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El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Gobierno de México compró nueve de 12 hospitales concesionados en sexenios anteriores bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), que significó afectaciones al erario público por el pago de costosas rentas anuales establecidas en contratos de más de 20 años.

En conferencia de prensa matutina explicó que la federación priorizó en todo momento el diálogo y los acuerdos con empresarios, quienes aceptaron la propuesta de adquisición y el avalúo de los inmuebles por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). 

“Vamos a comprar nueve hospitales, todos los que se tenían contratados de esta manera; nueve se van a dejar pagados, se recuperan. (…) Quiero agradecerle a los empresarios de estos servicios de salud porque aceptaron los acuerdos; entendieron que son otros tiempos, no nos fuimos al pleito, no expropiamos, ellos no se cerraron sino se buscó el acuerdo. (…) Hay que reconocer porque si nos vamos al pleito, pues se iba a llevar mucho tiempo, no resolvíamos y esto fue lo mejor, un acuerdo”, subrayó el mandatario.  

Resaltó que la operación busca devolver al pueblo de México bienes privatizados a lo largo de 36 años del periodo neoliberal. Este proceso de nacionalización, de regreso a lo público, beneficiará al IMSS Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

El mandatario sostuvo que bajo el modelo de APP “privatizaban las ganancias y se socializaban las pérdidas”. 

La directora general del ISSSTE, Bertha María Alcalde Luján, puntualizó que la dependencia a su cargo tiene cuatro de los nueve hospitales concesionados a la iniciativa privada, de los cuales, la empresa PRODEMEX ya firmó el primer convenio de compra del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell, en Tabasco.

En tanto, continúa la negociación con las empresas GIA, Sacyr e INVEX / Grupo Ortíz para la Clínica Hospital Mérida, en Yucatán; Hospital General Tláhuac, en la Ciudad de México y el Hospital General Aquiles Calles Ramírez, en Nayarit. 

Sobre el proyecto de recuperación del ISSSTE, el jefe del Ejecutivo destacó que el Gobierno de la Cuarta Transformación revierte las condiciones de decadencia y saqueo del periodo neoliberal que afectaron al instituto.

Reiteró que se privatizó de manera silenciosa servicios básicos como camillas, ambulancias y laboratorios a partir de diferentes redes de corrupción en las que estuvieron involucrados políticos, directores y altos funcionarios de la institución.

“Imagínense cómo estaba la situación que le pedimos a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (Rosa Icela Rodríguez Velázquez) que nos ayudará a coordinar el esfuerzo para limpiar y recuperar, rescatar al ISSSTE”, expresó. 

El presidente López Obrador puntualizó que las instituciones de salud federales consolidan convenios de coordinación e integración de servicios de primer nivel y atención a infartos, diabetes, cáncer y emergencias para garantizar que derechohabientes y población sin seguridad social accedan a su derecho a la salud.

Con esta medida, dijo, si un derechohabiente del ISSSTE vive en una comunidad apartada como La Montaña de Guerrero, podrá acudir a una de las más de 11 mil clínicas del IMSS Bienestar o IMSS en el régimen ordinario.

Un estudio realizado en Reino Unido, reveló que cuando el Estado subcontrata y paga a hospitales privados para atender a la población, como propuso Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, la tasa mortalidad “tratable” aumenta.

Fue la periodista y académica, Viri Ríos, quien difundió dicho estudio publicado en la revista The Lancet, una de las publicaciones sobre ciencia médica más importantes alrededor del mundo. Los autores, Benjamin Goodair y Aaron Rivers, realizaron este estudio mediante la observación del comportamiento Servicio Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés) de Reino Unido después de que en 2012, se intensificó la presión para que el servicio público de salud inglés, subcontratara la prestación de servicios de proveedores estatales a proveedores privados con fines de lucro.

Esto es algo muy similar a lo propuesto por Gálvez Ruíz, quien apostó su estrategia de salud a que si un servicio médico no puede ser cumplido por el gobierno, este debe pagar (subcontratar) a un hospital privado para que lo realice. Vale la pena resaltar, que no es la primera candidata neoliberal que propone dicho plan, y este ha sido considerado como el inicio de la privatización de la salud.

Según el estudio de los académicos ingleses, en Reino Unido la subcontratación de hospitales privados por parte del estado aumentó considerablemente en 2013. Año que coincide con el aumento anual de muertes tratables, es decir, causas de muerte que pueden evitarse principalmente mediante intervenciones oportunas y eficaces, como la prevención y el tratamiento.

“Desde 2013, el número anual de muertes tratables en Inglaterra ha aumentado, rompiendo la tendencia de disminución de la mortalidad de los 10 años anteriores. Para calcular qué parte del aumento de la mortalidad tratable podría explicarse por la subcontratación”, exponen Goodair y Rivers.

Finalmente, el artículo científico concluye que, con base en dos análisis sobre la calidad de la atención médica “pagada por el estado” y los tipos de subcontratación asociados a los aumentos de mortalidad. Según este análisis, no hay relación entre los resultados de salud generales de la población y el aumento de mortalidad, por lo que el factor determinante es la subcontratación de servicios médicos.

“Nuestros hallazgos sugieren que la relación observada entre la subcontratación y la mortalidad tratable no es producto de los resultados de salud generales de la población, sino que está más directamente asociada con la calidad de los servicios de atención médica”, asegura el estudio.

Xóchitl Gálvez ha propuesto durante su campaña que si el gobierno no tiene algún medicamento, o no puede realizar alguna operación, cirugía o intervención, esta se realice en un hospital privado con cargo al erario público. Para ello, dijo Gálvez, se tendrá una tarjeta llamada “Mi Salud“, con la cuál se podrán pagar los tratamientos.

Los contratos leoninos de los nueve hospitales que el gobierno de López Obrador busca comprar benefician a seis consorcios, entre ellos el de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari; el de Olegario Vázquez Aldir –dueño de Grupo Imagen–, y el de la familia Servitje, del Grupo Bimbo. En el primer caso, la empresa GIA+A tiene dos contratos por 11.7 mil millones; en el segundo, Prodemex ostenta tres contrataciones por más de 40 mil millones de pesos; y en el tercero, Marhnos, con 4 mil millones. Los otros beneficiarios son: Ortiz Construcciones en sociedad con Grupo Invex (más de 21 mil millones); las españolas Sacyr –12.5 mil millones– y Acciona –3 mil millones–. Los avalúos demuestran que el sobrecosto de los nueve nosocomios es de 1 mil 789 por ciento, pues aunque valen apenas 5 mil 200 millones, la administración federal está obligada a pagarles 93 mil 817 millones de pesos. Las contrataciones se hicieron en los sexenios de Fox, Calderón y Peña bajo la figura de asociación público privada, uno de los múltiples eufemismos de la privatización.

Un cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, el dueño de un medio de comunicación, empresarios expertos en hacer pan y en especulación financiera, así como trasnacionales españolas son los beneficiarios de los contratos leoninos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca renegociar, para dejar de pagar sobrecostos multimillonarios, inmorales e injustificables. Sin embargo, los seis consorcios implicados se resisten a vender esas minas de oro: nueve hospitales privatizados en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Y es que los nueve nosocomios les representan ganancias multimillonarias a costa del erario de la nación, e incluso de forma indebida: los avalúos ordenados por el presidente de la República demuestran que el sobrecosto de esas contrataciones es de 1 mil 789 por ciento, pues aunque apenas valen 5 mil 242 millones 182 mil pesos, la administración federal está obligada a pagarles 93 mil 817 millones de pesos en 25 años.

El esquema ha sido tan abusivo y ventajoso, que el costo real de todos los hospitales ya fue saldado y varias veces. No obstante, como si de un barril sin fondo se tratara, el gobierno está obligado a pagarles, año con año, una cantidad similar o superior al monto invertido en su construcción. Más aún, en seis casos el propio erario les financió las obras mediante créditos de Banobras o recursos del Fonadin.

Al amparo del poder, los seis consorcios se hicieron del lucrativo negocio mediante un esquema de asociaciones público privadas –eufemismo de la privatización–, y a pesar de que la administración federal les ha ofrecido pagarles un precio justo por esos hospitales–basado en el avalúo máximo–, éstos han respondido que prefieren renegociar los montos para seguir chupando dinero del erario nacional. Ante el claro abuso, otra vía para el gobierno federal sería expropiárselos, pero el presidente López Obrador negó que vaya a hacerlo.

El 13 de septiembre, el primer mandatario reveló en su conferencia matutina que los dueños de los seis consorcios le mandaron decir que ellos prefieren negociar una disminución en la tarifa; y aprovechó para responderles que no, “porque, aunque le bajemos la mitad, de todas maneras es mucho”. Y cuestionó: “¿ustedes creen que es correcto, es justo, es moral? Máxime si los que reciben estos contratos están vinculados de una u otra forma al gobierno; si esto es producto de influyentismo, si tiene que ver con el manejo de medios de información o de manipulación”.

Ello, porque detrás de las contrataciones se encuentran, por ejemplo, la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura (Prodemex), propiedad de Olegario Vázquez Aldir (dueño de Grupo Imagen, Hospital Ángeles y Hoteles Camino Real); y la compañía Constructora y Edificadora GIA+A, presidida por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo con información del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), en la lista de empresas beneficiadas también están: las españolas Sacyr y Acciona; las empresas Marhnos –de la familia Servitje; Ortiz Construcciones y Proyectos y el Grupo Invex.

Los hospitales

Los abusos en estas contrataciones se evidencian en los pagos indebidos que las empresas obtienen año con año. Tan sólo el pago anual de este 2023 asciende a 5 mil 651 millones de pesos por esas contrataciones, monto que supera en 400 millones de pesos el costo total real que arrojó el avalúo: el valor máximo de los nueve hospitales apenas asciende a 5 mil 242 millones 182 mil pesos. Esto es que en un año se pagan.

De acuerdo con la información del gobierno federal, dos de esos hospitales corresponden al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuatro al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y tres a la Secretaría de Salud.

1. Hospital General Regional en Tapachula, Chiapas (IMSS).

Identificado con el folio APP‐019GYR040‐E24‐2017, este contrato benefició a las empresas Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura –de Vázquez Aldir– y a Infraestructura & Healthcare, representadas por José Manuel González Hernández.

De acuerdo con el gobierno federal, el monto total del contrato asciende a 17 mil 364 millones de pesos, a pesar de que su precio máximo –según el avalúo– apenas asciende a 603 millones 107 mil pesos. Este año, el consorcio que encabeza Prodemex va a cobrar 633 millones como pago anual por arrendamiento; es decir, 30 millones de pesos más de lo que en realidad costaría comprarlo.

Así, la empresa de Vázquez Aldir cobró su costo real en 2017, año cuando entró en operaciones; y de ahí en adelante ha obtenido puras ganancias a costa del dinero del pueblo. Y en caso de que los empresarios se resistan a vender, la renta –“el IMSS pagará una contraprestación al desarrollador privado por la disponibilidad de los servicios, con cargo a su presupuesto multianual autorizado”, señala Banobras– se tendrá que pagar hasta 2042. Esto es: 24 años de saqueo al erario nacional.

El nosocomio de segundo nivel tiene una capacidad de 180 camas censables, 36 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas y ocho quirófanos, con una superficie construida de 26 mil 813 m2. Y según Banobras, “los servicios médicos son proporcionados por personal del IMSS”. Es decir, Prodemex solo renta el cascarón.

Y por si eso no fuera bastante, además al dueño de Grupo Imagen se le financió la obra con dinero del pueblo de México. De acuerdo con la banca de desarrollo, se trató de un “proyecto con participación financiera o apoyo de Banobras y/o Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin)”.

Es por ello que el presidente López Obrador acusó el pasado 13 de septiembre que los medios están muy enojados con su gobierno, y mencionó específicamente los casos de Imagen y El Financiero, pues en el primer caso –dijo– hacía jugosos negocios en el sector salud; y en el segundo caso, con las cárceles cuando Genaro García Luna –preso en Estados Unidos por haberse asociado con el Cártel de Sinaloa– comandaba la Secretaría de Seguridad, en el sexenio de Calderón.

2. Hospital General de Zona de Bahía de Banderas, Nayarit (IMSS).

El contrato por 25 años que favoreció también a Prodemex en sociedad con Infraestructura & Healthcare, tiene un costo total por 15 mil 161 millones de pesos, a pesar de que comprarlo representaría apenas una inversión pública de 372 millones 176 mil pesos, indica el avalúo máximo. Al igual que el caso anterior, por renta, este año las empresas se embolsarán más dinero de lo que vale: 585 millones de pesos.

Identificado con el folio APP‐019GYR040‐E2‐2017, para la construcción de este hospital de segundo nivel la empresa de Olegario Vázquez Aldir ni siquiera invirtió el total del dinero requerido: los datos oficiales indican que el proyecto se realizó “con participación financiera o apoyo de Banobras y/o Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin)”.

El nosocomio tiene una capacidad de 144 camas censables, 35 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas y siete quirófanos, con una superficie construida de 22 mil 301.06 m2. Mientras que la banca de desarrollo apunta que los servicios médicos son proporcionados por personal del IMSS.

3. Clínica Hospital en Mérida, Yucatán (ISSSTE).

Este es el tercer negocio redondo para la iniciativa privada, con una vigencia de 25 años –de 2016 a 2041–. Aunque al gobierno federal le costaría únicamente 212 millones 641 mil pesos adquirir su propiedad, está obligado a pagar un total de 5 mil 85 millones de pesos por su renta en el periodo. Tan sólo este año desembolsará 304 millones de pesos por el arrendamiento, cifra que representa 91 millones 386 mil pesos más que su costo real máximo, según el avalúo oficial.

El contrato APP-019GYN006-E3-2016 se asignó a favor de Constructora y Edificadora GIA+A, empresa que preside Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Salinas de Gortari, y contó –como las obras anteriores– con financiamiento público de Banobras o el Fonadin.

Según los datos de la banca de desarrollo, la unidad médica de segundo nivel cuenta con una superficie de construcción de 14 mil 240.00m2, y una capacidad de 18 consultorios, tres quirófanos, un quirófano en tococirugía, 66 camas censables, 15 camas de observación en urgencias, camas no censables en terapia intensiva, tococirugía y unidad quirúrgica. Mientras que la prestación de los servicios médicos es proporcionada por el personal del ISSSTE.

Sal cuestionar el origen de la molestia que sienten los dueños de los medios de comunicación con el gobierno federal, el presidente López Obrador señaló: “¿quiénes hacían los negocios en el sector Salud, los negocios más jugosos en el sector Salud? Entre otros, los cuñados de Salinas de Gortari, los Gerard. Ni modo que el Reforma hable de esto. ¿Saben que los Gerard construían hospitales que cuestan mil millones y recibieron contratos para que se les paguen por un hospital de mil millones, 20 mil millones? Así como se los estoy planteando. Los dueños de la televisora donde está Ciro [Grupo Imagen, de Vázquez Aldir], igual. El dueño de El Financiero [Manuel Arroyo] construye, o reconstruye porque hasta lo inauguró creo Calderón con García Luna, un penal en Papantla, Veracruz, y hay que pagar miles de millones de pesos porque privatizaron los penales”.

El primer mandatario agregó: “entonces, cuando ya no se permiten estas cosas se ponen enfurecidos y esa es la explicación de fondo. Ya no pueden robar, porque no es hacer negocio, es robar. Entonces, a robar a otra parte, ahora tenemos que cuidar el presupuesto público porque es dinero de todos”.

4. Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México (ISSSTE).

También financiado por el erario a través de Banobras o el Fondo Nacional de Infraestructura, este nosocomio benefició a Sacyr Concesiones y Sacyr Concesiones México, filiales de la trasnacional española Sacyr, presidida por Manuel Manrique Cecilia; y a Prestadora de Servicios Alencastre, consorcio representado por Juan Carlos Pérez Rivero.

Comprar este hospital le costaría al gobierno federal 1 mil 128 millones 694 mil pesos, pero la modalidad de contratación como asociación público privada lo obliga a pagarle al consorcio –en un plazo transexenal de 25 años: de 2017 a 2042– 12 mil 524 millones de pesos. En 2023, la renta asciende a 700 millones de pesos, monto que cubriría el 62 por ciento del pago total por su adquisición.

Esta unidad médica cuenta con 32 especialidades, 35 consultorios, ocho quirófanos, seis servicios auxiliares de diagnóstico y nueve servicios auxiliares de tratamiento, medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría, urgencias, terapia intensiva. En este caso las empresas tampoco están obligadas a prestar los servicios médicos, pues esos corresponden al ISSSTE.

5. Unidad que sustituye al Hospital General Doctor Aquiles Calles Ramírez, en Tepic, Nayarit (ISSSTE).

Identificado con el folio APP-019GYN006-E5-2017, el contrato benefició a Ortiz Construcciones y Proyectos –presidida por Juan Antonio Carpintero López–; Invex Grupo Infraestructura (encabezado por Jorge Zapata Alvarado); Invex Infraestructura Salud; y Corporativo de Hospitales. El avalúo máximo revela que si el gobierno federal lo comprara, el costo es de 586 millones 86 mil pesos. No obstante, está obligado a pagar 21 mil 475 millones de pesos por esa misma unidad médica en un periodo de 23 años (de 2017 a 2040).

Tan sólo este 2023, el ISSSTE debe pagarle a esas empresas 1 mil 476 millones de pesos por la renta. La cifra supera en 889 millones 914 mil pesos el costo real de la edificación. Además de esta injusticia para el dinero del pueblo, con el propio erario se financió la obra: el Banco Nacional de Obras y Servicios reconoce que este proyecto se construyó “con participación financiera o apoyo de Banobras y/o Fondo Nacional de Infraestructura”.

La unidad médica de segundo nivel tiene una superficie de construcción de 26 mil 570.79m2, y una capacidad de 150 camas censables y 59 camas no censables, con 32 especialidades médicas, 35 consultorios de especialidades, siete quirófanos, seis auxiliares de diagnóstico y ocho auxiliares de tratamiento. “Las prestaciones de los servicios médicos serán proporcionadas por el personal del ISSSTE”, indica el reporte de Banobras.

6. Hospital General en Villahermosa, Tabasco (ISSSTE).

Este proyecto financiado por Banobras y/o el Fonadin benefició a Prodemes –de Vázquez Aldir– y a Infraestructura & Healthcare, con un contrato que obliga al gobierno federal a pagarles 8 mil 344 millones de pesos por este hospital –durante 23 años: de 2017 a 2040–, cuando en realidad comprarlo costaría apenas 515 millones 630 mil pesos.

En este 2023, el ISSSTE debe pagar por su renta 446 millones de pesos, cifra que representa el 86.4 por ciento del valor máximo que pagaría la administración federal por su adquisición.

La unidad de segundo nivel de atención se construyó sobre un terreno de 50 mil m2, y cuenta con 90 camas censables y 58 no censables, así como 35 especialidades médicas; con consulta externa en 41 consultorios, cinco quirófanos y farmacia. Y como en los otros casos, “es responsabilidad del ISSSTE brindar los Servicios de Atención Médica a sus derechohabientes”.

7. Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Tamaulipas, “Bicentenario 2010” (Secretaría de Salud).

El proyecto que data del gobierno de Felipe Calderón (2007), benefició a la empresa Marhnos, propiedad de Nicolás Mariscal Servitje e Ignacio Mariscal Servitje (también consejeros de Grupo Bimbo) con un contrato que tiene vigencia hasta 2032. Si el gobierno lo comprara en este momento, pagaría por ese hospital un monto máximo de 629 millones 284 mil pesos, y no los 4 mil 109 millones que está obligado a dar por su arrendamiento.

Tan sólo en 2023, la Secretaría de Salud debe saldar 531 millones de pesos por la renta, cifra que cubriría el 84 por ciento de lo que en realidad vale. Su capacidad instalada de acuerdo con Banobras es de 94 camas censables, 95 no censables, nueve quirófanos, 35 consultorios de especialidad y uno de telemedicina, 26 especialidades médicas, 14 especialidades quirúrgicas, ocho subespecialidades quirúrgicas y cuatro unidades de especialidad médica de apoyo. “El personal médico es responsabilidad de la Secretaría de Salud”.

8. Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y Unidad de Apoyo (Secretaría de Salud).

Se trata del proyecto más antiguo: se adjudicó en el sexenio de Fox (2005), y está vigente hasta 2030. Este contrato favoreció a la española Acciona –que preside José Manuel Entrecanales Domecq–. Si se comprara en este año, el erario de la nación pagaría 587 millones 660 mil pesos.

No obstante, la contratación leonina implica un gasto total de 3 mil 131 millones de pesos. Y sólo en 2023, la obligación de pagarle a Acciona 354 millones de pesos por el arrendamiento.

Este nosocomio cuenta con 184 camas censables, 63 camas no censables, y cartera de servicios. Al igual que con los casos anteriores, “los servicios médicos serán proporcionados por personal de la Secretaría de Salud”.

9. Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y Unidad de Apoyo (Secretaría de Salud).

Éste es otro proyecto que data del gobierno calderonista (2009), y que benefició Constructora y Edificadora GIA+A, de Hipólito Gerard Rivero, así como a las españolas Assignia Infraestructuras y Eductrade. Vigente hasta 2033, este contrato asciende a 6 mil 624 millones de pesos, cuando el costo real del nosocomio es de apenas 606 millones 904 mil pesos.

Este año, la administración federal debe pagar por la renta 622 millones de pesos, cifra que implica 15 millones de pesos que el monto que se pagaría por su compra total.

La capacidad instalada es de 246 camas censables y 202 no censables, cuenta con 36 consultorios, 14 quirófanos y una unidad de apoyo. Al igual que los demás, “los servicios médicos serán proporcionados por personal de la Secretaría de Salud”.

A pesar de los abusos, el presidente López Obrador les envió un mensaje el pasado 13 de septiembre: “no te vamos a expropiar tu hospital, no te vamos a dejar sin nada, vamos a hacer un avalúo, lo que vale tu hospital, con todos sus equipos, todo, todo, todo, y te lo pagamos, y tú tienes ahí dinero para hacer cualquier otro negocio. Y te lo pagamos ya, en efectivo, no en abonos chiquitos, te lo pagamos, y quedamos como amigos y en santa paz”.

En la conferencia matutina del jueves 6 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador comunicó a los medios que va a buscar la compra de nueve hospitales concesionados por los que actualmente se pagan 6 millones de pesos anuales. Estos pertenecen a las siguientes organizaciones gubernamentales: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE).

El Presidente hizo mención de su plan el cual consiste en hacer un avalúo, y proceder con la compra de lo que vale el edificio y los equipos. Esto representaría un ahorro pues la concesión se debe pagar a 20 años entonces es mejor que se adquieran, de lo contrario, se tendría que iniciar un procedimiento legal jurídico y con el Poder Judicial actual, la derrota sería un hecho.

Los hospitales se encuentran en los municipios de Ixtapaluca, Ciudad Victoria, Tapachula, Villahermosa y Mérida.

El Presidente busca las mejores opciones para adquirir los lugares destinados a la salud que se encuentran actualmente privatizados, procesos que se realizaron en los anteriores gobiernos encabezados por la oposición.

Los Reporteros

Por: La Redacción/ Agencias

Ante el colapso de sus finanzas y los análisis financieros que hacen prever problemas sumamente delicados al mediano y largo plazo, la UAdeC ha emprendido una restructuración de su gasto, el cual incluye la eliminación de graves anomalías en sus nóminas, el recorte drástico de cientos de plazas eventuales en sus tres hospitales y la revisión a fondo de su sistema de pensiones, que enfrenta, a la fecha, un enorme déficit de 440 millones de pesos, que se incrementarán hasta 750 millones de pesos para el 2028, antes de comenzar a descender.

En lo que es un hecho completamente inédito, el propio rector, Salvador Hernández Vélez, ha dado a conocer a la prensa, de forma personal, todo un entramado de graves anomalías en la muy extensa nómina universitaria, especificando detalladamente cifras e inclusive proporcionando nombres y ubicación de quienes cobran dobles plazas, al cobrar hasta 40 horas semanales en la UAdeC y ocupar, al mismo tiempo, plazas de tiempo completo en otras instituciones públicas.

El problema expuesto es masivo y tiene graves implicaciones, inclusive de carácter legal, además de representar un daño patrimonial a la universidad por al menos 39 millones de pesos mensuales, sólo en lo referente a la nómina.

Es muy delicado el porqué esta situación no se dio a conocer y se tomaron medidas drásticas sino hasta que ha hecho crisis financiera la institución, cuando el problema viene de varias administraciones anteriores.

De acuerdo a las cifras proporcionadas por el rector, se han detectado 1,736 empleados internos con más de una plaza en la UAdeC, de los cuales 449 tienen asignadas 40 horas semanales o más, mientras que 1,287 tiene una segunda plaza con menos de 40 horas.

Con base en lo anterior se desprende que 449 empleados que ya tienen una plaza de 40 horas en la universidad desempeñan otro cargo adicional de tiempo completo, lo cual es imposible en términos laborales y representa una grave anomalía.

Personas como el propio Secretario General de la Universidad, Miguel Ángel Rodríguez Calderón, quien tiene una plaza de tiempo completo en Ateneo Fuente, pero demás se desempeña como alto funcionario, lo que le permite un ingreso de hasta 117 mil pesos mensuales, más el paquete de prestaciones.

Los restantes 1,287 empleados ocupan un cargo de tiempo completo en la universidad, pero al mismo tiempo tienen una plaza de docencia con menos de 40 horas, lo cual es posible en términos laborales siempre y cuando el desempeño docente sea fuera de su jornada ordinaria, que concluye a las 3 de la tarde, de lunes a viernes.

Pero hay 610 empleados con plaza de hasta 40 horas en la universidad que externamente tienen un trabajo o plaza de tiempo completo, los que están repartidos en 57 instituciones públicas diferentes, de acuerdo a la investigación que ha realizado la propia universidad.

La ubicación precisa sería la siguiente: 275 en organismos descentralizados del gobierno del estado; 211 en el poder ejecutivo, legislativo y judicial; 59 en los gobiernos municipales; 34 en organismos autónomos; 23 en el sector salud; 10 en organismos públicos descentralizados municipales y 1 en el sistema de agua, para el total de 610.

Una de las formas para disimular la doble plaza, es que en la UAdeC tienen asignadas hasta 40 horas, pero éstas se “distribuyen” en clases frente a grupo, otra parte en “asesoramiento” y otra en “investigación”, por hacer referencia a un esquema muy común.

En los casos de dobles plazas de hasta 40 horas o más, la percepción puede alcanzar hasta los 35 mil 605 pesos más prestaciones, mientras que en dobles plazas de menos de 40 horas la percepción es muy variable, pero se estima que en promedio alcanza los 10 mil 934 pesos, sin considerar en ambos casos las prestaciones.

Además de la pérdida de la universidad al pagar una doble plaza, lo que genera ya un daño económico muy importante, los titulares de estas plazas, aun cuando estén trabajando para otra institución, están generando antigüedad, que les permitirá en un futuro de mediano plazo el jubilarse, lo que repercute en el déficit de pensiones, volviendo más grave el problema.

Para enfatizar en la limpia que está emprendiendo la actual administración universitaria, se han proporcionado inclusive nombres de altos funcionarios que están incurriendo en la doble plaza, como es el caso de los magistrados en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, María del Carmen Galván Téllez, Luis Efraín Ríos Vega y Juan José Yánez Arreola.

Hay otros casos muy notorios como el de Irene Spigno, directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos.

En el caso de jueces y magistrados la lista es mucho más extensa, todos ellos con plazas como docentes de tiempo completo en facultades de jurisprudencia u otras escuelas y facultades.

Todo esto ha sido posible debido a favores, vicios de corrupción muy añejos y a “negociaciones” en los procesos políticos-electorales internos de la universidad, donde se piden plazas de tiempo completo a cambio de no presentarse como candidatos opositores o agitar políticamente en escuelas y facultades, contra otros candidatos preferidos por las familias o camarillas que controlan dichas facultades o escuelas.

La nómina se había convertido en el principal instrumento de corrupción política, inclusive Hernández Vélez cita el caso específico de una persona de nombre Homero Walsh, en la Unidad Torreón, que amagaba con postularse como candidato a rector, pero le ofrecieron una plaza de tiempo completo, en calidad de “aviador”, sin tener que presentarse a trabajar y retiró su posible postulación.

Además de la eliminación de las dobles plazas y de plazas que sin ser de 40 horas no se justifican, se ha decidido disminuir hasta en un 10% los sueldos de los funcionarios universitarios, con el propósito de realizar una disminución del gasto.

Paralelamente a las irregularidades y los “arreglos” políticos, la UAdeC arrastra una política de burocratización, por la cual se fue incrementado cada vez más el número de empleados administrativos y de cargos que no están relacionados directamente con la docencia, por lo que ahora es necesario adelgazar esa burocracia, con lo cual también se podrá disminuir el problema de pensiones en el mediano y largo plazo.

EL PROBLEMA DE PENSIONES

Según lo ha expuesto Salvador Hernández Vélez, el sistema de pensiones de la universidad enfrenta actualmente un pasivo de 440 millones de pesos, pero ascenderá hasta 750 millones para el año de 2028 antes de comenzar a descender, de acuerdo a las proyecciones financieras, lo que se origina por la jubilación de una gran cantidad de empleados, pero principalmente en la eliminación de ingresos que provenían del gobierno federal.

Hasta 2018, el gobierno federal aportaba al gasto de pensiones de las universidades, a través de la partida denominada como U081, pero esta ha sido eliminada, con lo cual la universidad tiene que hacerse cargo de manera directa de todo este gasto y no cuenta con los recursos para ello.

Como el presupuesto universitario es cubierto en un 50% por el gobierno federal y un 50% por el gobierno del estado, al eliminar el gobierno federal la partida U081, ha sido el gobierno del estado el que ha tenido que cubrir el déficit, pues los ingresos propios, debido a la condición de universidad pública, son muy bajos.

La cubertura de este déficit, que debe ser en calidad de préstamo, ya no es posible realizarla con los recursos del gobierno del estado, por lo que la universidad tiene que adoptar medidas para ajustar su gasto.

El número de empleados jubilados irá creciendo notoriamente en las próximas dos décadas. Actualmente la planta jubilada es ya de 2,228, lo que vuelve urgente el disminuir el pasivo laboral, al eliminar la parte que no es indispensable del personal administrativo y poner orden en la nómina magisterial, que está compuesta hoy por 3,005 docentes; 1,038 de ellos de tiempo completo y 1,967 de tiempo parcial, de acuerdo a las cifras publicadas en el último informe anual, rendido por Salvador Hernández Vélez.

Desde 1994 la universidad ha venido realizando ajustes en su sistema de pensiones, pero legalmente no puede modificar las disposiciones que estaban vigentes para aquellos que ingresaron antes de 1994, porque la legislación laboral los protege.

La universidad tiene actualmente 7 mil 800 plazas, de acuerdo a las cifras oficiales reportadas en su portal. De esta enorme nómina se estima que cerca de un 30% podría suprimirse de forma gradual.

El estimado es que si se adoptan hoy medidas drásticas, el gasto en pensiones podría alcanzar su punto de equilibrio hasta el 2064, lo que da una idea de los delicado de la situación que está enfrentando la universidad.

Lo anterior partiendo de que en los próximos gobiernos federales no restablezca lo que fuera la partida U081 dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En la propia opinión del rector, la UAdeC es una de las únicas cinco universidades públicas estatales en las cuales la federación aporta solo el 50% y el gobierno del estado el restante 50%, mientras que la UNAM recibe el 100% del gobierno federal; la Autónoma de Nuevo León el 75% y la Universidad Autónoma de Zacatecas el 88%, al citar sólo algunos ejemplos.

Además de aportar solo el 50%, la federación ha eliminado casi la totalidad de las partidas adicionales que se proporcionaban a la universidad, por lo cual no entra ni un solo peso para el fondo de pensiones.

LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS

El otro gran problema financiero de la UAdeC es el gasto que representa tener tres hospitales: uno en la Unidad Saltillo y dos en la Unidad Torreón, algo que ninguna otra universidad pública del país tiene.

De los 2 mil empleados eventuales que tiene la universidad, la mayoría se ubican en los tres hospitales, por lo cual se ha decidido la supresión de todas las plazas eventuales que no son necesarias, debido a que los hospitales están trabajando a un máximo del 35% de su capacidad y, en consecuencia, no se justifica el gasto que se viene realizando.

La intención es reducir el número de empleados de acuerdo a la capacidad de ocupación de los nosocomios, y no se descarta la reconversión de los mismos en unidades médicas muchos más reducidas, e inclusive replantear su operación, si la situación financiera de estos se sigue agravando.

Las decisiones que tiene que adoptar hoy el actual gobierno universitario están sustentadas por el diagnóstico realizado por la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP; la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior (AMOCUIES) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Fuente Revista de Coahuila