Por Carlos Fazio

En su campaña presidencial para 2028, el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Marco Rubio, trae agenda propia. Producto de la mafia terrorista cubano-estadunidense que históricamente ha lucrado con la industria de la contrarrevolución al sur de la Florida, Rubio opera una diplomacia paralela que responde a los intereses del anticastrismo militante y del sionismo colonizador-genocida. 

Mentiroso pertinaz y compulsivo, como documentó la plataforma independiente Drop Site News, Rubio desinforma y manipula a Donald Trump acerca de las “conversaciones” con Caracas y La Habana. Y en su cínica y engañosa relación con México, utiliza a sus alfiles de Miami y a sus quinta columnas domésticos como agentes provocadores y de penetración con fines desestabilizadores golpistas. Ejemplos de los primeros son el congresista republicano Carlos Giménez y sus correligionarios, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, a quienes sumó a últimas fechas una figura de su propia creación: la tarifada Rosa María Payá, su proxy infiltrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, bendecida por los veteranos ex activos de la CIA, Frank Calzón y Carlos Alberto Montaner. Entre los segundos figuran el ex canciller Jorge G. Castañeda, Ricardo Salinas Pliego, Federico Döring, Beatriz Pagés, René Bolio Hallorán, Juan Peña Nader, Mariana Gómez del Campo, Francisco García Cabeza de Vaca y otros vendepatrias amanuenses de poca monta como Carlos Alazraki, Carlos Tello Díaz y Jorge Fernández Meléndez. 

Hijo putativo de la ex congresista Ileana Ros-Lehtinen (la Loba feroz), y respaldado en sus orígenes políticos por la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) del CEO Jorge Mas Canosa y dirigentes de la Brigada 2506 –organización directamente asociada a la invasión mercenaria de Bahía de Cochinos derrotada en playa Girón–, Rubio también contó entre sus padrinos al terrorista confeso Luis Posadas Carriles (“Pusimos la bomba, ¿y qué?”), copartícipe, con Orlando Bosch, del atentado en pleno vuelo contra la aeronave de Cubana de Aviación en 1976, en el cual murieron 73 personas, y Orlando Gutiérrez Boronat, líder del Directorio Democrático Cubano, organización fachada de la Agencia Central de Inteligencia. 

Vinculado al movimiento conservador Tea Party, Rubio obtuvo en 2010 la senaturía por el Partido Republicano en Florida, y seis años después, con apoyo de los neoconservadores, el ala más militarista del estamento de seguridad nacional republicano, compitió por la presidencia de Estados Unidos con Donald Trump, contando entre sus donantes a megamillonarios como Larry Ellison, fundador de Oracle, contratista del Pentágono; el magnate de los casinos Sheldon Adelson (y luego su viuda Miriam); el gestor de hedge funds Paul Singer, estrecho aliado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y miembro de la Coalición Judía Republicana, un lobby de presión a la derecha del AIPAC, e instituciones bancarias como Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America. En un giro pragmático oportunista, Little Marco −como lo llamó entonces de manera burlona el magnate−, se alió después con su vencedor, cortejando a los líderes de MAGA y a personajes influyentes del entorno trumpista como Stephen K. Bannon y Donald Trump Jr. y se ha convertido en el miembro más poderoso del gabinete, siendo el primer secretario de Estado que ocupa simultáneamente la cartera de asesor de seguridad nacional desde Henry Kissinger. 

Desde esa posición de fuerza Rubio opera las políticas de cambio de régimen contra Cuba y Venezuela, y en el caso mexicano mueve sus fichas y estrecha vínculos con la ultraderecha palafrenera cipaya. Esa fue la tarea principal del congresista Carlos Giménez y la comisionada anticastrista de la CIDH, Rosa María Payá, durante sus recientes visitas a México. Tras su encuentro con los legisladores Kenia López (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Pedro Haces (Morena), Giménez, un exbombero representante del condado Miami-Dade, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y rindió pleitesía a los marines de la sede diplomática. Posteriormente denostó a la presidenta Claudia Sheinbaum por seguir con lo que llamó “su patética jugada de saquear al pueblo mexicano” para “oxigenar a sus compinches de la dictadura moribunda en Cuba”; “¡Desde el Congreso de Estados Unidos denunciamos su penosa desfachatez!”, escribió en X. A su vez, con su discurso de odio e impulsando las matrices de opinión de la CIA, Rosa María Payá participó a hurtadillas el 22 de enero pasado, en un foro contra Cuba organizado en la Universidad de la Libertad del empresario Ricardo Salinas Pliego, que derivó en el envío de una nota diplomática de la cancillería mexicana a la secretaría ejecutiva del organismo de la OEA. 

Peones de Marco Rubio en el sur de la Florida, Carlos Giménez y su colega María Elvira Salazar, enfrentan contradicciones con la política migratoria de Trump en ese estado de cara a las cruciales elecciones de medio término. Si bien Rubio no puede oponerse abiertamente a la agenda del presidente sin pagar costos políticos inmediatos, rehén del anticastrismo radical que opera como un factor de disciplinamiento interno dentro del Partido Republicano sí puede condicionar la información de inteligencia que recibe y administrar los tiempos de la diplomacia en su beneficio personal. No es el caso de Salazar, quien enfrenta ahora la hostilidad de organizaciones como la John Birch Society, que al grito de “América para los americanos”, pide, con el estratega Anthony Sisk, la deportación de la congresista de origen cubano.

Ciudad de México. México no acepta ni aceptará el injerencismo extranjero en el combate al tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas, afirmó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien afirmó que el país está atendiendo este problema de manera independiente y soberana.

Al referirse en su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional a un reportaje del diario estadunidense The New York Times en el que se afirma que dos de sus periodistas ingresaron a un laboratorio de producción de fentanilo en Sinaloa, la mandataria reiteró que se trata de una nota que contiene información que no es creíble desde el punto de vista científico.

En la rueda de prensa en la que funcionarios federales presentaron información científica sobre la producción del fentanilo que contradice lo referido en el reportaje respecto a que el fentanilo puede producirse en una cocina doméstica sin ventilación profesional y por personas que no usan equipo de protección especializado que supuestamente han desarrollado “tolerancia” a la droga letal, Sheinabaum Pardo aseveró que su gobierno actúa en contra del fentanilo, y que además está defendiendo el derecho a la información. “Y lo que no puede haber, y hay que denunciarlo, o sí puede haber porque está habiendo, pero tenemos que denunciar cuando hay una visión ahora de que resulta que el fentanilo se cocina en casas en el centro de Culiacán”.

“Repito, porque este medio fue el que planteó en su momento, entre otros, que si había habido en el 2006, en la campaña del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, un financiamiento ilícito, que si químicos estaban siendo cooptados, estudiantes para producción de drogas más letales, cuando en realidad todos sabemos que la producción de fentanilo y de los opioides viene de las propias farmacéuticas”.

“Si hubiera tolerancia a la droga letal, pues no habría las muertes por fentanilo que hay en los Estados Unidos”, agregó.

“No es posible hacer fentanilo como se ha referido en la nota”, afirmó el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, y ex titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“La dosis de toxicidad del fentanilo comienza en 0.2 miligramos. Para que podamos tener una proporción, son 200 microgramos. Eso es lo equivalente a 3 o 4 pequeños granitos de sal”, explicó el funcionario y agregó que “tanto la toxicidad como la potencia depende de la dosis, es decir, cuanto mayor sea la potencia, menor será la dosis de exposición que dé lugar a un efecto tóxico. Esto significa que cuando una persona se expone a un opioide sintético potente por inhalación o por contacto en las mucosas, incluso en una cantidad tan pequeña como 4 o 5 pequeños granitos de sal, puede producir un grado de toxicidad que comprometa la vida del operador”.

Agregó que “no existe tampoco, descrito científicamente, ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia letal a la toxicidad. Esto explica que inexorablemente se necesite un laboratorio donde se puedan controlar las condiciones de exposición, donde existan equipos especializados para realizar la síntesis química y con sistemas de ventilación profesionales. No una cocina doméstica como muestra el reportaje”.

Sostuvo que “hay un fenómeno de fetichismo de la mercancía, de mucha imaginación y de mucha publicidad, sobre todo a partir de series televisivas que han hecho una caricatura de la producción” del fentanilo al presentarlo como algo casi exento de riesgos y fácil de realizar.

Armida Zúñiga, titular de la Cofepris, señaló que “la elevada potencia de muchos de estos opioides significa que incluso pequeños errores durante la elaboración, en el pesaje, la dosificación, la dilución o la fabricación pueden aumentar el riesgo de sobredosis. La exposición puede ser por inhalación o por contacto a través de las mucosas o de la piel. Y efectivamente no se tiene evidencia de la tolerancia de esta sustancia”.

Segunda Parte. Definido lo que es y lo que no es el lawfare y ante la oposición del Poder Judicial al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es pertinente analizar lo que caracteriza la guerra judicial en el país desde 2019. En esta entrega se abordan dos aspectos: la manufacturación de consenso y la injerencia de Estados Unidos en el combate a la corrupción y reformas judiciales.

Las vías de la guerra judicial: manufacturación de consenso

Las causas contra políticos de izquierda con características de lawfare comenzaron en el país en 2005, cuando –sin pruebas– intentaron desaforar a Andrés Manuel López Obrador para impedir su participación en las elecciones de 2006. En el sexenio anterior, también se pusieron demandas contra el doctor Hugo López-Gatell: ocho denuncias, según declaraciones del abogado Javier Coello. Estas demandas fueron desestimadas en la Fiscalía General de la República; sin embargo, son parte de la judicialización de la política en México.

Por otra parte, los medios de comunicación han realizado una constante manufacturación de consenso –a favor de la élite del poder económico–  contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Al inicio de su sexenio desde distintos medios nacionales y extranjeros e incluso think tanks de Estados Unidos, el marco (frame) establecido fue, entre otros, el de “autoritario” “desmantelamiento de la democracia” y “erosión democrática”.[1] En el contexto de la elecciones de 2024, el frame se sumó el del supuesto vínculo con el narcotráfico y la consigna fue la de “narcopresidente”, establecido desde que dos agentes estadunidenses (un medio, Propública, y una organización, InsightCrime) y la cadena alemana DW publicaron dicho vínculo, sin prueba alguna. Incluso el mismo embajador Ken Salazar y la Casa Blanca mencionaron que ese supuesto vínculo de AMLO fue investigado en 2006 y el caso se cerró por falta de pruebas. No obstante, estas tres publicaciones fueron motivo para que los medios de comunicación hegemónicos nacionales replicaran dicha información. Como mencionó la entonces titular de la sección “Quién es Quién en las Mentiras”, Ana Elizabeth García Vilchis, en la conferencia del 14 de agosto de 2024, fueron 29 mil 650 cuentas en la red social X (antes Twitter) las que replicaron el hashtag de #narcopresidente, sólo 5.2 por ciento eran reales, y 94.8 por ciento eran cuentas automatizadas.

Fuente: Conferencia de prensa de Presidencia, 14 de agosto de 2024

En dicha conferencia, García Vilchis mencionó: “existe una campaña pagada a través de cuentas automatizadas como ‘narcopresidente’, y tienen mucha más injerencia en esta red social que se hace tendencia nacional y ha llegado hasta tendencia mundial y esa es una estrategia para intentar debilitar gobiernos democráticos, sobre todo en América Latina”.[2]

En esa misma conferencia de prensa, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó datos concretos sobre los recursos recibidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Como detalló Contralínea, MCCI recibió de Estados Unidos 96 millones 740 mil 613.6 pesos, entre agosto de 2018 y enero de 2024. Con datos de esa conferencia de prensa, se sabe que MCCI recibió en 2019 12.3 millones de pesos del gobierno de Estados Unidos, equivalentes al 15.4 por ciento del total que recibió. Para 2023, fue de 67.8 por ciento, de ese nivel era la relevancia del financiamiento para sostener a una organización opositora.

Además, tiene entre sus financiadores a empresarios que forman parte del Consejo Mexicano de Negocios, grupo de empresarios mexicanos que fueron beneficiados en el periodo neoliberal. Entre Fundación Maelva, Sistema de Observación Ciudadano, Fundación Kaluz, Fundación UNIFIN, Fundación ALSEA, Fundación Gentera, Kyara, American Express Company México, Centro de Estudio Espinosa Yglesias y Laboratorios PISA suman 151 millones de pesos en el periodo 2016-2023.

Figura 1. El sol y sus planetas: financiamiento a MCCI

Fuente: conferencia matutina, Presidencia de la República, 14 de agosto de 2024.

Injerencia estadunidense en la justicia y el combate a la corrupción

Este caso de la organización fundada por el empresario Claudio X González Guajardo es apenas una parte de la amplia estrategia de injerencia estadunidense en México. Además de MCCI, Estados Unidos financia al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). También financió a varias organizaciones y empresas encargadas de instrumentar las distintas reformas al Poder Judicial, entre las que destacan Management Systems International, Fundación Ethos, Fundación IDEA, Fortis Consultora, por mencionar sólo algunas de las que recibieron financiamiento de EU en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Según datos de ForeingAsisstance, el IMCO recibió de la USAID montos por 493 mil 513 dólares (constantes de 2021), para instrumentar el programa “Reformas Anticorrupción” en 2022. El objetivo era “promover instituciones, procesos y políticas de gobernanza que sean transparentes y responsables en todos los sectores del desarrollo. Apoyar a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales (incluidas las entidades de ejecución e investigación, los organismos independientes de auditoría, las comisiones anticorrupción, las agencias de contratación pública, las legislaturas, los ministerios competentes, las agencias independientes, los partidos políticos, los actores judiciales, así como las organizaciones de la sociedad civil y el mundo académico, prensa y el sector privado). Apoyar la educación cívica y la promoción de reformas legislativas y prácticas o mejorar directamente la rendición de cuentas y la transparencia de los procesos de gobernanza en diversos sectores del desarrollo”.

Otro proyecto financiado por la USAID para el IMCO tuvo como objetivo una “Alianza por la integridad en México (AIM): apoyar al gobierno de México y a la sociedad civil (incluyendo el sector privado) en la implementación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción para fortalecer la transparencia, la integridad, los derechos humanos, y el imperio de la ley. Proporcionar mayores cantidades de datos para fortalecer la base de evidencia para desarrollar propuestas políticas que aborden los desafíos en capital humano, reformas legales, diseño institucional o materiales, y equipos para implementar con éxito la reforma judicial mexicana, aumentar la seguridad jurídica y la seguridad de las inversiones, especialmente en casos de robo, fraude, soborno, cumplimiento con cláusulas contractuales, etc. Elaborar una propuesta técnica en la que se esbocen los elementos clave para el diseño institucional ideal de la fiscalía especial anticorrupción a nivel estatal”. La propuesta del IMCO se basaría en “un análisis a fondo de las necesidades internas, institucionales y procedimentales de una fiscalía anticorrupción funcional. El objetivo es que las recomendaciones se conviertan en una herramienta para las fiscalías federales y estatales, los grupos de la sociedad civil y otros que buscan apoyar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (NAS) de la OMS”. Este proyecto fue financiado con 77 mil 671 dólares en 2023.

Otra empresa que destaca por el monto del financiamiento es Management Systems International. Ésta recibió de la USAID 25 millones 304 mil 955 dólares sólo entre 2019 y 2022. El recurso fue para el programa PROJUST, que “tiene como objetivo proporcionar apoyo personalizado directo o indirecto a nivel estatal y federal para el impulso final hacia los plazos de reforma de 2016, ayudando a estados mexicanos seleccionados a pasar el “punto de no retorno” en sus reformas del sistema judicial, y, por lo tanto, contribuir a los esfuerzos más amplios del Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México para mitigar el conflicto, reducir la impunidad y promover un sistema de justicia más transparente y eficiente”.

La Fundacion Ethos también recibió financiamiento de la USAID por 1 millón 250 mil 976 dólares para instrumentar un programa enfocado en  el “fortalecimiento de los sistemas nacionales y locales de lucha contra la corrupción mediante la participación de la sociedad civil y el sector privado es promover la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción (NAS) y seleccionar sistemas locales de lucha contra la corrupción en estados fronterizos clave, mediante la educación de los ciudadanos, el compromiso y la participación del sector privado”.

La Fundación IDEA recibió financiamiento por 1 millón 995 mil 736 dólares para dos programas idénticos, que tenían por objetivo “la reducción de la impunidad y ayudará a desarrollar tanto la sociedad civil como la capacidad del gobierno para aumentar de manera sostenible la eficacia del sistema de justicia penal en 12 estados mexicanos: 1) fortalecer la capacidad de las instituciones del sector de la justicia para proporcionar una resolución eficaz y eficiente de los casos, aumentar el número total de casos penales resueltos y mejorar la calidad y cantidad de las investigaciones y enjuiciamientos de delitos graves; 2) desarrollar la capacidad de las instituciones del sector de la justicia para proporcionar un proceso adecuado y protección de los derechos humanos, así como servicios adecuados para las víctimas; y 3) mejorar la capacidad de las instituciones del sector de la justicia y la sociedad civil para construir legitimidad, confianza y cooperación de los ciudadanos, fomentando la responsabilidad y la participación ciudadana. Esto se logrará mediante la capacitación, la asistencia técnica, la orientación y el establecimiento de redes entre iguales”.

Otro proyecto para la Fundación IDEA que tiene que ver con el sector justicia es el de MiFiscalía, financiado en este caso por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL por su sigla en inglés). Dicho proyecto contó con financiamiento por 4 millones 319 mil 838 dólares entre 2021-2023. Como mencionan en su página en internet, este proyecto tiene por objetivo promover “la procuración de justicia de manera proactiva, oportuna y eficaz al incrementar la capacidad instalada de las fiscalías y procuradurías para hacer frente a los desafíos operacionales del Sistema de Justicia Penal Acusatorio mediante un enfoque adaptado al contexto local”.

Fundación Fortis, a su vez, trabaja en el proyecto MiFiscalía con Fundación IDEA. Fortis recibió financiamiento por 5 millones 134 mil 970 dólares entre 2020-2024. El programa financiado fue “Justice access for victims and the accused (JAVA) en México”. Este proyecto tiene por objetivo centrarse “en la participación de la sociedad civil en la protección del debido proceso y la mejora de la asistencia a las víctimas mediante la aplicación de estrategias que aprovechen sus capacidades existentes y el fortalecimiento de la comprensión técnica de las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de permitirles desarrollar estrategias sofisticadas para el cambio de políticas. JAVA también se centrará en la comunicación de la importancia del debido proceso para fines políticos específicos y para audiencias específicas”.

El papel de los medios

Como mencionamos al inicio, no hay proceso de lawfare sin medios de comunicación. Para ello, la USAID financió al International Center for Journalists (ICJ) para cumplir con el objetivo de “disuadir a la corrupción y apoyar la transparencia en estados y municipios mexicanos específicos, mejorando la capacidad de los periodistas para investigar cuestiones relacionadas con la corrupción. Para mejorar la capacidad de los periodistas de investigar la corrupción y cuestiones relacionadas con ella, USAID prevé cinco amplias categorías de apoyo. USAID trabaja con soluciones innovadoras y creativas, centrándose en las alianzas con organizaciones locales, para ayudar a mejorar la calidad del periodismo de investigación y datos a nivel subnacional en México”. ICJ recibió 6 millones 76 mil 405 dólares entre 2019-2024.

Durante el periodo 2004-2021 varios programas de reformas al sector justicia fueron aplicados en México, entre los cuales destacan “Política estratégica y reforma institucional”, “Programa de Apoyo para el Estado de Derecho en México”, “Rule of Law III: Support for Legal Reforms”, “Promoting Justice Project (Projust)”, “Sistema de Justicia”, “Program Support (Rule of Law)”. Varios de estos proyectos fueron realizados en el periodo de la aplicación de la Iniciativa Mérida que comenzó cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico en 2007.

[1] https://www.oblawfare.org/post/manufacturaci por cientoC3 por cientoB3n-de-consenso-y-lawfare-en-m por cientoC3 por cientoA9xico

[2] https://amlo.presidente.gob.mx/14-08-24-version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador/

En la entrega anterior se abordaron algunos aspectos de la política del sexenio anterior en temas laborales. En esta entrega, el objetivo principal es analizar la asistencia económica de Estados Unidos (EU) en México por lo que es importante primero definir qué es la asistencia y qué objetivos cumplen cada una de éstas. Este aspecto es importante porque en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la injerencia estadunidense tuvo una de sus tantas expresiones en el financiamiento a ciertas organizaciones de la sociedad civil, potenciando a grupos opositores.

Asistencia extranjera

Desde la visión estadunidense, la asistencia extranjera fue establecida durante la Guerra Fría y al calor del triunfo de la revolución cubana en 1959. Así, en 1961, ya con la aplicación de la Alianza para el Progreso, la asistencia extranjera se definió como “cualquier artículo tangible o intangible proporcionado por el gobierno de Estados Unidos [donación, préstamo, venta, crédito o garantía] a un país extranjero u organización internacional, bajo esta o cualquier otra ley, incluyendo pero no limitado a cualquier capacitación, servicio o asesoramiento técnico; cualquier elemento de propiedad real, personal o mixta; cualquier producto agrícola, dólares de Estados Unidos, y cualquier moneda de cualquier país extranjero que son propiedad del gobierno de Estados Unidos”.[1]

Hay tres razones por las cuales se ha otorgado la asistencia desde que fue establecida: 1) seguridad nacional, 2) intereses comerciales y 3) preocupaciones humanitarias.[2] Sin embargo, desde 2006 el gobierno estadunidense utiliza distintas subcategorias para otorgar la asistencia extranjera –como: desarrollo bilateral, desarrollo multilateral, asistencia humanitaria, apoyo económico estratégico y militar y de seguridad.

Según lo anterior, podríamos entonces definir dicha asistencia como la aplicación del poder del Estado estadunidense para lograr la defensa de sus intereses y objetivos de seguridad nacional, que en gran medida son económicos, pues contribuye a fortalecer a los grupos de poder económicos. Las razones humanitarias, incluso, suelen ser una forma de otorgar recursos a empresas estadunidenses. Con lo anterior, la clase política y económica estadunidense mantiene su hegemonía y crea capacidades de injerencia en otros países. El monto del recurso aplicado en otro país e incluso, las instituciones del gobierno estadunidense que participan, va relacionado al grado de importancia que tiene.

Asistencia económica a México en el sexenio de AMLO

Históricamente, México no formó parte de los principales países que recibían financiamiento estadunidense dentro de la región latinocaribeña. Su participación fue marginal hasta que comenzó a aplicarse la Iniciativa Mérida en 2007, con la que Felipe Calderón se aventuró para declararle la guerra al narcotráfico.

A partir de 2007, EU financió varios programas que fueron definidos como prioritarios y que están en rubros como gobernabilidad, crecimiento económico, educación, infraestructura, entre otros. Según datos de Foreign Assistance (actualizados el 26 septiembre de 2024), en los últimos cuatro sexenios, fue el de Enrique Peña Nieto (2013-2018) el que recibió más asistencia económica o para el desarrollo (ver Gráfica 1).

Gráfica 1. Asistencia económica de EU a México (dólares de 2021)

Fuente: elaboración propia con datos de ForeignAssistance.gov

En México hay financiamiento que proviene de ocho departamentos, dos agencias y una fundación, como se muestra en el cuadro 1. Los más relevantes son el Departamento de Estado y la USAID, que en conjunto representaron el 96 por ciento del total de la asistencia económica de Estados Unidos en México en el periodo de AMLO.

Cuadro 1. Asistencia económica de EU a México por Departamento (2019-2024)

Fuente: elaboración propia con datos de ForeignAssistance.gov

Principales rubros que financian USAID y Departamento de Estado

En cuanto al Departamento de Estado, es la Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes y Aplicación de la Ley, conocido por su sigla como INL, la que erogó 687.4 millones de dólares (constantes de 2021, sin la inflación para poder hacer series históricas), entre 2019-2024. La segunda oficina con más recursos del Departamento de Estado fue Población, Refugiados y Migraciones, y contó con un financiamiento de 82.3 millones de dólares en el mismo periodo.

En cuanto a la USAID, esta agencia tiene nueve oficinas que financian proyectos en México, y es la Oficina de América Latina y el Caribe la más importante, por dos razones: el monto y las organizaciones que reciben financiamiento. Esta Oficina recibió 323 millones de dólares en el sexenio de AMLO (98.5 por ciento del total de USAID).

Esta oficina es la que financia a asociaciones ligadas a la oposición política, como: México Evalúa, IMCO, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Artículo 19, Data Cívica, Cómo Vamos La Paz, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC, entre otros. En más de una ocasión, el expresidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que había pedido al gobierno de EU la aclaración por el financiamiento a opositores en México. La última carta fue en 2024. Ahora, con el gobierno de Claudia Sheinbaum se suma la solicitud de información por el secuestro del narcotraficante Ismael –el Mayo– Zambada, en el que estuvo presumiblemente implicada la DEA.

Como se ha detallado en otras investigaciones de Contralínea, en el IMCO, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Consejo Mexicano de Litigio Estratégico, entre otras organizaciones, confluyen los principales grupos de poder económico y fáctico del país y sus representantes, entre los que destaca Claudio X González Guajardo; también, empresarios prominentes de México, que se beneficiaron del periodo neoliberal (1982-2018). La red de poder constituida por estos grupos, como se muestra en la figura 1, llega al Consejo Mexicano de Negocios, a la Coparmex, a miembros del Poder Judicial, organizaciones de la sociedad civil, y son estos mismos grupos los que litigaron contra las reformas y proyectos impulsados por el gobierno de AMLO.

Figura 1. La red de poder contra la 4t

Fuente: elaboración propia con datos de ForeingAsisstance.gov

Oficina para AL y el Caribe, instrumento injerencista

Dentro de la USAID, es la oficina para ALC la que otorga el mayor financiamiento a varias organizaciones que instrumentaron proyectos contra el primer gobierno de la 4T. Dentro del marco de análisis de lo que se denomina guerra híbrida, uno de los aspectos que le dan forma es la proyección del poder blando (soft power). Andrew Korybko, quien ha teorizado sobre la guerra híbrida ofrece un marco de análisis en el que menciona que “Estados Unidos es precursor de una nueva estrategia para hacer guerra en el mundo multipolar: el ‘liderazgo velado’. Esto permite a EU tercerizar las operaciones de desestabilización a aliados regionales con ideas afines, si el blanco se considera muy caro o políticamente sensible para que EU persiga directa y unilateralmente”.[3]

Analizado así, esta oficina de la USAID ha financiado a organizaciones que han litigado contra el aparato de Estado –como las reformas al sistema de justicia–, han difundido noticias falsas, han contribuido a identificar ciertos factores psicológicos capaces de causar, cambiar o reforzar ciertos comportamientos y matrices de opinión contra el gobierno objetivo –en este caso, de la 4T–, y determinar los momentos políticos clave para lograr la mayor incidencia en la población. En otras palabras, han realizado una manufacturación de consenso para ganar “las mentes y corazones” de la población mexicana, y revertir el proceso de transformación nacional.

En la figura 2, se destacan algunas de las organizaciones y empresas que han tercerizado la asistencia del gobierno de EU en México y forman parte de la expresión del poder suave en el país. Antes, es pertinente hacer dos aclaraciones: 1) no todas las organizaciones sociales en México tienen financiamiento de EU o de poderes fácticos, por lo que siempre es relevante hacer esta distinción al momento de analizar el amplio espectro de organizaciones civiles, sociales y no gubernamentales en México, y 2) a partir de la llegada del gobierno de Joe Biden, hubo modificaciones en la estructura del gobierno, por lo que la National Endowment for Democracry (NED) dejó de informar a qué organizaciones otorga financiamiento. Es una gran opacidad pública de un país que se precia ser el “modelo de democracia” mundial.

Figura 2. Financiamiento de la Oficina de América Latina y el Caribe de la USAID (2019-2024)

Fuente: elaboración propia con datos de ForeingAsisstance.gov

El esfuerzo que realizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en las conferencias matutinas –1 mil 438 conferencias, más de 2 mil horas– sirvió para desactivar la manufacturación de consenso, evidenciar las noticias falsas, informar oportunamente a la sociedad cumpliendo con el derecho humano a la información, así como exhibir a los grupos de poder opositores, nacionales y extranjeros. Fue, en síntesis, un acto político cotidiano para desactivar la guerra híbrida en el país, que impuso la agenda política y mediática. Un acto que, sin duda, deberá estudiarse con mucho más detalle.

A pesar de este esfuerzo, el proyecto político-económico de la 4T tuvo varios reveses a lo largo de los casi seis años que gobernó López Obrador, y comenzó a tener más sentido cuando la ministra Norma Piña asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues judicializó las reformas propuestas por el expresidente, e impidió su aplicación –incluidas las reformas político electorales–, además de que la gestión de Piña propició la liberación de generadores de violencia. Por lo anterior, al impedir las primeras reformas político electorales (conocidas a la postre como el Plan A), se generó el Plan B que también fue judicializado y, comenzó a tomar forma el Plan C, un paquete de reformas que concatenan muchas de las luchas históricas del pueblo mexicano y que suben a rango constitucional, al obtener mayoría calificada en el Congreso. La judicialización de la política –que no lawfare– será el tema de la siguiente entrega.

[1] “Foreign Assistance: An Introduction to U.S. Programs and Policy”, Congressional Research Service, 10 de enero de 2022, p. 2, disponible en: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R40213

[2] Ibid, p. 4.

[3] Korybko, Andrew, Guerra Híbrida. De las revoluciones de colores a los golpes, Sao Paulo, Expresao Popular, 2018 [2015], p. 20.

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que la posición de Estados Unidos contra la iniciativa de reforma al Poder Judicial —expresada a través de su embajador en nuestro país, Ken Salazar— “es una burda actitud intervencionista”.

Ante ello, informó que ayer mismo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió un anota diplomática a Washington para expresar “su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional”.

En la mañanera de este viernes, el mandatario calificó como “desafortunada e imprudente” la opinión del diplomático estadunidense, quien ayer manifestó que la elección de jueces mediante el voto popular será “un riesgo» para la democracia mexicana y para la integración económica de América del Norte.

Subrayó que no se trata de la postura de Salazar, quien sólo “es el vocero”, sino que detrás está el Departamento de Estado de la nación vecina.

Interrogado sobre el abierto rechazo a la reforma al Poder Judicial del representante de Washington en México y del embajador de Canadá en nuestro país, Graeme C. Clark, el jefe del Ejecutivo mexicano censuró este acto de “intervencionismo”.

Destacó que si bien se ha dado una buena relación entre su gobierno y el de Estados Unidos, “últimamente han habido actos de falta de respeto a nuestra soberanía, como esta declaración desafortunada e imprudente de ayer del embajador Ken Salazar.

“Pero ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento y desde luego que sostengo lo que dio a conocer la SRE. Porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervenga en asuntos que sólo nos corresponde resolver dirimir a los mexicanos”.

Indicó que se trata de un asunto para mantener los privilegios que el Poder Judicial brinda a un grupo minoritario en el país, por lo que cuestionó que tanto Estados Unidos como Canadá se hayan sumado el mismo día a las posturas contra la reforma a ese poder.

“Cómo se armonizan Estados Unidos y Canadá, porque esto es lamentable. Porque esto no es Ken, Ken es el vocero, esto es el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos”.

López Obrador subrayó: “No enojarnos, tener muy presente las cosas, defender nuestra independencia, nuestra soberanía y no someternos frente a ninguna potencia extranjera, no es nada más el caso de Estados Unidos. Ninguna hegemonía, ningún país extranjero puede imponernos a nosotros las políticas que corresponden a los mexicanos decidir, como este caso, es una burda actitud intervencionista”.

SRE envía nota diplomática a EU tras dichos de Salazar sobre reforma judicial

Las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en las que mostró un abierto rechazo a la iniciativa de reforma al Poder Judicial, representan “una acción inaceptable de injerencia” que contraviene la soberanía mexicana, reclamó el gobierno de México a través de una nota diplomática.

Esta comunicación diplomática se envió ayer mismo, tras conocerse la posición de Washington —externada a través de su representante en México—, y esta mañana la dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia en Palacio Nacional.

En el texto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó que las declaraciones del representante de la Casa Blanca en nuestro país no reflejan el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre ambos gobiernos.

“La declaración del embajador de los Estados Unidos de América expresando una postura este tema, que es de carácter estrictamente interno del Estado mexicano, representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos”.

La cancillería detalló en esa comunicación diplomática que el objetivo de la reforma al Poder Judicial busca fortalecer el estado de derecho mediante una reforma que se realiza a través de los lineamientos establecidos en la Constitución .

“La SRE expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el estado de derecho mediante la reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Agregó que “el gobierno de México está comprometido con un Poder Judicial que goce de verdadera independencia, autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el Estado de Derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos”.

El dinero enviado desde EU no inició cuando se creó la asociación, sino en el año en que AMLO ganó las elecciones en México.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C. (MCCI) recibió importantes cantidades de dinero desde la embajada de Estados Unidos, según reveló Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Además, también recibieron fondos desde cuentas en el extranjero, específicamente de la National Endowment for Democracy, una institución creada por el Congreso de Estados Unidos para financiar movimientos que promuevan la democracia.

Por Miguel Ángel Ferrer.

La derecha mexicana le acaba de entregar al Presidente López Obrador una inestimable bandera política: una nueva y descarada intervención extranjera, esta vez por cuenta de la dupla Estados Unidos-Canadá.

Esa derecha, ansiosa de crearle problemas al gobierno obradorista, ha llamado en su propio auxilio a sus congéneres norteamericanos para denunciar unas supuestas violaciones en materia de energía al tratado comercial suscrito por México y esos dos países, el llamado TMEC (Tratado México, Estados Unidos y Canadá).

Se trata, obviamente, de una denuncia sin sustento jurídico, porque el tema energético está excluido del acuerdo. Pero no se trata de ganar un litigio, sino sólo de estorbar, de entorpecer, de boicotear, de hacer alharaca. Una forma sutil de propaganda negra, de guerra sucia.

Pasadas una semanas, el asunto quedará, como se dice popularmente en agua de borrajas. O, como diría Sor Juana, en cadáver, sombra, polvo, nada. 

Pero, mientras tanto, la nueva intervención extranjera ha concitado la indignación del pueblo mexicano y el consecuente respaldo ciudadano al Presidente López Obrador. Si la derecha pretendía debilitarlo, ha conseguido exactamente lo contrario. O, dicho sentenciosamente, al conservadurismo le salió el tiro por la culata. 

Obviamente la derecha cometió un error de cálculo. Ignora que en el pueblo mexicano el anti imperialismo está siempre a flor de piel. Y que sólo hace falta un motivo, por pequeño que sea, para expresarse, para emerger con ímpetu desbordado, como ahora mismo acontece.

El conservadurismo cree, como se dice del ladrón, que todos son de su condición. Por eso pensó que su convocatoria al intervencionismo extranjero contaría con la simpatía de muy amplios sectores ciudadanos. Y se equivocó. Sólo concitó el respaldo de ese tercio de la población mexicana de pensamiento conservador, proyanqui, racista, criollo y finalmente antimexicano. 

Y ahí están en ese bando, por no llamarle banda, los ecologistas y los indigenistas nylon, los clasemedieros desclasados y desorientados, las cúpulas empresariales y financieras, los políticos corruptos enriquecidos al amparo del poder público y particularmente al amparo del régimen neoliberal que, como a todos nos consta, durante más de tres décadas en parte vendió el país y en parte lo compró.

Luego de más de treinta años, el conservadurismo no ha comprendido que sus ataques a López Obrador sólo consiguen, como se observa ahora mismo, fortalecerlo más y más

El momento histórico que vive América Latina busca consolidar acercamientos con Estados Unidos desde otras reglas, ya no desde los enfoques nacionalistas regionales antagónicos a Washington, consideró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Marcelo Ebrard.

En el marco de la IX Cumbre de las Américas, a la que acudió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que éste se negara a participar en el encuentro en rechazo a la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua, el funcionario federal dijo que ya no son momentos para enemistades entre los países latinoamericanos y Washington.

«A diferencia de otros momentos históricos, ya no se trata del nacionalismo de América Latina contra Estados Unidos, sino el planteamiento de acercamiento con otras reglas», dijo Marcelo Ebrard en una entrevista con el diario español El País.

El canciller mexicano recordó que el continente vive un momento significativo para poder renovar las relaciones interamericanas.

«Tienes una nueva realidad geopolítica en el mundo, tienes una incertidumbre importante respecto a las cadenas de suministro globales», comentó Ebrard, quien ya ha manifestado sus intenciones de ser candidato a la Presidencia de México.

«Si necesitas reorganizarte regionalmente para reducir tu vulnerabilidad y el modelo actual, que tiene muchas partes valiosas, está diseñado para una etapa que ya concluyó por estas nuevas realidades, ¿por qué tendríamos que esperar?», indagó el secretario.

Esta oportunidad de resignificación de las relaciones podría cambiar con un cambio de Gobierno en Estados Unidos o en los países latinoamericanos, recordó.

Marcelo Ebrard también pidió terminar con las políticas de intervencionismo que Washington lleva a cabo desde hace muchos años en algunas naciones latinoamericanas.

«El cubano no puede comprar medicinas porque las empresas no pueden venderles las medicinas. ¿Qué justificación puede tener eso? Podríamos no decir nada o votar en la ONU una vez al año, pero es parte de la recomposición entre América Latina y Estados Unidos. ¿Quién dijo eso? Obama, en un muy buen discurso en Panamá. La base para construir una relación con América Latina y el Caribe diferente implica cambiar el modelo de intervención legítima», aseguró.

Críticas a la OEA

Ebrard criticó a la Organización de Estados Americanos (OEA) por su ausencia en atender a los pueblos latinoamericanos durante la pandemia de COVID-19, así como su participación en la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019.

«La OEA, la preocupación de su secretario general [Luis Almagro], son las observaciones electorales. Y ya, es todo», reprochó el canciller.

Aseveró que se está formando un consenso importante entre países latinoamericanos, lo que además interesa al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Además, dijo que tanto cubano estadounidenses del Partido Demócrata y sectores del Partido Republicano buscan mantener como una religión el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, ejercido desde la década de 1960.

No obstante las críticas, Ebrard subrayó que la relación de México con Estados Unidos se mantiene en buenos términos, y señaló que la agenda bilateral es robusta, ya que son socios comerciales de alto nivel y no buscan que esas cosas cambien, además de que el 60% de sus actividades como titular de Relaciones Exteriores tienen que ver con el vecino del norte.

Asimismo, reiteró que México busca consolidar un sistema regional que proteja no sólo la migración, sino también la movilidad laboral en la región.

Los países centroamericanos, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil y Cuba aumentan su flujo de ciudadanos hacia Estados Unidos, apuntó, por lo que esa fuerza laboral puede aprovecharse.

«Por razones demográficas del mercado va a ocurrir, lo que hay que hacer es ordenarlo o regularlo de la mejor manera. Mayor número de visas de trabajo, el que te puedas inscribir, en caso de México también es así», añadió.

El canciller también aseveró que México busca la reconciliación en Cuba y Venezuela, aunque no ha podido acercarse a Nicaragua para contribuir al diálogo.

SputnikNews

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador leyó el comunicado que envío el Gobierno de México al Parlamento Europeo, en donde calificó la postura de los legisladores de calumniosa, por la condena de ayer contra la ‘violencia’ a los periodistas y defensores humanos.

El presidente de la República aseguró que México no puede tolerar que gobiernos extranjeros, con tendencia conservadora, falten al respeto a las instituciones del país basados en desinformación y que solo buscan atacar a su gobierno y el proyecto político que encabeza.

“Se fijó una postura por parte del gobierno de México ante una resolución calumniosa de el Parlamento Europeo, a veces se puede pensar que sólo aquí antes era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consigna, pero ahora nos estamos enterando que esto sucede en todo el mundo”, sostuvo.

En la misiva llamó desinformados a los legisladores europeos, por lo que el mandatario mexicano aseguró que lo menos, es que “Fueron sorprendidos los legisladores europeos, lo menos, porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso y por eso hubo un pronunciamiento para que tengan una idea los legisladores de Europa”, afirmó.

En el comunicado, el gobierno de México llamó a los eurodiputados de injerencistas, “borregos” y desinformados.

“Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país”, indicó un comunicado de la Presidencia.

“Sepan diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice”, dijo el gobierno mexicano.

El mandatario mexicano reiteró que en su administración los asesinatos contra periodistas no tienen un carácter de Estado y sólo son una reacción del crimen organizado, a los que se les combate con diversas acciones como programas sociales y el despliegue del Ejército.

“Es mucho el pueblo de Europa para tan pocos gobernantes”, lanzó el presidente de la República.

Fuente SinLínea

Durante los últimos meses, Andrés Manuel López Obrador ha venido criticando a Estados Unidos por intromisión en los asuntos internos del país, debido al financiamiento que otorga a varias agrupaciones de la “sociedad civil”, pero con una activa participación en el golpeteo político y mediático contra el gobierno de López Obrador.

Una de estas organizaciones es Mexicanos contra la Corrupción, dirigida hasta hace poco por el junior Claudio X. González, cuya familia es dueña de Kimberly-Clark en México, y quien ha financiado la plataforma opositora Sí por México.

Las denuncias de López Obrador son solo una muestras del amplio andamiaje que despliega en México la administración estadounidense contra esta nación, y que incluyen además a otros países de la zona.

Pero así como conocemos la historia de la injerencia de las élites políticas, económicas y mediáticas en México, hay mucho desconocimiento de cómo llega el dinero procedente de Estados Unidos para la operación de golpeteo contra el gobierno de López Obrador.

La mayoría se canaliza a través de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), creada por la administración de Ronald Reagan para legitimar las acciones encubiertas que realizaba la CIA.

Desde 2016 hasta la fecha, la NED ha destinado alrededor de 8.376.549 dólares a programas en México sobre democracia, violencia de género, emigración, elecciones y “empoderamiento político”. Otra institución, el Instituto Nacional Demócrata (NDI), también creada bajo el paraguas de Reagan, la guerra fría, y la lucha contra las guerrillas comunistas en Centroamérica, ha recibido de 2016 para aquí alrededor de 3 millones de dólares para su operación en México. Sería un gran ejercicio de transparencia que tanto NED como NDI declaren en qué se han utilizado los fondos, sobre todo aquellos vinculados a programas políticos y medios de comunicación (que después operan contra el gobierno).

Pero además de la NED y la NDI, la oposición mexicana ha buscado ayuda en otros frentes para atacar la gestión de López Obrador, como la extrema derecha cubana. Ahí tenemos el caso del ultraderechista Frente Nacional ANTI-AMLO (FRENAAA), autodenominado movimiento pacífico y ciudadano por fuera de partidos políticos, creado por empresarios como Pedro Luis Martín Bringas, Juan Bosco Abascal, o Rafael Loret de Mola.

Pero la figura más conocida de FRENAAA, por esperpéntica, es Gilberto Lozano, y estamos en condiciones de afirmar que mantiene relaciones estrechas de coordinación con la opositora cubana afincada en Miami Rosa María Payá, con vistas a desarrollar acciones conjuntas desde México.

Estos vínculos entre Gilberto Lozano, FRENAAA y la cubana Rosa María Payá están dados por la cercanía de Payá con la juventud panista, pues confluyen en la Red Latinoamericana de Juventudes por la Democracia, red que ha tenido al Partido Acción Nacional (PAN) de México como principal cantera, y cuya presidenta era Rosa María Payá.

¿Y quién es Rosa María Payá? Presidenta del proyecto de la NED “Cuba Decide”, ha sido una figura ligada en la última década a figuras desestabilizadoras de la región como Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y políticos como Donald Trump y José María Aznar.

Payá estuvo vinculada a los disturbios violentos en Cuba de los pasados 11 y 12 de julio, y a la petición del gobierno estadounidense de una invasión a la isla. FRENAAA tuvo una destacada y activa participación junto a opositores en las manifestaciones frente a la embajada cubana en México, donde también participaron otras figuras financiadas por la NED como el ex Diputado del PAN de extrema derecha René Bolio Hollarán.

René Bolio, Presidente de la “Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos”, también posee vínculos con el exilio histórico cubano en Miami vinculado al terrorismo de Estado, y a la organización Directorio Democrático Cubano (DDC), también implicada en la petición oficial de intervención militar en Cuba.

Hay que poner una lupa por tanto a las organizaciones que en México reciben dinero de la NED. Una de ellas, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) ejecutó entre 2017 y 2018 el programa subversivo “Voces de Cuba”, con un presupuesto de la NED que tan solo el año pasado ascendió a 130.000 dólares.

Otras entidades que reciben financiamiento de la NED en México y que son activas en la subversión contra Cuba son la sección mexicana de la ONG Artículo 19, el Instituto para la Competitividad (IMCO), el Institute for War and Peace Reporting (IWPR), Amnistía Internacional, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), e Investigación e Innovación (Factual A.C.).

Tiene razón por tanto el Presidente López Obrador cuando dice que ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país, que debe respetar la soberanía mexicana: El financiamiento del Gobierno de Estados Unidos es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía. Es un gobierno extranjero, no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país.

Twitter: @KatuArkonada