Mientras Humberto Moreira –ahora empresario inmobiliario y constructor– se preparaba para dirigir el PRI y el partido para recuperar la Presidencia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos envió a México una investigación sobre sus actividades sospechosas en ese país.

SALTILLO, Coah (Proceso).– Una solicitud del Departamento del Tesoro de Estados Unidos complicó que las autoridades mexicanas investigaran las operaciones que el mismo Departamento calificó como sospechosas de parte de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y exlíder nacional del PRI, partido del que fue expulsado en 2017.

A 12 años de que se inició la averiguación previa por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la clasificación de información reservada y confidencial del expediente que envió el Departamento del Tesoro a la Unidad de Inteligencia Financiera; ésta afirma que todavía se encuentra bajo investigación y forma parte de una carpeta.

El gobierno estadunidense giró instrucciones a su homólogo mexicano de no usar el contenido como elemento probatorio en procedimientos civiles, administrativos o penales. El expediente denominado “Intelligence Fincen Case 2012/PD122589”, enviado por Estados Unidos durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, se integró a la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/M-II/267/2012 que derivó en el no ejercicio de la acción penal.

El documento formó parte de las diligencias realizadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales en dicha averiguación, a cuya versión pública tuvo acceso el Border Hub: Periodismo de Investigación de la Frontera Norte. El 9 de febrero de 2012 la UIFremitió a la dependencia federal el oficio 110/H/142/2012 que contenía el expediente.

“El cual contiene información relacionada con Humberto Moreira Valdés; información que se proporcionó en idioma inglés, por lo cual se giró oficio al director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, solicitando la intervención de peritos en materia de traducción”, señala el oficio. 

El documento, titulado “Informe de Inteligencia”, contiene una narración de hechos que fue ocultada por la Unidad de Transparencia de la FGR, al igual que los resultados de la base de datos financiera, informe de transacciones de divisas y otro de actividades sospechosas, además del anexo de antecedentes y las restricciones de su uso.

“La información contenida en este informe no puede difundirse fuera de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la PGR y no debe usarse como material probatorio presentado ante el tribunal ni en ningún otro procedimiento formal sin el consentimiento previo por escrito de la Fiscalía de Delitos Financieros”, establece el documento que las autoridades de Estados Unidos hicieron llegar y se integró a la citada averiguación previa tres meses después de que se abrió. 

En marzo de 2017 el exgobernador declaró que no existían en su contra investigaciones en Estados Unidos y ofreció documentos a esta reportera, los cuales nunca entregó.

Investigaciones hacia cercanos de Moreira 

Cuando Estados Unidos envió el informe de actividades sospechosas en noviembre de 2011 Moreira era gobernador con licencia, y en marzo de 2012 se convirtió en dirigente nacional del PRI, cargo en el que permaneció hasta diciembre de ese año y a pocos meses de que se iniciara la campaña de Enrique Peña Nieto rumbo a la Presidencia. 

En Coahuila ya había protestas ciudadanas por la deuda contratada durante su gobierno y que ascendía a más de 33 mil millones de pesos, reconocida y reestructurada por el Congreso estatal en 2011 y cuyo destino, se considera por las autoridades norteamericanas, fueron diversas inversiones ilícitas en dicho país.

Mientras el Departamento del Tesoro impide el uso del informe sobre dudosas actividades del exgobernador coahuilense, exfuncionarios del gobierno de Humberto Moreira Valdés y empresarios cercanos a él están sujetos a investigaciones en dicho país.

Uno de ellos es el empresario de medios electrónicos Rolando González Treviño, quien se declaró culpable de delitos de lavado e hizo señalamientos contra el exgobernador de Coahuila en torno a que manejó de manera ilegal los recursos públicos. 

A la fecha, el exgobernador de Coahuila no ha sido señalado como responsable de delitos ante una corte de Estados Unidos, aunque su nombre se mencionó en los procesos a exfuncionarios en dicho país, como en el de Héctor Javier Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas y responsable del Servicio de Administración Tributaria (SATEC), quien recibió el nombramiento de manos de Moreira en julio de 2008 para permanecer en el cargo 12 años.

De él también existe un informe similar al de Moreira Valdés, denominado “Suplemental Report”, y otro titulado “Inteligent Report Fincen Case 2012/PD122483”, con información de actividades sospechosas de Vicente Chaires Yáñez, quien trabajó en el mismo gobierno de Coahuila. 

Villarreal Hernández se declaró culpable y se le aseguraron propiedades y cuentas bancarias con dos millones 275 mil 544.41 dólares en Las Bermudas, de acuerdo con una base de datos generada por el sitio Iniciativa de recuperación de activos Robados del Banco Mundial. 

Aún está a la espera de la sentencia por el delito de conspiración para lavado de dinero que, de acuerdo con las autoridades estadunidenses, procedía del erario de Coahuila y era parte de la deuda obtenida con documentos falsificados por el exfuncionario y cuando se elaboró el informe del Departamento del Tesoro.

Este caso está relacionado con quien sustituyó a Moreira en el último año de su gobierno: Jorge Juan Torres López, quien permaneció por meses entre los más buscados por la Agencia Antidrogas (DEA) y fue extraditado y procesado por lavado procedente de transacciones financieras a cambio de sobornos en la adjudicación de obras en Coahuila. Fue sentenciado a 36 meses de prisión, los cuales ya cumplió.

No supe de informe: Federico Döring

El diputado de extracción panista en la Ciudad de México Federico Döring Casar aseguró que no tuvo conocimiento de los informes que envió el gobierno estadunidense a las autoridades mexicanas y quienes determinaron el no ejercicio de acción penal en las denuncias que presentó ante la entonces PGR contra Chaires Yáñez y Moreira Valdés. Fue él quien presentó la denuncia por enriquecimiento ilícito siendo senador.

“Nunca tuve acceso al expediente en la PGR, porque cuando lo solicitaba me decían que estaban esperando el informe de Estados Unidos, así que el documento que refieres nunca lo conseguí”, dijo. 

En las indagatorias derivadas de los procesos a empresarios y exfuncionarios de Moreira Valdés salió a relucir una mansión valuada en 602 mil dólares que se registró a nombre de la suegra del exmandatario, Herminia L. Martínez de la Fuente, que formó parte del esquema de lavado y pago de sobornos de Luis Carlos Castillo Cervantes, alias el Rey de los Dragones, de acuerdo con el testimonio del empresario lagunero en una corte de Texas, Guillermo Flores Cordero, quien explicó el modus operandi y el cual fue desmentido por el exmandatario coahuilense y exlíder nacional del PRI.

El suegro de Moreira Valdés, Jaime Guerrero, reconoció que la residencia fue asegurada por las autoridades estadunidenses y luego subastada. Así lo dijo el periodista Efraín González, quien proporcionó la entrevista para esta investigación.

Incongruencia de Estados Unidos

El representante del Consejo Cívico de las Instituciones en la Laguna, Marco Zamarripa, cuestionó que el departamento del Tesoro de Estados Unidos limite el uso de la información que tiene sobre políticos mexicanos.

“Es una incongruencia: sí facilitan información. Sin embargo, te dicen que no puede ser usada para una investigación, para utilizarla en un juicio, en la corte, y si quieres utilizarla, pues sería con la autorización de la Unidad de Inteligencia del Tesoro de Estados Unidos”, señaló.

Dijo que hay un área de oportunidad para mejorar la relación entre ambos países y se sancione a quien comete algún delito, en lugar de censurar las actuaciones de las autoridades mexicanas.

Maestros del sector inmobiliario y…

La familia Moreira Valdés está formada por Rubén Ignacio, Humberto, Carlos Ariel, Elisa Evangelina, Iván, Álvaro y Montserrat. Todos tienen estudios en la docencia, principalmente, aunque son más reconocidos por actividades dentro del sector público o sindical.

En el gobierno de Humberto, 2005- 2011, la familia creó diversas empresas relacionadas al sector de la construcción, entre otros.

En 2008 su hermano Iván y su sobrino Eduardo Alberto Ramos Moreira –hijo de su hermana Elisa Evangelina– crearon la empresa Construcciones Desarrollo y Suministros IMMER. Según el Folio Mercantil Electrónico 28848 aún se encuentra vigente.

Un año después creó Munchix Empacadora y Procesados en sociedad con su cuñado y esposo de Monserrat, Jesús Hermilo Pader Menchaca, quien fue dirigente del extinto partido Nueva Alianza y durante las administraciones de Humberto y Rubén Moreira participó en los procesos electorales aliado con el PRI. La empresa fue disuelta nueve años después.

Pader Menchaca aparece también como integrante en la sociedad con Rubén Ignacio Moreira Valdez, exgobernador de Coahuila y hoy coordinador de la fracción priista en la Cámara de Diputados, de la empresa Transportes Trenex que se registró en el municipio de Santiago, Nuevo León, en abril de 2008; luego cambió de domicilio al municipio de Frontera, donde autoridades de ese municipio coahuilense aseguran que jamás operó ahí. La empresa fue liquidada meses después.

La actividad primordial era la transportación de todo tipo de carga en el tiempo que se incrementó la presencia del crimen organizado en el noreste del país, pero también se registraron como objeto social otras áreas, entre ellas la construcción de obra pública y privada.

Los Pader han mantenido una relación muy estrecha con otros Moreira, como son los sobrinos de los dos exgobernadores: los hermanos Eduardo Alberto y Álvaro Ramos Moreira, con quienes crearon en 2010 la empresa Lombricarium S. de P.R. de R.L.

Álvaro Ramos Moreira también es socio en la empresa Santa Elena GreenHouse, en la que participan políticos prisitas allegados a Humberto: Jericó Abramo Masso y Eduardo Olmos Castro; el primero diputado federal que busca la reelección y el segundo secretario de Desarrollo Regional de la Laguna en el gobierno de Manolo Jiménez Salinas. La compañía fue liquidada en marzo de 2013.

En 2012, fuera Humberto del gobierno, Iván se unió con su hermano menor Álvaro, hoy diputado local por el PRI, para crear la empresa Gigi Desarrollos, en la cual también participaron Mario Segundo González Rodríguez y su hijo Mario Alberto González García.

La constructora lotificó el fraccionamiento Candelarias, cuyos predios formaron parte de bienes asegurados a Juan Chapa Garza, relacionado con Juan García Abrego, a quien se adjudicó la fundación del Cártel del Golfo.

Chapa Garza, también identificado como José Luis García Treviño, era dueño del Grupo Aztlán dedicado al sector de la construcción. Fue detenido por los delitos de lavado en 1991 y extraditado a Estados Unidos. Al recuperar la libertad, reclamó las propiedades aseguradas por la entonces PGR.

Sobre el caso, Álvaro Moreira cayó en contradicciones durante una entrevista el 15 de marzo del presente año. Inicialmente negó haber tenido una empresa relacionada con el sector de la construcción y posteriormente, antes de que un grupo de lideresas del PRI le facilitaron la oportunidad de irse a bordo de su vehículo, el diputado local manifestó que tuvo unas acciones, pero las vendió.

Luego, a través del área de prensa del Comité Directivo Estatal del PRI, envió copia de la escritura pública en la cual se protocolizó el acta de la Asamblea General Ordinaria en la que los hermanos Iván y Álvaro se retiraron de la asociación.

En el caso de Carlos Ariel, hoy secretario de Desarrollo Educativo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aparece en el Registro Público de la Propiedad como quien inició trámites del Folio Mercantil Electrónico 553110 a nombre de Sistema Nacional de Ahorro y Previsión para los Agremiados al SNTE, una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de responsabilidad limitada de capital variable. En la base de datos no aparece más información porque no se concluyó con el pago de derechos para la inscripción.

Dicha nominación empresarial aparece también como parte de los organismos auxiliares “que asisten al sindicato”, de acuerdo con el artículo 126 de los estatutos del SNTE, entre los que se encuentran fideicomisos e instituciones financieras diversas.

Los socios de Humberto Moreira

Mario Segundo González Rodríguez y Mario Alberto González García han tenido una relación muy cercana a Humberto Moreira. Padre e hijo fueron los dueños, desde 2005 hasta 2012, de la empresaUnipolares y Espectaculares del Norte, y con las cuales el exgobernador comprobó que tenía ingresos de procedencia lícita cuando en 2016 fue detenido en el aeropuerto internacional de Barajas en Madrid, España. 

También en 2012 el exgobernador y exlíder nacional del PRI adquirió las acciones de la empresa Negocios, Asesoría y Publicidad Nuevo Milenio, que fue creada en 2007 y cuyos dueños eran Marco Aurelio Morales Müller y Samuel Rodríguez Martínez; éste último durante los años siguientes apareció como dueño de diferentes medios de comunicación, una área que también se le atribuye a Moreira Valdés en las investigaciones que se siguen en Estados Unidos a Villarreal Hernández.

Ambas empresas, Unipolares y Nuevo Milenio, ampliaron su objeto social en 2017 para convertirse en empresas dedicadas a la lotificación y construcción de vivienda y fraccionamientos campestres.

Después de salir libre de España, Humberto Moreira se asentó en el municipio de Arteaga, donde asegura que se dedica a trabajar bajo el sol. Ahí construye los fraccionamientos Villalba, San Joaquín, San Eduardo y Santa Elena Residencial, además de empezar otro proyecto denominado Alta Vista, para los cuales consiguió los cambios de uso del suelo agrícola a densidad alta y media. 

Los pobladores del lugar consideran que está comprando las tierras a muy bajo precio para vender las residencias hasta en seis mil pesos el metro cuadrado. Nadie quiso hacer declaraciones públicas por temor a represalias y el presidente municipal de Arteaga, Ramiro Durán García, rechazó atender la petición de entrevista pactada a mediados de febrero.

Apenas en agosto del año pasado creó la empresa Nuevo Milenio Saltillense con 98% de las acciones y el resto en manos de quien fuera su secretaria particular, Guadalupe Rodríguez. En 2019 creó la empresa Cahoxe.

Su legado en el sector mobiliario lo siguen sus hijos Rubén Humberto y Joaquín, quienes tienen acciones en las empresas Los Tres Encinos y Villas de la Vid.

Otro miembro, pero por el lado materno de la familia de maestros dedicados a la política y al sector inmobiliario es Francisco Xavier Flores Valdez, quien desde los 24 años figura como prominente empresario en diferentes áreas de la actividad productiva: actividades relacionadas con producciones y medios visuales, transporte de carga, y hasta en el sector salud, además de que naturalmente en el sector de la construcción e inmobiliario.

De 2008 a la fecha ha creado 10 empresas, en una de las cuales fue socio de Héctor Javier Villarreal Hernández, quien además fue testigo en la boda con Anabel Torres Leza, quien fuera funcionaria en la Secretaría de Finanzas bajo el gobierno de Moreira Valdés.

En 2008 creó las empresas XAVAC en Monterrey y Tracoah, dedicadas a la comercialización de predios de cualquier tipo. En la primera de ellas se invirtieron 50 mil pesos, pero en la segunda se destinó un capital social mínimo de un millón 200 mil pesos, aportados por él y otras tres personas.

Al año siguiente creó las empresas Conexo, Dos Sentidos Entertaiment, en Saltillo, y Confecciones DS, en Monterrey, y teniendo como socio a Villarreal Hernández. En cada una se registró un capital social de 50 mil pesos.

En 2010 el joven creó Dos Sentidos Media, también con 50 mil pesos, pero en Plenitud Centro Coahuilense de Hemodiálisis destinó con otros dos socios 750 mil pesos

En 2019 abrió la empresa Coviro, también con 50 mil pesos, y en julio de 2022 registró Vineyard San Antonio, con la misma cantidad.

A Flores Valdez se le mencionó en varias ocasiones como parte del grupo de personas investigadas en Texas en 2013, pero las autoridades estadunidenses no le fincaron cargos por un presunto depósito de 6.5 millones de dólares en un banco de ese país.

Camino de opacidad

Para esta investigación se solicitó a la FGR y a la UIF el contenido del informe elaborado por Estados Unidos. La primera respondió que el documento no existía y luego del recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información, aceptó tenerlo, pero lo clasificó como información reservada y confidencial que al hacerse pública puede causar “daño al honor”.

El INAI pidió elaborar una versión pública y la FGR entregó el documento tachado en su mayor parte, aunque el instituto de transparencia consideró que no se generarían afectaciones de ese tipo porque se determinó el no ejercicio de acción penal. 

Sin embargo, el nombre de Moreira Valdés sale a relucir en los procesos que se siguen a sus exfuncionarios y amigos en Estados Unidos, quienes entregaron propiedades y recursos depositados en cuentas bancarias diversas y paraísos fiscales, de acuerdo con documentos de la Corte del Distrito Sur de Texas.

En el caso de la UIF ésta informó que desconoce si hay investigaciones abiertas en la FGR y a las cuales se integró dicho informe.

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists

REVELAN TRAMA DE PRESUNTA CORRUPCIÓN

El analista español Alvise Pérez reveló una investigación en la que informa sobre los pagos recibidos por el juez Pedraz y por el abogado Baltazar Garzón.

Forbes y MÁS retomamos esa investigación; a continuación los nuevos datos sobre el caso.

El juez español Santiago Pedraz recibió dos pagos cada uno por 300 mil euros luego de liberar al ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira, de acuerdo con una investigación publicada en exclusiva por el analista español Alvise Pérez y retomada por Forbes México.

Los pagos recibidos por el juez español provienen de la firma mexicana PLC Servicios, una empresa considerada como fantasma por las autoridades fiscales y la cual fue contratada por el Gobierno del Estado de Coahuila durante el sexenio de Rubén Moreira.

Humberto Moreira fue liberado en enero de 2016, mientras que el juez Pedraz recibió el primer pago el 28 de marzo de 2016 y el segundo pago el 11 de abril del mismo año, ambos realizados a través de Citibanamex

El investigador Alvise Pérez presenta copias de las presuntas fichas oficiales que amparan el traspaso de esos recursos y publica datos que revelan los antecedentes de PLC servicios, sus vínculos en el caso Odebrecht y la contratación de esa firma por parte de la administración encabezada por Rubén Moreira.

La investigación revela también que el propio Humberto Moreira, su hijo Rubén Humberto y la empresa Unipolares y Espectaculares del Norte habrían pagado más de un millón de euros al abogado español Baltazar Garzón, también durante el 2016.

Pérez revela los reportes que la empresa del propio Garzón entregó a la autoridad española y en ellos aparecen los pagos recibidos en 2016.

Baltazar Garzón, quien mantiene una relación de amistad con el juez español Santiago Pedraz, habría sido parte de la defensa de Moreira, de acuerdo con lo que se ha publicado en la prensa española.

En tanto Manuel Ollé Sesé, quien, si aparece oficialmente como abogado de Humberto, recibió un pago de 119 mil euros de parte de la empresa de Garzón.

Es decir, de los pagos que habrían efectuado Humberto Moreira, su hijo y la empresa Unipolares y espectaculares del norte, solo el 10 por ciento se pagó al abogado oficial y el resto se habría quedado en manos de la empresa de Garzón.

Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, testificó que Genaro García Luna pagó 25 millones de pesos al mes en sobornos a El Universal, para limpiar la imagen del ex secretario de seguridad pública.

Villarreal, quien trabajó para Humberto Moreira cuando era gobernador de Coahuila, le presentó al entonces secretario de Seguridad de Felipe Calderón.

En una reunión García Luna le ofreció al gobierno de Chihuahua la compra del programa Pegasus, pero supuestamente Moreira se negó por temor a que el programa fuera utilizado por el propio García Luna para espiar a sus funcionarios.

También se detalló que García Luna le pidió ayuda a Moreira para tener acercamientos con El Universal, para tener una cobertura favorable ante los rumores de que había sido secuestrado por integrantes del crimen organizado.

El acercamiento funcionó, pero a cambio de una mensualidad de 25 millones de pesos. El exsecretario de Finanzas testificó que estuvo presente cuando se realizó el arreglo, en el que participó el dueño del periódico Juan Francisco Ealy Ortiz.

A lo largo del interrogatorio el exfuncionario confirmó que él mismo operó el esquema financiero para obtener los recursos para estos sobornos.

El testigo presentó una factura de la Secretaría de Finanzas y El Universal por una campaña para rescatar al turismo, por 11 millones de pesos, la cual presuntamente nunca existió.

Nueva York. Genaro García Luna acordó pagar 25 millones de pesos mensuales al dueño del periódico El Universal para contrarrestar “rumores” sobre los vínculos del entonces secretario de Seguridad Pública con integrantes del cártel de Sinaloa, declaró un testigo cooperante, quien dijo haber participado en el arreglo, así como en un esquema de corrupción encabezado por el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, que generó 200 millones de dólares en fondos ilícitos.

Héctor Villarreal Hernández, ex secretario de Finanzas de Coahuila, se presentó ayer en el juicio de García Luna. Contó que, junto con Moreira, en un viaje oficial a la Ciudad de México en 2009, vieron por segunda ocasión al titular de Seguridad Pública.

Según la declaración, en ese encuentro García Luna preguntó al gobernador si conocía a personas en El Universal, ya que le preocupaba que circularan en algunos medios “rumores de que había sido secuestrado” y que “estaba relacionado con algunas gentes del cártel”.

Moreira, afirmó el testigo, le respondió a García Luna que “era muy buen amigo del dueño” del rotativo y que “lo acercaría” con él “sin ningún problema”.

El dueño de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, era “compadre” de Moreira, declaró Villarreal. Añadió que él y su jefe lo habían visto varias veces, tanto en la capital como en Saltillo.

El testigo aseguró que llegaron a un acuerdo por el que se le pagarían 25 millones de pesos mensuales al diario, para contrarrestar las versiones de otros medios de que García Luna estaba relacionado con el narcotráfico y para reportar que “la Secretaría de Seguridad Pública hacía un buen trabajo para el gobierno y para la ciudadanía”.

Dinero en maletas

El testigo indicó que fue enviado a México por Moreira para ayudar en la entrega de uno de los pagos. Contó cómo acompañó a Sergio Montaño, un asistente de García Luna, a las oficinas de El Universal, para cerrar el trato. Montaño llegó con una pequeña maleta llena de efectivo e informó que el resto del pago estaba en la camioneta en la que iban.

Villarreal, bajo la guía de interrogatorio por la fiscal Erin Reid, informó que en una ocasión se usaron fondos del estado de Coahuila para completar un pago al rotativo a nombre de García Luna, después de que el secretario les solicitó ayuda en el trámite.

“Yo di las instrucciones” para pagar 10 millones de pesos y para que se elaborara una factura que no se registrara en las cuentas oficiales, relató el declarante.

Expuso que él mismo había guardado en una caja facturas “inconsistentes” como ésa, un documento que fue mostrado al jurado en la corte.

La factura dice que el destinatario es “El Universal Compañía Periodística Nacional”. El concepto es “publicidad de campaña de rescate del turismo 2009” y está fechada el 24 de junio de 2009 por el monto de 11 millones 500 mil pesos.

Preguntado por qué el total era más alto que los 10 millones que se solicitaron, explicó: “Los 1.5 millones es de impuestos que se aplican en México”.

Otras reuniones

La fiscal le preguntó si había visto a García Luna en otras ocasiones y Villarreal contestó que él y su jefe fueron a un departamento “de lujo en el penthouse” de un edificio en Santa Fe, en la capital, donde se reunieron varios hasta la madrugada. Ahí (el ex funcionario) le agradeció a Moreira “porque todo estaba funcionando bien”.

En otra ocasión, sostuvo Villarreal, llevó a su jefe a una casa de García Luna en Cuernavaca, “porque le iba dar un ride por helicóptero” al gobernador.

La primera vez que Moreira y Villarreal se vieron con García Luna, contó el testigo, fue en 2008, cuando fueron a México a solicitar fondos para programas de seguridad pública en Coahuila.

La segunda ocasión fue cuando García Luna los invitó a recorrer un edificio de alta seguridad, conocido como El Búnker, donde les mostraron la recolección de inteligencia de todos los estados en tiempo real y el monitoreo e intervención de comunicaciones celulares con el programa Pegasus.

Interrogado si compraron el programa, Villarreal señaló que no. “No queríamos que nos estuvieran escuchando a todos los que estábamos en el gobierno”. Aseveró que fue al concluir esa segunda visita que García Luna les pidió ayuda en la relación con El Universal.

Trama en Coahuila

Villarreal comenzó su declaración identificándose primero como ex subsecretario de Presupuesto y después secretario de Finanzas de Coahuila a partir de 2005, por nombramientos del gobernador Moreira.

Agregó que ahora es un testigo cooperante, que espera sentencia en Texas. Se entregó a las autoridades estadunidenses en 2014, llevando sólo su caja de facturas y un servidor lleno de datos. Se declaró culpable de conspiración para el lavado de dinero ese mismo año. Quedó libre bajo fianza y llegó a un acuerdo de cooperación con los fiscales estadunidenses.

Describió los delitos financieros que cometió junto con su jefe, el gobernador Moreira, a través de comisiones ilícitas y sobrefacturación de obras públicas en el estado, y que el esquema de corrupción generó unos 200 millones de dólares entre 2006 y 2011.

Moreira se quedó con unos 40 millones y Villarreal y otros siete colaboradores ganaron 2.5 millones cada uno, indicó el testigo. Añadió que los beneficiados gastaron sus ganancias en la compra de propiedades, como casas en Cuernavaca o en la playa. Confesó que tenía pequeños centros comerciales, inmuebles y un Mercedes McLaren, entre otras inversiones.

El testigo informó que también compraron medios e “hicimos pagos a muchos medios”, tanto del estado como a nivel nacional, con el propósito de “tener una mejor imagen”, hacer favores a quienes apoyaban y “perjudicar” a otros.

Interrogado sobre qué hizo después de la conclusión del periodo del gobernador, Villarreal recordó que fue asesor de Moreira cuando era presidente del PRI.

Casi al final, Villarreal fue preguntado si conocía a Édgar Veytia, ex procurador de Nayarit. Respondió que conoció al jefe del mencionado, el gobernador Roberto Sandoval, en 2011.

Veytia ha sido señalado como posible testigo en este juicio.

Embajador en el banquillo

En este octavo día de audiencias con testigos y presentación de evidencias en el juicio de García Luna, el último declarante fue Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015.

El diplomático testificó que conocía al acusado y que había participado en entre 10 y 20 reuniones con él, incluso varias con delegaciones de funcionarios y políticos estadunidenses que visitaban México, interesados en los avances en la cooperación sobre seguridad.

Fue preguntado sobre la peculiar manera de hablar del acusado, aparentemente para demostrar que las reuniones con altos funcionarios estadunidenses con el entonces secretario de Seguridad Pública eran rutinarias.

Con información de La Jornada y SinLínea

Por: Eduardo Rodríguez

Dedicado ahora a sus negocios inmobiliarios y, a sus 55 años no muy bien llevados, a juzgar por el gran cambio físico que muestra, Humberto Moreira reapareció en un acto público en Saltillo, el pasado 18 de mayo, sólo para ratificar lo que la mayoría de la gente no cree en Coahuila: que la relación con su hermano mayor, Rubén, es de odio; una historia cainita que viene desde hace por lo menos 10 años.

Humberto pareció salir a pasear sus odios y rencores, personales y políticos, que lo mantienen en la desgracia política desde que fuera presidente nacional del PRI, en lo que fue la campaña por la presidencia de la república de Enrique Peña Nieto, al que ahora llama traidor y, por lo menos en eso, vaya que tiene razón en más de un sentido.

Pero lo que llamó la atención de los medios fueron las declaraciones familiares del muy controvertido exgobernador, quien se dio a la dulce tarea de declarar que su cuñada: Carolina Viggiano Austria, esposa de su hermano Rubén y candidata a la gubernatura del estado de Hidalgo, va a perder contra el candidato de Morena por un margen de dos a uno, nada más, y, para amarrar el agravio, llenó de virtudes y elogios a Julio Menchaca, candidato de Morena, quien se convirtió así en inteligente, honrado, preparado y demás adjetivos, con lo cual la ofensa para la cuñada fue con abundancia de adjetivos.

Eso, por sí solo, es bastante escabroso, tratándose de su cuñada, pero añadió más veneno a la relación de odio con su hermano, afirmando que a las cuñadas no se les escoge, que él escogió a su esposa y su esposa lo escogió a él, pero que ni a los mismos hermanos se les escoge.

Así o más feo.

Dice San Agustín que el rencor envenena el alma y sólo hace daño al que lo sufre, y debe ser cierto, porque este Humberto Moreira que reapareció en el evento luctuoso del exgobernador Eliseo Mendoza Berrueto, no es ni la sombra de aquel joven que asumió la gubernatura hace un poco más de 16 años, cuando todavía no debería tener ni 40 años.

Todo en él parece haber envejecido, aunque sólo tenga 55 años de edad, pero finalmente cada quien carga las consecuencias de sus actos, lo que no es sino justicia poética.

RevistaCoahuila

De acuerdo con fuentes de Político MX, las declaraciones de Humberto Moreira a favor del candidato de Morena a la gubernatura de Hidalgo, Julio Menchaca, fue la señal que esperaba una buena parte del priismo en Hidalgo para concretar su salida del otrora partidazo

Nos cuentan que mientras el gobernador Omar Fayad ha puesto a buena parte de su administración a apoyar a Morena en los comicios, la estructura partidista inconforme con la designación de Carolina Viggiano solo esperaba un pretexto. 

Con ello, nos afirman, la experiencia en operar políticamente en el territorio está del lado de Morena y el triunfo de Menchaca se antoja cada vez más inminente.

¿Qué sucedió? Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y hermano de Rubén Moreira, esposo de Carolina Viggiano, candidata del PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Hidalgo, aseguró que Menchaca (Morena) ganará la elección el próximo 5 de junio.

¿Qué se dijo? “En Hidalgo va a ganar Julio Menchaca, no se hagan bolas, Julio Menchaca 2 a 1. Julio Menchaca, un hombre honesto, preparado… Es responsable, honesto, preparado, bien capacitado, seguramente hará un excelente trabajo Julio Menchaca como gobernador”.

Con información de PolíticoMX

Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, se lanzó nuevamente contra su cuñada Carolina Viggiano, candidata del PRI-PAN-PRD al gobierno de Hidalgo y su hermano Rubén Moreira. Aseguró que son capaces de todo con tal de ganar la elección.

En el contexto de las próximas elecciones en el estado de Hidalgo, los hermanos Moreira han protagonizado un enfrentamiento. Por un lado, Rubén Moreira apoya a su esposa, Carolina Viggiano, y por el otro Humberto Moreira, quien ha manifestado su apoyo a Julio Menchaca, el candidato de Morena.

En un vídeo difundido en redes sociales, Humberto Moreira pidió a Morena y a los hidalguenses cuidar la elección ante un posible fraude de los priistas.

En un vídeo difundido en redes sociales, Humberto Moreira pidió a Morena y a los hidalguenses cuidar la elección ante un posible fraude de los priistas.

El ex dirigente nacional del PRI afirmó que existe la posibilidad de que su hermano Rubén Moreira, líder de ese partido en la Cámara de Diputados, y su cuñada Carolina Viggiano, cometan delitos electorales.

“Me permito hacer una sugerencia a Julio Menchaca y a todos; cuiden la elección, esta gente es capaz de todo, son los reyes del fraude electoral en México y están en Hidalgo, son capaces de hacer cualquier cosa, de traer gente rara para intimidar. Ese día hay que pedir el apoyo de la Guardia Nacional para que cuide la elección, (son capaces) de comprar votos, de hacer promesas que no van a cumplir, de tratar de comprar representantes de casilla, representantes generales, de hacer un fraude electoral. No lo permitan”.

Por su parte, días atrás el legislador del partido tricolor, Rubén Moreira, había acusado a su hermano de ser el asesor financiero del candidato morenista para Hidalgo. Acusación que en el mismo vídeo Humberto Moreira desmintió.

“Hace unos días, el esposo de la candidata del PRI en Hidalgo, de manera burlona se refirió a mí como asesor financiero del candidato de Morena, Julio Menchaca, no es así, no soy su asesor, soy simpatizante de él, soy un hombre que ve que en el Estado de Hidalgo pueden tener al mejor gobernador, que es Julio Menchaca”.

Finalmente, el exgobernador se refirió a su hermano y su esposa como capaces de todo para obtener la victoria en las próximas elecciones.

“Lo digo yo porque conozco perfectamente bien al esposo de la candidata y a la candidata y sé de lo que son capaces, de convertir a Hidalgo en un Estado lleno de balaceras, de muertos, de ejecuciones extrajudiciales, un Estado donde se robarían la tranquilidad de todos los hidalguenses, un Estado donde se fugarían los recursos que son del pueblo. Estos ruines son capaces de hacer cualquier cosa, lo que sea, para robarse la elección, no se dejen, hidalguenses, el triunfo es de Morena y de Julio Menchaca”.

Con información de Polemón

Por Gerardo Lozano.- En este año de 2022 se cumplirán diez años de que Rubén Moreira, como gobernador de Coahuila, formalizara la deuda heredada por su hermano Humberto Moreira y el interino de éste: Jorge Torres López.

Viendo los números con frialdad, el daño que le provocaron los Moreira a Coahuila se agiganta, porque lo más grave es que ha resultado un daño permanente que mantendrá en una precariedad económica las finanzas públicas del estado por toda esta década y la próxima si el gobierno federal no hace algo al respecto, y está bien claro que no hará nada, por lo menos ése es el oscuro panorama que se percibe hoy.

Por los candados legales que tiene esta deuda es imposible hacer modificaciones para obtener, por ejemplo, una quita sustancial de intereses, incrementando el pago del capital. La única instancia que tiene el poder de cambiar este esquema es el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero aún así el tema es muy delicado.

Algunos políticos panistas siguen manejando el problema de esta deuda, pero con el propósito de sacar beneficios políticos, porque no tienen ninguna propuesta concreta de solución.

Si se le ve en retrospectiva, el gobierno panista de Felipe Calderón, a través de su secretario de Hacienda, debió haber parado el endeudamiento que estaban realizando algunos gobernadores entre el 2010 y el 2012, más en el caso de Coahuila, cuando el destino de esa deuda no tenía una justificación sustentable en obra pública o infraestructura. Había información para haber tomado decisiones e impedir primero la adquisición de gran parte de esa deuda y, segundo, su formalización, cuando inclusive había inconsistencias legales graves.

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OPERAR HACIENDO MILAGROS

Al poner a los gobiernos estatales sucesivos la obligación de un pago de deuda a largo plazo por 4 mil 544 millones de pesos anuales, estos tienen que operar en una precariedad que llega casi al extremo, a lo que se suma el hecho lamentable de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está castigando financieramente a Coahuila.

Contra lo que puede pensarse de que un gobernador tiene que justificar a su antecesor por ser del mismo partido, esto no funciona así, porque al momento de que alguien asume al poder se vuelve completamente independiente, más si el antecesor goza de un gran desprestigio y rechazo social, como es el caso de los hermanos Moreira.

La única relación posible es la irritación y el encono, al tener que gobernar con una estrechez financiera de tal magnitud, limitando la realización de nuevos proyectos, arrastrando tensiones e impidiendo desplegar una obra propia de una magnitud razonable.

En estas circunstancias se tiene que ser sumamente disciplinado y operar con un orden financiero espartano, priorizando al máximo cada peso del que se dispone para inversión, una vez que se cubren todos los renglones de gasto que están ya institucionalmente comprometidos.

Para cubrir los compromisos de un año, ordinariamente se ha tenido que contraer créditos a corto plazo que son cubiertos en el ejercicio siguiente, para evitar incrementar la deuda a largo plazo; administrar con dificultades el pago a proveedores y enfocarse básicamente a programas de tipo esencial.

LOS NÚMEROS

Coahuila contará en este año con un presupuesto de egresos por 56 mil 888 millones de pesos, pero al cual tiene que restarle el 8% por el pago de la deuda, algo realmente complicado que sigue moviendo a la indignación.

Según documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas, a cargo de Blas Flores Dávila, se tiene una deuda total de 38 mil 226 millones de pesos, integrada de la siguiente manera: mil 860 millones de pesos compuestos por seis créditos a corto plazo y 36 mil 277 millones de pesos compuestos por cinco créditos a largo plazo.

De acuerdo con la misma Secretaría de Finanzas, estos créditos simples de corto plazo fueron por insuficiencia de liquidez de carácter temporal.

Al corte del mes de diciembre de 2021, Coahuila debía a Banco Azteca 183 millones 333 mil pesos, mientras que a Banorte se le debía mil 275 millones de pesos derivado de dos créditos.

Al banco HSBC 100 millones, a BBVA 181 millones 900 mil pesos y a Santander 120 millones.

De los cinco bancos con los que se tiene adeudo, son Banco Azteca y Banorte los que se llevarán mayor pago de intereses con 6 millones 864 y 42 millones 545 mil pesos.

Esta deuda a corto plazo se ha ido liquidando cada año y es indispensable para poder operar el aparato gubernamental, de otra forma se presentaría una parálisis, especialmente en el último trimestre de cada periodo anual, el problema realmente es esa gigantesca herencia de deuda a largo plazo.

Dentro y fuera del priismo lo que hicieron los hermanos Moreira es indefendible y sus consecuencias, a diez años del endeudamiento, se han vuelto más difíciles de sobrellevar debido a las políticas de recortes presupuestales que lleva a cabo el gobierno de la 4T, pues Coahuila no es el único estado que se encuentra en tal situación, pero sí de los más castigados, tomando en cuenta que es uno de los estados más productivos del país y genera una aportación fiscal mucho más importante que estados que si están siendo apoyados financieramente.

DEUDA A LARGO PLAZO

El Gobierno de Coahuila tiene una deuda de 36 mil 366 millones de pesos a largo plazo, son créditos con plazos de 20, 25 y 30 años.

Con el banco Multiva se tienen dos créditos a largo plazo por 10 mil 995 millones 331 mil pesos y 4 mil 997 millones 878 mil pesos.

Mientras que a Banobras se le deben dos créditos más de 8 mil 946 millones 412 mil pesos y 3 mil 471 millones 430 mil pesos.

Al banco Banorte se le deben 7 mil 955 millones 637 mil pesos. Cabe mencionar que, a diferencia de los créditos a corto plazos, los de largo plazo fueron heredados por compromisos crediticios de las pasadas administraciones a cargo de Humberto Moreira, Jorge Torres y Rubén Moreira.

Como se puede observar, el propietario del 33% de la deuda a largo plazo de Coahuila es Banobras, con 12 mil 417 millones de pesos, un banco que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo cual un tercio de los intereses que se pagan los está ingresando el mismo gobierno federal.

Otro dato significativo es que el banco Banorte es propiedad de Carlos Hank, heredero de la dinastía Hank González, cuyo padre es el fundador del llamado Grupo Atlacomulco, del cual surgió Enrique Peña Nieto y ya es bien conocida la relación política de Humberto Moreira con dicho clan político, como lo es el inocultable pacto de AMLO para no tocar a los políticos cercanos a Peña Nieto, mucho menos a quienes maniobraron para el financiamiento de su campaña electoral del 2010 al 2012.

Con base en una estimación per cápita, los cinco estados más endeudados del país son, de mayor a menor: Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila y Ciudad de México, gobernados respectivamente por Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y MORENA.

El único que ha recibido un apoyo es la Ciudad de México, que tiene una deuda de 84 mil 201 millones de pesos, y es también el único gobernado hasta ahora por MORENA.

Coahuila destinará 470 millones de pesos para cubrir adeudos de ejercicios fiscales anteriores en este 2022.

La composición de esta deuda bancaria no se ha especificado en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso Local; sin embargo, este adeudo no causa intereses.

Cabe mencionar que cada año se destina una parte de los recursos públicos para solventar estos deberes financieros, pero en esta ocasión se registró un incremento en el monto a destinar. De acuerdo con el presupuesto de Egresos 2021, este recurso pasó de 300 millones a 470 millones de pesos.

A DETALLE

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2022 publicado por el Congreso Local, de los 5 mil 674 millones de pesos destinados a pago de deuda, 649 millones 78 mil pesos se aplicarán a costos por coberturas, 10 millones 239 mil pesos a gasto de deuda interna, 2 mil 595 millones 456 mil pesos al pago de intereses y mil 949 millones 325 mil pesos a la amortización de la deuda.

Aunado a ello, se suman los 470 millones de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

Fuente Revista de Coahuila