Primera Parte. En la entrega anterior se analizó qué es la asistencia extranjera y, en particular, la asistencia económica de Estados Unidos hacia México y su impacto injerencista en el país. En este artículo se analizará lo que es y lo que no es el lawfare.

Desde que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Poder Judicial se opuso sistemáticamente a la transformación expresada en reformas constituciones, cambios a leyes, obras de infraestructura y a la propia reforma al Poder Judicial. Varios expertos, medios de comunicación y académicos se han referido a la posibilidad de que México viva un proceso de lawfare, ahora contra Claudia Sheinbaum, la primera presidenta del país.

Sin embargo, ante el curso de la historia de golpes de Estado blandos, golpes legislativos, golpes de nuevo tipo, entre otras formas de atentar contra Estados democráticos desarrolladas en América Latina y el Caribe, es pertinente revisar qué es y qué se entiende por lawfare, qué lo caracteriza y qué es lo que ha sucedido en México.

Qué es el lawfare

El término lawfare se refiere a la guerra jurídica por la vía judicial-mediática. Tiene intereses económicos, políticos y geopolíticos. El concepto fue usado inicialmente por el general estadunidense Charles Dunlap y lo empleó para describir un “método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”.[1]

El lawfare es definido también como una persecución política por la vía judicial y tiene por objetivo la expulsión o aniquilación de personalidades y proyectos –incluso partidos políticos– de la política formal. Pero no se limita a personalidades y proyectos, avanza también contra la militancia, la protesta social y tiene como fin, el fortalecimiento de la vía neoliberal.

Otra característica del lawfare es la manufacturación de consenso realizada por medios de comunicación masivos o no, hegemónicos o no. Pero principalmente son los medios de comunicación masivos y hegemónicos los que llevan a cabo el establecimiento de ciertas matrices de opinión entre la población que operan en determinados momentos políticos, pueden ser una campaña electoral, el inicio de un gobierno o aprovechar una crisis política abierta por problemas de gestión y escándalos de corrupción, principalmente.

El combate a la corrupción ha sido una de las vías con las que nstituciones multilaterales –como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos– y gobiernos –como el de Estados Unidos– han incidido en políticas públicas para estandarizar poderes judiciales en América Latina que terminan reforzando la vía neoliberal, economías abiertas y de mercado. Para ello, desde la década de los noventa se han realizado constantemente reformas judiciales en América Latina y el Caribe.[2] Aquí es necesaria una aclaración, porque no es que se esté contra el combate a la corrupción –desde luego que es necesario que se persiga ese delito–, lo que sucede con el lawfare es que la corrupción se vuelve un pretexto para la guerra judicial-mediática ejercida desde una fracción del poder del Estado de un país y cuenta con el apoyo de poderes fácticos.

Este tipo de guerra opera por medio del aparato judicial que intenta establecerse o erigirse por encima de los otros Poderes de la Unión: el Poder Ejecutivo y Legislativo, con lo cual amplia sus atribuciones, se pierde el equilibrio de poderes y se normaliza la selectividad de casos judiciales. Como muestran varios expertos, hay una amplia agenda de investigación en torno al lawfare.[3]

Sin embargo, no todo es lawfare. No se puede confundir el golpe de Estado con la guerra judicial-mediática, porque esta última no es un tipo de golpe en sí mismo y la evidencia está en casos como el de Honduras en 2009, donde el Poder Legislativo y las Fuerzas Armadas fueron las instituciones principales. Tampoco sucedió en el caso de Paraguay contra Fernando Lugo, que, aunque sí se abrieron causas judiciales, fue por la vía del juicio político llevado desde el Congreso que se le destituyó. Mucho menos tiene relación con los golpes de Estado clásicos latinoamericanos en los que participaron las Fuerzas Armadas.

Tampoco todo proceso judicial abierto contra políticos es lawfare. Aceptar la premisa anterior invalidaría que se juzgue, entre otras cosas, la corrupción y otro tipo de delitos. O, dicho de otra manera, las causas judiciales abiertas contra políticos –incluidas las de corrupción– no presuponen necesariamente que haya una persecución política. Aquí aparece una de las características que sí son del lawfare: la persecución política. Eso explica que se hable de lawfare en los casos de Ecuador contra miembros del gobierno de Rafael Correa y contra él mismo, o en el de Argentina, contra Cristina Fernández, puesto que hasta la fecha las causas judiciales abiertas en su contra han violado el debido proceso y han llegado incluso a fabricar pruebas, como la Causa Cuadernos. Por otro lado, la justicia se tornó selectiva, pues no operó contra actos de corrupción y otros delitos en los casos de Mauricio Macri y Guillermo Lasso.[4]

El caso más paradigmático del lawfare es, sin lugar a dudas, el de Luiz Inácio Lula Da Silva. El presidente brasileño fue perseguido judicialmente por delitos fabricados que no se pudieron corroborar y se violan así el debido proceso judicial. Fue tan relevante que, con su encarcelamiento en 2018, se le impidió su participación en las elecciones de 2019 donde ganó Jair Bolsonaro.

El caso de Brasil, además, es una muestra de lo que implica un caso de lawfare. El juez que lo juzgó sin evidencia fehaciente fue Sergio Moro, quien fue preparado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.[5] Tras el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff en 2014 (dicho sea de paso, en el marco del mundial de futbol), el PIB de Brasil se contrajo 3.8 por ciento en 2015 y en 2016 3.6 por ciento. Tras el triunfo de Bolsonaro en 2019, se privatizaron carreteras, aeropuertos, puertos, se vendió capacidad de refinación del país a privados y se intentó vender Electrobras, la empresa paraestatal de electricidad. Además, la selectividad de la justicia, dejó fuera del foco de la corrupción a las empresas internacionales como Maersk, Jurong, Kawasaki, KeppelFels, Mitsubishi, Rolls-Royce, Samsung, SBM, Sembcorp Marine, Skanska, Techint, Toyo, Mitsui, Toshiba, Sargent Marine, Astra Oil, GB Marine, Trafigura, Glencore, OceanRig, Pirelli y Sevan.[6]

Por lo tanto, el lawfare tiene una vertiente económica y geopolítica. Se aplica ahí donde hay gobiernos alejados de la política exterior estadounidense, que son los que intentan cambiar las premisas neoliberales de privatizaciones, liberalización económica, mayor explotación laboral con pérdida de derechos sociales y económicos. En suma, es una estrategia de poder, por la vía blanda, para cambiar a un régimen, o reafirmar el neoliberalismo; cuenta con los medios de comunicación hegemónicos y con el poder judicial para perseguir políticamente a determinados sectores de la política ubicados en el espectro de las izquierdas o del progresismo.

En este sentido, podríamos resumir lo anterior en un cuadro que permita visualizar de forma sencilla algunas características del lawfare y cómo han sucedido en varios países de América Latina.

Tabla 1. Elementos de lawfare en América Latina

Fuente: elaboración propia

En la siguiente entrega se abordarán las distintas vías de la guerra judicial en el país, sus principales características y actores.

[1] https://people.duke.edu/~pfeaver/dunlap.pdf, p. 4.

[2] https://www.oblawfare.org/post/ee-uu-y-la-asistencia-al-poder-judicial-en-am%C3%A9rica-latina

[3] https://revistas.utm.edu.ec/index.php/revistanullius/issue/view/243

[4] https://www.fiscalia.gob.ec/caso-encuentro/

[5] https://www.celag.org/lawfare-o-la-guerra-judicial-en-argentina-y-brasil/ y https://wikileaks.org/plusd/cables/09BRASILIA1282_a.html

[6] https://www.celag.org/las-coimas-odebrecht-y-la-justicia-made-in-america/

El ‘lawfare‘ está tristemente de moda en América Latina. Por ese motivo, en la más reciente entrega de su programa Cara a Cara, el periodista Clodovaldo Hernández conversó con la abogada, escritora, articulista y profesora Ana Cristina Bracho, quien sostiene que esta táctica es la nueva manera de perpetrar golpes de Estado.

En su opinión se trata de la puesta en circulación de «as nuevas formas de obtener el poder de una manera diferente a las elecciones libres», visto el descrédito en el que cayeron los golpes de Estado, que en el siglo XX tuvieron como protagonistas al estamento militar.

Bracho destacó que el reemplazo de esta práctica en favor del sector judicial se produjo a raíz del inmenso cuestionamiento tras el Plan Cóndor.

«Esto ofrece ciertas ventajas: permite deponer mandatarios, permite evitar que una fuerza llegue al poder mediante el mecanismo mediante el cual sus principales líderes son sacados de la carrera electoral y también evita los cuestionamientos que adjuntaron en el siglo XX las formas de golpes de Estado militares concentradas normalmente en el irrespeto a los derechos humanos», explicó.

La especialista advirtió que el camino de hacia el ‘lawfare’ está acompañado de una retórica particular. En general, apuntó, se señala instrumentalmente a «un líder como corrupto», en el marco de una lucha global contra la corrupción, con el objetivo de cerrar «la vía electoral de una persona».

El ‘lawfare’, más que guerra judicial

Ana Cristina Bracho indicó que en contraste con el sistema de justicia, que «tiene una manera de ser que se rige por los principios fundamentales, tanto de la Constitución como de las leyes y tratados internacionales», el ‘lawfare’ requiere de la alianza con los medios de comunicación para consumarse.

«Normalmente, las jugadas del ‘lawfare’ son precedidas por una jugada de culpabilización que no es jurídica sino un señalamiento mediático», puntualizó. A su parecer, «los casos más visibles, que fueron los de Dilma Rousseff, Lula da Silva y ahora el de Cristina Fernández», tienen en común ser «causas muy repetitivas en lo mediático y muy débiles en lo jurídico».

Así, esta alianza entre la prensa y el Poder Judicial se traduce en «un expediente que no se ventila dentro de los tribunales» sino en los medios, porque el compromiso de esas instancias es con sectores económicos, que han aprovechado que dentro «de la estructura tradicional del Estado», el Poder Judicial es «el único que no es electo popularmente».

«Los jueces representan a unos sistemas políticos o económicos que son de segundo grado, normalmente vinculados con los factores que se oponen a los movimientos populares, que son los que denuncian la persecución por la vía del ‘lawfare’», completó.

Golpes parlamentarios y ‘lawfare’

La académica puntualizó que hay opiniones divididas acerca de considerar o no los llamados golpes parlamentarios como ‘lawfare’, pero en su opinión, lo que se ha aplicado para remover del poder a presidentes como Fernando Lugo y Dilma Rousseff, se distingue claramente de las persecuciones judiciales de las que han sido objeto políticos como Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner.

«A diferencia de lo que pasó con Dilma, con Lula hablamos claramente de un ‘lawfare’, con aquella acusación en un juicio que se cae, donde una de las características, si queremos ver, es que no tenemos jueces normales», abundó.

Esa ausencia de normalidad la deriva de la Teoría Política Clásica, que justifica la designación de sus miembros a partir de la discreción, lo que claramente se violó en los casos de Da Silva y Fernández.

«Recordemos cómo en el caso de Lula, los jueces terminaron siendo ministros y ahorita, en el caso de Cristina, cómo los vemos asociados con el grupo Clarín y también, precisamente, en una dinámica política de ‘lawfare’».

Sobre la reciente remoción de Pedro Castillo por el Congreso peruano, recalcó que el país andino tiene unas características particulares, pues la crisis política no se desencadenó con este incidente sino ha sido constante.

«Creo que tenemos que distinguir estas jugadas, porque nosotros vemos cómo las presidencias en Perú se han sucedido en cuestión de meses, frente a lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, donde tenemos una persecución judicial que ya tiene varios años (…). El Poder Judicial recibe una gran cantidad de causas contra Cristina Fernández por casos que habían pasado por el Congreso y en los que, de ser cierto que había una asociación para delinquir, debería haber otros que están asociados, que no los observamos».

El «falso derecho», la táctica de guerra empleada contra Venezuela

Bracho considera que más que ‘lawfare’ o golpes parlamentarios, contra Venezuela se desencadenó una guerra jurídica, concepto desarrollado por algunos autores de la doctrina militar estadounidense «que plantea que (…) es la utilización del derecho –o de un presunto derecho–, para obtener lo que de ordinario se obtiene por la guerra convencional», lo que se complementa con la noción de «falso derecho» propuesta por Alfred de Zayas.

«En el caso de Venezuela, me gusta invitar a que pensemos que hay una guerra jurídica a través de la utilización de un falso derecho, que tiene su cúspide en la figura del gobierno interino, en la cual, por la repetición de una supuesta falta absoluta de poder, se hace una persona que no fue electa como presidente, pero que legitima acciones económicas contra el país, que van a impactar en el despojo de nuestros bienes», tal y como sucedió en los casos de Citgo y Monómeros, argumentó.

Así las cosas, el así llamado falso derecho «legitima figuras» que garantizan el expolio de una nación y modificar las relaciones comerciales del país, es decir, dos de los «objetivos tradicionales» de las guerras: «reordenar el comercio e incidir para tomar riquezas».

A esto sumó «la utilización de intentos de judicialización», en los que organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) sirvió de «altavoz» para el interinato, al punto que le permitió llegar «a esferas como la Corte Penal Internacional».

«Desde esa lógica, en Venezuela ha habido una gran operación de guerra jurídica, porque la vemos que los efectos de estas acciones tienen la dimensión de una guerra», enfatizó.

Un caso que, desde su perspectiva, ilustra muy bien las dimensiones de la guerra jurídica contra Venezuela: el avión de Emtrasur retenido ilegalmente en Argentina por órdenes de la justicia estadounidense, porque «explica las anormales relaciones del Poder Judicial frente a los otros poderes».

«Normalmente estas figuras crecen sobre la vía de que el Poder Judicial es independiente, pero el Poder Judicial forma parte indivisible de un Estado», porque en el caso de autonomizarse de ese Estado, acaba sucediendo lo que hoy puede verse en Argentina, donde hay quienes dicen que hay una dictadura judicial de derecha que convive con un gobierno de izquierda electo popularmente, pero con maniobrabilidad limitada.

En el caso de Emtrasur, claramente se observa esta primera dimensión, pero también otra que niega la soberanía de Venezuela para comprar un avión, la de Irán para vendérselo y «una negativa de soberanía de Argentina de aplicar su derecho y mantener sus relaciones con Venezuela».

Empero, pese a las evidentes dificultades, en su opinión, el caso fue manejado «inteligentemente» por el Ejecutivo, que optó por «mantener la relación política», al tiempo que se produjo el sobreseimiento de las causas contra la tripulación venezolano-iraní, aunque sin que mediaran «acciones que compensen moralmente los daños que sufrieron»

«Pero queda el tema del avión que fue objeto de un secuestro a favor de un tercer país, que quiere limitar el derecho al comercio de tres países en un solo hecho», completó.

Bracho sostuvo que los riesgos internos no han desaparecido, pues si bien es verdad que el cambio constitucional fue un paso importante que ofreció al país un margen de maniobra para ejercer un «control constitucional eficiente» frente a la guerra jurídica, aún el Poder Judicial tiene importantes deudas por saldar.

«No podemos ver que, por esto, nosotros no tenemos riesgos políticos y, además, riesgos sociales. La gran lucha en Venezuela en este momento tiene que ser por la justicia, desde la justicia y pasa por la reforma de buena parte de las normas judiciales», concluyó.

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