Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheibaum Pardo presentó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción.

En la mañanera del pueblo, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Nacional de Transformación Digital, señaló que con esta norma se reducirán a la mitad los trámites, requisitos y tiempos de resolución, y se tendrán por lo menos 80 por ciento de todos los trámites en línea.

A nivel nacional, detalló, hay más de 7 mil trámites; en promedio, cada estado tiene 523 y cada municipio, 144. En tanto, una persona realiza durante su vida aproximadamente 486 trámites, de los cuales 85 por ciento son estatales o municipales.

Peña Merino planteó que los objetivos de la ley son homologar trámites, requisitos, tiempo de resolución y procesos de atención; eliminar trabas a personas y empresas; mantener buenas prácticas regulatorias, como plantea el T-MEC y facilitar que las personas accedan a lo que tienen derecho.

El funcionario realizó su presentación con la denominación de Ley Nacional de Simplificación Digital, pero la presidenta dijo que le cambiarían el nombre a Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción.

“Así se va a llamar, ese es el objetivo, que disminuyan los trámites y se elimine cualquier posibilidad de corrupción entre una ventanilla y el ciudadano”.

Abundó que será una ley nacional porque incluye federación, estados y municipios. Puso como ejemplo que si una persona va a hacer trámites ante SAT, se les pida el mínimo indispensable para que puedan tener su registro federal.

Se creará el Centro Nacional de Tecnología Pública, a fin de promover el desarrollo de capacidades tecnológicas propias en los tres órdenes de gobierno.

Esto impactará en 30-35 por ciento en los costos administrativos de las empresas, lo que nos hará más competitivos por nuestro país.

La Presidenta también anunció que ya está lista la reforma para transparencia y seguridad de datos personales, que se presentará a más tardar el lunes en su conferencia de prensa.

Informó que se investigará la denuncia de que trabajadores del INAI plantearon a la Federación Mexicana de Futbol bajar sus multas a cambio de boletos para el mundial. “Para quienes siguen defendiendo al INAI… No sabemos hasta dónde llegaba la corrupción. No eran nada más los centros nocturnos, los viajes, sino la corrupción a una multa”.

Se investigará nepotismo, dijo. “La honestidad y la honradez para nosotros es la esencia de lo que somos”, subrayó.

Dijo que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene que investigar y presentar las denuncias penales correspondientes.

Por otro lado, sin detallar, respondió a pregunta expresa que el Instituto Federal de Telecomunicaciones echó para atrás todo el proceso para otorgar la serie de concesiones que otorgó cuando ya estaba en curso su proceso de desaparición.

Cuestionado sobre la renuncia de Salvador Landeros como director de la Agencia Espacial Mexicana, Peña Merino reconoció su trayectoria y dijo que se trata de uno de los mayores especialistas en telecomunicaciones y específicamente en satélites.

Al igual que la Presidenta, indicó que se creará un solo organismo, en el cual esperan la participación de Landeros, así como fortalecer los vínculos con la academia.

El Congreso de la Unión declaró ayer la validez de la reforma constitucional que establece que no proceden amparos, controversias ni ningún otro recurso jurídico en contra de modificaciones a la Carta Magna.

La declaratoria de esa reforma, conocida como de la supremacía de la Constitución, la hizo primero la Cámara de Diputados y luego el Senado. Se trata de un proceso legislativo acelerado desde el principio y vertiginoso en su recta final, ya que en menos de 24 horas se aprobó en San Lázaro y en 23 legislaturas de los estados.

La Presidencia de la República publicó ayer por la noche en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se estable la supremacía de la Constitución. El documento, difundido en la versión vespertina del DOF, establece que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, este primero de noviembre.

Una vez que se promulgue y entre en vigor esa modificación sobre la inimpugnabilidad de la ley suprema del país, de inmediato el Senado solicitará a la Suprema Corte que todos los recursos presentados en contra de la reforma judicial deben ser sobreseídos, tal como se establece en el artículo segundo transitorio del nuevo ordenamiento, advirtió el presidente de esa cámara, Gerardo Fernández Noroña.

Por la tarde, en la Cámara de Diputados, la sesión duró apenas 15 minutos. No asistieron los grupos parlamentarios de PAN, PRI y MC, que ya habían adelantado que se ausentarían para no convalidar la enmienda a los artículos 105 y 107 constitucionales, aprobada por Morena y sus aliados la noche del miércoles, y que horas después comenzaron a votarse en cascada en los congresos locales.

En tribuna, el coordinador morenista, Ricardo Monreal Ávila, destacó que la reforma de supremacía constitucional es la más profunda en 200 años de vida del país. Nadie se atrevió y nadie tenía la mayoría calificada que el pueblo nos concedió.

Sostuvo que es falso que se termine con el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales. Esas instituciones quedan incólumes, intocadas.

El decreto se remitió al Senado, que había hecho un receso en la sesión y poco después formuló también la declaratoria de constitucionalidad. Siguió un debate entre Morena y la oposición y una reacción airada del dirigente priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, quien estuvo a punto de liarse a golpes con Fernández Noroña.

Pasadas las 18:30 horas, la secretaria de la mesa directiva, Verónica Camino, enumeró los 23 congresos estatales que avalaron la reforma: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

Una vez computados los votos de 23 legislaturas locales, que superaron la mayoría necesaria de 17, Fernández Noroña formuló la declaratoria y remitió el decreto al DOF, aunque después del trámite se suscitó una acre discusión.

La senadora del PRI Claudia Anaya protestó porque, aseguró, no se le permitió hablar sobre ese proceso lleno de irregularidades. La secundó su coordinador Manuel Añorve, quien insistió en que esa reforma “es la Ley de Herodes, o te chingas o te jodes”

En respuesta, el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, comentó que la reforma a punto de publicarse es fundamental para la historia jurídica del país. El Senado ha concretizado el viejo anhelo de Mariano Otero, el padre de la Ley de Amparo, cuando en 1847, en un voto particular, decía que en este país no debe existir el gobierno de los jueces, sino el gobierno del pueblo.

El legislador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se subió hasta el presídium para exigir a Fernández Noroña que no cerrara el debate. ¡No me grites!, contestó el morenista. Como el priísta no se retiró, le exigió además que no lo tocara. Date a respetar, le reviró el priísta.

Parecía que iban a llegar a las manos, pero senadoras del guinda se subieron también al pleno, entre ellas Judith Díaz y hubo jaloneos y codazos. Alito bajó de tribuna y desde su escaño insistió en que la reforma aprobada es un atropello a la Constitución. De nuevo echó en cara al grupo de la 4T que logró la mayoría calificada, al llevarse a dos senadores del PRD y con amenazas a otros.

López Hernández le respondió que ya tienen 87 legisladores y la próxima semana llegarán a 89 integrantes, dos más de los que ahora tienen, lo que motivó que Alito los llamara bola de corruptos y les recordara su pasado priísta.

El vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, le respondió al enterrador del PRI que detrás de ese rechazo a la reforma está la necesidad de mantener un andamiaje legal para proteger sus intereses económicos y políticos.

México es un paraíso para sectas y grupos religiosos que históricamente han delinquido y violado los derechos humanos de muchos de sus seguidores.

Esto se debe a que en el país no existe ninguna legislación que castigue los abusos de estas sectas ni sus relaciones coercitivas, por lo que víctimas de grupos como NXIVM, Shen Yun o la Luz del Mundo quedan desamparadas.

Debido a esta situación, especialistas exigen la necesidad de una ley para prevenir, tratar, gestionar, combatir y sancionar las actividades que realizan estos grupos.

En su artículo 24, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas en el país tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia, religión y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado.

Dicha libertad incluye el poder participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias o actos de culto, siempre y cuando no constituyan un delito.

Además, con la reforma de 1992 se adicionó a dicho artículo que el Congreso no podrá dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna.

No obstante, una cosa es la libertad de culto y otra muy distinta es que sus líderes religiosos, sociales o espirituales, aprovechen su autoridad para someter y controlar a sus adeptos.

Combatir la persuasión coercitiva

Carlos Bardavío Antón es un abogado español doctor en derecho penal autor del libro “Sectas criminales y coercitivas en Derecho penal mexicano”, en el cual desarrolla la figura del delito de persuasión coercitiva, un ilícito que opina debería de ser legislado para incluirse en el Código Penal Federal.

En entrevista con Reporte Índigo, explica por qué México es un territorio fértil para estos grupos que manipulan, delinquen y violan los derechos humanos de la ciudadanía, llámense religiosos, espirituales o incluso empresariales como el coaching.

“México es un país muy religioso, con un gran pensamiento mágico y de rituales. Sin embargo, hay muchos líderes, personas y grupos que pueden ser parte de sectas religiosas o grupos pseudoterapéuticos que abusan de su autoridad y su fama para someter y controlar a sus adeptos.

“Esto se llama en la ciencia de la psicología persuasión coercitiva y en México no hay ningún artículo o ley que proteja a los ciudadanos de ser controlados y dominados en su capacidad de voluntad”, comenta.

Lo más cercano que tendríamos en el país a una legislación al respecto está en el Código Penal Federal, el cual dicta sanciones para la superchería popular, es decir, cuando un sujeto intenta abusar de la ignorancia de otra por un beneficio económico.

“En España existe un artículo que sanciona a las asociaciones que utilizan el control o la alteración de la personalidad, aunque sea para fines lícitos, es decir, aunque sea para hacerlos más felices o un bien. En Francia existe un delito que se llama manipulación psicológica. En Bélgica existen unos artículos que protegen a los ciudadanos de no ser dominados en su capacidad de voluntad. Es un problema que existe en todos los países”, agrega.

Construyendo los cimientos

Hace unas semanas, Bardavío Antón, presentó en el Congreso de la Unión en la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, que preside el diputado morenista Alfredo Vázquez Vázquez, su libro.

Confiesa que él no los buscó y que le sorprendió que un legislador mexicano organizara la presentación, ya que eso habla de que en el país se están comenzando a sentar las bases para legislar en contra del delito de persuasión coercitiva.

“El que haya interés por parte de diputados a nivel federal de conocer la problemática ya dice mucho. En Europa, cuando se comenzó a legislar sobre este tipo de problemáticas, pasaron de 10 a 15 años para que salieran los primeros informes.

“Estamos en los inicios en México de cierta preocupación por parte de los políticos, de la policía y de la psicología y eso hace pensar que estamos ante un primer cimiento para poder regular de manera más efectiva y proteger a los ciudadanos de esta problemática”, dice.

Cortar las raíces

En 1998 Keith Raniere fundó la organización “Programas Ejecutivos de Éxito”, a través de la cual impartía talleres motivacionales.

En 2003, Keith Raniere, creó NXIVM, la cual contaba con un centro operativo en México y con aliados en la cúpula política y empresarial del país.

Dentro de la organización, Raniere formó una sociedad secreta llamada “DOS”, en la cual las mujeres eran forzadas a ser esclavas sexuales y se les marcaba con un hierro al rojo vivo. Todo esto a través de la persuasión coercitiva.

En 2019, Raniere fue condenado en Estados Unidos a una pena de 120 años de prisión por los delitos de trata de personas, explotación sexual, pornografía infantil y extorsión.

A pesar de que la organización tuvo profundas raíces en México y varios connacionales estuvieron involucrados, no ha habido ninguna sentencia al respecto.

Otro caso emblemático en el país fue el del líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien fue condado en Estados Unidos a 16 años y 8 meses de prisión por tres cargos de abuso sexual contra menores de edad.

Naasón además es acusado por tráfico de personas y pornografía infantil junto con otros integrantes de su congregación que actuaron como cómplices o facilitaron la comisión de estos ilícitos.

Por llamada telefónica desde prisión, el líder religioso dijo ante miles de adeptos que se reunieron en Guadalajara, como cada año, en la Santa Cena, que todo fue un “capricho de la carne”.

“No hay un estado más triste y lastimoso que el del pecador, sumido en el fango de la culpa, el sadismo de la malicia, todo por un capricho de su carne, por un antojo malsano y un engaño suave que le acarreó los peores males.

“Un placer de momento que los dañó toda su vida, en copa dorada les da a beber el veneno Satanás y reciben a cambio las punzantes espinas del remordimiento. Por eso, humildemente intervengo ante tu presencia bendita buscando tu misericordia y perdón”, dijo.

Al comentar sobre estos dos casos, el abogado especialista en sectas, Carlos Bardavío Antón, insiste en la falta de una legislación para penar la presión coercitiva y los delitos de estos líderes religiosos o sociales.

“Todas las normas constitucionales regulan, como derecho fundamental, la libertad de conciencia y religiosa. Sin embargo, muchas personas cuando tienen poder, como el caso de Joaquín Naasón, abusan y cometen delitos.

“En México llama la atención que no se abrió una investigación más depurada en su contra. Creo que a diferencia de Estados Unidos y Europa hace falta una legislación que garantice el ejercicio de la libertad de conciencia, pero sin abusos de sus líderes o miembros activos”, explica.

Ejercer la ley

Para profundizar en el tema de los abusos de líderes religiosos y espirituales en el país, así como en las posibles soluciones desde el Congreso de la Unión, Reporte Índigo platicó con dos legisladores federales.

En entrevista, el diputado de Morena, Azael Santiago Chepi, dice que ante la proliferación de sectas y grupos religiosos en el país, es necesario mantenerse atentos sobre su conducción, para así evitar que cometan actos que vulneren los derechos de las personas o rebasen los límites de la legalidad.

“Somos un país democrático donde se ejerce la participación, pero hay que estar muy atentos respecto a la organización y funcionamiento de estos grupos para que no se utilicen para vulnerar derechos”.

Cuestionado sobre si es necesario una ley para prevenir, combatir y sancionar las actividades que realizan algunas sectas o grupos religiosos, el legislador oaxaqueño comenta que no es necesario, ya que actualmente existen normas vigentes que defienden los derechos humanos.

Por su parte, en el Senado de la República, la legisladora Claudia Anaya Mota, del PRI, señala que en caso de que una persona o un grupo decida denunciar un abuso sexual por uno o varios dirigentes religiosos, tiene que acudir a alguna agencia del Ministerio Público, en donde la Constitución Política y sus leyes secundarias tienen la obligación de protegerlas, pero muchas veces no de denuncia por la desconfianza en las autoridades.

También recalca que el mayor problema por el que atraviesa el país es el debilitamiento de las instituciones, un flagelo que provoca que en los lugares en donde se imparte justicia se carezca de los elementos necesarios para iniciar una carpeta de investigación sólida.

“En la mayoría de los Ministerios Públicos no se dan abasto por el cúmulo de denuncias, por lo que muchas veces los jueces se ven obligados a dejar libres a presuntos responsables por falta de pruebas”, acusa.

En ese sentido, la legisladora por Zacatecas lamenta que el Gobierno federal destine cada vez menos recursos al Poder Judicial.

“Las leyes ahí están, pueden mejorarse, pero el problema inicia con el debilitamiento de las instituciones”, asegura.

Reporte Índigo