En un esfuerzo por salvaguardar la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria de México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que busca prohibir la siembra de maíz transgénico en el país. Esta propuesta, que implica modificaciones a los artículos 4 y 27 de la Constitución, pretende reconocer al maíz como símbolo de identidad nacional y garantizar que su cultivo esté libre de organismos genéticamente modificados.

La iniciativa subraya la importancia de proteger el maíz nativo, la milpa y las comunidades campesinas que han sido guardianas de este grano ancestral. Además, promueve el fomento de prácticas agroecológicas que permitan una producción sustentable y respetuosa con el medio ambiente.

Esta medida se enmarca en una serie de acciones que el gobierno mexicano ha emprendido en los últimos años para limitar el uso de maíz transgénico. En febrero de 2023, se emitió un decreto que prohibía el uso de maíz genéticamente modificado para la masa y la tortilla, argumentando que México es autosuficiente en la producción de maíz blanco libre de transgénicos y buscando consolidar la soberanía y seguridad alimentaria en un insumo central en la cultura nacional.

La Jornada

Sin embargo, estas políticas han generado tensiones en el ámbito comercial internacional. Estados Unidos y Canadá, principales exportadores de maíz transgénico, solicitaron un panel de resolución de disputas en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), argumentando que las restricciones mexicanas carecían de fundamento científico y afectaban el comercio bilateral. En diciembre de 2024, el panel falló en contra de México, concluyendo que las medidas no se basaban en principios científicos y eran más restrictivas de lo necesario para el comercio.

El País

A pesar de este revés, la presidenta Sheinbaum ha reafirmado su compromiso con la protección del maíz nativo y la biodiversidad del país. Confía en que el Congreso apruebe la prohibición de la siembra de maíz transgénico en febrero de 2025, subrayando la importancia de proteger la biodiversidad y la salud pública.

Reuters

La iniciativa también busca fortalecer la soberanía alimentaria de México, reduciendo la dependencia de importaciones de maíz transgénico y apoyando a los productores locales. El maíz es un elemento central en la dieta y la cultura mexicana, y su protección es esencial para preservar el patrimonio biocultural del país.

Organizaciones campesinas y ambientalistas han expresado su apoyo a la propuesta, destacando que la prohibición de la siembra de maíz transgénico es un paso crucial para garantizar la seguridad alimentaria y proteger la biodiversidad. Argumentan que los cultivos transgénicos pueden contaminar las variedades nativas de maíz y afectar negativamente a los ecosistemas locales.

Por otro lado, sectores industriales y comerciales han manifestado su preocupación por las posibles implicaciones económicas de la prohibición, señalando que podría afectar las importaciones de maíz utilizado en la industria y la alimentación animal. Sin embargo, el gobierno ha indicado que se establecerán mesas de trabajo con el sector privado nacional e internacional para lograr una transición ordenada y asegurar el abasto suficiente de maíz para todos los usos.

La Jornada

La discusión en torno al maíz transgénico en México refleja una tensión entre la necesidad de proteger la biodiversidad y la soberanía alimentaria, y las dinámicas del comercio internacional. La iniciativa de la presidenta Sheinbaum representa una apuesta por priorizar la protección del patrimonio biocultural y la salud pública, buscando un equilibrio que permita el desarrollo sustentable del país.

En este contexto, es fundamental que el debate legislativo considere las evidencias científicas disponibles, las experiencias de las comunidades campesinas y las necesidades económicas del país, para tomar una decisión que beneficie a la sociedad en su conjunto y garantice un futuro sustentable para las próximas generaciones.

Tras considerar como injusta la contrarreforma en materia de pensiones de Ernesto Zedillo –que data de 1997–, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió nuevamente a enviar una iniciativa para garantizar una jubilación digna a los adultos mayores, para lo que, dijo, el gobierno ayudará a compensar las pensiones en un primer momento.

En su conferencia matutina, expuso que actualmente y después de 30 años de laborar, el trabajador se jubila, si bien le va, con la mitad de su sueldo como pensión. “Estamos pensando cómo compensamos para que, mínimo, el trabajador al jubilarse reciba lo que obtiene en activo”.

El primer mandatario recordó que ya se había hecho una reforma, pero incompleta. “Por eso vamos ahora a profundizarla, que nos ayudó incluso el sector privado incrementando sus cuotas de participación para las jubilaciones, eso lo logramos hace tres años, que ellos se comprometieron a incrementar las cuotas; sin embargo, no es suficiente. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis, una corrida, para ver cuánto necesitamos. Y que el gobierno ayude, y que nos pongamos de acuerdo también con el sector privado”.

López Obrador consideró que la crisis de las pensiones se vivirá a partir del próximo sexenio. “Todavía no va a tener efectos tan drásticos la [contrar]reforma por los 30 años, porque esto fue en el 97, esto va a pegar fuerte a partir del sexenio próximo. Igual en el caso de la reforma del Issste que hizo [Felipe] Calderón con la maestra Elba Esther [Gordillo]. Sí, sí, o sea, para todos, trabajadores del Seguro Social, inscritos al Seguro Social e ISSSTE”.

Agregó que la administración de los recursos puede hacerse con las Afores o directamente en el gobierno, pero lo importante “es que el que se jubile reciba una pensión digna, lo mismo que recibe cuando decide jubilarse, porque eso con las leyes actuales no se logra. O sea, fue muy irresponsable lo que hicieron”.

Acerca del señalamiento de que el gobierno quebraría por la carga de las pensiones, López Obrador aseguró que eso es una falacia. “Para empezar, el Estado no participa, no aporta, son los empresarios. Es que engañaron muchísimo. Ahora, para que no sea una carga directa y de un solo golpe al sector empresarial, tiene que entrar el gobierno, ayudar para que sea gradual y después el sector empresarial. Pero, de entrada, el gobierno no participa. A lo mejor en lo que tiene que ver con el ISSSTE, pero no con los trabajadores del Seguro Social”.

El titular del Ejecutivo federal consideró que este tipo de narrativa “era como una saña, muy ideológico todo, dañar. Acuérdense cómo hablaban de la austeridad y los de arriba se servían con la cuchara grande. Bueno, por eso los ministros se quedaron malacostumbrados. ¿Y qué decían? Acuérdense, que había que despedir trabajadores, y despedían abajo y arriba seguían los privilegios, y engañaban mucho. Y lo otro que también fue infame, y eso sí me da mucho gusto que los desenmascaramos, es que decían que el problema fiscal de México era porque los de la economía informal no pagaban impuestos, cuando los que no pagaban impuestos eran los de mero arriba”.

Sobre esto último, indicó que cuando llegó a la Presidencia de la República, la recaudación ascendía a 3 billones de pesos, pero “el año pasado cerramos con 4 billones 500 mil pesos: 1 billón y medio, en términos nominales casi 50 por ciento de incremento, ¿por qué? Porque ahora tienen que pagar los que no pagaban. De 3 billones a 4 billones y medio, en cinco años un billón y medio de aumento, entre paréntesis, sin aumentar impuestos con las mismas tasas, sin aumentar impuestos en términos reales”.

Fuente

Para frenar la producción y el consumo de drogas sintéticas como el fentanilo, y reducir las muertes por sus efectos, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa de ley que propone tipificar el delito de desvío o importación ilegal de precursores químicos utilizados para producir drogas sintéticas.

También sancionar la posesión y uso no autorizado de máquinas para fabricar pastillas.

La primera iniciativa plantea reformar la Ley federal para el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos.

Con el objetivo de fortalecer las acciones de fiscalización y medidas de vigilancia, control y verificación de recursos químicos y productos químicos esenciales, de forma que se asegure su correcta disponibilidad para uso médico y científico.

“Este dinero, controlado sobre todo por la delincuencia organizada, no paga impuestos y se ha utilizado para sobornar a funcionarios gubernamentales corruptos de todos los niveles”, menciona la propuesta, pues señala que los grupos del narcotráfico se han diversificados en sus fuentes de ingreso y una de ellas es la venta de madera.

Además, otorga atribuciones a la Guardia Nacional, Sedena, Semar y Seguridd Pública Ciudadana para detectar y evitar el desvío de precursores químicos.

SinLínea

Saltillo, Coahuila.- La Diputada Teresa de Jesús Meraz en conjunto con los diputados integrantes del grupo parlamentario de MORENA, presentaron una iniciativa que propone penalizar la cobranza ilegal con el propósito de terminar con las prácticas abusivas de muchas empresas y despachos de cobranza a la ciudadanía.

Actualmente debido a los estragos económicos derivados de la pandemia, la pérdida de empleo y la inflación algunas familias se han visto afectadas en su persona y patrimonio por despachos de cobranza judicial y extra-judicial.

Entre la exposición de motivos de dicha iniciativa se encuentra lo siguiente:

• Existen abusos en agravio de deudores o usuarios de créditos que, por diversas circunstancias agravadas por la crisis económica, han caído o podrían caer en morosidad o incumplimiento de deudas. Por ello es importante conocer el ‘delito de cobranza ilegítima’, sin que se entienda como objetivo incentivar ‘la cultura del no pago’.
• El derecho penal, a través de este delito, busca aplacar así como sancionar a los rudos e impertinentes cobradores, esos que abusan y acosan con desmedida ‘creatividad´ para atemorizar a los deudores, para provocarles alteraciones emocionales temporales, tratando de obligarlos a pagar por medio de amenazas, coacciones, usurpación de funciones, intensas llamadas telefónicas en días y horas inapropiadas así como a través de infinitos métodos intimidantes para requerirles el pago de una deuda. Sin embargo, hay que precisar, que este delito en contra de los cobradores no exime del pago a los deudores.
• Consideramos que es necesario instituir como delito la cobranza extrajudicial ilegal, a fin de que dicha práctica deje de transgredir los derechos fundamentales de toda persona, a la dignidad humana, la vida privada, la paz, la seguridad personal así como la certeza jurídica.
• Lo anterior, sin menoscabar que en distintas ocasiones los medios de cobranza que algunas instituciones de crédito y/o particulares llegan a ejercer, suelen ser medios no aptos que terminan afectando personalmente al deudor de manera psicológica, llegando inclusive a la suplantación de algún funcionario público como actuarios, secretarios de acuerdo, así como la falsificación de sellos, escritos o documentos pertenecientes a distintos órganos o juzgados dependientes del Poder Judicial del Estado, lo que nos permite señalarla como una práctica o conducta ilegal por parte de quien lleve a cabo una cobranza extrajudicial.

Para ello se busca modificar el artículo 265 BIS del Código Penal de Coahuila para quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO 265 BIS. Al que, con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice medios ilícitos o efectúe actos de hostigamiento e intimidación, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y una multa de ciento cincuenta mil a trescientos mil días de salario mínimo, además de las sanciones que correspondan si para tal efecto se emplearon documentación, sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión.

¿Con dedicatoria a Lorenzo Córdova? El diputado morenista pretende evitar que los “consejeros del INE” utilicen las instituciones como trampolines y de la misma forma evitar que funcionarios de cualquier partido, ocupen cargos en el INE.

Desde Minatitlán, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por la reforma aprobada por los diputados en la que -en caso de también ser aprobada por el senado- se podría embargar el salario de los trabajadores.

Por lo que comentó que no está de acuerdo, y amagó que en caso de aprobarse por el senado, la vetaría.

Además, pidió a los senadores revisar dicha reforma.

“No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia, el salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador, ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso, no estoy de acuerdo con esa iniciativa”, dijo.

El mandatario aseguró que en ocasiones no se revisan bien las iniciativas antes de votarlas y por ello les pidió a los senadores estar atentos con este tema.

“Algunos podría pensar que era algo en beneficio de los trabajadores, no creo que nadie consciente un legislador apruebe eso, creo que no se profundizó en el tema, afortunadamente hay tiempo para que se revise bien esta iniciativa”, subrayó.

Fuente SinLínea

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una iniciativa para impedir que se sigan otorgando amparos y suspensiones a los servidores públicos con el fin de obtener una remuneración superior a la del presidente de la República.

La propuesta busca modificar el artículo 129 de la Ley de Amparo, en el que se establece que cualquier servidor público está obligado por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos a recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, pero en ningún caso “podrá ser igual o mayor a la remuneración anual máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias conforme a la ley de la materia”.

Gutiérrez Luna también propuso la adición de un párrafo al artículo 105 de la misma ley para establecer que, en casos de amparo, se impida concederles a servidores públicos la suspensión para obtener un sueldo o retribución mayor a la remuneración anual máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República, por considerar que eso afecta el interés social y contraviene disposiciones de orden público.

El legislador de Morena recordó que la prohibición de que los servidores públicos obtengan remuneración mayor al Presidente de la República fue publicada hace 12 años, pero funcionarios de diversas instancias han recurrido al amparo para burlar ese mandato legal.

“Quizá el caso de las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral sea uno de los más representativos. Precisamente al día de hoy gozan de una suspensión en materia de remuneraciones, otorgada en la controversia constitucional 209/2021 en contra del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2022”, apuntó en tribuna el legislador Morenista.

Acusó a los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama de abusar del amparo mediante suspensiones para mantener altos sueldos y privilegios mayores a los del presidente de la República, pero actúan como actores de oposición y no como árbitro.

“Por eso hoy, desde esta tribuna, como diputado federal, les digo a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama que renuncien, que le hagan un favor al país, que le hagan un favor INE, que le hagan un favor a la democracia y que se afilien a algún partido político para que puedan actuar legítimamente como ya lo están haciendo”, arengó.

Fuente Polemón