Seis gobiernos estatales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación financiaron con dinero del pueblo al consorcio LatinUs. De 2019 a 2024, las cinco empresas que lo conforman, más otras dos que les transfieren recursos, se embolsaron 2 mil 437 millones 285 mil 272 pesos del erario. Parte de ese dinero acabó triangulado a cuentas bancarias radicadas en el paraíso fiscal de Delaware, Estados Unidos, refiere la Unidad de Inteligencia Financiera.

Los hechos podrían constituir presuntos delitos de lavado de dinero y corrupción, reveló esta mañana el titular de la UIF, Pablo Gómez. Agregó que por ello se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, desde el 20 de mayo de 2021, contra el consorcio LatinUs. El comunicador Carlos Loret de Mola no es parte de la denuncia, aclaró.

Acerca del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que se les imputa a las cinco personas morales que integran LatinUs, indicó que se configuraría porque han obtenido recursos públicos ilegalmente y los han triangulado a Delaware.

“De las actividades administrativas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama LatinUs, que es otra cosa, independientemente de que él, junto con otras personas más, les preste servicios y les cobre”, expuso el funcionario.

En la conferencia presidencial, Gómez detalló que esa denuncia penal tampoco incluye a otros periodistas o comentaristas –entre los que destacan Denise Dresser y Lorenzo Córdova Vianello– que obtuvieron sueldos de las cuentas del consorcio radicadas en Delaware. “La política del gobierno, desde un principio, fue el respeto al artículo séptimo de la Constitución, que establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones e ideas, de todo tipo a través de cualquier medio”.

LatinUs, explicó el licenciado Gómez, está integrado por cinco empresas propiedad de Cristian González Guadarrama:Latinus Media Group, constituida el 13 de enero de 2020;Latinus Media Radio, SA; Latinus Media Mx, SA de CV; y las “empresas que son exclusivamente utilizadas como instrumentales” –y que popularmente se les conoce como empresas fantasma–: Digital Beacon Programatic; y BCGLimited Consulting, SA de CV.

Estas compañías se conectan con otras dos, cuyos ingresos –en su totalidad– provienen de entidades públicas, por la venta de productos farmacéuticos y servicios de salud. Éstas, aclaró, “son independientes en su propiedad de estas dos que pertenecen al mismo dueño, el señor González Guadarrama”.

Acerca de las entidades públicas que acabaron financiando al consorcio LatinUs, expuso, son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como de los gobiernos de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. Además, hay financiamientos indirectos de los negocios de salud, provenientes de los gobiernos del Estado de México –cuando era gobernado por el PRI–, Michoacán e Hidalgo. En 2023, declaró el titular de la UIF, tan sólo del gobierno del Estado de México, LatinUs obtuvo más de 540 millones de pesos.“En total, estamos hablando de una cantidad significativa desde el año 2019 a 2024, de 2 mil 437 millones de pesos”.

Pablo Gómez detalló que al consorcio LatinUs se le denunció por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción. Asimismo, expuso que los productos de inteligencia que realiza la UIF tienen como receptáculos el Ministerio Público, las autoridades de control–federales y de las entidades federativas–, quienes solicitan la información que el sistema financiero provee a la Unidad de Inteligencia Financiera.

“No se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del gobierno. Y digo así porque la aplicación del artículo séptimo de la Constitución es parejo y es para todos. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno?, pues ha evitado utilizar la vía judicial para combatir la calumnia. Y el hecho que haya sido así, que la política del gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia a través de medios judiciales, como se hace en casi todo el mundo, es sencillamente porque el respeto, el nivel de respeto a la libertad de difundir ideas que tenemos hoy día en este país nunca lo habíamos tenido, nunca en la historia”.

Pablo Gómez solicitó al presidente López Obrador permitirle responder a Loret de Mola, quien “dijo que era una vergüenza que yo lo persiguiera a él por sus ideas y por su expresión, cuando vengo del movimiento del 68, la generación que desde los años 60 luchó por las libertades en México, no tiene nada de qué avergonzarse ni darle explicaciones a las personas que se dedican a la calumnia, y hacen de ella un negocio, hacen de ella un negocio. Y este es el caso, porque el consorcio LatinUs se caracteriza por eso con recursos públicos, pero recursos públicos ilegales, no están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad, sino de medicinas, de atención médica”.

Finalmente, consideró que este caso “es un reto para el Ministerio Público. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber, pero el gobierno no controla el Ministerio Público, así está ahora la Constitución, y qué bueno que así es, no estamos diciendo que esté mal”.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló que existe una denuncia contra Latinus en la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y corrupción, presentada 20 de mayo del 2021 por el extitular Santiago Nieto.

Sin embargo, Pablo Gómez desmintió que exista una denuncia en contra de Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo “Brozo”, pues ellos no son accionistas de las empresas detrás de Latinus, propiedad de la familia del priista Roberto Madrazo.

Loret de Mola “no aparece como accionista, condueño, ejecutivo, manager, gerente”, de Latinus, indicó Pablo Gómez.

El titular de la UIF informó que Latinus es un consorcio que tiene detrás empresas que hacen negocios con la venta de medicamentos y servicios de salud, las cuales obtuvieron del 2019 al 2024, 2 mil 437 millones de pesos.

Las empresas ligadas a Latinus obtuvieron esos recursos de entidades como Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Hidalgo y el Gobierno Federal, como lo hemos revelado en varios reportajes en Polemón.

Pablo Gómez señaló que Latinus tiene 5 empresas, entre ellas Latinus Media Group, Latinus Radio, Latinus Media y 2 empresas instrumentales: Digital Beacon Programatic y BGCS Limited.

Además de una empresa ubicada en el estado de Delaware, un paraíso fiscal, financiero y de lavado de dinero en los Estados Unidos, desde donde, pese a ser un lugar muy opaco, se han obtenido registros de triangulaciones de dinero entre las empresas de Latinus para ocultar recursos de procedencia ilícita.

Tras revelar la información, Pablo Gómez rechazó que se trate de una persecución contra los colaboradores de Latinus y contra “enemigos jurados del Gobierno”, pero eso sí, le respondió a Loret por sus acusaciones.

“La generación que desde los años sesentas luchó por las libertades, no tiene nada que responderle a las personas que se dedican a la calumnia y hacen de ella un negocio. Latinus se dedica a eso con recursos públicos ilegales. No son de publicidad o comunicación social sino de medicinas” fue la respuesta de Pablo Gómez a Loret.

Así, ante la mirada del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Pablo Gómez indicó que tras contrastar la información financiera con las unidades de inteligencia financiera en otros países e información bancaria y del sistema financiero, por lo que el Gobierno de México ya sabe para qué se usa y cómo se distribuye el dinero en Latinus.

“Es un reto para el ministerio público, nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber” remató Pablo Gómez.

Bajo el mismo esquema financiero que usó Genaro García Luna, Roberto Madrazo se respaldó para extraer recursos públicos, haciendo uso de sus contactos políticos, quienes le permitieron recibir al menos 7 mil 300 millones de pesos mediante adjudicaciones directas o licitaciones públicas con gobiernos estatales.

Según una investigación de Zósimo Camacho para Contralínea, lo que Madrazo recibe de parte de estos turbios entramados, es dispersado, en parte, en proyectos del interés del grupo político y económico al que pertenece.

Como ejemplo, menciona al portal Latinus, con la intermediación de hasta cuatro empresas, y La Nota es la Nota SC, de Carlos Loret de Mola. Ambas empresas habrían recibido de parte de la red de Madrazo más de 100 millones de pesos.

Mientras que García Luna armó una red de empresas para recibir contratos del Gobierno Federal y de los estatales en materia de Seguridad, Madrazo lo hizo para extraer recursos desde el sector salud.

Y, de la misma manera en que el Gobierno de México lleva a cabo un juicio ante la corte de Miami, en Estados Unidos, para recuperar los más de 600 millones de dólares desfalcados por García Luna, lo hará para recuperar los recursos públicos que extrajo la red de Madrazo.

Gobiernos y contratos

Según Camacho, tan solo el gobierno de Michoacán, bajo la titularidad de Silvano Aureoles, entregó más de 4 mil 500 millones de pesos a nueve empresas ligadas a la red de Madrazo.

Según lo publicó Contralínea en marzo de 2022, las mismas empresas facturaron otros 500 millones de pesos de 10 gobiernos más y, según nueva información, se habrían obtenido al menos otros 2 mil 300 millones de pesos a través de siete compañías que hasta ahora aparecen en el entramado:

1. Diseño de Salud Integral SA de CV
2. Solid Mind Leasing Ltd SA de CV
3. Zdenko SA de CV
4. Thomasant Group SA de CV
5. Instrumedical SA de CV
6. Dicipa SA de CV
7. Citesco Solutions

Estas empresas habrían firmado contratos principalmente en el Estado de México bajo el Gobierno de Alfredo del Mazo Maza.

Diseño de Salud Integral

Entre 2018 y 2020 recibió casi 1 mil 900 millones de pesos, principalmente en contratos con los gobiernos del Estado de México, Michoacán, Chiapas e Hidalgo.

Thomasant Group, Zdenko e Instrumedical

Recibieron una propuesta conjunta para la adjudicación de un contrato multianual 2021-2023 del servicio de anestesia para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym).

Dicho contrato, a decir de la licitación pública llevada a cabo, se celebró por un importe total mínimo de 100 millones 712 mil 861.12 pesos y un importe máximo total por 167 millones 851 mil 762.20 pesos.

Dicipa

Recibió en diciembre pasado la adjudicación de un contrato bianual 2023-2024 para prestar el servicio de ciclos de hemodiálisis en el mismo Issemym. El fallo de la licitación indica que el monto mínimo del servicio es de 145 millones 45 mil 8 pesos y el máximo de 241 millones 740 mil 288 pesos.

En marzo de 2021, el periodista Álvaro Delgado reveló que Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola -hijo y yerno de Roberto Madrazo- son quienes financian Latinus.

Luego, el portal digital SinEmbargoMX dio a conocer los nombres de las primeras empresas de la trama: BCG Limited Consulting SA de CV; Digital Beacon Programatic Services SA de CV; Hova Health SA de CV y Samedic SA de CV.

Más tarde, otros periodistas dieron a conocer más nombres de empresas:

• Movimedical SA de CV
• Medckin SA de CV
• EPG Digital SA de CV
• Comercializadora Anel SA de CV
• Medalfa SA de CV

Todas estas empresas aparecen en el entramado detectado por la UIF.

Operadoras de Latinus

La empresa que registró a Latinus, BCG Limited Consulting SA de CV, recibió de Samedic SA de CV, en 2020, 5 millones 673 mil 787 pesos. También recibió 555 millones 985 mil 864 pesos, entre 2016 y 2018, de Servicios de Salud del Gobierno de Michoacán.

A su vez, Samedic destinó en 2017 155 millones 189 mil 245 pesos a Hova Health Sa de CV, donde aparece como accionista Nickin Gaxiola.

Servicios de Salud de Michoacán también destinó, entre 2016 y 2021, 403 millones 442 mil 850 pesos a Movimedical SA de CV, de la que Nickin Gaxiola es representante legal. Dicha empresa le transfirió a Federico Madrazo Rojas, 14 millones 213 mil 430 pesos de 2016 a 2019.

Madrazo Rojas también aparece como accionista de Grupo Madnick SA de CV, donde Nickin Gaxiola es representante legal.

En 2016, Madrazo Rojas recibió 3 millones 146 mil 852 pesos de Medckin SA de CV. El hijo del priísta también es accionista de Consultores Inmobiliarios Mafer SA de CV, y de Consultores y Asesores del Este.

En 2017, Servicios de Salud Michoacán transfirió 165 millones 828 mil 961 pesos a Solid Mind Leasing Ltd SA de CV, donde es accionista Christian González Guadarrama, quien también es representante legal de BCG Limited Consulting SA de CV.

Entregas a Latinus

Camacho también explica que, entre 2018 y 2020, se habrían trasladado 107 millones de pesos a una de las controladoras de Latinus: Digital Beacon. Todos, en su origen, serían recursos públicos.

Diseño de Salud Integral habría sido la empresa que más recursos trianguló a Latinus mediante Digital Beacon, aportándole 78 millones 500 mil pesos en ese periodo.

No obstante, los recursos de la empresa fueron captados, principalmente, de cuatro gobiernos estatales. 

En ese par de años, indica, Diseño de Salud Integral recibió mil 893 millones 500 mil pesos de seis financiadoras:

• Gobierno del Estado de México, de Alfredo del Mazo (876 millones de pesos)
• Gobierno de Michoacán, de Silvano Aueoles (605 millones)
• Gobierno de Chiapas, de Manuel Velasco y de Rutilio Escandón (293 millones)
• Gobierno de Hidalgo, de Omar Fayad (49.9 millones de pesos)
• Citesco Solutions (19 millones)
• Otros financiadores menores (51.1 millones)

El resto de las fuentes de financiamiento, entre 2018 y 2020, de Latinus son:

• El Partido Verde Ecologista de México, 7.7 millones
• Gobierno de Sinaloa, 13.1 millones
• Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, 3.6 millones
• Coca-Cola, 1.7 millones
• Servicios de Salud de Tamaulipas, 1.6 millones
• Valuad Mercadotecnia y Comunicación, 330 mil pesos
• Otros, 745 mil pesos

También habría habido transferencias por 46.3 millones entre dos controladoras de Latinus: BCG Limited Consulting y Digital Beacon.

Un juez de Andorra, citó al priísta Manlio Fabio Beltrones y su hija, la senadora Sylvana Beltrones, a declarar en videoconferencia por el presunto delito de blanqueo de capitales.

Según reveló el diario español El País, la justicia del pequeño país europeo reabrió el caso en contra del exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones y su hija quien actualmente ocupa una senaduría por el tricolor. Fue Joan Carles Moynat, de la Sección Especializada 1 de Andorra quien en marzo pasado solicitó a las autoridades mexicanas para facilitar una declaración por por videoconferencia de Beltrones y de su hija única.

Sylvana Beltrones ocultó 10.4 millones de dólares en una cuenta en Andorra entre 2009 y 2010 cuando en el país que se ubica en medio de los Montes Pirineos existía el “secreto bancario”.  Cabe destacar que la hoy senadora ingresó esta suma cuando tenía 26 años, no ocupaba ningún cargo público y su padre era el coordinador de los priistas en el Senado.

Este ocultamiento de recursos es conocido como el Caso Sonora, estado del que Manlio Fabio fue gobernador entre 1991 y 1997. Por este caso en 2015, se inició una imputación en contra de ambos priístas. No obstante, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) de Enrique Peña Nieto, elaboró  un informe de no ejercicio de la acción penal (neap) sobre los investigados. El documento sostenía que el delito fiscal de Sylvana Beltrones, de 40 años, había prescrito. Esto provocó que en Andorra, la causa fuera sobreseída provisionalmente, hasta este año.

Cabe destacar que este mismo recurso utilizado por la PGR peñista fue usado también para lograr el sobreseimiento provisional de varias causas en Andorra contra personalidades cercanas a la formación tricolor, como el abogado de Peña Nieto, Juan Ramón Collado. En México la ahora Fiscalía General de la República (FGR) también investiga a ambos militantes tricolor por irregularidades en las mismas cuentas de banco en Andorra.

Beltrones habría protegido a narcos

La investigación llevada a cabo en Andorra no solo es por el blanqueo de capitales. De acuerdo a los documentos que tuvo acceso El País, Fabio Beltrones protegió la carrera de cuatro narcotraficantes. Esto se incluye en la comisión rogatoria enviada a México, donde el magistrado andorreño recoge un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Según este documento,  los exjefes del cartel de Sinaloa Joaquín “El Chapo Guzmán” y Héctor Luis Palma Salazar, alias “El Güero Palma”, figuraron entre los beneficiados por el dirigente. Junto a ellos, aparecen los señores de la droga ya fallecidos Héctor Beltrán Leyva, exlíder del Cartel de los Beltrán Leyva; y Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.

Las supuestas vinculaciones de Beltrones con el narco no son nuevas. The New York Times incluyó en 1997 al priista en una relación de funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con El Señor de los cielos.

Tanto Fabio como Sylvana Beltrones han negado las acusaciones en su contra y sus vínculos con el narcotráfico. En una declaración ante un notario público padre he hija niegan todo esto y aseguran que se trata de una campaña para dañar su imagen.

“Fue una noticia calumniosa y difamatoria que en su día se publicó con la muy obvia intención de dañar mi imagen pública y política. A petición mía, la PGR concluyó que de las diligencias practicadas existían elementos del tipo de los delitos de difamación y calumnias. Durante mi desempeño en Sonora denunciaron a los delincuentes que falsamente la nota mencionaba se les brindaba protección. Nunca he tenido ni causa ni condena en contra mía en relación esa calumnia y viajo con libertad por el mundo”, dice Beltrones.

Polemón

La UIF, encabezada por Pablo Gómez, indaga desde octubre de 2021 un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021. La dependencia presentó una denuncia ante la FGR, la cual abrió la carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita donde podrían estar involucradas 15 personas.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, cuenta con los elementos suficientes para judicializar el caso del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, afirmó Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Gómez Álvarez destacó que a diferencia del pasado mes de julio, fecha en la que se abrió la carpeta de investigación en contra del exmandatario mexicano, ahora la FGR cuenta con más información no solo de sus años como Presidente, sino también de su gestión Gobernador del Estado de México (2005-2011).

“Hoy sabemos más del asunto de Peña Nieto y no solamente del tiempo en el que fue Presidente, sino del tiempo que fue Gobernador. Hoy tenemos un conocimiento mayor de cómo se hicieron las cosas, de cómo se operó, de cómo se realizó no solamente el delito que nosotros investigamos que son operaciones con recursos de procedencia ilícita sino también peculado, todos los delitos predicados de lavado de dinero que eso es lo que nosotros hacemos”.

A pregunta expresa de si existe la posibilidad de que el expresidente Enrique Peña Nieto sea encarcelado, el titular de la UIF indicó que no puede asegurar nada, pues el papel de la UIF, instancia que encabeza, no es la de actuar como Ministerio Público ni como Juez.

“Nuestro punto de vista no es más que un punto de vista, no pretendemos ser quienes toman esas decisiones y respetamos la esfera de competencia del Ministerio Público. […] El Ministerio Público lo sabe y no solamente sabe lo que nosotros le decimos, sabe lo que ellos investigan por su lado que tiene que ver con otras cosas. Yo estoy a la espera de que el Ministerio Público integre todo esto y ya tiene suficientes elementos para pedirle a un Juez que le conceda una audiencia de imputación, ese es el inicio de todo proceso de carácter judicial”.

El titular de la UIF indicó descartó que Peña Nieto haya sido citado a declarar y recordó que desde mayo de 2022 el político mexiquense vive en España con un permiso migratorio conocido como “‘golden visa”, el cual permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros, como lo hizo el expresidente priista, según ha revelado el diario español El País.

“No creo que lo haya citado a declarar ningún Tribunal, ni siquiera el Ministerio Público. Nosotros sabemos donde vive este señor, no es el único expresidente que ha cambiado domicilio”, expresó Pablo Gómez.

El 7 de julio de 2022, la UIF informó que el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido. La denuncia fue presentada por la dependencia y la FGR abrió una carpeta de investigación.

La UIF detectó un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió transferencias internacionales por 26 millones mil 429 pesos entre agosto de 2019 y octubre de 2021, que fueron transferidos por una familiar consanguínea, de una cuenta en México hacia España. También detectó que era accionista de dos empresas que realizaron operaciones irregulares de 2013 a 2018, incluyendo con una trasnacional contratista del Gobierno federal en su gestión de 2012 a 2018.

La UIF, frente a la cual está por Pablo Gómez, indaga las operaciones desde octubre de 2021 y ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la cual abrió la carpeta de investigación para determinar si hay delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita donde podrían estar involucradas 15 personas.

Ante los señalamientos, Peña Nieto respondió en Twitter que espera “que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo”.

Posteriormente, el pasado 2 de agosto, la Fiscalía General de la República informó que tiene abierta una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito.

La institución encabezada por el Fiscal Alejandro Gertz Manero informó en un comunicado que la primera carpeta por delito federal abierta en contra del expriista es por “diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales”. Los avances permitirán que se judiacialice el caso en los próximos meses, detalló. Pero no se ha dicho más del tema.

Además, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, para las cuales ya se han solicitado pruebas tales como dictámenes periciales, hacendarios y fiscales. A esto se suma otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, para la cual ya se encuentran en proceso de desahogarse dictámenes fiscales y patrimoniales con las instituciones correspondientes y los peritos especializados en la materia.

Pero mientras apenas se sabe de las investigaciones en curso, Enrique Peña Nieto continúa en España con una vida de lujos, sin ser requerido por las autoridades mexicanas a las que se las ha exigido que los señalamientos no queden impunes.

“GARCÍA LUNA, EJEMPLIFICA ESTADO CORRUPTO”

La mañana de este jueves, Pablo Gómez denunció que Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública federal en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y, que actualmente enfrenta un juicio en su contra en Estados Unidos por su supuesta relación con grupos del crimen organizado, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, la cual operó con impunidad durante 20 años.

El funcionario hizo esta acusación durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, espacio en el que presentó datos relevantes sobre el juicio de carácter civil que se lleva a cabo en el estado de Florida, Estados Unidos, en contra de “García Luna y de una serie de personas y de empresas que formaron parte de la red de corrupción encabezada por este sujeto”.

De acuerdo con Gómez Álvarez, “bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 países con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares”.

A lo largo de su intervención, también dio a conocer que tiene “un listado de 40 contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción y el producto de la inmensa mayoría de estos contratos por 745 millones 879 mil 384 dólares con 78 centavos hasta este momento”.

Al respecto, Pablo Gómez indicó que estas operaciones fueron posibles gracias al Estado de corrupción que imperó en México durante muchos años, en específico, dijo, durante los gobiernos de los llamados partidos de oposición, el PRI y el PAN.

“Es un sistema de corrupción de los varios que existieron durante ese periodo que se construyeron en el país dentro de un esquema que desde el punto de vista interpretativo es un fenómeno difícilmente visto en otros países. El Estado corrupto es aquel donde la corrupción se constituye como uno los pilares de la gobernanza, que es una cosa continua, sistemática en el cual la corrupción se convierte en parte de una forma de gobernar”.

El titular de la UIF detalló que la oposición, la misma que critica al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, contribuyó a que la corrupción se expandiera y convirtiera en parte del mismo Estado durante los años que estuvo en el poder.

“Lo interesante de nuestro fenómeno político es que la oposición que durante 40 años había estado luchando contra la corrupción, según decía, lo asumió a plenitud, no solo lo asumió, lo reprodujo y lo expandió. Lo que hoy tenemos con el estudio de estas tramas de corrupción es eso, un nuevo partido que había sido víctima de fraudes electorales, se convierte en un sostenedor, impulsor, como lo quieran llamar del mismo Estado corrupto. El fenómeno es digno de tomarse en cuenta, es una transición perturbada hacia la democracia. La alternancia no es por sí misma democracia”.

Respecto al estado en que se encuentran las denuncias presentadas por la UIF en contra de García Luna en 2019 por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Pablo Gómez explicó que la dependencia que encabeza ya cumplió con su parte de presentar toda la información correspondiente ante la FGR y ahora corresponde a esta dependencia seguir el proceso.

“El Ministerio Público tiene toda la información y está la denuncia presentada por la UIF, el Ministerio Público tiene que hacer ese trabajo porque la UIF no es policía, no es una agencia de investigación criminal. Nosotros proveemos de información a las entidades públicas que las necesitan para el ejercicio de sus facultades constitucionales, pero lo que no podemos hacer es sustituir a esas instituciones en el ejercicio de facultades que están concedidas a ellas mismas. Nosotros lo que hacemos es aproximamos al conocimiento de los hechos, de la verdad y darle ese conocimiento a la autoridad para que actúe y procure justicia, nosotros no podemos procurar justicia, lo más que podemos hacer es clamar justicia”.

Pablo Gómez detalló que en México el delito de lavado de dinero no se puede judicializar si no hay denuncia de la UIF, por ende, dijo, el trabajo de esta dependencia es de suma importancia.

“Estamos en un dialogo con el Ministerio Público toda la vida, estamos planeando acción ministerial en el sentido que estamos haciendo las denuncias. La UIF tiene una peculiaridad mexicana, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, no se puede judicializar si no hay denuncia de la UIF, no se puede llevar a juicio a ninguna persona por operaciones con recursos de procedencia ilícita entonces el valor de las denuncias de la UIF es muy grande”.

Finalmente, el funcionario expresó su confianza porque la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero acelere el proceso para poder presentar imputaciones contra García Luna.

“Ir al fondo lo más rápido posible. Hace un par de mese, hace poco. Claro, la denuncia de la UIF ya tiene su tiempo […] Yo espero que las cosas empiecen a correr más rápido, que los elementos con los que pueda contar el Ministerio Público sean consolidados todos ellos a efecto de poder presentar imputaciones contra García Luna. Como no es una cosa urgente desde el punto de vista del manejo de los procesos, a un diversos proceso penal entonces evidentemente la autoridad que hace la investigación en México no corre ninguna prisa, por más que pueda acelerarlo un juez podría ordenar una tercer aprehensión en contra de García Luna que no tendría una consecuencia porque él no está al alcance del Estado mexicano”.

Por Fabiola Hernández

¿Cerco a Inés Gómez Mont? Un juez ordenó que fuera detenida por 2 delitos, la conductora se encuentra prófuga de la justicia y ya acumula 4 órdenes de aprehensión en su contra.

Las cosas se complican para Inés Gómez Mont de 39 años de edad, luego de que junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga fuera acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero.

A más de un año de que se encuentra prófuga de la justicia, Inés Gómez Mont se vuelve a colocar en el ojo del huracán luego de que un juez de control ordenó su prisión preventiva por 2 delitos.

¿Inés Gómez Mont podría ir a la cárcel? Piden se detenida por lavado de dinero y delincuencia organizada

Desde septiembre del 2021, Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga son buscados por las autoridades por la comisión de supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Aunque se desconoce su paradero, las investigaciones en contra de Inés Gómez Mont continúan y ahora se dio a conocer que un juez de control ordenó su prisión preventiva por 2 delitos: lavado de dinero y delincuencia organizada.

Esta acusación corresponde al Impuesto Sobre la Renta de 2017, donde Inés Gómez Mont presuntamente realizó una defraudación fiscal de 3.6 millones de pesos.

Cabe recordar que hasta el momento Inés Gómez Mont suma cuatro órdenes de aprehensión giradas en su contra. Las otras tres son por el delito de defraudación fiscal.

¿Cómo inició la investigación contra Inés Gómez Mont?

La investigación contra Inés Gómez Mont inició con una denuncia del Servicio de Investigación Tributaria (SAT), por una supuesta defraudación fiscal de 13.5 millones de pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta en 2016.

Con el sexenio pasado Inés Gómez Mont había llegado a un acuerdo para cubrir la totalidad del daño al fisco en dos pagos:

• Uno por 10.9 millones de pesos, realizado el 30 de noviembre de 2018
• Otro por 2.6 millones de pesos, que se realizó el 7 de junio de 2019

Con estos dos pagos Inés Gómez Mont ya habría saldado el presunto fraude fiscal. Pero con el cambio de Administración, la Fiscalía General de la República (FGR) desconoció el acuerdo.

La FGR argumento que Inés Gómez Mont debía llegar un acuerdo con ellos y no con el SAT, ya que este organismo no tenía una atribución para negociar cualquier reparación del daño.

En ese momento la FGR modificó la acusación contra Inés Gómez Mont de fraude al fisco en un caso de lavado de dinero.

Aunque en un principio Inés Gómez Mont era acusada por un asunto fiscal, esta se transformó a una acusación por los delitos de delincuencia organizada y lavado.

Estas acusaciones generaron que se girara una orden de captura en contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes se encuentran prófugos de la justicia.

SDPNoticias

Eustaquio Tomás de Nicolás tuvo su mayor éxito económico en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez, madre del expresidente Enrique Peña Nieto, recibió 38 millones de pesos del empresario Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, quien enfrenta procesos penales por los delitos de fraude, evasión fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Según una investigación de Contralínea, las transferencias millonarias se realizaron sin que haya registros fiscales del origen de esos fondos.

Peña Nieto, a través de una tercera persona, informó al medio que esta operación sí se realizó, aunque se trató de la venta de un terreno.

“El priista aseguró que eso ocurrió hace 15 años, cuando él era gobernador del Estado de México y su madre ‘le vendió unos terrenos en Atlacomulco que ella tenía como herencia a la muerte de su esposo, Enrique Peña del Mazo’”, se lee en la investigación.

Sin embargo, declaró el priista, el pago no se hizo en su momento, sino hasta 2012, cuando él llegó a la Presidencia y pudo intervenir para reclamar el pago.

El expresidente resaltó que “terminó mal” su relación con el empresario Eustaquio de Nicolás, debido al atraso del pago. Aclaró que estas transacciones “ya fueron investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”.

“Tengo toda la documentación y verificación física de lo que digo”, expresó el exmandatario sobre los terrenos vendidos y los movimientos financieros en torno a ellos.

¿Quién es Eustaquio de Nicolás?

Contralínea hizo un perfil del empresario Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez quien actualmente se encuentra en arresto domiciliario. 

Fue fundador y presidente de las empresas desarrolladoras de viviendas Homex y Expectras, así como del equipo profesional de futbol Dorados de Sinaloa. “Tuvo su mayor éxito económico en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto”, explicó el medio.

Además, “está vinculado a una red de funcionarios y empresarios que presuntamente han blanqueado dinero en el Andorra”. No solo eso, según el medio, también aparece en un esquema de triangulación de recursos con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Asimismo, “se relacionó con los prófugos de la justicia Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez-Mont, en la creación de empresas factureras”.

La Octava

La pareja Calderón-Zavala aprovecha su liderazgo político y su paso por la Presidencia para obtener beneficios del erario nacional y de negocios al amparo del poder. Recién dejaron Los Pinos, crearon asociaciones civiles, cooperativas –como Calderón y Zavala, SC–, fundaciones y empresas para recibir donativos, préstamos y aportaciones millonarias. Entre éstas destaca la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, creada por el expresidente y que pagó “honorarios” por 681 mil pesos a Espino González, autor del libro López Obrador: el poder del discurso populista y colaborador de Letras Libres. Entre los financiadores del político derechista están: World Resources Institute Checking Account, Fundación Unifin, Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios y Transporte en General Similares y Conexos, Constructora y Arrendadora México, Virtual Sourcing, RW Coonsulting, Bestlabor y Servicios Marítimos de Campeche

Fieles a la tradición panista –en donde históricamente los dirigentes de ese partido de ultraderecha hacen política al mismo tiempo que negocios, y un ejemplo es el abogado Diego Fernández de Ceballos, quien por las mañanas legislaba leyes en el Congreso y por las tardes litigaba en favor de defraudadores, lavadores de dinero, delincuentes de cuello blanco y políticos corruptos–, la pareja Calderón-Zavala también aprovecha su liderazgo político y su paso por la Presidencia de la República para obtener beneficios económicos del erario  nacional y de los negocios al amparo del poder.

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa siempre ha vivido del presupuesto como presidente de la República, secretario de Estado, presidente del Partido Acción Nacional (porque los partidos políticos también se financian con dinero público), diputado federal, asambleísta del Distrito Federal y director general de Banobras, mientras que su esposa Margarita Ester Zavala Gómez del Campo ha sido candidata presidencial, exprimera dama, diputada plurinominal, asambleísta y, junto con su marido, fundaron la asociación civil México Libre con una clara intención política para intentar convertirla en un partido político, lo cual les fue negado por el Instituto Nacional Electoral por recaudar fondos de origen ilícito.

Algunas de las asociaciones civiles, sociedades cooperativas, empresas, negocios, accionistas, socios y apoderados en donde ha participado la pareja Calderón-Zavala y mediante las cuales recibían “donativos”, “préstamos” y “aportaciones” desde el primer mes que Felipe Calderón salió de la Presidencia de la República, además de operar triangulaciones de recursos, inversiones, transferencias internacionales, depósitos, retiros, compras de bienes inmuebles, viajes internacionales y hasta el pago de impuestos, son:

La sociedad cooperativa Calderón y Zavala (Calderón y Zavala, SC), en donde ambos políticos son accionistas y la utilizan para recibir dinero y hacer transferencias; la asociación civil Reacción Efectiva, en donde Margarita Zavala es la apoderada y accionista, y también recibe cheques y transferencias vía Speis; la asociación civil Fundación Desarrollo Humano Sustentable, en donde Felipe Calderón es accionista y tiene operaciones financieras millonarias de depósitos y retiros; la asociación civil Libertad y Responsabilidad Democrática, aquí Margarita Zavala es fundadora; también aparecen decenas de empresas y personas con las cuales hacen negocios y triangulaciones de recursos.

Calderón y Zavala, SC

Empecemos por la sociedad cooperativa Calderón y Zavala, en donde el expresidente mexicano y la exprimera dama son los accionistas, que reportó ingresos en dos años (2018 y 2019) por 3 millones 575 mil 977 pesos, de los cuales por tratarse de una cooperativa pudieron deducir impuestos por 2 millones 840 mil 834 pesos y sólo pagaron por impuesto sobre la renta (ISR) 30 mil 267 pesos.

Esta SC reportó al fisco ingresos en 2018 por 721 mil 399 pesos, de los cuales el SAT les autorizó deducciones por 645 mil 550 pesos y pagó impuestos por 22 mil 755; mientras que en 2019 sus ingresos se incrementaron a 2 millones 854 mil 578 pesos y, extrañamente, a pesar de recibir más recursos tuvieron deducciones por 2 millones 195 mil 284 pesos, por lo que sólo pagaron impuestos por 7 mil 512 pesos.

Esta sociedad cooperativa envió cuatro Speis por 292 mil pesos a Margarita Zavala entre 2018 y 2019, además de que tiene una relación directa con la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, AC, de la cual es accionista Felipe Calderón y comparten hasta el mismo teléfono (01)55 55 93 61 70.

De los ingresos que recibió la cooperativa Calderón y Zavala hay una transferencia internacional de la empresa Hicue Speakers Corp –radicada en el paraíso fiscal de Panamá–, recibida el 9 de noviembre de 2018, por 721 mil 399 pesos. Otra transferencia internacional corresponde a Arroyo Energy Investors Fund II, recibida el 30 de septiembre de 2019, por 393 mil 886.17 pesos; dos transferencias internacionales más por 385 mil 528.50 pesos, de Young Presidents Organization, INC, recibidos en noviembre de 2019 y enero 2020.

Dionisio Gutiérrez Mayorga les transfirió de Coral Gables Florida, Estados Unidos, 377 mil pesos el 4 de marzo de 2019; una transferencia más les llegó el 31 de julio de 2019, de parte de World Travel and Tourism Council, LTD, por 373 mil 626 pesos; una transferencia más de la Universidad de Georgetown por 372 mil 160.75 pesos, el 6 de febrero de 2019; una transferencia de Arroyo Energy Invesment Partners, el 6 de septiembre de 2019, por 96 mil 778.75 pesos.

Calderón y Zavala, SC, también recibió dos Speis de “pago factura” por 1 millón 210 mil pesos, uno el 13 de marzo de 2020 y el otro el 13 de abril del mismo año, de Tafer Resorts Management, SA de CV, y lo que llamó la atención de las autoridades mexicanas es que se desconoce el propósito real de la operación de la empresa y tampoco se registró pago de nómina.

Además, esa sociedad cooperativa también recibió un Spei por 232 mil pesos el 8 de febrero de 2019, de parte de la empresa Tafer Resorts Management, SA de CV, la cual al ser investigada se descubrió que recibió depósitos en efectivo por más de 372 mil dólares (cerca de 7.5 millones de pesos) subsecuentes de los que se desconoce su origen. Un Spei más por 167 mil 49 pesos les pagó el 8 de abril de 2020, Mejores Líderes de México.

De los cheques y transferencias que hizo o pagó Calderón y Zavala, SC, destacan 11 cheques por 387 mil 440 pesos que entregó entre 2018 y 2020 a Grupo Mahaniger, SA de CV; 12 cheques por 141 mil 880 pesos a Inthegraf, SC; un Spei por 303 mil 439.45 pesos el 10 de diciembre de 2019 a Metlife México; otro Spei por 280 mil pesos el 27 de julio de 2019 a Fame Corregidora, SA de CV; 15 Speis más por 196 mil 612 pesos entre 2019 y 2020 a Efectivale, SA de CV.

En sus cuentas financieras aparecen otros cinco Speis por 181 mil 524.57 pesos entre 2018 y 2019 a Unifin Financiera, SAB de CV Sofom; 32 Speis por 127 mil 868.79 pesos entre 2019 y 2020 por nómina a Emma Arreola Vences, y un Spei  por 116 mil como pago de la factura 28 de Tridente Estrategia, SA de CV.

Fundación Desarrollo Humano Sustentable, AC

Con una estrecha relación con la cooperativa Calderón y Zavala, la asociación civil Fundación Desarrollo Humano Sustentable tiene como accionistas a Felipe Calderón Hinojosa; Gerardo Ruiz Mateos, secretario de Economía en el gobierno calderonista; al abogado Óscar Fernández Prado, y a su prima María Antonieta Hinojosa Robles.

A través de esta fundación, el expresidente y sus socios recibieron 14 transferencias de la empresa World Resources Institute Checking Account, con sede en Washinton, por 6 millones 832 mil 422.09 pesos, entre 2014 y 2017; otros 67 Speis por 6 millones 800 mil pesos como “donativo” de la Fundación Unifin, AC, entre el 2014 y 2020.

La fundación recibió otros dos Speis por 4 millones 787 mil 958.85 pesos, en enero y abril de 2013 –justo después de que concluyó su sexenio–, como “préstamo” de parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios y Transporte en General Similares y Conexos de la República Mexicana, algo muy extraño si se considera que Felipe Calderón apenas había salido de la Presidencia de la República y parece inexplicable que empresas, sindicatos y asociaciones le empezaran a transferir recursos a la fundación de la cual el es accionista, como si se tratara de pagos por favores o contratos asignados desde Los Pinos.

Recibió otros dos Speis como “donativo” por 3 millones 40 mil pesos de parte de Constructora y Arrendadora México, el 6 de diciembre de 2012 y el 27 de marzo de 2013; tres Speis más por 2 millones 564 mil pesos entre abril y junio de 2013, de parte de Virtual Sourcing, SA de CV; otros tres Speis por 2 millones 300 mil pesos, de RW Coonsulting SA de CV, entre 2013 y 2014; un Speis por 2 millones de pesos como “pago de donativo”, de Bestlabor SA de CV, dedicada a la terciarización de servicios y recursos humanos.

Otras tres empresas con alertas por parte de las autoridades financieras también aportaron recursos a la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, de Felipe Calderón, y son: Servicios Marítimos de Campeche, quien envió dos Speis por 5 millones 956 mil 689 pesos, uno el 13 de diciembre de 2012 (exactamente cuando Calderón dejó la Presidencia de la República) y otro el 27 de marzo de 2013. Esta empresa es señalada por la prensa de estar vinculada a desvíos de recursos de Petróleos Mexicanos (Pemex); otra empresa es Industrial Perforadora de Campeche, que aportó un 1 millón 540 mil pesos, el 27 de marzo de 2013, y Grupo Exploración Marina con 1 millón 540 mil pesos como “donativo”.

También Aco Inmuebles, SA de CV, le entró con su donativo a Calderón por 1 millón 450 mil pesos, el 8 de marzo de 2013, y Automotores de la Laguna un Spei por 730 mil pesos el 30 de julio de 2013.

De todos esos recursos que la fundación recibía como “donativos”, “préstamos” y “aportaciones”, Felipe Calderón recibió directamente 13 cheques entre 2015 y 2016 por 91 mil 571.96 pesos; también se enviaron 37 Speis por 4 millones 188 mil 200.25 pesos a José Chalco Cohen, como pago de factura por renta, entre 2013 y 2018; 14 Spei por 2 millones 546 mil 907.60 pesos para Identa Consultores, SC, entre 2013 y 2015; 21 Spei por 1 millón 831 mil 802.40 pesos por pago de factura de 2018 a 2020, a Banco Ve por Más, SA.

Otros 59 Spei por 1 millón 594 mil 597.66 pesos como nómina a Gerardo Sergio Bonilla Alguera; 59 Spei por 1 millón 367 mil 233.60 pesos para Arturo Peláez Gálvez; ocho Spei por 788 mil 800 pesos a la empresa Perceptive, SC; 40 Spei por 852 mil 288.53 pesos por factura para Mantenimiento a Administraciones, SA de CV; cuatro Spei por 708 mil 37.41 pesos por computadoras y pantallas a Lead-Pro Servicios Globales, SA de CV; nueve Spei por 681 mil 387.86 pesos por “honorarios revista”, entre 2013 y 2014, a Luis Antonio Espino González, autor del libro López Obrador: El poder del discurso populista y colaborador de Letras Libres; y 13 Spei por 635 mil 568 pesos a Jairo Jiménez Santiago, asesor de Calderón, como pago de nómina entre 2013 y 2014.

Madrid. Al día siguiente de que la Fiscalía General de la República de México (FGR) anunció que había iniciado una investigación por transferencias irregulares en favor de Enrique Peña Nieto, el ex mandatario puso a la venta su departamento de lujo en el centro de Madrid.

El inmueble, que se anuncia como una “impresionante piso recién reformado”, salió con un precio de venta de 650 mil euros (13 millones 500 mil pesos).

Peña Nieto vive en Madrid desde hace unos tres años, sin embargo el departamento que ahora vende nunca lo ha habitado. De hecho pocas veces lo ha visitado, si acaso para alguna fiesta esporádica o para que lo utilicen algunos visitantes amigos del ex mandatario.

Es un departamento en uno de los barrios más caros y lujosos del centro de Madrid, en la colonia de Almagro, en la calle Miguel Ángel, que en su día compró por 500 mil euros (10 millones 500 mil pesos) y que le valió para conseguir su residencia oficial en España, gracias al plan del gobierno español con el que un ciudadano extranjero que invierta en un bien inmueble superarior al medio millón de euros tiene también derecho a recibir una residencia oficial permanente.

Fue un plan diseñado por el anterior gobierno, del derechista Mariano Rajoy, para atraer inversión extranjera en los peores años de la crisis económica del 2008.

El anuncio de la venta del departamento, desvelado por el diario El País, detalla que se trata de un “impresionante piso recién reformado”, que tiene 139 metros cuadrados radicada en el primer piso de una finca de aspecto clásico erigida en 1980, que dispone de un gran salón con dos ambientes, una cocina abierta, dos baños y una terraza de 34 metros cuadrados.

El dormitorio del inmueble tiene un baño suite y un amplio vestidor. “Es una vivienda impresionante, lista para entrar a vivir con muebles, electrodomésticos, todo incluido en el precio”, reza el anuncio.

Por otra parte, la UIF localizó que el expresidente sostendría vínculos corporativos con dos empresas (mencionadas como “empresa A” y “empresa B”) en las cuales se detectaron irregulares fiscales y financieras.

Ante dicho panaorama, el expresidente rompió el silencio y mediante su cuenta de Twitter aseguró que aclarará la situación de su patrimonio para así comprobar su legitimidad dentro de los procedimientos legales.

“Expreso mi confianza en la instituciones de procuración y administración de justicia”, expresó Peña Nieto en redes sociales.

Pese a que uno de los estandartes de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) ha sido la lucha contra la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que la carpeta de investigación ante la FGR sea una acusación de su Gobierno a Peña Nieto.