Por Luis Piña

Si entendemos la política desde la perspectiva occidental y capitalista, esta se reduce a la disputa por el control del poder económico, social y coercitivo, dejando en segundo plano el bienestar social y la reducción de desigualdades. La lucha no se centra en mejorar la vida del pueblo, sino en fortalecer estructuras de privilegio que benefician a unos pocos.

Durante décadas, esta visión imperó en México. La administración pública no se concebía como un espacio para el servicio, sino como un negocio redondo donde los gobernantes se enriquecían a costa del erario, relegando las necesidades del pueblo a un plano secundario. El Estado se convirtió en un mecanismo para la acumulación de riqueza de la élite política y económica, consolidando un sistema profundamente desigual.

Es evidente que cualquier cambio cultural enfrenta resistencias feroces de quienes se benefician del statu quo. La derecha mexicana, históricamente aferrada a sus privilegios, no ha escatimado esfuerzos para mantener intactos sus intereses, recurriendo a la manipulación mediática, la desinformación y la difamación como herramientas para socavar cualquier intento de transformación.

Desde antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de la Ciudad de México y, posteriormente, a la Presidencia de la República, la lucha política giraba en torno al control de la narrativa pública. El poder económico determinaba el discurso y protegía a sus beneficiarios: los políticos en turno no podían ser cuestionados y, mucho menos, señalados por corrupción o abuso de poder. Es decir, no podían ser tocados ni con el pétalo de una flor.

Sin embargo, todo cambió con la llegada de AMLO. Su gobierno impulsó una transformación profunda que desestabilizó los cimientos del viejo régimen. Ante la imposibilidad de competir con propuestas, la derecha recurrió a la estrategia más ruin de la propaganda: la mentira sistemática. Su política se basa en la desinformación, en la fabricación de crisis y en la generación de pánico social como un mecanismo para preservar sus intereses.

Repetir una mentira hasta que se convierta en verdad se ha convertido en su estandarte. Apelan a la psicología de la repetición: cuanto más se difunde una falsedad, más se internaliza como realidad. Un ejemplo claro fue el informe de seguridad del gobierno de la Ciudad de México que, con estadísticas verificables y el respaldo de la ciudadanía, mostró avances significativos en la reducción de delitos. A pesar de ello, la derecha insistió en que los datos estaban manipulados, sin presentar pruebas ni argumentos sólidos.

Otro caso evidente fue la narrativa sobre la propiedad privada. Se intentó instalar la idea de que el gobierno de Clara Brugada pretendía expropiar viviendas, un discurso basado en una mentira absoluta, sin sustento alguno, pero con una carga emocional diseñada para generar miedo e indignación. Al más puro estilo de la propaganda nazi, se apeló al temor irracional para deslegitimar un proyecto de gobierno que busca mejorar las condiciones de vida de la población.

Lo mismo ocurrió con los programas sociales. Se les tachó de “populismo”, “compra de votos” y “despilfarro” cuando, en realidad, han sido herramientas fundamentales para reducir la pobreza y la desigualdad. Para la derecha, garantizar derechos es un peligro, pues amenaza su monopolio del poder. Por eso, han utilizado la desinformación para convencer a sectores de la población de que mejorar sus condiciones es, paradójicamente, un daño para ellos.

El problema no es solo la mentira, sino su impunidad y la tibieza con la que el gobierno aborda estos temas. La manipulación mediática ha sido una constante en la historia política del país y, en tiempos de redes sociales, las fake news se han convertido en un arma aún más poderosa. La derecha no necesita demostrar nada, solo sembrar la duda, explotar el miedo y aprovechar la desconfianza.

Es claro que permitir que este juego de la derecha avance es peligroso para toda la sociedad. Sin escrúpulos, los panistas y la derecha utilizan estrategias antidemocráticas como el acoso y la criminalización de la prensa libre (caso Salinas Pliego) o incluso promueven una intervención extranjera con tal de mantener sus propios privilegios.

Es necesario que, en el caso del Gobierno Federal, la presidenta Sheinbaum comience a implementar medidas firmes contra quienes utilizan la ilegalidad para atentar, con mentiras, contra el gobierno. Mientras tanto, en el caso del gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada debería controlar la narrativa y no esperar cuatro o cinco días para responder a las mentiras, cuando estas ya han causado estragos.

Por Luis Piña

Se cumplen dos semanas desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, y el panorama mundial no es más que la materialización de lo que ya se preveía: descalificaciones constantes contra gobiernos y organismos internacionales, su victimización ante la crisis de adicciones que azota a su país y su insistencia en posicionar a Estados Unidos como la única potencia militar y económica. Nada distinto a lo que prometió en campaña.

En este contexto, el anuncio del sábado sobre la imposición de un arancel del 25 % a las exportaciones mexicanas tampoco es una sorpresa. Como era de esperarse, las redes sociales y los opinadores reaccionaron con discursos apocalípticos sobre una inminente crisis para México y para Estados Unidos. Sin embargo, más allá del impacto económico que tendrá esta medida, lo que pocos mencionan es la oportunidad histórica que se abre para México.

Hoy más que nunca, México tiene la posibilidad de emerger como una de las potencias económicas más relevantes del continente y del mundo. Actualmente, más del 14 % de los productos que consume Estados Unidos provienen de México. La imposición de aranceles afectará sin duda la economía estadounidense, pero también brinda a México un motivo para replantear su modelo económico y fortalecer sectores clave que han sido abandonados debido a la dependencia del mercado estadounidense.

El neoliberalismo consolidó la subordinación económica de México a Estados Unidos, desmantelando industrias estratégicas y debilitando la producción nacional en favor de importaciones. Sin embargo, este nuevo escenario abre la posibilidad de revertir esa tendencia y convertirnos en una potencia equiparable a China, Rusia o Brasil, e incluso superar a Estados Unidos en algunos sectores.

México dejó de producir ciertos bienes esenciales debido a su dependencia de productos estadounidenses, entre ellos:

• Petróleo refinado: A pesar de ser una potencia petrolera, México dejó de refinar crudo y optó por comprar gasolina, diésel y otros energéticos del extranjero. Es momento de reactivar la refinación nacional y recuperar la soberanía energética.
• Industria automotriz: México es líder en la exportación de autopartes, pero el ensamblaje final de algunos vehículos ocurre en Estados Unidos. Este es el momento de fortalecer nuestra industria y comenzar a ensamblar más automóviles en el país para su venta en América Latina y otros mercados, gracias a la ventaja geográfica que tenemos y la facilidad de acceso marítimo a Europa o Asia.
• Tecnología para la industria: Contamos con universidades especializadas y talento en ingeniería, pero la falta de inversión ha limitado la producción de tecnología propia. Apostar por el desarrollo tecnológico podría convertir a México en un líder en innovación industrial. Bien lo sabe la presidenta Claudia, quien es científica y ha padecido este problema.
• Productos agrícolas: Antes del Tratado de Libre Comercio, México era una de las naciones con mayor producción agrícola. Sin embargo, la apertura comercial llevó al abandono del campo, provocando migración y desigualdad. Si Trump quiere reducir la migración, la mejor respuesta de México es recuperar la inversión en el sector agrícola, impulsar la producción local y fortalecer el mercado interno.

El reto, sin embargo, no es solo económico, sino también cultural. Durante años, se ha inculcado la idea de que Estados Unidos es el centro del mundo y que nuestra economía depende inevitablemente de su benevolencia. Cambiar esta mentalidad es clave para fortalecer una identidad económica independiente y enfocada en el desarrollo interno.

Por otro lado, no se trata solo de resistir los embates de Trump, sino de pensar estratégicamente en el futuro. México tiene los recursos, el talento y la capacidad para diversificar sus mercados y establecer nuevas alianzas internacionales. Mirar hacia América Latina, Asia y Europa puede ser el primer paso para reducir la dependencia de Estados Unidos.

La historia nos ha enseñado que las crisis pueden ser puntos de inflexión. Este es el momento para decidir si seguimos siendo un país que espera con temor las decisiones de un líder extranjero o si asumimos el control de nuestro destino. La pregunta no es si podemos hacerlo, sino si tenemos la voluntad de aprovechar el momento. ¿Nos atreveremos a construir nuestro propio camino o seguiremos esperando que otros nos dicten el rumbo?

Por Luis Piña

Poco a poco, la oposición política de nuestro país y sus seguidores han perdido más el rumbo, incluso comparado con el descontrol que mostraban antes de las elecciones.

Sus argumentos endebles y la desinformación que propagan dejan en claro un clasismo evidente y una lucha desesperada por mantener sus privilegios. No hay en sus discursos una intención real de construir; solo buscan destruir, aferrándose a un pasado que ya no encuentra lugar en el México de hoy.

Resulta casi cómico, si no fuera trágico, que hayan adoptado como inspiración a un personaje tan controvertido, tanto en lo físico como en lo ideológico. Me refiero al presidente argentino, Javier Milei. Una figura que, lejos de representar ideas progresistas, parece un emblema del retroceso.

Utilizar la palabra “libertad” como estandarte es, sin duda, una estrategia efectiva. Sin embargo, su concepto de libertad es limitado, elitista y profundamente excluyente. Para ellos, ser libertario significa defender una familia tradicional única, liberar los recursos del pueblo para que sean saqueados por las élites empresariales y limitar derechos que beneficien a los sectores más vulnerables.

De entrada, es contradictorio que alguien que se proclama libertario esté en contra de la diversidad, del derecho al aborto y de las libertades civiles. ¿Qué clase de libertad es esa que oprime a las mayorías y beneficia solo a unos pocos? Milei y sus seguidores no buscan emancipar a los ciudadanos; buscan perpetuar su dependencia de un sistema injusto.

Es especialmente irónico que en México, los más fervientes voceros de estas ideas sean los del PAN. Ellos mismos que, hasta hace poco, defendían la “liberalización” de los precios de los energéticos y el entreguismo del sector energético al mercado extranjero. Ahora pretenden presentarse como defensores de la economía popular, prometiendo que la gasolina no superará los 20 pesos. ¿Creen acaso que al pueblo se le ha olvidado que fueron ellos quienes provocaron el alza de precios al dejar el mercado sin regulación estatal?

La contradicción es evidente: hablan de libertad cuando les conviene y se olvidan de ella cuando se trata de garantizar derechos básicos. Su discurso es selectivo, su ideología oportunista y su compromiso, inexistente.

El problema no radica únicamente en las inconsistencias de sus propuestas, sino en lo que representan: una nostalgia de un modelo político y económico que ya demostró su fracaso. Milei no es solo un referente fallido; es un recordatorio de lo que no debemos permitir que regrese a nuestra sociedad.

¿Qué nos queda por hacer? No permitir que estos personajes crezcan, seguir luchando por los derechos y el pueblo. Y, por supuesto, no buscar cargos por enriquecerse o por poder. Eso permitirá que continúe la construcción de una nación en la que las diferencias no sean motivo de exclusión, sino de fortaleza. La verdadera libertad no es un eslogan: es un compromiso con la justicia, la igualdad y el bienestar colectivo.

Por Luis Piña

El clasismo es una forma de discriminación basada en la pertenencia o percepción de una clase social específica, la cual implica prejuicios, estereotipos y acciones que favorecen a ciertos grupos sociales. Es algo que todos hemos ejercido alguna vez, incluso sin darnos cuenta.

Este chip es algo que se acentuó durante el proceso neoliberal y que, como tal, hemos arraigado tan profundamente que, de manera inconsciente, lo reproducimos sin detenernos a reflexionar sobre ello. Se trata de un mecanismo social que atraviesa nuestras decisiones, juicios y comentarios cotidianos, consolidando la desigualdad y normalizando la exclusión.

Con la llegada de la Cuarta Transformación (4T), el humanismo mexicano y el proceso de cambio que nuestro país ha llevado en lo económico y cultural, estas estructuras mentales chocan con los nuevos paradigmas. El clasismo, como forma de control y división social, se enfrenta a la propuesta de una visión más igualitaria, donde se busca derribar barreras históricas que han mantenido a ciertos sectores marginados.

Un ejemplo claro es el turismo como derecho social. La idea de que todas las personas puedan acceder a experiencias culturales y recreativas, sin importar su condición económica, golpea directamente en lo más profundo de nuestro pensamiento capitalista. Sin embargo, en lugares como la Ciudad de México, esta visión comienza a abrirse paso, desafiando las nociones de privilegio exclusivista que durante décadas dominaron la narrativa pública.

Bajo esta nueva perspectiva, eventos culturales masivos han suscitado fuertes críticas, evidenciando el clasismo arraigado en nuestra sociedad. Por ejemplo, la reciente contratación de Polymarchs, un reconocido colectivo de música electrónica popular, para la clausura del año en el Ángel de la Independencia. Más allá del costo —12 millones de pesos—, el debate se centra en el estigma que rodea a un “sonidero” como representante de la cultura nacional, obviando su trayectoria y alcance internacional.

En contraste, no habría cuestionamientos si el Gobierno hubiera contratado a figuras hegemónicas de la industria cultural tradicional, como lucero, a un costo incluso mayor. El problema no es el talento ni la capacidad de convocatoria, sino el lugar desde donde se observa: un lente clasista que valora más lo asociado a élites que a expresiones populares. Polymarchs representa un sector históricamente excluido del reconocimiento oficial, y su elección incomoda porque desafía las jerarquías sociales que hemos naturalizado.

El clasismo no es una simple preferencia estética o artística; es un acto político. Cada comentario que descalifica lo popular refuerza estructuras de poder que perpetúan desigualdades. La crítica a la música, la danza o la moda de sectores populares no solo revela un prejuicio, sino un profundo desconocimiento de la riqueza cultural que emana de esos espacios.

Si aspiramos a una sociedad más justa, es imprescindible revisar las ideas que reproducimos. Cuestionar el clasismo es más que un ejercicio intelectual: es una tarea ética. Reconocer y valorar las expresiones culturales diversas no solo enriquece nuestro panorama, sino que construye puentes en lugar de muros.

El clasismo se combate aceptando que todos formamos parte de un mosaico único y complejo. La cultura no debe ser vista desde el privilegio, sino desde su capacidad para unirnos, celebrando lo que somos en nuestra diversidad. Si dejamos de lado las etiquetas impuestas por la desigualdad, descubriremos que lo popular no solo es digno, sino esencial para entendernos como nación. El futuro de México no se construirá desde las cimas elitistas, sino desde el reconocimiento de nuestras raíces compartidas.

Por Luis Piña

Durante el periodo de transición, en las conferencias de prensa matutinas que la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum ofrecía en su casa de transición, recuerdo que le pregunté sobre su estrategia de seguridad y si tenía previsto implementar algo similar a lo que hizo en la Ciudad de México, estableciendo un mando único. Esto, debido a las evidencias de que muchas policías municipales son fácilmente corrompibles y están al servicio de los presidentes municipales en turno.

En esa ocasión, la presidenta Sheinbaum me respondió que, si existían pruebas de que las policías municipales fueran corruptas, se deberían presentar las denuncias correspondientes. No obstante, parece que no fue necesario, ya que la mandataria ya tenía claro lo que se debía hacer.

No pasaron ni dos meses para demostrar que en este gobierno no habrá impunidad. Hace unos días, el operativo Enjambre sorprendió a propios y extraños, cuando, por primera vez y bajo el mando del secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, se detuvo a siete servidores públicos municipales del Estado de México, entre ellos presidentes municipales y secretarios de seguridad.

El operativo Enjambre estuvo principalmente vinculado a municipios del Estado de México como Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Coacalco, Jilotzingo y Texcaltitlán. No es un secreto que, en esta entidad, una de las más grandes del país, la impunidad y el abuso de poder por parte de las autoridades locales han sido moneda corriente.

Municipios como Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, son un claro ejemplo de la influencia del crimen organizado en los gobiernos municipales. Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano, en esta zona, gobernada por el priista Marco Antonio Rodríguez Hurtado, la incidencia de ocho delitos de alto impacto creció durante su administración. El robo a casa habitación fue el que más aumentó en los últimos tres años, con un incremento de hasta el 53%. Sin embargo, también se registró un aumento considerable en otros delitos como robo con violencia, robo de vehículos, robo a negocios, extorsión y robo a transeúntes.

Otro ejemplo claro de cómo el crimen organizado ha permeado la política mexiquense es el caso de Ecatepec de Morelos. La presidenta municipal electa para el periodo 2025-2028, Azucena Cisneros, ha sido señalada en diversas ocasiones por los habitantes del municipio debido a sus vínculos con grupos delictivos. Cisneros, quien fue respaldada por grupos criminales ligados a la extorsión, como el sindicato 25 de marzo y la organización La Chokiza, tuvo a estos grupos acompañándola en sus actos de campaña.

El caso de Ecatepec no es un hecho aislado. En el Estado de México, como en muchas otras partes del país, la presencia del crimen organizado en la política local ha sido un fenómeno constante. La relación entre ciertos políticos y grupos delictivos no es solo un rumor, sino una realidad que afecta la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Es urgente que el gobierno federal, en colaboración con las autoridades locales, logre erradicar estas prácticas para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Un aspecto crucial de este proceso es la implementación de políticas que fortalezcan las instituciones de seguridad y promuevan la rendición de cuentas. Para ello, es indispensable no solo sancionar a quienes se coluden con el crimen, sino también garantizar que los cuerpos policiacos se encuentren bien entrenados, sean profesionalizados y no estén al servicio de intereses personales o criminales. La estrategia debe ser integral y a largo plazo, comenzando con la depuración de las fuerzas de seguridad.

La ciudadanía ha mostrado su hartazgo ante la impunidad y la violencia que azotan a muchas regiones del país. En este contexto, acciones como el operativo Enjambre son un paso importante, pero no suficientes por sí solas. Se requiere un cambio profundo en el sistema de justicia y en la forma en que los gobiernos municipales operan. Solo con un combate decidido y sostenido a la corrupción y el crimen organizado podremos aspirar a un país más seguro y justo para todos.

La lucha contra la corrupción y el crimen organizado no puede ser selectiva ni superficial. El reciente operativo Enjambre demuestra que hay voluntad para enfrentar este flagelo, pero la verdadera prueba de fuego será la capacidad del gobierno de Claudia Sheinbaum para mantener esta línea de acción, erradicar la impunidad en todos los niveles de gobierno y transformar la seguridad pública en un pilar fundamental para el desarrollo del país. Si esto no se logra, estaremos condenados a seguir viviendo bajo el yugo de la criminalidad que ha permeado hasta las instituciones más básicas de nuestra democracia.