El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) avanza en la implementación de su estrategia de construcción habitacional a nivel nacional mediante la colaboración con más de 400 empresas desarrolladoras, las cuales participan actualmente en 660 proyectos distribuidos en diversas regiones del país.

De acuerdo con el director general del Instituto, Octavio Romero Oropeza, este esquema se realiza bajo procedimientos abiertos y con apego a criterios técnicos, financieros y de planeación urbana, con el propósito de garantizar que la oferta de vivienda responda a las necesidades reales de los derechohabientes.

Participación empresarial y evaluación técnica

El mecanismo de incorporación al programa contempla que las empresas interesadas presenten propuestas de suelo para desarrollo habitacional. Posteriormente, el INFONAVIT, en coordinación con autoridades locales, evalúa la viabilidad de cada proyecto antes de formalizar su adquisición y construcción.

Este modelo busca asegurar que las nuevas viviendas cuenten con condiciones adecuadas de ubicación, servicios e infraestructura, evitando prácticas del pasado asociadas a desarrollos en zonas aisladas o sin planeación urbana.

Meta de cientos de miles de viviendas

Los proyectos actualmente registrados representan un universo cercano a 700 mil viviendas, considerando tanto las ya contratadas como aquellas en proceso de revisión para su formalización durante 2026.

El Instituto ha señalado que aún existen más de 300 municipios donde se requiere suelo apto para nuevos desarrollos, por lo que se mantiene abierta la invitación a empresas del sector para sumarse al programa nacional de vivienda.

Reestructuración de créditos impagables

Paralelamente a la construcción de nuevas unidades, el INFONAVIT informó avances en el programa de solución integral para acreditados con adeudos históricos.

A nivel nacional, se han reestructurado más de 4.8 millones de créditos considerados impagables, con medidas que incluyen reducción de saldos, ajustes en tasas de interés y modificaciones en mensualidades, con el fin de aliviar la carga financiera de las familias trabajadoras.

En el caso de Yucatán, por ejemplo, más de 136 mil familias han sido beneficiadas mediante reducciones de deuda, reestructuraciones o liquidaciones totales de sus créditos.

Coordinación interinstitucional para vivienda social

El programa se articula con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y otras instancias federales dentro de la estrategia nacional de vivienda.

En Yucatán, la meta conjunta asciende a 70 mil viviendas, de las cuales el INFONAVIT construiría aproximadamente 60 mil, con inversiones superiores a 42 mil millones de pesos.

Autoridades estatales han señalado que este esquema permitirá ampliar el acceso a vivienda digna para sectores que anteriormente enfrentaban dificultades para encontrar opciones acordes a sus ingresos y montos de crédito.

Política de vivienda con enfoque social

El INFONAVIT es un organismo público tripartita encargado de administrar el fondo de vivienda de los trabajadores y facilitar el acceso a financiamiento habitacional en México.

La actual estrategia busca combinar construcción masiva de vivienda, regularización de créditos y participación coordinada entre sector público y privado, con el objetivo de reducir rezagos históricos y ampliar la cobertura habitacional en el país.

Por Mariuma Munira

El 13 de febrero de 2025, el Senado de la República aprobó una reforma histórica a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con 67 votos a favor y 35 en contra. Esta reforma representa un avance crucial para mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos, garantizando que el acceso a la vivienda sea más transparente y equitativo. Esta nueva legislación llega en un momento clave, coincidiendo con el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la construcción de 52,345 viviendas en 25 estados del país entre febrero y abril de este año, un esfuerzo monumental para reducir el déficit habitacional y transformar el panorama social del país.

La reforma al Infonavit busca garantizar que los recursos del Instituto, generados a través de los ahorros de los trabajadores, sean administrados de manera eficiente y transparente. Este cambio no solo mejorará el acceso a créditos hipotecarios, sino que también fortalecerá la confianza de los mexicanos en una institución que históricamente ha sido crucial para la adquisición de vivienda. Con esta reforma, el sistema de pensiones y los créditos de vivienda se vuelven más accesibles, transparentes y justos, permitiendo que más personas, especialmente las más vulnerables, puedan obtener la vivienda que merecen.

Este impulso legislativo se complementa perfectamente con el anuncio de la presidenta Sheinbaum del 10 de febrero, quien subrayó que durante los primeros tres meses del año se construirán más de 52,000 viviendas, especialmente en regiones que han sido históricamente marginadas. El programa no solo responde a una necesidad urgente de infraestructura, sino que también tiene un impacto directo en la generación de empleo en el sector de la construcción, estimulando las economías locales y mejorando la calidad de vida de miles de familias mexicanas. Esta iniciativa es un claro reflejo de la política social que impulsa el gobierno de la presidenta Sheinbaum: un México más inclusivo y con mayores oportunidades para todos.

Ambos proyectos, la reforma al Infonavit y el programa de construcción de viviendas, se encuentran estrechamente vinculados. Mientras la reforma busca dar mayor acceso y transparencia en los créditos, el plan de construcción de viviendas se asegura de que esta disponibilidad se traduzca en resultados tangibles para los mexicanos. Los beneficiarios de estos créditos podrán acceder a viviendas de calidad, construidas con altos estándares, que no solo representan un techo, sino también la oportunidad de construir un mejor futuro para sus familias.

El respaldo del Senado, que aprobó esta reforma con un apoyo claro y contundente, es un reflejo del consenso que existe en torno a la importancia de estas políticas públicas. A través de esta reforma, el Senado envía un mensaje claro: la vivienda no es un lujo, sino un derecho fundamental que debe ser accesible para todos los mexicanos. Esta es una victoria no solo para los trabajadores, sino también para el país en su conjunto, que avanza hacia una mayor justicia social y un desarrollo más equilibrado.

El anuncio de la presidenta Sheinbaum, por su parte, marca un antes y un después en la política habitacional del país. Con la construcción de más de 52,000 viviendas en tan solo tres meses, el gobierno de México reafirma su compromiso con la justicia social, asegurando que los mexicanos más necesitados tengan un hogar digno y seguro. Esta estrategia va más allá de la mera entrega de casas: busca fortalecer la infraestructura social y económica de las comunidades, generando empleo, bienestar y desarrollo económico en regiones clave.

El impacto de estas medidas será profundo y duradero. La reforma al Infonavit y el programa de construcción de viviendas son dos piezas fundamentales en la construcción de un México más equitativo. Con estas políticas, el gobierno federal está demostrando que la vivienda es una prioridad y que, con voluntad política y esfuerzo conjunto, es posible transformar el panorama habitacional del país.

La reforma al Infonavit y el programa de construcción de viviendas anunciado por la presidenta Sheinbaum representan pasos decisivos hacia un México más justo y próspero. Ambas iniciativas no solo abordan el déficit habitacional, sino que también ofrecen soluciones concretas para mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos. La reforma al Infonavit fortalece la confianza en el sistema, mientras que el programa de vivienda garantiza que este acceso se traduzca en un hogar digno para los más necesitados. Con un Senado comprometido y un gobierno federal que apuesta por el bienestar social, México está construyendo un futuro más sólido, inclusivo y lleno de esperanza.

La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.

Durante el periodo de febrero a abril se prevé la construcción de 52 mil 345 hogares para el programa de Vivienda para el Bienestar –20 mil 564 para febrero, 13 mil 798 en marzo y 17 mil 983 en abril–, que generarán 235 mil empleos directos y 353 mil indirectos, informó Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

En la conferencia presidencial, la secretaria Vega Rangel precisó que con el objetivo de alcanzar la meta de construcción de 1 millón de viviendas durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los proyectos de edificación que formarán parte del programa iniciarán en 25 estados.

Respecto a las siete entidades pendientes –Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Jalisco–, la funcionaria precisó: “hay entidades que no están, lo que significa que todavía estamos en proceso de concretar la factibilidad de los predios. Ya tenemos reserva en todas las entidades, pero falta un poco más para poder consolidar esos arranques.”

De igual manera, explicó que se cuenta con una reserva territorial de 2 mil 260 hectáreas que forman parte de 322 predios que serán utilizados para cubrir la meta construcción de 2025, así como convenios de colaboración con 19 estados donde organismos públicos han aportado terrenos para la edificación habitacional.

Por su parte, el director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras, señaló que para los proyectos de 500 mil viviendas nuevas y 300 mil mejoramientos se desarrollarían 50 mil acciones de viviendas y 100 mil mejoramientos.

De acuerdo con el director general de la Conavi, en promedio se construirán 130 viviendas por hectárea, de las cuales 52 mil 344 se destinarán para renta a 10 mil jóvenes que estudian y trabajan a través de un convenio con la Financiera para el Bienestar.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó la triangulación de millones de pesos desde el Infonavit hasta cuentas bancarias del expresidente Felipe Calderón y de su esposa, la hoy legisladora panista Margarita Zavala.

Los informes, en poder del medio Contralínea, detectaron que la conexión principal entre los Calderón Zavala y el Infonavit es una sociedad anónima denominada Hicue Iberoamérica, constituida el 19 de julio de 2012 en el paraíso fiscal de Panamá. Además de su filial del mismo nombre, radicada en Bogotá, Colombia.

En 2016, Hicue Iberoamérica recibió tres transferencias internacionales por 8 millones 386 mil 735 pesos del Infonavit. Ese mismo año, Hicue Iberoamérica le transfirió 2 millones 42 mil 732.25 pesos a Calderón Hinojosa a una cuenta que posee en Estados Unidos.

Según la UIF, esta transferencia podría implicar el delito de lavado de dinero. Pero esto no es todo, en 2018, el Infonavit realizó otra triangulación de recursos.

Ese año, el Instituto de Vivienda para los Trabajadores hizo otra transferencia por 6 millones 281 mil 330.26 pesos a la empresa Hicue Speakers. Y esta empresa transfirió 1 millón 103 mil 632 pesos a Felipe Calderón, también en su cuenta de Estados Unidos, supuestamente como pago por “participar en foros”.

De menor cantidad, el Infonavit también tuvo operaciones ahora con la cuenta de la esposa del ex mandatario, Margarita Zavala.

Por ejemplo, se detalla una triangulación de recursos de la empresa Hicue Iberoamérica por 125 mil pesos, en 2013, a la empresa C Mark Comunicación, SC.

Esta última empresa, se dedica a “conectar” conferencistas en México y comparte domicilio y teléfonos con Target Marketing Asesores, SC. Este dato es relevante porque de esta última se emitieron dos cheques por 422 mil 666.67 pesos, uno el 28 de agosto de 2015 y otro el 2 de marzo de 2016, a favor de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Calderón.

Y la misma empresa Target Marketing Asesores entregó seis cheques a Felipe Calderón por 1 millón 755 mil 440 pesos entre 2015 y 2016, mientras que Mark Comunicación, SC, pagó un cheque al expresidente mexicano por 549 mil 120 pesos.

Finalmente, vale la pena señalar que la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que pedirá a Octavio Romero Oropeza, director actual del Infonavit, que revise los casos.

La Fiscalía General de la República (FGR) investigará los casos de corrupción que fueron detectados en el Infonavit. De acuerdo con su titular, Octavio Romero Oropeza, las constructoras no entregaban las viviendas.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este miércoles que su Gobierno está presentando denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por casos de corrupción en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pues resulta imposible proceder a través de los órganos internos de control, que impiden auditar y revisar sus recursos.

“Ayer le di instrucciones al director del Infonavit [Octavio Romero Oropeza] para que se pusiera de acuerdo con la Consejera Jurídica [Ernestina Godoy Ramos] porque estamos presentando denuncias penales a la FGR”, reveló durante su conferencia de prensa matutina.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Oropeza expuso más casos de corrupción dentro del organismo y el esquema por el que se aprobaron desarrollos inmobiliarios que nunca se completaron. Respecto al primero de ellos, el funcionario explicó que de 2013 a 2018 operó una de las tres formas de financiamiento del Infonavit para contratar a constructoras de vivienda llamada Fondo de Estímulo a la Redensificación y Ubicación de la Vivienda (FERUV), propuesto por la Dirección Sectorial Empresarial.

Los proyectos que salieron de dicho fondo no pasaban por ningún tipo de evaluación. Oropeza señaló que el Sector del Consejo de Administración otorgó una bolsa de tres mil millones de pesos para la construcción de ocho mil 852 viviendas a 72 desarrolladoras. Sin embargo, 18 de ellas adeudan 962 millones de pesos y quedaron a deber la construcción de más de 700 casas.

El segundo caso también involucra a un fondo llamado Crédito Integral Total (CIT), el cual fue propuesto por la Dirección Sectorial de Trabajadores. Una vez más, los proyectos no pasaban por ningún tipo de examen para ser aprobados. El Consejo avaló una cartera de 724.5 millones de pesos que se entregó a 20 desarrolladoras para la construcción de nueve mil 451 viviendas.

Según el informe expuesto en la «mañanera del pueblo», 13 de las desarrolladoras adeudan, considerando intereses, más de mil millones de pesos, y siete mil 369 viviendas que no se construyeron, es decir, más del 75 por ciento.

El tercer caso involucra una bolsa de dinero llamada Crédito Integral, una idea propuesta en conjunto por las Direcciones Sectoriales de los Trabajadores y Empresarial. Durante su funcionamiento, sólo se construyeron 366 viviendas en cinco años. Romero Oropeza denunció que no existen documentos que evidencien cuántos proyectos fueron aprobados y rechazados.

Dicha corrupción terminaron por pagarla las y los derechohabientes, quienes tenían deudas por créditos impagables en el Infonavit. Por este motivo, el funcionario público explicó que desde el pasado 11 de noviembre, la nueva Administración decidió congelar el saldo y las mensualidades de un total de dos millones de créditos.

Para 2025, el Infonavit tiene como meta construir 166 mil viviendas en 36 predios distribuidos en 29 estados del país. El Tecnológico Nacional de México ayudará al organismo a desarrollar 148 proyectos arquitectónicos. La meta ha alcanzar a finales del sexenio es de un millón de viviendas.

El freno en la Cámara de Diputados a la reforma a la Ley del Infonavit –derivado del fuerte cabildeo de empresarios y líderes sindicales, a la par de la guerra sucia mediática que busca generar terror en los derechohabientes con falsedades– esconde, en el fondo, una serie de corruptelas que habrían desfalcado miles de millones de pesos al Instituto. Entre los casos más emblemáticos destacan: un presunto fraude por 5 mil millones de pesos de Telra Realty, propiedad de la familia Zaga Tawil, y que toca a la trasnacional White&Case; la contratación ilegal de un seguro por 550 millones de pesos a favor de Mapfre-Tepeyac; las ventas sucesivas de créditos Infonavit, tipo esquema ponzi, que deja al descubierto una red de complicidades al interior del Instituto; despojo masivo de viviendas; pagos indebidos a consejeros por asistir a asambleas y reuniones de Consejo; sueldos millonarios a directivos, superiores al de la presidenta de México, revelaron la propia Claudia Sheinbaum y el actual director, Octavio Romero Oropeza

En plena campaña de guerra sucia mediática para descarrilar la reforma a la Ley del Infonavit, la presidenta Claudia Sheibaum Pardo ordenó que se ventilaran los casos más emblemáticos de corrupción en ese Instituto. Por ello, pidió al director general, Octavio Romero Oropeza, revelar una serie de corruptelas que van desde el pago una indemnización indebida por 5 mil millones de pesos a favor de Telra Realty, hasta la contratación ilegal de un seguro, por más de 500 millones de pesos a favor de Mapfre Tepeyac.

Por otro lado Carlos Gutiérrez Ruiz es un exfuncionario foxista, señalado por la fallida política de vivienda en este Gobierno y quien a la fecha percibe un ingreso mensual de 262 mil pesos, mayor al de la Presidenta, que asciende a 140 mil pesos al mes. Incluso sus subalternos o los niveles inferiores, también con un ingreso neto mensual superior al de Claudia Sheinbaum Pardo.

En el caso de la Dirección Empresarial, ésta es encabezada por Carlos Gutiérrez Ruiz, un exdirigente de las Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) que trabajó para los Gobiernos de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa como Comisionado Nacional de Fomento a la Vivienda (Conafovi) y como director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), respectivamente.

En el periodo en el que Gutiérrez Ruiz fue el responsable de la política de vivienda de los gobiernos panistas fue señalado por favorecer a constructoras como Geo y Homex, las cuales, aunque recibieron jugosos contratos de construcción de vivienda social, se declararon años después en quiebra.

Uno de los casos emblemáticos es el de Casas Geo, que fue la constructora de vivienda favorita de Vicente Fox Quesada. Se trata de una desarrolladora de vivienda social, integrada por grandes empresarios y exservidores públicos. Fox presumió en su momento que los mexicanos tendrían en su Gobierno una vivienda donde vivir, lo cierto es que junto a Calderón y Enrique Peña Nieto después heredaron miles de casas abandonadas, y trabajadores que quedaron con deudas y con su patrimonio en vilo.

Uno de los personajes que es señalado por esta política es precisamente el actual director sectorial empresarial de Infonavit, Carlos Gutiérrez Ruiz, quien a la fecha percibe un ingreso mensual de 262 mil pesos, mayor al de la Presidenta, que asciende a 140 mil pesos al mes. Incluso sus subalternos o los niveles inferiores, también con un ingreso neto mensual superior al de la Presidenta de la República.

El director sectorial empresarial es nombrado por la Asamblea General, a propuesta de los representantes de los patrones entre quienes figuran actualmente miembros de la Concamin y de la Coparmex, dos de los brazos patronales que junto a los sindicatos de la CTM y la CROM se oponen a la reforma al Infonavit.

Los cambios que se buscan hacer al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores pasan por desaparecer precisamente las Direcciones Sectoriales de Trabajadores, y Empresarial, que durante 2016-2018 promovieron desarrollos que sólo beneficiaron a un puñado de constructoras que recibieron millones de pesos en recursos sin haber construido nada, denunció esta mañana el director del Instituto Octavio Romero Oropeza.

En el caso de Telra Realty –empresa de la familia Zaga Tawil–, Romero Oropeza acusó que el contrato data de 2014, y fue para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar de residencia, en un plazo de 2 años y por un monto de 100 millones de pesos. No obstante, la empresa incumplió el contrato y no entregó la plataforma.

Al participar en la conferencia presidencial del 18 de diciembre, el director general del Infonavit detalló que, en vez de sancionar a la empresa, se le rescindió el contrato. Aunado a ello, en 2016, el Consejo de Administración le autorizó una indemnización por 5 mil millones de pesos.

Tras comprobarse el desfalco al Infonavit, “dos socios de Telra devolvieron 2 mil millones de pesos cuando se dieron cuenta que estaba medio chueco el asunto, pero tres se han negado a devolver 3 mil millones restantes, esos 3 mil millones andan ‘volando’”.

Romero Oropeza añadió que el pago de la indemnización se “justificó” con un documento supuestamente expedido por la trasnacional White & Case. “Son tres hojas, y resulta muy interesante observar. Olvídense de lo que dice; hay que leer lo que dice, desde luego, pero lo importante es ver que las hojas tienen una antefirma, y la antefirma es ‘W’, un signo de ‘&’: ‘White & Case’. Y la última está firmada por ‘White & Case S.A.’. No existe ninguna persona moral que firme de esta manera”.

Y explicó que a nombre de los despachos legales y las empresas quien firma es un socio o el representante legal, porque la razón social de las personas morales no es una firma válida. Por ello, llamó públicamente a White & Case para que avale o desmienta el documento.

Romero Oropeza también exhibió que la Auditoría Superior de la Federación descubrió, a través de información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en el caso de Telra se trianguló dinero entre las empresas contratadas directamente por el Infonavit y la cuenta bancaria de un funcionario del Infonavit que fungió como asesor del director general en 2018. Eso, aclaró la presidenta Sheinbaum, ocurrió antes de que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Romero Oropeza denunció que frente al trabajo de la ASF, los sectores empresarial y de trabajadores instruyeron en octubre de 2023 al Infonavit –que es un organismo tripartita– a interponer un amparo contra el informe de resultados, con el voto en contra de sector gobierno y de la oposición de la Dirección General.

Otro ejemplo de corrupción, dijo, es el programa Línea III del Infonavit, que “consiste en financiar a constructores de vivienda para los derechohabientes. Este tipo de proyectos son propuestos únicamente por las direcciones sectoriales de trabajadores, y la empresarial, y así con presentados al Consejo de Administración para su autorización. No hay un estudio técnico, financiero, de ninguna índole, simplemente proponen una empresa para un desarrollo, se autoriza porque son dos terceras partes del Consejo y se aprueba”.

Al respecto, denunció que se identificaron 22 proyectos –autorizados entre 2017 y 2018– que no han sido concluidos y que presentan adeudos vencidos con el Infonavit, por 575 millones de pesos. “Adicionalmente a esto, existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos; esto como resultado de deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones”.

Explicó que en cuatro casos, las empresas recibieron más recursos a pesar de no haber construido las casas: “45 millones una, 22 otra, 9 millones otra, 5 millones otra, dinero adicional, ya no del Fondo directamente del Infonavit, sino de los créditos de los trabajadores. Es decir, sin haber construido la vivienda, se les otorgó crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar de su dinero”.

Otro caso de corrupción, dijo, es el de una red delictiva integrada por trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos valuadores, que se han coludido para otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Lo que podría asemejarse a un esquema ponzi.

“Con la revisión que llevamos al día de hoy, que no incluye 11 estados del país, se han detectado 12 mil créditos sobre mil 400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta cuatro veces cada una por año. Todo lo anterior –y ojo porque esto es importante– sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores cobrándoles hasta el 40 por ciento de sus ahorros para vivienda que, hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de mil 200 millones de pesos”.

Y expuso que el problema se ha detectado en todas las entidades que se han revisado: “en el Estado de México, 496 casas se vendieron 4 mil 130 veces. En Jalisco, 239 casas, las mismas, se vendieron 2 mil 37 veces. En Baja California, 205 casas se vendieron mil 696 veces. Y así sucesivamente, lo que nos da las mil 400 y las 12 mil ventas”.

Acerca del mecanismo que emplea esta red de corrupción, ejemplificó: “en el Estado de México tres notarios, con dos despachos de evaluación, con tres peritos valuadores, con tres controladores y seis trabajadores del Infonavit: vendieron 496 casas 4 mil 130 veces”.

Otro ejemplo de corrupción que puso Romero Oropeza es el de los desalojos. Recordó que, en 2019, el Infonavit informó a la Unidad de Inteligencia Financiera el pago de más de 3 mil 600 millones de pesos a cuatro despachos plenamente identificado, contratados para “recuperar vivienda por la vía judicial”. Práctica que, detalló, se eliminó desde el sexenio del presidente López Obrador.

El director del Infonavit explicó que, entre 2013 y 2015, los despachos, en contubernio con diversos funcionarios del Poder Judicial y notarios de Nayarit, realizaron juicios fraudulentos contra 60 mil derechohabientes. Y denunció que el Infonavit no recuperó ninguna vivienda y miles de derechohabientes fueron despojados de su vivienda sin un juicio justo.

Otro caso de corrupción que expuso fue el de la aseguradora Mapfre Tepeyac: “funcionarios del Infonavit contrataron ilegalmente un seguro de vida colectivo por 550 millones de pesos para los derechohabientes con crédito. ¿Por qué decimos que ilegalmente? Porque el Instituto, el Infonavit, ya cubre ese seguro. La cobertura en esa época era contra riesgos de fallecimiento de las personas acreditadas solo en caso de desastre natural y de pandemias –se adelantaron al Covid–, lo que hacía que esta póliza fuera incobrable. Es decir, su contratación fue fraudulenta y, ojo, sin el consentimiento de los trabajadores acreditados, y sin necesidad porque ya el Infonavit cubre eso”.

A la lista de irregularidades añadió el caso del padrón de viviendas nuevas: “en 2011, el Consejo de Administración de Infonavit autorizó convertirlo en un fideicomiso que le pertenece al Infonavit. Ese fideicomiso genera recursos porque la información que da el Registro Único cobra por la entrega de esta información; pero ese ingreso no debe ser calificado como una utilidad, toda vez que se debe reintegrar al ahorro de los trabajadores. En la sesión de julio de 2024, el Comité Técnico del RUV, donde participa el Sector Empresarial, y de Trabajadores, instruyó el pago de las utilidades del RUV”.

Al respecto, añadió: “en noviembre pasado, el director del RUV gestionó el pago como pago de utilidades. A pesar de que un servidor dio instrucciones de no hacerlo, se repartieron las utilidades. En esta administración, como resultado de eso, tres funcionarios han sido cesados y se están analizando las acciones legales correspondientes”.

Y concluyó con el tema de los sueldos: “el ingreso neto anual de la presidenta de la República anual es de 1 millón 992 mil pesos; esto es, mensual, vienen siendo 140 mil pesos, aproximadamente. Fíjense bien cuánto gana el director Sectorial de los Trabajadores: anual, 3 millones 255 mil pesos. Mucho más que lo que gana la presidenta: mensual 271 mil pesos contra 140 mil”.

Acerca de la Dirección Sectorial Empresarial, expuso que “el director tiene un ingreso mensual de 262 contra 140; y sus subalternos o los niveles inferiores, también con un ingreso neto mensual superior al de la presidenta de la República. En el caso del secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Infonavit, tiene un ingreso anual neto de 2.2 millones, que equivale a 185 mil pesos mensuales; superior al salario de la presidenta. Todo esto se paga con el ahorro de los trabajadores”.v

El gobierno federal continuará denunciando administrativa y penalmente los actos de corrupción que se detecten en el Infonavit, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Descartó además que se trate de un asunto político, por lo que remarcó que las reformas al instituto en realidad pretenden proteger el ahorro de los trabajadores, construir vivienda —en particular social— y transparentar la labor del organismo.

“Lo que estamos haciendo es proteger el ahorro de las y los trabajadores, contrario a lo que está diciendo la oposición que —señalan— que se quiere hacer una ‘apropiación’ de los fondos. ¡No, todo lo contrario! Se van a proteger los ahorros de los trabajadores y vamos a construir vivienda social de manera transparente, para que el Infonavit cumpla con su función que es el acceso a la vivienda”, enfatizó.

En la mañanera de este jueves, la mandataria federal acentuó que el instituto presentará las denuncias correspondientes, pero atajó a que el tema no es político, esto ante la insistencia de si hay ex directores generales señalados.

“Lo quieren hacer político, no, no es político, es un asunto de defensa del ahorro de los trabajadores. Ustedes están poniendo nombres, la mayor corrupción de lo que se habló ayer se dio en el último periodo de (Enrique) Peña Nieto, y otras que vienen de antes, de una visión del Infonavit de cobrarle y cobrarle a los trabajadores, que nunca acababan de pagar su deuda. Se van a presentar las denuncias que tenga que presentar el Infonavit”.

Insistió en que se propone cambiar la ley para que el director general del instituto pueda tener la rectoría del mismo —pues hoy no sucede así—, además para eliminar dos direcciones sectoriales “que no tienen sentido. (Y son) la de la representación empresarial y la sindical, y que siga siendo un organismo tripartida donde todos decidan, las organizaciones empresariales, las de los trabajadores y el gobierno”.

La jefa del Ejecutivo federal resaltó que quienes en su momento hicieron negocio con los recursos de los trabajadores, fueron los que han obstaculizado las auditorías y la fiscalización bajo el argumento de como se trata de fondos de los trabajadores, éstos son privados.

“Me refiero a las representaciones que no son gubernamentales y, en su momento, algunas representaciones gubernamentales no permitieron que hubiera auditorías. Esta investigación, y alguna que ya venía de la administración anterior, y ahora la que está haciendo Octavio Romero —actual director general— va a derivar en seguir informando lo que se está encontrando y las demandas penales que tengamos que presentar”.

Destacó que es muy relevante que la ciudadanía conozca estas irregularidades detectadas porque representaba un negocio privado que se dio en anteriores administraciones federales en el que “participaban representaciones empresariales y de los trabajadores”.

Inclusive, cuestionó: “¿Por qué el INAI, que tanto defendían, nunca hizo nada con el Infonavit? ¿O por qué no dicen que no permitían que entrara la Auditoría Superior de la Federación a hacer auditorías? No hay argumentos. Díganme un argumento que se haya dado de la oposición y sus dirigentes empresariales como el junior Claudio X. González, que tenga fundamento. Es un odio, una crítica… ¡Tremendo!”.

Antes de 2013, en el Infonavit se manejaba un esquema de pago por Veces Salarios Mínimos que hacían impagables los adeudos crediticios.

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum anunció que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) implementará el congelamiento del saldo y las mensualidades de 2 millones de créditos hipotecarios.

Según informó el titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, esta medida beneficiará únicamente a aquellos créditos otorgados antes de 2013, cuando los pagos estaban basados en el esquema de Veces Salarios Mínimos (VSM), que incrementaba las deudas de manera significativa, volviéndolas difíciles de pagar.

El funcionario explicó que, siguiendo las instrucciones de la presidenta Sheinbaum, se aplicará este congelamiento de saldos y mensualidades para mejorar las condiciones de los derechohabientes afectados por dicho esquema financiero.

Sheinbaum Pardo dio a conocer uno de los programas más ambiciosos en cuestión de vivienda, mismo que estará a cargo de Infonavit y la Conavi.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo anunció la implementación de un nuevo programa con el cual se busca construir un millón de viviendas, así como la regularización de escrituras y el mejoramiento de casas.

Según las palabras de la capitalina, serán un millón de viviendas nuevas, 450 mil mejoramientos y un millón de escrituras, lo que representará una inversión de 600 millones de pesos que generará 6.1 millones de empleos directos y 9.2 millones de empleos indirectos.

Entre las prioridades de Claudia Sheinbaum Pardo se encuentran:

Un millón de viviendas nuevas:

• Población vulnerable
• Atención del rezago habitacional
• Necesidades de vivienda por incremento demográfico
• Atención a familias en zonas de riesgo
• Población indígena
• Municipios con altos índices de inseguridad
• Municipios con necesidad de vivienda por proyectos prioritarios

450 mil Mejoramientos y ampliaciones:

• Zonas prioritarias con alto grado de marginación

Respecto a las características de las viviendas nuevas, se tiene que estas serán:

• Sin condiciones de riesgo (deslizamiento de laderas, pendientes pronunciadas, cercano a ríos, zonas inundables, fallas geológicas)
• Con servicios básicos (agua potable, drenaje y energía eléctrica)
• Cercanas a equipamientos y actividades económicas (educación, salud, cultura, deporte, recreación, entre otros)
• Próximas a vialidades primarias y secundarias
• Con áreas verdes, espacios abiertos y recreativos
• Acordes a las características familiares, culturales y al contexto

¿En qué consiste el programa de vivienda de Sheinbaum?

Por otro lado, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que por medio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se harán 500 mil viviendas nuevas del millón planeado; además de que se otorgaran más créditos a la población, se conformará una empresa constructora que disminuya los costos de venta y se implementará un programa de vivienda en renta con opción a compra.

En inmuebles propiedad del Infonavit se dispondrá de vivienda asequible en el esquema de arrendamiento en donde las rentas podrán abonar al pago de la vivienda si el derechohabiente decide adquirirla.

Puede ser aplicado en todo el país, orientado a población prioritaria:

• Derechohabientes sin acceso actual a crédito de vivienda

1. Mujeres jefas de familia
2. Jóvenes
3. Adultos Mayores

• Trabajadores independientes que se den de alta voluntariamente

Programa de vivienda beneficiará a población no derechohabiente

Respecto a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), esta se encontrará a cargo de las otras 500 mil viviendas con todos los servicios incluidos; además, se destinarán a personas con bajos ingresos, por lo que tendrán una tasa de interés en la financiación del cero por ciento.

Lo anterior significa que los pagos de la propiedad no serán mayores al 30 por ciento de los ingresos, por lo que se podrán pagar a un plazo de 30 años.

En el caso de Vivienda en renta para jóvenes, se sabe que del programa de Vivienda nueva,100 mil acciones se destinarán en vivienda en renta para jóvenes:

• Para las y los jóvenes que tengan la edad entre los 18 y 30 años
• Unidades Habitacionales cercanas a centros educativos y zonas industriales
• Departamentos con todos los servicios
• Temporalidad de renta de cinco años y podrá ampliarse hasta por dos años más
• Una renta asequible que no rebase el 30 por ciento del ingreso de las y los jóvenes trabajadores y para las y los estudiantes se realizara un estudio socioeconómico que determine la capacidad de pago

Finalmente, las escrituraciones estarán a cargo del Infonavit, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), quedando de la siguiente manera:

• 700 mil para Insus
• 200 para Infonavit
• 100 mil para Fovissste

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una serie de reformas constitucionales ambiciosas, entre las que destaca una iniciativa pionera para asegurar el derecho a la vivienda para todas las personas trabajadoras de México.

Esta medida busca obligar a empresas de sectores agrícola, industrial, minero, y otros, a contribuir a un fondo nacional de vivienda, garantizando así viviendas cómodas e higiénicas para sus empleados.

La reforma plantea que las aportaciones empresariales al fondo facilitarán el acceso a créditos asequibles para la compra o mejora de viviendas, marcando un hito en la política habitacional del país con un enfoque claramente social.

Además, este fondo permitirá la inversión en la construcción de viviendas, las cuales podrán ser adquiridas o rentadas por los trabajadores bajo condiciones favorables dictadas por la ley.

La propuesta del Presidente López Obrador incluye una incluye una propuesta revolucionaria que transformaría al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en una entidad capaz de construir y arrendar vivienda social.

El objetivo es romper el círculo vicioso generado por altas tasas de interés y una oferta limitada de viviendas, que no solo agrava la lucha contra la inflación, sino que también pone en jaque la economía de los trabajadores.

Así, las y los trabajadores podrán alquilar viviendas con la opción de compra tras diez años de renta, sin que la cuota mensual exceda el 30% de su salario. Este esquema busca aliviar la carga financiera y facilitar el acceso a la propiedad de vivienda.

Esta propuesta legislativa también prioriza el acceso a la vivienda para los trabajadores con mayor tiempo de cotización y aquellos sin vivienda propia, asegurando un impacto positivo en las poblaciones más vulnerables.

Este movimiento hacia una política habitacional más justa podría transformar el panorama de la vivienda en México, ofreciendo a los trabajadores no solo un lugar para vivir, sino la oportunidad de construir un hogar y mejorar su calidad de vida.

En caso de ser votada a favor por la oposición, la implementación de esta reforma de AMLO y la 4T será clave para su éxito, con la mirada puesta en un futuro donde el derecho a una vivienda digna sea una realidad para todos los mexicanos.

El panorama actual de la vivienda en México

México, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se encuentra entre los países con el mercado de vivienda más costoso, solo superado por los Emiratos Árabes Unidos. En 2023, el país experimentó un incremento del 4.72% en el precio de la vivienda, lo que refleja la urgencia de implementar medidas correctivas.

Además, según la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 del Inegi, más de tres millones de familias tienen dificultades para cubrir los gastos de vivienda, con un porcentaje significativo de ellas enfrentando problemas tanto en el pago de créditos como de rentas.

El fortalecimiento del Infonavit como constructor y arrendador de vivienda social no solo ofrece una luz de esperanza para los trabajadores de ingresos bajos, sino que también representa una oportunidad para los más jóvenes de encontrar opciones habitacionales adecuadas.

Elegibilidad y Condiciones para los Inquilinos

Para calificar para este programa, los trabajadores deberán haber contribuido al Infonavit durante al menos un año, poniendo énfasis en aquellos con mayor antigüedad en sus trabajos y que aún no poseen una vivienda. Esta medida pretende priorizar a los empleados más necesitados, asegurando que aquellos sin un hogar propio sean los primeros en beneficiarse.

Impacto de la Reforma de AMLO

Con esta reforma, el gobierno busca no solo mejorar el acceso a la vivienda para los trabajadores, sino también estimular la economía y generar empleo.

Al otorgar al Infonavit mayores facultades para la construcción de viviendas, se espera fortalecer la oferta habitacional y, por ende, contribuir al bienestar general de la población trabajadora.

La propuesta ahora espera la revisión y aprobación del Congreso de la Unión, con la expectativa de que se traduzca en acciones concretas que beneficien a millones de trabajadores en México, ofreciéndoles no solo un lugar para vivir, sino también la oportunidad de construir un patrimonio para sus familias.

Aquí puedes leer la reforma de AMLO en materia de vivienda