Antes de concluir su encargo como presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello conoció el resultado final de la auditoría interna DAOC/06/FI/2021, que revela anomalías en la contratación de organizaciones internacionales, asociaciones civiles y universidades para la supuesta observación electoral, por más de 50 millones de pesos. Las presuntas irregularidades se presentaron entre 2015 y 2021, cuando el ahora promotor de Xóchitl Gálvez presidió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El Órgano Interno de Control documentó, por ejemplo, que los convenios de “cooperación” con las ONG’s no establecieron mecanismos para fiscalizar el destino de los fondos públicos; que hubo gastos injustificados, y que no hay evidencias de todos los reintegros. Aunado a ello, en diciembre pasado la Cámara de Diputados recomendó al INE ya no contratar a las AC, pues se sospecha que algunas estarían presuntamente vinculadas al expresidente del INE, en especial la de la OEA. El de la observación electoral no es el único caso que el OIC documentó: el 4 de abril pasado, el contralor Luis Osvaldo Peralta Rivera denunció ante los legisladores dos casos más que involucran a Lorenzo Córdova: rentas de automóviles por más de 1 mil millones de pesos y la contratación de una “Memoria” de sus 9 años de gestión, que ni siquiera se entregó

Un mes y medio antes de concluir su encargo como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello fue notificado de al menos 24 irregularidades no solventadas por su administración (16 acciones correctivas y ocho preventivas), relacionadas con convenios millonarios firmados con dos organizaciones internacionales –una de ellas ligada a la Organización de Estados Americanos, OEA–, decenas de asociaciones civiles –algunas de ellas, que litigan contra el gobierno de la 4T– y universidades públicas y privadas, para hacer “observación electoral” en los procesos de 2015, 2018 y 2021.

El oficio INE/OIC/UA/045/2023 –del 22 de febrero de 2023 y firmado por el entonces titular de la Unidad de Auditoría, del Órgano Interno de Control (OIC), Rubén Medina Estrada– notificó al ahora promotor de la candidata Xóchitl Gálvez de las diversas anomalías encontradas y no solventadas, entre las que destacan que nunca se establecieron mecanismos para vigilar el uso del dinero público, que hubo gastos injustificados, y que no hay evidencias de todos los reintegros.

El amplio reporte descubre que el INE destinó 54 millones 733 mil 416 pesos del erario a esas contrataciones para la supuesta observación electoral, en los tres procesos electorales (2015, 2018 y 2021) que encabezó Lorenzo Córdova Vianello.

Pero ese presupuesto extraído de las arcas del Instituto Nacional Electoral no fue el único: se aportaron otros 39 millones 500 mil pesos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial (19 millones 500 mil), la Secretaría de Gobernación (15 millones) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales –de la extinta Procuraduría General de la República– (5 millones). Así, a dos organizaciones internacionales se les destinó, en total, 94 millones 233 mil 416 pesos.

De acuerdo con el resultado de la auditoría interna, esos recursos públicos se ejecutaron desde los llamados fondos de apoyo para la observación electoral, a discreción de las autoridades del INE. Y se distribuyeron de la siguiente forma: en 2015, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) recibió 35 millones de pesos; en 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –ligado a la ONU– recibió 28 millones 233 mil 416 pesos; en 2018, el IIDH obtuvo otros 11 millones; y en 2021, este mismo se embolsó 20 millones de pesos.

Esto es que el organismo más beneficiado por este esquema fue precisamente el que está ligado a la OEA: el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con un total de 66 millones de pesos.

Presuntos conflictos de interés

A fines de 2023, en el proceso de aprobación del presupuesto para 2024, la Cámara de Diputados recomendó al INE que no destinara dinero del pueblo a las asociaciones internacionales ni civiles, por considerar que algunas de ellas estaban vinculadas al exconsejero presidente. En especial, los legisladores –incluso de oposición– consideraron tres casos: el del IIDH, el del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el de la International Foundation for Electoral Systems (IFES).

El primero de ellos, por la cercanía de Córdova Vianello con Luis Almagro, que lo llevó incluso a viajar a Estados Unidos en vísperas de la conclusión de su presidencia –en marzo de 2023– para denunciar ante la OEA que, según él, la reforma electoral que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador (y que se conoció como Plan B) afectaba “la integridad de la organización de las elecciones y la certeza y confianza con la que deben organizarse los procesos electorales”.

En aquella reunión, el ultraderechista Almagro lamentó que la institucionalidad de México “esté en riesgo”. Discurso que, por cierto, coincide ahora con las peticiones de algunos grupos de derecha para que se anulen las próximas elecciones, lo que el propio AMLO denunció como intento de golpe de Estado técnico.

En el segundo caso, porque al concluir su presidencia en el organismo autónomo electoral, Córdova Vianello se reintegró al Instituto de Investigaciones Jurídicas como investigador titular B. Según la máxima casa de estudios, el doctor en derecho nunca se retiró del todo del IIJ, pues estuvo de permiso mientras se desempeñó como titular del INE.

Y en el tercer caso, porque el propio Lorenzo Córdova presume en su perfil de la red social X ser miembro del Consejo Directivo de la International Foundation for Electoral Systems. Ello, aunado a que el 18 de mayo de 2021 –y en su calidad de presidente del Instituto Nacional Electoral– firmó con la IFES un memorando de entendimiento para “promover la democracia electoral”.

El rechazo de la Cámara de Diputados a que el INE siga financiando  organizaciones sesgadas quedó evidenciado el 16 de diciembre de 2023, en la sesión ordinaria del Consejo General de ese Instituto –en la que se discutió y aprobó su presupuesto–. Ese día, el representante del Partido Revolucionario Institucional, Hiram Hernández Zetina, señaló que “el tema de fondo no es el concepto de la observación electoral, sino la sospecha de que por medio de una triangulación de recursos opaca, de organismo internacionales a organismos nacionales, en donde están ligados exfuncionarios de este Instituto en un claro conflicto de interés, hay que decirlo, pues que esta triangulación de recursos provoque que haya una camarilla que se beneficie de fondos que deben ser usados para la observación electoral, no para beneficio personal”.

El legislador priísta acusó que “entre los años 2018 y 2021 se han entregado más de 120 millones de pesos a través de organizaciones internacionales, como el IFES, o IDEA Internacional, entre otros. Para este 2024 se quieren distribuir más de 18 millones de pesos, y precisamente en este último organismo colabora un exfuncionario del INE que se encargaba de otorgar dichos recursos.

“La mecánica es simple, se otorgan recursos a estos organismos internacionales pero no se quedan ahí, hay que decirlo, de esos organismos internacionales esos recursos se dispersan a organizaciones mexicanas, cuya lista actualizada nos dice que hay un claro sesgo por ayudar a organizaciones con intenciones políticas y partidarias. Algunas asociaciones supuestamente civiles como éstas son, por ejemplo, la Alianza Cívica, la COPARMEX, el INCIDE Social, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, y yo no entiendo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre muchas otras.”

Por su parte, el consejero del Poder Legislativo de Morena, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, declaró ante los consejeros electorales presididos por la maestra Guadalupe Taddei: “en la Cámara de Diputados no estaríamos de acuerdo, y no estamos de acuerdo, y por eso hicimos esa consideración en que algunos de esos recursos se triangulan a través de ONG’s para que vayan a dar al Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde está Lorenzo Córdova. En eso no estamos de acuerdo, y no lo vamos a permitir. […] Queremos que esos recursos, en todo caso, tengan un fin eminentemente indispensable para la función electoral.

“No vamos a permitir esa triangulación y por eso, nosotros, la Cámara de Diputados, asumimos nuestra atribución constitucional. Le pedimos a este Instituto Nacional Electoral que tenga respeto del ejercicio que asumimos de esa atribución, nosotros lo hicimos con responsabilidad, vamos a acompañar la modificación presupuestal, vamos a coadyuvar para que se den los procesos necesarios aquí en este Consejo, [pero] no vamos a apoyar que se le triangule dinero al Instituto de Investigaciones Jurídicas para Lorenzo Córdova, de ninguna manera.”

Ejemplo de dicha triangulación de fondos también es el caso de la IFES, donde abiertamente colabora Lorenzo Córdova: en 2018, esta organización con sede en Virginia, Estados Unidos, fue contratada por el IIDH, a nombre del INE, para hacer observación electoral mediante un “acompañamiento técnico”. En ese proceso electoral, la organización vinculada a la OEA obtuvo 11 millones de pesos del erario mexicano para subcontratar a terceros que dieran “legitimidad” a las elecciones.

Nueve años al frente del INE

Desde el 3 de abril de 2014 hasta el 3 de abril de 2023, el abogado y ahora abierto aliado de Claudio X González Guajardo –al grado de que el pasado 18 de febrero fue el único orador en la marcha que convocó el accionista de la trasnacional Kimberly Clark, en supuesta defensa de la democracia pero en realidad para posicionar la candidatura del PRIAN a la Presidencia de la República– presidió el INE. Durante su paso por esa institución dejó una estela de cuentas pendientes, además de incurrir en gastos superfluos con cargo al erario nacional.

Además de las anomalías relacionadas con las contrataciones millonarias de organismos internacionales para la observación electoral, hay al menos otros dos asuntos por los que pronto Lorenzo Córdova Vianello podría enfrentar procesos disciplinarios o incluso judiciales.

Y es que el pasado 4 de abril de 2024, el actual titular del Órgano Interno de Control en el INE, Luis Osvaldo Peralta Rivera, denunció ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que en la gestión del ahora investigador de la UNAM se enfrentaron resistencias para evitar gastos indebidos multimillonarios relacionados con la renta de automóviles. Además, acusó que Córdova Vianello mandó a hacer una “Memoria” de los 9 años de su administración, pero ésta nunca se entregó.

Al presentar el Informe anual del OIC, el contralor interno calificó como un asunto el caso de la renta multimillonaria de parque vehicular. Al respecto, detalló que en 2019, el OIC fiscalizó una licitación con contrato ya firmado para la renta de más de 1 mil vehículos por 3 años. El pago superaba los 1 mil 100 millones de pesos.

“Nosotros atendemos el asunto porque diferentes concursantes se inconformaron. Ellos presentaron tres inconformidades y se hicieron múltiples acusaciones”, entre ellas, “la asignación indebida de puntos a unas empresas que no los merecían, y quitarle puntos a otras empresas que tampoco lo merecían”. Además, dijo, se confirmó que en el proceso algunas empresas concursantes habían presentado documentos falsos.

Esto generó que el Órgano Interno de Control derribara la licitación y ordenara que se repusiera el procedimiento. No obstante, por segunda ocasión el Instituto incurrió en irregularidades: “en aquel entonces cambia el mecanismo de evaluación, y al cambiar el mecanismo de evaluación vuelve a violar la convocatoria”. Por ello, Peralta Rivera explicó que el entonces titular del Órgano Interno de Control volvió a echar abajo el fallo.

No obstante, el contralor acusó que “diversos servidores públicos del propio Instituto [Nacional Electoral] pugnaron, incluso presentaron juicios ante los tribunales para atacar y derribar las decisiones del Órgano Interno de Control. Nosotros, sin suponer, pero sospechamos un interés bastante extraño. Se iniciaron los procedimientos correspondientes, y esos procedimientos están actualmente, uno en particular está actualmente, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y quizás se resuelva en un par de meses”.

La denuncia, precisó el contralor, es por faltas graves y abuso de funciones. El contralor añadió que fue hasta la administración de la maestra Guadalupe Taddei que se está limpiando esta área del gasto. “Fue hasta esta administración que se logró optar por establecer un mecanismo híbrido. Siempre [en el OIC] estuvimos solicitando que no se rentaran, [sino] que se compraran los vehículos. Y sólo fue hasta esta gestión, precisamente casi hasta los últimos días de diciembre del año pasado, que se emite la convocatoria respectiva y se hace híbrido el mecanismo: comprar 513 vehículos y rentar otros 500. Si hubiéramos rentado los 513 vehículos, hubiésemos pagado 527 millones de pesos, pero como los compramos –y a pesar de cargar con el mantenimiento y la aseguranza por los siguientes 3años– estaríamos pagando 243 millones. Y nos quedamos como Instituto Nacional Electoral con nuestras 513 camionetas, y no tenemos que llegar a 30 meses o 36 meses más adelante y volver a rentar otras 513 camionetas, por lo que probablemente pudiera ser 527 millones, o quizá los 600 [millones de pesos].

En el asunto de la “Memoria” de la gestión de Lorenzo Córdova, el contralor Luis Osvaldo Peralta Rivera también consideró que se trata de un caso emblema de auditoría: se trata, dijo, de una contratación para que se elaborara una memoria institucional 2014-2023, y “tiene que ver con el ejercicio de la presidencia del Consejo General anterior”.

Al respecto, narró que antes de la salida de Córdova Vianello del INE –a quien no mencionó por su nombre para salvaguardar la presunción de inocencia–, “se subió a la Junta General Ejecutiva un proyecto así denominado: ‘Memoria de gestión institucional 2014-2023’. Agregó que éste tenía como finalidad que se hiciera un informe de toda la gestión, pero nunca se entregó.

“En lugar de entregarnos el informe para el que era el proyecto, con una inversión de más de 11 millones de pesos, lo que se hizo fue firmar tres contratos para que nos dieran asesoría. Bueno, para que les dieran asesoría a los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, como si en las diferentes direcciones ejecutivas o unidades técnicas no hubiese el personal necesario y capacitado y que –además, sus cédulas de puesto así lo indican– tienen como función la realización de memorias e informes. Entonces, esto acusa una terrible duplicidad de funciones”.

De acuerdo con el Informe anual del OIC, se trata de la auditoría DADE/02/ES/2023. Del caso, se indica que “el 18 de mayo de 2022, con motivo del término de la gestión del exconsejero presidente del INE, la DEA [Dirección Ejecutiva de Administración] en la Sesión Extraordinaria de la JGE, presentó a consideración de ese órgano colegiado la aprobación del Proyecto Específico G162010 ‘Informe de Gestión y Rendición de Cuentas’. En dicha sesión el Titular del OIC se pronunció señalando que los recursos asignados a este proyecto no fueron considerados dentro del presupuesto del Instituto para el ejercicio presupuestal 2022, aprobado por la Cámara de Diputados, que existen otras necesidades institucionales más apremiantes, que no se presentó el fundamento legal que permita su autorización, que el proyecto debería ser realizado por el personal del Instituto que, de conformidad con la normatividad aplicable, se podría realizar con la plantilla adscrita a la Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Administración o, en su caso, de la Dirección del Secretariado”.

Por ello, el OIC señala que el proyecto no tenía fundamento normativo; “sin embargo, a pesar del pronunciamiento de este órgano de fiscalización, la JGE aprobó el mencionado proyecto a cargo de la DEA, por un monto de 11 millones 614 mil 586 [pesos]”. La auditoría encontró que los contratos INE/049/2022, INE/055/2022 e INE/059/2022 tuvieron por objetivo brindar asesoría para la realización del informe, y no para su ejecución, lo que consideró irregular. Por ejemplo, el contrato 049 fue para “servicio de asesoría relativo a la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas de la gestión administrativa del consejero presidente del ‘Instituto’ correspondiente al periodo 2014-2022”.

También, detectó pagos injustificados de los entregables, por un total de 4 millones 298 mil 748 pesos, en los tres contratos. Además, la auditoría acusa una “ejecución de recursos del contrato INE/059/2022 sin autorización (partidas restringidas)”. Al respecto, detalla que “se realizaron pagos por un monto 2 millones 147 mil 902 pesos del contrato INE/059/2022 sin contar con el acuerdo de autorización de la DEA, para ejercer recursos con cargo a la Partida 33104 ‘Otras asesorías para la operación de programas’, clasificada como ‘Restringida’”.

De acuerdo con datos del propio INE, dos contratos –INE/049/2022 y INE/059/2022– fueron asignados a la empresa  Dinámica Empresarial Alabarda, SA de CV; mientras que el tercero –INE/055/2022– se asignó a Traust Accounting, S de RL de CV.

La auditoría DAOC/06/FI/2021

Al revisar las contrataciones de organismos internacionales, la auditoría DAOC/06/FI/2021 documentó que en 23 años de vigor, la normativa para suscribir convenios de cooperación técnica a nivel internacional, entre el Instituto Nacional Electoral e instituciones internacionales, no se ha actualizado. Ni ésta –que fue la primera acción correctiva que estableció el Órgano Interno de Control– se cumplió.

El reporte que el OIC entregó a Lorenzo Córdova Vianello señala que “la Coordinación de Asuntos Internacionales no proporcionó evidencia documental mediante la cual acredite que promovió la revisión y análisis de los ‘Criterios que seguirán para suscribir convenios de cooperación técnica a nivel internacional’ ante las autoridades competentes, a fin de actualizar el ‘Acuerdo CG04/99 del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se establecen los criterios que se seguirán para suscribir convenios de cooperación técnica a nivel internacional”; ya que sólo informó que ha iniciado los trabajos para la revisión y adecuación de la norma, sin proporcionar mayores elementos que sustenten sus argumentos”. Por ello, indicó que esta observación no se solventó.

Otra observación no solventada tiene que ver con el manejo de los recursos públicos: “la Dirección Ejecutiva de Administración no acreditó las razones técnicas y jurídicas por las cuales realizó el registro de los recursos no ejercidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por 139 mil 600.40 pesos, y por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por 1 millón 814 mil 312.47 pesos, en la subcuenta ‘2.1.9.1.5 Ingresos excedentes’, y no en la subcuenta ‘4.1.6.4 Reintegros’; lo que origina que, al ser registrados en una subcuenta distinta a la establecida para tal fin, no se cumpla con el postulado de REVELACIÓN SUFICIENTE de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en el que se señala que la información financiera debe mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público; lo cual se corrobora con la materialización del riesgo observado en la acción correctiva 15-21/DAOC/06/FI/2021/DEA/06/C/09, ya que no se acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación de los remanentes que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos reembolsó al Instituto Nacional Electoral, con motivo del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2015, por 3 millones 199 mil 19.29 pesos”.

Otra observación tiene que ver con las asociaciones civiles que fueron contratadas mediante el esquema de triangulación de recursos, algunas de las cuales litigan contra el gobierno del presidente López Obrador.

“Durante la etapa de ejecución de la auditoría DAOC/06/FI/2021, este Órgano Interno de Control identificó que, del total de los gastos ejercidos por las organizaciones de observadores electorales con motivo del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral (FAOE) de los ejercicios 2018 y 2021, por 30 millones 877 mil 727.52 pesos, se determinaron ‘gastos no justificados’ en 17 organizaciones de la sociedad civil, por 937 mil 909.92 pesos, mientras que la Unidad Técnica de Fiscalización identificó que nueve organizaciones de la sociedad civil tuvieron ‘gastos no justificados’ por 714 mil 778.41 pesos; por lo que existía una diferencia de 223 mil 131.51 entre lo observado por este Órgano Interno de Control y lo observado por la Unidad Técnica de Fiscalización.”

Las diputadas de morena, Olga Juliana Elizondo y Valeria Santiago Barrientos, acusaron al exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, de presuntas irregularidades que superan los 224 millones de pesos.

De acuerdo con las diputadas de Morena, en 2022 y todavía durante el periodo de Lorenzo Córdova, el INE proporcionó 224 millones 419 mil 742 datos a verificar y debía recibir la misma cantidad de dinero, ya que el cobro por dicha verificación es de un peso. Sin embargo, sólo confirmó 50 millones 325 mil 152 pesos.

Las legisladoras morenistas acusan a Lorenzo Córdova y al servicio de verificación han sido utilizados en “total opacidad”, ya que según su información, no contaron con los mecanismos establecidos por la ley que permitan la correcta rendición de cuentas, además de sancionar a “quienes ilícitamente se hayan enriquecido a costa del servicio público”

Dicha información fue proporcionada por las legisladoras de Morena, quienes realizaron una solicitud de información ante Transparencia (330031423000350), con la finalidad de conocer los recursos recaudados por el fideicomiso ‘Fondo para el cumplimiento del programa de infraestructura inmobiliaria y para la atención ciudadana y mejoramiento de módulos del Instituto Nacional Electoral’.

Tras los señalamientos que hicieron las diputadas de Morena sobre presuntas irregularidades por 224 millones de pesos, el exconsejero presidente Lorenzo Córdova no ha emitido ningún señalamiento.

Con información de Radio Fórmula.

Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no sancionar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) –y sus institutos aliados– por el presunto financiamiento ilegal de las empresas Odebrecht y OHL –a través de Emilio Lozoya– a las campañas de los entonces candidatos Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo.

Argumentó –entre otros puntos– que la Fiscalía General de la República (FGR) le negó acceso a la información crucial del caso.

También dejó sin sanción al PRI por la llamada Operación Safiro, la triangulación de 250 millones de pesos de las arcas federales a las estatales de Chihuahua, en 2016; esos recursos que fueron a parar a empresas fantasmas, cuyos accionistas – en dos de cinco compañías– eran prominentes militantes del PRI.

Los dos asuntos fueron resueltos en la última sesión encabezada por Lorenzo Córdova Vianello; en los hechos, en ambos, el INE dejó libre de culpa al partido tricolor.

En el comunicado oficial se lee: “El INE, imposibilitado para sancionar a partidos por el caso Ode­brecht y la Operación Safiro”.

Córdova adujo que el tema Odebrecht se asemeja al de Amigos de Fox, es decir, “implicó una batalla de esta institución para poder allegarse de información que le fue negada sistemáticamente por las autoridades encargadas de la supervisión de la información financiera”.

Apuntó entonces que la FGR les negó de plano toda la información alegando el secreto ministerial.

Y aunque el caso llegó al Poder Judicial, “lamentablemente, por el tiempo transcurrido desde la presentación de esta denuncia, pues hoy nos vemos obligados a tener que cerrar este caso”, manifestó.

Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE, dijo que aunque los expedientes muestran irregularidades graves en materia de financiación de la política, incluso actos de corrupción internacionales, se declaran en el INE infundados, precisamente a unos días de que concluyan su gestión cuatro consejeros, incluido Córdova.

“Parecería que tenían ese pendiente de dar carpetazo a estos asuntos y se presenta aquí una justificación; qué buena coartada decir ‘no, pues no podemos investigar, porque la fiscalía no nos da los elementos para investigar’.

“De verdad es una coartada muy buena. Pero no se cree cuando se ve cómo se ha comportado el INE y su Unidad de Fiscalización… La verdad es que aquí se está exonerando y no se puede decir otra cosa.”

Y si bien en ese tema los consejeros cerraron filas, en cuanto a subrayar la actitud de la FGR, donde sí hubo división fue en el caso Chihuahua.

Sin comprobación

Todos reconocieron irregularidades en la trama, pero una mayoría sostuvo que no se pudo comprobar que los recursos fueron a parar a las arcas del PRI.

La consejera Claudia Zavala, siempre mesurada en su tono a la hora de exponer, alzó la voz para advertir que no apoyará este tipo de proyectos.

“¿Está acreditado el ilícito? ¡Claro! No me pueden decir que no hay empresas fachadas, no me pueden decir que no hay un entramado de una administración ilegal, ilícita.”

Mencionó entonces que el texto original, elaborado por la Unidad de Fiscalización del INE, avalaba la infracción, pero la Comisión de Fiscalización, donde votan los consejeros, dio el viraje, pese a que el modus operandi se fue configurando.

Adriana Favela, quien también concluye su gestión el lunes, indicó que “se tiene que tomar en cuenta que Alejandro Gutiérrez –entonces secretario general adjunto del tricolor y accionista en algunas de las empresas involucradas– fue absuelto”.

Por otra parte, el INE impuso una multa de 500 mil pesos a la asociación civil Que Siga la Democracia por haber incluido casi 15 mil firmas de personas fallecidas, en apoyo a la consulta de revocación de mandato.

La Jornada

A tan solo unos días que se terminé el periodo como presidente del INE a Lorenzo Córdova, el contralor del órgano electoral, Jesús George Zamora, se reunió con diputados de diferentes bancadas en el recinto legislativo de San Lázaro; denunció presuntas irregularidades por hasta 23 mil millones de pesos en los fideicomisos del INE.

De acuerdo con medios nacionales, también se informó que se iniciarán las investigaciones necesarias para afincar responsabilidades.

El contralor expuso que hay opacidad en los fideicomisos, mismos que representan hasta 23 mil millones de pesos. También acusó que no le dejan contratar personal del servicio profesional de carrera para ahondar en las pesquisas.

“Lo que tenemos son hechos irregulares, no tenemos aún ni es el momento adecuado para señalar responsables”, comentó Jesús George Zamora.

“Entre 2014 y 2022, el INE ha recibido un presupuesto de 139 mil millones de pesos y ha tenido remanentes presupuestales por 8 mil 157 millones, lo que da un promedio de 6 por ciento durante todos los años. Parte de estos montos se han destinado a los fideicomisos, como el de infraestructura y módulos de atención ciudadana.”, explicó George Zamora.

Además, explicó que de los remanentes presupuestales que posee el INE, al menos 2 mil 700 millones de pesos se han reintegrado a la Tesorería de la Federación (Tesofe), “el Instituto Nacional Electoral siempre tiene remanentes, siempre tiene sobrantes, esto se interpreta que aún hay áreas de oportunidad para hacer una planeación adecuada y rigurosa”, anunció George Zamora.

De acuerdo con Radio Fórmula, el contralor afirmó que uno de los objetivos de presentar estas presuntas irregularidades es que el Consejo General del INE modifique sus lineamientos, aparte que el poder Legislativo haga las modificaciones necesarias al funcionamiento del órgano electoral, de acuerdo con lo dicho por el contralor.

Con información de Radio Fórmula.

Carlos Loret de Mola, el millonario comunicador que forjó su carrera en Noticieros Televisa y ahora se declara abiertamente opositor a la Cuarta Transformación, ha protagonizado un peculiar episodio en redes sociales, ya que asegura que la cadena de cines, Cinemex, está regalando boletos para funciones familiares el mismo día y hora que se realizará la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

El tuit, que pese a la sorpresa de muchos, no es sátira ni parodia, ya ha sido desmentido por la misma empresa, la cual señala que los boletos familiares son cortesía de una empresa enfocada a la impartición de clases de inglés de la cual no dieron más detalles y especificaron que no tienen vínculo ni políticos ni gubernamental.

Poncho Gutiérrez mostró que igualmente se están regalando entradas para otras funciones, mostrando un impreso que señala que la función será el sábado 25 de febrero a las 10:20 de la mañana, un día antes de la marcha conservadora.

También se ha criticado que la oposición ya esté buscando pretextos para acusar que su movilización fue “saboteada” cuando es probable que no se logre la gran convocatoria que tanto desean.

La movilización será una “narco marcha”, acusan en redes

Desde hace algunas horas, usuarios de redes sociales han acusado que la movilización programada para el domingo en realidad se trata de una narco marcha en defensa de Genaro García Luna, declarado culpable de 5 cargos el pasado martes por el jurado de la corte de Nueva York, Estados Unidos.

Los Reporteros

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Lorenzo Córdova avaló el fraude de 2006, en el que el hoy presidente “perdió” la presidencia frente al panista Felipe Calderón, y como pago le dieron la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante su conferencia matutina de ayer, el Presidente López Obrador habló sobre la resistencia de algunos grupos a las reformas electorales planteadas en el llamado “Plan B“. Al respecto, el mandatario consideró que las protestas en contra del Plan B las encabeza el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, y todos “quienes vivían del presupuesto público“.

“Lorenzo Córdova y Claudio X. González, sí, y Krauze, y Aguilar Camín, todos los que vivían del presupuesto o sacaban beneficios del presupuesto, que ahora procuramos que vaya al pueblo lo que iba a ellos, lo que se les entregaba a ellos, porque se dedicaban a medrar.”

El mandatario federal recordó el fraude sucedido en 2006 cuando con irregularidades Felipe Calderón fue “electo” como Presidente de México. López Obrador habló de las protestas que encabezó en Reforma y como los medios las minimizaban.

“Cuando se robaron la presidencia había silencio. Protestábamos en Reforma y se hablaba de que había marchas de 500 u 800 mil personas, nos contaban con alfilercitos y decían que sólo éramos unas 200 mil”, dijo.

Asimismo, AMLO aseguró que la presidencia del INE fue el pago a Lorenzo Córdova por haber avalado el fraude en 2006.

“Y todos los intelectuales Krauze, Aguilar Camín, todos firmando, Lorenzo Córdova firmando desplegados de que no había fraude en el 2006. Entonces, les pagan, después lo nombran presidente del INE, por poner un caso, pues.” expresó López Obrador.

Sobre las declaraciones de Lorenzo Córdova de que con el Plan B se “despertaría el México bronco y violento si no se cuidan los logros democráticos“, AMLO consideró que es falso porque el pueblo es muy responsable. Además sostuvo que personajes como el Consejero Presidente del INE ya está divorciado del pueblo, pues pertenece a una “sociedad política” encumbrada en la élite.

“No, no hay ningún problema porque el pueblo es muy responsable y ya ellos ya se divorciaron por completo del pueblo, porque nunca, además, estuvieron en correspondencia, en comunicación con el pueblo. Este Lorenzo Córdova pues es el que se burlaba de unos indígenas, que mostró su racismo. Entonces, ¿Qué amor le puede tener al pueblo o respeto?, nada.” puntualizó AMLO.

Finalmente, el Jefe del Ejecutivo lanzó un consejo a quienes quieran participar en la marcha “en defensa del INE” convocada por el empresario Claudio X. González, el próximo 26 de febrero.

“Deben saber que van a venir porque hay un grupo de intereses creados, de corruptos, que quieren regresar al poder para seguir robando. Que lo sepan, para que no vengan aquí a decir, es que nos importa la democracia, se afecta la democracia. Entonces, es importante que la gente sepa a qué vienen. Y también con todo el derecho, si ellos están convencidos de que estaba bien el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues que vengan; si les gusta ese régimen, pues están en su derecho. O sea, es una especie de masoquismo, pero no se puede evitar, somos libres”, apuntó el mandatario.

Polemón

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE); Lorenzo Córdova, “y todos los que vivían del presupuesto” encabezan los grupos conservadores que promueven las manifestaciones en contra de las modificaciones en materia electoral propuestas por su gobierno.

En su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el mandatario dijo que es importante que la ciudadanía que opte por participar en la marcha convocada para el 26 de febrero en oposición al paquete de cambios a las leyes electorales conocido como “plan B”, deben saber “que van a venir porque hay un grupo de intereses creados, de corruptos, que quieren regresar al poder para seguir robando. Que lo sepan, para que no vengan aquí a decir, es que nos importa la democracia, se afecta la democracia”.

Afirmó que “no es que les preocupe la democracia, lo que quieren es debilitarnos, socavar al gobierno para que no avance y se consolide la transformación y que puedan ellos regresar por sus fueros, a seguir robando o a seguir siendo parte de la clase política privilegiada”.

Añadió que quienes decidan unirse a la manifestación están en su derecho. “Si ellos están convencidos de que estaba bien el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues que vengan. Si les gusta ese régimen, están en su derecho. Es una especie de masoquismo, pero es su derecho”, aseveró.

López Obrador agregó que el “plan B” es un paquete de cambios muy acotado, pues señaló que las modificaciones de fondo que buscaba con una reforma constitucional fueron bloqueadas por la oposición. “De manera tendenciosa, perversa, empezaron a decir que queríamos desaparecer el INE”, expuso, y consideró que “como hay mucha desinformación, mucha gente se creyó esto”.

Por otra parte, el tabasqueño insistió en que buscará que se derogue la Ley sobre Delitos de Imprenta, que contempla sanciones contra quienes insulten o injurien a funcionarios públicos.

Agregó que antes de que concluya su mandato también buscará que se derogue el artículo 33 de la Constitución, que prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en asuntos políticos del país.

A este respecto manifestó sonriente su preocupación porque “en una de esas nos salen los conservadores con que el 33 no se toca”.

La Jornada

Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), rechazó que el árbitro electoral asuma «protagonismos» que no le corresponde, pues a su parecer no debe verse, solo debe tener visibilidad por sus acuerdos y contribuciones. 

Esto al ser cuestionada por el papel del INE frente a la reforma en materia electoral, también llamado Plan B, y los enfrentamientos que por el tema ha enfrentado Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.   

“Respecto a los enfrentamientos: Mi posición es pública y notoria; creo que el árbitro electoral tiene que ser otro, nuestros debates tienen que ser en la mesa, no fuera, y los protagonismos no tienen por qué ser lo que guíe la labor institucional. El árbitro casi no debe verse, solo debe tener visibilidad por sus acuerdos, por sus resoluciones, por lo que construye, pero no por estos debates y estas discusiones internas que han salido del contexto muy claramente, las que yo no comparto”, señaló. 

En entrevista para La Jornada, la consejera destacó que esas no son las formas y menos en la que llaman ‘La herradura de la democracia’ o ‘La casa de la democracia’, donde el papel del árbitro electoral debe ser otro. 

Al abordar el Plan B, la consejera destacó que como abogada hay muchos temas que les preocupan y que por ellas acudieron a las formas jurídicas que tienen a fin de que la Corte resuelva lo que consideran que violenta la Constitución. 

“Esa es la vía que tenemos que utilizar, la jurídica. ¿A qué llamaría?, justamente a tender puentes con el Legislativo, a poder hablar, a hacerles notar, en otros tonos y con otras formas. Es importante tender puentes de diálogo; lo peor que podemos hacer es seguir polarizando al país”, añadió. 

Además, Humphrey advirtió sobre los riesgos de polarización en torno a la reforma electoral: “La polarización no ayuda a nadie en el país. Hay cosas buenas en la reforma, en el Plan B, y otras que pudieron haberse mejorado con un diálogo adecuado con legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos”. 

PolíticoMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, es un farsante. Ello luego de las recientes críticas del titular del órgano constitucional autónomo mencionado al “Plan B” de reforma electoral y el anuncio de recursos legales para impedir que este entre en vigor por considerar que atenta contra la democracia.

Desde Palacio Nacional, AMLO declaró que Lorenzo Córdova no será perseguido terminando su periodo como consejero electoral, pero expresó que lo considera un farsante y un servidor público sin principios ni ideales. Pese a ello, este consideró que el presidente del INE no es el “más malo” del grupo que dirige al instituto, sino que hay otros peores.

López Obrador lamentó que el también integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no tenga ideales como los de su padre, el politólogo y jurista de izquierda Arnaldo Córdova. Contrario al funcionario, recordó al autor de “La política de masas del cardenismo” como un amigo y un hombre extraordinario.

“Así suele pasar en ocasiones con los hijos o nietos. Ahí están los hijos de [José María] Morelos [y Pavón]. No tiene ideales o principios, también demuestra que los grados o títulos no son sinónimo de cultura. Él está en el doctorado, es un racista, como muchos otros, en redes hay también algo de eso”, comentó el mandatario mexicano.

AMLO consideró que no se debe confundir nivel académico con la cultura, ya que hay personas que son científicas pero a la par se muestran muy ignorantes. No obstante, indicó que para él Lorenzo Córdova fue llevado por un grupo hacia el mal camino mediante malos consejos, de modo que le aconsejó no caer la autocomplacencia y que no sea incapaz de rectificar su actual postura.

Finalmente, el presidente de la República llamó al consejero electoral saliente a que no ande diciendo que sus críticas hacia él son por decisiones que ha tomado el INE contra Morena. En tanto, pidió también aceptar que el órgano constitucional autónomo está tomado desde hace mucho tiempo por el bloque conservador.

La Hoguera

Durante una gira por el estado de Hidalgo donde, junto con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Risa Icela Rodríguez y el gobernador del estado, Julio Menchaca, firmaron un convenio de colaboración en contra de la inseguridad, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández recibió emotivas expresiones de apoyo a su precandidatura por Morena para las elecciones por la presidencia de la República que se realizarán en 2024.

Ante esto, el funcionario pidió a sus simpatizantes esperar los tiempos adecuados, recordando que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y Ciro Murayama “ya se van en abril entonces ya hablaremos de eso”, en referencia a que éstos concluyen su periodo en ese mes.

El secretario de Gobernación señaló que, debido a que ya en otras ocasiones ha sido sancionado por el INE ante expresiones de apoyo pues, según el árbitro electoral, estos actos promueven su imagen y son considerado actos anticipados de campaña, se ve obligado a presentar un deslinde oficial ante las autoridades electorales.

Adán Augusto aprovechó la ocasión para reiterar la evidente imparcialidad de los consejeros del INE, por lo que hay que insistir en una reforma electoral de fondo, que termine con todos los vicios acumulados en el proceso electoral y el reparto de cuotas al momento de seleccionar a quienes serán consejeros electorales.

“¿Ni modo que no quieren que sepan los mexicanos como eligieron a Lorenzo Córdova?, son cuotas del partido. Por eso ahora nosotros vamos a impulsar que se cumpla con el proceso constitucional y finalmente sean insaculados 20 mexicanos que acrediten ser los más capacitados”, sentenció Adán Augusto López Hernández.

SinLínea