Por Aleardo Laría Rajneri

Estados Unidos, la industria armamentística y la incidencia en los conflictos globales

Charles Wright Mills escribió en 1956 La élite del poder (FCE), una obra que se convertiría en una de las primeras contribuciones al análisis de las formas en que el poder se ejercía en la cruda realidad. Para Mills, en la sociedad estadounidense que describió, el poder residía en los grupos dominantes en las esferas económicas, políticas y militares. El concepto de élite se fundaba en la similitud de origen y de visión y en el contacto social y personal entre los altos círculos de cada una de dichas jerarquías. No se trataba de una organización secreta, sino de la consecuencia de una tendencia estructural del sistema en el que las personas trabajan juntas y participan en las mismas organizaciones, en donde se produce una coincidencia de intereses objetivos. Las innovaciones científicas y tecnológicas patrocinadas desde el sector militar habían estimulado el crecimiento de la economía. De este modo, “los señores de la guerra, junto con sus voceros” intentaban “arraigar sólidamente su metafísica entre la población del país”. 

Mills consideraba que la fiebre de la guerra no permitía considerar a los Estados Unidos como una auténtica democracia porque la democracia supone la discrepancia y el desacuerdo, algo que desaparece cuando hay una visión militar predominante que demanda unanimidad. Como los políticos dependían del aporte de las empresas para financiar sus campañas, aumentaba el poder de las grandes corporaciones para definir los lineamientos generales de las políticas. En definitiva, el control de la élite del poder sobre la mayoría de las decisiones estratégicas confirmaba que, en su gran mayoría, estas se tomaban previamente, antes de ser aprobadas en el Parlamento. La descripción de Mills fue de algún modo refrendada en enero de 1961, cuando, al pronunciar su último discurso como Presidente de los Estados Unidos, el general Dwight Eisenhower advirtió que los ciudadanos deberían cuidarse “de la adquisición de una influencia injustificada, ya sea buscada o no, por parte del complejo militar-industrial. El potencial para el desastroso ascenso de un poder mal asignado existe y persistirá”.

El totalitarismo invertido

Las descripciones de Wright Mills fueron actualizadas por el profesor de la Universidad de Princeton Sheldon Wolin en un ensayo titulado Democracia S. A. (Ed. Katz, 2008) con un sugestivo subtítulo: “La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido”. Para el autor, “el totalitarismo invertido marca un momento político en el que el poder corporativo se despoja finalmente de su identificación como fenómeno puramente económico, confinado principalmente al terreno interno de la empresa privada, y evoluciona hasta transformarse en una coparticipación globalizadora con el Estado: una transmutación doble, de corporación y Estado. La primera se vuelve más política y el segundo, más orientado al mercado”. Por consiguiente, a diferencia del totalitarismo clásico, el cambio no surge de una revolución o de una ruptura, sino que de una evolución dirigida. Ya no se trata de la movilización de las masas, sino de su desmovilización, de modo tal que el poder de la ciudadanía se va reduciendo hasta quedar limitado al mero ejercicio del voto el día de las elecciones. Los ciudadanos se alejan de la política y dejan las manos libres a los gobernantes para que puedan imponer la agenda de las grandes corporaciones.

Wolin atribuía estos cambios a la creciente dependencia de los partidos políticos de las contribuciones de las corporaciones y de los donantes pudientes. Señalaba que la simbiosis de corporación e instituciones gubernamentales estaba encarnada en la industria del lobbismo. La proliferación de centenares de lobbistas en Washington indicaba un cambio radical en el significado de la democracia representativa y la derrota final del gobierno de la mayoría. Añadía que la timidez de un Partido Demócrata, hipnotizado por la concepción centrista, dejaba en evidencia que los pobres, las minorías, los ambientalistas y todos aquellos que se oponen al gobierno de las grandes corporaciones carecen de un verdadero partido de oposición que defienda sus intereses.

The Deep State

Peter Dale Scott, profesor de la Universidad de Berkeley, es autor de un ensayo que tituló The American Deep State (2017), en donde considera que la política estadounidense está diseñada en las agencias federales de seguridad e inteligencia como la CIA y la NSA. Scott reúne pruebas de que el Estado profundo también extiende su alcance a corporaciones privadas como Booz Allen Hamilton y SAIC, con las que el gobierno subcontrata el 70% de los presupuestos de inteligencia. Detrás de estas instituciones públicas y privadas está la influencia de los banqueros y abogados de Wall Street, que trabajan a las órdenes del complejo militar-industrial. Se estima que en 2023 el gasto militar mundial superó los 2,4 billones de dólares, de los cuales 900.000 millones (37%) corresponden a los Estados Unidos. Se considera que los señores de la guerra tienen a su servicio a 700 lobbistas en un Congreso de 600 integrantes entre representantes y senadores. La mayoría de los representantes dependen de contribuciones electorales hechas por los ricos y comités de acción política que pueden gastar dinero sin límites para apoyar u oponerse a un candidato. Se proyecta que el gasto total en las elecciones federales de Estados Unidos en 2024 puede alcanzar un récord histórico de 16.700 millones de dólares. 

Sumándose a esta perspectiva crítica, Jeffrey Sachs, economista autor de numerosos libros sobre el desarrollo sustentable y las causas de la pobreza, ex director del Earth Institute de la Universidad de Columbia, también ha denunciado la existencia de un Deep State que controla la política exterior de los Estados Unidos. Señala que tras la caída de la Unión Soviética, los Estados Unidos consideran que son los únicos que están en condiciones de gobernar el mundo. Y se pregunta, ¿cómo puede intentar dominar el mundo un Estado que sólo representa el 4,1% de la población mundial? Añade que los Estados Unidos han gastado desde el atentado a las Torres Gemelas alrededor de cinco billones de dólares en guerras sin sentido que no han hecho al mundo más seguro sino todo lo contrario. Fueron altos funcionarios de George W. Bush quienes impulsaron Project for the New American Century, un proyecto del movimiento neoconservador estadounidense que alentó las guerras de Estados Unidos en Serbia (1999), Afganistán (2001), Irak (2003), Siria (2011) y Libia (2011) y que “tanto han hecho por provocar la invasión de Ucrania por parte de Rusia”. Considera que el sector de política exterior está dirigido por una camarilla pequeña, secreta y muy unida, que incluye a los altos mandos de la Casa Blanca, la CIA, el Departamento de Estado, el Pentágono, las comisiones de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes y el Senado, y las principales empresas militares, como Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman y Raytheon. Atribuye el actual estado de guerras en el mundo al poder de veto repetidamente ejercido en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ha impedido de este modo la resolución de los conflictos mediante la aplicación de la ley internacional.

La incógnita Trump

Curiosamente, quien se ha comprometido a combatir al Deep State es Donald Trump. En un acto de su reciente campaña electoral, Trump afirmó que si llegaba nuevamente a la Casa Blanca, expulsaría “a los belicistas” de su “Estado de Seguridad Nacional” y que llevaría a cabo “una limpieza muy necesaria del complejo militar-industrial para detener la especulación con la guerra y poner siempre a Estados Unidos en primer lugar”. Más recientemente, el hijo de Trump, sugiriendo una conspiración del Deep State, criticó al Presidente Joe Biden por el envío de misiles tácticos al gobierno de Ucrania. En un tuit del 18 de noviembre escribió: “El complejo militar-industrial parece querer garantizar el inicio de la Tercera Guerra Mundial antes de que mi padre tenga ocasión de lograr la paz y salvar vidas”. 

La aparente determinación de Donald Trump de acabar con las guerras que puedan afectar su mandato para centrarse en su consigna América First resulta contradictoria con la alegría expresada por el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, un colono ultrarreligioso que tradujo la llegada de Trump como la luz verde para la anexión de los territorios palestinos ocupados, el objetivo que explica la guerra de arrasamiento que se libra en Gaza. Trump ha anunciado que el próximo embajador de Estados Unidos en Israel será Mike Huckabee, ex gobernador de Arkansas y sionista declarado, que sostiene que los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada no son ilegales, en contradicción con las resoluciones de Naciones Unidas. Su visión se corresponde con la de una rama del pensamiento evangélico cristiano basada en la creencia de que la existencia del Israel actual es una orden de Dios y que una guerra catastrófica en Israel y Palestina desembocaría en el segundo advenimiento del Mesías cristiano, lo que propiciaría la conversión de los judíos al cristianismo. De este modo, conecta con los partidos políticos de judíos ultraortodoxos de Israel que aspiran a desplazar a los pobladores originales de Cisjordania y Gaza, convencidos de que “Dios le dijo a Abraham que esta tierra pertenecería para siempre al pueblo judío”. 

Resulta difícil imaginar que con estos mimbres se pueda construir el cesto de la paz. Estamos asistiendo a una cruel guerra de destrucción masiva que se abate día tras día sobre una población indefensa en Gaza y Cisjordania. El Tribunal Penal Internacional ha dispuesto el arresto del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y de su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por considerar que ambos tienen responsabilidad criminal por crímenes de guerra y contra la humanidad, cometidos en Gaza al menos desde el 8 de octubre de 2023. Los jueces han atendido la petición formulada por el fiscal, Karim Khan, que consideró que las pruebas reunidas demostraban que Israel “ha privado de forma intencionada y sistemática a la población civil de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia”. En Israel, políticos de la oposición y del gobierno han intentado eludir su responsabilidad formulando una acusación ridícula contra el TPI por “antisemitismo”. Estados Unidos, principal aliado de Israel y proveedor de las bombas que se arrojan sobre la población civil, también ha rechazado la decisión de los jueces de La Haya por considerar injustificadas las órdenes de detención. 

El antropólogo y sociólogo francés Didier Fassin ha publicado recientemente Una extraña derrota (sobre el consentimiento al aplastamiento de Gaza), ensayo todavía no traducido al español, en donde analiza la “derrota moral” de Occidente ante el genocidio que se está cometiendo en Palestina.

Fassin critica el consentimiento de la mayoría de los países occidentales en la aniquilación de un pueblo, de su historia y de su cultura a manos de un Estado cuya voluntad de llevar a cabo una limpieza étnica ha sido afirmada desde los primeros días de la guerra. La violación de los derechos humanos, el desafío a las resoluciones de los organismos internacionales, el uso cínico del presunto antisemitismo de cualquier cuestionamiento, serán estigmas que la historia no podrá borrar y que afecta no solo a los autores materiales, sino también a los que han guardado un silencio cómplice frente a la mayor catástrofe humanitaria de este primer cuarto del siglo XXI.

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/el-capitalismo-militarizado/

Ciudad de México. Al subrayar la tradición pacifista de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este jueves que el país no puede “quedarse callado” ante el aumento de las tensiones entre Rusia y Ucrania.

La jefa del Ejecutivo alertó en su conferencia de prensa en Palacio Nacional de los impactos económicos que tendrá una escalada del conflicto.

“México tiene una tradición pacifista y la vamos a seguir teniendo, de la búsqueda de la paz en el mundo. Y el diálogo y la política como la forma de resolver los conflictos están en esta constitución. Evidentemente esto que ocurre en Europa impacta a toda la economía mundial”, señaló la mandataria.

“Pero más allá de los impactos económicos, pues es que no podemos quedarnos callados, tenemos que exigir la paz en el mundo frente a acontecimientos como este”, agregó.

Ciudad de México, México. La desastrosa relación de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) –encabezada por Norma Piña– y el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, puede resumirse en una lacónica frase del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Él lo sintetiza así: La ineficacia del Poder Judicial continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la violencia. Ya que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo en el país.

Éso se acaba de demostrar con la absolución del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, de cargos evidentes por su implicación directa en el crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Cumple 92 años de prisión por secuestro y asesinato y el reintegro de dinero malversado a la esposa del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien está concluso para sentencia en Estados Unidos por su alianza con el Cartel de Sinaloa.

Aunque bochornoso, son apenas botones de muestra de cómo andan mal las cosas en el Poder Judicial de México. País, donde la derecha se abroquela tras una maleza de recursos leguleyos –creados durante años– para esconder y proteger a los corruptos y mantenerlos en el poder.

Lo más grave de todo es lo que recientemente el presidente López Obrador denunció: el Poder Judicial pretende neutralizar al Ejecutivo con fallos como el que frena la tala y desmonte para construir el Tren Maya. Cancelar un poder sería un golpe de Estado técnico, acusó.

Intentos de frenar obras estratégicas

Hay una prueba documental que podría corroborar la afirmación del primer mandatario. La magistrada Piña votó a favor sólo de dos de los decretos e iniciativas de más de una veintena aprobados por el Congreso. Casi a todos los rechazó y lo sigue haciendo.

Impedir la tala de árboles es frenar las obras del Tren Maya en varios tramos, en los cuales no hay otra posibilidad para poder tender la vía férrea. Y se ajusta –como anillo al dedo– a la decisión anterior de la SCJN: invalidar el decreto que declara de interés y seguridad nacional las obras estratégicas para la economía del país y el bienestar social.

Entre éstas –que son muchas– se incluyen –además del Tren Maya–, el corredor interoceánico para unir los puertos del Pacífico con los del Atlántico, la refinería de petróleo Olmeca en Dos Bocas, las dos plantas de coquización y todas las de infraestructura. Igualmente, se insertan las que están en proyecto –incluso dentro del Tratado de Libre Comercio T-MEC– particularmente con Estados Unidos en Sonora con el campo fotovoltaico más grande de América Latina ––de casi 400 mil paneles solares–.

La SCJN llegó al extremo de incluir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en su resolución de anulación. Sólo con la intención de declararlo obra ilegal, aunque ya esté concluido y en operaciones hace meses.

Esa actitud obligó al Ejecutivo a presentar otro decreto similar al derogado por los magistrados de Piña. Ésto –según versiones de prensa– fue motivo de una presentación de amparo por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo inoperante que el gobierno no ha podido eliminar por carecer de mayoría calificada en el Congreso.

El INAI y la SCJN son las banderas que retoman la oposición política y financiera, cuya cabeza visible es el empresario Claudio X González. Ello con el fin de mantener en las calles marchas y manifestaciones contra el gobierno, encubiertas en una supuesta defensa de ambas instituciones.

Época de intensa campaña electoral

Ya en época de intensa campaña electoral, aun cuando todavía falta tiempo –los comicios generales son en julio del próximo año–. La oposición política busca de forma desesperada recomponer su dividido terreno partidista por la inocultable falta de liderazgo de los dos más decisivos para ellos: Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI); este último muy venido a menos.

Su tercer acompañante, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es una entelequia. Ni siquiera una sombra de lo que fue en épocas de su fundación –1989– por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Andrés Manuel López Obrador, Heberto Castillo y Gilberto Rincón, entre muchos otros.

El mayor desastre lo escenifica el PRI que cede terreno al PAN. Algo inaudito y jamás imaginado por el general Lázaro Cárdenas, quien vio nacer esta organización política con el propósito de descabezar a su partido y desnacionalizar el petróleo. Ésta es la gran hazaña histórica de esa agrupación, surgida casi al calor de la Revolución mexicana.

Sin embargo, es improbable que la SCJN logre sus propósitos. Para el gobierno, las obras están sujetas a leyes, avaladas por el Poder Legislativo. Además, están amparadas por la Constitución, según respondió López Obrador. Añadió que “no van a poder porque, de acuerdo con la Constitución, con las leyes, tenemos el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo”. No se van a poder cancelar.

Sin embargo, la oposición partidista fue mucho más allá al tratar de convertir ese impacto de Estado técnico en un “golpe blando” como los organizados en otros países en contubernio con el Poder Judicial. Ésta es la instancia que crea las condiciones –supuestamente legales– para avalar lo que se cocine en los parlamentos cuando los gobiernos no cuentan con la mayoría calificada para tomar decisiones.

López Obrador reveló que un senador del PAN –muy cercano al pensamiento fascista–, Julen Rementería, presentó una iniciativa para que la SCJN lo destituyera del cargo de presidente de la República. Pero, al darse cuenta de la barbaridad cometida, la retiró y echó la culpa a sus asesores.

Posiciones bien definidas

De todo este intríngulis, queda claro que las discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial son antagónicas e irreconciliables. Ya no hay lugar –como hasta hace unos meses– para a la simulación. Con la magistrada Norma Piña, el choque es frontal y las posiciones están bien definidas. Hay, además, una escalada por parte de la SCJN.

Al mismo tiempo, los magistrados saben que su futuro depende de las elecciones generales de 2024. Los 8 de los once ministros harán todo lo que esté a su alcance, junto con la directiva del INAI con la que trabajan por debajo de la mesa.

El propósito es que la coalición Juntos Haremos Historia –encabezada por Morena de López Obrador– pierda en las urnas. No es fácil que ese sueño en una noche de verano se convierta en realidad. Las encuestas realizadas –incluso por los propios partidos opositores– siguen dando como nuevo presidente de México a cualquiera de los cuatro precandidatos actuales que representan a la coalición.

Ellos son la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum; el canciller, Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el jefe de la Junta de Coordinación del Senado, Ricardo Monreal. Ninguno de los más de cuarenta aspirantes del resto de los partidos aparece como una amenaza para cualquiera de ellos.

Por lo tanto, en el caso de la coalición oficialista, el objetivo está no solamente en retener la presidencia de la nación –incluida la gobernación de Ciudad de México–, sino también, lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados –334 escaños– y del Senado –92–. Todo ello para poder realizar las reformas constitucionales en espera, las cuales son muchas. López Obrador da por descontado que cualquiera de sus cuatro compañeros las ejecutará.

Luis Manuel Arce/Prensa Latina

Corresponsal jefe en México*

María G. Zornoza

Culmina la cumbre de Defensa de la OTAN en «un momento crucial» de la guerra en Ucrania. Si durante la primera jornada los Treintena se conjuraron para mantener y redoblar el apoyo armamentístico a Kiev, durante el segundo día, los ministros de la Alianza Atlántica han centrado sus esfuerzos en reforzar sus capacidades militares –sobre todo en el flanco oriental- y en engordar su industria defensiva a nivel interno.

Occidente enfrenta un déficit de munición. Las balas disparadas en Ucrania multiplican a las que es capaz de producir la industria. En respuesta, las reservas de los Ejércitos occidentales se están agotando. Desde la caída de la Unión Soviética, los países europeos redujeron progresivamente su gasto en seguridad, algo que siempre les ha reprochado Estados Unidos. La inversión en defensa ha sido, de hecho, en los últimos años el principal eje de discordia de los aliados de la OTAN. Washington lleva años presionando a los reacios europeos reacios para que aumenten las partidas en esta dirección. Y la guerra en Ucrania lo ha conseguido.

La cumbre que la OTAN celebró en Gales en 2014 fijó la meta de que todos los miembros destinasen en un margen de diez años el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) en defensa. La mayoría no estaban por la labor. A día de hoy, nueve países de los 30 alcanzan este umbral. El debate es delicado y hay diferencias. El Este, los más halcones con Rusia, exigen incrementarlo. Mientras otros como España y Luxemburgo piden más flexibilidad.

Pero la sensación generalizada y que predomina es que la invasión rusa ha hecho que este objetivo no sea ya el techo, sino el suelo. Será, no obstante, durante la próxima cumbre de líderes de la OTAN en Vilna, Lituania, prevista para julio, cuando se concreten los nuevos incrementos en defensa. «Si en 2014 era necesario, ahora lo es más porque vivimos en un mundo más peligroso. Es obvio que debemos invertir más en defensa», ha asegurado Jens Stoltenberg, secretario general, en rueda de prensa. En la reunión de hoy hemos hablado sobre la necesidad de «mejorar y reponer las reservas de munición y de reforzar la industria de defensa» pero «todavía tenemos mucho más por hacer», ha coincidido Lloyd Austin, secretario de Defensa estadounidense.

Por lo pronto, Estados Unidos y los países de la Unión Europea están haciendo frente a una escasez punzante de sus recursos bélicos tras el ingente envío de arsenal a Ucrania: misiles, sistemas anti-defensa, munición, combustibles, carros de combate. Y lo están haciendo a costa de dejar secas sus reservas. La respuesta se traduce ya en la mayor carrera armamentística e inversión en armas de las últimas décadas.

El objetivo de Occidente pasa ahora por estrechar lazos con la industria armamentística, impulsar la producción de herramientas bélicas y aumentar la cooperación multinacional para evitar duplicidades. Incluso emerge la idea de desarrollar una compra conjunta de armas, como hizo la UE con las vacunas durante la pandemia del coronavirus.

Los países aliados de Ucrania han destinado en doce meses 50.000 millones de euros en entregar material letal. Estonia ha pedido en los cuarteles generales llegar este año hasta los 100.000. Es ya una economía de guerra. Alemania ha dado un giro de 180º a su política pacifista. El canciller Olaf Scholz ha anunciado una inversión sin precedentes de 100.000 millones de euros para modernizar sus Fuerzas Armadas.

Y el presidente galo, Emmanuel Macron, ha hecho lo propio con una inyección de 400.000 millones para los próximos siete años. España, por su parte, espera dedicar el 2% de su PIB a partidas de defensa para 2029. También Noruega y Estados Unidos han firmado recientemente jugosos contratos con la industria armamentística. Mientras que algunos países como Letonia destinan el 1% de su PIB a apoyar a Ucrania militarmente. El secretario general ha señalado que esta es la buena dirección, pero ha instado a los países a «hacer más».

Escalada y ofensivas sobre el terreno

La cita se ha desarrollado durante lo que en Bruselas califican como un «momento crítico» en el curso de la guerra. La información que manejan en los pasillos de la capital comunitaria es que Rusia ha comenzado una nueva ofensiva, aunque no a gran escala. Existe preocupación sobre los desarrollos en el corto plazo en el campo de batalla.

En el Pleno de Estrasburgo, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, ha asegurado que por primera vez en un año, Ucrania está en minoría en el número de combatientes. Rusia tendría sobre el terreno desplegados a 360.000 soldados. Según la inteligencia estadounidense, durante estos casi doce meses, las filas de Vladimir Putin habrían sufrido unas 200.000 bajas.

Ambos bandos se preparan así para una gran batalla en las próximas semanas. El grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania bautizado como Ramstein y formado por 50 naciones acordó el martes en Bruselas nuevos envíos de material bélico para apoyar a Kiev en la contraofensiva que prepara en primavera. En palabras del jefe de la diplomacia europea, que ha apremiado a que se envíen más carros de combate y más rápido, «la guerra se va a decidir en primavera y verano».

Ciudad de México. El gobierno mexicano enviará un segundo avión de la Fuerza Aérea para trasladar a mexicanos que salieron de Ucrania y buscan regresar al país. La aeronave llevará, además, ayuda humanitaria para los campamentos de refugiados, “seguramente” con alimento, explicó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Planteó la posibilidad de enviar un avión para mexicanos que viven en Rusia y quieran regresar a territorio nacional.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario reiteró la posición de su gobierno frente al conflicto. “La postura de México es muy clara, es no intervención en estos casos, buscar la solución pacífica, procurar que haya ayuda humanitaria, y esos es lo que estamos haciendo, no interviniendo en el conflicto”.

Por ello se rechazó la petición de legisladores ucranianos que solicitaron que México envíe armas para respaldar a este país ya que la petición “es contrario a la política exterior de México de no intervención, y además de que nosotros no queremos la guerra; nosotros vamos a luchar siempre por la paz”.

Lo que sí está haciendo su gobierno, recalcó, es proteger a los mexicanos en Ucrania y “hoy saldrá un nuevo avión de la Fuerza Aérea para traer a mexicanos” y latinoamericanos que no tienen forma de regresar a sus países. Al hacer el anuncio, señaló que se “adelantó” al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien estaba por informar al respecto.

Instantes después, por medio de redes sociales, Ebrard detalló: “el Presidente López Obrador nos ha instruido para preparar, con el invaluable apoyo de la SEDENA y la Fuerza Aérea Mexicana, el 2o vuelo a Rumania en apoyo a connacionales evacuados de Ucrania. Les informo cuándo despega en cuanto tengamos confirmadas las autorizaciones. Buen día!”.

De igual forma, agregó, “en caso de que se necesite y ir a buscar a mexicanos que están en Rusia, podríamos hacer lo mismo”.

También dijo que “no estamos de acuerdo con las invasiones porque sería un contrasentido, a nosotros nos han invadido, hemos padecido de invasiones, bueno, nos invadieron de España por 300 años”, así como Francia y Estados Unidos, en dos ocasiones cada uno.

Por eso “nuestra política exterior está contra las invasiones, no queremos intervencionismo. Al mismo tiempo hemos tratado de mantener buenas relaciones con todos los pueblos del mundo”.

Ahora mismo, ponderó, la relación con Estados Unidos es buena” es de amistad y cooperación”, y hay millones de mexicanos viviendo en ese país. Refrendó que es indispensable la integración económica, “con respeto a nuestras soberanías”, para fortalecernos como región en el mundo,

“Pero nuestra política exterior no puede olvidar la historia”, apuntó al recordar la frase jurista: entre los individuos como entre las naciones, el respecto al derecho ajeno es la paz.

En tanto, contrario a los bloqueos de medios de comunicación rusos en países europeos, López Obrador expresó que “nosotros no bloqueamos información, tenemos que garantizar libertades”.

El jefe del Ejecutivo federal insistió que a México no le afectará porque con el excedente de ingresos petroleros por el aumento del precio del crudo, habrá un balance positivo para el país.

Recordó que desde el inicio de su gobierno se invirtió en exploración de pozos petroleros y “tenemos la suerte de que se descubrieron campos petroleros con mucho potencial, sin embargo, no vamos a pasar de más de 2 millones de barriles diarios de extracción porque queremos cuidar este recurso que es una herencia para nuevas generaciones”.

El presidente López Obrador le dio la bienvenida al ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno, quien se reunirá en México con Marcelo Ebrard, y más tarde con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

El tabasqueño indicó que la pausa que propuso entre México y España “es para que políticamente se internalice una realidad. La relación anterior con España estuvo caracterizada por el abuso de empresas españolas en el país. Aunque cuesta mucho trabajo que se acepte, que se comprenda, México no es tierra de conquista. Entonces todavía tenemos diferencias con estas empresas, como es el caso de Iberdrola, empresa que tiene que ver con la industria eléctrica”.

Aunque la relaciones entre los dos países se frenaron ya en alguna ocasión por el franquismo, subrayó que su postura no significa ruptura de relaciones, y ponderó que “nosotros le tenemos un gran reconocimiento al pueblo español, nuestra admiración y respeto, pero no es un asunto del pueblo español, es un asunto de empresas, de la élite, que no ha actuado con decencia”.

El petróleo mexicano de exportación cerró la jornada de este lunes cotizando en 115.66 dólares por barril, su mayor precio en casi una década.

La cotización llegó casi al mismo precio que alcanzó el 08 de marzo de 2012, cuando el barril se vendió en 115.76 dólares.

Así, el precio del hidrocarburo mexicano inició la semana con un aumento de 5.13% con respecto al viernes, impulsado por el conflicto en Ucrania por el que potencias de Occidente amenazan con sancionar a Rusia con las exportaciones de petróleo.

Los precios de este hidrocarburo se han mantenido a la alza desde la semana pasada ante las amenazas de Estados Unidos y países europeos de cortar las importaciones de crudo ruso a Occidente, como respuesta a los ataques del gobierno de Vladimir Putin contra Ucrania.

Así, el West Texas Intermediate cerró este lunes cotizando en 119.93 dólares por barril, lo que significó un alza de 3.67% con respecto al viernes pasado.

Por su parte, el Brent del Mar del Norte cerró en 123.55 dólares por barril, un aumento de 4.61%.

Al respecto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró el domingo a la NBC que hay conversaciones “muy activas” con sus socios europeos sobre la prohibición de la importación de petróleo ruso.

En contraparte, el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, advirtió que los precios del petróleo podrían sumir a más de 300 dólares por barril si Estados Unidos y la Unión Europea prohíben las importaciones de crudo de esa nación.

Fuente Polemón

México condenó ayer en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) los actos de agresión perpetrados por Rusia en contra de Ucrania.

Al anunciar el voto mexicano a favor del proyecto de resolución presentado por Albania y Estados Unidos para condenar a Rusia por su incursión en Ucrania (el cual a la postre fue vetado por la representación del gobierno de Vladimir Putin), el representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, llamó a las partes al cese inmediato de las hostilidades e hizo un reconocimiento a la soberanía, independencia política e integridad territorial de Ucrania.

Por la mañana, en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó la condena a la invasión, sin importar la potencia que la ejecute.

“Ayer que me hicieron la propuesta de resolución, recomendé al secretario de Relaciones Exteriores que como pie de página se estableciera la propuesta de México de rechazar, condenar cualquier invasión de cualquier potencia. Ésa es la postura, en este caso de Rusia, pero lo mismo si se trata de China o de Estados Unidos. Queremos que se respete la independencia de los países, la soberanía de los pueblos”, advirtió.

El mandatario señaló que la posición de México se apega a lo que marca su Constitución, pero también por los antecedentes históricos de invasiones que ha padecido el país. “Nosotros vinculamos la no intervención a no participar en decisiones de otros países, en ningún terreno, que no haya financiamiento de países extranjeros a grupos que se oponen a gobiernos legal y legítimamente constituidos, que no haya espionaje, que se respete la soberanía de los pueblos”, subrayó.

Y desde luego, señaló, lo extremo en el intervencionismo son las invasiones militares, “que nosotros hemos padecido por naciones como España, Francia y Estados Unidos”.

Recordó que precisamente tras un ataque francés, Benito Juárez pudo restaurar la República y al regresar a la Ciudad de México pronunció su frase célebre: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Más tarde, De la Fuente aseveró que México (miembro no permanente del Consejo de Seguridad) respalda los esfuerzos del secretario general de la ONU en la búsqueda de una solución diplomática para evitar que avance el sufrimiento de la población civil.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la posición mexicana se fundamenta en que estamos frente a la invasión a un país soberano por parte de otro, lo que representa una flagrante violación a la Carta de la ONU.

México repudia el uso de la fuerza y su política exterior es pacifista, por lo cual defenderá permanentemente “la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales”.

Fuente La Jornada