Por Luis Tovar

Entre la clase política que fue perdiendo presencia e injerencia en la vida pública, quizá fueron los ligados al poder económico los que más resintieron el repudio de los millones de electores que otorgaron su confianza a la Cuarta Transformación. Algunos de ellos optaron por atrincherarse en negocios turbios, manteniendo un bajo perfil que les permitiera beneficiarse de los contratos de gobierno sin hacer tanto ruido. Otros prefirieron apostarle abiertamente a la confrontación, pensando que podrían contribuir a un imposible triunfo de la oposición. Y otros, no pocos, habría que decirlo, optaron por tatuarse la camiseta del morenismo para adentrarse lo más profundo posible en la vida interna de ese partido, incluyendo la administración pública.

De estos tres casos, los primeros siguen nadando «de a pechito» en los pasillos del poder legislativo y del ejecutivo, con operadores que dedican tiempo completo a obtener las mejores oportunidades para sus principales jefes, ya sea comprando voluntades o cobrando favores. Aquí, el cabildeo no sería en sí un problema si la participación de las empresas fuera justa, pero, como se ha visto en muchos casos, la corrupción desde dentro sigue permeando, sobre todo cuando se ha permitido que espacios de decisión queden en manos de alguno que solo sirve al interés de quien lo colocó y no al proyecto como tal. La fórmula para erradicarlo es sencilla: basta con poner orden y revisar con lupa la actuación de cada quien. Y si no, para muestra está el botón del Sistema Nacional Anticorrupción.

El segundo caso pudiera ser el menos dañino. En un sistema democrático, es normal que un grupo de cualquier naturaleza política dedique sus energías (y recursos) a cuestionar u oponerse al proyecto de la 4T. Al final de cuentas, de eso se trata la participación y para eso sirven los distintos foros de expresión.

Sin embargo, el tercer caso es el más temible de todos, ya que el chapulineo se hace presente por todos lados sin que se vea por dónde se cerrará la puerta morenista a esta nueva clase política que ha venido emergiendo con fuerza desde el comienzo del mandato de López Obrador. Lo preocupante es que algunos de ellos inciden directamente en el acontecer partidista desde dentro, pero lo peor está por venir, pues ahora comenzarán una etapa de desdoblamiento que les permitirá tener mayor alcance, justo cuando está en puerta el proceso para la constitución de nuevos partidos políticos, como lo prevé la ley.

Entre todos los grupos que buscan hacerse de un partido político a partir del próximo año, los más cuestionables serán, sin duda, los que manifiestan cierta identidad con la 4T. Paradójicamente, aquellos que provienen de fuerzas contrarias u opositoras tienen perfectamente definida su estrategia: se sabe cuál es su ideología y no hay duda de que su principal bandera es oponerse a todo lo que signifique el obradorismo o su continuidad con Sheinbaum a la cabeza del movimiento. Pero quienes dicen estar del lado de la Cuarta Transformación son, en algunos casos, los que siembran la duda acerca de sus verdaderas motivaciones.

Por ello, resulta incomprensible que morenistas con afiliación busquen crear un nuevo partido. No porque se cuestione su derecho a hacerlo, mucho menos si su postura frente al actuar partidista queda de manifiesto. Lo cuestionable es que forman parte de las estructuras que fortalecen la burocracia partidista por encima de programas y principios. Eso es lo que se critica.

Una vez más, la crítica es a la dirigencia. No basta con emitir comunicados de la Comisión de Honor y Justicia amagando con iniciar procesos de expulsión. Hace falta fajarse por completo y comenzar una purga antes de que el caballo de Troya se adentre aún más.

Por Miguel Ángel Ferrer

¿Sabrá Martí Batres, director general del ISSSTE, que desde el pasado mes de octubre personal de su equipo de trabajo les está exigiendo, con engaños y amenazas, a varias decenas de empleados de ese Instituto la presentación de la renuncia al empleo que desempeñan?

En realidad, la presentación forzada de la dicha renuncia es un velo para disfrazar un despido injustificado. Pero ocurre, y Martí Batres debería saberlo, los despidos injustificados están prohibidos por la ley y son éticamente inaceptables. Y más injustificados y menos aceptables éticamente en un gobierno que se precia de estar al servicio del pueblo, es decir, de los trabajadores.

Es entendible que un gobierno, cualquier gobierno, tenga necesidad, por cualquier razón, de prescindir de los servicios de un empleado o de miles de empleados. Hacerlo es su derecho. Pero no es su derecho hacerlo arbitrariamente y en contra de la ley.

Para hacerlo legalmente tiene que otorgar al empleado despedido la indemnización legal correspondiente. Hasta donde sé, tres meses de salario y doce días por año.

Los trabajadores a punto de ser despedidos afirman no estar aferrándose al empleo o al salario. Sólo demandan que sean respetados sus derechos constitucionales. Y que no los echen a la calle como se hacía en el viejo y podrido régimen del PRIÁN.

Se entiende que no es fácil erradicar del ISSSTE la corrupción y los abusos y malas prácticas heredados del viejo régimen. Y máxime, si como a todos nos consta, muchos priistas y panistas han logrado colarse en Morena y en el gobierno de la Cuarta Transformación.

Pero Martí Batres no es de esos. Es un joven y antiguo luchador social que hoy encarna los esfuerzos por la mejoría y la moralización del ISSSTE. Mejoría que, como a todos nos consta, es un hecho evidente y palpable en los últimos seis años.

Pero, según se ve, esa mejoría en los servicios no está siendo acompañada por la moralización de los directivos del Instituto.

Esta moralización es una tarea ímproba. En su consecución ya fracasaron algunos de los mejores cuadros de la Cuarta Transformación, como Pedro Zenteno, Bertha Alcalde y la mismísima Rosa Icela Rodríguez, hoy secretaria de Gobernación del gabinete de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ahora le toca a Martí Batres “agarrar al toro por los cuernos”, y lograr que los viejos vicios, la inmoralidad y el agandalle del pripanismo desaparezcan definitivamente del ISSSTE.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que “quienes apostaban a la impunidad” en el caso Ayotzinapa fueron sorprendidos por los avances que se han hecho en las investigaciones emprendidas por su gobierno y que gracias a que se decidió actuar a tiempo, se impidió que funcionarios “infiltrados” de la Fiscalía General de la República (FGR) evitaran que se detuviera al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Agregó que se actuará contra quienes desde dentro de la FGR o su Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa intentaron descarrilar las investigaciones. “Si se tiene pruebas, sí” se procederá, afirmó en su conferencia de prensa mañanera.

En Palacio Nacional, el mandatario dijo que luego que en agosto recibió el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas, e instruyó que se procediera de inmediato a buscar las órdenes de aprehensión contra los funcionarios y militares señalados en el documento como participantes en la desaparición de los estudiantes, empezó “una rebelión” al interior de la Fiscalía.

“Lo que querían era que, por ejemplo, no se detuviera al procurador Murillo Karam”, dijo el mandatario.

“Ahora se avanzó y no lo esperaban los que estaban apostando a la impunidad. La verdad, fueron sorprendidos, porque se estaba simulando y no se actuaba, estaban buscando que pasara el tiempo”, dijo el mandatario.

“Pensaban que no íbamos a hacer nada. Se sentían hasta seguros los que habían participado, ya sea en el primer momento, la primera etapa, que fue la desaparición de los jóvenes, y los que participaron en la segunda etapa, que fue la del encubrimiento. Había un pacto de silencio. Y poco a poco se fue avanzando y cuando no lo esperaban, llegó un informe a mi escritorio de Alejandro Encinas y le dije vamos a actuar. Y como ya teníamos el acuerdo público, aún con la independencia y autonomía de poderes, de que se había cometido una gran injusticia, un crimen de Estado, y que teníamos que actuar de manera conjunta y cooperar la Fiscalía y el Poder Judicial, pedí una reunión con el fiscal (Alejandro Gertz Manero), con el presidente de la (Suprema) Corte (de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar), y se entregaron los informes”, narró el mandatario.

“Entonces ellos, de manera especial el fiscal (Gertz Manero), tomó el informe y casi de manera directa cuidó que se judicializaran los casos que venían en el informe”, agregó. Pero dijo que había en la FGR “muchos infiltrados” que “cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde, que se habían solicitado las órdenes de aprehensión de las personas que aparecían en el informe”.

“Cuando se enteran (los infiltrados), aún cuando ellos llevaban los casos, se negaron a firmar, hubo una rebelión, eso fue lo que sucedió, y sin embargo, se fue hacia adelante y en la desesperación, esa es mi hipótesis, quisieron dinamitar el proceso ampliando la lista de los presuntos responsables, pensando de esa manera que si eran cinco o seis militares (los señalados en el informe), le agregaban 20 más, yo iba a decir “no, párenle”, y si eran 15 funcionarios, le agregaban diez más”.

La Jornada