Miguel Ángel Ferrer

En el año 2007, el gobierno ultraderechista de Felipe Calderón privatizó el sistema de pensiones para el retiro de los trabajadores. De un plumazo, el Estado dejó de ser el rector, responsable y garante del sistema pensionario, el que pasó a ser manejado por varios grupos de capitalistas privados.

De este modo, las pensiones dejaron de ser un sistema de seguridad y protección de los trabajadores para convertirse en el millonario negocio de unos cuantos plutócratas.

Así, las pensiones siguieron la ruta de bancos, ferrocarriles, siderúrgicas, puertos, aeropuertos, carreteras, petroquímica, líneas aéreas y una muy larga lista de bienes nacionales que pasaron al dominio de capitalistas privados.

Al cabo de 20 años, las pensiones, como otros sectores privatizados de la economía, demostraron su incapacidad para cumplir sus ofertas de mejoría social y popular.

Ahora hay que desandar el camino privatizador y volver al sistema estatal. Así lo entienden y desean los millones de trabajadores defraudados por los engaños privatizadores. Al momento, la lucha por retornar al sistema pensionario estatal la encabeza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). 

Y no cabe duda de que los tiempos son propicios. Para empezar, hay en Palacio Nacional un gobierno sensible a la justeza de esta demanda popular.

En segundo término, con la desprivatización de las pensiones aumentaría el respaldo popular y electoral a la Cuarta Transformación entre los jubilados de hoy y del futuro, lo que limitaría las posibilidades de la derecha de retornar al poder por la vía electoral.

Salvo los plutócratas y sus corifeos en los medios de información, ¿quién podría estar en contra de garantizar una pensión digna y suficiente para los trabajadores retirados?

Ahora es el momento de dar el paso desprivatizador. El gobierno de la Presidenta Sheinbaum cuenta con un inmenso respaldo popular y con la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso

Cuenta, asimismo, con la mayoría de los gobiernos estatales y municipales. Cuenta también con el apoyo de las fuerzas armadas. Pero, además, y lo más importante, cuenta con diversas, combativas y experimentadas organizaciones de masas, como la CNTE, dispuestas a dar la batalla por la renacionalización de las pensiones.

Nacionalizar es desarrollar, decían los cardenistas de los años treinta del siglo pasado. Y, como la historia lo demostró, tenían razón.

Por Miguel Ángel Ferrer

¿Sabrá Martí Batres, director general del ISSSTE, que desde el pasado mes de octubre personal de su equipo de trabajo les está exigiendo, con engaños y amenazas, a varias decenas de empleados de ese Instituto la presentación de la renuncia al empleo que desempeñan?

En realidad, la presentación forzada de la dicha renuncia es un velo para disfrazar un despido injustificado. Pero ocurre, y Martí Batres debería saberlo, los despidos injustificados están prohibidos por la ley y son éticamente inaceptables. Y más injustificados y menos aceptables éticamente en un gobierno que se precia de estar al servicio del pueblo, es decir, de los trabajadores.

Es entendible que un gobierno, cualquier gobierno, tenga necesidad, por cualquier razón, de prescindir de los servicios de un empleado o de miles de empleados. Hacerlo es su derecho. Pero no es su derecho hacerlo arbitrariamente y en contra de la ley.

Para hacerlo legalmente tiene que otorgar al empleado despedido la indemnización legal correspondiente. Hasta donde sé, tres meses de salario y doce días por año.

Los trabajadores a punto de ser despedidos afirman no estar aferrándose al empleo o al salario. Sólo demandan que sean respetados sus derechos constitucionales. Y que no los echen a la calle como se hacía en el viejo y podrido régimen del PRIÁN.

Se entiende que no es fácil erradicar del ISSSTE la corrupción y los abusos y malas prácticas heredados del viejo régimen. Y máxime, si como a todos nos consta, muchos priistas y panistas han logrado colarse en Morena y en el gobierno de la Cuarta Transformación.

Pero Martí Batres no es de esos. Es un joven y antiguo luchador social que hoy encarna los esfuerzos por la mejoría y la moralización del ISSSTE. Mejoría que, como a todos nos consta, es un hecho evidente y palpable en los últimos seis años.

Pero, según se ve, esa mejoría en los servicios no está siendo acompañada por la moralización de los directivos del Instituto.

Esta moralización es una tarea ímproba. En su consecución ya fracasaron algunos de los mejores cuadros de la Cuarta Transformación, como Pedro Zenteno, Bertha Alcalde y la mismísima Rosa Icela Rodríguez, hoy secretaria de Gobernación del gabinete de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ahora le toca a Martí Batres “agarrar al toro por los cuernos”, y lograr que los viejos vicios, la inmoralidad y el agandalle del pripanismo desaparezcan definitivamente del ISSSTE.

Por Miguel Ángel Ferrer

Muy recientemente el gobierno de Claudia Sheinbaum realizó tres acciones de enorme importancia para beneficio de México. Primeramente se dió un golpe mayúsculo al negocio del contrabando de mercancías de origen chino.

Mediante un operativo sorpresa fueron decomisados muchos millones de dólares en artículos almacenados y comercializados en pleno centro de la ciudad de México y a la vista de todo el mundo.

Casi simultáneamente Sheinbaum le ordenó al secretario de Seguridad desplazarse por tiempo indefinido a la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, para coordinar los esfuerzos federales, estatales y municipales en el combate a la ola de violencia criminal que azota a esa y a otras urbes y regiones de la entidad.

La tercera acción fue coordinar de modo pacífico y público la disolución de una muy numerosa caravana de migrantes indocumentados de diversas nacionalidades (muchos de ellos con niños) que, habiendo partido de la frontera sur de México, pretendían llegar a la línea fronteriza con Estados Unidos, para lograr la tarea imposible de internarse en la Unión Americana, a fin de sumarse al mercado laboral estadounidense.

Como era de esperarse, los críticos más contumaces e insensatos de Sheinbaum afirmaron que tales acciones del gobierno mexicano se habían dado para responder a las presiones y amenazas de Donald Trump en materia comercial, migratoria y de narcotráfico.

Para empezar el análisis habría que preguntarse si es bueno o malo combatir, hágalo quién lo haga, el contrabando de mercancías. Malo sería tolerar las violaciones a las leyes fiscales.

También debería uno preguntarse si es bueno o malo que desde las máximas instancias gubernamentales se combata coordinadamente la violencia criminal. Malo, muy malo, sería tolerarlas y, más aún, fomentarlas. 

Y en cuanto a la política disuasiva del organizado negocio de la trata de migrantes, Claudia Sheinbaum está haciendo lo que hacía e hizo el gobierno del Presidente López Obrador a lo largo de su sexenio: no maltratar a los migrantes, ofrecerles refugio, protección y empleo en suelo mexicano.

¿Son buenas o malas estas medidas migratorias? Malo sería el reparto de palos. Malo sería acudir a las deportaciones forzadas y violentas y a la negativa de protección, refugio y empleo.

Sheinbaum ha ofrecido a Washington cooperación, lo que se está viendo. Y esa cooperación, como igualmente se está observando, es principalmente en beneficio de México. 

Y si adicionalmente estas políticas públicas evitan conflictos con el gobierno de Estados Unidos, pues miel sobre hojuelas.

Miguel Ángel Ferrer

La fuerte y extendida resistencia a la reforma del Poder Judicial no tiene futuro. Carece de cualquier posibilidad de éxito. Esa oposición está condenada al fracaso tanto jurídica como políticamente. Norma Piña y sus secuaces se han metido en un callejón sin salida.

Hace unas cuantas horas, una jueza de distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, ordenó a la Presidenta de la República suspender y dejar sin efectos cualquier medida o trámite en relación con la reforma judicial, so pena en caso de desacato, de destitución del cargo, inhabilitación para el servicio público, multa económica y hasta nueve años de cárcel.

La Presidenta de México, desde luego, mandó por el tubo del drenaje a la tal jueza y sus absurdas resolución y amenazas. Y la razón es sencilla. La juzgadora no tiene facultades legales para hacer lo que hizo.

Y ahora, ¿qué va a hacer la jueza de marras? Dará vista el ministerio público para que gire una orden de aprehensión contra la Presidenta Sheinbaum? ¿Y quién o quiénes van a ejecutar la orden de aprehensión? 

¿Y si la Fiscalía General de la República tampoco le hace caso a la togada? ¿Qué hará la jueza? ¿Pedirles a las fuerzas armadas que arresten a Claudia? ¿Acatarían el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional esa solicitud sin pies ni cabeza?

¿O pedirá la togada a Washington que mande al Cuerpo de Marines para capturar a la rebelde Presidenta? ¿O le solicitará a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) la expulsión de México del organismo?

¿Y si la OEA también manda por el caño a la incapaz togada? ¿Qué harán la jueza o el Poder Judicial o la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Hacer lo mismo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que ordene y organice una expedición punitiva de Cascos Azules para conducir a la jefa del Estado mexicano a la Corte Penal Internacional en La Haya?

¿Qué más pueden hacer Norma Piña y sus secuaces? ¿Seguir haciendo el ridículo? ¿Seguir siendo los hazmerreir de México y del mundo? ¿Sustituir al muy venido a menos payaso Brozo en la televisión?

Quizá Piña y la jueza de Veracruz puedan en lo futuro dedicarse a la farándula y reeditar el dúo cómico de la Tostada y la Guayaba? ¿O a las Cucáras o a Viruta y Capulina?

“Señor, diría un creyente: dame paciencia porque si me das fuerza, las mató”.

Miguel Ángel Ferrer

Todo cuanto existe en la naturaleza y en la sociedad existe en cierta magnitud, y toda magnitud es susceptible de ser medida. Este aforismo científico es perfectamente aplicable al asunto del desempleo.

Este existe y es cuantificable. Pero no es fácil medirlo. Y menos hacerlo con precisión. A los obstáculos objetivos propios de cualquier esfuerzo de medición científica se suman el desinterés por hacerlo o el interés por no hacerlo. O al menos por no hacerlo bien.

Pero de un modo u otro la tarea se realiza en todo el mundo. En México en los últimos seis años, la tasa de desempleo se ha ido reduciendo significativamente. A tal grado que el país se encuentra entre las naciones con una de las menores tasas de desempleo.

Como el empleo está indisolublemente ligado al ingreso, una baja tasa de desempleo significa que la mayor parte de la población cuenta con un ingreso para solventar al menos sus necesidades básicas.

Aún así, sin embargo, siempre hay personas que carecen de ese ingreso básico y, en consecuencia, su subsistencia depende de lo que los economistas llaman pagos de transferencia. Es el caso de ancianos, y discapacitados.

Esos pagos de transferencia pueden provenir de la familia, de los vecinos, de la caridad institucional  o del Estado. En México ya hace seis años priva este mecanismo de dotación de recursos para personas mayores de 65 años y para discapacitados que no puede catalogarse de ningún modo como caridad pública, y que muy al contrario son considerados un derecho. Se trata en esencia de una modalidad de la llamada mundialmente renta básica universal.

El monto de esta transferencia, también llamada pensión, ciertamente puede parecer insuficiente, pero constituye la diferencia entre comer y no comer. Ahora, para el nuevo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una tarea prioritaria es incrementar el monto de esa asignación monetaria que al momento alcanza los tres mil pesos mensuales, aproximadamente 166 dólares de EU.

El primer paso en pos de una renta básica universal ya ha sido dado. En México, mucho antes que en otros países. Adicionalmente se puede decir que es un camino indirecto para el combate del desempleo.  No es lo mismo un desempleado con pensión que uno sin ella.

Es verdad que todavía persisten críticas a este modo de intervención del Estado en la economía. Pero es necesario decir que se trata de censuras infundadas y preñadas de clasismo y anti humanismo inocultables.

Por Miguel Ángel Ferrer

Lenta pero sostenidamente México se está convirtiendo en un país de ancianos. Nada nuevo bajo el sol. Así ha pasado y está sucediendo en todo el planeta. Japón, Europa y Norteamérica son claros ejemplos. Cada día que pasa crece la esperanza de vida al nacer. 

Ya es más o menos común saber de personas que rebasan los 80 años. Y no son pocos los que rondan los 90. En México, según sabemos, existen algo más de 12 millones de ancianos, también llamadas personas de la tercera edad, es decir, de más de 65 años.

¿Y cómo sabemos esto? Entre otras fuentes socio-demográficas, que suelen ser materia de especialistas, lo sabemos porque a 12 millones de individuos asciende el padrón de beneficiarios del programa de apoyos económicos  en efectivo conocido como programa de bienestar para los adultos mayores.

En este tema no cabe la cifra negra. Cualquier persona del campo o la ciudad que haya cumplido 65 años tiene derecho a recibir y recibe físicamente, sin contraprestación alguna, ese apoyo que en estos momentos asciende a 3 mil pesos mensuales. 

Y esto, independientemente de que el anciano disfrute de cualquier otro tipo de pensión por retiro, edad avanzada o invalidez. Y también independientemente de que esa persona tenga ahorros o propiedades.

Estos datos son de la mayor importancia económica y social, porque la ancianidad es una etapa existencial muy frágil, muy vulnerable. Esa edad hace a la persona susceptible de maltrato, abusos y engaños. En casa y fuera de ella.

El anciano lleva en las canas, las arrugas, el andar lento, la confusión mental, las manos temblorosas, las insuficiencias o deficiencias visuales y auditivas, la desmemoria y la frecuente desorientación, las señales de su condición de alta vulnerabilidad, de potencial víctima del agandalle de los otros.

Y es bastante claro que el anciano que cuenta con cierta independencia económica, como la que le da el aludido programa de bienestar de la Cuarta Transformación en curso, es menos susceptible al agandalle. 

Una isla de paz y tranquilidad en medio de un mar de incertidumbre. Con la salud y la educación universales y gratuitas, el programa de bienestar para los adultos mayores (más otros programas vigentes de parecida índole), en México va creciendo y consolidándose el célebre, pero casi siempre distante Estado de Bienestar, obra cumbre del pensamiento y del desarrollo humano.

Miguel Ángel Ferrer

Como un microcosmos que es de la sociedad mexicana, desde sus orígenes, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han coexistido con diferentes nombres las dos corrientes básicas del espectro político: derecha e izquierda, conservadores y liberales, revolucionarios y contrarrevolucionarios, nacionalistas y polkos, idealistas y materialistas.

Así más o menos estuvieron las cosas hasta 1982. Pero con la llegada del neoliberalismo a México y a la UNAM el relativo equilibrio en ésta se rompió en favor de la derecha, del conservadurismo.

Desde luego, la derechización comenzó en las cúpulas. Las rectorías de Jorge Carpizo, Francisco Barnés de Castro, José Sarukhán, José Narro Robles y Enrique Graue son la prueba palpable del dominio de la ideología y la práctica neoliberales en la UNAM.

Pero poco a poco y con el paso del tiempo el conservadurismo se fue extendiendo a una gran parte de la comunidad universitaria: maestros, trabajadores y estudiantes.

Un ejemplo notorio de este proceso de extensión del derechismo se encuentra en la Facultad de Economía. Hasta antes de la llegada de los neoliberales, en ésta predominaba aquel equilibrio, pero con una muy fuerte presencia e influencia de la izquierda: marxistas, comunistas, lombardistas y keynesianos.

Hoy todo eso es cosa del pasado. Lo mismo en aquella facultad que en el resto de la UNAM. El actual rector y jefe de la mafia universitaria, Leonardo Lomelí Vanegas, es un conservador de cuerpo entero, un decidido defensor de los privilegios de la cúpula, en tanto que mantiene una permanente política de hostigamiento de los trabajadores, la que se expresa fundamentalmente en el castigo a los salarios.

Para la cúpula, altos salarios, premios, becas, vehículos, viajes, restaurantes de lujo y jugosos gastos de representación. 

Por lo pronto, y aparentemente, no se ve fácil que cambie esta situación. Son escasos y esporádicos los movimientos insurgentes. Y hasta el momento no  han llegado los vientos renovadores del obradorismo y de la Cuarta Transformación.

Ahora, con la inminente llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República renacen las esperanzas de un cambio progresista en la UNAM. De un amplio y profundo barrido de la corrupción de la cúpula universitaria y de un renacimiento de las ideas de izquierda, hoy latentes pero opacadas por la ideología neoliberal. 

Por Miguel Ángel Ferrer

De acuerdo con los más recientes estudios en la materia, en México la esperanza de vida al nacer actualmente ronda los 73 años. De modo que si la edad promedio de jubilación son los 65, el jubilado o pensionado puede tener esta condición durante los últimos ocho años de su vida.

La verdad, no parece mucho. Pero también es cierto que en México existen muchos ancianos que superan los 73 años. Hay quienes tienen más de 80, e incluso son numerosos los que llegan a cumplir 90.

Y así, mientras más se alarga la existencia, más necesaria se vuelve la pensión. Y es más urgente la necesidad de que el monto de las pensiones conserven su poder adquisitivo a lo largo del tiempo.

Hace poco se hizo público que en la culta y próspera Suiza fue derrotada una intentona del gobierno neoliberal de ese país por aumentar en dos años la edad de jubilación (de 65 a 67). Y que, en contrapartida, fue aprobada una nueva ley que aumenta la pensión de 12 a 13 mensualidades por año. O dicho de otro modo, a las doce mensualidades se adiciona una especie de aguinaldo equivalente a un mes de pensión.

La lección helvética es clara. La lucha social, es decir, la lucha de los trabajadores, debe encaminarse a impedir aumentos en la edad de jubilación, y debe procurar adicionalmente la reducción paulatina pero constante de ese límite.

Salvadas todas las proporciones que haya que salvar, en México hoy se siguen estas vías. Aquí, el gobierno del Presidente López Obrador está empeñado en garantizar constitucionalmente el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Y en tiempos recientes ha reducido la edad de jubilación de 68 a 65 años.

En México, además, hay otros pendientes en la materia. A la pensión universal que, sin contraprestación alguna, ya se otorga a los adultos mayores de 65 años, es necesario y urgente incorporar al sistema pensionario de la seguridad social a millones de trabajadores que carecen de este derecho.

En este renglón hay que anotar a los trabajadores del llamado sector informal de la economía. No se trata, desde luego, de una tarea sencilla. Pero ya es un buen principio la pensión universal para los adultos mayores establecida desde el año 2000 por el gobierno obradorista en la Ciudad de México y que luego fue ampliado a todo el país. Primero, establecer el derecho, y más adelante convertirlo en realidad. 

Miguel Ángel Ferrer

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, en los últimos seis años, el gobierno de México ha retomado el control y aumentado su participación en muy vastos e importantes sectores de la economía, los llamados grandes medios de producción. Aquí se cuentan, en primer término, las industrias petrolera y eléctrica.

Y también, desde luego, ha crecido la participación del Estado en el sector bancario y financiero. Hoy el Banco del Bienestar, institución pública, cuenta con el mayor número de sucursales en todo el país.

Y no sólo eso. Cuenta igualmente con el mayor número de usuarios o cuentahabientes. Se trata de los beneficiarios de los programas de beneficio social y popular del gobierno mexicano, los que suman varias decenas de millones de personas.

Todo esto ha sido logrado sin acudir al expediente de las expropiaciones. Se ha conseguido por la vía de la inversión pública, es decir, por la utilización del presupuesto gubernamental.

Como es bien sabido, éste se forma básicamente con los impuestos que pagan todos los agentes económicos, es decir, todos los ciudadanos. 
Lógicamente, a mayor número de contribuyentes mayor será el presupuesto. En tiempos recientes la insuficiencia presupuestal era el pan nuestro de cada día. De modo que el camino para aumentar el presupuesto era y es el incremento de la recaudación fiscal.

Y para lograr ese incremento no se optó por el aumento de impuestos ni por la creación de nuevos gravámenes ni por el incremento de las tasas impositivas. Se optó, simplemente, por el combate a la evasión fiscal en sus varias modalidades: el clásico e ilegal fraude al fisco y diversas maneras de evasión legales, como la condonación y la devolución de impuestos y otros privilegios.

Tampoco se acudió a la contratación de nueva deuda pública. Y esto por la sencilla razón de la históricamente novedosa autosuficiencia fiscal, es decir, la holgura fiscal. 

A más recursos fiscales, más obra pública, más gasto social, más y mejor redistribución de la riqueza social, de la riqueza de todos. Más educación, más caminos, más agua potable, más hospitales, más medicinas.

Nada de esto tiene gran ciencia. Es cosa bien sabida en el ámbito personal y social. Solo es necesaria, adicionalmente, una buena y honrada administración. O, dicho en otras palabras, nada de raterías y privilegios. Con esto, la receta está completa. 

Por Miguel Ángel Ferrer

La iniciativa de reforma al sistema de pensiones ya enviada al Congreso de la Unión por el Presidente López Obrador establece que un trabajador jubilado reciba como pensión un monto igual a su último salario devengado cuando se encontraba activo.

Nadie, por supuesto, se atreve en público a cuestionar la justeza de la propuesta obradorista. Ah, pero en privado, las derechas se oponen a ella con el falaz argumento de la falta de dinero para poder pagar las pensiones.

Pero además de mentiroso, el argumento es hipócrita, porque a la derecha lo que en verdad no le gusta es la redistribución de la riqueza social. Preferiría apropiarse, como en la época neoliberal, de esos recursos, aunque los ancianos sobrevivan en la miseria.

Porque, en general, un anciano jubilado sólo recibe un tercio del último salario devengado. Y si bien es cierto que hay pensionados que perciben más que eso, también es verdad que muchos viejos no alcanzan ni siquiera esa raquítica tercera parte.

El problema no es, como lo prueban la teoría y la experiencia económicas, la carencia de recursos. La clave del asunto está en la esfera de la distribución de la riqueza social. O, como se dice en lenguaje popular, del mismo cuero salen todas las correas.

En última instancia una pensión digna es la condición de una vida digna. Pero aunque diga lo contrario, a la derecha le tiene sin cuidado la dignidad de la vejez del pueblo.

Es más: si por la derecha fuera, no debería haber pensiones. Llega incluso a sostener que la longevidad es una carga social insostenible. Y que el problema básico es que la gente vive hoy demasiados años.

La alternativa sería entonces el abandono de los ancianos. No atender sus enfermedades, no darles atención médica, es decir, dejarlos morir. Quién no recuerda aquel filme distópico “Cuando el destino nos alcance” que plantea el suicidio asistido de ancianos abandonados o sin recursos para vivir como condición de sobrevivencia en una sociedad con muchos pobres y un puñado de ricos.

Decir, contra toda evidencia, que la sociedad no dispone de los recursos para darles una vida digna a sus ancianos es una gigantesca mentira. Y, finalmente, una muestra de canibalismo.

En las próximas elecciones de México el pueblo decidirá sobre el asunto. De un lado PAN, PRI y PRD, los partidos de la derecha, con su propuesta caníbal. Del otro, el obradorismo con su proyecto popular, científico, humano y solidario.