Para evitar la intervención del crimen organizado en las campañas electorales de los ministros, magistrados y jueces, el Instituto Nacional Electoral (INE) pedirá a la Secretaría de Gobernación y Seguridad Ciudadana establecer los protocolos de vigilancia que aplicaron en el proceso electoral pasado.

Así lo informó la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, al señalar que iniciarán acercamientos tanto con Gobernación como con Seguridad para poder contar con una estrategia que impida el uso de dinero proveniente de la delincuencia organizada.

Entrevistada al término de la sesión en la que se hizo la declaratoria del inicio del proceso extraordinario del Poder Judicial, la instalación de los 32 consejos locales y la creación de la Comisión Temporal que dará seguimiento a estas elecciones, Taddei Zavala señaló que sí es necesario “por aquello de que algún aspirante decida solicitar protección en materia de seguridad”.

Consideró que el uso de recursos del crimen organizado en las campañas para jueces “está latente”, pero también habrá que vigilar otros orígenes que estén prohibidos.

Respecto a los cargos que se van a elegir, comentó que calculan la elección de 880 cargos para el próximo primero de junio de 2025, incluyendo todas las vacancias.

Ante ello, la consejera presidenta apuntó que esto modifica el presupuesto que van a presentar para el 2025, aunque la complicación es que están partiendo de una elección que no tiene la misma formalidad o el mismo modelo de las otras elecciones que el instituto ha realizado por más de 33 años. 

Por su parte, la consejera Carla Humphrey señaló que están elaborando lineamientos, pues el número de cargos para cada una de las boletas es muy amplio, porque son muchos.

“Tenemos que ver qué hacemos con la capacitación, para que las personas, sobre todo la ciudadanía, tenga claridad por quién va a votar, quiénes son las candidaturas a cada uno de los cargos”, apuntó tras agregar que deben considerar lineamientos en lo que se establecen las leyes secundarias.

(17 DE SEPTIEMBRE, 2024).- En medio de las turbulencias sobre la oficialización de la reforma al Poder Judicial, la Judicatura Federal aprovechó el momento y adecuó el retiro de las y los juzgadores onforme a la ley de ISSSTE.

De esta manera, la pensión complementaria para mujeres será desde los 56 años y 28 de servicio y para hombres desde los 58 años y 30 de servicio.

Con dicho acuerdo,de acuerdo con La Jornada:

“se incorporan los tipos de pensión reconocidos en la Ley del Issste, así como su décimo transitorio, al acuerdo general que regula el plan de pensiones complementarias de magistrados y jueces, conforme al principio de subordinación jerárquica, diferenciándose únicamente en que la Ley del Issste contempla supuestos de pensión que no requieren edad ni años de servicio mínimos, en cambio, el presente acuerdo establece como requisito indispensable para solicitar el retiro voluntario contar con al menos 25 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación y haber sido ratificado”.

Asi, los juzgadores podrán jubilarse de forma anticipada y acceder a una pensión complementaria.

De acuerdo con una investigación de la periodista Nora Nancy Gaspar para SinEmbargo, fue el pasado 11 de septiembre, cuando el Consejo encabezado por la ,ministra presidenta Norma Piña Hernández, aprobó por unanimidad esta medida, con el propósito de que puedan reclamarla antes de que entre en vigor la nueva Reforma al Poder Judicial.

Con ella, se garantizaría que “las y los juzgadores federales que estén en posibilidad de acceder a una pensión del ISSSTE, también puedan tener acceso a la pensión complementaria y ejercer su derecho a una jubilación digna, acorde a su trayectoria y años de servicio”.

El acuerdo firmado por la Presidenta Ministra Norma Lucia Piña Hernández, Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica De Gyvéz Zárate, Lilia Mónica López Benítez, Celina Maya García, Sergio Javier Molina Martínez y José Alfonso Montalvo Martínez.

Pensión adelantada de jueces y magistrados es un atraco del Poder Judicial: NoroñA

Nacional

Pensión adelantada de jueces y magistrados es un atraco del Poder Judicial: Noroña

Por Irving17 septiembre, 20240Compartir0

Gerardo Fernández Noroña aseveró que la pensión adelantada a integrantes del PJ es una prueba más de que la reforma judicial urge.

El presidente del Senado de México, Gerardo Fernández Noroña, criticó fuertemente a los jueces y magistrados del Poder Judicial, luego de que aprobaran algunos cambios en el Plan de Pensiones Complementarias para reducir la edad en la que se pueda solicitar una jubilación.

Y es que luego de la aprobación de la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no se quedó atrás y rápidamente movió ficha para avalar modificaciones en cuanto al tema de pensiones, por lo que ahora mismo el personal de este Poder podrá aprovechar esta prestación antes de que entre en vigor el también llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Noroña critica al PJ por adelantar pensión de jueces

Tras esto, Gerardo Fernández Noroña señaló que a pesar de que no es mucho el dinero que se llevarán de pensión, sí es mayor al monto que tiene la población general; además, subrayó que el tema se pudo haber planteado de manera abierta, pero el Poder Judicial quiso hacerlo “bajo el agua”.

“Es una majadería, es un atraco del Poder Judicial, que pudo haber planteado el tema con toda lealtad, pero siguen en el madruguete, en la facciosidad, siguen defendiendo de manera torcida sus intereses personales”.

A la par, el presidente del Senado puntualizó que esta nueva situación de pensiones no tiene nada que ver con una lucha  de años atrás o una organización para mejorar; incluso, dejó en claro que los integrantes del Poder Judicial, al igual que el de los otros Poderes, no son trabajadores, sino que son funcionarios públicos.

“Ellos mismos se aprueban todo, así como se otorgan amparos y como se dan impunidad”.

Noroña agradece a opositores aprobación de la reforma judicial

Finalmente, Gerardo Fernández Noroña agradeció a todos y cada uno de los legisladores de oposición, pues, según su visión, el dictamen de la reforma judicial pudo haberse llevado más días; sin embargo, este grupo fue al final el que aceleró todo el proceso para su aprobación en el Senado.

“Hay que agradecerle a la oposición que sea tan torpe, porque queriendo parar la defensa, en su inexperiencia, la catapultaron, porque aceleraron un proceso que se iba a llevar más días… Al querer presionar lo que hicieron fue acelerar, muy rápido tuvimos el dictamen y cuando hicieron la toma violenta del Senado también aceleró las cosas”.

¿Cómo sería este proceso?

1. Elección Popular:

• Descripción: Los ministros, magistrados y jueces serían elegidos directamente por el voto del pueblo.
• Objetivo: Asegurar que los funcionarios judiciales representen los intereses y valores de la ciudadanía.

2. Candidatos Transparente:

• Descripción: Los candidatos a estos puestos deben pasar por un proceso de selección transparente, que incluye evaluaciones de mérito y ética.
• Objetivo: Garantizar que solo los más capacitados y moralmente íntegros puedan aspirar a estos cargos.

3. Supervisión y Control:

• Descripción: Implementar mecanismos de supervisión para asegurar la integridad del proceso electoral.
• Objetivo: Evitar fraudes y garantizar la transparencia durante todo el proceso.

4. Rendición de Cuentas:

• Descripción: Los funcionarios electos deberán rendir cuentas periódicamente ante el público y organismos de control.
• Objetivo: Mantener la responsabilidad y transparencia en el desempeño de sus funciones.

Conclusión: Este nuevo proceso de elección busca transformar el Poder Judicial en una institución más democrática, con mayor transparencia y responsabilidad ante el pueblo mexicano, contribuyendo a eliminar la corrupción y la impunidad.

Complementos Informativos:

• Historia: Antecedentes de las elecciones judiciales en México y otros países.
• Datos: Estadísticas sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano.
• Opiniones: Perspectivas de expertos y ciudadanos sobre la reforma propuesta.

Referencias:

• Ley y Reforma: Análisis detallado de las leyes actuales y los cambios propuestos.
• Casos de Éxito: Ejemplos de países donde la elección popular de jueces ha mejorado el sistema judicial.

Esta infografía busca ofrecer una visión clara y concisa de cómo se planea implementar el Plan C para mejorar el sistema judicial en México, resaltando sus beneficios y la importancia de la participación ciudadana en este proceso.

“Se cambiará la forma de acceso al poder de los que deciden la justicia. Se hará por votación y no, como ahora, por lealtad partidista o, peor aún, por compadrazgos o, de plano, nepotismo”.

Un 75% de los encuestados por Enkoll está a favor de que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por el pueblo. Un 85% aprueban que exista una vigilancia y castigo a los jueces que incurren en actos de corrupción. Un 83% se pronunció por una reforma al Poder Judicial. Estos altísimos porcentajes son apenas un indicio de lo que fue el enorme consenso social en torno a la elección como Presidenta de la República de Claudia Sheinbaum, la mayoría calificada en el Congreso, y en 27 legislaturas estatales. Sin distinción geográfica, de ingreso, escolaridad, género, ni profesión, el consenso que expresaron 36 millones de votos contiene el mandato de que se conduzca, desde las Cámaras, un cambio de régimen.

¿Qué quiere decir esto? El régimen es el modo en que se ejerce el poder. La Constitución es la expresión jurídica de ese modo. Lo que los electores y el movimiento obradorista están ordenando y encargándole a los legisladores de la mayoría calificada es que cambien la forma en que se reparte el poder en la República. Que sean sus representantes para que los ministros del Poder Judicial sean, también, representantes de la justicia y no de las élites. Que las funciones de los institutos autónomos vuelvan al Estado y no estén coptadas por agencias norteamericanas y europeas o, peor, por sus corporativos de empresas. Eso es el poder que viene de la elección del 2 de junio: la ciudadanía ha manifestado con claridad la intención de cambiar el peso del poder republicano: de sus actores no electos ni sancionables a otros que sí lo sean. Aquí la responsabilidad política está en los legisladores a los que se les entregó una mayoría calificada. El cambio de régimen es democratizar los espacios que el neoliberalismo mantuvo alejados del escrutinio público. Implica más que la elección de ministros y magistrados. Pero a eso llegaré más tarde.

Quiero empezar por definirme qué entiendo por cambio del modo en que se ejerce el poder. El poder no es una cosa. Es una relación. Unas acciones que se inducen en otros y determinan otras acciones. Es decir, quién obedece a quién. Esto implica cómo se divide el trabajo, los recursos naturales y tecnológicos, pero también cómo se fragua el sentido de la nación, el futuro colectivo, y la forma de comportarse en política, además de las jerarquías y las formas de coerción. Estas relaciones producen cosas, comunican sentidos, y instauran disciplinas. El poder no es ni sólo violencia ni sólo consenso, no es sólo inducir ni tampoco sólo obligar o prohibir. Es conducir. Este término implica guiar a los demás en una terreno de probables acciones y conductas. Como escribió el gran téorico de esto, Michel Foucault, el poder no es lo contrario a la libertad sino su condición de posibilidad. No hay gente que se someta por pura voluntad ni personas que antagonicen al poder. Eso no sería una relación sino un control absoluto sólo de un lado o sólo un antagonismo, una separación, del otro. Para que haya poder tienen que existir tanto la libertad como la conducción. Una de las muchas cosas en que la oposición mexicana está errada es en ver el poder sólo al Presidente, por ejemplo, y no los múltiples circuitos de relaciones de poder económico, mediático, académico, jurisdiccional, fáctico. Otro error es ver al poder como ”polos” o “contrapesos” cuando lo que vivimos en estos seis años de 4T fue un cambio en la conducción que abarcó una transformación desde las condiciones de existencia de millones de mexicanos hasta el sentido común de otros tantos, sobre la idea misma de la nación y el Estado. Ese 60% que votó a Claudia y ese 80% que está por una reforma judicial no son ni “polos” en espera de su “reconciliación” ni “pesos” en espera de sus “contrapesos”. Son la expresión de una forma de poder que abarca producción de bienes, sentido común, y una forma de ejercicio del poder que tiene prohibida la discrecionalidad, la corrupción, la mentira, y la traición. Es un cambio de relación en el interior, no del gobierno, sino de la trama social. No entenderlo y seguir insistiendo en polarizar y contrapesar es seguir perdiendo. Es no atinar a ver el nuevo terreno en el que estás ya actuando y determinado por el nuevo país.

Pero la forma principal de ese poder es, por supuesto, el gobierno. En el de la 4T hay cuatro cambios de su forma de ejercerlo: se ha cambiado la diferencia entre muy ricos y muy pobres y un poco entre apariencias y capacidad, como en el caso del color de piel o la ropa y su asociación con la delincuencia; se ha cambiado el propósito de la política, de la conservación de privilegios hacia una sociedad menos desigual; se ha cambiado la racionalización con la entrega directa de apoyos y programas sociales a sus beneficiarios, con la entrega directa de información y ciertamente ideología directamente a los ciudadanos y, sin duda, queda pendiente —y de ahí la reforma judicial— la entrega de sanciones directas a los corruptos y delincuentes de cuello blanco; se han cambiado las instituciones, sobre todo las que tienen que ver directamente con las personas: la educación pública, la salud, la vigilancia policiaca. Pero todo esto no es suficiente, nos dicen los votantes del 2 de junio. Hay desterrar la desigualdades de la riqueza, el raciclasisimo, los privlegios, la burocracia delincuente, las instituciones que sólo le sirven a la casta de la blaquitud, colonizada con los de arriba y prepotente con los de abajo. Estructura el campo posible de la acción de todos. Eso es la 4T hasta donde vamos.

Ahora volvamos a la reforma del Poder Judicial. He querido poner sobre la mesa la amplitud de la 4T para volver a darle dimensión a lo que, por las noticias, parece la batalla final contra la corrupción, que sería desplazar a las Normas Piña de sus posiciones. Estamos enbarcados en un cambio mucho más amplio y con profundidades históricas. Pero, a veces, se nos nubla la vista con lo inmediato. Una de las cosas que perdemos de vista es que ese 60% y 80% a favor de la nueva Presidenta y su reforma del poder de justicia, proviene de un entendimiento del saber popular: que las leyes, los jueces, los abogados, no son más que el resultado de una lucha política. Ese entendimiento de millones hace que las discusiones de procedmientos, reglas de elegibilidad, si los abogados son buenos o ladrones desalmados, si las leyes son las sagradas Tablas de Moisés o pueden modificarse a voluntad del pueblo, todo eso, es un debate secundario. Lo que entendemos todos los demás es que es un asunto de quién pierde poder y quién lo gana. Lo ganan los ciudadanos. Lo pierden las instituciones discrecionales, opacas, y a últimas fechas, podridas. Ahí está el meollo del asunto y no se necesita citar ningún artículo de la ley reglamentaria de quién sabe qué para demostrarlo. En realidad, foros o no foros, parlamento abierto o lo que se quiera, la lucha está ganada de antemano a la oposición refugiada en el gremio abogángster, en sus academias universitarias o de la “libre” de Derecho, a sus barras mafiosas, sus medios alquilados, que tienen muy dificil el emprender una defensa contra la mayoría y su mandato. Finalmente la estrategia de lucha del pueblo fue nada más ni nada menos que la electoral con una suficiencia incontrovertible. Fue el voto masivo. Los ministros pueden aspirar a atenuar el cambio o, simplemente, a capitular. Están perdidos. Han usado el petate de la depreciación del peso diciendo que es, en realidad, una devaluación, pero los días le han restado capacidad de infringir daño. Dicen que se irán las inversiones cuando aumentaron y, además, se redujo el peso de la deuda. Dicen que la UNAM está en contra y la UNAM se deslinda de un grupúsculo de malandros con plazas de tiempo completo. Dicen que se podrá elegir a cualquier pelagatos y no a los corruptazos que, con sus doctorados y tesis ininteligibles han pasado a amparar a cuanto hampón les ha pagado o servir a oscuros ministerios como los que permitieron que se desbarrancara la investigación de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Está perdida su batalla, política y noralmente. La estrategia de la 4T debe ser cortar los lazos de estos abogados y sus agrupaciones con el viejo régimen.

Se cambiará la forma de acceso al poder de los que deciden la justicia. Se hará por votación y no, como ahora, por lealtad partidista o, peor aún, por compadrazgos o, de plano, nepotismo. El Poder Judicial en México es de familias. El Poder Judicial en México responde a intereses de presidentes, gobernadores, líderes de partidos políticos. El Poder Judicial es totalmente discrecional. Se habla en estos días de que los jueces concursan para tener los puestos y que estos se entregan a los mejor evaluados en unos examenes. Pero lo cierto es que no existen concursos abiertos. El 87% de los concursos son cerrados, es decir, solo pueden inscribirse al concurso personas que ya laboran en el Poder Judicial de la Federación. Se dejan fuera a universitarios e investigadores, miembros de barras de abogados o de los Colegios, o a cualquier abogado postulante. Eso quiere decir que el propio Poder Judicial se alimenta de sí mismo, de sus complicidades, y de sus disfunciones. Esto ha provocado que no se contrate a los más capaces o con mayor motivación y vocación para ser juzgadores, sino que se cierra sobre los ya conocidos, sin importar si son o no capaces. Así tenemos gente como Norma Piña que fue la peor evaluada por el Senado por cientos de expedientes pendientes en su haber, pero aun así, es la Presidenta de la Suprema Corte. Luego, está el tema de que los criterios para evaluar los tres examenes que se requieren van variando de acuerdo a quien quiera el jefe que quede. Hasta un abogado como Héctor Fix-Fierro, que en paz descanse, y que no era para nada pro-elección de jueces, llegó a decir que el sistema de concursos estaba tan desgastado que “no hay un examen igual al anterior”.

En cuanto al nepotismo, es decir, que el Poder Judicial está compuesto de unas cuantas familias, baste un dato: en 2016, de un total de 28 mil 065 funcionarios laborando en el Poder 4mil 467 tienen al menos un familiar laborando en el mismo Poder Judicial Federal (el 16%). De un total de 27 mil 034 servidores 3 mil 942 tienen al menos un familiar (el 15%), y de un total de mil 31 titulares, 525 tienen al menos un familiar (el 51%). Hay circuitos de la república donde esto está totalmente fuera de control como Jalisco, en el que el 80% tienen familiares en el mismo circuito. Nuevo león, Talxcala, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Coahuila, Morelos, todos están por arriba del 60% de parientes en el mismo lugar de trabajo. Primos, hijos, yernos, mamás, cuñados, todos en el Poder Judicial. Los puestos más socorridos por los parientes son de base e intervienen en la producción de las decisiones judiciales: Oficial Administrativo y Secretario de Juzgado o Tribunal. En Durango, por ejemplo, hay un funcionario que tiene 17 parientes en la nómina, casi siempre de base y con poder de decisión. Según un estudio de Julio Ríos, del total de relaciones donde los individuos tienen puestos de Juez, Magistrado, Secretarios u Oficiales Administrativos, es decir, unos 3 mil 217, el 20% se pueden considerar parte de una red de al menos 4 personas de una red familiar jurisdiccional. Así que ese argumento de que al Poder Judicial llegan los más capaces es falso. Llegan los parientes.

En una entrevista en Chamuco TV, el abogado Andrés Repper ejemplificó la vía de acceso discrecional de carácter política. Lo hizo con el caso de quien hace muy poco presidió el Tribunal Electoral Federal: Reyes Rodríguez Mondragón. Era el compañero de banca de Gil Zuarth que fue haciendo carrera junto con Felipe Calderón. Ahí donde estuvo Gil, estuvo Reyes Rodríguez. Y llegó a ser el presidente de quienes deciden la suerte de las elecciones. ¿Qué mérito tenía Reyes? Haber sido amigo. No llegan los más capaces. Llegan los buenos amigos.

Me gustaría terminar esta videocolumna atendiendo a mi intención inicial que era dar un panorama de cómo se inserta la reforma al Poder Judicial en todo lo que resta como proyecto de nación de la 4T. Sin duda impacta que el acceso a ser ministro o juez o, incluso, trabajador de base con poder de decisión, sea cambiado por una votación que destruya los vínculos políticos, partidistas, familiares y dentro del mismo circuito viciado del poder de la justicia. Pero quiero hacer énfasis en que esto debe tener un propósito de cambiar el poder de ese sistema para que no haya expendientes durmiendo décadas sin ser resueltos, que ser pobre no signifique jamás tener sentencia, que los corruptos de cuello blanco ya no puedan obtener siempre su amparo y la liberación a sus casas. Ese es el propósito y con ello todos deberíamos estar de acuerdo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que buscará presentar sanciones penales contra los jueces que no actúan a favor de la impartición de justicia, pues aseguró que la corrupción en el Poder Judicial está “desatada”.

Durante su conferencia matutina, López Obrador fue cuestionado sobre un caso en Oaxaca donde presuntamente un policía asesinó a un joven futbolista de tercera división. El policía, a decir de la periodista, salió en libertad a pesar de las pruebas en su contra gracias a una orden del Tribunal de Enjuiciamiento de la región Cuenca del Papaloapan con sede en San Juan Bautista, Tuxtepec. A partir de ahí, el Poder Judicial ha hecho largas y no ha ordenado la reaprehensión, y ninguna autoridad, ni estatal, ni federal, han actuado en el caso.

Al respecto, López Obrador consideró que será Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Ciudadana, quien mostrará los avances en el caso. Asimismo, dijo que cada 15 días se presentarán informes sobre el comportamiento de los jueces, pues consideró que la corrupción, está “desatada” en el Poder Judicial.

A decir de López Obrador, este mecanismo se utilizará con la intención de “atemperar” la actitud de jueces, magistrados, ministros, en general. Y en segundo lugar, se buscará que haya sanciones penales en contra de estos jueces que no actúen en favor de la impartición de justicia.

“Vamos a usar un mecanismo en dos sentidos: Para atemperar, controlar la corrupción que está desatada en el Poder Judicial, la actitud de jueces, magistrados, ministros, en general. Primero, vamos a dar a conocer aquí los casos” dijo el mandatario.

Poder Judicial del Estado de Jalisco. Foto: Especial.

AMLO puso como ejemplo de los actos de corrupción el caso de una jueza que ordenó liberar a un presunto homicida, y además dio como plazo una hora para que así fuera.

“La juez, con todo respeto, emitió una orden de libertad a un presunto homicida, pero el distintivo es que dio una hora de plazo para liberarlo, eso es récord, hasta donde yo sé, porque no es las 72 horas, bueno, 24 horas, no, una hora. Y resultó que la persona tenía otros delitos, y salió, pero lo tuvieron que detener por otros delitos. Entonces, eso se va a dar a conocer”, explicó el Presidente.

El Jefe del Ejecutivo recordó que hay sanciones establecidas en el Código Penal en contra de aquellas autoridades que no velen por la impartición de justicia.

Por ello, reiteró, se buscará que aquellos miembros del Poder Judicial que actúen de forma contraria a la justicia, sean sancionados.

“Hay en el Código Penal establecidas sanciones para quien no, siendo autoridad, cumple con la impartición de justicia. Vamos a presentar denuncia a la fiscalía” dijo el mandatario.

No obstante, el político tabasqueño lamentó que lo más probable es que los casos caigan en manos de otro juez, por lo que posiblemente habrá protección e impunidad.

Aunque, sostuvo AMLO, eso no lo detendrá pues su gobierno no será encubridor de nadie, por lo que la denuncia se hará.

“Aunque después va a caer en manos de juez y es posible que, como es un gremio, se protejan y haya impunidad, pero no queremos ser encubridores, ni cómplices, que no quede por nosotros” aseguró López Obrador.

Finalmente el mandatario reiteró que es la única manera de frenar la corrupción en el Poder Judicial, aunque por el mismo Poder, las denuncias no trasciendan. Y sentenció calificando al Poder Judicial como “autónomos del pueblo” y “autónomos para robar”.

“¿cómo le hacemos, si es que les dieron manga ancha con la justificación de que son autónomos?, ¿autónomos de quién?, autónomos del pueblo, autónomos para no impartir justicia, autónomos para robar” puntualizó AMLO.

Polemón

Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhibió el nombre de los jueces que son señalados por haber ordenado la liberación de varias personas que son identificados como criminales por las autoridades federales, entre los que destacan, principalmente, a Héctor “el Güero” Palma, antiguo líder del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán; y de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, quien es investigado por su relación con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero.

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que, en el caso del “Güero” Palma, la magistrada acusada de liberarlo es María Dolores Olarte Ruvalcaba, quien funge como presidenta del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito de Zapopan.

“El día 9 de mayo el tribunal ordenó la absolución a pesar de ser acusado por el delito de delincuencia organizada, aunque actualmente el detenido se encuentra preso por otra causa penal”, señaló Rodríguez Bucio durante la presentación del “Informe de Cero Impunidad” en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el caso de José Luis Abarca, el funcionario federal señaló que el juez Samuel Ventura Ramos, quien funge como juez primero de Distrito en Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, absolvió al exalcalde guerrerense del delito de delincuencia organizada.

Finalmente, Luis Rodríguez Bucio  señaló a Salvador Hernández Martínez, quien es el juez de control de Izúcar de Matamoros, en Puebla, como el juez que exoneró a Miguel Ángel “el Gato” Maceda, quien es el alcalde del municipio de Piaxtla, quien es acusado de homicidio culposos.

El Gato Político