REVELAN TRAMA DE PRESUNTA CORRUPCIÓN

El analista español Alvise Pérez reveló una investigación en la que informa sobre los pagos recibidos por el juez Pedraz y por el abogado Baltazar Garzón.

Forbes y MÁS retomamos esa investigación; a continuación los nuevos datos sobre el caso.

El juez español Santiago Pedraz recibió dos pagos cada uno por 300 mil euros luego de liberar al ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira, de acuerdo con una investigación publicada en exclusiva por el analista español Alvise Pérez y retomada por Forbes México.

Los pagos recibidos por el juez español provienen de la firma mexicana PLC Servicios, una empresa considerada como fantasma por las autoridades fiscales y la cual fue contratada por el Gobierno del Estado de Coahuila durante el sexenio de Rubén Moreira.

Humberto Moreira fue liberado en enero de 2016, mientras que el juez Pedraz recibió el primer pago el 28 de marzo de 2016 y el segundo pago el 11 de abril del mismo año, ambos realizados a través de Citibanamex

El investigador Alvise Pérez presenta copias de las presuntas fichas oficiales que amparan el traspaso de esos recursos y publica datos que revelan los antecedentes de PLC servicios, sus vínculos en el caso Odebrecht y la contratación de esa firma por parte de la administración encabezada por Rubén Moreira.

La investigación revela también que el propio Humberto Moreira, su hijo Rubén Humberto y la empresa Unipolares y Espectaculares del Norte habrían pagado más de un millón de euros al abogado español Baltazar Garzón, también durante el 2016.

Pérez revela los reportes que la empresa del propio Garzón entregó a la autoridad española y en ellos aparecen los pagos recibidos en 2016.

Baltazar Garzón, quien mantiene una relación de amistad con el juez español Santiago Pedraz, habría sido parte de la defensa de Moreira, de acuerdo con lo que se ha publicado en la prensa española.

En tanto Manuel Ollé Sesé, quien, si aparece oficialmente como abogado de Humberto, recibió un pago de 119 mil euros de parte de la empresa de Garzón.

Es decir, de los pagos que habrían efectuado Humberto Moreira, su hijo y la empresa Unipolares y espectaculares del norte, solo el 10 por ciento se pagó al abogado oficial y el resto se habría quedado en manos de la empresa de Garzón.

Un juez federal dejó sin efecto la demanda de amparo de tres militares presos por el caso Ayotzinapa.

La defensa legal de los militares fue en contra de la orden de aprehensión que quedo cumplimentada en septiembre.

POR ELLO EL JUEZ EUTIMIO ORDÓÑEZ GUTIÉRREZ DECLARÓ IMPROCEDENTES LOS ACTOS RECLAMADOS.

El amparo fue solicitado por el general José Rodríguez Pérez; el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Alejandro Pirita Ochoa, quienes actualmente se encuentran en prisión.

Los tres militares se encuentran detenidos desde septiembre en el Campo Militar Número 1-A; acusados de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, por el caso Ayotzinapa.

Revolución 3.0

Ciudad de México. El gobierno federal denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) al juez de distrito Samuel Ventura Ramos, uno de los juzgadores que llevan el desahogo de los expedientes relacionados con el caso Ayotzinapa, tras haber otorgado en días pasados la libertad a 25 implicados en la desaparición de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

De esta forma, solicitó al Ministerio Público Federal que lo investigue “por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”, señalaron de manera conjunta las secretarías de Gobernación (SG) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que indicaron que el juzgador ha dictado más de 120 sentencias absolutorias en este caso.

Representantes de las áreas jurídicas de SG y SSPC acudieron a la FGR para ingresar una denuncia de hechos contra el juez, cuya sede se localiza en Matamoros, Tamaulipas.

“Hace unos días, el juez dictó sentencia absolutoria a 24 personas que intervinieron en el intento de homicidio contra un estudiante en Iguala, Guerrero, que desde el día de los hechos, el 26 septiembre de 2014, se encuentra en estado vegetativo. Pese a ello, los imputados no fueron dejados en libertad porque los procesaron por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas”, refieren las secretarías.

Asimismo, detallan que “el 14 de septiembre pasado, el juzgador también dictó sentencia absolutoria a José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, por secuestro, aunque sigue compurgando prisión por otros delitos”.

Entre 2014 y 2015 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal contra 147 presuntos implicados, entre ellos policías municipales, líderes regionales y miembros de Guerreros Unidos, así como el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda.

La PGR judicializó 27 causas penales y hasta agosto pasado “estos procesos se encontraban de la siguiente manera: 10 en juzgados con sede en Tamaulipas, cinco en el estado de México, cinco en Guerrero, cuatro en la Ciudad de México, uno en Colima, uno en Morelos y uno más en Querétaro”, refiere el informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

En el documento se recuerda que familiares de las víctimas han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la unificación de los procesos y que se establezca una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida.

La mayor parte de los acusados están en proceso por órganos con sede en Tamaulipas y particularmente por el juzgado que encabeza el juez Ventura Ramos, quien en septiembre de 2019 liberó a 77 acusados de participar en el secuestro y desaparición de los 43 normalistas; en días pasados exoneró a Abarca del delito de secuestro y el pasado 21 de septiembre liberó a otros 24 inculpados en el caso Iguala.

Entre los liberados por decisión del juez Ventura Ramos, al considerar que se violaron sus derechos humanos por ser objeto de actos de tortura, destacan Gildardo López, El cabo Gil, jefe de sicarios de Guerreros Unidos en Iguala; los sicarios y presuntos ejecutores de los jóvenes Patricio Reyes Landa, Salvador Reza, Jonathan Osorio, Agustín García y Felipe Rodríguez.

La Jornada

El exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, fue absuelto en el juzgado de Matamoros, Tamaulipas, de la causa penal que lo acusaba de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre del 2014.

Un juez federal estimó que no existen evidencias de su plena responsabilidad.

La sentencia no es definitiva porque la Fiscalía General de la República (FGR) puede apelarla ante un Tribunal Unitario de Circuito.

El exedil continuará internado en el Penal del Altiplano porque tiene otros tres procesos en curso. Dos de ellos son por el delito de delincuencia organizada, uno relacionado con los supuestos vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos y otro con las operaciones de lavado de dinero. Un tercer juicio fue iniciado por el delito de homicidio, ya que le atribuyen los asesinatos de los activistas Arturo Hernández Cardona y Justino Carbajal Salgado.

La absolución fue dictada apenas unas semanas después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informara durante la mañanera del 26 de agosto que José Luis Abarca ordenó la desaparición de los 43 normalistas en complicidad con distintas autoridades.

«Estamos diciendo quiénes dieron la orden (de desaparecer a los normalistas). Participa A1, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación», dijo en aquel entonces Encinas.

«Los estudiantes incendiaron la documentación en demanda de la presentación de Hernández Cardona, quien apareció asesinado y ese homicidio se le atribuye al entonces presidente municipal, José Luis Abarca, que está detenido por el delito de homicidio», aseveró y prosiguió que «a partir de ese momento los estudiantes fueron amenazados por el alcalde y por Guerreros Unidos de que no regresaran a la ciudad o se iban a atener a las consecuencias».

José Luis Abarca Velázquez, exmilitante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue detenido el 4 de noviembre de 2014 junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, luego de permanecieron prófugos más de mes y medio.

SputnikNews

os de las últimas tres suspensiones que impedían el desarrollo de obras del 5 Tramo del Tren Maya de Playa del Carmen a Tulum fueron eliminadas este lunes por el juez federal Adrián Novelo. Se trata de las suspensiones definitivas en los amparos 820 y 821 de 2022, promovidos por residentes de Quintana Roo, y por la asociación civil Cenote Republic.

Con esas suspensiones, la obra insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podrá continuar sin ninguna demora. Se trata de 530 kilómetros que comprenden estos tramos de los que estará a cargo la Sedena. El Gobierno de AMLO prevé invertir 31 mil 500 millones de pesos para el subtramo Cinco Sur, de 67.6 kilómetros. Para el subtramo Cinco Norte, 43.5 kilómetros de Cancún a Playa del Carmen, está pendiente la autorización de la MIA. El costo previsto es de 28 mil 100 millones de pesos.

La semana pasada, el mismo juez revocó tres suspensiones definitivas correspondientes a los amparos 884/2022, 923/2022 y 1003/2022 luego que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que subsanó observaciones contra la entrega extemporánea de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Con esta decisión, el juez con sede en Mérida, Yucatán, rechazó suspender los cambios de uso de suelo expedidos por los municipios de Solidaridad y Tulum y la obra puede continuar con los trabajos de construcción a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“El interés individual no puede prevalecer sobre el interés colectivo”, señala el documento de la resolución.

El único amparo en el que aún está vigente una suspensión provisional concedida el 9 de mayo es el 1137/2022, detrás del cual está el empresario Claudio X. González, promotor de la alianza Sí por México que agrupa al PRI, PAN y PRD rumbo al 2024. Se prevé que el juez también resolverá  de manera inminente la negativa a la suspensión promovida por el propietario de Kimberly-Clark.

Las organizaciones ambientalistas se han propuesto frenar la construcción del Tren Maya y no sólo presentaron amparos contra el tramo 5, también lo hicieron con los tramos 6 y 7  que atraviesan Quintana Roo y Campeche bajo el argumento de que los trabajos de construcción no cumplen con las medidas de protección al medio ambiente.

Sin embargo, estos últimos tramos del ferrocarril, ya cuentan con los permisos provisionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y fueron rechazados por el juzgado federal.

“Por tal motivo, como se ha indicado, deja de surtir los efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados que se concedió a la parte quejosa y por ende, las autoridades responsables podrán iniciar o continuar las obras respectivas autorizados con respecto al tramo cinco sur”, se lee en la sentencia.

Los tramos 6 y 7 que cubren 541 kilómetros de Tulum a Escárcega, Campeche, costarán 124 mil millones de pesos, un monto que equivale a 74 por ciento de los 167 mil millones de pesos de presupuesto original de todo el Tren Maya.

Polemón

Un juez federal revocó 3 de las 6 suspensiones definitivas que aún restaban en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum.

Las suspensiones definitivas retiradas corresponden con los juicios de amparo 884/2022, 923/2022 y 1003/2022, interpuestos por grupos supuestamente ambientalistas.

Así lo informó Javier May Rodríguez, Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por medio de sus redes sociales.

“¿Buenas noticias para el pueblo! Ya fueron revocadas las ‘suspensiones definitivas’ de los amparos 884/2022, 923/2022 y 1003/2022 que habían sobre el Tramo 5 sur del Tren Maya. La obra siempre ha sido legal, pero atendimos todos los requerimientos del juez para no dejar duda”, señaló May en su cuenta de Twitter.

Lo anterior fue confirmado por el Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, quien escribió en su cuenta de Twitter que un “juez de Mérida revocó tres ‘suspensiones definitivas’ de los amparos 884/2022, 923/2022 y 1003/2022 del Tramo 5 sur del Tren Maya. Consideró que fueron atendidas las condiciones establecidas. Así continúan los trabajos del Tren Maya respetando la ley y el medio ambiente”.

SinLínea

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, anunció que se realiza una investigación para determinar si el  juez Juan Pablo Gómez Fierro incurrió en algún tipo de delito al otorgar un amparo a la empresa Iberdrola para que no pague la multa histórica que le impuso la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

“Al juez que mencionó -Gómez Fierro- lo estamos investigando sobre el caso de Iberdrola, estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos, porque no fue un proceso, consideramos, cuidado, y presumimos que hubo falsificación de documentos”.

El mandatario agregó que pudo haber  falsificación de documentos en el proceso que realizó el juez, el cual libera a la empresa  de pagar una multa de 10 mil millones de pesos.

López Obrador advirtió que si se confirma la falsificación de documentos o el uso de documentos extemporáneos se procederá de manera legal.

“Cero impunidad. No porque sea juez, un ministro, un presidente, no se puede denunciar si está haciendo o cometiendo una injusticia” dijo el mandatario.

Asimismo, el presidente pidió que se haga una reforma desde el Poder Judicial para evitar la impunidad de los sectores públicos.

Suspenden multa a Iberdrola

La semana pasada, Gómez Fierro  otorgó un amparo a la empresa española para que no pagará una multa millonaria, una de las más altas en la historia del sector energético mexicano impuesto por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En mayo pasado, el regulador energético mexicano multó a Iberdrola por presuntamente incumplir en un contrato de autoabastecimiento, al considerar que vendía electricidad a sus socios bajo una figura fuera de la Ley de la Industria Eléctrica, la cual determina que sólo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede dar suministro en el país. 

La resolución no exime a Iberdrola de pagar la multa en el futuro, pero no se le cobrará hasta que se resuelva el fondo del juicio, es decir, hasta determinar si vendió electricidad de forma ilegal o no.

Falsificación de documentos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que existe la sospecha de hubo una posible falsificación de documentos en la suspensión que el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro otorgó a Iberdrola Energía Monterrey para evitar el pago de la multa de cerca de 10 mil millones de pesos y “Si terminamos de descubrir de que se falsificaron documentos o se usaron documentos extemporáneos, vamos a proceder legalmente”.

Y es que Gómez Fierro otorgó recientemente una suspensión a Iberdrola una suspensión contra la multa por 9 mil 145 millones de pesos que había sido impuesta por el regulador energético a finales de mayo, por lo que el Presidente señaló que “Nosotros lo estamos investigando sobre el caso Iberdrola, estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague multa de 10 mil millones de pesos, porque no fue un proceso, consideramos, cuidado, y presumimos, no quiero adelantar, de que hubo falsificación de documentos”.

El mandatario agregó que lo servidores públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y  Judicial no deben gozar de impunidad y “Si hay delitos o se demuestra que hay corrupción en un juez, para eso es el Consejo de la Judicatura y se puede presentar una denuncia”.

Cabe recordar que el polémico Juan Pablo Gómez Fierro es conocido por haber otorgado amparos contra la reforma a la ley eléctrica, desde entonces ha estado en el radar de López Obrador quien incluso pidió al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, que lo investigara.

Pero eso no es todo, Gómez Fierro también otorgó la primera suspensión provisional y con efectos generales a la Ley de Hidrocarburos. Y ayer, concedió la suspensión definitiva en contra de la política de Secretaría de Energía que obliga a comprar gas a Pemex y CFE.

Con información de Polemón y SinLínea

El juez federal Francisco Reséndiz Neri declinó a la competencia para seguir en el caso de Rafael Caro Quintero, luego que le concedió al narcotraficante la suspensión de plano que impide que sea extraditado a Estados Unidos en estos momentos sin un juicio de por medio.

Francisco Reséndiz Neri, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco, señaló que esto es por una cuestión territorial, porque Rafael Caro Quintero se encuentra recluido en en el penal de máxima seguridad del Altiplano, por ello un juez federal de Estado de México debe continuar con el caso.

Señaló que con ello se actualiza la primera hipótesis prevista que se encuentra en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados se encuentran fuera de Jalisco.

Si el juez del Estado de México no acepta la competencia que se realiza por el caso de Caro Quintero se generará un conflicto competencial; que para resolverlo el Tribunal Colegiado tendría que intervenir en plazo no mayor a ocho días.

El juez federal ayer informó que le otorgó la suspensión de plano a Caro Quintero; la cual impide que el Gobierno Federal lo deporte a Estado Unidos sin que antes se enfrente a un juicio de extradición. 

PolíticoMX

Regeneración, 18 de julio de 2022. Un juez federal concedió una suspensión a Rafael Caro Quintero, para impedir su deportación o expulsión para ser entregado a Estados Unidos, sin que antes enfrente un juicio de extradición.

Y es que Francisco Reséndiz Neri, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco, otorgó la medida cautelar.

Misma que fue solicitada por Beatriz Angélica Caro Quintero, la cual ya fue ratificada por su hermano.

Caro

Y es que como se recordará, otro juez concedió un amparo a Caro Quintero que le permitió estar prófugo décadas.

-“Se concede la suspensión de plano, para el efecto de que de no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo».

Lo anterior con forme publicó el portal.

Y la resolución agrega, «sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta que se resuelva el presente juicio de amparo”, apuntó el juez.

Y es que Caro Quintero se encuentra en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde fue internado el pasado viernes tras su detención.

Cabe destacar que Caro Quintero ya fue notificado del amparo y este ratificó la demanda, que impide su entrega a Estados Unidos.

AMLO

Por otra parte, AMLO dio a conocer que la defensa de Rafael Caro Quintero había presentado amparos luego de que fuera capturado en el municipio de Choix, Sinaloa.

Además detalló que los amparos no van en contra de la extradición de Caro Quintero a Estados Unidos.

Y es que lo se buscan es que se le libere bajo el argumento de que hubo fallas en el proceso de su aprehensión.

-«Entiendo que estos amparos no van en contra de la extradición, sino que es para que se le libere esgrimiendo que hubo errores en el procedimiento. Entonces la autoridad va a contestar cómo fue el procedimiento legal”, dijo.

Seguidamente AMLO afirmó que el procedimiento se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en la Ley.

Biden

-“Yo no trato estas cosas, estos son acuerdos que tienen que ver con intereses generales. Un Presidente de México no puede tratar con el Presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente».

Lo anterior dijo AMLO ante la pregunta por parte de la prensa si había tratado el tema de Caro Quintero con el presidente de EE.UU.

-«Eso a lo mejor lo hacían antes, nosotros no. Aquí hay la decisión de que se haga valer un Estado de Derecho […] no son negociaciones en lo oscurito con nadie”, expresó AMLO.

Cabe destacar que Caro Quintero es acusado en Estados Unidos por los delitos de delincuencia organizada, asociación delictuosa, y secuestro y homicidio.

Esto, en contra de un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus iniciales en inglés), Enrique “Kiki” Camarena, cuya tortura y muerte tuvo lugar en 1985.

Finalmente cabe destacar que Caro Quintero fue detenido el viernes pasado por la Secretaría de Marina, en el municipio de Choix.

Y es que un perro adiestrado de nombre “Max” fue quien lo encontró entre los matorrales.

Fuente Regeneración

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que organizaciones internacionales y empresarios están usando a los pseudoambientalistas para intentar frenar el Tren Maya.

Sobre la decisión de un juzgado en Mérida, Yucatán, de conceder la suspensión provisional del Tramo 5 Sur del Tren Maya por presuntos daños ambientales, el mandatario federal afirmó que la esperará para buscar la forma de defenderse legalmente, aunque acusó que hay una campaña contra esta obra con propósitos políticos, financiada por organismos internacionales y empresarios mexicanos.

“Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata, solo lo que ya que es dominio publico, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña en contra el Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos”.

“Y están utilizando a pseudoambientalistas, puede ser que haya gente preocupada, por el medio ambiente, pero por lo general se trata de gente sin convicciones sin escrúpulos morales de ninguna índole (…) Vamos esperar que es lo qué están ahora reclamando y buscar la forma de defendernos legalmente”, dijo.