“Latinus es una plataforma de información ajena a grupos políticos”, aseguró este portal en su lanzamiento, en 2020, pero muy pronto quedó desnuda la patraña: Demostramos que el dueño es el clan del priista Roberto Madrazo y su socio es Silvano Aureoles, el fugitivo exgobernador de Michoacán acusado de corrupción que ahora arrastra a todos al abismo.

No hay sorpresas: Hace cinco años, el 29 de marzo de 2021, revelamos en SinEmbargoMX cómo el fraude, la mentira y los montajes han sido siempre el sello de Latinus, el escaparate para los ideólogos y figuras de la oposición, como Enrique Krauze, Héctor Aguilar Carmín, Denise Dresser, Lorenzo Córdova, Jorge Castañeda y Jesús Silva Herzog, que hicieron candidata presidencial a Xóchitl Gálvez a la que ahora aborrecen.

Qué curioso: En cosa de días, dos proyectos de la derecha que involucran a los mismos personajes quedan exhibidos por corrupción.

Primero fue la cancelación que hizo el Gobierno federal para que los donativos de los multimillonarios a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el grupo de presión fundado por Claudio X. González, ya no sean deducibles de impuestos, como revelamos el martes 25, y ahora el caso del fugitivo Aureoles es también un golpe a Latinus del clan Madrazo.

Claudio X. González y Roberto Madrazo tienen en común formar parte del mismo grupo político de Carlos Salinas de Gortari, el verdadero padre del PRIAN y de la plutocracia que nació en el sexenio 1988-1994, el modelo que defiende el elenco de… Latinus.

Ahora que Aureoles está prófugo es preciso recordar la red de relaciones políticas que revelamos en 2021 y que exhibe, otra vez, la mentira de que Latinus es “ajena a grupos políticos”, porque está directamente vinculado a dos grupos: El de Madrazo, con su hijo Federico Madrazo Rojas y su yerno Alex Nickin Gaxiola, y el de Aureoles con Miguel Alonso Olamendi y Marco Antonio Estrada Castilleja, sus secretarios particular y privado, respectivamente.

La relación no es sólo que el Gobierno de Michoacán con Aureoles como titular haya contratado por más de 500 millones de pesos a las empresas de Nickin y Madrazo, como Samedic, S.A. de C.V, y Hova Health S.A. de C.V., con las que se financió Latinus, sino que las dos empresas que están legalmente detrás de este proyecto mediático tienen como socio e integrante a Antonio Estrada Castilleja, el secretario privado del exgobernador.

En efecto, los contratos del gobierno de Aureoles a las empresas del clan Madrazo se otorgaron cuando Estrada Castilleja era socio de BCG Limited Consulting, S.A. de C.V. y comisario de Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V., las dos empresas vinculadas corporativamente a Latinus.

No sólo eso: Miguel Alonso Olamendi, secretario particular de Aureoles, fue el operador político y económico para el lanzamiento de Latinus, acompañando muchas veces a las locaciones al presentador Carlos Loret de Mola y hasta fue su acólito en el Mundial de futbol en Qatar, en 2022, como consta en fotografías y videos.

Alonso Olamendi es hijo de Miguel Alonso Raya, quien fue subcoordinador de los diputados federales del PRD cuando Aureoles era el coordinador en la legislatura de 2012 a 2015 y se aprobaron las reformas del Pacto por México de Enrique Peña Nieto, y de Patricia Olamendi, subsecretaria de Relaciones Exteriores de Vicente Fox y quien auxilió jurídicamente a Latinus. El PRIAN, pues.

Si bien la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez contra Aureoles es por presunta corrupción de tres mil 121 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal, no por los contratos a Latinus, esta misma institución ministerial investiga por lavado de dinero y corrupción a las empresas del clan Madrazo.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó, en julio de 2024, que desde mayo de 2021 se presentó una denuncia ante la FGR, luego de que se detectaron triangulaciones de dinero y un esquema de defraudación en el que están implicadas las empresas de Latinus.

Es decir, la denuncia de la UIF se presentó un mes después de que revelamos la identidad de los dueños de Latinus.

Entre 2019 y 2024, expuso, los gobiernos de Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Hidalgo y Estado de México transfirieron dos mil 437 millones 285 mil 272 pesos a esas empresas de Latinus, en los que se presumen delitos, entre ellos lavado de dinero y corrupción.

El asunto apesta: No es nada más que Latinus miente cuando afirma que es “ajena a grupos políticos”, que lo es al del salinista Madrazo y del prianista Aureoles, sino que esos grupos están asociados a la corrupción. Sí: Los fraudes, las mentiras, los montajes como el sello de la casa…

“Está bien que sea crítico de ese proyecto en el poder, implacablemente crítico, pero las audiencias tienen derecho a saber que el objetivo no es informar sino, además de lucrar, combatir a un proyecto político para imponer uno propio”.

Latinus nació como un proyecto político y de negocios con el camuflaje de un medio periodístico que, como tal, murió en los hechos el día que revelé que sus verdaderos dueños son miembros del clan de Roberto Madrazo, el exgobernador, expresidente nacional y excandidato presidencial del PRI que personifica junto con Carlos Salinas de Gortari, su mentor y jefe, la alta corrupción política del viejo régimen.

Publicado en SinEmbargoMX el 29 de marzo de 2021, cuando ingresé a este medio, mi reportaje acreditó con información documental y testimonial que Latinus no era una iniciativa “ajena a grupos políticos”, como falsamente proclamaba desde que nació, en 2020, y revelé la identidad de los propietarios formales y reales de Latinus, entre ellos Federico Madrazo Rojas y Alex Nickin Gaxiola, hijo y yerno de  Madrazo Pintado, como este mismo lo reconoció, tratando de deslindarse de ser parte intrínseca de este proyecto político y empresarial, que está bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por corrupción y lavado de dinero.

La “entrada” de mi reportaje decía así: “Detrás de Latinus, la plataforma que tiene como estrellas al periodista Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo, hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la exsubsecretaria Patricia Olamendi; a su hijo, Miguel Alonso, y al secretario privado del gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja. Pero el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco”.

Así, nacido de la entraña del clan político y empresarial de Madrazo Pintado, Latinus sólo podía ofrecer mentiras, montajes y fraudes, exactamente lo opuesto al periodismo: La búsqueda de la verdad con independencia de todo poder, sobre todo político y económico.

Hasta ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno han exhibido a Latinus mediante sus figuras públicas, específicamente Loret de Mola por ser quien le ha imputado corrupción a él y a sus hijos, pero han omitido la identidad de los verdaderos propietarios que, según la denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la FGR, están —ellos sí— acusados de conductas criminales.

Al día siguiente de que SinEmbargoMX publicó mi investigación, le pregunté al presidente López Obrador si sabía que detrás de Latinus está el clan de Madrazo y respondió que sí y que también, como informaba mi trabajo, había “personas vinculadas al gobernador de Michoacán y a quien fue subsecretaria de Relaciones en el gobierno de Vicente Fox”. Aseguró que no habría una investigación contra los propietarios y sus colaboraron informativos, salvo por temas fiscales, “porque tampoco pueden tener privilegios”.

Mi reportaje incluía, en efecto, que las empresas controladores de Latinus no habían declarado fiscalmente y también sus vínculos con otras, propiedad del yerno de Madrazo, que eran  proveedoras de equipo médico y medicinas de gobiernos estatales, como el de Michoacán, fuente de miles de millones de pesos canalizados a ese medio de comunicación.

Pablo Gómez, el titular de la UIF, informó la semana pasada que esta institución presentó una renuncia ante la FGR contra Latinus, el 20 de mayo de 2021, un mes después de publicado mi reportaje y cuando el titular era Santiago Nieto Castillo.

Expuso Gómez: “¿Por qué se ha denunciado a este consorcio? Por actividades de lavado de dinero y también ligadas a la corrupción. La denuncia es del 20 de mayo del 2021, entonces no es una cosa reciente, es algo que está procesando la Fiscalía General de la República porque el consorcio Latinus se caracteriza por eso con recursos públicos, pero recursos públicos ilegales. No están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad, sino de medicinas, de atención médica”.

Llama la atención que Gómez tampoco haya mencionado a Madrazo ni a su hijo y yerno, aunque aclaró que la investigación no involucra a los colaboradores editoriales como Loret de Mola, Víctor Trujillo, Lorenzo Córdova, María Scherer Ibarra, Denisse Dresser y Jesús Silva Herzog Márquez que, en efecto, son sólo empleados de un conjunto de empresas —es decir, de un patrón, el clan Madrazo— que han ocurrido en corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita.

Por ahora, el gobierno de López Obrador ha tocado sólo la superficie del asunto, no el fondo. Y más aún: El propio gobierno contrató a las empresas del clan Madrazo por 382 millones de pesos entre 2019 y 2023, según la propia información difundida por Gómez. Desde que la FGR investiga, en 2021, se les han asignado contratos por más de 200 millones. Está raro el asunto.

Yo no sé si Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Madrazo, son lavadores de dinero, incluyendo a este último, que de acreditarse sería gravísimo, pero es de inobjetable interés público conocer que ellos son los propietarios de un medio de comunicación que somete al escrutinio y la crítica a un proyecto político, de entrada mintiéndole y ocultándole a las audiencias que es, también, un proyecto político.

Y está bien que sea crítico de ese proyecto en el poder, implacablemente crítico, pero las audiencias tienen derecho a saber que el objetivo no es informar sino, además de lucrar, combatir a un proyecto político para imponer uno propio. Eso es política, no es periodismo.

A tono con lo que está pasando políticamente en el país, Latinus es parte de la decadencia del PRI, de ese PRI de Salinas de Gortari, el constructor del modelo neoliberal que gobernó México desde 1982 y que quedó hecho pedazos en 2018 y luego este 2 de junio. La captura de ese partido por Alejandro Moreno Cárdenas —que podría presidir su partido hasta 2032– es el fin de una era en la que Madrazo —el verdadero patrón de Latinus— fue una figura de la alta corrupción y conspicuo  mapache electoral.

Por último, el caso también ha hecho quedar en ridículo a personajes como Enrique Krauze, autor de la insolente afirmación de que Latinus es ahora lo que Proceso fue en los setenta. Es un escupitajo al periodista Julio Scherer García y al periodismo verdaderamente independiente.

Seis gobiernos estatales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación financiaron con dinero del pueblo al consorcio LatinUs. De 2019 a 2024, las cinco empresas que lo conforman, más otras dos que les transfieren recursos, se embolsaron 2 mil 437 millones 285 mil 272 pesos del erario. Parte de ese dinero acabó triangulado a cuentas bancarias radicadas en el paraíso fiscal de Delaware, Estados Unidos, refiere la Unidad de Inteligencia Financiera.

Los hechos podrían constituir presuntos delitos de lavado de dinero y corrupción, reveló esta mañana el titular de la UIF, Pablo Gómez. Agregó que por ello se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, desde el 20 de mayo de 2021, contra el consorcio LatinUs. El comunicador Carlos Loret de Mola no es parte de la denuncia, aclaró.

Acerca del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que se les imputa a las cinco personas morales que integran LatinUs, indicó que se configuraría porque han obtenido recursos públicos ilegalmente y los han triangulado a Delaware.

“De las actividades administrativas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama LatinUs, que es otra cosa, independientemente de que él, junto con otras personas más, les preste servicios y les cobre”, expuso el funcionario.

En la conferencia presidencial, Gómez detalló que esa denuncia penal tampoco incluye a otros periodistas o comentaristas –entre los que destacan Denise Dresser y Lorenzo Córdova Vianello– que obtuvieron sueldos de las cuentas del consorcio radicadas en Delaware. “La política del gobierno, desde un principio, fue el respeto al artículo séptimo de la Constitución, que establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones e ideas, de todo tipo a través de cualquier medio”.

LatinUs, explicó el licenciado Gómez, está integrado por cinco empresas propiedad de Cristian González Guadarrama:Latinus Media Group, constituida el 13 de enero de 2020;Latinus Media Radio, SA; Latinus Media Mx, SA de CV; y las “empresas que son exclusivamente utilizadas como instrumentales” –y que popularmente se les conoce como empresas fantasma–: Digital Beacon Programatic; y BCGLimited Consulting, SA de CV.

Estas compañías se conectan con otras dos, cuyos ingresos –en su totalidad– provienen de entidades públicas, por la venta de productos farmacéuticos y servicios de salud. Éstas, aclaró, “son independientes en su propiedad de estas dos que pertenecen al mismo dueño, el señor González Guadarrama”.

Acerca de las entidades públicas que acabaron financiando al consorcio LatinUs, expuso, son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como de los gobiernos de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. Además, hay financiamientos indirectos de los negocios de salud, provenientes de los gobiernos del Estado de México –cuando era gobernado por el PRI–, Michoacán e Hidalgo. En 2023, declaró el titular de la UIF, tan sólo del gobierno del Estado de México, LatinUs obtuvo más de 540 millones de pesos.“En total, estamos hablando de una cantidad significativa desde el año 2019 a 2024, de 2 mil 437 millones de pesos”.

Pablo Gómez detalló que al consorcio LatinUs se le denunció por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción. Asimismo, expuso que los productos de inteligencia que realiza la UIF tienen como receptáculos el Ministerio Público, las autoridades de control–federales y de las entidades federativas–, quienes solicitan la información que el sistema financiero provee a la Unidad de Inteligencia Financiera.

“No se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del gobierno. Y digo así porque la aplicación del artículo séptimo de la Constitución es parejo y es para todos. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno?, pues ha evitado utilizar la vía judicial para combatir la calumnia. Y el hecho que haya sido así, que la política del gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia a través de medios judiciales, como se hace en casi todo el mundo, es sencillamente porque el respeto, el nivel de respeto a la libertad de difundir ideas que tenemos hoy día en este país nunca lo habíamos tenido, nunca en la historia”.

Pablo Gómez solicitó al presidente López Obrador permitirle responder a Loret de Mola, quien “dijo que era una vergüenza que yo lo persiguiera a él por sus ideas y por su expresión, cuando vengo del movimiento del 68, la generación que desde los años 60 luchó por las libertades en México, no tiene nada de qué avergonzarse ni darle explicaciones a las personas que se dedican a la calumnia, y hacen de ella un negocio, hacen de ella un negocio. Y este es el caso, porque el consorcio LatinUs se caracteriza por eso con recursos públicos, pero recursos públicos ilegales, no están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad, sino de medicinas, de atención médica”.

Finalmente, consideró que este caso “es un reto para el Ministerio Público. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber, pero el gobierno no controla el Ministerio Público, así está ahora la Constitución, y qué bueno que así es, no estamos diciendo que esté mal”.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló que existe una denuncia contra Latinus en la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y corrupción, presentada 20 de mayo del 2021 por el extitular Santiago Nieto.

Sin embargo, Pablo Gómez desmintió que exista una denuncia en contra de Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo “Brozo”, pues ellos no son accionistas de las empresas detrás de Latinus, propiedad de la familia del priista Roberto Madrazo.

Loret de Mola “no aparece como accionista, condueño, ejecutivo, manager, gerente”, de Latinus, indicó Pablo Gómez.

El titular de la UIF informó que Latinus es un consorcio que tiene detrás empresas que hacen negocios con la venta de medicamentos y servicios de salud, las cuales obtuvieron del 2019 al 2024, 2 mil 437 millones de pesos.

Las empresas ligadas a Latinus obtuvieron esos recursos de entidades como Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Hidalgo y el Gobierno Federal, como lo hemos revelado en varios reportajes en Polemón.

Pablo Gómez señaló que Latinus tiene 5 empresas, entre ellas Latinus Media Group, Latinus Radio, Latinus Media y 2 empresas instrumentales: Digital Beacon Programatic y BGCS Limited.

Además de una empresa ubicada en el estado de Delaware, un paraíso fiscal, financiero y de lavado de dinero en los Estados Unidos, desde donde, pese a ser un lugar muy opaco, se han obtenido registros de triangulaciones de dinero entre las empresas de Latinus para ocultar recursos de procedencia ilícita.

Tras revelar la información, Pablo Gómez rechazó que se trate de una persecución contra los colaboradores de Latinus y contra “enemigos jurados del Gobierno”, pero eso sí, le respondió a Loret por sus acusaciones.

“La generación que desde los años sesentas luchó por las libertades, no tiene nada que responderle a las personas que se dedican a la calumnia y hacen de ella un negocio. Latinus se dedica a eso con recursos públicos ilegales. No son de publicidad o comunicación social sino de medicinas” fue la respuesta de Pablo Gómez a Loret.

Así, ante la mirada del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Pablo Gómez indicó que tras contrastar la información financiera con las unidades de inteligencia financiera en otros países e información bancaria y del sistema financiero, por lo que el Gobierno de México ya sabe para qué se usa y cómo se distribuye el dinero en Latinus.

“Es un reto para el ministerio público, nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber” remató Pablo Gómez.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el grupo de “encapuchados” que hablaron con Claudia Sheinbaum en una carretera de Chiapas, podría tratarse de un montaje.

La tarde de este domingo se difundió un video en el que se observa que un grupo de hombres encapuchados encaró a la candidata presidencial de Morena, PT y PVEM en la sierra de Motozintla, Chiapas. En el video los supuestos inconformes aseguran que el gobierno “nunca ha hecho nada por esta comunidad”; sin embargo, lo que resulta sospechoso es que en medio de la sierra el único medio que aparentemente está “cubriendo” es Latinus.

Este lunes el Presidente AMLO se pronunció en su mañanera y consideró que es muy probable que se trate de un montaje, pues aseguró que cuando alguien tiene una denuncia, no tiene por qué encapucharse. Y esto lo sabe de antemano, pues, según relató, durante sus giras alrededor del país, la gente lo detiene con mucha frecuencia.

“Es muy probable que sea un montaje. ¿Encapuchados, si alguien tiene una denuncia para que se va a encapuchar? Todos los que andábamos por los caminos de México nos paran, nos entregan sus escritos, se quejan, hay reclamos cuando no son atendidos (…) Están muy desesperados, no se qué están viendo”, dijo López Obrador.

El mandatario aseguró que cuando un ciudadano va a hacer una denuncia o un planteamiento, no va encapuchado y menos grabando.

“Fueron personas encapuchadas las que detuvieron la camioneta en la que se trasladaba Claudia, eso puedo decir, grabando. Ya cuando pasan esas cosas por la experiencia que nosotros tenemos ya sabemos que es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni va grabando”, expresó.

López Obrador señaló que lo más probable es que no se trate de algo grave. Y aclaró que es parte de la guerra sucia en contra del movimiento que ahora encabeza la Doctora Sheinbaum, pues andan “zopiloteando”.

“Es el amarillismo, la propaganda, no les funcionó lo de narcopresidente, se gastaron como 5 millones de dólares solo en México y no les funcionó. Están apostando a la sequía a que no lloviera y ya llovió ayer; están apostando a la violencia, andan zopiloteando y nada les está funcionando”, señaló.

Al poco tiempo de que se difundió el supuesto encare entre Sheinbaum y los encapuchados, Latinus, medio financiado por la familia del priísta Roberto Madrazo, difundió en sus redes sociales que Sheinbaum había sido “interceptada” por “autodefensas” de Chiapas.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) bajo la presidencia del magistrado calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, dio pagos a Latinus, el medio digital de la familia del priísta Roberto Madrazo, por más de 200 mil pesos.

Latinus es un medio de comunicación totalmente opositor al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene como presentador estrella a Carlos Loret de Mola, quien constantemente intenta golpetear al gobierno de la 4T mediante reportajes llenos de inferencias, difamaciones y con pocas o nulas pruebas.

En ese sentido, es de destacar que el TEPJF, quien es el máximo encargado de resolver las controversias electorales en el país, y que debería destacar por su imparcialidad, entregue contratos de publicidad a un medio abiertamente opositor a un grupo político.

Las facturas, en poder de Polemón, datan de noviembre de 2022 a septiembre de 2023. Precisamente, en ese periodo el TEPJF fue presidido por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, un personaje que inició su carrera a la sombra de Felipe Calderón Hinojosa, siendo el coordinador de asesores durante su gobierno.

Este personaje, Rodríguez Mondragón, tiene un probado pasado neoliberal, según dio a conocer la periodista Nancy Flores, para Contralínea. Además de que su relación con la familia de Calderón trasciende el ámbito laboral, pues ha participado en bodas y eventos de la familia de Margarita Zavala, esposa del panista.

Antes de su ingreso al TEPJF, el funcionario se desempeñó como coordinador de asesores de la Secretaría Particular durante el Gobierno de Felipe Calderón, entre mayo y diciembre de 2011. Asimismo, se desempeñó como director general adjunto de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, entre abril y noviembre de 2010, cuando dicha dependencia era encabezada por Fernando Gómez-Mont Ureta.

Reyes Rodríguez también colaboró en el gobierno de Vicente Fox como asesor de la Unidad de Análisis de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República en 2005. Además, entre enero y diciembre de 2000 fue asesor en la Coordinación de Asesores de la Oficialía Mayor en la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Ernesto Zedillo.

Reyes Rodríguez Mondragón tuvo que renunciar a su cargo como presidente del TEPJF a fines de 2023 debido a las rupturas internas en el seno del tribunal que obligaron a los demás magistrados a pedir su salida de la presidencia del órgano.

En medio de esta situación, tanto Latinus como el presentador Carlos Loret de Mola, intentaron que el ex funcionario vinculado al PRIAN no perdiera su cargo como presidente del TEPJF y hasta impulsaron una campaña mediática desde Latinus y otros medios corporativos que buscaba culpar de las fricciones en el tribunal electoral a Morena y al propio Presidente López Obrador.

Los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro

Por ejemplo, en los días de mayor algidez del conflicto en el Tribunal, Latinus publicó notas con titulares escandalosos como este: “La cercanía de Morena con los magistrados del TEPJF que piden la renuncia de Reyes Mondragón”.

O bien otros que aseguraban que la salida de este personaje de la presidencia del tribunal pondría en riesgo la democracia: “Intento de remover al presidente del TEPJF, pone en riesgo la integridad de las elecciones, advierten organizaciones”.

El propio Loret de Mola, en su programa del 8 de diciembre de 2023, aseguró que Mondragón era una persona “de probada independencia ante el gobierno”. Además de señalar que “el obradorato” presionó a la magistrada Janine Otálora a dejar la presidencia en 2021.

Asimismo, el día en que Mónica Soto fue elegida como presidenta del Tribunal Electoral, Loret de Mola destacó que fue vista comiendo con un diputado de Morena, lo que lo hizo poner en duda la imparcialidad de la ahora presidenta. No sin destacar la supuesta “independencia” de Reyes Rodríguez.

“Hoy la gran pregunta es, si la nueva presidenta del Tribunal estará bajo las órdenes del Presidente López Obrador o será independiente, como su antecesor”, señaló Loret.

Los contratos

El primero de los pagos del Tribunal Electoral, entregado por la Dirección General de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública del mismo, fue entregado el 18 de noviembre de 2022 a Digital Beacon Programatic Services S.A. de C.V., una de las empresas propietarias de Latinus.

El servicio que prestó Latinus fue la “Publicación de informe anual de labores 2021-2022” con un periodo de ejecución del 21 de noviembre al 3 de diciembre. El monto pagado por el TEPJF a Latinus fue de 58 mil pesos. En este caso, el pago se realizó en una sola exhibición mediante una transferencia electrónica de fondos.

El segundo pago está fechado el 29 de marzo de 2023 entre los mismos entes; en este caso Latinus daría difusión a una campaña llamada “Principios que generan confianza” dentro de su portal web del 1 al 30 de abril de 2023. En total, este contrato significó otros 58 mil pesos para Latinus provenientes del Tribunal Electoral.

En el caso de este contrato, el pago fue hecho en parcialidades, empero, según refiere la factura, también en poder de este medio, no se especificó una forma de pago.

Un tercer pago con fecha del 9 de junio de 2023 fue encargado por el TEPJF a Digital Beacon, para que, a través de Latinus, se diera difusión a su campaña “Tú también participas” del 15 de junio al 14 de julio de 2023. El monto por este servicio fue de 69 mil 600 pesos incluyendo el IVA. El pago también sucedió en parcialidades, aunque nuevamente no se definió la forma en la que el Tribunal entregó el dinero a Latinus.

Finalmente, el último pago entregado al medio opositor, se fechó el 4 de septiembre de 2023, a pocos meses de que Reyes Rodríguez Mondragón dejara la presidencial del TEPJF. En este, se le dieron a Latinus otros 58 mil pesos para la difusión de una campaña llamada “Integridad que consolida la democracia” en el portal de Latinus.

En total, los cuatro contratos a los que tuvo acceso Polemón, suman 243 mil 600 pesos, los cuales el TEPJF de Rodríguez Mondragón entregó a Latinus, el medio digital del clan Madrazo.

Es falsa la publicación de Latinus sobre que sea un plagio la tesis de licenciatura de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien busca presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según aclaró ella misma en redes sociales.

“Totalmente falso el reportaje de Latinus. Ahora ¿qué más van a inventar?”, expuso en Twitter la Ministra, al tiempo que compartió un comunicado de su asesora de tesis desmintiendo la información que Guillermo Sheridan publicó en ese medio de comunicación.

La información de Latinus fue desmentida por la Maestra Martha Rodríguez, quien aclaró:

“Certifico que la tesis de licenciatura de mi alumna Yasmín Esquivel Mossa es una tesis original que yo dirigí y que es de su autoría. NO ES UN PLAGIO COMO ERRÓNEA Y FALSAMENTE LO ESTÁ SEÑALANDO LA COLUMNA PUBLICADA”, dijo la profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM; luego solicitó a Latinus subir a su portal la certificación y replica realizada conforme al Artículo 6° de la Constitución.

En Latinus, mediante una columna de opinión, Guillermo Sheridan sostiene que:

“La tesis para obtener la licenciatura en derecho que la pasante Yasmín Esquivel Mossa defendió en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Aragón de la UNAM, en septiembre de 1987, titulada Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123 Apartado A es plagio de una tesis previa, la titulada Inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza del Artículo 123 Constitucional Apartado “A”, que en julio de 1986, defendió el Lic. Edgar Ulises Báez Gutiérrez en la Facultad de Derecho de la UNAM”.

La columna está vestida con comparaciones que Sheridan hace entre la tesis de Esquivel Mossa y el supuesto documento plagiado.

Polemón

Cada vez hay más elementos que relacionan el financiamiento del portal Latinus con un presunto esquema de lavado de dinero y desvío de recursos públicos, según las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con una investigación del periodista Álvaro Delgado en SinEmbargo, las investigaciones dan cuenta de una trama en la que participan Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno del ex candidato priísta a la Presidencia, Roberto Madrazo Pintado, así como el exgobernador perredista Silvano Aureoles y otros funcionarios del Gobierno de Michoacán.

La FGR, a través de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó un esquema de triangulación de recursos del erario michoacano a varias empresas del “clan Madrazo”, que a su vez, transfirieron a dos compañías relacionadas legalmente con Latinus.

Los investigadores explican que este esquema permite acreditar los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y peculado.

A finales de marzo de 2021, SinEmbargo dio a conocer que la familia Madrazo es propietaria de Latinus mediante las empresas BCG Limited Consulting SA de CV y Digital Beacon Programatic Services SA de CV, y que otras de sus empresas recibieron millonarios contratos del Gobierno de Aureoles en Michoacán.

“Un año después, las investigaciones realizadas por las autoridades acreditan los vínculos entre empresas y oficinas gubernamentales, de acuerdo con documentos obtenidos recientemente por este medio”, menciona ahora el portal informativo.

Latinus, el medio en donde sus protagonistas son Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo “Brozo”, se habría alimentado de dinero público del Gobierno de Michoacán.

También se le relaciona, aunque en menor cantidad, al Gobierno del Estado de México. El secretario privado de Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja, es socio de BCG Limited Consulting SA de CV y comisario de Digital Beacon Programatic Services SA de CV.

Y, pese a que Nickin Gaxiola y Madrazo Rojas no aparecen como accionistas en las actas constitutivas de las empresas, son quienes fondean a Latinus y lo hicieron, según los documentos de la investigación, mediante contratos del Gobierno de Aureoles.

Desde el 7 de enero de 2020, cuando Loret de Mola anunció el lanzamiento de Latinus, comenzaron las transferencias de Nickin Gaxiola, según los documentos oficiales. Ese año fueron más de 20 millones de pesos para el financiamiento inicial del portal mediante sus dos empresas, según se puede constatar además en la información bancaria y financiera que posee la FGR.

De las cuentas de sus empresas, Nickin Gaxiola, cuñado del apoderado legal de Latinus, Madrazo Rojas, envío vía SPEI de 4 millones de pesos a Digital Beacon Programatic Services SA de CV por concepto de “aportación de capital”.

También en 2020, Digimedical SA de CV, también de Nickin Gaxiola, envío un SPEI de 6 millones de pesos a Digital Beacon Programatic Services con el concepto de “Pruebas Reactivas Hemo proyecto Mich”, pero la factura fue por “Servicio de producción y compra de pauta publicitaria en medios”.

Samedic SA de CV, otra empresa ligada al yerno de Madrazo Pintado, hizo otras dos transferencias a BCG Limited Consulting, una de las dos empresas vinculadas legalmente a Latinus: una por 13 millones 164 mil pesos y otra por 6 millones 581 mil pesos.

Los registros oficiales revelan que las empresas de Nickin Gaxiola recibieron del Gobierno de Michoacán contratos millonarios tanto por adjudicación directa como por licitación para proveer equipo y material médico.

Vínculos políticos

Los contratos del Gobierno de Michoacán a las empresas de Madrazo y Nickin ocurrieron cuando el secretario privado de Aureoles, Marco Antonio Estrada, era socio de BCG Limited Consulting SA de CV y comisario de Digital Beacon Programatic Services SA de CV, las dos empresas de Latinus.

Las autoridades federales detectaron que Estrada, quien por años no presentó declaraciones anuales de impuestos, aparece como socio o integrante de varias empresas y recibió un millón 46 mil 176 pesos con 30 centavos de Alejandro Carlos Hughes Acosta, quien fue procesado por lavado de dinero.

También Miguel Alonso Olamendi, secretario particular de Aureoles en la Gubernatura y representante de Ejecutivo estatal en la Ciudad de México quien, aunque no aparece como socio de las empresas de Latinus, se le identifica como “enlace” con Estrada Castilleja y personajes del clan de Roberto Madrazo.

Entre 2015 y 2020 Aureoles compartió viajes con sus secretarios particular y privado a España, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra y Japón, junto al empresario y político priísta Fernando Reina Iglesias, quien está en la nómina de Latinus.

También compartieron vuelo con Aureoles el matrimonio mexiquense Laura Barrera Fortoul y Luis Ernesto Maccise Uriel, cercanísimos de Enrique Peña Nieto, y Alejandro Canek Vázquez Góngora, ex coordinador de giras de Madrazo y exsecretario particular de Manlio Fabio Beltrones, amigo de Aureoles.

Las autoridades federales han identificado cómo se movieron los recursos del erario de Michoacán a empresas vinculadas a Madrazo y luego a Latinus, a través de Aureoles, Estrada Castilleja y Alonso Olamendi.

Por ejemplo, la empresa Samedic SA de CV, recibió contratos del Gobierno de Michoacán por 425 millones de pesos entre 2017 y 2019.

Hova Health SA de CV, también del yerno de Madrazo Pintado, recibió contratos del Gobierno de Aureoles. Uno de ellos fue en 2019, por 10 millones de pesos.

Hova Health recibió en 2017 poco más de 32 millones de pesos de la empresa Solid Min Leasing STD SA de CV, que a su vez recibió del Gobierno de Michoacán contratos por 71 millones 478 mil pesos.

La investigación también detectó que el apoderado legal de Solid Mind Leasing es Cristian González Guadarrama, accionista de BCG Limited Consulting SA de CV y socio de Estrada Castilleja, una de las dos empresas legalmente detrás de Latinus.

Carlos Loret de Mola. Foto: Especial.

Cristian González Guadarrama también es socio de Digital Beacon Programatic Services, cuyo otro socio legal es Rodrigo Peña Ugarte, un personaje que no contaba con recursos porque no presentó declaraciones patrimoniales entre 2015 y 2019.

Esto significa que al menos dos de los socios de las empresas de Latinus, Estrada Castilleja y Peña Ugarte, serían testaferros.

Bajo la lupa también está otra empresa que financia a Latinus: Diseño de Salud Integral SA de CV, que antes se llamaba Diseño y Publicidad SA de CV, y que con sus dos razones sociales ha sido contratista del Gobierno de Michoacán.

Cuando era Diseño y Publicidad SA de CV recibió contratos, en 2018, por 134 millones 221 mil pesos, según los registros de Compranet y, como Diseño de Salud Integral SA de CV, recibió en 2020 115 millones de pesos del Gobierno de Michoacán.

De esa última cantidad, pagó a BGC Limited Consulting, en 2020, un total de 9 millones 775 mil por concepto de “servicios de producción y pauta publicitaria en medios”.

Y también pagó a Digital Beacon Programatic Services, otra empresa de Latinus, 46 millones 714 mil pesos por “servicios de producción y compra de pauta publicitaria en medios”.

Fuente Polemón

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la triangulación de recursos públicos entre las empresas que financian al portal Latinus y el gobierno de Michoacán.

Con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se detectó la transferencia de recursos del gobierno de Silvano Aureoles a empresas de la familia Madrazo, informó el portal Sin Embargo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la denuncia por la que la FGR comenzó con la investigación a Latinus. Desde el año pasado, Sin Embargo también reveló que Latinus pertenece al hijo de Roberto Madrazo, Federico Madrazo Riojas.

Empresas de la familia Madrazo triangulan dinero para Latinus: FGR

Alexis Nickin Gaxiola, yerno de Roberto Madrazo, es quien se ha encargado de hacer las transferencias entre las empresas, dio a conocer el medio.

BCG Limited Consulting, S.A. de C.V. y Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V. son las compañías que proporcionaron un financiamiento de 20 millones de pesos para el lanzamiento de Latinus.

Marco Estrada Castilleja, socio de estas compañías, era a su vez el secretario privado de Silvano Aureoles, por lo que era el contacto entre ambos.

La Secretaría de Salud de Michoacán dio contratos millonarios a otras firmas de Madrazo y de estas se mandaban recursos para el medio.

Los conceptos por los cuales se transfería el dinero entre empresas eran por compra de pauta publicitaria, aportación de capital y préstamos.

De acuerdo con Sin Embargo, es así que la FGR podría confirmar que existen los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y peculado entre la administración de Silvano Aureoles y las empresas de Madrazo.

La Octava