Aumenta el nerviosismo de Felipe Calderón por su probable responsabilidad en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El expediente en su contra en la Corte Penal Internacional –que juzga a personas y no a Estados– enuncia los más de 60 mil civiles ejecutados –de los cuales más de 1 mil 300 eran niños y más de 1 mil eran migrantes– que dejó su gobierno hasta 2011; 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados forzosamente por la violencia, centenas de heridos, torturados en cuarteles militares y de “falsos positivos” –inocentes asesinados por militares y policías federales presentados como delincuentes–. Además de él, en la denuncia figuran quienes fueron sus secretarios de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Marina, Mariano Saynez Mendoza, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna

Felipe Calderón Hinojosa encabeza la lista de exfuncionarios federales enunciados como presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y de agresión en una denuncia ciudadana –firmada por más de 25 mil personas– presentada ante la Corte Penal Internacional hace 11 años. Se trata del asunto penal que más nerviosismo causa al expresidente de México, pues la CPI juzga a personas y no a Estados. Y él declaró, el 6 de diciembre de 2006, la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, política pública que enlutó a México.

Luego de presentada esa demanda el 25 de noviembre de 2011, el gobierno federal la desestimó al argumentar que sería inmediatamente desechada por la Corte. No fue así. Y en 2012 se convirtió en una prioridad para el entonces mando supremo de las Fuerzas Armadas. En ese último año del gobierno de Calderón se supo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional le había entregado un resumen ejecutivo a la Presidencia de la República, en el cual se documentan crímenes que sí podrían constituir delitos internacionales.

Desde entonces, el asunto fue considerado de primer orden por la Presidencia de la República –aún a cargo del político panista–, y se atendía directamente en La Haya, Países Bajos, por parte de representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y abogados de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

En primera instancia, la denuncia penal internacional señala la responsabilidad de Felipe Calderón como promotor y ejecutor de la política pública de seguridad y respecto de las consecuencias de la “guerra” contra el narcotráfico: más de 60 mil civiles ejecutados (de los cuales –hasta 2011 que se presentó la denuncia– más de 1 mil 300 eran niños y más de 1 mil eran migrantes), 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados forzosamente por la violencia, centenas de heridos, decenas de torturados en cuarteles militares y de “falsos positivos” (inocentes asesinados por militares y policías federales presentados como delincuentes).

Además del expresidente de México, esa denuncia involucraba a sus secretarios de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Marina, Mariano Saynez Mendoza, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna –actualmente preso en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa; y también se denunciaba a los cabecillas del narcotráfico mexicano, en especial a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, líder del Cártel de Sinaloa.

En el caso de los narcotraficantes, la solicitud de investigación señalaba su responsabilidad en la violencia, así como el uso de menores de edad en el conflicto armado, considerado en el derecho penal internacional como un crimen de guerra. Se trata concretamente de los niños sicarios.

El 31 de octubre de 2022, luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló que la denuncia en la Corte Penal Internacional avanza en contra de Felipe Calderón, este último señaló de inmediato en su cuenta de Twitter que no es así.

Sin duda, la posición de Calderón actualmente ante una investigación internacional es muy débil: no cuenta con aliados en el Poder Ejecutivo y su defensa depende de sus propios recursos económicos y no de los recursos públicos. Al estar fuera del poder político, no tiene mecanismos de chantaje ni de presión, de los que se valió durante el último año de su gobierno.

Crímenes de lesa humanidad

Desde 1998, la Corte Penal Internacional conoce y juzga crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión, consideradas las violaciones más graves a los derechos humanos y de trascendencia internacional.

El nerviosismo de Calderón se explica porque en los procesos penales ante la Corte Penal Internacional no se señalan responsabilidades de los Estados, sino que juzga las responsabilidades de los individuos. Por ello, la denuncia contra Calderón no se presentó contra el Estado mexicano, sino en contra de quienes ordenaron la “guerra” contra el narcotráfico, empezando por el ahora expresidente.

Tan sólo el hecho de que la CPI iniciara un análisis preliminar sobre esta denuncia, ésta implica en sí misma una dura declaración de la Fiscalía, pues a su sí se habrían cometiendo crímenes de guerra, y de lesa humanidad y genocidio, perseguibles por ese tribunal. En el caso de quienes fueron funcionarios del gobierno mexicano: tortura, desaparición forzada, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales; y del lado de los narcotraficantes, violencia desmedida, uso de armas prohibidas por el derecho internacional y reclutamiento de niños como sicarios.

Para 2012, hasta organismos internacionales señalaban la crisis humanitaria de México. Por ejemplo, el Consejo Noruego para Refugiados, a través de su Centro de Monitoreo para Desplazados Internos, señalaba que había un conflicto armado interno en el país; y el barómetro de Conflictos de la Universidad de Heilderberg, Alemania, indicaba que México era la nación más violenta del continente americano.

Otro de los puntos que genera preocupación en el expresidente es que su responsabilidad acerca de las ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales en el contexto de la violencia y desapariciones forzadas de personas no ha sido juzgada en México. Y la Corte Penal Internacional actúa ante la ausencia del Estado en la investigación y castigo a los responsables de graves violaciones a las leyes internacionales.

Y resulta que en México hay delitos que se cometieron en el contexto de la “guerra” de Calderón para los que ni siquiera existían tipos penales adecuados para juzgarse y sancionar a los responsables (como el reclutamiento de niños para convertirlos en sicarios, que ni siquiera se consideraba; la desaparición forzada que no estaba tipificada en la mayoría de los estados). Ello, aunado al hecho de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohibía juzgar a Calderón, por la inmunidad presidencial que impedía que se enjuicie al presidente, incluso cuando termina su mandato. Algo que apenas se reformó en el actual sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, en el derecho penal internacional está prohibido que un mando dé una orden con plena conciencia de que va a causar bajas civiles y violaciones a los derechos humanos. Algo que Calderón hizo el 6 de diciembre de 2006, cuando en su calidad de mando supremo de las Fuerzas Armadas ordenó al Ejército Mexicano y a la Armada de México “combatir” al narcotráfico. El presidente sabía desde entonces el costo social que tendría su principal política pública.

El 1 de septiembre de 2008, ya con un saldo de unos 15 mil civiles asesinados, Calderón Hinojosa reiteraba su convicción de continuar la “guerra” contra las drogas. “Es una batalla difícil, sí; es una batalla que tomará tiempo, que costará recursos y, por desgracia, vidas humanas, pero puedes estar seguro que es una batalla que vamos a ganar con el apoyo del pueblo de México”, dijo al presentar su Segundo informe de gobierno.

Los soldados y marinos actuaban fuera del ámbito de la Constitución Mexicana y carecían de protocolos para el uso de la fuerza ante civiles. Esta ausencia de marcos legales derivó, por ejemplo, en el asesinato de los hermanos Martín y Bryan Almanza Salazar, de nueve y cinco años de edad, respectivamente. Los niños viajaban en una camioneta junto con sus padres y otra familia. Iban de viaje a la playa, pero después de pasar un retén militar (en la carretera Ribereña, Tamaulipas), los soldados les dispararon y les arrojaron granadas de fragmentación. Por este hecho, otros dos adultos resultaron heridos.

Fue hasta finales de abril de 2012 cuando se emitió el Protocolo de Uso Legítimo de la Fuerza, que norma las actividades de los elementos del Ejército, la Armada y la Procuraduría General de la República, a más de cinco años de “guerra”. Entre otras cosas, ese protocolo prohíbe disparar a automóviles en los retenes militares.

Pero Calderón siempre justificó su guerra: “ante este desafío, era fundamental tomar la decisión misma de combatir al crimen con toda determinación y pese a la adversidad. Y de no haberlo hecho, los criminales habrían avanzado inexorablemente sobre la sociedad y las instituciones. Habrían avanzado hasta apoderarse de ellas como, por desgracia, ha llegado a ocurrir en algunas ciudades y pueblos donde no se les ha combatido. Y contra lo que algunos piensan, la delincuencia no tiene un comportamiento estático, tiene un comportamiento peligrosamente expansivo; es decir, si no se le contiene, crece sin mesura y todo lo corrompe. Por eso digo que quienes afirman que hubiera sido mejor no meterse con los criminales están rotundamente equivocados”. (Fragmento del mensaje del presidente Felipe Calderón, con motivo del quinto año de gobierno, 4 de diciembre de 2011.)

ContraLínea

os ex mandatarios Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron denunciados por organizaciones defensoras de derechos humanos ante instancias internacionales por la “naturaleza sistemática y generalizada” con la que se cometieron crímenes de lesa humanidad en México al “amparo de la impunidad”.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) e Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS) presentaron una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya”.

En ella presentaron “la presunta comisión de tortura y tortura sexual como crímenes de lesa humanidad en México, perpetrados por elementos de las Fuerzas Federales del Estado Mexicano entre diciembre de 2006 y diciembre de 2018”.

A decir de la directora ejecutiva de la CMCPDH, Graciela Rodríguez, esta comunicación documenta y analiza 197 casos comprendidos en 166 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Protesta del MPJD el 24 de Febrero en la ceremonia de izamiento de bandera encabezada por calderón. Foto: Eneas de Troya/Flickr

Ahí, dan cuenta de 642 víctimas de actos de tortura y tortura sexual ocurridos en 26 estados del país durante la llamada “Guerra contra las drogas”, lanzada por Felipe Calderón a finales del primer año de su gobierno.

Asimismo, se proporcionan elementos para acreditar la responsabilidad superior y de mando de 58 comandantes militares adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional, señalados como responsables de cometer actos de tortura, violencia sexual y otras conductas graves.

La directora para las Américas de la FIDH, Jimena Reyes, presentó la comunicación que su organización e IDHEAS enviaron a la Fiscalía de la CPI sobre la supuesta estructura criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y crímenes de lesa humanidad que habrían sido cometidos por desaparición forzada.

El informe revela que, entre junio de 2017 y mayo de 2020, fueron halladas 30 fosas clandestinas con al menos 140 personas desaparecidas en Nayarit.

Con dicha información, se constató que existen bases razonables para considerar que se cometieron actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, competencia de la CPI, y que se cometieron mediante una estructura criminal que operaba en el seno de la Fiscalía de Nayarit.

El Fiscal de esa entidad, Edgar Veytia, recibió una condena en Estados Unidos, en septiembre de 2019, de 20 años de prisión y cinco más bajo “vigilancia” por colaborar con narcotraficantes.

La decisión fue dada a conocer por la Juez Carol Bagley en la corte del distrito este de Brooklyn, en Nueva York, en el mismo sitio donde también se llevó a cabo el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán hace unos meses.

“Las organizaciones convocantes consideramos que la intervención de la CPI podría fomentar investigaciones y enjuiciamientos efectivos”, explicaron en un comunicado conjunto.

Agregaron también que es “fundamental que el Estado mexicano reconozca la grave crisis de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad que vivimos en el país y que actúe en consecuencia”.

También se pronunció al respecto el Senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza, abordando la necesidad de buscar la intervención de la CPI en la situación de México, para lograr la justicia para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y crímenes internacionales, como la tortura y la desaparición forzada.

En noviembre de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) constató que en México persiste una situación generalizada de desapariciones en gran parte del país, en donde impera la impunidad y la revictimización.

Manifestación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto: Especial

México se comprometió a atender “puntualmente” las recomendaciones que el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU presentará en marzo próximo.

“Asumimos el compromiso de que el informe que presente el comité será atendido puntualmente por el Estado mexicano”, aseguró el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Asimismo, el Gobierno mexicano reconoció que el país enfrenta una crisis humanitaria por las desapariciones forzadas, al acumular más de 94 mil personas no localizadas.

“Esta es la herencia más dolorosa que está enfrentando el Gobierno de México y donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos como prioridad del Estado mexicano”, indicó el funcionario.

Fuente Polemón