El PT acusó a los ministros de formar una mafia que pretende sabotear la reforma al Poder Judicial, atentando contra el pueblo.

Diputados de la bancada del Partido del Trabajo (PT) formalizaron la solicitud de juicio político contra ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

TE PUEDE INTERESAR:El 22 de octubre pasado ofrecieron una conferencia de prensa en la que anunciaron que los ocho ministros son las “cabezas visibles” de la guerra jurídica que enfrenta el Ejecutivo y el Legislativo:

“Lo que hemos visto en los últimos días de parte de los ocho ministros y ministras insurrectos y golpistas, y varios jueces y magistrados, es una guerra jurídica”.

Aseguró que los togados violaron los principios de lealtad, legalidad, imparcialidad y eficiencia pues realizaron un ataque a las instituciones democráticas del país, a la Constitución y a la forma de gobierno republicano federal.

Destacaron que la reforma al Poder Judicial cumplió sus procesos de manera escrupulosa y que, desde su aprobación, hubo medidas orquestadas por parte de jueces que buscaban desde impedir que se discutiera e incluso que no se publicara.

PT presenta solicitud de juicio político contra ministros

Los diputados Ricardo Mejía Berdeja, Lilia Aguilar Gil, Santiago González Soto y Francisco Javier Macías presentaron el documento, basándose en términos de los artículos 108, 109, 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 5 al 24 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En el escrito formal dirigido al secretario general de la Cámara de Diputados, solicitan una demanda de juicio político en contra de los ministros:

• Alfredo Gutiérrez Mena
• Luis María Aguilar
• Margarita Ríos Farjat
• Juan Luis González Alcántara
• Jorge Pardo Rebolledo
• Alberto Pérez Dayan
• Javier Laynez Potisek
• Norma Piña

Los diputados del PT los acusan de atacar a las instituciones democráticas y de violar la supremacía constitucional.

Ricardo Mejía los calificó como “ministros golpistas” que forman parte de una “conspiración mafiosa para sabotear la reforma judicial”, afirmando que el juicio político es una medida para sancionar su supuesta rebelión con miras a su destitución:

“Los ministros han hecho un ataque a las instituciones del país, al constitucionalismo mexicano y a la forma de gobierno republicano representativo al violar la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir”.

Mejía aseguró que ningún ministro puede socavar lo que el pueblo de México votó el 2 de junio:

“Son golpistas, con el proyecto de González Alcántara lo confirman nuevamente. Todo el poder al pueblo”.

El PT ha manifestado su intención de realizar un juicio político en contra de algunos ministros de la SCJN por desacato y rebeldía.

El Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados anunció la presentación de una demanda de juicio político contra ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusándolos de desacato y rebeldía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja explicó que la acción va dirigida a los ministros que, según el PT, lideran la “guerra jurídica” contra el Poder Ejecutivo y Legislativo en torno a la reforma judicial.

Para conocer los nombres específicos de los ministros, consulta a continuación:

El ministro en retiro Arturo Zaldívar ha pasado a tomar las armas. Tras la filtración de que la Suprema Corte de Justicia inició una investigación en su contra por presuntamente haber presionado a jueces a fin de que emitieran sentencias favorables al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Zaldívar ha anunciado este martes que prepara una batería de recursos legales contra la presidenta del Supremo y cabeza del Poder Judicial, Norma Piña. El juez retirado no solo acusa a Piña de estar detrás de la elaboración y filtración del expediente en su contra, sino de haberse metido a la elección para mover el voto a favor de la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, la opositora Xóchitl Gálvez. El exministro anunció que presentará denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Piña, quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE), denuncias ante la propia Suprema Corte y una demanda de juicio político ante el Congreso.

“La ministra Piña ha incurrido en [irregularidades] que pudieran dar lugar a delitos en responsabilidades electorales, en responsabilidades administrativas, y también en responsabilidad política. Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora, y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando. Este actuar de Norma Piña lo único que demuestra es la necesidad y la urgencia de la reforma judicial”, ha afirmado Zaldívar, en una inusual conferencia junto al dirigente de Morena, el partido oficialista, Mario Delgado.

Zaldívar, que renunció a la Corte el año pasado para sumarse a la campaña de la morenista Claudia Sheinbaum, donde está encargado de diseñar la reforma al Poder Judicial, ha asegurado que Piña se reunió en privado y se puso de acuerdo con los dirigentes del PAN, PRI y PRD para diseñar “la embestida” en su contra. Por ello, presentará una queja ante el INE y una denuncia ante la FGR, respectivamente, por vulnerar la equidad de la contienda y por el probable delito electoral de uso ilegal de fondos, bienes o servicios a su disposición para apoyar o perjudicar a algún candidato.

Otra denuncia ante la Fiscalía será por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia, pues, según Zaldívar, Piña debió excusarse de su expediente. “Es evidente la enemistad manifiesta que tiene la ministra Piña conmigo; se debió de haber excusado de conocer de esta investigación, haber turnado el asunto al ministro decano, y ella no haber participado”, sostuvo el juez. También la denunciará por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, por la filtración del expediente. El ministro advirtió de que hay presiones a jueces para que declaren en su contra.

Zaldívar también acusó a Piña de haber vulnerado la autonomía del Tribunal Electoral Federal (TEPJF) al intervenir en la pugna de los magistrados por la presidencia de ese órgano, como lo dio a conocer EL PAÍS en enero. Por esta razón, promoverá ante la Suprema Corte una denuncia contra la ministra y una demanda de juicio político en el Congreso, con la que se busca conseguir el desafuero de Piña para que las instituciones de procuración de justicia puedan perseguir los delitos de los que se le acusa.

Delgado expresó su respaldo al ministro, como ya hicieron Sheinbaum y López Obrador, y afirmó que se trata de un acto de “guerra sucia” por el impulso de Zaldívar a la reforma judicial, con la que, de aprobarse, todos los ministros de la Suprema Corte serían removidos y reemplazados por otros elegidos por voto popular. “Tenemos la reacción de la derecha, que ahora tiene una nueva coordinación de campaña: la ministra presidenta de la Corte. La ministra Piña se ha convertido ya en la jefa de la guerra sucia de la candidata del PRI y del PAN. Entonces, vamos a poner las cosas en su lugar, vamos a denunciar lo que están haciendo, el uso de la Corte ya como parte del brazo de la guerra sucia de la derecha”, ha dicho el líder morenista.

Xóchitl Gálvez sostuvo que Zaldívar tiene que rendir cuentas a los ciudadanos, y aconsejó que se separase de la campaña de su adversaria, Sheinbaum, para no afectarla. “Yo creo que más bien el ministro Zaldívar tiene que explicarle a los mexicanos por qué está pasando lo que está pasando. Y Claudia Sheinbaum, más que alcahuetearlo, debería de exigir que se investigue. Ya hay magistrados con nombre y apellido que están denunciando al ministro de cosas que a ellos les consta que fueron presionados”, dijo la candidata del PAN, PRI y PRD en una entrevista con medios en Jalisco.

Tras el anuncio de Zaldívar, la la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación expresó su respaldo a la ministra Piña, ante lo que calificó de una “campaña difamatoria”. “El juicio político es un instrumento constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos; pero su uso ha sido recurrente para intimidar a los juzgadores de manera constante. En ese entendido, resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”, señaló la organización a través de un comunicado.