Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum nombró “junior tóxico” al empresario y líder moral del PRIAN, Claudio X González Guajardo, éste aseguró que su labor se centra en el “altruismo”, el “activismo social” y el “activismo político”, con lo que descartó ser un vividor a la sombra de su padre: el empresario Claudio X González Laporte, presidente de Kimberly Clark. Lo que no dijo es que las asociaciones civiles con las que está ligado no hacen altruismo, sino que son grupos de presión. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico litiga abiertamente contra la nueva Constitución en sus apartados sobre la democratización del Poder Judicial; mientras que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad continúa con la manufactura de informaciones falsas disfrazadas de “periodismo” e “investigación aplicada”. En 2023, esta última organización gastó 45 millones de pesos en textos destinados a desprestigiar al gobierno de AMLO; 7 millones en su difusión multimedia, y 3 millones en sus campañas en redes sociales, revela su información contable entregada al SAT

El 4 de septiembre de 2024, el empresario Claudio X González Guajardo –apodado como el “junior tóxico” por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo– confesó –en una charla, vía zoom, con integrantes de Va por Todos MX– que andaba “muy apurado persiguiendo los votos” de los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano para que la reforma judicial no fuera aprobada y, con ello, impedir “la deriva autoritaria que enfrentamos” en México.

“Acabo de bajarme [sic] del teléfono celular porque, repito, estamos persiguiendo los votos e intentando amarrar [sic] a las y los 43 senadores de oposición, que permitiría rechazar la reforma al Poder Judicial y eventualmente otras muy lesivas acciones que pretende el oficialismo a través del llamado Plan C”, dijo en la videollamada con la mercadóloga Ana Buhl –cercana al calderonista Max Kaiser– y otros integrantes de Va por Todos Mx.

Con esa declaración, el accionista de la trasnacional Kimberly Clark –y representante de la oligarquía mexicana más antidemocrática­– dejaba al descubierto las verdaderas motivaciones del liderazgo que asumió de los partidos de derecha, especialmente el PRIAN, para defender sus propios intereses, que son contrarios a la voluntad popular que llevó a la Presidencia de la República a la doctora Sheinbaum con caso 36 millones de votos. Además, demuestra que su supuesto activismo político en realidad se basa en métodos de presión. Por eso utiliza el concepto “amarrar” y no el concepto “convencer”, a la hora de narrar su actividad a quienes simpatizan con su causa.

Y la presión a los senadores era fundamental para seguir controlando al Poder Judicial, pues la estrategia de González Guajardo –a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en el primer mes de la administración de la presidenta Sheinbaum– ha sido litigar contra las principales políticas públicas y obras de infraestructura. Para ello, evidentemente, necesita jueces, magistrados y ministros sometidos a esos intereses oligárquicos.

Como Contralínea lo ha documentado, la estrategia legaloide del empresario se ha ejecutado desde dos de sus asociaciones civiles: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Ahora mismo, este último apoya las campañas contra la Constitución reformada en materia judicial, y a favor del golpe aguado que pretende asestar el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Pero no sólo eso. En la videollamada del pasado 4 de septiembre, Claudio X enunció todas las reformas constitucionales del llamado Plan C como objetivos a evitar, incluidas: la “nacionalización de la energía”, la extinción de los órganos autónomos y la supuesta desaparición de un árbitro justo para las elecciones.

Y, de plano, el oligarca confesó: “todos esos, amigas y amigos, son temas que están en la agenda de Morena desde el primer día [diciembre de 2018]. Y hemos logrado bloquear una parte importante de esa agenda a lo largo de estos 6 años. Y nosotros jugamos un rol muy significativo en eso, primero, construyendo esta coalición [del PRIAN] y votando por esa coalición en 2021, lo cual permitió en ese momento equilibrar tablas; y en ese sentido, las reformas constitucionales que ahora pretenden, si no hubiéramos logrado eso en ese momento ni siquiera estaríamos platicando ahorita de tratar de detener la reforma judicial. Ya sería una realidad. Entonces, en ese sentido, hemos ganado tiempo”.

Más adelante se arroga que, junto con muchos mexicanos y mexicanas pararon el Plan A y el Plan B. Cuando en realidad eso lo echó abajo la Suprema Corte, que claramente responde a esos mismos intereses del empresario. Pero esa no es la única confesión que ha hecho Claudio X: el 31 de octubre, a través de su red social en X, escribió: “Es criminal que un país que recauda tan poco (medido como porcentaje del PIB), desperdicie tanto dinero en empresas quebradas como Pemex y CFE, así como en proyectos perdedores como el AIFA, Dos Bocas, el Tren Maya, Mexicana, y tantos otros. Esos recursos derrochados hacen gran falta para combatir la pobreza, para acabar con la inseguridad, para darle calidad a la educación, para universalizar la salud… Entre las muchas taras de Morena, el derroche de recursos públicos es una de las peores”.

Todos esos proyectos fueron combatidos por el empresario con desinformación, y también por la vía legaloide, con decenas de juicios de amparo interpuestos, primero por MCCI –a través de su estrategia #NoMásDerroches, y después por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico.

Millones de pesos para atacar a la 4T

El combate de Claudio X a la cuarta transformación y el humanismo mexicano se mueve con millones de pesos. Tan sólo de enero de 2019 a enero de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera documentó que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad –organización fundada por el empresario– operó con 277 millones 231 mil 517 pesos. De ese monto, la UIF detalla que el gobierno de Estados Unidos –a través de la USAID, brazo de la CIA– donó 96 millones 740 mil pesos a ese grupo opositor que actualmente encabeza María Amparo Casar, exfuncionaria foxista cercana a Claudio X y beneficiada con una pensión vitalicia de Pemex, y a la que cada mes MCCI le paga casi medio millón de pesos.

Otras evidencias del dineral que gasta en este activismo contra el pueblo de México –pues lo hace sin respetar la voluntad de las mayorías y para bloquear la agenda del humanismo mexicano, como el mismo empresario lo ha confesado–, es el reporte que MCCI entregó al SAT en mayo de 2024, correspondiente a su situación fiscal en el ejercicio 2023. En éste se detalla, por ejemplo, que la asociación gastó 55 millones de pesos en sus textos que suplantan al periodismo y en sus supuestas “investigaciones aplicadas” –en su mayoría, contra el gobierno de López Obrador–, así como en su difusión masiva.

De acuerdo con el reporte, MCCI destinó ese monto de la siguiente manera:

Investigaciones sobre conflictos de interés: 3 millones 341 mil 5.29 pesos; investigaciones sobre el uso irregular de recursos públicos, 5 millones 577 mil 775.34 pesos; investigaciones sobre redes de corrupción, 3 millones 559 mil 675.24 pesos; investigaciones sobre impunidad, 5 millones 989 mil 509.29 pesos; investigación aplicada contra la corrupción en el sector privado, 2 millones 806 mil 402.60 pesos; investigación aplicada para fortalecer el estado de derecho, la justicia y la democracia, 10 millones 729 mil 961.32; investigación aplicada para la equidad y concientización de la ciudadanía sobre la corrupción, 2 millones 805 mil 369.11; investigación aplicada para la evaluación de políticas públicas y la percepción ciudadana, 4 millones 499 mil 200.14; investigación aplicada para la vigilancia del gasto público, 4 millones 39 mil 260.20; investigación aplicada para mejorar la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, 1 millón 481 mil 928.29 pesos; así como 3 millones 105 mil 441.86 pesos para difusión masiva en redes sociales; y 7 millones 497 mil 281.52 pesos para “generación de contenido de multimedia”.

Algunos de los textos que publicó la organización y que maquinó con esos millones de pesos fueron: “Triangulan 490 millones de pesos del INSABI a amigo de Andy [hijo de López Obrador, actualmente directivo del partido Morena]”; “El departamento de lujo del Secretario de la Defensa”; “Los viajes del general Luis Cresencio Sandoval”; “Directivo de Segalmex operó en la red de los amigos de Andy”; “Sedatu impuso como proveedor a un amigo de Andy”; “AMLO encargó a amigo de su hijo Gonzalo el Instituto para Devolver lo Robado”; “Las nuevas revelaciones de ‘La Casa Gris’”; “Funcionario ligado al caso Odebrecht firmó 197 contratos en Dos Bocas”; “Asesor de AMLO recibe obra sin licitar por 1,688 millones de pesos”.

Y a ello se suma el costo de las decenas de juicios de amparo que promovió Claudio X González desde el CNLE, organización de la que es consejero. Además del empresario, el consejo directivo está integrado por Luis Asali Harfuch (presidente y quien presta la oficina de su despacho para alojar al Consejo Nacional de Litigio Estratégico), Claudia Aguilar Barroso, Gustavo de Hoyos Walther, Fernando Gómez-Mont Urueta (exsecretario de Gobernación de Felipe Calderón), José Mario de la Garza Marroquín; y Miguel Carbonell Sánchez.

Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección Quién es Quién en las Mentiras de la Semana, exhibió que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) financia a la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín y otras organizaciones de golpeteo político contra la 4T.

Durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, García Vilchis expuso una investigación que reveló el destino de los recursos que recibe MCCI, fundada por el junior Claudio X. González, de parte de Estados Unidos.

La funcionaria exhibió entonces los nombres de las asociaciones financiadas por la agrupación conservadora, entre las que destacó Nexos, del derechista Aguilar Camín, desde donde se dedica a calumniar y demeritar el gobierno de AMLO, y por lo que ha recibido 1.1 millones de pesos de MCCI.

“Estamos viendo el entramado de complicidades de personas que reciben dinero y que, o han trabajado en la administración pública federal (…) o están investigados por la fiscalía por algunos otros delitos”, expuso García Vilchis.

La lista de “asociaciones civiles” financiadas por el grupo encabezado por María Amparo Casar, se completa con:

• Renace, Capítulo San Luis, cuyo dirigente tiene contratos millonarios con un ayuntamiento panista por 1.2 millones de pesos.
• Consorcio Metropolitano Inmobiliario, que es investigada por triangulación de recursos por más de 6 millones de pesos.
• Civicus Consultores, que tiene contratos con el INAI: 1.6 millones de pesos.
• Tojil: 1.5 millones de pesos.
• Causa en común, dirigida por María Elena Morera, quien es defensora de Genaro García Luna: 1.3 millones de pesos.
• Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda S.C. ligada a Mexicanos Primero, que es dirigida por Claudio X. González: 1.1 millones de pesos.
• Plataforma Legal, dirigida por un exfuncionario calderonista y que es investigado por posibles responsabilidades administrativas: 870 mil pesos.

El dinero enviado desde EU no inició cuando se creó la asociación, sino en el año en que AMLO ganó las elecciones en México.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C. (MCCI) recibió importantes cantidades de dinero desde la embajada de Estados Unidos, según reveló Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Además, también recibieron fondos desde cuentas en el extranjero, específicamente de la National Endowment for Democracy, una institución creada por el Congreso de Estados Unidos para financiar movimientos que promuevan la democracia.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad –cuyo presidente fundador es Claudio X González Guajardo– pagó 619 mil 150 pesos por la “nota” de la “casa gris” –que cocinó en sociedad con LatinUs, medio propiedad de la familia del priísta Roberto Madrazo­–, con la que atribuyó por meses un supuesto “conflicto de interés” al hijo mayor del presidente López Obrador y a la empresa Baker Hughes. Otras erogaciones que sobresalen de su información interna son los de sus campañas sucias en redes sociales –el año pasado gastó 2.6 millones de pesos en Twitter, Facebook, Youtube y su newsletter que llega a miles de correos electrónicos– y los sueldos a su órgano de gobierno a pesar de que, supuestamente, es una AC sin fines de lucro: 3 millones 516 mil 529 pesos a su presidenta María Amparo Casar Pérez, y 2 millones 885 mil 757 pesos a su vocero Darío Manuel Ramírez Salazar

Por el texto de la “casa gris”, con el que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) endilgó un supuesto “conflicto de interés” a uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la empresa Baker Hughes –contratista de Petróleos Mexicanos–, la organización pagó 619 mil 150 pesos. Al tiempo, lo promocionó como uno de sus 10 mejores trabajos de 2022. Sus archivos contables revelan que sus campañas en Twitter, Facebook y Youtube –para diseminar masivamente ése y otros trabajos similares disfrazados de periodismo– le costaron 2 millones 664 mil 100 pesos el año pasado.

El de la “casa gris” fue el séptimo “reportaje” mejor pagado el año pasado por ese grupo de presión o lobby fundado por el empresario Claudio X González Guajardo en 2015, bajo la figura de asociación “sin fines de lucro”. Asimismo, contrasta con el salario promedio de reporteros en el país, que en los mejores casos ascienden a 30 mil pesos al mes, pero en la mayoría, alcanza apenas 10 mil pesos mensuales.

Los documentos internos de Mexicanos Contra la Corrupción, a los que Contralínea tuvo acceso, identifican a ese texto de la “casa gris” con la clave: “IP-07-22 investigación periodística sector energético posible conflicto de interés”. Éste se enlista entre otros 34 supuestos “reportajes”, por los cuales la organización sufragó un total de 14 millones 901 mil 75 pesos.

De acuerdo con el Código de “Ética” de la AC –vigente hasta mayo de 2023–, a los autores de esos trabajos que laboran para MCCI se les permitía recibir regalos, dinero y beneficios económicos de terceros a cambio de historias cocinadas de acuerdo con la agenda política de Claudio X, María Amparo Casar y los opositores al gobierno federal. En el argot periodístico, estas prebendas son conocidas como chayotes. Y sólo después de que Contralínea reveló que Mexicanos Contra la Corrupción permitía a sus “reporteros” y directivos aceptar este tipo de sobornos, modificó su código para prohibirlo (el cambio ocurrió el 1 de junio de 2023.

Publicado bajo el título “Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO”, el texto publicado el 27 de enero de 2022 se presentó como una “investigación” conjunta con el portal LatinUs, propiedad de familiares del priísta Roberto Madrazo. Éste formó parte de una intensa campaña mediática que finalmente fracasó en su búsqueda por fijar en el imaginario colectivo la existencia de un caso de corrupción similar a la que en su momento vivió el presidente Enrique Peña Nieto y su entonces esposa Angélica Rivera con la llamada “casa blanca”.

Los otros “reportajes” millonarios

A diferencia de la crisis financiera que enfrentan la mayoría de medios de comunicación en México –que ha llevado a recortes masivos de personal y a una pauperización profunda de la labor periodística, con salarios promedio de 10 mil pesos mensuales–, en Mexicanos Contra la Corrupción abunda el dinero proveniente de dos fuentes: el gobierno de Estados Unidos, y trasnacionales y empresarios opositores al gobierno de López Obrador –como Kimberly Clark, de Claudio X González Laporte, y las fundaciones de Valentín Diez Morodo (Maelva) y Antonio del Valle Perochena (Kaluz).

En 2022, MCCI registra en sus archivos contables ingresos por donativos que suman 32 millones 442 mil 545.92 pesos. De éstos, 14 millones 645 mil 195 pesos se los entregó la agencia USAID, por medio de la Embajada estadunidense en México. Ese monto es similar a su gasto en “reportajes”: 14 millones 901 mil 75 pesos.

De los 35 trabajos con fachada de “investigaciones periodísticas”, tres costaron más del millón de pesos:

1) “IP-04-22 investigación periodística Segalmex-2022”, por 1 millón 469 mil 595 pesos, y que se publicó con el título “Aura: el paraíso inmobiliario de Segalmex”;

2) “IP-29-22 investigación periodística violencia de género”, 1 millón 390 mil 470, con la cabeza “Violencia sin fin” y que, según MCCI, formó parte de un proyecto trasnacional liderado por CONNECTAS;

3) “IP-21-22 investigación periodística transporte colectivo”, 1 millón 293 mil 230, titulada “Podredumbre en la Línea 12”.

A éstas les siguieron otras tres que superaron los 700 mil pesos: “IP-23-22 investigación periodística medio ambiente, 787 mil 600; “IP-27-22 investigación periodística gobiernos estatales-2022”, 729 mil 848; e “IP-06-22 investigación periodística obra aeropuerto-2022”, 707 mil 733 pesos.

Además del texto de la “casa gris”, que fue el séptimo mejor pagado, figura con un presupuesto mayor a los 600 mil el identificado con el folio “IP-19-22 investigación periodística grupo empresarial”, cuyo costo ascendió a 602 mil 551 pesos.

Otros “reportajes” con presupuestos mayores al medio millón fueron: “IP-20-22 investigación periodística Defensa Nacional”, por 599 mil (“La secreta operación limpieza del Ejército en el caso Ayotzinapa”); “IP-22-22 investigación periodística contaminación Petacalco, Gro”, por 563 mil 543 pesos (“La carboeléctrica Plutarco Elías Calles que produce muerte”); “IP-02-22 investigación periodística Odebrecht”, por 541 mil 388 pesos.

Del resto de reportajes, uno ascendió a 404 mil 140 pesos (Conexión México-Watergate); seis costaron individualmente entre 307 mil 348 mil; cuatro se ubicaron entre 229 mil y 288 mil; y las otras 14, entre 123 mil y 185 mil.

“Guerra sucia” en redes

Entre los gastos que más sobresalen en los archivos financieros de Mexicanos Contra la Corrupción está el presupuesto que destina a redes sociales, para que su agenda de carácter político –vinculada al empresariado opositor a la 4T y a los intereses del gobierno de Estados Unidos–  tenga incidencia en la llamada opinión pública o genere “temas de conversación”. A esos propósitos destinó 2 millones 664 mil 100 pesos en 2022.

De acuerdo con su información interna, en la difusión de sus “investigaciones” mediante newsletter gastó ese año 624 mil 540 pesos, con cuotas mensuales de 52 mil pesos. La estrategia digital consiste en enviar una publicación periódica masiva por correo electrónico a cuentas que no necesariamente se suscribieron, pues los proveedores de ese servicio cuentan con bases de datos segmentadas por sectores y grupos de edad a los que los clientes quieren llegar.

Los datos indican que a la difusión masiva de las “investigaciones” en Twitter, una de las redes sociales predilectas de Claudio X y María Amparo Casar, MCCI destinó 761 mil 239 pesos en 2022. Mientras que a Facebook, 645 mil 397 pesos; y a YouTube, 632 mil 924 pesos.

Además, sobresalen gastos multimillonarios en sus llamadas investigaciones aplicadas, con montos similares a los de sus supuestos “reportajes”. Por ejemplo: IA-1-22 percepciones sobre corrupción 2022, por 1 millón 846 mil 345 pesos; IA-20-22 nuestro dinero, por 1 millón 596 mil 851 pesos; IA-22-22 desmantelamiento en el sector público, 1 millón 444 mil 354 pesos; IA-11-22 tratados internacionales anticorrupción, 1 millón 380 mil; IA-8-22 transparencia fiscalías estatales, 1 millón 302 mil 956; IA-12-22 integridad empresarial: grupos focales, 1 millón 131 mil 635; IA-13-22 integridad empresarial: DEI, 1 millón 11 mil 216; IA-3-22 integridad corporativa-mejores prácticas empresariales para prevenir la corrupción 2022, 1 millón 3 mil 997; IA-17-22 toma tu remo, 982 mil 476; entre otras.

El órgano de gobierno

Los archivos internos de MCCI también reportan cuánto le cuesta a esta organización su nómina. Del órgano de gobierno sobresalen los salarios de su presidenta María Amparo Casar Pérez, que en 2022 cobró 3 millones 516 mil 529 pesos (293 mil 44 peso mensuales), a pesar de que la organización se encuentra registrada como AC “sin fines de lucro”, por lo que sus directivos deberían de hacer labor altruista no cobrada.

También está el caso del vocero y secretario Darío Manuel Ramírez Salazar, con un ingreso anual de 2 millones 885 mil 757 pesos; y de Sara Luz González Ortiz, su vocal, que cobró el año pasado 558 mil 641 pesos.

En cuanto a su nómina, Mexicanos Contra la Corrupción reporta contar con 47 empleados, entre ellos “reporteros”, cuyos salarios en total sumaron 23 millones 582 mil 684 pesos. Además, indica que cuenta con 10 personas voluntarias que no cobran por su trabajo.

Otro dato sobresaliente acerca de sus finanzas es el que corresponde al dinero que destina en la especulación financiera. Al respecto, sus estados financieros indican que en 2022 la AC recurrió a inversiones en valores de renta fija con 13 millones 100 mil pesos.

Esto paga Mexicanos Contra la Corrupción por cada “nota” y campaña en redes

Fuente: archivos contables de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

IA: investigación aplicada

IP: investigación periodística

C: campaña

No tiene sustento científico el reportaje “La carboeléctrica que produce muerte” publicado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Así respondió la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante un comunicado.

La paraestatal acusa de que es “un texto que recaba opiniones para desprestigiar a la CFE, en particular a la Central Termométrica Presidente Plutarco Elías Calles, promoviendo acusaciones graves como el ecocidio sin fundamentar científicamente sus afirmaciones“, informó la empresa de electricidad.

La publicación fue realizada el 6 de julio del 2022  y replicada por diferentes medios de comunicación.

Sin embargo, no cita ningún documento oficial o entrevista con alguna autoridad o personal de la CFE, la cual argumenta que Petacalco cumple con la Ley de Aguas Nacionales en cuanto a descargas de aguas residuales y  términos y condicionantes de las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la NOM-001-SEMARNAT vigente.

Atmósfera

Punto por punto la CFE desmintió la publicación de MCCI, una Asociación Civil que fundó y presidió Claudio X. González, también creador de la alianza “Va por México”, que aglutina al PAN, PRI y PRD como opositores del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Respecto de la materia de emisiones a la atmósfera que se refiere en el reportaje, las unidades de generación de la C.T. Petacalco cumplen con la NOM-085-SEMARNAT-2011 donde se establecen los niveles máximos permisibles de emisiones de partículas, monóxido de carbono (CO), bióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx). La central de Petacalco realiza acciones para fortalecer el control de la combustión con el objetivo de controlar las emisiones”, indicó el comunicado.

La CFE argumenta que la central de Petacalco “no ha recibido ningún documento oficial en el que se notifique el inicio de un proceso administrativo o de alguna otra índole en su contra”.

MCCI sacó de contexto un estudio llamado “Estimación de emisiones de mercurio en las plantas carboeléctricas de México”.

“Con ello Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad minimiza el interés y la colaboración de la CFE en este sentido”, expuso la CFE.

Con información de Polemón