Por José María González Lara.

Escasa difusión mereció en los medios de comunicación masivos de México la decisión del gobierno de Francia de impulsar y orientar ampliamente la industria eléctrica por razones de “garantía de soberanía energética y preservación del poder adquisitivo”, para no depender de las variaciones de mercado, esto es un giro en política energética neoliberal de décadas anteriores en Europa.

Si bien la decisión se enmarca en el contexto pospandemia y la invasión de Rusia al territorio oriental de Ucrania (Donetsk y Lugansk), el argumento también se esgrime en torno a la necesaria rectoría del Estado en una actividad económica “estratégica”, sin adjudicarla a empresas privadas cuyo esencia es la ganancia de capital sin consideraciones sociales, como sucede en España y otros países, inclusive con prácticas delictivas que afectan el bienestar de la población, como Iberdrola con denuncias legales en nuestro país y en el país ibérico.

El Estado francés hoy controla 83.88% de las acciones de la estatal Electricidad de Francia, pero el pasado 6 de julio la primera Ministra Élisabeth Borne anunció ante la Asamblea Nacional que el Estado controlará 100% de su producción, tendiendo a las energías limpias, en las cuales se consideran, aparte de la eólica y fotovoltaica, extrañamente el gas (que emite más de 20% de CO2 al medio ambiente en el planeta) y los reactores nucleares, de los cuales el país galo tiene instalados 58, pero muy por debajo de su capacidad de abastecer 70% del mercado -suspendidos doce-, por lo cual se ha comprado electricidad a empresas españolas a precios elevados de mercado; por lo anterior se actualizarán generadoras nucleares instaladas con inversión de 50 mil millones de euros (mmde) y se pretende construir seis reactores más en ocho años, para lo cual se requieren 52 mmde (La Jornada, 07-07-22).

El control total de EDF es para cubrir pasivos de 43 mmde, cuya negociación de amortización requiere de autoridad política y capacidad de negociación del gobierno republicano.

Esta histórica decisión merece una reflexión de la derecha política, académica y mediática en México, por su reciente rechazo a reformar la ley de la industria eléctrica, aún que dicha reforma contemplaba 46% de participación privada en el mercado, para contabilizar energías limpias en el futuro cercano: 30% generación hidroeléctrica limpia; 5% nuclear de Laguna Verde, Ver.; mínimo 8% futuras inversiones estatales en eólicas y fotovoltaicas; y, de ser el caso como tanto se argumentó y defendió, 46% generación limpia con inversión privada nacional y extranjera; al tiempo el resultado sería óptimo para contribuir a la reducción del calentamiento global. Lástima, la negativa fue por intereses económicos y políticos.

Aún con decisiones coyunturales necesarias, hoy por hoy el análisis es respecto a la rectoría y orientación estatal de la economía, sin corrupción, que no provoque distorsiones en el mercado, pero también para corregir fallas de éste, como en generación de electricidad para influir en la contención de precios y para impulsar el crecimiento y desarrollo económicos, esto también por los perjuicios generados por la globalización, ejemplo es, según datos de Banco Mundial, la tendencial reducción del consumo de los hogares en el mundo y, por tanto, del bienestar familiar.

De un Estado gerencial de libre mercado con limitadas raíces históricas y sociales, a un Estado de bienestar con responsabilidad social e identidad patriótica y solidaria, es el cambio de régimen que se intenta en México y en muchos países      -ejemplo América Latina-, lo que incluye actividades económicas estratégicas, como las energéticas.

En pleno frenesí neoliberal, en 1992 el analista estadounidense Francis Fukuyama sentenció el triunfo del libre mercado y “el fin de la historia”, pero no ha sido así, lo muestran las estratégicas decisiones políticas y económicas en EDF y CFE.

Por José María González Lara.

Pero la inflación naturalmente no cederá hasta en tanto se recuperen las cadenas globales de producción y distribución y se llegue a algún acuerdo en la actual guerra de Estados Unidos-OTAN contra Rusia (Ucrania sólo pieza del ajedrez geopolítico), pero aun así no será inmediata la recuperación de la aportación de estos dos países eslavos a la economía mundial, sobre todo en granos y energéticos, de tal manera que dicha escasez y su impacto en precios mundiales se extenderá hasta el siguiente año.

También se debe considerar la especulación de poderosos corporativos de alimentos, cuyo objetivo es aprovechar la confusión para elevar precios, como las empresas farmacéuticas cuyas ganancias superan los 227 mil millones de dólares a valor de mercado (4 billones 500 mil millones de pesos).

La mayoría de gobiernos y autoridades monetarias tratan de controlar el nivel de precios en sus países con herramientas a su alcance, como las políticas fiscal y monetaria: gasto público controlado y su manejo estratégico, con política recaudatoria, entre otras; con manejo también estratégico de tasa de interés al alza, para inhibir crédito al consumo y a inversión directa. El dinero barato desde la crisis del 2008 deberá dar paso la política monetaria restrictiva para enfrentar la inflación global.

Como en otras ocasiones históricas, ante la inflación de 7.68 anual en abril pasado, el gobierno mexicano convocó a la firma del acuerdo económico Paquete Contra la Inflación y la Carestía, en el que, sin control de precios, se detallan acciones de gobierno y decisiones “solidarias” de dirigentes empresariales y ejecutivos de empresas de alimentos: incrementar oferta de arroz, frijol y maíz con aumento en la producción, estímulos fiscales a productores de alimentos, apoyo en entrega de fertilizantes en nueve Entidades, no elevar peajes de carreteras ni ferroviarias, subsidiar gasolinas -en duda el diésel-, aumentar seguridad en carreteras para evitar robos de mercancías y reducción de aranceles a 21 productos de consumo.

Por elevación de tasas de interés en economías desarrolladas (en México 7%) la variable inflacionaria observa contención, así que con el acuerdo por lo menos se detendrá el alza de precios, eventualmente su reducción, pero, con la actual situación mundial, se extenderá mucho tiempo más regresar a precios prepandemia.

En 1987, con inflación superior a 155% generada por causas internas, se convocó al Pacto de Solidaridad Económica, firmado por sindicatos oficiales -no incremento salarial-, cúpulas empresariales -no elevar precios- y gobierno federal mexicano -no aumentar gasto-, antecedente del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico de diciembre de 1988, acuerdos celebrados y ampliamente aceptados por la derecha política, económica y académica.

Los adversarios del actual gobierno federal critican el PACIC como insuficiente y atenuante, pero si éste no se hubiera firmado la crítica sería por pasividad e ineficiencia gubernamental. Todo es incorrecto, sistemática obcecación.

Por José María González Lara.- En las elecciones federales de 2022, Va x México obtuvo 19.5 millones de votos y Juntos Haremos Historia 21.01 millones, con diferencia sólo de 1.51 millones; falta verificar si en 2024 en su conveniencia el Partido Verde -con 2.67 millones de votos- continúa aliado a Morena o pragmáticamente se une a la derecha; además, no se sabe la decisión de 3.44 millones de electores de partidos que no alcanzaron el registro (PES, Fuerza por México, RSP) y tampoco se sabe si Movimiento Ciudadano se unirá a la coalición clasista. Las cifras no se observan positivas y no será fácil el futuro político para continuar la Cuarta Transformación.

Con el boicot del INE, en la revocación de mandato “Sí continúa” obtuvo 15.16 millones de votos, mientras “No continúa” 1.06 millones, lo cual indica que, con insistentes campañas de desprestigio y difamación, de los 30.3 millones de votos para Andrés Manuel López Obrador en 2018, se infiere que hoy máximo se tendrían 25 millones de éstos, pero el dirigente histórico no estará en la papeleta electoral en las próximas elecciones federales.

La Cuarta Transformación enfrenta retos delicados, porque: los programas sociales no se reflejan en amplia participación política; más de 30 años de educación neoliberal -capacidades y competencia individuales- han impactado a las y los jóvenes, quienes en su mayoría no se interesan o, peor, con temor se oponen a la transformación; se añade poca efectividad en comunicación social del gobierno federal; sin olvidar la problemática al interior de Morena, con organización política y estructura social precarias.

El rechazo burlón y sarcástico a la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no es acto aislado en las estrategias de la derecha para detener el cambio de régimen en México; muchos intereses económicos están en juego y pretenden retornar al “Estado gerencial de libre mercado”, para controlar las decisiones de política económica y el presupuesto federal que favorezcan los espurios negocios de la oligarquía nacional y extranjera.

Este rechazo a la soberanía nacional no fue gratuito y se percibe que uno de los acuerdos de dichos partidos políticos con la oligarquía será excesivo dinero para  campañas electorales actuales y futuras en las entidades, pero sobre todo en las federales legislativas y presidencial del año 2024.

El cambio de régimen no es sencillo, porque la derecha política, académica y mediática se hará de todas las artimañas -incluidos amparos de jueces confeti- para afectar las decisiones del Ejecutivo Federal; arreciarán su odio y burlas como argumentos, sus estrategias la mentira y difamación, porque la sociedad mexicana con sus clases sociales no les interesa más que como votos en “democracia” cupular y de élite.

Convocados y disciplinados por líderes empresariales favorecidos por el régimen neoliberal, el PRIANRD, con candidato único a la presidencia -probablemente priista por negociaciones recientes-, tienen la promesa de respaldo total de medios de comunicación nacionales, regionales y locales, la tolerancia de los magistrados y jueces electorales, el INE a su favor, soporte de intelectuales orgánicos, asimismo apoyo de cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil. La realidad política es complicada. En el país millones tienen pensamiento conservador.

Con valores y principios de izquierda, con convicción, la lucha por el cambio de régimen debe intensificarse en las familias, en redes sociales, en las calles, en barrios y colonias, en sindicatos, al interior de Partidos Políticos aliados y al interior de Morena, para evitar conflictos y defender un proyecto de nación para las futuras generaciones.

José María González Lara.- Históricamente occidente nunca ha visto a Rusia como un posible aliado, más bien como contrapoder que es necesario eliminar o reducirlo a su mínima expresión. El objetivo occidental en la segunda guerra mundial era la derrota del ejército comunista de la Unión Soviética a manos de los invasores nazis, para que Alemania liberara Polonia y su imperio se extendiera hasta Eurasia, pero la historia cambió con el sacrificio del pueblo soviético y la entrada triunfal del ejército Rojo a Berlín el 8 de mayo de 1945.

Pasaron más de 45 años de bipolaridad mundial y guerra fría, para que en 1991 Estados Unidos celebrara “el fin de la historia” con la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas e instrumentara estrategias de mercado para minimizar a la Federación Rusa, como la liquidación de todas las empresas del Estado -previa asesoría del Fondo Monetario Internacional- a precios muy inferiores de su valor real, tiempo donde nace la nueva oligarquía rusa manchada de corrupción.

Pero hizo su aparición el exagente de la KGB (agencia soviética de inteligencia) Vladimir Putin (presidente de 1999-2008 y de 2012 a la fecha), cuyos objetivos geopolíticos y geoeconómicos son reposicionar a Rusia como una potencia política, económica y militar. Occidente ha tratado de contener la zona de influencia del nuevo Zar y ha afiliado 14 países exsocialistas de Europa oriental al acuerdo militar de la Organización Tratado del Atlántico Norte (OTAN, ahora con 30 países).

Ucrania sólo es una pieza más para detener el avance de Rusia y su alianza estratégica con China, que pretenden extender su mutua influencia económica con la “nueva ruta de la seda”, desde Eurasia, pasando por medio oriente, hasta internarse a toda África.

El presidente Ruso argumenta que en 2014 el presidente proruso Alexander Lukashenko de Ucrania fue depuesto por un golpe de Estado (documentado, el gobierno estadounidense invirtió 5,000 millones de dólares en este objetivo), lo que provocó el intento independentista de las repúblicas orientales ruso parlantes de Donetsk y Lugansk, y los posteriores acuerdos de Minsk de 2014 (testigos Alemania, Francia y Rusia), para detener enfrentamientos armados, pero sin respetar lo acordado el gobierno ucraniano abastece a paramilitares pandillas neonazis -como el temible batallón Asov-, quienes en ocho años han masacrado población civil y fuerzas separatistas, con más de 14 mil muertos en ocho años, 70% civiles indefensos (lo que no informan los medios occidentales); por eso el reconocimiento ruso a la independencia de estas dos repúblicas de la región del Donbass y la “operación militar especial” para “desnazificar” Ucrania.

La reciente invasión es el pretexto y la justificación que esperaba occidente para colocar bases militares -y hasta armas nucleares- en la frontera del país eslavo, para “hacer cenizas” la economía rusa con las pesadas sanciones operadas desde el primer día de la invasión, así colapsar al país e invertir miles de millones de dólares en el derrocamiento de Putin, para posicionar un gobierno títere. El presidente Joe Biden aseguró que, si dichas sanciones no resultan, lo que sigue “es la tercera guerra mundial” (y la CNN cínicamente organiza una mesa para analizar ¡la salud mental de Putin!, además de distorsionar la información para victimizar al nazismo ucranio, como muchos medios globales).

Por eso, un fascismo renovado se observa en occidente, con engañosas posiciones de democracia representativa, pero fomentando racismo y fobias hacia las culturas rusa y china, hacia la migración y el islam, hacia Palestina, entre otros. Inclusive Suiza y Finlandia han renunciado a su tradicional neutralidad para tomar partido contra Rusia; en un viraje histórico, Alemania -con la carga histórica del criminal Cuarto Reich y gasto militar en más de 2% de su PIB- ahora produce y vende armamento pesado, envía pertrechos a Ucrania y se adscribe a aniquilar económicamente a Rusia.

En los ámbitos deportivo y cultural se “desgarran las vestiduras”, cuando nada expresaron sobre los represores gobiernos militares en América Latina apoyados por Estados Unidos, los 60 años de embargo económico a Cuba y el actual bloqueo a Venezuela, el bombardeo a Serbia por la OTAN en 1999, los recientes ataques a Yemen, la permanente represión israelí en los campos de concentración palestinos de Gaza y Cisjordania, y muchas más atrocidades cometidas del “mundo desarrollado”.

Los efectos negativos en la economía mundial ya son visibles y la inflación global incrementará aún más en energéticos -precio del petróleo por arriba de 110 dólares por barril -encareciendo diésel y gasolinas-, componentes y alimentos -elevados costos de fertilizantes derivados del gas-; el gas ruso se distribuye en más de 50% por gasoductos ramales en Europa oriental y el gas licuado de Norteamérica no podrá abastecer ese volumen. Las sanciones económicas, incluido la salida de los bancos rusos del sistema Swift de intercambio de monedas, podría ser contraproducente para todo el mundo.

Kiev sólo es una pieza del ajedrez norteamericano, el presidente comediante Volodímir Zelensky obedece instrucciones para extender las hostilidades. El resultado de esta guerra definirá el mundo de las siguientes décadas. La transición al mundo multipolar no has sido ni será fácil. Aún con el neofascismo en marcha, en la globalización ningún imperio podrá detener el proceso de transformación mundial. Contra algunos comentócratas que lo afirman, no es de imbéciles comprender las razones del conflicto.

Por José María González Lara.- Seis años no son suficientes para corregir 36 años de neoliberalismo que depredó a México, con fraudes electorales, saqueo y corrupción, “acuerdos en lo oscurito” para favorecer al poder económico y a políticos coligados con éste, medios de comunicación y periodistas mafiosos para sus jugosos beneficios a nivel nacional y en las entidades con gobiernos locales del PRI o del PAN, con autoridades de seguridad ligadas al crimen organizado en un escalada de violencia difícil de controlar, y muchas, muchas distorsiones de la vida pública del país desde una perspectiva apátrida sin nacionalismo, sin morales ni principios éticos.

Cada día se revelan más atracos y corruptelas que muestran a la sociedad lo ruin y perverso de los gobiernos de derecha prianistas, con sus acuerdos para favorecer a la oligarquía nacional y trasnacional, un ejemplo de ello es la reforma energética respecto a la generación y transmisión de electricidad, para lo cual los corifeos mediáticos, académicos y sus militantes gritan a voz en cuello la necesidad de que no se modifique dicha reforma porque afectaría al medio ambiente y encarecería el pago de la energía eléctrica ¡vaya sarta de mentiras y falsedades!

Ahora huérfanos de privilegios, el poder económico no escatima recursos para denostar, criticar, desprestigiar y afectar la construcción de un nuevo régimen político, económico, social y cultural. En efecto, la Cuarta Transformación no ha sido sólo un cambio de gobierno como lo fue la supuesta “transición a la democracia” en el año 2000 -más de lo mismo, acuerdos cupulares-, sino un cambio verdadero que se sustenta en la transparencia, la lucha contra la corrupción y la participación democrática de la sociedad en las decisiones que en afectan la vida diaria de la ciudadanía.

Nada de lo que se propone como cambio satisface a la derecha política, académica y mediática, mucho menos a poderosos empresarios que hicieron jugosos negocios en el anterior régimen neoliberal, contra todo y a favor de conservar un sistema de injusticias, prerrogativas y dispensas. Miles de millones de pesos se pagan en el golpeteo, y a golpeadores, para que no avance la democracia participativa, para que las élites sigan dirigiendo la ruta de la nación siempre a favor de unos cuantos y no de toda la población.
Inclusive, aluden a la “libertad de expresión” para callar al presidente de la República y evitar la defensa diaria que hace del proyecto que respaldamos millones, inclusive, cínicos y farsantes, hablan de dictadura cuando nadie les censura ni se les impide vociferar en contra del poder ejecutivo, lo que nunca hicieron en décadas del régimen de derecha.

Por otra parte, es muy satisfactorio ver la organización, aunque aún precaria, de una parte de la sociedad, que con argumentos defienden el cambio y opinan al respecto de toda lo que confiere a lo público del país, que se reúnen y discuten los avances y lo que aún falta por hacer, que en redes sociales evidencian las farsas de la derecha, que reúnen las firmas para la democracia participativa (consulta y revocación), que van de puerta en puerta para defender el cambio del país, que construyen la historia y que a su tiempo continuarán construyendo las futuras generaciones, responsabilidad compartida para que la derecha nunca retorne al poder.

Millones siguen a la derecha, pero más millones son las y los demócratas. La lucha sigue por un México más democrático, justo e igualitario, en esta batalla en la disputa por la nación no se debe cesar para defender un proyecto nuevo que favorezca a todas y a todos. Vamos con Andrés Manuel López Obrador, el futuro ya contempla el cumplimiento de nuestras responsabilidades históricas. ¡Todos somos AMLO!

Por José María González Lara – Después de que el Estado mexicano fungía como juez y parte en los procesos electorales -cuya organización y operatividad dependían de la Secretaría de Gobernación y la jornada electoral y sus resultados la calificaba la Cámara de Diputados con mayoría del Partido hegemónico del régimen (PRI)-, por presión social y de las fuerzas de derecha panistas como de diversos grupos y partidos políticos de izquierda, el Instituto Federal Electoral inició actividades en octubre de 1990, con atribuciones para convocar, organizar y calificar las elecciones federales, sujeto al resultado legal de controversias, denuncias y demandas en las instituciones jurídicas del ramo.

Si bien la construcción política y social del IFE fue un avance importante en la democratización, permanecieron candados, como las cuotas de consejeros electorales entre partidos políticos y  la negociación política en las facciones ideológicas identificadas, por ejemplo, los acuerdos posteriores a la aprobación legislativa del rescate bancario (Fobaproa) en 1998, cuyo resultado fue la Presidencia de la República para Acción Nacional en dos ocasiones, con Vicente Fox en alternancia fallida y apoyo del PRI a Felipe Calderón en el fraude cibernético del 2006 (“voto por voto, casilla por casilla”; en la revisión del 10% de las urnas, más del 70% de las casillas tuvieron inconsistencias tanto en la jornada electoral como en el conteo de votos y resultados, es decir que, por consecuencia, en el 90% de las urnas restantes también se reprodujo dicha distorsión, pero esto no fue argumento en el IFE para la anulación de las elecciones fraudulentas).

Otro caso: concluido el proceso electoral del año 2012, partidos de izquierda denunciaron exceso de gastos en la campaña de Enrique Peña Nieto como candidato ganador –por más de 4 mil millones de pesos-, posteriormente la contraloría interna del IFE dio a conocer lo mismo, inclusive también la Auditoría Superior de la Federación reveló esta anomalía, pero la respuesta de las autoridades electorales fue: “caso juzgado, la constancia de mayoría ya se entregó”.

Entre polémica respecto a la soberanía de los Estados, en 2014 se reestructura la institución y se establece el Instituto Nacional Electoral, con atribuciones más amplias para procesos electorales en entidades del país. Sin embargo, las cuotas por partidos para la designación de las y los integrantes del Consejo Electoral continúa y se percibe en ellas y ellos un sesgo ideológico-político en sus decisiones; baste decir que en el año 2014 a Lorenzo Córdova Vianello lo propuso el PRI para ocupar la presidencia ejecutiva del IFE.

Además, en el instituto electoral se estableció una élite burocrática dorada, cuyos funcionarios de primero y segundo nivel gozan de jugosos sueldos, canonjías y prerrogativas muy atractivas –lo que eleva su gasto corriente-, a lo cual no pretenden renunciar y desquiciadamente se aferran.

Para llevar a cabo constitucionalmente la Revocación de Mandato este año 2022, solicitaron más recursos, pero la mayoría en la Cámara de Diputados no accedió; los consejeros del INE argumentaron el riesgo de no llevarse a cabo la calificación social del presidente de la República, inclusive con una controversia en el Tribunal Superior Electoral, pero éste ordenó el ejercicio democrático; los consejeros ajustaron el presupuesto y aun así el 12 de enero solicitaron más recursos a la Secretaría de Hacienda, por un monto de 1,738 millones de pesos.

Ante esto, al siguiente día Hacienda y la Secretaría de la Función Pública propusieron al INE un mayor ajuste de austeridad republicana por 2,972 millones de pesos, sin embargo, inmediatamente la mayoría de los consejeros electorales rechazaron la propuesta.

Anacrónico es que la historia del INE demuestra que los consejeros electorales “ciudadanos” y los representantes de partidos políticos de derecha no han impulsado la democracia participativa y están en contra de ésta.

En un verdadero cambio de régimen se cimbran el sistema político y económico y sus instituciones, además, ante la sociedad los protagonistas exhiben sus posiciones ideológicas y expresan sus posturas políticas, como es el caso del INE en nuestro país. En tanto haya conciencia y participación política del pueblo, indefectiblemente en México avanzará la democracia participativa.

Por José María González Lara – Contralorías en los tres niveles de gobierno, auditorías del poder legislativo federal y estatales, institutos de transparencia ciudadanizados, sistemas anticorrupción, entre otros organismos y dependencias en la estructura jurídica para evitar la corrupción y ésta permanece astutamente y opera “tan campante”; baste decir que los organismos autónomos se componen por ciudadanos con jugosos sueldos, generalmente designados por legisladores de partidos políticos en acuerdos de cuotas.

Por otra parte, aún que erráticamente se da seguimiento a la aplicación de los recursos públicos para evitar su mal uso y desvío, no se verifica que con dicho ejercicio presupuestal se logren los objetivos trazados y se obtengan beneficios concretos para la ciudadanía, es decir que no se contrastan los objetivos y acciones de la previa planeación con los resultados de los gobiernos federal, estatal y municipal, tampoco en los poderes legislativo y judicial, ni en los señalados organismos ciudadanos.

A final de cuentas, es la ciudadanía la que puede constatar los resultados y beneficios de los gobiernos, tanto en la operatividad de la aplicación del erario público, como en su logros y alcances concretos.

Precisamente, la “revocación de mandato”, como un derecho individual y social, impulsaría la necesidad de que el poder ejecutivo cumpliera aspectos gubernamentales imperativos: transparencia en la aplicación del presupuesto; resultados tangibles que favorezcan el bienestar personal, comunitario y social; austeridad republicana para evitar dispendios y despilfarros del dinero del pueblo; cercanía del gobernante con los gobernados; relación estrecha de gobernanza para consensar decisiones que afecten a la ciudadanía; impacto positivo del gasto público como multiplicador de la economía; entre otras.

La democracia representativa delega las decisiones en los representantes, por eso la democracia participativa impulsa el desarrollo armónico de la sociedad, porque obliga a que los gobiernos estén siempre al tanto de sus responsabilidades con sus gobernados; como un ejercicio de participación democrática para revocar o ratificar, la revocación de mandato puede garantizar ejercicios gubernamentales eficientes, efectivos y eficaces.

La derecha conservadora no aprecia este ejercicio como un fortalecimiento de la democracia, por el contrario, argumenta que es un gasto inútil, que se generaría ausencia de gobernabilidad, con enfrentamientos estériles entre las fuerzas políticas, el poder económico y los medios masivos de comunicación. Lo que temerosamente pretende la oposición actual es la permanencia de la democracia representativa, para que, en caso de retornar al gobierno federal, las decisiones sólo se tomen en las cúpulas políticas y económicas, sin un directo escrutinio ciudadano; en todo caso, su oposición a la revocación de mandato es una postura previsora, porque al realizarse un solo ejercicio de este tipo, se sentaría el precedente -o jurisprudencia- para llevarlo a cabo en el futuro y extenderlo, con sus particularidades, a los gobiernos estatales y hasta municipales.

Es deber de las y los demócratas impulsar la participación ciudadana en la vida pública de la sociedad mexicana, defender la revocación de mandato como un derecho democrático, con argumentos sólidos en el discurso y acciones particulares para persuadir a muchas personas que aún dudan que ahora sí se les esté tomando en cuenta.

Por José María González Lara – De noviembre del año 2020 al mismo mes de este año, en México el incremento de precios al consumidor registró 7.37% anual, acumulado desde enero en 7%, lo cual es efecto de dos fenómenos, uno mundial y otro regional.

Como ya se ha mencionado en otras entregas de esta columna, la pandemia distorsionó las cadenas globales de valor, es decir los vínculos productivos y distributivos de bienes y servicios entre países; al recuperarse paulatinamente la inversión y el empleo, tendencialmente ha aumentado la demanda, pero cuando dichos encadenamientos aún no se recuperan del todo, sobre todo porque se incrementa la demanda de materias primas, incluidos gas y petróleo, y productos agropecuarios. Esta es una de las causas de la inflación en la mayor parte del mundo, incluido nuestro país.

Por otra parte, en los años del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos se inyectaron recursos a empresas y hogares por un monto de 2.9 billones de dólares (millones de millones de dólares), pero sin recaudación tal que sostuviera dicho gasto público (los impuestos se redujeron drásticamente, sobre todo el ISR que pasó de 37 a 25%), lo cual se sostiene con deuda pública y emisión de dinero.

Asimismo, a lo anterior deben añadirse los programas del presidente Joe Biden, de gasto público en infraestructura productiva y educativa, los cuales, si se aprueban, generarían inversión y empleo, con el consecuente aumento de demanda y consumo intermedio y final.

En el país vecino norteño esto ha traído como consecuencia una inflación anual de 6.8% -de noviembre de 2020 al mismo mes de este año- y acumulada de 6.7% -de enero a noviembre de este año-, la más elevada desde hace más de 30 años.

Por lo anterior, las importaciones provenientes de ese país para los procesos productivos elevan los costos de producción de manera directamente proporcional y, por ende, el precio final, esto es lo que se denomina “inflación importada”.

Según INEGI, el índice de precios al productor se situó en 9.90 anual, es decir que las empresas pagan en promedio 3.1% del incremento de precios en materias primas y energéticos, lo cual no podría sostenerse por mucho tiempo.

¿Cómo enfrentar el problema sin que se afecte la recuperación económica en tiempos de Covid y, previsiblemente, ya en postpandemia? En México se ha optado por algunas políticas económicas estratégicas complementarias: la monetaria, con el aumento de la tasa de interés de referencia a 5%, para que paulatinamente se incentive el ahorro y se inhiba el crédito, por tanto, tendencialmente menos demanda; la fiscal, con el sostenimiento e incremento en el gasto en infraestructura productiva y las transferencias a los programas sociales que sostienen el consumo componente de la demanda agregada, es decir el gasto público como efecto multiplicador; la laboral, con el incremento en 22$ al salario mínimo para el año 2022, acordado por las cúpulas obrero-patronales y la Secretaría del Trabajo. Las últimas tres estrategias para aumentar la demanda agregada e impulsar el crecimiento.

Ante la inflación global, el Fondo Monetario Internacional ha reconocido que los Bancos Centrales tienen poco margen de maniobra y sus decisiones impactarán la recuperación, sin embargo, se sostiene que el fenómeno de aumento de precios no será permanente, hasta en tanto se restablezcan las cadenas de valor y no se agudice una cuarta ola de contagios del virus con sus nuevas variantes. Se reconoce, hasta ahora, que el efecto inflacionario es escalonado, pero no generalizado, así que la hiperinflación no está a la vista, además que el desempeño de la economía mundial y particular en los países continuará al alza, aunque con menor ritmo.

No faltan las voces –o gritos- de alarma de la derecha política, académica y mediática, que culpan al gobierno federal mexicano del movimiento inflacionario por omisión de estrategias de contención, pero no es así. Por lo pronto, se prevé que los aumentos de precios se contraigan hasta el segundo trimestre del año próximo. Veremos.

Por José María González Lara – Sistemáticamente y sin excepción la derecha política, mediática, académica y religiosa, se opone sistemáticamente a toda decisión del gobierno federal.

Aplauden y aprueban el supuesto “jalón de orejas” del gobierno de Estados Unidos al presidente López Obrador por la Reforma a la Industria Eléctrica -asunto de seguridad nacional para poner orden en la generación y distribución de electricidad y garantizar el abasto y precios justos a empresas y familias, 54% CFE, 46% privados-, así como ridículamente criticar hasta la postura corporal

Ridículo, criticaron hasta la postura corporal del ejecutivo en la reciente reunión cumbre de los países integrantes del T-MEC. Un columnista conservador afirmó que a dicha cumbre asistieron “dos líderes y un mendigo” (Sergio Negrete, El Financiero, 11-09-21), cuando es evidente los resultados positivos de la reunión trilateral. Así se las gastan quienes se oponen al cambio de régimen y pretenden recuperar los privilegios perdidos.

Atribuyen la inflación a las decisiones de política económica y social, cuando está demostrado que el gasto público, los incrementos salariales y los programas sociales no son causa del aumento de precios, sino que éste es un fenómeno global causado por la recuperación económica mundial en la paulatina superación de la pandemia.

Ante el carrusel de amparos otorgados por jueces confeti para entorpecer, suspender o hasta impedir las obras de infraestructura, el lunes 22 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo para que las dependencias federales involucradas administrativamente atiendan como asunto de “seguridad nacional” el cumplimiento en tiempo y forma en la entrega de dichas obras a la sociedad mexicana (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Refinería Dos Bocas, Tren Maya, Corredor Transístmico, entre otras).

Dichos proyectos se consideran “prioritarios y/o estratégicos” para el desarrollo nacional, dada su importancia “… para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente”.

No se dispensa la gestión de permisos, dictámenes y licencias, mucho menos se exenta de la transparencia y rendición de cuentas a través de dependencias y organismos autónomos.

Para detener el sostenido avance político y administrativo del actual gobierno federal, la derecha sostiene que la decisión es un Decreto -o “decretazo”- equivalente ¡a un golpe de Estado! (Denise Dresser, 23-11-21). Los eruditos del Derecho Constitucional y los leguleyos discutirán y analizarán este asunto, por lo pronto las obras deben agilizarse.Las y los opositores de la 4T no reconocen la situación deplorable en que la derecha ideológica dejó al país en todos sus ámbitos; ante el nivel de aceptación ciudadana de AMLO, el malestar, la ira y la estridencia no les permiten analizar a profundidad por qué 30.3 millones de electores -¿equivocados?- demandan otro régimen político, transición nada sencilla que se extendería, si la misma sociedad lo decide, por mucho más de seis años. A la derecha nada le preocupa el juicio futuro de la historia sobre su postura para denigrar al presidente y desacreditar el proyecto de transformación ¿Quién polariza a la sociedad? La pieza poético-musical “Tordos y Caracoles” de Joan Manuel Serrat (álbum 1978) se suscribe pertinente para quienes corresponda.

Por José María González Lara – Una de las causas históricas de la izquierda, entre muchas, es la participación democrática de la sociedad en la toma de decisiones del Estado, con el gobierno en turno electo, para efecto de que las decisiones públicas no privilegien intereses personales o de grupo, para que se privilegie lo que mejor corresponda a todas y todos, es decir la democracia participativa y no sólo la democracia representativa de “votas y te vas”, para que las élites políticas y oligárquicas no decidan lo que mejor les convenga a ellas y ellos. La “revocación de mandato” es uno de estos aspectos que la Cuarta Transformación ha colocado en la ley para efecto de operar la decisión popular de continuidad del presidente de la República, lo que deberá, paulatinamente, extenderse a los niveles estatal y municipal.

Los argumentos de la derecha académica, mediática y política (PRIANRD y MC) son dos fundamentalmente: el costo en, según lo manifiestan, más de 4 mil millones de pesos; y, no menos importante, el riesgo de ingobernabilidad dado que las fuerzas políticas centrarían sus fueros en denostar y derrocar a un adversario o enemigo.
Aparte de lo anterior no exponen más argumentos, y se respaldan en las decisiones cupulares de siempre, es decir, que, en las cámaras de diputados y senadores, y a través de los “causes legales”, los “representantes de la sociedad” harán saber al gobierno en turno los errores y desaciertos en que incurra.

La “revocación de mandato” a mitad del ejercicio de gobierno no tan sólo es un ejercicio democrático en el que se obliga a cumplir un plan de gobierno con legalidad y transparencia, sino también es un derecho individual y colectivo, una atribución de la sociedad para no tolerar gobernantes ineptos y corruptos.

Al inicio del actual gobierno del cambio, la derecha histérica y desquiciada apuntó sus tiros al desprestigio del presidente López Obrador y su gestión, con la mentira, la intriga y la descalificación sin argumentos, inclusive hicieron campaña con el casi extinto Frente Nacional Anti AMLO para que éste renunciara, lo cual no impactó en la población y el nivel porcentual de aceptación permanece sobre 58%, inclusive hasta 68%.

La alianza derechista Va por México, comandada y dirigida por el junior corrupto Claudio X. González, ahora desacredita la revocación y ampliamente llama a la población a no participar.

En el fondo lo que pretenden es que no se realice el ejercicio democrático para no sentar antecedentes -o jurisprudencia- para que, en caso de que el poder económico retome el poder político (“todo madera”) con sus partidos títeres aliados o por separado, no se opere este ejercicio de participación social, obvio, para retomar la ruta de la corrupción que la 4T ha suspendido. Entre otros, algunos argumentos a favor de la “revocación de mandato” son:

• Es un ejercicio que fortalece la democracia participativa y no sólo la democracia cupular representativa
• Es un derecho individual y colectivo para no tolerar y soportar por obligación a gobernantes ineptos y corruptos.
• La perspectiva de revocación obligará a los gobernantes a cumplir su plan de desarrollo, a transparentar efectivamente la aplicación de los recursos públicos y a dar resultados efectivos a la población en los aspectos económico, social y cultural.
• Progresivamente, efectuar la consulta para revocación o ratificación, se evitará la corrupción en todos los niveles de gobierno, ya que las instancias de transparencia deberán revisar detalladamente la aplicación de recursos como información en la decisión individual de cada ciudadano que emita su opinión el día del este ejercicio democrático.
• Este ejercicio de participación social amplia impulsará a que también se opere en los Estados y en los municipios del país, para evitar frivolidades y corruptelas en los gobiernos locales.
• Esta participación democrática de la sociedad sentará precedente para que permanentemente se lleve a cabo en la vida pública del país y que los gobiernos de los tres niveles estén dispuestos al escrutinio público.
• Es la construcción de la democracia participativa y una herencia para las futuras generaciones, es un compromiso histórico que se debe asumirse responsablemente.

¡Construyamos la historia!

¡Impulsemos la democracia participativa!

¡Empujemos la Revocación de Mandato!