Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea, pagó 500 millones de pesos, una tercera parte del total que deberá aportar al plan integral de justicia para la remediación de la cuenca del Río Sonora y para los mineros de Cananea. “Faltan otros mil millones de pesos”, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria adelantó que el recurso será destinado a la construcción del Hospital de Ures, Sonora, y aseguró que la cantidad faltante será pagada por la trasnacional, pues forma parte del acuerdo para la reparación integral del daño. “Lo va a cumplir porque está escrito”.

Sheinbaum Pardo subrayó que el acuerdo con Grupo México llegó tras la intervención del gobierno federal. Con éste, dijo, se buscó que la empresa respondiera a las demandas de los afectados. “Finalmente se llegó a un acuerdo, pero el gobierno estuvo insistiendo en que tenían que cumplir con lo que la comunidad pedía. No es nada más un acuerdo, digamos, del gobierno y Grupo México, sino la exigencia de que cumpliera con lo que la comunidad desde hace años venía pidiendo”.

Cabe recordar que –desde diciembre de 2025– el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, anunció la construcción del Hospital Regional de Ures, Sonora, con un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología para atender a la población de la zona.

En el convenio de concertación que firmaron ayer en la noche el gobierno federal y Grupo México, por el cual se le restituye al Estado el control del llamado Tren Transístmico,  la empresa propiedad de Germán Larrea se obliga a cubrir los costos de reparación y rehabilitaciones necesarias en los tres tramos que se devuelven formalmente a la federación.

De acuerdo con el documento, la filial Ferrosur, SA de CV, también se obliga a llevar a cabo medidas de remediación de los daños en materia ecológica y de protección al medio ambiente que se hayan originado durante el periodo en que tuvo bajo su posesión y operación los tramos ferroviarios: Coatzacoalcos-Medias Aguas, Hibueras-Minatitlán, y Coatzacoalcos-El Chapo.

El convenio de concertación apunta que tiene por objeto realizar la entrega-recepción ordenada y segura de dichos tramos ferroviarios y todas las instalaciones relacionadas con su operación en cuatro etapas.

Al respecto, se detalla que Ferrosur se obliga a cubrir los costos de las reparaciones y rehabilitaciones necesarias determinadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en esas cuatro etapas, a partir de la información que se recabe durante recorridos de verificación por los tres tramos –que harán tanto las autoridades como la empresa–, y de los estudios técnicos que se hagan.

El acuerdo al que llegaron la filial del Grupo México y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador establece un calendario, que incluye etapas ya ocurridas desde mayo de 2023 –cuando la Secretaría de Marina tomó control de las vías férreas consideradas estratégicas y de seguridad nacional– hasta el próximo 15 de diciembre. En esta última fecha se estima que el Estado mexicano tenga “control total” de los tres tramos por parte de la empresa de participación estatal mayoritaria Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SA de CV.

Por parte de Ferrosur, firmaron el convenio su director general Fernando López Guerra Larrea, y su director general de Administración y Finanzas, Isaac Franklin Unkind. Y por parte del gobierno, los secretarios Jorge Nuño Lara (Comunicaciones), Luisa María Alcalde (Gobernación), almirante José Rafael Ojeda (Marina); y el vicealmirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, director general del organismo público desconcentrado denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; y el capitán de navío Alan Tarsicio Cruz Saba, director general de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SA de CV.

Por increíble que parezca, el conductor Ciro Gómez Leyva reconoció la labor del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Durante su programa en Radio Fórmula, el comunicado leyó la columna del periodista Joaquín López Dóriga, en la que señalaba que mientras las ‘corcholatas’ del presidente López Obrador están metidas de lleno en su campaña, Adán Augusto, Secretario de Gobernación, resolvió el problema con Grupo México del magnate Germán Larrea.

“Adán Augusto siempre da resultados, México tiene un muy bien secretario de Gobernación”.

Y es que no es para menos, se venía un problema muy serio para el gobierno de México.

Cabe recordar que el día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente ayer contó los detalles sobre el acuerdo que hizo su gobierno con Grupo México, y confirmó que se dio la “entrega voluntaria” de un tramo de Ferrosur, de Medias Aguas a Coatzacoalcos, a cambio de ampliar la concesión de la empresa hacia el norte de Veracruz, hasta 2036.

“Se llegó a un acuerdo con la empresa del señor Germán Larrea, Grupo México. Se decidió, de conformidad con un decreto, recuperar para la Nación un tramo de la vía del ferrocarril en el Sureste, en el Istmo de Tehuantepec y se llegó al acuerdo de entregar voluntariamente este tramo de concesión que es estratégico, porque es el Istmo”, dijo en conferencia de prensa mañanera.

El Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea, no es dueño de las vías férreas, ésa es una concesión. “Porque dicen: ‘se expropió’. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada, es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación”, explicó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Palacio Nacional, expuso en su conferencia matutina que su gobierno intentó negociar con la empresa esa concesión, para poder desarrollar proyectos como el Transístmico en el sureste del país. Había diálogo con la empresa pero llegó el punto en el que ésta, de manera unilateral, rompió la negociación. Al grado, dijo, que dejó de tomar la llamada al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

El primer mandatario reveló que el Grupo México había asegurado que sí se llegaría a un arreglo con el gobierno federal, pero quizá malaconsejada esa empresa por abogados o asesores expertos, “viene con una propuesta, que querían que les pagáramos nueve mil 500 millones de pesos. Pues así ya no se puede”.

López Obrador señaló que ese monto no es un precio justo, sino un abuso. Y agregó que para fijar una cifra se tiene que dar un procedimiento legal: “la autoridad competente mande a hacer un avalúo y se pague una indemnización, si es que les corresponde. Pero, imagínense, pagar 9 mil 500 millones”.

El jefe del Ejecutivo federal criticó a “todos los defensores de las minorías, de los que se han dedicado a saquear al país, porque también medios de información, periodistas famosos, han lucrado, les han ayudado al saqueo. Entonces vuelven con la cantaleta: ‘¡es expropiación! ¡Qué barbaridad! Ya está México convertido en no sé qué país –como respeto tanto a otros países, ni lo menciono– la misma cosa’”.

Asimismo, detalló que en el trazo del Tren Maya se han realizado más de cien expropiaciones consensuadas porque se trata de un procedimiento legal, constitucional.

“Es un procedimiento establecido por la ley de propiedades privadas se llega a un arreglo y se dice ‘A ver, vamos a llevar a cabo una expropiación concertado’, se expropia, se hace el evalúo y se paga. Pero sí, como cien, es un mecanismo. ¡Ah, pero como ahora fue al señor Larrea, pegaron el grito en el cielo, ¿no? y, la desinformación, la manipulación” de los medios de comunicación.

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