Ciudad de México. Aun cuando han pasado 14 años del incendio en la Guardería ABC que dejó 49 niños muertos y poco más de un centenar con lesiones, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en “etapa complementaria” la investigación por los hechos, donde hay dos ex funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo proceso penal.

En la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes se presentó un informe sobre los avances en las reparaciones del daño a las víctimas directas e indirectas de esa tragedia —que se dio durante el sexenio de Felipe Calderón, en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009—, en el que se prevé que este año se cierre el capítulo de reparaciones integrales.

Interrogado sobre si hay sentencias por el caso, el director general del IMSS, Zoé Robledo, comentó que hay dos personas vinculadas a proceso, Sergio Antonio Salazar Salazar y a Carla Rochín Nieto, quienes en la época de los hechos ostentaban los cargos de Director de Prestaciones Económicas y Sociales, y Coordinadora Nacional de Guarderías, respectivamente.

“Están las dos personas vinculadas a procesos, pero todavía está en etapa complementaria la investigación por parte de la FGR”, apuntó el funcionario federal.

Indicó que el actual gobierno federal da seguimiento a la denuncia por estos hechos presentada ante la Fiscalía el 12 de febrero de 2020 para que se indagara a todos los posibles involucrados, incluidos los que hasta ese momento no habían sido requeridos.

En noviembre de ese mismo año, agregó, fueron detenidos Salazar Salazar y Rochín Nieto. Sin embargo, actualmente la causa penal se encuentra en etapa complementaria por parte de la fiscalía.

“Esta nueva denuncia y las otras hechas a funcionarios del orden estatal tiene que ver con el voto en minoría que se presentó en la Suprema Corte, en la última ocasión que llevaron a cabo una atracción para investigación, facultad que ya no tienen actualmente, pero que hablaba de un desorden generalizado no sólo en la supervisión, sino también en la forma cómo se habían entregado las guarderías: sobreponiendo el interés económico sobre la protección de la niñez. Se retomó ese voto en minoría, para integrar esta denuncia que está en proceso, que hay llevado a proceso a dos personas, y se le sigue dando seguimiento en la FGR”, señaló Robledo.

Recordó que a partir de las reuniones que el presidente López Obrador tuvo con las madres y los padres de las víctimas, en junio de 2019, se hicieron modificaciones al decreto de diversas exposiciones para ayudas extraordinarias, que incluye la homologación de medidas económicas vitalicias, atención garantizada en el IMSS o subrogada vitalicia, entre otras.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, refrendó el compromiso y solidaridad de la administración federal para con los familiares de las víctimas, los pequeños sobrevivientes; y garantizó que se trabaja para que haya justicia y se castigue a los responsables.

En la atención a las víctimas directas e indirectas, indicó que se tienen 236 persianas con calidad de víctima, 16 por ciento de ellas directas, los 49 niños fallecidos, 104 niños lesionados, 783 personas que comprenden a padres, hermanos, hermanos de segundos matrimonios y núcleos extendidos.

Sobre la reparación integral, dijo, se brinda a través de cuatro componentes: dos por la Secretaría de Gobernación, desde la Unidad de Defensa y Protección de Derechos Humanos y por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); al igual que por el gobierno de Sonora y el IMSS.

La Unidad de Defensa de Derechos Humanos ha erogado pago por reparación a 142 personas, la CEAV ha emitido 327 resoluciones en favor de los núcleos primarios de 144 víctimas directas al tiempo que se brindan servicios de psicología, atención médica y trabajos social.

“Todas las víctimas directas cuentan con una forma directa de reparación”, señaló Encinas.

El gobierno de Sonora brinda estímulos educativos 285 jóvenes que están estudiando.

El IMSS, en tanto, cuenta con un fideicomisos de medidas o ayudas becas para educación, medidas vitalicias, pago de energía eléctrica, seguro salud a familia y medidas equivalentes y toda la atención médica y salud que se presenta de manera directa o subrogada

“Como lo ha señalado el presidente de la República, no hay limitación ni restricción alguna en materia de recursos para atender esta situación, y esperemos que este mismo año ya cerremos el capitulo que corresponde a reparaciones integrales, independientemente de las medidas de carácter permanente que por decreto emitido por el presidente de la República se cumplirán de manera puntual para todas y cada una de las víctimas que están consideras”, refirió el subsecretario.

La Jornada

En la opinión de Elí González
@calacuayoMX

El día 5 de junio de 2009, cerca de las 15:00 horas, ocurrió el doloroso incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. El plantel estaba subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Como resultado fallecieron 49 menores, y hubo varios lesionados, (un número indeterminado de niños y adultos lesionados).

La dueña de la guardería ABC era Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala. Matilde Altagracia era una de las dueñas del lugar, porque la guardería estaba subrogada a la sociedad civil privada que ella dirigía.

De acuerdo a testimonios recabados entre vecinos de lugar, la guardería estaba construida de tal forma que cuando el incendio comenzó, fue imposible sacar a los niños. En pocos minutos, la situación se salió de control. Las diecisiete ambulancias para transportar a los heridos quedaron rebasadas: los niños fueron trasladados en carros y patrullas a los hospitales.

Por si esto fuese poco, En julio de 2010, Hacienda dio al IMSS una bolsa extraordinaria de 250 millones de pesos –fuera del Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados– para ayudar a heridos y deudos del incendio de la guardería ABC. Documentos oficiales revelan el desprecio del gobierno de Felipe Calderón hacia las víctimas: sólo 9 millones de pesos se entregaron a unas cuantas familias de los 104 bebés gravemente lesionados, de los 49 bebés fallecidos y de los adultos que también se quemaron durante el siniestro.

Además, se operó para encubrir a familiares de Margarita Zavala: el entonces director del Seguro Social, Karam Toumeh, impidió el traslado de los menores quemados a Estados Unidos para evitar investigaciones de la prensa extranjera; y el secretario de Gobernación, Gómez Mont, presionó al ministro Zaldívar para impedir la indagatoria de la Corte sobre las negligencias del IMSS y las responsabilidades de los parientes de la ahora diputada federal por el PAN, Margarita Zavala.

Para operar, los dueños de la estancia debieron haber cumplido con los diversos requisitos del documento Bases para la subrogación de servicios de guardería del esquema vecinal, del IMSS. No los cubrían, pero el 8 de mayo del 2001 se les concedió un permiso por cinco años, y en 2007 otro a vencer hasta finales de 2009.

Por otro lado, Felipe Calderón utilizaba al ejército y la Policía Federal para perseguir, secuestrar y desaparecer personas. Genaro García Luna, encumbrado por el Felipe Calderón Hinojosa como el “superpolicía” del régimen panista, confeccionó una red que se coludió con el crimen organizado en México y, al mismo tiempo, monopolizó la seguridad: tierra, aire y mar, para ponerla en manos de los barones del narcotráfico, particularmente del Cártel de Sinaloa. Aviones, camiones y camionetas de la policía federal transportaban droga, personas secuestradas y cantidades enormes de dinero del crimen organizado.

Basado en la información presentada por la Fiscalía estadunidense sobre García Luna en Nueva York, se puede comprobar que la Policía Federal era un cartel peligroso en México y el jefe era García Luna, mientras que el jefe del jefe era Felipe Calderón.

Documentos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal (PF) y la Agencia Federal de Investigación (AFI) dan cuenta de los nombres completos y funciones formales de los señalados.

En la gráfica de organización tipo “clan vertical” aparece como líder –sin ser el verdadero detentor de la cúpula política– Genaro García Luna, quien nació en la Ciudad de México, el 10 de julio de 1968.

La historia de criminalidad de los Calderón Zavala es interminable, lo que si se puede comprobar por investigaciones periodísticas y judiciales, es que son una familia de genocidas y los mexicanos debemos exigir, que sean llevados ante la justicia.

En julio de 2010, Hacienda dio al IMSS una bolsa extraordinaria de 250 millones de pesos –fuera del Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados– para ayudar a heridos y deudos del incendio de la guardería ABC. Documentos oficiales revelan el desprecio del gobierno de Felipe Calderón hacia las víctimas: sólo 9 millones de pesos se entregaron a unas cuantas familias de los 104 bebés gravemente lesionados, de los 49 bebés fallecidos y de los adultos que también se quemaron durante el siniestro. Además, se operó para encubrir a familiares de Margarita Zavala: el entonces director del Seguro Social, Karam Toumeh, impidió el traslado de los menores quemados a Estados Unidos para evitar investigaciones de la prensa extranjera; y el secretario de Gobernación, Gómez Mont, presionó al ministro Zaldívar para impedir la indagatoria de la Corte sobre las negligencias del IMSS y las responsabilidades de los parientes de la primera dama y ahora diputada federal por el PAN. El juzgador denunció en 2022 una “operación de Estado” para garantizar impunidad a la familia presidencial.

Lejos de ayudar a las decenas de víctimas del incendio de la guardería ABC, el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa aprovechó la tragedia para hacerse de recursos millonarios fuera del Presupuesto de Egresos de la Federación, que cada año aprueba la Cámara de Diputados. El dinero público fue manejado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como supuesta respuesta a la crisis; sin embargo, las familias de los 49 bebés fallecidos, 104 bebés heridos de gravedad y los adultos quemados durante el siniestro –de aquel 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora– no vieron un solo peso.

El desprecio de las autoridades por las víctimas se manifestó desde el primer momento en el que ocurrió el grave incendio, con la falta de atención médica oportuna a los bebés quemados –directamente se operó desde el IMSS para impedir el traslado de los infantes a hospitales en Estados Unidos especializados en menores quemados, para evitar una cobertura mediática internacional–; también, con una “operación de Estado” para encubrir a la familia de Margarita Zavala Gómez del Campo, hoy diputada federal por el PAN [Partido Acción Nacional], como lo reveló el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

Fue el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien presionó hasta la amenaza a Zaldívar para que la Corte no determinara que en el siniestro hubo graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado, ni se manifestara por sancionar a los familiares de Zavala. Ello, porque dos primas de la entonces primera dama tenían relación con la tragedia: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella era una de las dueñas de la estancia infantil, y Lourdes Laborín Gómez del Campo es esposa de Eduardo Bours, en aquel momento gobernador de Sonora.

El lucro de la tragedia

La implicación de la familia presidencial en el suceso no impidió a las autoridades federales lucrar con la tragedia: el 27 de julio de 2010, el entonces subsecretario de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione, autorizó al Seguro Social la entrega de 250 millones de pesos, consta en el oficio 801.1.-209(10). El documento se refiere al acuerdo de ministración de fondos por el cual el subsecretario ordenaba a la Tesorería de la Federación entregar los recursos presupuestarios de ayuda extraordinaria, “para ser aportados por el IMSS para la constitución de un fideicomiso, cuyo fin será cubrir diversos conceptos de apoyo que están contemplados en el ‘Decreto por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, sociedad civil, en la ciudad de Hermosillo, Sonora’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2010”.

Dicho decreto fue firmado directamente por Calderón Hinojosa y establecía que habría una ayuda extraordinaria para la educación de los menores que resultaron lesionados para los niveles educativos de primaria, secundaria, media superior y superior, en cualquier institución educativa pública o privada en la República Mexicana.

Asimismo, ayuda vitalicia por solidaridad a las madres de los menores que fallecieron; a las madres de los menores que resultaron lesionados; a las maestras y otros adultos que resultaron lesionados. Ayuda para el pago del consumo de la energía eléctrica que se genere en el domicilio en el que residan los menores y los adultos que resultaron lesionados durante el tiempo que por prescripción médica requieran del uso de equipos para el debido cuidado de su salud, y ayuda para la atención médica vitalicia de los padres de los menores fallecidos y lesionados por quemaduras, a través del Seguro de Salud para la Familia, en caso de que dejen de ser sujetos de aseguramiento en el Régimen Obligatorio del Seguro Social. Nada se cumplió.

Para obtener el dinero, el director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, Eduardo González Pier, envió dos oficios con folios 099001 600 000/0356 y 099001 600 000/0405, mediante los cuales solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –entonces encabezada por José Antonio Meade Kuribreña– un monto de 250 millones de pesos.

El subsecretario de Egresos instruyó a la Tesofe depositar esa cantidad a partir del 30 de julio de 2010 en la cuenta bancaria del IMSS, en el banco Scotiabank Inverlat. También estableció que el límite para la regularización del acuerdo de ministración sería el 26 de noviembre de ese mismo año y se realizaría con cargo al presupuesto autorizado del Ramo 23, “Provisiones Salariales y Económicas” para ese ejercicio fiscal.

El fideicomiso se creó en Banamex hasta el 4 de agosto de 2010, con el nombre de “Fondo para Ayudas Extraordinarias con motivo del incendio de la guardería ABC”, y clave de registro 201050GYR01537. Y aunque la administración de Daniel Karam Toumeh obtuvo los recursos como una bolsa extraordinaria para atender las urgentes necesidades de los infantes y adultos sobrevivientes e indemnizar a quienes perdieron a sus pequeños, al término del gobierno de Calderón Hinojosa –en noviembre de 2012– sólo se habían ejercido 9 millones 778 mil 567.95 pesos.

En los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, de la Secretaría de Hacienda, consta que 3 millones 380 mil 921.38 se ejercieron en 2010, y 6 millones 397 mil 646.57 pesos en 2011; y nada en 2012. A la ya insultante situación de la no entrega del dinero a las víctimas menores de edad y los adultos quemados se suma el hecho de que no todo ese recurso fue para ayudas: al enunciar el destino de los 9 millones de pesos, Hacienda detalló que también se pagaron los gastos de administración del fideicomiso y los honorarios de las auditorías de los ejercicios 2010 y 2011.

Así, el fideicomiso sirvió sólo para la especulación financiera: al cierre del sexenio peñista contaba con una disponibilidad de 334 millones 776 mil 499.39 pesos por los rendimientos generados entre agosto de 2010 y diciembre de 2018. Ello porque la administración de Enrique Peña Nieto sólo se ejerció 22 millones 762 mil 856.75 pesos, que además de las ayudas, implicaba gastos de administración y de auditorías.

El dinero para atender a las víctimas se empezó a ejercer hasta el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió con los padres y madres de los bebés afectados a reparar el daño de forma integral. De acuerdo con los informes de Hacienda al Congreso de la Unión sobre los fideicomisos, en 2019 se ejercieron 64 millones 448 mil 939.67 pesos a favor de las víctimas. Además de aplicar el decreto original de asistencia social, se adicionaron acuerdos del Consejo Técnico del IMSS, con los que se autorizó la actualización y ampliación de los apoyos y ayudas otorgados por el Seguro Social a niños y niñas que resultaron lesionados de forma permanente o que inhalaron humo o gases tóxicos; las madres de los infantes fallecidos, así como de los niños y niñas lesionados de forma permanente o de aquellos que inhalaron humo o tóxicos; y de las maestras y otros adultos que resultaron afectados en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, en la guardería ABC.

Para 2020 se entregaron apoyos a las víctimas antes citadas por 125 millones 316 mil 594.20 pesos; en 2021, por 129 millones 746 mil 612.3, y se le depositaron 12 millones 163 mil 204 pesos; y al tercer trimestre de 2022 –el más reciente reporte que se tiene–, se destinaron otros 103 millones 949 mil 72 pesos a las víctimas, y se transfirieron 107 millones 312 mil 300 pesos al fideicomiso.

El encubrimiento de la familia de Zavala

El 22 de febrero de 2022, el entonces ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, reveló que en 2010 el presidente Felipe Calderón –por conducto de quien fuera su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont– lo presionó para que modificara su proyecto sobre lo ocurrido en la guardería ABC, con el propósito de que su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo y su familia no se vieran involucradas.

“Puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de estado de derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”, señaló durante la presentación de su libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, en la Escuela Federal de Formación Judicial.

El ministro Zaldívar declaró que Gómez Mont lo visitó en su oficina para presionarlo, al exigirle que cambiara su proyecto de sentencia sobre ese crimen, en donde señaló las responsabilidades de funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y familiares de Margarita Zavala. Incluso reveló que durante el encuentro hubo gritos: “el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos, en un momento me dice el secretario: ‘dice el presidente [Calderón] que no te apoyamos para esto’”.

El ministro Zaldívar temía por su vida. Por ello, instruyó a su secretaria para que guardara bajo llave el proyecto, y si él desaparecía, la secretaria debía difundirlo ante la prensa. “Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte”. Zaldívar descubrió que el expresidente Calderón operó una estrategia de ocultamiento del caso para que el crimen contra 49 bebés muertos y 104 lesionados no tuviera repercusiones internacionales.

Al respecto, dijo, hasta se bloqueó la ayuda médica a los más de cien menores que sobrevivieron al incendio. “Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento [Estados Unidos], donde había un hospital esperándolos para poderlos curar porque no querían que se hiciera grande el escándalo”.

El papel de Karam Toumeh

Los testimonios que recabó en 2010 el ministro Zaldívar descubren el papel que jugó Daniel Karam Toumeh en la falta de atención a los bebés sobrevivientes, lo que no sólo constituiría una negligencia, sino sobre todo daños intencionales a la salud de las víctimas y violaciones graves a derechos humanos. En su investigación ministerial –que retomó la nueva denuncia penal que interpuso en 2020 el IMSS– se da cuenta, por ejemplo, de que en su calidad de director general del Seguro Social, Karam Toumeh obstaculizó el traslado urgente de los menores con quemaduras más graves a hospitales de Estados Unidos, especializados en este tipo de atención.

Por órdenes del amigo de Calderón Hinojosa, los infantes fueron trasladados a nosocomios de Guadalajara y Ciudad Obregón. Eso fue confirmado por el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours. En su comparecencia, el político priísta, empresario y esposo de una prima de Margarita Zavala afirmó: “en una coordinación con el Seguro Social, esto es muy importante mencionarlo porque también hay muchas versiones sobre qué pasó con los movimientos del Seguro Social en Sonora, siendo estado fronterizo tiende mucho hacia la frontera norte, entonces los padres de familia, insistentemente decían que querían mover a los niños al hospital de Sacramento, el Shriners; Hospital de Los Ángeles, y al hospital de no sé dónde; los querían mover y el Seguro Social insistía mucho en moverlos todos a Guadalajara o a Ciudad Obregón, donde ellos tenían capacidad. Entonces, desde hacer las gestiones con algunas organizaciones de la sociedad civil que participaron muy activamente, por cierto, a estar al pendiente de ellos, y por eso les decía, como yo les comenté, reiterarles que al Seguro Social, al señor director, o sea, hay que hacer lo que los papás dicen, hombre, pues si los señores quieren que se vayan a Sacramento pues hay que llevarlos a Sacramento. No hay que pelear con ellos, qué necesidad tenemos todavía de crear o abrir un espacio más de discusión en algo que ya está suficientemente grave el asunto como para hacerlo. Y gracias a eso abrimos, ya se había cerrado el tema de Sacramento, que algunos niños pudieron ser movilizados”.

La propia investigación del ministro Zaldívar da cuenta de las resistencias de la autoridad federal. “De los testimonios de los padres entrevistados por la Comisión Investigadora se advierte la percepción de que el traslado de los menores fue obstaculizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, privilegiándose los traslados a hospitales de Obregón y Guadalajara, a pesar de que los padres deseaban su transferencia a Sacramento”. Y agrega: “de los testimonios concatenados entre sí, se puede concluir que esto obedeció a una decisión centralizada del IMSS, lo que tuvo como consecuencia que, al menos, en opinión de muchos padres, los niños no recibieran una atención médica adecuada”.

A este asunto también se refirió Zaldívar el 22 de febrero de 2022 –cuando reveló la operación de Estado que orquestó el expresidente de México para encubrir a Margarita Zavala y a su familia–: “los padres [de las víctimas] me contaron que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor el tema. Me contaron cómo los directivos del IMSS habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que les tenían que pagar por sus lesiones, y por la situación en que habían quedado”.

El impedimento de que los bebés quemados fueran trasladados a hospitales de Estados Unidos y la alteración de expedientes médicos fueron sólo algunas de las presuntas anomalías en las que habría incurrido Karam Toumeh, maestro en administración pública por la Universidad de Harvard y licenciado en economía por el ITAM.

Con base en el voto minoritario de los ministros Zaldívar, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, así como en la recomendación de la CNDH, la denuncia del IMSS interpuesta en 2020 señala que la magnitud de las fallas del sistema de guarderías subrogadas alcanzan a Karam Toumeh, quien fue director general entre el 3 de marzo de 2009 y el 4 de diciembre de 2012, debido a que asumió todas las atribuciones y responsabilidades derivadas de la dirección de dicho Instituto. Asimismo, acusa que este exfuncionario también es responsable de la gestión de los eventos posteriores al incendio y de la atención médica que se brindó a las víctimas.

Sobre este último punto, Manuel Montaño Estrada, tío de Danna Paola Villarreal, expuso ante la Comisión Investigadora de la Suprema Corte las responsabilidades del exfuncionario: “estuvo el director general, no sé qué puesto es del Seguro Social, es Karam [Daniel Karam Toumeh], él era el que daba las órdenes: ‘vamos a llevar a niños para allá, vamos a hacer esto’. No sé en qué se basaba, pero así era. Luego luego se vio la intervención del Seguro Social. Algunos niños estuvieron muy bien atendidos en el Hospital del estado, en el Hospital Infantil del estado. No sé por qué se los llevaría para allá, estaba más cerquita. Es un hecho que me tocó a mí, cuando estábamos en el auditorio del Hospital Infantil, llegó gente del Shriners aquí en Hermosillo, llegó gente y dijo: ‘saben qué, nosotros tenemos ahorita lugar para 80 niños, si se los quieren llevar, nos los llevamos’, comentó el mismo señor, el licenciado, se me fue el nombre, Barrera se apellida, que es el delegado de Shriners Sonora. Puso a disposición: ‘tengo yo los medios para trasladar 80 niños. Ustedes díganme a quién me llevo’. Pues no le permitieron”.

Otro de los testimonios recabado es el de Lorenzo Alberto Huguez Galvez, papá de María Jimena Huguez Mendoza. “Ya como a media noche nos dicen que si queríamos trasladarla a Sacramento y nosotros decimos que sí. Y ya después como a las 5 de la madrugada nos dicen que siempre no se va a trasladar a Sacramento, que por decisión de los médicos se va a trasladar a Guadalajara, que porque hay un mejor servicio y nosotros decidimos hacerlo y al llegar allá no era un mejor servicio, era más de lo mismo”.

Karam Toumeh se desempeña como presidente y director general para México de la agencia Hill+Knowlton Strategies, Inc –consultoría en comunicación con oficinas centrales en Nueva York– y en redes sociales (@danielkaramt) ha compartido mensajes en contra del actual gobierno federal. Irónicamente, en 2011 –dos años después del crimen de Estado de la guardería ABC– Karam Toumeh fue reconocido por el ITAM con el premio al “Mérito Profesional”, por su “calidad profesional como exalumno y su notable contribución al desarrollo económico, político y social del país”.

Ante la situación de vulnerabilidad de los menores usuarios de las guarderías, la investigación ministerial de la Corte establece que tanto Karam como su antecesor Juan Francisco Molinar Horcasitas –director del IMSS del 1 de diciembre de 2006 al 2 de marzo de 2009, y fallecido en 2015– eran responsables del bienestar de los niños que se encontraban a su cargo. Por ello debieron instrumentar políticas que impidieran la autorización de operación de guarderías sin el cumplimiento previo de todos los requisitos legales aplicables, entre los cuales destacaba la verificación de que los inmuebles cumplieran con las condiciones idóneas de seguridad.

Asimismo, se indica que quien ostenta el cargo de director general del Seguro Social preside a otros dos órganos superiores: la Asamblea General –que es la autoridad suprema del IMSS– y el Consejo Técnico –que es el órgano de gobierno, representante legal y administrador del Instituto–, por lo que esta triple condición lo hace responsable del buen funcionamiento del Instituto. Entre otras funciones, el director general debe proponer las políticas estratégicas para su conducción y tiene a su cargo la ejecución de cualquier acto jurídico necesario para cumplir con sus fines.

De esta manera, a Karam Toumeh –como a su antecesor– le correspondía el control y conocimiento estricto sobre el esquema de funcionamiento del servicio de guarderías, y estaba obligado a instrumentar las medidas necesarias para que el servicio cumpliera con las disposiciones legales aplicables, se prestara en las mejores condiciones posibles, y garantizara el desarrollo y la salud de los infantes.

Nada de eso se cumplía al momento de la tragedia. De acuerdo con la investigación del ministro Zaldívar que se retoma en la denuncia penal, el 99.7 por ciento de las guarderías subrogadas por el IMSS incumplían al menos uno de los requisitos necesarios para su funcionamiento.

Respecto del control administrativo, el IMSS sólo verificaba un 87 por ciento; y acerca de la supervisión de los aspectos de protección civil, el Seguro Social omitió vigilar que los prestadores del servicio de guardería cumplieran con los estándares mínimos previstos en Normas Oficiales Mexicanas y en las legislaciones federales, estatales y municipales.

Y es que al día del incendio en la guardería ABC, del total de guarderías operadas por particulares, el 69.7 por ciento no contaba con equipo de incendios; el 72 por ciento carecía de dictamen favorable de instalaciones eléctricas; el 51.8 por ciento no contaba con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública; el 49.8 por ciento no tenía dictamen de protección civil municipal vigente; el 83.7 por ciento no contaba con dictamen de protección civil municipal anual; el 72.2 por ciento no tenía visto bueno o dictamen de bomberos vigente; el 91.4 por ciento carecía de visto bueno o dictamen de bomberos anual; al 75.1 por ciento le faltaba la constancia de realización de simulacros; y el 73.3 por ciento no tenía constancia de capacitación de protección civil.

Asimismo, de la inspección ocular realizada a un número representativo de guarderías subrogadas –conforme a la muestra elaborada por peritos del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México– se desprende que, al 5 de junio de 2019, también existía incumplimiento en las medidas de seguridad.

Ejemplo de ello es que el 41.7 por ciento carecía de salidas de emergencia; el 57 por ciento no contaba con detectores de humo; el 5.4 por ciento carecía de extintores; el 54.7 por ciento no tenía luces de emergencia; el 5.3 por ciento no contaba con rutas de evacuación; al 26.5 por ciento le faltaba piso antiderrapante en los baños; el 13.2 por ciento incumplía con la distancia a la salida menor a 40 metros; el 5.3 por ciento no realizó simulacros; al 14 por ciento le faltaba que la apertura de puertas de emergencia contara con mecanismo de empuje hacia fuera; el 45 por ciento no tenía sistema de alarma sonora; el 2.6 por ciento presentaba instalaciones eléctricas en descuido; y el 9.9 por ciento no tenía protectores de tomacorrientes en la pared. Por ello, el voto minoritario del ministro Zaldívar señaló que existía un “desorden generalizado en el otorgamiento, operación y vigilancia de estas guarderías”.

La responsabilidad de los socios

Basados en las evidencias que recabó la Comisión Ministerial que encabezó Arturo Zaldívar, los ministros Sánchez Cordero y Silva firmaron el voto minoritario en el que establecieron que los servidores públicos federales, estatales y municipales –con corresponsabilidad de los dueños de la guardería ABC, entre ellos la prima de Margarita Zavala: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella– omitieron obligaciones legales específicas que generaron las violaciones graves a las garantías individuales, hoy considerados derechos humanos.

Entre éstos destacaron la violación al principio de interés superior de la niñez. Al respecto, indicaron que “el artículo 4 de la Constitución reconoce distintos derechos a los niños y establece el deber del Estado de proveer lo necesario para garantizar el pleno ejercicio de los mismos”. Éste establece que “[…] los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez […]”.

También consideraron que la interpretación de este artículo constitucional debe tomar en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos de los menores de edad, firmados y ratificados por México. Por tanto, se agrega que “este principio ordena que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas ‘reforzadas’ o ‘agravadas’. El hecho de que haya mayores exigencias para el Estado cuando se trata de salvaguardar los derechos del niño también puede justificarse a la luz de las disposiciones del derecho internacional relacionadas con los derechos del niño”.

Al respecto, citaron –entre otras normativas– la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana, que reconocen que los menores requieren una protección y cuidado especiales. Incluso detallaron que este principio de interés superior ordena que las medidas de protección sean doblemente reforzadas cuando están dirigidas a niños pequeños, como eran los de la guardería ABC [de entre 10 meses y 4 años de edad].

Los ministros señalaron que “el Comité de Derechos del Niño ha establecido que la protección a los menores tiene que ser más intensa cuando se trata de niños que se encuentran en la primera infancia. Esta mayor protección encuentra su justificación en la especial vulnerabilidad de los niños a esta edad. Es evidente que las capacidades motrices y comunicativas de los niños en la primera infancia son muy limitadas, de tal manera que dependen por completo de sus padres y cuidadores para poder sobrevivir”.

El segundo derecho humano violado fue el de la protección de la vida y a la integridad física. Al respecto, observaron que “la falta de cumplimiento de distintas disposiciones legales relacionadas con algunas medidas de seguridad ocasionó que 49 niños que se encontraban en la ‘guardería ABC’ el día 5 de junio de 2009 perdieran la vida y otros 104 fueran afectados en su integridad física”.

Apuntaron que “el derecho a la protección de la vida es un derecho fundamental implícito en la Constitución, que se deriva de todos los derechos expresamente estipulados que requieren de la vida como condición para su ejercicio”. Adicionalmente, subrayaron que los tratados internacionales suscritos por el país en materia de derechos humanos lo tutelan, como el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En el caso de la guardería ABC, indicaron que lo que el alto tribunal debía determinar es si hay una relación especial entre el Estado y los 49 niños que perdieron la vida en la vida. “La respuesta a esta pregunta es indiscutible: sí existía una relación jurídica especial entre el Estado y los niños que murieron en el incendio que imponía a aquél la obligación de emprender medidas adecuadas para la protección de sus vidas”.

Los ministros Zaldívar, Sánchez Cordero y Silva Meza consideraron de forma contundente que “existen elementos suficientes para concluir que si las autoridades estatales hubieran cumplido sus deberes constitucionales de protección de la vida, interpretados de conformidad con el estándar doblemente reforzado que impone el principio interés superior del niño en relación con los menores que están en la primera infancia, en ningún caso hubiera tenido lugar una tragedia de las dimensiones como la que ocurrió el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Lo que significa que no hubieran perdido la vida los 49 niños que fallecieron el día del incendio”.

De igual forma, concluyeron “que si las autoridades hubieran cumplido cabalmente su obligación de proteger la integridad a los menores que eran usuarios del servicio de guarderías subrogadas, los niños que se encontraban en la guardería ABC no habrían sufrido ninguna afectación en su integridad física”.

En el caso del incendio, otros derechos que se violaron fueron de acuerdo con los tres ministros que se opusieron al autoritarismo del entonces presidente Calderón fueron: a la seguridad social y a la salud, así como el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en las relaciones laborales.

Acerca de la responsabilidad de los socios de la guardería, el voto minoritario determinó “que los socios, administradores y representante legales de la guardería ABC, tienen una responsabilidad solidaria compartida por los hechos acontecidos materia de la investigación”. Una de las socias es, precisamente, la prima de la panista Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Calderón Hinojosa.

Los ministros establecieron “que al tratarse de un servicio público subrogado, deben vincularse a todos y cada uno de ellos con el funcionamiento de la guardería de acuerdo a su nivel de participación, al tener que ver de manera directa con la toma de decisiones en relación al funcionamiento de la sociedad y por lo tanto con la prestación del servicio, tanto en su función de persona moral particular, como en su carácter de autoridad material para efectos de la investigación como auxiliar del Instituto subrogante”.

También señalaron que, “más allá de que la responsabilidad imputada sea o no analizada conforme a su calidad de sociedad civil, debe hacerse bajo la consideración de las responsabilidades de dichas personas derivadas de los derechos de los menores que se han vulnerado con la deficiente operación del servicio público prestado. Es decir, a la luz de los derechos relativos a la primera infancia, que impone el artículo 4, párrafo octavo de la Constitución Federal”.

Determinaron que los prestadores del servicio incumplieron con lo establecido en la Constitución, en la Ley del Seguro Social, en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería, la Norma que establece las Disposiciones para la Operación del Servicio de Guardería, las Bases para la Subrogación de Servicios de Guardería del Esquema Vecinal Comunitario, la Norma Oficial Mexicana 167-SSA-1-1997, el contrato de prestación de servicio de guardería en su modalidad de esquema vecinal comunitario único –celebrado el 29 de diciembre de 2006 entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la sociedad civil Guardería ABC–. Ello, “porque no desempeñaron la obligación de prevenir el riesgo derivado de no cumplir los cuidados suficientes a los niños bajo su resguardo durante la jornada de trabajo”.

Para los ministros, los socios, administradores y representante legal “fueron omisos en dirigir y normar las acciones suficientes de prevención relacionadas con los estándares de protección civil a que estaban obligados para garantizar la integridad y seguridad de los menores en la guardería subrogada, no obstante que, conforme a los ordenamientos constitucionales y legales antes señalados, se establece que la prestación del servicio de guardería debe cumplirse con base en determinados requisitos para el debido funcionamiento de la guardería, as  como con los programas de protección civil y técnicos de seguridad expedidos por el Departamento de Bomberos de la localidad, a fin de mantener la calidad de la operación de la guardería, pero sobre todo para respetar en ordenamiento constitucional que hace referencia a los derechos de los niños”.

ContraLínea

El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar desmintió al expresidente Felipe Calderón después de que este tuiteó que el ministro había lanzado un “durísimo” mensaje al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los feminicidios.

En Twitter, el ministro Zaldívar desmintió un tuit de Felipe Calderón en el que asegura que el ministro lanza un “durísimo” mensaje contra AMLO. Al respecto, Zaldívar acusó a Calderón de estar “politizando” con los feminicidios, además le aseguró que se equivoca de destinatario, pues el mensaje no iba dirigido para López Obrador.

Antes de la contestación del ministro, el expresidente panista retuiteó un mensaje, el cual consideró que iba dirigido a López Obrador. El mensaje se leía así:

“Y mientras siguen matando mujeres con saña, pregunto: ¿ya es tiempo para que todos y todas discutamos soluciones y las pongamos en práctica, o seguirán siendo prioridad las grillas baratas, los egos y las fobias? ¿Qué estamos esperando? ¡Los feminicidios deben revertirse ya!”, publicó el ministro.

Calderón aseguró que el tuit de Zaldívar era un “durísimo” mensaje para el Presidente López Obrador. Pues en diferentes ocasiones, el exmandatario se ha quejado de la estrategia del actual gobierno para acabar con la delincuencia.

El ministro presidente consideró lamentable que Calderón Hinojosa intente politizar con un tema tan serio como son los feminicidios. Cabe destacar que Arturo Zaldívar ha dicho ser afín al rumbo que el Presidente López Obrador escogió para el país.

Por otra parte, el ministro acusó en febrero de este año a Felipe Calderón y Genaro García Luna de haberlo intimidado en el marco del incendio de la Guardería ABC. En ese entonces, el gobierno de turno buscó amenazar a Zaldívar para que la familia de la otrora Primera Dama, Margarita Zavala, no se viera involucrada en el caso, esto a pesar de estar relacionada a la guardería donde sucedió el siniestro.

Polemón

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, y al director del IMSS, Zoé Robledo, a que presenten un informe sobre la reparación de los daños a víctimas y familiares por la tragedia de la Guardería ABC. 

“Yo voy a pedirle a Alejandro Encinas y a Zoé Robledo que si pueden hoy o mañana, antes del domingo, que informen de la atención a los familiares, a las niños, a los niños. Que informen sobre la reparación de los daños, que informen sobre la cuestión judicial”, expresó AMLO en su conferencia mañanera. 

Destacó que durante su visita a Hermosillo, Sonora, se encontró con el hermano de un bombero que participó en el rescate de los menores quien se encuentra preso por este caso.

En ese sentido, AMLO reprochó:  “los de arriba gozan de impunidad”.

Fuente Político MX

Masacres, asesinatos de civiles “justificados” como “daños colaterales”, declaración de una supuesta “guerra” contra el narcotráfico, sostener en la Secretaría de Seguridad Pública a Genaro García Luna, permitir la introducción de armas para el Cártel de Sinaloa en el operativo Rápido y Furioso, encubrir los crímenes relacionados con el incendio de la guardería ABC y robarse las elecciones de 2006 fueron algunos de los delitos en los que habría incurrido el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y que enunció esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Qué, no se dio cuenta quién era su secretario de Seguridad Pública? ¿Qué, no se dio cuenta él, no ordenó que la Secretaría de Marina se dedicara a esa guerra? ¿Qué, no dio él instrucciones para que se fueran los marinos a entrenar a Estados Unidos? ¿Qué, no sabía él de la introducción de armas en el operativo Rápido y Furioso? ¿Qué, no sabía de las masacres y de esto que tú estás planteando [la operación de Estado para encubrir los crímenes relacionados con el incendio de la guardería ABC] ?”, cuestionó el primer mandatario.

A la pregunta de Contralínea de si su gobierno acompañaría con pruebas –que aún obren en los archivos de las instituciones federales– la denuncia pública hecha por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, quien el pasado 22 de febrero señaló a Calderón de orquestar una operación de Estado para encubrir a su esposa Margarita Zavala en el caso del incendio de la guardería ABC, el primer mandatario hizo un recuento de los crímenes del expresidente panista.

“Yo estoy más por la no repetición y por la condena moral, soy más partidario de eso, y estoy por la no repetición para que esos horrores no se vuelvan a presentar, muchas cosas. Imagínense, se atrevieron a robarse la elección presidencial, y eso lo sabe Felipe Calderón, que se robó la elección presidencial y se afectó a todo un pueblo. Y hay pruebas suficientes.”

López Obrador recordó que al asumir la Presidencia, Calderón “voló con el Estado Mayor y con los mandos del Ejército a Uruapan vestido de militar, una chamarra, un chaleco que le quedaba hasta grande. El que era gobernador en ese entonces dice que estaba esperándolo en el aeropuerto y no lo veía porque todo era verde, todos estaban vestidos de verde, y como el secretario de la Defensa de ese entonces era grandote y todos verdes, dice que estuvo a punto de comentarle al secretario de la Defensa: ‘¿Y el presidente?’ Y allí apareció. Todavía le sugiere –eso me lo dijo un ayudante del gobernador– le dice: ‘Vamos a Tierra Caliente, vamos a Apatzingán, quítate la chamarra esa’. No se la quitó, fue a declarar la guerra, y todo lo que produjo esa decisión.”

Asimismo, señaló que al mismo tiempo que desataba esa violencia con la declaración de la supuesta “guerra”, mantenía como secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, vinculado a proceso judicial en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa en el trasiego de drogas ilegales al vecino país.

“Y no ha querido dar una explicación sobre este asunto, porque hubo asesinatos, no sólo de delincuentes o de presuntos delincuentes, también de personas inocentes. Empezaron a hablar de –usaban un término– daño colateral, y la guerra, y perdieron la vida funcionarios y, desde luego, militares.”

En la que podría ser la crítica más dura que ha hecho hasta ahora el presidente López Obrador a Calderón Hinojosa, también advirtió que “el poder es una tentación. Si no hay ideales ni principios, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, los vuelve prepotentes, les brota el autoritarismo”.

Añadió que en el contexto de esa “guerra” que declaró el ultraderechista en diciembre de 2006, “les decían a los altos mandos: ‘Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos’. ¿Y dónde están ahora los que en ese entonces guardaron silencio? ¿Qué dijo Krauze de eso? ¿Qué dijo Aguilar Camín? ¿Qué decía Zabludovsky? Perdón, finado. López-Dóriga, Loret de Mola. Al contrario, Loret de Mola ayudándole a García Luna y metido con los marinos con lo de la niña Frida Sofía. Había un almirante, creo que se apellida Beltrán, que fue el que dijo: ‘Aquí no hay ninguna niña’, con mucho valor. Pues los reprimieron porque hicieron todo este montaje”.

El primer mandatario también se refirió al mensaje que compartió Calderón en su cuenta de Twitter: “dice que yo les mando a decir a los asesinos: abrazos, no balazos. No mando a decirles a ellos eso, yo creo que la mejor forma de enfrentar el problema de la violencia es atendiendo las causas y voy a sostenerlo. No se puede apagar el fuego con el fuego, la violencia no se puede enfrentar con la violencia, en eso somos distintos él y yo. Él piensa que el mal hay que enfrentarlo haciendo el mal. Yo no sé cómo se dice católico, que tiene que apegarse al Nuevo Testamento, que no es la ley del talión, que no es el ojo por ojo, diente por diente y quieren resolver los problemas con el uso de la fuerza, con la violencia”.

Al respecto, sostuvo que la política de abrazos y no balazos se refiere a atacar las causas que originan la violencia, como atender las necesidades de los jóvenes con programas sociales. “Si se dan opciones, alternativas, si la gente tiene trabajo, vamos a vivir en una sociedad mejor, de eso no tengo la mejor duda. Y en eso discrepamos, él no está pensando en eso”.

En ese sentido, consideró que “el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué hago o qué pienso se debe de hacer? Atender las causas, los orígenes de la violencia”.

Asimismo, criticó que no existan estadísticas de las consecuencias de la violencia que originó Calderón en el país. “No han medido, porque el Inegi no va a ayudar en eso, o sea, están metidos en otra cosa, pero, a ver, ¿cuánta desintegración familiar se originó durante el periodo neoliberal?, ¿dónde están los estudios sobre eso, de niños, huérfanos, jóvenes que crecieron sin padres, sin madres? ¿Cómo están las cárceles? Llenas de jóvenes de familias desintegradas”.

En su crítica al exmandatario que llegó a la Presidencia cobijado por el Partido Acción Nacional, López Obrador cuestionó: “entonces, si eso no lo atendemos, ¿cómo vamos a resolver las cosas?, ¿sólo ametrallando? Esa es una discusión de fondo”.

El presidente también recordó la declaración que hizo el político Humberto Moreira sobre Calderón Hinojosa cuando tuvieron un altercado público: “es una respuesta fuerte, pero no es el que sea fuerte porque la está replicando, sino por lo que dice de un asunto o de un caso en contra de unos presuntos delincuentes o de un presunto delincuente, de lo que se tenía que hacer; esto, dicho por el que era gobernador de Coahuila al que era presidente de México”.

Y proyectó el video de esa declaración:

Humberto Moreira Valdez: ¿Te acuerdas de aquella plática?, cuando ibas temeroso en el Hotel Quinta Real con empresarios y me decías nervioso: ‘¿Qué va a pasar?, ¿qué va a pasar?’ Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió, a la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandabas recursos a Coahuila, reclamos justos, además.

“Después te trasladaste a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas?, yo estaba ahí, y me dijiste en el trayecto: ‘¿Qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes?’; te dije: Debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que, por ti, mejor deberían ser asesinados. 

“Me quedé impactado con tu respuesta, era la respuesta de un criminal, como Victoriano Huerta. Eso eres, te pareces mucho a él, un poco más frentón, bueno, mucho más frentón que él, pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes, no tuitees, tranquilízate.”

López Obrador pidió que se repitiera la frase: “‘¿Tú qué piensas hacer con estos secuestradores y todo?’, y que supuestamente Moreira le dice: ‘Castigarlos de acuerdo a la ley’, y Moreira sostiene que Calderón le dice: ‘No, tienen que ser asesinados’. A ver, repítelo”.

En el caso de la guardería ABC, el primer mandatario indicó que “lo más importante es que no haya repetición de estos horrores. No a la guerra, atender las causas que originan la violencia, no desatender al pueblo. Si queremos vivir en paz tiene que haber justicia; la paz es fruto de la justicia y eso es lo que estamos haciendo”.

Asimismo, indicó que le duele lo de los niños que fallecieron, así como de los que resultaron lesionados por el incendio. Y agregó: “lo que más me molesta es la hipocresía y el papel de complicidad de los medios de información, porque no sólo encubrieron este crimen, sino que con la fuerza del gobierno federal lograron echarle la culpa al PRI para que ganara el PAN. Y ganó el PAN, y utilizaron esta desgracia como propaganda, o sea, una cosa horrorosa, inhumana, porque no sólo se quedó en la parte de la impunidad, sino todavía lo usaron con propósitos políticos electorales”.

—En este caso [de la guardería ABC], presidente, la operación de Estado no sólo fue acompañada por ocho ministros, con excepción del ministro presidente Arturo Zaldívar, de la ministra Olga Sánchez Cordero y del ministro Juan N. Silva Meza; el resto encubrieron todo este asunto y eso permitió que todos los responsables de los diferentes crímenes que se cometieron en esta atención al incendio quedaran en la impunidad total. Más allá de eso, presidente, en la Fiscalía General de la República está el expediente abierto. Entonces, preguntarle si la fiscalía le pide a su gobierno colaboración para documentar toda esta operación de Estado que debería de estar en los archivos, no sólo del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino incluso en los archivos del Cisen, de la propia Sección Segunda del Ejército, que es la encargada de la inteligencia militar, en los propios archivos de la Secretaría de Seguridad Pública. Si ustedes colaborarían con esa investigación de la Fiscalía General de la República en caso de que así se lo solicitaran –se le preguntó.

—Bueno, lo que debe saberse es que en reuniones que hemos tenido con los padres de los niños, de los bebés, se hizo el compromiso, porque ellos lo plantearon, de que se presentara una nueva denuncia, esto desde 2019 me lo plantearon. Yo estuve con ellos como en tres ocasiones y se les ha estado atendiendo. Y en cuanto a la denuncia, precisamente con los elementos del proyecto que presentó en su momento el ministro Zaldívar, el Seguro Social presentó, interpuso una nueva denuncia, que está en la fiscalía, le voy a pedir a Zoé Robledo de que dé a conocer la denuncia porque sí está presentada, de acuerdo a los elementos del ministro Arturo Zaldívar, de ahí se tomó la sustancia para pedir que la fiscalía investigara, o sea, no está cerrado el caso, es un expediente abierto, nada más que sí me gustaría que Zoé [Robledo] informara hoy, y Alejandro Encinas que también sabe sobre esto.

Fuente ContraLínea

Hoy, al ser cuestionado el presidente Andrés Manuel López Obrador por los casos de corrupción de Felipe Calderón, el mandatario federal aseguró que el caso de la guardería ABC, “no está cerrado (…) es un expediente abierto”, además, detalló que los padres de las víctimas pidieron presentar una nueva denuncia desde 2019.

Desde Palacio Nacional, el presidente de México explicó que ha sostenido reuniones con los padres de los niños y bebés de la guardería ABC, y se hizo el compromiso porque ellos lo plantearon, que se presentara una nueva denuncia.

“Esto desde 2019, me lo plantearon, yo he estado con ellos como en tres ocasiones. Y en cuanto a la denuncia, con los elementos que presentó en su momento el ministro Zaldívar, el Seguro Social presentó una nueva denuncia que está en la fiscalía”.

Además, informó que ya pidió al director general del IMSS, Zoé Robledo, o al subsecretario Alejandro Encinas, dar a conocer la denuncia, misma que está acorde con los elementos que presentó en su momento el ministro Arturo Zaldívar, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sobre el caso de la Guardería ABC, incendio en el que perdieron la vida menores en Hermosillo, Sonora, en 2009 durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, dijo:

“A mi lo que más me molesta de todo esto, claro que me duele lo de los niños, pero lo que más me molesta es la hipocresía y el papel de complicidad de los medios de información porque no sólo encubrieron este crimen, sino que con la fuerza del gobierno federal lograron echarle la culpa al PRI para que ganara el PAN, y ganó el PAN, utilizaron esta desgracia como propaganda”, expresó.

“Se trató, dijo, de una cosa horrorosa, inhumana, porque no sólo se quedó en la parte de la impunidad, sino todavía lo usaron con propósitos político-electorales. Yo iba a Hermosillo y no se me acercaban los padres, no, porque o estaban atendidos, vamos a decir, por el PRI o por el PAN”. Al final, en medio de la campaña mediática “los que sacaron raja fueron los del PAN”.

Al ser cuestionado sobre la responsabilidad de Felipe Calderón en este caso, el mandatario señaló: “Ya fijé mi postura desde hace tiempo, desde que tomé posesión, dije que no iba a presentar ninguna demanda, ninguna denuncia, en contra de los ex presidentes. Que sólo si la gente lo demandaba, lo exigía en una consulta, que se llevó a cabo”, pero dicho proceso, aun cuando la mayoría se pronunció por ello, no se obtuvieron los votos necesarios para que sea vinculante.

“Yo estoy más por la no repetición y la condena moral, soy más partidario de eso, y estoy por la no repetición para que esos horrores no se vuelvan a presentar. Muchas cosas, imagínense, se atrevieron a robarse la elección presidencial, y eso lo sabe Felpe Calderón, que se robó la elección presidencial y se afectó a todo un pueblo, y hay pruebas suficientes”.

Con información de La Jornada

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, reveló que el entonces presidente Felipe Calderón, por conducto de quien fuera su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo presionó para que modificara su proyecto sobre lo ocurrido en la guardería ABC en donde murieron 49 niños en un incendio en Sonora, con el propósito de que su esposa Margarita Zavala y su familia no se vieran involucradas.

Expuso que hubo una “operación de Estado” para proteger a la familia de Zavala, y no involucrarla en el caso de la Guardería ABC, señaló el presidente de la Corte. “Puedo dar fe, de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”.

Al presentar su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”, en la Escuela Federal de Formación Judicial , ministro Arturo Zaldívar señaló que Gómez Mont lo visitó en su oficina para presionarlo, al exigirle que cambiara su proyecto de sentencia sobre ese crimen, en donde señaló las responsabilidades de funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y familiares de Margarita Zavala.

Incluso reveló que durante el encuentro hubo gritos: “el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos, en un momento me dice el secretario: Dice el presidente que no te apoyamos para esto”.

El ministro Zaldívar temía por su vida. Por ello, instruyó a su secretaria para que guardara bajo llave el proyecto, y si él desaparecía, la secretaria debía difundirlo ante la prensa. “Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte”.

Zaldívar descubrió que el expresidente Calderón operó una estrategia de ocultamiento del caso para que el crimen contra 49 bebés no tuviera repercusiones internacionales. Al respecto, dijo, hasta se bloqueó la ayuda médica a los más de cien menores que sobrevivieron al incendio.

“Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento [Estados Unidos] donde había un hospital esperándolos para poderlos curar porque no querían que se hiciera grande el escándalo.”

Fuente ContraLínea