otorgó a Coahuila, el Reporte Trimestral sobre la deuda de las entidades federativas y los municipios, correspondiente al tercer trimestre de 2022, que elaboró el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, demostró que Coahuila fue una de las tres entidades federativas con mayor endeudamiento pre cápita con 13 mil 087.3 pesos.

Gracias al gran endeudamiento que presenta Coahuila, el Instituto Belisario Domínguez concluyó que la entidad se encuentra sin la posibilidad de adquirir mayor financiamiento durante este año. Además, la auditoria que analizó la deuda pública en Coahuila, señaló que la entidad está en semáforo amarillo en indicadores de endeudamiento.

Sin embargo, el gobierno del priista Riquelme recibió la autorización del Congreso local para refinanciar la deuda pública por un monto de hasta 36 mil 309 millones 183 mil pesos hasta los años 2038, 2043 y 2048.

Cabe mencionar que este año Coahuila renovará su gobierno y a partir del 1 de diciembre entrará la nueva administración que suplirá a Miguel Ángel Riquelme y tendrá que lidiar con los estragos económicos que deja su administración.

Polemón

Por Gustavo García Torres

“Nosotros siempre hemos pagado puntualmente las prestaciones a las maestras y maestros que por ley les corresponden” (sic).

Además de esa “alocución”, que hasta el mismo Guillermo del Toro habría pagado con oro para ponerla en voz del personaje de su nueva película, Miguel Riquelme “reiteró –dice un boletín emitido por el propio Gobierno Estatal– que su administración ha sido muy responsable en el manejo de las finanzas, que se ha tenido mucha disciplina financiera en los cinco años de ejercicio… Agregó que su administración siempre ha puesto por delante a la base magisterial, que nunca le ha quedado mal…” (recontra sic).

Esa retahíla de “verdades” fue proferida por el Gobernador de Coahuila ante los integrantes de la nueva Directiva Sindical de la Sección 38 del SNTE, a quienes recibió en Palacio de Gobierno el pasado 21 de diciembre, hecho que “por su parte –dice el boletín– la profesora Isela Licerio agradeció al Gobernador por atenderlos luego de haber tomado protesta el pasado 12 de diciembre.”

Asegura el comunicado que la Profa. Licerio manifestó también: “Nos interesa mucho mantener esa relación de respeto y de alianza para poder llevar a cabo las iniciativas que queremos emprender. Agregó que la intención de la nueva dirigencia que encabeza, es de ayudar y colaborar para resolver las necesidades de su gremio.”

En un acto meramente protocolario como el aludido, es evidente que la Secretaria General del nuevo Comité Ejecutivo Seccional optó por responder con la cortesía propia del caso y dejar para ocasión más pertinente la réplica correspondiente a tan reverendas y orondas “verdades” expresadas por el mandatario coahuilense, porque entre “las iniciativas que queremos emprender” seguramente la nueva dirigencia sindical contempla requerir el pago de todas las deudas acumuladas que el Gobierno del Estado tiene desde hace 14 años con las instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación, y exigir también la entrega de las aportaciones pendientes de la actual administración, recurriendo para ello a todos los recursos legales y acciones legítimas que una organización sindical puede realizar con la participación y respaldo de todas y todos los agremiados. Al respecto se augura un panorama difícil para el magisterio, porque la actitud del Gobernador en ese acto revela una posición de intransigencia en cuanto a sus “verdades”, las que a toda costa y por todos los medios tratará de seguir imponiendo, por lo que buscará, según dice el boletín referido, “tener una buena relación con la nueva dirigencia de la Sección 38, ya que para el Estado lo primordial es la estabilidad y el equilibrio”. Estabilidad y equilibrio que para él significan seguir manteniendo el actual estado de cosas, para lo que la dirigencia anterior le fue muy útil.

Esperemos que el manifestado interés de la nueva dirigencia, en voz de la Secretaria General, de “mantener esa relación de respeto y de alianza”, no implique aceptar las “verdades” de Riquelme como  irrefutables y como realidad inalterable.

Los números no mienten.

Deudas históricas de las administraciones pasadas y aportaciones pendientes de entregar por parte de la actual, están registradas en los informes financieros oficiales de la Dirección de Pensiones (DIPETRE) y del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de Coahuila. 

En varias ocasiones, en esta Columna hemos descrito, con datos, referencias textuales, páginas y apartados específicos extraídos de los informes financieros publicados en sitios oficiales, los diferentes montos y conceptos de las aportaciones pendientes; al cierre del tercer trimestre del 2022, según esos informes, adeudan a la DIPETRE más de CINCO MIL MILLONES DE PESOS entre el Gobierno del Estado (el mayor deudor), la UA de C, la UAAAN, el Seguro del Maestro, el FOVI y el Servicio Médico, organismo al que a su vez las mismas entidades aportantes le deben, entre todas, casi 500 MILLONES DE PESOS. Lo anterior, sin contar las aportaciones pendientes al Fondo de la Vivienda y al Seguro del Maestro.

En próxima colaboración daremos cuenta a detalle de las aportaciones que cada una de las entidades obligadas tiene pendiente de efectuar. Como referencia, remito a los interesados a una de las varias Columnas anteriores sobre el tema, publicadas en este espacio: https://www.columnasdemexico.com/el-oscar-para-el-mayor-deudor-a-dipetre/