El freno en la Cámara de Diputados a la reforma a la Ley del Infonavit –derivado del fuerte cabildeo de empresarios y líderes sindicales, a la par de la guerra sucia mediática que busca generar terror en los derechohabientes con falsedades– esconde, en el fondo, una serie de corruptelas que habrían desfalcado miles de millones de pesos al Instituto. Entre los casos más emblemáticos destacan: un presunto fraude por 5 mil millones de pesos de Telra Realty, propiedad de la familia Zaga Tawil, y que toca a la trasnacional White&Case; la contratación ilegal de un seguro por 550 millones de pesos a favor de Mapfre-Tepeyac; las ventas sucesivas de créditos Infonavit, tipo esquema ponzi, que deja al descubierto una red de complicidades al interior del Instituto; despojo masivo de viviendas; pagos indebidos a consejeros por asistir a asambleas y reuniones de Consejo; sueldos millonarios a directivos, superiores al de la presidenta de México, revelaron la propia Claudia Sheinbaum y el actual director, Octavio Romero Oropeza

En plena campaña de guerra sucia mediática para descarrilar la reforma a la Ley del Infonavit, la presidenta Claudia Sheibaum Pardo ordenó que se ventilaran los casos más emblemáticos de corrupción en ese Instituto. Por ello, pidió al director general, Octavio Romero Oropeza, revelar una serie de corruptelas que van desde el pago una indemnización indebida por 5 mil millones de pesos a favor de Telra Realty, hasta la contratación ilegal de un seguro, por más de 500 millones de pesos a favor de Mapfre Tepeyac.

Por otro lado Carlos Gutiérrez Ruiz es un exfuncionario foxista, señalado por la fallida política de vivienda en este Gobierno y quien a la fecha percibe un ingreso mensual de 262 mil pesos, mayor al de la Presidenta, que asciende a 140 mil pesos al mes. Incluso sus subalternos o los niveles inferiores, también con un ingreso neto mensual superior al de Claudia Sheinbaum Pardo.

En el caso de la Dirección Empresarial, ésta es encabezada por Carlos Gutiérrez Ruiz, un exdirigente de las Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) que trabajó para los Gobiernos de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa como Comisionado Nacional de Fomento a la Vivienda (Conafovi) y como director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), respectivamente.

En el periodo en el que Gutiérrez Ruiz fue el responsable de la política de vivienda de los gobiernos panistas fue señalado por favorecer a constructoras como Geo y Homex, las cuales, aunque recibieron jugosos contratos de construcción de vivienda social, se declararon años después en quiebra.

Uno de los casos emblemáticos es el de Casas Geo, que fue la constructora de vivienda favorita de Vicente Fox Quesada. Se trata de una desarrolladora de vivienda social, integrada por grandes empresarios y exservidores públicos. Fox presumió en su momento que los mexicanos tendrían en su Gobierno una vivienda donde vivir, lo cierto es que junto a Calderón y Enrique Peña Nieto después heredaron miles de casas abandonadas, y trabajadores que quedaron con deudas y con su patrimonio en vilo.

Uno de los personajes que es señalado por esta política es precisamente el actual director sectorial empresarial de Infonavit, Carlos Gutiérrez Ruiz, quien a la fecha percibe un ingreso mensual de 262 mil pesos, mayor al de la Presidenta, que asciende a 140 mil pesos al mes. Incluso sus subalternos o los niveles inferiores, también con un ingreso neto mensual superior al de la Presidenta de la República.

El director sectorial empresarial es nombrado por la Asamblea General, a propuesta de los representantes de los patrones entre quienes figuran actualmente miembros de la Concamin y de la Coparmex, dos de los brazos patronales que junto a los sindicatos de la CTM y la CROM se oponen a la reforma al Infonavit.

Los cambios que se buscan hacer al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores pasan por desaparecer precisamente las Direcciones Sectoriales de Trabajadores, y Empresarial, que durante 2016-2018 promovieron desarrollos que sólo beneficiaron a un puñado de constructoras que recibieron millones de pesos en recursos sin haber construido nada, denunció esta mañana el director del Instituto Octavio Romero Oropeza.

En el caso de Telra Realty –empresa de la familia Zaga Tawil–, Romero Oropeza acusó que el contrato data de 2014, y fue para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar de residencia, en un plazo de 2 años y por un monto de 100 millones de pesos. No obstante, la empresa incumplió el contrato y no entregó la plataforma.

Al participar en la conferencia presidencial del 18 de diciembre, el director general del Infonavit detalló que, en vez de sancionar a la empresa, se le rescindió el contrato. Aunado a ello, en 2016, el Consejo de Administración le autorizó una indemnización por 5 mil millones de pesos.

Tras comprobarse el desfalco al Infonavit, “dos socios de Telra devolvieron 2 mil millones de pesos cuando se dieron cuenta que estaba medio chueco el asunto, pero tres se han negado a devolver 3 mil millones restantes, esos 3 mil millones andan ‘volando’”.

Romero Oropeza añadió que el pago de la indemnización se “justificó” con un documento supuestamente expedido por la trasnacional White & Case. “Son tres hojas, y resulta muy interesante observar. Olvídense de lo que dice; hay que leer lo que dice, desde luego, pero lo importante es ver que las hojas tienen una antefirma, y la antefirma es ‘W’, un signo de ‘&’: ‘White & Case’. Y la última está firmada por ‘White & Case S.A.’. No existe ninguna persona moral que firme de esta manera”.

Y explicó que a nombre de los despachos legales y las empresas quien firma es un socio o el representante legal, porque la razón social de las personas morales no es una firma válida. Por ello, llamó públicamente a White & Case para que avale o desmienta el documento.

Romero Oropeza también exhibió que la Auditoría Superior de la Federación descubrió, a través de información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en el caso de Telra se trianguló dinero entre las empresas contratadas directamente por el Infonavit y la cuenta bancaria de un funcionario del Infonavit que fungió como asesor del director general en 2018. Eso, aclaró la presidenta Sheinbaum, ocurrió antes de que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Romero Oropeza denunció que frente al trabajo de la ASF, los sectores empresarial y de trabajadores instruyeron en octubre de 2023 al Infonavit –que es un organismo tripartita– a interponer un amparo contra el informe de resultados, con el voto en contra de sector gobierno y de la oposición de la Dirección General.

Otro ejemplo de corrupción, dijo, es el programa Línea III del Infonavit, que “consiste en financiar a constructores de vivienda para los derechohabientes. Este tipo de proyectos son propuestos únicamente por las direcciones sectoriales de trabajadores, y la empresarial, y así con presentados al Consejo de Administración para su autorización. No hay un estudio técnico, financiero, de ninguna índole, simplemente proponen una empresa para un desarrollo, se autoriza porque son dos terceras partes del Consejo y se aprueba”.

Al respecto, denunció que se identificaron 22 proyectos –autorizados entre 2017 y 2018– que no han sido concluidos y que presentan adeudos vencidos con el Infonavit, por 575 millones de pesos. “Adicionalmente a esto, existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos; esto como resultado de deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones”.

Explicó que en cuatro casos, las empresas recibieron más recursos a pesar de no haber construido las casas: “45 millones una, 22 otra, 9 millones otra, 5 millones otra, dinero adicional, ya no del Fondo directamente del Infonavit, sino de los créditos de los trabajadores. Es decir, sin haber construido la vivienda, se les otorgó crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar de su dinero”.

Otro caso de corrupción, dijo, es el de una red delictiva integrada por trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores, que se han coludido para otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Lo que podría asemejarse a un esquema ponzi.

“Con la revisión que llevamos al día de hoy, que no incluye 11 estados del país, se han detectado 12 mil créditos sobre mil 400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta cuatro veces cada una por año. Todo lo anterior –y ojo porque esto es importante– sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores cobrándoles hasta el 40 por ciento de sus ahorros para vivienda que, hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de mil 200 millones de pesos”.

Y expuso que el problema se ha detectado en todas las entidades que se han revisado: “en el Estado de México, 496 casas se vendieron 4 mil 130 veces. En Jalisco, 239 casas, las mismas, se vendieron 2 mil 37 veces. En Baja California, 205 casas se vendieron mil 696 veces. Y así sucesivamente, lo que nos da las mil 400 y las 12 mil ventas”.

Acerca del mecanismo que emplea esta red de corrupción, ejemplificó: “en el Estado de México tres notarios, con dos despachos de evaluación, con tres peritos valuadores, con tres controladores y seis trabajadores del Infonavit: vendieron 496 casas 4 mil 130 veces”.

Otro ejemplo de corrupción que puso Romero Oropeza es el de los desalojos. Recordó que, en 2019, el Infonavit informó a la Unidad de Inteligencia Financiera el pago de más de 3 mil 600 millones de pesos a cuatro despachos plenamente identificado, contratados para “recuperar vivienda por la vía judicial”. Práctica que, detalló, se eliminó desde el sexenio del presidente López Obrador.

El director del Infonavit explicó que, entre 2013 y 2015, los despachos, en contubernio con diversos funcionarios del Poder Judicial y notarios de Nayarit, realizaron juicios fraudulentos contra 60 mil derechohabientes. Y denunció que el Infonavit no recuperó ninguna vivienda y miles de derechohabientes fueron despojados de su vivienda sin un juicio justo.

Otro caso de corrupción que expuso fue el de la aseguradora Mapfre Tepeyac: “funcionarios del Infonavit contrataron ilegalmente un seguro de vida colectivo por 550 millones de pesos para los derechohabientes con crédito. ¿Por qué decimos que ilegalmente? Porque el Instituto, el Infonavit, ya cubre ese seguro. La cobertura en esa época era contra riesgos de fallecimiento de las personas acreditadas solo en caso de desastre natural y de pandemias –se adelantaron al Covid–, lo que hacía que esta póliza fuera incobrable. Es decir, su contratación fue fraudulenta y, ojo, sin el consentimiento de los trabajadores acreditados, y sin necesidad porque ya el Infonavit cubre eso”.

A la lista de irregularidades añadió el caso del padrón de viviendas nuevas: “en 2011, el Consejo de Administración de Infonavit autorizó convertirlo en un fideicomiso que le pertenece al Infonavit. Ese fideicomiso genera recursos porque la información que da el Registro Único cobra por la entrega de esta información; pero ese ingreso no debe ser calificado como una utilidad, toda vez que se debe reintegrar al ahorro de los trabajadores. En la sesión de julio de 2024, el Comité Técnico del RUV, donde participa el Sector Empresarial, y de Trabajadores, instruyó el pago de las utilidades del RUV”.

Al respecto, añadió: “en noviembre pasado, el director del RUV gestionó el pago como pago de utilidades. A pesar de que un servidor dio instrucciones de no hacerlo, se repartieron las utilidades. En esta administración, como resultado de eso, tres funcionarios han sido cesados y se están analizando las acciones legales correspondientes”.

Y concluyó con el tema de los sueldos: “el ingreso neto anual de la presidenta de la República anual es de 1 millón 992 mil pesos; esto es, mensual, vienen siendo 140 mil pesos, aproximadamente. Fíjense bien cuánto gana el director Sectorial de los Trabajadores: anual, 3 millones 255 mil pesos. Mucho más que lo que gana la presidenta: mensual 271 mil pesos contra 140 mil”.

Acerca de la Dirección Sectorial Empresarial, expuso que “el director tiene un ingreso mensual de 262 contra 140; y sus subalternos o los niveles inferiores, también con un ingreso neto mensual superior al de la presidenta de la República. En el caso del secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit, tiene un ingreso anual neto de 2.2 millones, que equivale a 185 mil pesos mensuales; superior al salario de la presidenta. Todo esto se paga con el ahorro de los trabajadores”.v

Mientras Humberto Moreira –ahora empresario inmobiliario y constructor– se preparaba para dirigir el PRI y el partido para recuperar la Presidencia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos envió a México una investigación sobre sus actividades sospechosas en ese país.

SALTILLO, Coah (Proceso).– Una solicitud del Departamento del Tesoro de Estados Unidos complicó que las autoridades mexicanas investigaran las operaciones que el mismo Departamento calificó como sospechosas de parte de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y exlíder nacional del PRI, partido del que fue expulsado en 2017.

A 12 años de que se inició la averiguación previa por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la clasificación de información reservada y confidencial del expediente que envió el Departamento del Tesoro a la Unidad de Inteligencia Financiera; ésta afirma que todavía se encuentra bajo investigación y forma parte de una carpeta.

El gobierno estadunidense giró instrucciones a su homólogo mexicano de no usar el contenido como elemento probatorio en procedimientos civiles, administrativos o penales. El expediente denominado “Intelligence Fincen Case 2012/PD122589”, enviado por Estados Unidos durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, se integró a la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-II/267/2012 que derivó en el no ejercicio de la acción penal.

El documento formó parte de las diligencias realizadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales en dicha averiguación, a cuya versión pública tuvo acceso el Border Hub: Periodismo de Investigación de la Frontera Norte. El 9 de febrero de 2012 la UIFremitió a la dependencia federal el oficio 110/H/142/2012 que contenía el expediente.

“El cual contiene información relacionada con Humberto Moreira Valdés; información que se proporcionó en idioma inglés, por lo cual se giró oficio al director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, solicitando la intervención de peritos en materia de traducción”, señala el oficio. 

El documento, titulado “Informe de Inteligencia”, contiene una narración de hechos que fue ocultada por la Unidad de Transparencia de la FGR, al igual que los resultados de la base de datos financiera, informe de transacciones de divisas y otro de actividades sospechosas, además del anexo de antecedentes y las restricciones de su uso.

“La información contenida en este informe no puede difundirse fuera de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la PGR y no debe usarse como material probatorio presentado ante el tribunal ni en ningún otro procedimiento formal sin el consentimiento previo por escrito de la Fiscalía de Delitos Financieros”, establece el documento que las autoridades de Estados Unidos hicieron llegar y se integró a la citada averiguación previa tres meses después de que se abrió. 

En marzo de 2017 el exgobernador declaró que no existían en su contra investigaciones en Estados Unidos y ofreció documentos a esta reportera, los cuales nunca entregó.

Investigaciones hacia cercanos de Moreira 

Cuando Estados Unidos envió el informe de actividades sospechosas en noviembre de 2011 Moreira era gobernador con licencia, y en marzo de 2012 se convirtió en dirigente nacional del PRI, cargo en el que permaneció hasta diciembre de ese año y a pocos meses de que se iniciara la campaña de Enrique Peña Nieto rumbo a la Presidencia. 

En Coahuila ya había protestas ciudadanas por la deuda contratada durante su gobierno y que ascendía a más de 33 mil millones de pesos, reconocida y reestructurada por el Congreso estatal en 2011 y cuyo destino, se considera por las autoridades norteamericanas, fueron diversas inversiones ilícitas en dicho país.

Mientras el Departamento del Tesoro impide el uso del informe sobre dudosas actividades del exgobernador coahuilense, exfuncionarios del gobierno de Humberto Moreira Valdés y empresarios cercanos a él están sujetos a investigaciones en dicho país.

Uno de ellos es el empresario de medios electrónicos Rolando González Treviño, quien se declaró culpable de delitos de lavado e hizo señalamientos contra el exgobernador de Coahuila en torno a que manejó de manera ilegal los recursos públicos. 

A la fecha, el exgobernador de Coahuila no ha sido señalado como responsable de delitos ante una corte de Estados Unidos, aunque su nombre se mencionó en los procesos a exfuncionarios en dicho país, como en el de Héctor Javier Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas y responsable del Servicio de Administración Tributaria (SATEC), quien recibió el nombramiento de manos de Moreira en julio de 2008 para permanecer en el cargo 12 años.

De él también existe un informe similar al de Moreira Valdés, denominado “Suplemental Report”, y otro titulado “Inteligent Report Fincen Case 2012/PD122483”, con información de actividades sospechosas de Vicente Chaires Yáñez, quien trabajó en el mismo gobierno de Coahuila. 

Villarreal Hernández se declaró culpable y se le aseguraron propiedades y cuentas bancarias con dos millones 275 mil 544.41 dólares en Las Bermudas, de acuerdo con una base de datos generada por el sitio Iniciativa de recuperación de activos Robados del Banco Mundial. 

Aún está a la espera de la sentencia por el delito de conspiración para lavado de dinero que, de acuerdo con las autoridades estadunidenses, procedía del erario de Coahuila y era parte de la deuda obtenida con documentos falsificados por el exfuncionario y cuando se elaboró el informe del Departamento del Tesoro.

Este caso está relacionado con quien sustituyó a Moreira en el último año de su gobierno: Jorge Juan Torres López, quien permaneció por meses entre los más buscados por la Agencia Antidrogas (DEA) y fue extraditado y procesado por lavado procedente de transacciones financieras a cambio de sobornos en la adjudicación de obras en Coahuila. Fue sentenciado a 36 meses de prisión, los cuales ya cumplió.

No supe de informe: Federico Döring

El diputado de extracción panista en la Ciudad de México Federico Döring Casar aseguró que no tuvo conocimiento de los informes que envió el gobierno estadunidense a las autoridades mexicanas y quienes determinaron el no ejercicio de acción penal en las denuncias que presentó ante la entonces PGR contra Chaires Yáñez y Moreira Valdés. Fue él quien presentó la denuncia por enriquecimiento ilícito siendo senador.

“Nunca tuve acceso al expediente en la PGR, porque cuando lo solicitaba me decían que estaban esperando el informe de Estados Unidos, así que el documento que refieres nunca lo conseguí”, dijo. 

En las indagatorias derivadas de los procesos a empresarios y exfuncionarios de Moreira Valdés salió a relucir una mansión valuada en 602 mil dólares que se registró a nombre de la suegra del exmandatario, Herminia L. Martínez de la Fuente, que formó parte del esquema de lavado y pago de sobornos de Luis Carlos Castillo Cervantes, alias el Rey de los Dragones, de acuerdo con el testimonio del empresario lagunero en una corte de Texas, Guillermo Flores Cordero, quien explicó el modus operandi y el cual fue desmentido por el exmandatario coahuilense y exlíder nacional del PRI.

El suegro de Moreira Valdés, Jaime Guerrero, reconoció que la residencia fue asegurada por las autoridades estadunidenses y luego subastada. Así lo dijo el periodista Efraín González, quien proporcionó la entrevista para esta investigación.

Incongruencia de Estados Unidos

El representante del Consejo Cívico de las Instituciones en la Laguna, Marco Zamarripa, cuestionó que el departamento del Tesoro de Estados Unidos limite el uso de la información que tiene sobre políticos mexicanos.

“Es una incongruencia: sí facilitan información. Sin embargo, te dicen que no puede ser usada para una investigación, para utilizarla en un juicio, en la corte, y si quieres utilizarla, pues sería con la autorización de la Unidad de Inteligencia del Tesoro de Estados Unidos”, señaló.

Dijo que hay un área de oportunidad para mejorar la relación entre ambos países y se sancione a quien comete algún delito, en lugar de censurar las actuaciones de las autoridades mexicanas.

Maestros del sector inmobiliario y…

La familia Moreira Valdés está formada por Rubén Ignacio, Humberto, Carlos Ariel, Elisa Evangelina, Iván, Álvaro y Montserrat. Todos tienen estudios en la docencia, principalmente, aunque son más reconocidos por actividades dentro del sector público o sindical.

En el gobierno de Humberto, 2005- 2011, la familia creó diversas empresas relacionadas al sector de la construcción, entre otros.

En 2008 su hermano Iván y su sobrino Eduardo Alberto Ramos Moreira –hijo de su hermana Elisa Evangelina– crearon la empresa Construcciones Desarrollo y Suministros IMMER. Según el Folio Mercantil Electrónico 28848 aún se encuentra vigente.

Un año después creó Munchix Empacadora y Procesados en sociedad con su cuñado y esposo de Monserrat, Jesús Hermilo Pader Menchaca, quien fue dirigente del extinto partido Nueva Alianza y durante las administraciones de Humberto y Rubén Moreira participó en los procesos electorales aliado con el PRI. La empresa fue disuelta nueve años después.

Pader Menchaca aparece también como integrante en la sociedad con Rubén Ignacio Moreira Valdez, exgobernador de Coahuila y hoy coordinador de la fracción priista en la Cámara de Diputados, de la empresa Transportes Trenex que se registró en el municipio de Santiago, Nuevo León, en abril de 2008; luego cambió de domicilio al municipio de Frontera, donde autoridades de ese municipio coahuilense aseguran que jamás operó ahí. La empresa fue liquidada meses después.

La actividad primordial era la transportación de todo tipo de carga en el tiempo que se incrementó la presencia del crimen organizado en el noreste del país, pero también se registraron como objeto social otras áreas, entre ellas la construcción de obra pública y privada.

Los Pader han mantenido una relación muy estrecha con otros Moreira, como son los sobrinos de los dos exgobernadores: los hermanos Eduardo Alberto y Álvaro Ramos Moreira, con quienes crearon en 2010 la empresa Lombricarium S. de P.R. de R.L.

Álvaro Ramos Moreira también es socio en la empresa Santa Elena GreenHouse, en la que participan políticos prisitas allegados a Humberto: Jericó Abramo Masso y Eduardo Olmos Castro; el primero diputado federal que busca la reelección y el segundo secretario de Desarrollo Regional de la Laguna en el gobierno de Manolo Jiménez Salinas. La compañía fue liquidada en marzo de 2013.

En 2012, fuera Humberto del gobierno, Iván se unió con su hermano menor Álvaro, hoy diputado local por el PRI, para crear la empresa Gigi Desarrollos, en la cual también participaron Mario Segundo González Rodríguez y su hijo Mario Alberto González García.

La constructora lotificó el fraccionamiento Candelarias, cuyos predios formaron parte de bienes asegurados a Juan Chapa Garza, relacionado con Juan García Abrego, a quien se adjudicó la fundación del Cártel del Golfo.

Chapa Garza, también identificado como José Luis García Treviño, era dueño del Grupo Aztlán dedicado al sector de la construcción. Fue detenido por los delitos de lavado en 1991 y extraditado a Estados Unidos. Al recuperar la libertad, reclamó las propiedades aseguradas por la entonces PGR.

Sobre el caso, Álvaro Moreira cayó en contradicciones durante una entrevista el 15 de marzo del presente año. Inicialmente negó haber tenido una empresa relacionada con el sector de la construcción y posteriormente, antes de que un grupo de lideresas del PRI le facilitaron la oportunidad de irse a bordo de su vehículo, el diputado local manifestó que tuvo unas acciones, pero las vendió.

Luego, a través del área de prensa del Comité Directivo Estatal del PRI, envió copia de la escritura pública en la cual se protocolizó el acta de la Asamblea General Ordinaria en la que los hermanos Iván y Álvaro se retiraron de la asociación.

En el caso de Carlos Ariel, hoy secretario de Desarrollo Educativo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aparece en el Registro Público de la Propiedad como quien inició trámites del Folio Mercantil Electrónico 553110 a nombre de Sistema Nacional de Ahorro y Previsión para los Agremiados al SNTE, una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de responsabilidad limitada de capital variable. En la base de datos no aparece más información porque no se concluyó con el pago de derechos para la inscripción.

Dicha nominación empresarial aparece también como parte de los organismos auxiliares “que asisten al sindicato”, de acuerdo con el artículo 126 de los estatutos del SNTE, entre los que se encuentran fideicomisos e instituciones financieras diversas.

Los socios de Humberto Moreira

Mario Segundo González Rodríguez y Mario Alberto González García han tenido una relación muy cercana a Humberto Moreira. Padre e hijo fueron los dueños, desde 2005 hasta 2012, de la empresaUnipolares y Espectaculares del Norte, y con las cuales el exgobernador comprobó que tenía ingresos de procedencia lícita cuando en 2016 fue detenido en el aeropuerto internacional de Barajas en Madrid, España. 

También en 2012 el exgobernador y exlíder nacional del PRI adquirió las acciones de la empresa Negocios, Asesoría y Publicidad Nuevo Milenio, que fue creada en 2007 y cuyos dueños eran Marco Aurelio Morales Müller y Samuel Rodríguez Martínez; éste último durante los años siguientes apareció como dueño de diferentes medios de comunicación, una área que también se le atribuye a Moreira Valdés en las investigaciones que se siguen en Estados Unidos a Villarreal Hernández.

Ambas empresas, Unipolares y Nuevo Milenio, ampliaron su objeto social en 2017 para convertirse en empresas dedicadas a la lotificación y construcción de vivienda y fraccionamientos campestres.

Después de salir libre de España, Humberto Moreira se asentó en el municipio de Arteaga, donde asegura que se dedica a trabajar bajo el sol. Ahí construye los fraccionamientos Villalba, San Joaquín, San Eduardo y Santa Elena Residencial, además de empezar otro proyecto denominado Alta Vista, para los cuales consiguió los cambios de uso del suelo agrícola a densidad alta y media. 

Los pobladores del lugar consideran que está comprando las tierras a muy bajo precio para vender las residencias hasta en seis mil pesos el metro cuadrado. Nadie quiso hacer declaraciones públicas por temor a represalias y el presidente municipal de Arteaga, Ramiro Durán García, rechazó atender la petición de entrevista pactada a mediados de febrero.

Apenas en agosto del año pasado creó la empresa Nuevo Milenio Saltillense con 98% de las acciones y el resto en manos de quien fuera su secretaria particular, Guadalupe Rodríguez. En 2019 creó la empresa Cahoxe.

Su legado en el sector mobiliario lo siguen sus hijos Rubén Humberto y Joaquín, quienes tienen acciones en las empresas Los Tres Encinos y Villas de la Vid.

Otro miembro, pero por el lado materno de la familia de maestros dedicados a la política y al sector inmobiliario es Francisco Xavier Flores Valdez, quien desde los 24 años figura como prominente empresario en diferentes áreas de la actividad productiva: actividades relacionadas con producciones y medios visuales, transporte de carga, y hasta en el sector salud, además de que naturalmente en el sector de la construcción e inmobiliario.

De 2008 a la fecha ha creado 10 empresas, en una de las cuales fue socio de Héctor Javier Villarreal Hernández, quien además fue testigo en la boda con Anabel Torres Leza, quien fuera funcionaria en la Secretaría de Finanzas bajo el gobierno de Moreira Valdés.

En 2008 creó las empresas XAVAC en Monterrey y Tracoah, dedicadas a la comercialización de predios de cualquier tipo. En la primera de ellas se invirtieron 50 mil pesos, pero en la segunda se destinó un capital social mínimo de un millón 200 mil pesos, aportados por él y otras tres personas.

Al año siguiente creó las empresas Conexo, Dos Sentidos Entertaiment, en Saltillo, y Confecciones DS, en Monterrey, y teniendo como socio a Villarreal Hernández. En cada una se registró un capital social de 50 mil pesos.

En 2010 el joven creó Dos Sentidos Media, también con 50 mil pesos, pero en Plenitud Centro Coahuilense de Hemodiálisis destinó con otros dos socios 750 mil pesos

En 2019 abrió la empresa Coviro, también con 50 mil pesos, y en julio de 2022 registró Vineyard San Antonio, con la misma cantidad.

A Flores Valdez se le mencionó en varias ocasiones como parte del grupo de personas investigadas en Texas en 2013, pero las autoridades estadunidenses no le fincaron cargos por un presunto depósito de 6.5 millones de dólares en un banco de ese país.

Camino de opacidad

Para esta investigación se solicitó a la FGR y a la UIF el contenido del informe elaborado por Estados Unidos. La primera respondió que el documento no existía y luego del recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información, aceptó tenerlo, pero lo clasificó como información reservada y confidencial que al hacerse pública puede causar “daño al honor”.

El INAI pidió elaborar una versión pública y la FGR entregó el documento tachado en su mayor parte, aunque el instituto de transparencia consideró que no se generarían afectaciones de ese tipo porque se determinó el no ejercicio de acción penal. 

Sin embargo, el nombre de Moreira Valdés sale a relucir en los procesos que se siguen a sus exfuncionarios y amigos en Estados Unidos, quienes entregaron propiedades y recursos depositados en cuentas bancarias diversas y paraísos fiscales, de acuerdo con documentos de la Corte del Distrito Sur de Texas.

En el caso de la UIF ésta informó que desconoce si hay investigaciones abiertas en la FGR y a las cuales se integró dicho informe.

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists

Este martes, el General Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó ante el Presidente López Obrador, sobre el incidente que sufrió un vagón del Tren Maya el pasado 25 de marzo en la estación de Tixkokob en Yucatán y que se debió a la mala fijación de un tornillo.

“Hay un aparato de vía que es el sistema donde va distribuyendo hacia dónde tiene que irse el tren. Se coloca para que siga el tren, sin detenerse o hacer un movimiento para que pueda entrar a la estación. Este sistema es automatizado, pero no tenemos completo el sistema y se hace de manera manual. Se llaman clamp”.Detalló

“La sujeción de este clamp no era la adecuada, no estuvo sujeta para que pudiera hacer su operación normal y pasaron tres trenes, y el último es el que toma de manera incorrecta este aparato de vía y provoca que salga de las vías”.Dijo

El funcionario federal agregó que ya se presentó una denuncia de los hechos ante el Ministerio Público además de la integración de una comisión dictaminadora para atender lo ocurrido en Yucatán.

Por su parte las empresas Alstom y Azvindi se encuentran determinado el costo del incidente al Tren Maya y a las vías afectadas tras el desacoplamiento del vagón.

El segundo informe presentado ayer por el Subsecretario Alejandro Encinas ha permitido restablecer la relación con los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, después de días en los que parecía estar en una situación crítica debido a la negativa a proporcionar información militar y la narrativa presentada por el Gabinete de Seguridad.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).– Las madres y los padres de los 43 normalistas aseguraron este jueves que todas las autoridades que aparecen en el informe de Alejandro Encinas y que participaron en la reunión para crear la “verdad histórica” deben ser investigadas.

En la conferencia de prensa afuera del Campo Militar, fueron cuestionados sobre qué opinan de “la defensa del Presidente a Omar García Harfuch y que ahora esté buscando una candidatura”. Sin mencionarlo directamente, Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 jóvenes, señaló:

“Nosotros creemos que todas las autoridades que aparecen en el informe de Alejandro Encinas como artífices de la ‘verdad histórica’ se tienen que investigar penalmente, tiene que abrirse una investigación y tiene que profundizarse”, subrayó.

El abogado y los padres insistieron en que “ya ha quedado acreditado que hubo una reunión de autoridades donde se decidió crear la verdad histórica”, por lo que la exigencia puntual es que todas las autoridades que estuvieron en la junta sean investigadas.

“En virtud de que hubo una junta de autoridades donde participó Enrique Peña Nieto, estamos pidiendo que se abra una investigación penal, que se procese y sancione a las personas que aparecen ahí, incluido el Presidente”, agregó frente a los medios de comunicación.

La “junta de autoridades” a la que se refiere el segundo informe de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, estaba integrada por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto; el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos; el Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón; el titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer; el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert; el encargado del despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Jorge Hugo Ruiz Reynaud; y el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AICM), Tomás Zerón de Lucio.

Rosales destacó que sería una contradicción que se tenga a Murillo Karan en la cárcel y que exista una orden de aprehensión contra Tomás Zerón, por materializar la “verdad histórica”, y que no existan consecuencias para los demás: “Hubo otras autoridades alrededor que participaron en la construcción y deben investigarse todas las autoridades”.

Y reiteró: “queremos ser claros, estamos hablando de todas esas autoridades”.

A su vez, afirmó que la petición no tiene nada que ver con tiempos electorales: “Esto no es electoral. Nuestra demanda es por verdad y justicia, y quienes han violado la Ley tienen que pagar, quienes manipularon la investigación tienen que ser investigados”.

Omar García Harfuch sí tomó parte de los eventos que se sucedieron con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Eso está confirmado, sin embargo, en qué parte, cómo, y qué papel jugó es lo que no ha quedado claro.

Alejandro Encinas confirmó ayer que que el expolicía federal y exjefe de seguridad de la capital mexicana aparece en dos informes elaborados por el actual Gobierno federal, pero no abundó en detalles, abriendo a casi cualquier posibilidad la presencia del policía durante la tragedia.

García Harfuch es precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por la izquierda y está bien posicionado en la intención de voto. Eso agrega aún más tensión a la referencia. Por eso Encinas fue cuidadoso, y lo dijo: no quiero intervenir en los procesos internos de los partidos. Pero la ecuación parece más o menos sencilla si se reducen a dos las posibilidades: una, donde el policía toma parte del grupo que ayudó a construir la llamada “verdad histórica” y que, sostuvo Encinas ayer, encabezó el expresidente Enrique Peña Nieto. Otra, donde fue parte de los cientos, quizás miles, que se dieron a la tarea de buscar a los normalistas. En esos años tenía un rango de jefe, lo que refuerza la primera posibilidad.

También comentó, después de varias horas de silencio, que sí participó en “las reuniones”. ¿Cuáles? ¿Las que encabezó Peña Nieto junto con Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio? No está claro. Porque esas reuniones de alto nivel fueron las que construyeron la “verdad histórica” que fue, básicamente, un crimen de Estado –reveló ayer el Subsecretario de Gobernación– para ocultar la verdad y encubrir a servidores públicos e incluso el papel de una institución tan temida como respetada en México: el Ejército.

En el punto 8 del Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, denominado “La Verdad Histórica”, es donde se hace referencia directa a la presencia de Omar García Harfuch en la llamada “junta de autoridades” que, según el propio reporte, fue la que construyó, “desde el Gobierno federal”, la conclusión que defendió Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República y ahora preso por sus presuntas mentiras y omisiones en el caso de la desaparición y asesinato de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos.

Durante las reuniones llevadas a cabo en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, pudo acreditarse la participación de, entre otras personas, el propio Omar García Harfuch, quien efectivamente trabajaba como Comisario de la Gendarmería de la Policía Federal (PF).

La participación de la mencionada “junta de autoridades” implicó la construcción de la “verdad histórica”, donde se estableció que los estudiantes fueron entregados por policías municipales a Guerreros Unidos, fueron privados de la vida e incinerados en el Basurero de Cocula y arrojados desde el puente Río San Juan.

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace nueve años en Iguala, Guerrero, también avalaron el informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y celebraron que apunte al expresidente Enrique Peña Nieto y a su círculo cercano, además de retomar datos clave como los mensajes de Chicago que ligan a militares con el crimen organizado y el tráfico de droga.

“El informe presentado el día de ayer por el Subsecretario de Derechos Humanos se separa de esta narrativa de hechos descrita, pues no retoma estos seis aspectos [que reclamamos] y, sobre todo en razón de que por primera vez señala la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades federales del más alto nivel como artífices de la verdad histórica”, indicaron desde el plantón instalado en el exterior del Campo Militar Número 1.

Las y los familiares habían reclamado en días anteriores por la narrativa realizada por el Gabinete de Seguridad por seis cuestiones: criminaliza a los estudiantes; diluye la extensión de espectro criminal en Iguala, enfatizando el ámbito municipal, minimizando particularmente el papel del Ejército mexicano, de quien omiten señalar el papel en el seguimiento puntual que hizo a los estudiantes; presenta conclusiones de lo que ocurrió con los estudiantes describiendo hechos cruentos contra su integridad física sin sustento probatorio; incorpora declaraciones de testigos que fueron desestimadas por haber sido obtenidas mediante tortura; utiliza capturas de pantallas de chats de WhatsApp no verificados y omite señalar a los autores de la construcción de la llamada “verdad histórica”.

“No somos necios, queremos la verdad. Que el Gobierno cumpla su promesa de esclarecer”, dijo la señora Joaquina García durante la conferencia de prensa.

Otro aspecto que aprobaron y ven con buenos ojos del informe es que retomó las capturas de pantalla de chats de Chicago, obtenidos por las autoridades norteamericanas, que dan cuenta de la colusión de diversas autoridades, incluyendo a elementos del Ejército mexicano con el grupo delictivo de Guerreros Unidos, destacaron.

Los padres y madres también solicitaron que “por las falacias” presentadas en la narrativa del Gabinete de Seguridad, sea retirada. Además, también exigieron a las autoridades “cumplan la nueva instrucción presidencial para que el Ejército busque y entregue la información que hemos solicitado”, y que se abra una investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto y las autoridades de alto nivel que se describen en el informe al ser los artífices de la “verdad histórica”.

Otra solicitud planteada es que el Gobierno cumpla las recomendaciones del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), particularmente las relaciones con la entrega de los documentos del Ejército mexicano que son relevantes para el esclarecimiento del caso.

Los padres también exigieron a las autoridades que dejen de “meter dudas a las población”. “Que no estén metiéndole dudas de lo que pedimos, que es información del Ejército. Ellos van a decir que estamos manipulados, que queremos entrar a la política. No, queremos encontrar a nuestros hijos”, aseveró Mario Carlos González, padre de uno de los normalistas.

Emiliano Navarrete, otro de los padres, reiteró que quieren que no se siga administrando la investigación, verdad y justicia que quieren alcanzar. Aseguró que no van a dar ni un paso atrás y pidieron la judicialización de exfuncionarios de alto nivel.

“Aquí estamos en las puertas del Ejército, este Gobierno que se comprometió a resolver nuestro caso, con esa buena voluntad, pero seguimos y no tenemos ni verdad y justicia, lo que tenemos es la resistencia acá atrás de nosotros”, remarcó al señalar hacia las instalaciones militares. “Nosotros vamos a dar la vida por nuestros hijos, no vamos a dar un paso atrás”.

“Pedimos que esta petición [de dar información del Ejército] sea pronta y efectiva”, abundó Navarrete.

“Y desde este micrófono exigimos que se abra una investigación contra el Presidente de la República [Enrique Peña Nieto] por haber sido la máxima autoridad, [el exprocurador de Justicia, Jesús] Murillo Karam no pudo haber actuado sin la instrucción de una autoridad”, destacó por su parte Vidulfo Rosales, abogado de las madres y los padres.

El padre de uno de los normalistas también anunció que van a retirarse del Campo Militar 1. “Hemos decidido levantar este plantón y esperando que la voz de Encinas sí tenga eco y perfore esa fortaleza y que la información sea entregada, que no haya obstáculo, que el Presidente [Andrés Manuel López Obrador] no defienda lo indefendible. Queremos llegar a la verdad”.

“Suspendemos el plantón por la instrucción del Presidente de buscar esos documentos del Ejército que faltan”, dijo Cristina Bautista, madre de otro de los normalistas, pero advirtió que “si no cumple el Ejército en entregar esos documentos, vamos a regresar a este lugar”.

COVAJ ENTREGA SEGUNDO INFORME

Ayer, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, destacó que la desaparición de los 43 normalistas fue “un crimen de Estado” que se fraguó desde lo más alto: el expresidente Enrique Peña Nieto, quien presidió el momento en que se pactó la construcción de la llamada “verdad histórica”.

Las conclusiones del Segundo Informe de la CoVAJ refiere que la desaparición de los normalistas constituyó un crimen de Estado, que las autoridades federales, estatales y municipales sabían de su movilización, acciones y omisiones de participación y que se permitió la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.

Asimismo, reiteró que en ningún momento se identificó un vínculo de los normalistas con ningún grupo delictivo.

El documento también destaca que a la fecha se encuentran detenidas 132 personas, de las cuales, 41 son integrantes de Guerreros Unidos, 71 policías (cinco federales, 2 federales ministeriales), siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco y 45 de Iguala.

También han sido arrestados tres funcionarios de la FGR: el exsecretario de Seguridad Pública estatal de Guerrero; el expresidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca; y su esposa, la expresidenta del DIF Iguala, y 14 elementos de la Sedena.

La desaparición de los jóvenes, según plantea el documento, se atribuye principalmente al grupo de Guerreros Unidos, quienes lo habrían hecho en colusión y complicidad con autoridades y policías municipales y federales.

En tanto que la narrativa del Gabinete de Seguridad, presentada a los padres y madres el pasado viernes, proponía tres hipótesis para explicar el por qué de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a nueve años de la noche de Iguala.

La primera sugiere que hubo confusión por parte del grupo criminal “Guerreros Unidos” debido a la presunta infiltración entre los estudiantes de “Los Rojos”, el grupo antagónico. La segunda plantea que la desaparición podría haber sido un acto de represalia por parte del Alcalde José Luis Abarca contra los estudiantes por las protestas en el Palacio Municipal de Iguala. Y, por último, la tercera señala la posible implicación del tráfico de drogas que se encontraban en los camiones tomados por los normalistas durante esa trágica noche en Iguala.

Las familias de los jóvenes desaparecidos habían acusado que la nueva narrativa incorpora elementos que ya habían quedado fuera y que se asemeja a la “verdad histórica”, ya desmantelada por las investigaciones del GIEI.

Los padres también denunciaron que, en esos datos presentados, se criminaliza a los estudiantes desaparecidos. Y es que, la tercera hipótesis sugiere que los estudiantes habrían sido desaparecidos por el tráfico de drogas y, la eventual presencia de estupefacientes, armas y dinero en algunos de los autobuses tomados por los normalistas el 26 de septiembre de 2014.

En tanto que el informe de la CoVAJ identifica principalmente, como parte de la colusión del Ejército, al Capitán Crespo, quien participó, según el informe, en la entrega de los estudiantes al crimen organizado. Esta aseveración se obtuvo a partir de la declaración del testigo protegido identificado como “Juan”.

Durante la marcha en la novena acción global por el Caso Ayotzinapa, madres y padres de los normalistas desaparecidos reclamaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador la protección que ha dado al Ejército, pues, dijeron, eso les impide saber dónde están sus hijos. De igual forma, acusaron a su Gobierno de tratar de imponer una versión similar a la “verdad histórica” tan criticada durante la administración federal de Enrique Peña Nieto.

La red financiera de Roberto Madrazo es un símil de la que organizó Genaro García Luna, sólo que entorno a empresas de comercialización y renta de equipos médicos. Bajo el mismo esquema, se extrajeron recursos públicos por más de 7 mil 300 millones de pesos para beneficiar negocios privados, entre ellos, el portal Latinus, cuyo comunicador estelar, Carlos Loret de Mola, llega a percibir 32 millones de pesos al año únicamente por “honorarios”. Al mismo tiempo, La Nota es La Nota, empresa del comunicador, recibe decenas de millones de pesos de la red empresarial, revela una investigación en curso de la Unidad de Inteligencia Financiera

Roberto Madrazo Pintado aparece a la cabeza de una red de empresas dedicada a extraer recursos públicos para financiar proyectos políticos y empresariales. Los “contactos” del político priísta –excandidato a la Presidencia, exsenador, exdiputado y exgobernador de Tabasco– le permitieron que distribuidoras de medicamentos y equipos médicos recibieran, al menos, 7 mil 300 millones de pesos mediante contratos adjudicados de manera directa o a través de licitaciones públicas con gobiernos estatales. Lo obtenido se dispersa, en parte, en proyectos del interés del grupo político y económico.

Entre ellos se encuentra el portal Latinus, con la intermediación de hasta cuatro empresas, y La Nota es la Nota, SC, empresa de Carlos Loret de Mola. Las empresas de la red le han aportado directamente a ambas más de 100 millones de pesos. El comunicador que formalmente dirige este portal, Carlos Loret de Mola, por su parte, cuenta con ingresos anuales que, en 2021, llegaron a los 32 millones de pesos por pagos de diversos clientes, documenta una investigación que desarrolla la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Mientras que el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna armó una red de empresas para recibir contratos del gobierno federal y de los estatales en materia de seguridad, Roberto Madrazo hizo lo propio para extraer recursos desde el ámbito de la salud.

Como se recordará, el gobierno mexicano busca recuperar los recursos, por más de 600 millones de dólares, desfalcados por Genaro García Luna. Por ello, ha entablado un juicio contra el otrora “superpolicía” y su esposa, Linda Cristina Preyra, en Miami, Estados Unidos. Por verse si, luego de las investigaciones de la UIF, la actual administración federal de Andrés Manuel López Obrador buscará recuperar los recursos públicos que extrajo la red de Madrazo Pintado.

Tan sólo el gobierno de Michoacán, en tiempos de Silvano Aureoles Conejo (2015-2021), destinó más de 4 mil 500 millones de pesos a contratos con nueve empresas ligadas a la red de Roberto Madrazo. Como lo informó Contralínea el 13 de marzo de 2022 (“Financiadores de Latinus ganaron 5 mil MDP con 11 gobiernos estatales”), las mismas empresas facturaron otros 500 millones de pesos de 10 gobiernos más. Los nuevos datos dan cuenta de la obtención de, al menos, otros 2 mil 300 millones de pesos mediante siete compañías que hasta ahora aparecen en el entramado de Madrazo Pintado.

Se trata de Diseño de Salud Integral, SA de CV; Solid Mind Leasing, Ltd, SA de CV; Zdenko, SA de CV; Thomasant Group, SA de CV; Instrumedical, SA de CV; Dicipa, SA de CV, y Citesco Solutions, que principalmente firmaron contratos con el gobierno del Estado de México que encabeza Alfredo del Mazo (2017-2023).

Diseño de Salud Integral obtuvo entre 2018 y 2020 casi 1 mil 900 millones de pesos. La mayoría a través de contratos con gobiernos de cuatro entidades de la República: el Estado de México, Michoacán, Chiapas e Hidalgo.

En el caso de Thomasant Group, Zdenko e Instrumedical, se tiene el registro de una propuesta conjunta para la adjudicación de un contrato multianual 2021-2023 del servicio de anestesia para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym).

De acuerdo con el informe sobre la licitación pública nacional LPN/ISSEMYM/021/2020 que preparó el testigo social Javier Sabino Portocarrero Garduño, el contrato se celebró por un importe total mínimo de 100 millones 712 mil 861.12 pesos y un importe total máximo por 167 millones 851 mil 762.20 pesos.

En el caso de Dicipa, el 31 de diciembre pasado obtuvo la adjudicación de un contrato bianual (2023-2024) para prestar el servicio de ciclos de hemodiálisis en el mismo Issemym. En el fallo de la licitación pública nacional LPN/ISSEMYM/074/2022 se establece que el monto mínimo de los servicio es de 145 millones 45 mil 8 pesos; el máximo, de 241 millones 740 mil 288 pesos. Las cifras están consignadas en otro informe que también elaboró el testigo social Portocarrero Garduño.

El periodista Álvaro Delgado reveló en marzo 2021 que los financiadores de Latinus son Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno, respectivamente, de Roberto Madrazo Pintado. En el medio Sin Embargo, proporcionó los nombres de las primeras empresas de la trama: BCG Limited Consulting, SA de CV; Digital Beacon Programatic Services, SA de CV; Hova Health, SA de CV, y Samedic, SA de CV [“Una red de políticos prominentes y empresas (con acceso a dinero público) está detrás de Latinus [https://shorturl.at/izGHX].

Otros periodistas revelarían más nombres de empresas en los meses siguientes: Movimedical, SA de CV; Medckin, SA de CV; EPG Digital, SA de CV; Comercializadora Antel, SA de CV; y Medalfa, SA de CV (Patricia Monreal y América Juárez, “Aureoles pagó 400 MDP en mastografías… pero empresa incumplió contratos”, en Milenio, 19 de octubre de 2021; Daniel Blancas, en La Crónica; y Arturo Rodríguez, “Salud, seguridad, medicinas, finanzas… los negocios detrás de Latinus”, Proceso,19 de febrero de 2022).

Todas las empresas aparecen en el entramado que ha identificado la UIF. En uno de los diagramas de flujo se muestran los financiamientos directos e indirectos que reciben las controladoras de Latinus: BCG Limited Consulting, SA de CV; Digital Beacon Programatic Services, SA de CV, y Latinus Media Group, LLC.

Las operadoras de Latinus

BCG Limited Consulting, SA de CV, la empresa que registró Latinus, recibió de Samedic, SA de CV, en 2020, 5 millones 673 mil 787. A su vez, esta empresa recibió 555 millones 985 mil 864 ­–de 2016 a 2019– de Servicios de Salud del gobierno de Michoacán, muestra un diagrama de flujo.

Pero Samedic tiene más transferencias, de ida y vuelta, con más personas físicas y morales de la red de Roberto Madrazo. El documento señala que Samedic destinó en 2017 un total de 155 millones 189 mil 245 pesos a Hova Health, SA de CV, donde es accionista Alexis Nickin Gaxiola, yerno de Roberto Madrazo.

Asimismo, Servicios de Salud de Michoacán destinó –entre 2016 y 2021– 403 millones 442 mil 850 pesos a Movimedical, SA de CV, de la que es representante legal Nickin Gaxiola. Esta empresa le transfirió a Federico Madrazo Rojas, hijo de Roberto Madrazo, 14 millones 213 mil 430 pesos de 2016 a 2019.

Federico Madrazo Rojas también es accionista de Grupo Madnick, SA de CV. El representante legal de esta empresa es Nickin Gaxiola.

El hijo de Roberto Madrazo Pintado recibió en 2016 un total de 3 millones 146 mil 852 de Medckin, SA de CV. Asimismo, Federico Madrazo es accionista de Consultores inmobiliarios Mafer, SA de CV, y de Consultores y Asesores del Este.

Servicios de Salud de Michoacán en 2017 también transfirió 165 millones 828 mil 961 pesos a Solid Mind Leasing, Ltd, SA de CV, donde es accionista Christian González Guadarrama. Al mismo tiempo, esta persona es representante legal de BCG Limited Consulting, SA de CV, una de las controladoras del portal que públicamente encabezan Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo.

A Latinus, recursos públicos por 107 MDP en 2018-2020

Un segundo diagrama de flujo da cuenta del traslado de 107 millones de pesos, entre 2018 y 2020, a una de las controladoras de Latinus: Digital Beacon. En su origen, todos son recursos públicos.

La empresa que más recursos trianguló a Latinus mediante Digital Beacon fue Diseño de Salud Integral (Diseño y Publicidad). Le aportó 78 millones 500 mil pesos en el periodo.

Sin embargo, los recursos de esta empresa fueron captados, principalmente, de cuatro gobiernos estatales. De hecho, Diseño de Salud Integral recibió en este par de años 1 mil 893 millones 500 mil pesos de seis financiadores: el gobierno del Estado de México, de Alfredo del Mazo (876 millones); el de Michoacán, entonces a cargo de Silvano Aureoles (605 millones); el de Chiapas, tanto en el periodo de Manuel Velasco como en el de Rutilio Escandón (293 millones); el de Hidalgo, encabezado en esos años por Omar Fayad (49.4 millones); Citesco Solutions, otra empresa dedicada a la comercialización de equipo médico en instituciones de salud pública (19 millones), y otros financiadores menores (51.1 millones).

Las demás fuentes de financiamiento, entre 2018 y 2020, del portal que públicamente encabeza Carlos Loret son: el Partido Verde Ecologista de México, con 7.7 millones; el gobierno de Sinaloa, con 13.1 millones; la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, 3.6 millones, la empresa Coca Cola, 1.7 millones; los Servicios de Salud de Tamaulipas, 1.6 millones; la empresa Valuad Mercadotecnia y Comunicación (que se financió con contratos obtenidos del gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán), 330 mil; y otros, 745 mil pesos.

También el documento consigna transferencias por 46.3 millones entre dos controladoras de Latinus: BCG Limited Consultingy y Digital Beacon.

La Nota es la Nota, SC, empresa de Carlos Loret

La empresa que el comunicador Carlos Loret de Mola Álvarez fundó con su esposa, Ruth Berenice Yaber Coronado, lleva por nombre La Nota es la Nota, SC. Entre 2018 y 2022 se hizo de 78 millones 200 mil pesos.

Cuatro fueron las fuentes de financiamiento de la empresa de Loret de Mola. De Radiopolis obtuvo 44 millones de pesos. Otros 16.9 millones fluyeron de Radiocentro. La Cadena Radiodifusora Mexicana (Televisa) le pagó 11.6 millones.  Y Desarrollo en Radio (Radio Fórmula) le transfirió 5.7 millones de pesos.

Otro diagrama de flujo da cuenta del financiamiento a La Nota es la Nota por un periodo más amplio: de 2016 a 2021. En ese lapso obtuvo 132 millones 422 mil 755 pesos.

Figuran los pagos de la Cadena Radiodifusora Mexicana, en 2021, por 7 millones 144 mil 968 pesos; de Desarrollo en Radio, entre 2016 y 2018, por 58 millones 254 mil 108; de Grupo Radio Centro, entre 2018 y 2019, por 18 millones 492 mil 4, y de Servicios Radiópolis, entre 2019 y 2021, por 48 millones 531 mil 675 pesos.

Pagos directos a Loret de Mola

Un diagrama de flujo titulado “Ingresos comerciales 2018-2022 (pesos de enero de 2022)” da cuenta de los pagos realizados a Carlos Loret por 110 millones de pesos en ese periodo. Obtuvo tal cantidad de recursos de nueve fuentes por servicios de “honorarios”.

Recibió pagos directamente de su propia empresa, La Nota es la Nota, SC, por 46.6 millones de pesos. Del diario El Universal, 19.8 millones de pesos. Otros 17.9 millones de Televisa Talento. También, 11.4 millones de The Washington Post. La agencia de conferencias Allenamenti le pagó 2.6 millones. Otra agencia de conferencias, Ideas que Hablan, le transfirió 1.5 millones. BCG Limited Consulting (una de las controladoras de Latinus), 1.9 millones. El banco BBVA Bancomer, 1.2 millones. Y otros, 7.1 millones de pesos.

En ese mismo periodo, Ruth Berencie Yaber Coronado, esposa de Carlos Loret y socia de La Nota es la Nota, obtuvo ingresos (2018-2020) por 9 millones 177 mil pesos. Del total, 8.4 millones provinieron del arrendamiento de cinco departamentos en Polanco, Ciudad de México. El Grupo de Economistas y Asociados (GEA) le pagó 674 mil. Y recibió de otras fuentes 103 mil pesos.

Otro diagrama de flujo da cuenta de los ingreso de Carlos Loret de 2016 a 2021. Ahí se puede observar que en el periodo obtuvo 143 millones 95 mil 964 pesos.

En el desglose, se puede observar que de varios clientes recibió 64 millones 859 mil 701 pesos. De su propia empresa, La Nota es la Nota, se le pagaron como honorarios 67 millones 494 mil 207. Y de las tres controladoras de Latinus, 10 millones 742 mil 56 pesos: Latinus Media Group, Llc (2019 a 2021), 8 millones 442 mil 56; BCG Limited Consulting, SA de CV (2020), 1 millón 850 mil, y Digital Beacon Programatic Services, SA de CV (2020), 450 mil pesos.

Del documento también se desprende que, en ese periodo, Carlos Loret y Ruth Berenice Yaber pagaron, cada uno, 24 millones de pesos a Inmuebles Abel para la compra de dos departamentos.

Otro esquema detalla los ingresos por honorarios obtenidos por Carlos Loret de Mola sólo en 2021. Sumó 35 millones 200 mil pesos, es decir, un promedio de 2 millones 933 mil 333.33 pesos mensuales.

De ellos, 11.8 millones provinieron de Televisa (2.5 directamente Televisa y 9.3 de su filial Radiodifusora Mexicana). Latinus USA le pagó 6.3 millones. El Universal, 4.5 millones. De The Washington Post, recibió 600 mil pesos. Y de otros clientes 2.8 millones.

El pago de Televisa se realizó en calidad de finiquito. De acuerdo con la representación del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) emitido el 23 de marzo de 2021, Televisa Talento, SA de CV transfirió, a Loret de Mola, por “servicios de liquidación”, 2 millones 463 mil 863.44 pesos.

Loret, vecino de García Luna en Miami

De acuerdo con la copia de un documento oficial del pago de impuestos, Ruth Berenice Yaber pagó derechos por 11 mil 261.79 dólares el 31 de enero de 2020 por un departamento en 485 Brickell Ave 4302. Los impuestos son correspondientes a 2019, cuyo dueño es la empresa Bedfordbury Group Ltd.

La empresa fue fundada en 2010 en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes por Carlos Loret de Mola. Se estima que el departamento tuvo un costo de 6 millones de dólares.

El documento, con folio 01-4138-149-2100, fue emitido el 14 de enero de 2020 y ampara el cumplimiento de obligaciones fiscales por un departamento de lujo en zona exclusiva. Está ubicado en la avenida Brickell, número 485, unidad 4302, Miami, Florida, Estados Unidos. En esa misma zona, Genaro García Luna adquirió una de sus 34 propiedades.

Ciudad de México. Aun cuando han pasado 14 años del incendio en la Guardería ABC que dejó 49 niños muertos y poco más de un centenar con lesiones, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en “etapa complementaria” la investigación por los hechos, donde hay dos ex funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo proceso penal.

En la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes se presentó un informe sobre los avances en las reparaciones del daño a las víctimas directas e indirectas de esa tragedia —que se dio durante el sexenio de Felipe Calderón, en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009—, en el que se prevé que este año se cierre el capítulo de reparaciones integrales.

Interrogado sobre si hay sentencias por el caso, el director general del IMSS, Zoé Robledo, comentó que hay dos personas vinculadas a proceso, Sergio Antonio Salazar Salazar y a Carla Rochín Nieto, quienes en la época de los hechos ostentaban los cargos de Director de Prestaciones Económicas y Sociales, y Coordinadora Nacional de Guarderías, respectivamente.

“Están las dos personas vinculadas a procesos, pero todavía está en etapa complementaria la investigación por parte de la FGR”, apuntó el funcionario federal.

Indicó que el actual gobierno federal da seguimiento a la denuncia por estos hechos presentada ante la Fiscalía el 12 de febrero de 2020 para que se indagara a todos los posibles involucrados, incluidos los que hasta ese momento no habían sido requeridos.

En noviembre de ese mismo año, agregó, fueron detenidos Salazar Salazar y Rochín Nieto. Sin embargo, actualmente la causa penal se encuentra en etapa complementaria por parte de la fiscalía.

“Esta nueva denuncia y las otras hechas a funcionarios del orden estatal tiene que ver con el voto en minoría que se presentó en la Suprema Corte, en la última ocasión que llevaron a cabo una atracción para investigación, facultad que ya no tienen actualmente, pero que hablaba de un desorden generalizado no sólo en la supervisión, sino también en la forma cómo se habían entregado las guarderías: sobreponiendo el interés económico sobre la protección de la niñez. Se retomó ese voto en minoría, para integrar esta denuncia que está en proceso, que hay llevado a proceso a dos personas, y se le sigue dando seguimiento en la FGR”, señaló Robledo.

Recordó que a partir de las reuniones que el presidente López Obrador tuvo con las madres y los padres de las víctimas, en junio de 2019, se hicieron modificaciones al decreto de diversas exposiciones para ayudas extraordinarias, que incluye la homologación de medidas económicas vitalicias, atención garantizada en el IMSS o subrogada vitalicia, entre otras.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, refrendó el compromiso y solidaridad de la administración federal para con los familiares de las víctimas, los pequeños sobrevivientes; y garantizó que se trabaja para que haya justicia y se castigue a los responsables.

En la atención a las víctimas directas e indirectas, indicó que se tienen 236 persianas con calidad de víctima, 16 por ciento de ellas directas, los 49 niños fallecidos, 104 niños lesionados, 783 personas que comprenden a padres, hermanos, hermanos de segundos matrimonios y núcleos extendidos.

Sobre la reparación integral, dijo, se brinda a través de cuatro componentes: dos por la Secretaría de Gobernación, desde la Unidad de Defensa y Protección de Derechos Humanos y por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); al igual que por el gobierno de Sonora y el IMSS.

La Unidad de Defensa de Derechos Humanos ha erogado pago por reparación a 142 personas, la CEAV ha emitido 327 resoluciones en favor de los núcleos primarios de 144 víctimas directas al tiempo que se brindan servicios de psicología, atención médica y trabajos social.

“Todas las víctimas directas cuentan con una forma directa de reparación”, señaló Encinas.

El gobierno de Sonora brinda estímulos educativos 285 jóvenes que están estudiando.

El IMSS, en tanto, cuenta con un fideicomisos de medidas o ayudas becas para educación, medidas vitalicias, pago de energía eléctrica, seguro salud a familia y medidas equivalentes y toda la atención médica y salud que se presenta de manera directa o subrogada

“Como lo ha señalado el presidente de la República, no hay limitación ni restricción alguna en materia de recursos para atender esta situación, y esperemos que este mismo año ya cerremos el capitulo que corresponde a reparaciones integrales, independientemente de las medidas de carácter permanente que por decreto emitido por el presidente de la República se cumplirán de manera puntual para todas y cada una de las víctimas que están consideras”, refirió el subsecretario.

La Jornada

De acuerdo con el diario español El País, que cita una investigación que contiene el informe que agentes andorranos pidieron a las autoridades judiciales de Estados Unidos, el cual establece que el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto habría utilizado, en al menos dos ocasiones, dos aeronaves propiedad de su ex abogado Juan Ramón Collado, quien está en el centro de la indagatoria abierta en el país europeo por delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsedad documental.

Collado, encarcelado en México desde mediados de 2019, registró los vuelos mencionados en los Estados Unidos, en donde aparece Peña Nieto, pero además afirman que el abogado preso fue el responsable de abonar un tratamiento médico para una de las hijas de Peña Nieto en Estados Unidos por 91 mil euros.

La investigación del periódico madrileño sostiene que, en la que se indaga precisamente si Collado cometió blanqueo y un delito contra la administración de justicia, “el novedoso nexo entre el letrado (Collado) y Peña Nieto aparece en un informe inédito de la policía de Andorra de junio de 2022 que forma parte del sumario de la Operación Jet”.

El ex presidente Peña, que vive en Madrid en una de las urbanizaciones más lujosas y exclusivas de la capital española, desde octubre de 2020, cuando consiguió tramitar la llamada “visa de oro”, después de comprar en España un inmueble de más de medio millón de euros, no hace apariciones ni se prodiga en sitios públicos, a diferencia del también ex presidente de México y residente en Madrid, Felipe Calderón.

En entrevista para El País, Peña Nieto reconoció que “viajé tres veces en el avión (de Collado). Volamos alguna vez a Miami y, de allí, a Madrid. Lo recuerdo muy bien. Fue en una o dos ocasiones. Siempre porque me invitó (…). Nunca he usado su avión para fines personales.

El ex mandatario mexicano negó también que Collado hubiese pagado la cirujía de su hija, aunque sí viajó en la aeronave de éste para trasladarla a la clínica Mayo en Rochester, Minnesota: “Él no pagó nada. Mi hija tuvo un accidente en 2019 muy delicado. Casi se queda paralítica. Fue un mes y pico después de que yo dejara la presidencia. [Collado] no pagó absolutamente nada del hospital. Nada. Estuvo muy cerca de mí, en disposición de ayudar tras el percance. Le puedo decir que [los gastos de la operación] los cubrió el seguro médico de mi hija”.

Así mismo, Peña Nieto no solo rechazó que Juan Collado fuera su abogado, sino que inclusive negó que existiera una relación muy cercana: “Nunca ha sido mi abogado. No le he contratado en ningún caso. ¿Es mi amigo? Sí. ¿Lo conozco? Sí. ¿Tengo una relación profunda? Yo diría que no, pero hoy le puedo decir que le tengo un enorme aprecio y estima por el gesto de gratitud que tuvo con mi hija. Deseo que su asunto se resuelva. ¿Creo que es inocente? Lo creo”.

SinLínea

¿Calderón en problemas?

Resulta que de acuerdo con la investigación de la revista Contralínea, el ex presidente de México, Felipe Calderón sería investigado en México y Estados Unidos por irregularidades financieras.

La investigación publicada por el medio citado revela además que el ex mandatario federal tendría vínculos con una financiera creada en un paraíso fiscal.

Dicha sociedad anónima se constituyó en el paraíso fiscal de Panamá y con sede también en Colombia. Se trata de la financiera Hicue Iberoamérica creada el 19 de julio de 2012, así fue informado por la revista Contralínea quien expone las irregularidades financieras del exmandatario.

En el reportaje se señala que tanto en México como en Estados Unidos existen investigaciones financieras en contra de Felipe Calderón, que buscan de su fortuna amasada en paraísos fiscales.

En la búsqueda, algunas operaciones que prendieron los focos rojos en las autoridades financieras, que investigan lavado de dinero, fue cuando hallaron vínculos del expresidente con Hicue Iberoamérica.

Según el medio, a través de la empresa, “Calderón Hinojosa recibió en 2016, en una cuenta de Estados Unidos, dos transacciones internacionales por 2 millones 42 mil 732.25 pesos”.

La empresa Hicue también habría recibido tres transferencias internacionales, en el mismo año, por 8 millones 386 mil 735 pesos.

“Lo que llama la atención es que en este último caso, los recursos salieron”, de acuerdo con Contralínea, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuando su director general era el priísta hidalguense David Penchyna Grub.

“En 2018, el Infonavit hizo otra transferencia por 6 millones 281 mil 330.26 pesos a la empresa Hicue Speakers”, detalla la revista y señala que no se trata del único caso

La triangulación de recursos donde estaría presente la empresa Hicue

Se informó además, que la empresa habría transferido, vía cuenta en Estados Unidos, 1 millón 103 mil 632 pesos a Felipe Calderón Hinojosa, supuestamente como cobro por participación en foros.

“En una triangulación de recursos, la empresa Hicue Iberoamérica envió 125 mil pesos en 2013 a la empresa C Mark Comunicación, S.C., al número de cuenta de Banamex 70062280040”, se lee en la investigación.

Esta última empresa se dedica a la conexión de conferencistas en México y comparte domicilio y teléfonos con la empresa Target Marketing Asesores, S.C., de donde “se emitieron dos cheques por 422 mil 666.67 pesos, uno el 28 de agosto de 2015 y otro el 2 de marzo de 2016, en favor de la ahora diputada Margarita Zavala Gómez del Campo”.

Con información de La Octava

El expresidente Felipe Calderón y su gobierno se convirtieron en traficantes de armas y por eso hay una investigación internacional en contra del expresidente, señaló este día el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Ante legisladores del Congreso de Michoacán, el funcionario federal advirtió: “cuando hablamos de la compra de armamento, todo el mundo recuerda que en la época de Felipe Calderón no nada más –ahí sí– se militarizó al país, sino en el colmo de la desvergüenza terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas”.

El secretario agregó que “las armas que iban destinadas para nuestras Fuerzas Armadas, para la policía, terminaron vendiéndoselas al crimen, a la delincuencia organizada”. Al respecto, expuso que por esos delitos “está detenido en Estados Unidos [Genaro] García Luna, que fue el secretario de Seguridad Pública, y por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón”.

Acerca de este tipo de negocios criminales que se habrían operado desde el gobierno calderonista, el secretario de Gobernación indicó: “tiene que quedar definitivamente en el olvido”.

Asimismo, defendió a las Fuerzas Armadas, pues consideró que los excesos del pasado fueron por decisiones del mando civil. “Hemos de reconocer que en el pasado se acusó a nuestras Fuerzas Armadas de represores, y que nuestra generación no olvida la oscura noche de Tlatelolco, no olvida lo que pasó en 1971 y el halconazo, no olvida la represión a los ferrocarrileros, a los electricistas, a muchas organizaciones campesinas y de agricultores. Pero eso afortunadamente ya cambió para bien de este país”.

Adán Augusto López aseguró que “hoy hay unas Fuerzas Armadas que actúan de manera profesional, ordenada, respetuosa –como lo dice ahora el [artículo] transitorio constitucional– de los derechos humanos de todos los mexicanos, y respetuosa de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de las comunidades indígenas y afroamericanas”.

Al respaldar la reforma que extiende el periodo para que las secretarías de Defensa Nacional y Marina colaboren en labores de seguridad pública, indicó que en los cambios constitucionales “se establece una hoja de ruta para señalar cómo deben transitar nuestras Fuerzas Armadas en el ejercicio de esa tarea; y se impone la obligación –aunque ya existía en el séptimo transitorio del mismo decreto–, ahora se impone la obligación de la rendición de cuentas y se obliga a los estados y municipios de que, ahora sí, cada seis meses puedan presentar un programa de trabajo y que haya una evaluación permanente, de tal manera que derivado de ello se van a ir creando o fortaleciendo las policías municipales y estatales”.

Sobre esto, el funcionario explicó que, conforme vayan avanzando en la consolidación de sus fuerzas de seguridad estatales y municipales, seguirán retirándose los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional a sus cuarteles a apoyar en otras tareas.

ContraLínea

Tras la detención de Luis Vizcaíno Carmona y la orden de aprehensión contra Picias René Aridjis Vázquez, ex funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez, la Fiscalía de Justicia capitalina dio a conocer parte del “Cártel Inmobiliario” cuyas investigaciones apuntan a la élite del PAN de la Ciudad de México, Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados.

Romero Herrera es mano derecho del presidente del PAN, Marko Cortés, y es parte del grupo que controla al blanquiazul a nivel nacional, que tiene sus inicios en Acción Juvenil, a finales de los 90.

Mientras tanto, Vizcaíno Carmona ya fue vinculado a proceso por un juez e intenta un acuerdo con la Fiscalía de Justicia de la CDMX tras aceptar las imputaciones y la defensa de Aridjis Vázquez fugitivo, comunicará que también quiere establecer un acuerdo. Ambos están vinculados con Romero Herrera.

Vecinos en la Alcaldía Benito Juárez han exigido a las autoridades que se investigue a fondo la red de corrupción inmobiliaria que ha operado ahí desde hace años.

Una integrante del Colectivo Rescatemos Portales, Geraldine Graham, quien ha documentado el boom inmobiliario y las construcciones irregulares en la Ciudad de México insistió en que se tiene que investigar no solo a los mandos medios, sino a los exjefes delegacionales, desde Fadlala Akabani Hneide, jefe delegacional de 2003 y 2006.

“Primero que las autoridades hagan una verdadera investigación de todas las administraciones anteriores y no de los mandos medios, sino de los delegados, entiéndase desde e Fadlala Akabani a la fecha; aunque Akabani, a pesar de que también concedió permisos, también reguló el número de pisos en las construcciones, pero el resto de los delegados después de él permitieron que se hicieran traspasos de potencialidades”, indicó Graham.

Así operaban…

Según la investigación en curso de la Fiscalía Capitalina, los acusados, quienes formaban parte de la administración pública de Benito Juárez, autorizaban manifestaciones de construcción o permitían la construcción de un piso extra, aunque fuera ilegal, a cambio de departamentos.

Vizcaíno Carmona, quien fue director general jurídico y de gobierno entre 2009 y 2016 en las administraciones de Mario Palacios Acosta y Jorge Romero, fue detenido el 30 de julio pasado, acusado de enriquecimiento ilícito.

Al ex funcionario se le acusa de enriquecerse mediante extorsiones e intercambios de favores al margen de la ley.

La Fiscalía además busca al ex director de Obras de la Alcaldía, Picias René Aridjis Vázquez, señalado de ser uno de los líderes del “Cártel inmobiliario”junto a Vizcaíno Carmona.

Pero este entramado podría arrojar el nombre de más servidores públicos. A decir de Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina, las acciones que se le imputan a Vizcaíno beneficiaron también a “jefes inmediatos” y “otras personas de alto nivel jerárquico”, tanto de la Alcaldía como del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México.

“Existen indicios de que ‘Luis N’, a través de posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la ley, probablemente habría logrado enriquecerse al someter a la Alcaldía Benito Juárez a sus propios intereses”, dijo Lara López.

El funcionario agregó que las acciones “redundaron en beneficios económicos y políticos para sus jefes inmediatos y aparentemente para otras personas de alto nivel jerárquico” tanto de la demarcación como del PAN.

A Vizcaíno, la Fiscalía capitalina también lo relaciona con al menos 41 inmuebles aparentemente relacionados:

“Uno de esos departamentos es rentado por un exalcalde de dicha demarcación y que actualmente es diputado del Congreso de la ciudad de México”, indicó Ulises Lara en días pasados, en referencia a Christian Von Roehrich de la Isla, quien fue Jefe delegacional entre 2015 y 2018 y quien ya reconoció que sí vive de uno de los departamentos investigados.

Lara detalló que hasta el momento de han realizado al menos 41 cateos a inmuebles ubicados en las alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo, donde se ha recabado información que ha permitido fortalecer la indagatoria.

“En dichas diligencias se han localizado y asegurado diversos documentos, así como bienes, vehículos de lujos, computadoras, dispositivos electrónicos, que con autorización judicial son revisados, para acreditar la comisión del delito de enriquecimiento ilícito”, detalló el funcionario.

Aridjis prófugo

La Policía de Investigación de la Ciudad de México desplegó sus capacidades técnicas y operativas para lograr la detención de este funcionario que posee diversas compañías del ramo de la construcción.

El vocero de la Fiscalía indicó que la autoridad ministerial argumentará al Juez de distrito que lleva la causa, que cuentan con los datos de pruebas necesarias para formular la imputación en contra de Nicias “N”.

“El representante social señalará, ante dicha autoridad, que buscamos llevarlo ante un Juez de controles que será quien determine si existe o no la probable participación de dicho individuo en la comisión del delito señalado”, dijo.

Autoridades han dado a conocer que Nicias Aridjis tenía la facultad de garantizar que todo proyecto e infraestructura cumpliera con la normatividad aplicable y dar el visto bueno a las manifestaciones de obra y construcción.

Además, las autoridades han relacionado al menos cinco empresas dedicas al servicio de alimentación y belleza con el exfuncionario delegacional:

• Administradora Sare
• Ariasa SA de CV
• Aridjis y Asociaciones SA de CV
• Stoa Beauty Center
• Nicias Pizza

Ya en 2011, Nicias fue inhabilitado en varias ocasiones por la Contraloría General al detectar que contaba con una riqueza superior a los ingresos lícitos obtenidos como servidor público, por lo que se le destituyó, pero impugnó para, en 2012, ocupar nuevamente su cargo.

Otros panistas vinculados

Luis Vizcaíno y Nicias Aridjis han sido vinculados al grupo de Jorge Romero Herrera, al Diputado local Christian Von Roehrich, Diputado Local, así como a Mario Palacios Acosta, empresario panista que entre 2009 y 2012 fue Jefe delegacional.

Todos formarían parte de “Los Ocean”, un grupo llamado así por el restaurante “Ocean Drive”, ubicado en San Ángel, que fungía como su centro de reunión y entretenimiento.

En este grupo se mencionan los nombres de Santiago Taboada Cortina, Alcalde de Benito Juárez, y Mauricio Tabe Echartea, Alcalde de Miguel Hidalgo.

Asimismo formarían parte Andrés Atayde Rubio, presidente del PAN en la Ciudad de México; los diputados federales Luis Mendoza Acevedo y Santiago Torreblanca Engell, así como Víctor Mendoza Acevedo, Director General de Planeación y Desarrollo de la Benito Juárez.

El grupo cobró relevancia en 2014, cuando Sergio Eguren, Rafael Medina Pederzini, Mateo Codinas y Ángel Eguren fueron detenidos en el mundial de Brasil por supuestamente haber agredido sexualmente a una mujer y haber lesionado gravemente a su pareja.

Se propone Comisión Investigadora

Morena y su grupo parlamentario en el Congreso capitalino ha propuesto crear una Comisión Investigadora para dar seguimiento a la denuncia y el caso del “Cártel Inmobiliario”, según lo anunció el dirigente del partido en la capital y la Diputada, Guadalupe Morales Rubio.

La funcionaria también dijo que los exfuncionarios acusados pudieron haber obedecido a presiones de empresas constructoras y de sus superiores para realizar los actos de corrupción que se les imputan.

Polemón