Al admitir el recurso impulsado por jueces y magistrados contra la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, ocho ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sólo habrían violado el orden constitucional, sino también habrían incurrido en un golpe de Estado disfrazado y atípico, señala la ministra Lenia Batres Guadarrama. En entrevista, la juzgadora explica que la mayoría de ministros se extralimitó y cometió un atrevimiento sin precedentes, al pasar por encima de las leyes y arrogarse funciones que no tienen para imponerse, como un supra poder a los otros dos Poderes de la Unión, además de suplantar la representación popular de nuestro país. Batres Guadarrama advierte, también, el conflicto de intereses en el que incurrieron los togados, pues en el caso de la reforma judicial son “juez y parte”

Ocho ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrían violado el orden constitucional e incurrido en un golpe de Estado disfrazado y atípico, señala la ministra Lenia Batres Guadarrama. Ello, luego de que el pasado 3 de octubre, en la sesión del pleno, ese bloque admitió irregularmente un recurso promovido por jueces y magistrados contra la reforma constitucional al Poder Judicial.

En entrevista con Contralínea, la maestra en derecho penal explica que esa mayoría de ministros y ministras se extralimitó y cometió un atrevimiento sin precedentes, al pasar por encima de las leyes y arrogarse funciones que no tienen para imponerse como un supra poder a los otros dos Poderes de la Unión; además de suplantar la representación popular de México.

Con el supuesto de “salvaguardar” la “independencia y autonomía” del Poder Judicial, el pasado 3 de octubre los ocho ministros –incluida– votaron a favor de la consulta hecha por la presidenta Norma Piña, para admitir la controversia y con ello, la Corte realice un “control constitucional” de la reforma judicial. Todo ello, con base en la fracción XVII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Al respecto, la ministra Lenia Batres explica a este semanario que eso significa que, al discutir en los próximos días o semanas el tema de fondo, la Suprema Corte –por mayoría simple de seis votos– podría determinar “que tiene facultad para interpretar o invalidar la reforma judicial que se hizo a la Constitución. Es una aberración enorme. Entonces, quieren pasarlo como si fuera un asunto normal, como todos los que la Corte discute cada día. No, no, no, no, es un tema fuertísimo”.

La juzgadora destaca que además de ella, las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra. “Es un tema no solamente extralimitado en sus facultades –ordinarias, constitucionales o cualquier otra dispuesta en cualquier ley–, sino que también es ya el atrevimiento gigantesco que no ha tenido ninguna Corte en nuestro país. Ninguna, en ningún momento”.

Y es que, advierte, toda la jurisprudencia existente instituye que la SCJN no tiene facultad para analizar reformas constitucionales. Ése, dice, es el tamaño del atropello al orden constitucional y legal que se está viviendo con esta decisión del pasado 3 de octubre. “Por eso es que no podemos más que interpretar que ésta es una puerta que se abre a un golpe de Estado, a un golpe de Estado disfrazado porque finalmente es un golpe de Estado atípico: no lo comete un presidente que quiera imponerse o una persona que quiera tomar el mando a través de las Fuerzas Armadas –que esos son los golpes de Estado clásicos–, sino [lo comete] el Poder Judicial, que se arrogaría funciones que no tiene para imponerse, suplantando nada menos que al poder constituyente permanente [el Congreso], suplantando la representación popular de nuestro país”.

En la sesión del pleno de la SCJN –del pasado 3 de octubre–, tanto la ministra Lenia Batres como la ministra Yasmín Esquivel alertaron de este intento de golpe de Estado, llamándolo con todas sus letras [ver https://contralinea.com.mx/interno/semana/ministras-batres-y-esquivel-alertan-golpe-de-estado-de-la-suprema-corte/ ], para enfatizar la ilegalidad en la que estaban incurriendo la presidenta Piña y otros siete juzgadores, todos identificados como el bloque conservador en la Corte. En ese bloque se incluyen los dos a los que el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso, y tras su ingreso al máximo tribunal se aliaron a la derecha. Por ello, el propio AMLO los llegó a llamar “traidorzuelos”: Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Ya en la entrevista, Batres Guadarrama critica que sea justamente el Poder Judicial –que no es elegido de forma democrática por el pueblo de México– el que “estaría sustituyendo esa voluntad popular [expresada el 2 de junio en las urnas, y posteriormente en septiembre pasado, en el Congreso de la Unión y los congresos estatales]. Y eso tiene un solo nombre aquí y en todo el mundo y se llama golpe de Estado, por eso es que le pusimos nombre para advertir”.

La también licenciada en derecho, explica que esos ocho ministros y ministras “piensan que pueden darse a sí mismos una facultad, cuando en realidad deberíamos –no sólo ellos, sino los 11– declararnos impedidos siquiera para pensarlo, porque somos juez y parte, porque somos parte de los sujetos que estaríamos dispuestos a ser sometidos a la votación popular; es decir, nos podría afectar directamente esta reforma”.

Sobre este posible conflicto de interés, observa que los ministros y ministras de la Corte están “claramente señaladísimos [en las leyes] como parte interesada, y por lo tanto sujetos de impedimento. Entonces, por eso es que me parece así de grave”.

En su conferencia del 4 de octubre y consultada por esta reportera, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que no se va a caer en esta provocación de los ocho ministros y ministras de la Corte, por lo cual no se tomarán acciones por esta violación a la Constitución. “Ellos están buscando que hagamos eso. O sea, ¿qué argumento [tienen]? Desde mi perspectiva, mi punto de vista, es que ellos lo que quieren es [que se actúe]. Ya ven que dicen que somos autoritarios, ¿no?, que llegó la presidenta autoritaria. No, llegó una presidenta demócrata. Entonces, lo que ellos quieren es tener argumentos para decir: ‘ya ven qué autoritarios son, quieren meter a la cárcel a la ministra, al ministro’. Ellos están tomando una decisión política, no jurídica, al aceptar que la Corte revise la reforma al Poder Judicial. Entonces, por eso nosotros lo que decimos es: no tiene sustento jurídico”.

Sheinbaum Pardo agregó: “no vamos a caer en ninguna provocación, de nuestra parte no; de nuestra parte: paz, información, debate. Pero ellos saben, ministros, ellos lo saben, ellos saben que están actuando inconstitucionalmente siendo Suprema Corte de Justicia, y el pueblo lo sabe también”.

Sustento ilegítimo al paro de jueces y magistrados

La admisión del recurso que promovieron jueces y magistrados contra la reforma judicia tiene una segunda arista de gravedad, advierte la maestra Batres Guadarrama: reviste indebidamente de una supuesta “legitimidad” el paro de los juzgadores, agrupados principalmente en la asociación civil Jufed. Es decir, no sólo es que los ocho ministros se extralimiten y pasen por encima de la propia Constitución, sino que sus votos a favor también pretenden imponer la idea de que la reforma judicial es inconstitucional, lo que daría una supuesta “validez” –que en realidad no tiene– al paro de labores.

“Es muy delicado lo que está pasando, porque el Consejo de la Judicatura Federal se ha negado a tomar las medidas que legalmente debiera tomar, por lo menos para detener [el paro y] no darle sustento jurídico a la suspensión de labores que tiene el Poder Judicial en este momento. Entonces, lejos de detenerlo, o por lo menos no alentarlo –si bien podría pensarse que a lo mejor la peor respuesta es reprimir por medio de sanciones–, pues lo que ha venido haciendo el Consejo de la Judicatura Federal es alentar este paro”.

La ministra recuerda que van 44 días de paro [al 3 de octubre de 2024], y que el CJF lleva tres acuerdos para declarar días inhábiles todo ese periodo, para no sancionar las ausencias. También, que el último acuerdo de la Judicatura fue el que extiende el paro prácticamente de forma indefinida, a partir del 2 de octubre. “Hay un anuncio de un paro y no hay una autoridad que determine absolutamente nada.

Tanto la actitud del Consejo de la Judicatura como la resolución del 3 de octubre en la Corte –ambas instituciones encabezadas por Norma Piña–, alientan esa inconformidad de jueces y magistrados, a pesar de que es ilegítima.

Por ello, la ministra Lenia Batres señala que ni en la Corte ni en el Consejo de la Judicatura hay prudencia, mesura ni responsabilidad, “como para informarles a todos los jueces, juezas, magistrados y magistradas que están promoviendo la protesta que no tienen razón, que no pueden tenerla; que no pueden tener fuerza jurídica, mucho menos”. La protesta contra el constituyente permanente, contra la totalidad de los estados de la República que participan en las reformas constitucionales, y contra la representación popular es ilegítima, subraya. “Entonces, no puede estarse alentando algo así”.

Por ello, considera que lo resuelto por sus ocho pares el 3 de octubre les vuelve a dar aliento, porque “le dan apariencia de vía jurisdiccional para discutir una reforma constitucional. Eso no ha sucedido en nuestro país. No hay precedente y están queriendo generarlo a través de la apertura a trámite de nada menos que el ejercicio de una facultad administrativa dispuesta en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.

Y aunque los ocho ministros aseguraron que la facultad deriva del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contiene todas las facultades del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres descubre que esa normatividad interna no se refiere en ningún momento a reformas constitucionales. “No es una facultad que nos de la ley expresamente, pero en todo caso si nos la diera, tendría que estar sustentada en una disposición constitucional. Y no está dispuesta”.

La votación del 3 de octubre, indica, abre la posibilidad de que la Corte cometa un golpe de Estado y ni siquiera con ocho votos, sino con seis porque es una norma interna y no la Constitución.

—Ministra, cuando nos dice que estaría pasando por encima de este mandato popular, ¿significa que está pasando por encima de una mayoría del pueblo de México que votó el 2 de junio por el llamado Plan C?

—Sí, por supuesto. En principio sí, porque además fue una votación expresa, en principio estaría pasando por encima de esa mayoría o de esa voluntad popular, y enseguida de esa voluntad popular institucionalizada a través del constituyente permanente o poder reformador de la Constitución, como se le quiera llamar, que finalmente es un órgano excepcionalísimo, que se conforma de manera exclusiva, ni siquiera se reúne físicamente porque no cabe en ningún auditorio, pero se conforma de manera excepcional cuando va a aprobar una reforma constitucional.

Participan en ella 500 diputados y diputadas federales, 128 senadores y senadoras de nuestro país, y además la totalidad de los legisladores y legisladoras locales. Ése es un cuerpo excepcional que obviamente es el único mayor representante de esa voluntad popular. Entonces, en principio una votación directa donde se pronunció la población o la ciudadanía, y en seguida votaron –como fuimos testigos todas y todas– en el Congreso de la Unión, votaron en este mismo mes de septiembre a favor de una reforma constitucional. Entonces, por eso es que es muy grave.

Y no puede tener otro nombre que suplantación. Y cuando se ejerce así, sin tener competencias, pues se le llama golpe de Estado, ejercicio de una tiranía, dictadura. Tiene todos esos nombres que no hacen más que reflejar que este tipo de suplantaciones provienen, de manera ilegítima, de una autoridad que es ejercida sin tener competencias legales y en este caso ni siquiera constitucionales.

Se impone ante los poderes constituidos, facultados para ejercer sus atribuciones, y toma una resolución de fuerza, porque ‘puede tomarla’, no por otra razón. Y aquí se está tratando de erigir y de conformar esa autoridad ilegítima e ilegal e inconstitucional, pasando por encima de esos poderes constituidos.

—Ministra, en la discusión [del 3 de octubre] veíamos esta insistencia por parte de los ministros que votaron a favor de darle entrada a este golpe de Estado judicial, pues de decir: “esto no es el fondo del asunto”, como advirtiendo que quienes votaron en contra estaban exagerando.

—Sí. Pues fue como en realidad se tratan otros temas, que se les intenta minimizar el tono o la gravedad de lo que implican, o desviar incluso en la argumentación de su verdadero significado fáctico, cuando en realidad es gravísimo. Y es gravísimo porque el puro hecho de que estemos resolviendo que procedería a analizar la reversión o la declaración de inconstitucionalidad de una reforma constitucional, ya es un posicionamiento del Poder Judicial, no nada más es de procedimiento.

En este caso, es de procedimiento y es de fondo, porque incluso en el supuesto, por ejemplo, de las controversias constitucionales o de los juicios de amparo, donde se prevé de manera expresa la posibilidad de suspender los efectos o la continuidad de esos juicios o de sus resoluciones e incluso en esos casos hay un pronunciamiento a priori, que es un pronunciamiento que justamente en el caso del juicio de amparo se presume por la apariencia de buen derecho, se dice. Es decir, al tú reclamar que la autoridad está abusando contra ti en un juicio de amparo, yo debo creerte juez, pero además estoy obligada por la ley. En este caso no. En ese caso, en el caso del juicio de amparo, se otorgan las suspensiones por esa apariencia de buen derecho, asumida sobre la base de una facultad que está determinada en la ley de amparo, pero en este caso no.

Aquí se pretende interpretar que podríamos revisar una reforma constitucional ejerciendo una facultad administrativa sobre la base de resolver un conflicto, una controversia, entre órganos del Poder Judicial. Entonces, resulta que nosotros tenemos una amplitud de interpretación y la ampliamos o la extendemos hacia otros órganos del Estado.

¿Y cuál es lo que nos resulta? La invalidación de una reforma constitucional. Por eso es que desde aquí teníamos que advertirlo, abrir esa puerta es absurdo, es abrir un campo ilimitado de interpretación. Si nosotros asumimos que aquí dice controversia entre los órganos del Poder Judicial y eso es sinónimo o extendible a controversias con el poder constituyente. Entonces, ya no tenemos… ¿Cuál es la certeza jurídica de este país? Ninguna. Estaríamos haciendo un nugatorio, no ésta, sino, otras facultades que el Poder Judicial se dé, porque cuando se puede lo más, se puede lo menos, y si nosotros somos capaces, ya lo único que nos falta es invalidar convenciones internacionales en otros países.

Esa es la única facultad que estaría pendiente de que se interprete a sí misma la Suprema Corte ya que sí puede estar invalidando con base en disposiciones administrativas, disposiciones constitucionales.

—Ministra, también otro de los posicionamientos de los ministros de este bloque que encabeza la ministra Norma Piña fue que si no se pone un alto a esta situación de la reforma judicial, entonces después el Congreso va a empezar a nulificar derechos humanos, y ponían ahí algunos ejemplos. ¿Esto tiene cabida? O sea, realmente ya me parece a mí hasta un discurso esquizofrénico, o sea, ya sin ningún asidero en la realidad, pero ¿cómo lo observa usted?

—No, pues es delirante, ¿no? Porque en realidad ya lo hizo antes. El poder legislativo invalidó derechos constitucionales que estaban dispuestos en la Constitución antes de los años 90. Entonces viene invalidando el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a la educación, restringiéndolos cada vez más, invalida incluso algunas disposiciones de carácter fiscal no solamente desde la constitución sino también en otras leyes.

Bueno, la más importante pues está esta disposición a convertir en deuda pública el Fobaproa pero también a reformar el monto del IVA, etcétera. Viene restringiendo derechos de los mexicanos y cuando lo hizo hace 30 años haciéndolo resolución tras resolución en el Congreso de la Unión, esta Corte no defendió los derechos de los ciudadanos, no quiso suplantar la autoridad del Congreso de la Unión para defender los derechos de los ciudadanos.

Es ahora cuando ni siquiera es un derecho porque no se los ha reconocido a ningún trabajador de confianza o de mando o derechos adquiridos que se pudieran interpretar, ni siquiera se trata de un derecho, sino que resulta que su pretexto de que ‘se amenaza la independencia y autonomía del Poder Judicial’ puede hacerlo todo. Ya nada más faltaba que estuviera haciéndole a través de un acuerdo general, una disposición todavía de muchísimo menor nivel o jerarquía, que son disposiciones absolutamente de carácter no solamente de fondo administrativo, sino de origen administrativo.

Entonces, en este sentido, no vemos el riesgo de que haya esa amenaza y no respaldemos como Poder Judicial a la ciudadanía, no. Ya sucedió y no lo respaldó este Poder Judicial, y cuando quiere brincarse totalmente la interpretación constitucional no es para defender en este momento los derechos de la ciudadanía, sino los privilegios de jueces, juezas, magistrados, magistradas y de ministros y ministras.

La preocupación es absolutamente, digamos que mezquina, absolutamente mezquina, absolutamente egoísta, y son capaces de parar al país entero, como tenemos los juzgados y los tribunales de circuito en este momento. Pararlos para nada más estar resolviendo lo que se le ofrece al propio Poder Judicial o a sus integrantes. Se están dando suspensiones contra la reforma constitucional, los jueces de distrito, a diestra y siniestra, a quien impugne, ya no importa si es o no, si tiene derecho o no lo tiene, hay que darle la suspensión a todo mundo. Y para eso si hay juzgados.

Y en cambio se están deteniendo todas las audiencias penales donde hay personas que piden su libertad, con causa o sin ella, pero ni siquiera se analiza, o se están deteniendo las audiencias para resolver en el caso de los de los jueces de control penal para resolver si se dicta o no se dicta la vinculación a proceso, y eso es más impunidad. ¿Hay alguien preocupado por eso en este momento? No. Se pierden millones de pesos cada día, y no hay en este momento una autoridad del propio Poder Judicial que ponga un alto a una pretensión absolutamente ilegítima de que se le reconozcan derechos que no le reconoció nunca el propio Poder Judicial a nadie.

Y no es que se merezcan lo peor, no, pero sí merece este país, sí merece pues tener las alternativas que disponga pues la representación popular que no está en esta Suprema Corte.

—Ministra, también nos habla de una posición ilegítima en la que inventan incluso derechos que en realidad no tienen. También hay visos claramente de ilegalidad, porque esto pasa por violentar la propia Constitución; y esta extralimitación implica que están rayando en la ilegalidad estos ministros y ministras. En ese sentido, sabemos que, aunque no lo quiera este bloque, en realidad son servidores públicos; ¿Tienen responsabilidades? ¿Se les pueden abrir procesos de responsabilidad en algún momento? ¿O ya es un poder supranacional que está por encima de absolutamente todo y son intocables para siempre?

—Pues es muy sintomático esto que está ocurriendo, tanto el darse el derecho a estar parando totalmente los juzgados y los tribunales sin ejercer las funciones de servicio a que estamos obligados, como esta resolución del día de hoy [3 de octubre], de abrir a la posibilidad infinita de interpretación una norma muy específica y muy restringida para un efecto absolutamente limitado e interno, dice de manera textual este artículo de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Entonces, estar queriendo inventarse facultades o estarse atribuyendo derechos que no se tienen en ningún paro, en ninguna huelga, en ningún tipo de circunstancia ni público, ni privada, para ningún trabajador o trabajadora de nuestro país, estarlos ejerciendo y reclamarlos. Porque además, ya en el colmo del surrealismo y del abuso, por supuesto, resulta que quienes se fueron a paro ahora están reclamando una indemnización, no sólo no se les suspendió su salario, sino que esperan que el propio Poder Judicial les pague supuestos daños.

¿Cuáles? No lo sé, pero lo están cuantificando y lo pusieron expresamente en su pliego petitorio para levantar el paro y que se les indemnice. Es delirante todo esto, y no es más que la muestra de que el Poder Judicial está conformado mayoritariamente por un conjunto de personas absolutamente irresponsables ante la sociedad, absolutamente ausentes o carentes de vocación de servicio y sin conciencia justamente de nuestro carácter de personas servidoras públicas.

Hay una costumbre casi ilimitada al privilegio que se le confunde con derecho y además hay una sensación de impunidad de que se haga lo que se haga no les va a ocurrir nada es muy grave, pero ese es el síntoma tanto del paro como de esta aceptación a trámite de esta consulta que se discutió el día de hoy en el pleno de la Corte, pues son lo que nos está mostrando.

—Ministra, también usted ha compartido en redes sociales el daño económico de ese paro; hoy hablaba usted de un daño de 8 mil 307 millones de pesos. Es una cantidad enorme de dinero, que sale de los bolsillos de los mexicanos. ¿Ahí qué pasaría? O sea, ¿habría también responsabilidades o simplemente se va a quedar como un daño que se cometió contra el erario, sin ningún acto de justicia y en total impunidad?

—Sí hay recursos, yo entiendo que hay también, para empezar, un consentimiento del Consejo de la Judicatura Federal que no ha querido tomar ninguna medida, ni siquiera para culminar a quienes están causando este daño, para que se abstengan, lo detengan e incluso, en su caso, se responsabilicen a través de sanciones. No hay ninguna disponibilidad para hacerlo. Más bien lo que ha ocurrido es lo contrario, se les viene otorgando y extendiendo el permiso para que sigan en este paro, pero hay otras autoridades y en dado caso, yo creo que sí tendrían que estar pensando esas autoridades que están obviamente en el propio Congreso de la Unión, en la Fiscalía General de la República, si amerita la constitución de algún tipo de sanción.

En el caso del Congreso de la Unión, se sanciona a través del juicio político, en el caso de la Fiscalía, incluso de sanciones penales. Yo entiendo que han sido sumamente prudentes para no agrandar el conflicto en el que se declararon prácticamente en rebeldía los integrantes del Poder Judicial para desacatar lo que hacen los otros Poderes.

Bueno, se ha tratado de ser muy mesurado, muy prudente, de no estar, digamos que polarizando esta posición que ha tomado el Poder Judicial, pero yo creo que sí debería tener un límite y deberían pues estarlo analizando en su dimensión, ya considerando que están dejando de atenderse más de 440 mil juicios de amparo, están dejando de asumirse resoluciones.

Nosotros hicimos el conteo, nada más de resoluciones que se emitieron en el mes de agosto del año frente a las que se emitieron en el mes de agosto de este año, y tenemos este año un 10 por ciento respecto de las que se emitieron el año pasado. Es decir, hay ya un 90 por ciento de menor eficacia, obviamente, pues porque el 10 por ciento que se está atendiendo o son temas de absoluta urgencia de acuerdo con nuestra propia Constitución con la ley orgánica misma o alguna otra ley que no se pueden evadir porque finalmente serían el primer motivo de causa de juicio político e incluso de responsabilidad penal. Pero ya lo que se ha dejado de resolver es altísimo.

Incluso me atrevería a pensar que la comparación entre lo que va a terminarse contabilizando de las resoluciones emitidas en septiembre de este año respecto de las del año pasado podrían ser incluso mucho menores todavía; considerando que prácticamente todo el mes de septiembre ha estado o estuvo en paro de labores el Poder Judicial.

En el caso de agosto, hubo todavía días hábiles en los que funcionó y quizá por eso llega a ese 10 por ciento, pero podríamos tener menos todavía en septiembre; y estamos pensando en ese aspecto que más que dañados los jueces que están en paro, el daño que se está haciendo a la sociedad es enorme, económicamente en cuanto a que hay un ejercicio de presupuesto de gasto público, por un lado.

Y en segundo lugar en cuanto a que hay daños respecto de quienes tienen juicios, temas pendientes que resolver, en algunos casos hasta de subsistencia como son las pensiones o los juicios que involucran alimentos para personas y en otros casos pues de derechos tan fundamentales como la libertad o de derechos tan importantes como el de la sociedad a la seguridad pública cuando se dejan de emitir autos de vinculación a proceso en juicios penales.

—Ministra, también en esta misma sesión de este jueves 3 de octubre, al final usted hizo un posicionamiento acerca de estas cuentas en redes sociales, particularmente un caso que suplanta la imagen, el logotipo, la propia identidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay otras cuentas que también suplantan la identidad del Poder Judicial de la Federación y que se dedican a atacar; y, en particular, la han estado atacando a usted de forma sistemática y muy grosera. Usted también plantea ahí en ese posicionamiento que en caso de obtener evidencia en algún momento de que desde dentro vinieran estas guerras sucias mediáticas también se podría tomar acciones. ¿Cómo está la situación ministra?

—Es que sucede que es el colmo: desde que entré aquí –es más desde que se estaba discutiendo en el Congreso, particularmente en el Senado en la terna que conformamos para llegar a esta Corte– he recibido una cantidad para mí inusitada, absurda de insultos, insultos, majaderías y denostaciones, pero además de imputaciones mentirosas, falsas.

En algún momento incluso sucedió que ante acusaciones ridículas que me hicieron algunos periodistas de dudosa fama, que me estaban molestando con que no pagaba la renta y tonterías y dándose mucha publicitación a videítos que se filtraron, ni siquiera de vida pública, de mi vida privada, bueno, pues recibí una cantidad de insultos desde entonces inusitados.

Y no fueron bajando, han ido subiendo de nivel e incluso se entiende que se trata de una estrategia absolutamente articulada. No sé si aquí en la Corte, afuera con personas que buscaban debilitar particularmente la voz que yo pudiera tener en el propio pleno de la Suprema Corte, actores sin duda alguna interesados en fastidiar o en demeritar posiciones críticas en general, pero subieron el ánimo, el tipo de adjetivos para mí de manera insólita.

A partir de ahí, bueno, yo presenté una demanda de carácter civil por daño moral y obviamente que un juez la desechó, indicándome que tenía que recurrir a una instancia local, no a la federal, cuando expresamente nuestro Código Federal en materia civil permite que si se trata de un funcionario o funcionaria pública pueda uno acudir a la instancia federal.

Bueno, se desechó y se entiende que desde ahí había también esa dificultad de posicionamiento aquí y bueno, ya no he insistido en esa demanda, por supuesto que no reclamaba dinero, reclamaba que simplemente se rectificarán las mentiras que se habían estado mencionando en columnas y en internet.

Lo que han interpretado ministros y ministras es que estamos obligados a mantener los canales que hagan posible el derecho de petición. Bueno, si en este caso, como ministra, que por cierto no tengo facultades individuales para tener resoluciones a derechos de petición, todo lo que hacemos lo hacemos como órgano colegiado en sala o en pleno.

Pero, no obstante, yo tengo esos canales abiertos, es parte de lo que he alegado en estos juicios y hasta el día de hoy me han dado la totalidad de razón, porque sería absurdo que no lo hicieran.

Pero estoy entreteniéndome en este tipo de cosas de manera irrisoria. Entonces, ya el colmo de colmos es que tenga la queja de ministros aquí mismo en el Pleno o en la Sala que resulta que se sienten heridos, un ministro, porque afirmo con los datos de la propia Suprema Corte que tengo ya un número mayor de resoluciones en este año que las emitidas por el ministro Aguilar hasta el mes de septiembre en los inicios de septiembre, y ya ahora finales o a principios de octubre ya incluso del ministro Laynez en la Segunda Sala. Tengo una cantidad neta y lo afirmo porque parte de las mentiras que se han venido difundiendo, pero de manera masiva, en mi contra, que no tengo resoluciones.

No sólo si tengo, sino que tengo más de 270 resoluciones y es más votadas por ellos mismos por los ministros y ministras en esta Corte. Entonces, es una mentira y sí tengo que estarlo diciendo, no porque esté presumiendo, digamos, que cifras extraordinarias, es mi obligación estar funcionando como ministra, sino simplemente para poderme defender de quien, entre otras cosas, afirma que no resolvemos nada. No. Sí lo resolvemos. Y eso, entre otras mentiras.

Entonces, he tenido que estar difundiendo estos temas que son de transparencia, que a mí me parece que son muy importantes para limitar el efecto de este tipo de campañas negras llenas de insultos fundamentalmente en la red X.

Y el día de hoy me decía otro ministro, el ministro Juan Luis González Alcántara, que pedía que no se le insultara o no se faltara al respeto a los ministros. Tuve que aclararle que no, que yo no le he faltado al respeto a absolutamente a nadie. He respetado y he sido amable con cada una y cada uno de los ministros porque no me merece ningún insulto a alguien que me trata amablemente.

Sin embargo, yo no puedo no poner adjetivos a los proyectos o a los posicionamientos que obviamente pueden no generar ningún respeto. Y no me lo genera cuando veo que hay esta posibilidad de violaciones arteras a la ley y a la propia constitución.

Por supuesto me refiero a los proyectos, yo no tengo por qué calificar la vida privada de nadie, las cualidades, digamos que ninguna de las cualidades de las personas.

Y creo que la mejor forma en que se mira esas cualidades son los hechos de las personas. Y en este caso, los hechos manifestados en las sentencias no son de carácter privado, son de carácter absolutamente público.

Y por supuesto que estamos y debemos estar sujetos a ese escrutinio. No ocultos aquí en una cofradía, protegidos para que nadie se entere de mis sentencias y nadie se atreva a pensar que soy cualquier tipo de adjetivo, bueno, ya será problema de cada quien, pero sí los adjetivos que se susciten o que me susciten los propios proyectos, posicionamientos, argumentaciones; si me parecen absurdas, voy a decir que son absurdas; si me parecen ilógicas, voy a decir que son ilógicas; si me parecen inconstitucionales, voy a afirmar que son inconstitucionales.

¿Eso significa que le falto al respeto a nadie? No, pues me parece hasta infantil que alguien se queje de eso. Y me parece que dan motivo a un golpe de Estado, voy a afirmarlo. Eso no es ninguna falta de respeto. Y más bien creo que hay una gran falta de respeto al pueblo mexicano el estarse tratando de inventar argumentaciones que no tienen nada que ver ni con nuestra herencia jurídica, ni con nuestras leyes, ni con nuestras atribuciones, y es más, ni siquiera tienen que ver con las corrientes que en otros lugares han dado motivo de extralimitaciones también de carácter judicial.

Porque por ejemplo en el caso de Estados Unidos y de Inglaterra donde se les dan fuertes facultades a los jueces, también están sujetos a controles. En nuestro país pareciera que es una gran falta de respeto, tan sólo insinuar que debe controlarse y limitarse las facultades de los jueces.

Entonces, yo espero no estar suscitando tanta sensibilidad en los ministros y ministras, y parte de lo que alegué ahora es, bueno, si alguien tiene en esta Corte motivos por los cuales sentirse insultada, soy yo.

Porque además se ha mencionado que algunas de estas cuentas son administradas por servidores públicos de la Corte, eso no me consta, pero sí me consta que muchos de los insultos provienen de personal de la propia Suprema Corte y, es más, hasta he visto en las nóminas de los ministros hasta que ponencia pertenece. Entonces, bueno por supuesto que sí me siento insultada y no voy a pararme al pleno a pedirles que me pidan disculpas. Porque además se ha mencionado que algunas de estas cuentas son administradas por servidores públicos de la Corte, eso no me consta, pero sí me consta que muchos de los insultos provienen de personal de la propia Suprema Corte y es más hasta he visto en las nóminas de los ministros hasta que ponencia pertenece. Entonces, bueno por supuesto que sí me siento insultada y no voy a pararme al pleno a pedirles que me pidan disculpas; creo que son gajes del oficio, pero creo que si se les ha pasado la mano.

Y, por cierto, afortunadamente no parece que tenga sentido esta campaña porque no veo yo que me demerite en el aprecio o en la posibilidad de que se escuchen este tipo de discusiones o que se me escuchen este tipo de discusiones donde simplemente alego algunos de los principios o recreo o argumento con algunos de los principios que sí contiene nuestra Constitución y la interpretación ordinaria de los actos jurisdiccionales en México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó el intento de golpe de Estado en Bolivia que han denunciado el presdiente Luis Alberto Arce y el exmandatario Evo Morales:

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«Manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia. Nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arce Catacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano», expresó.

Por su parte, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, calificó la movilización como «un atentado a la democracia«:

«El levantamiento de algunas unidades de las Fuerzas Armadas de Bolivia es un atentado contra la democracia. Condenamos enérgicamente estos hechos. Nuestro apoyo incondicional al presidente Luís Arce y a su pueblo. Nuestro respaldo al posicionamiento del gobierno de México«.

Movilización irregulr de militares en Bolivia

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue quien denunció en sus redes sociales un intento golpe de Estado en el país, pues acusó una movilización militar atípica. El militar Juan José Zúñiga, quien había amenazado a Morales, encabezó el intento de golpe de Estado.

Ante los hechos, el presidente boliviano, Luis Alberto Arce, compartió en su cuenta de X: «Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse«.

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María Nela Prada, ministra de la Presidencia de Bolivia, hizo una transmisión a través de su cuenta de Facebook para denunciar el intento de golpe de Estado, donde acusó que la Plaza Murillo se encontraba tomada por tanques militares y tropas militares. 

Ciudad de México. El Poder Judicial pretende neutralizar al Ejecutivo con fallos como el que frena la tala y desmonte para construir el Tren Maya, indicó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico”, señaló. “Una cosa es que violen la Constitución y otra es querer dar un golpe de Estado, que ya no ejecutemos nada”.

En su conferencia matutina, el mandatario sostuvo que la pretensión de detener las obras de su gobierno va a continuar, “pero no van a poder porque, de acuerdo con la Constitución, con las leyes, tenemos el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. No se van a poder cancelar las obras”.

–¿Ve ese riesgo con los mandatos judiciales? –se le preguntó.

–Sí, un senador del PAN presentó una iniciativa, luego la retiró: (Julen) Rementería, ese sí muy cercano al pensamiento fascista. Ese planteó eso, que se me destituyera, que la Corte me destituyera y era tan absurdo que tuvo que retirarla, le echó la culpa a sus asesores.

Otra vez cuestionó el Presidente el papel del Poder Judicial y criticó a quienes participaron el domingo en la marcha de apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que derivó en violencia.

“Se actuó, de parte de los que marcharon, con prepotencia. Pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose frente a la Corte, pero no debieron ir a provocar y quitarles las mantas. Hay que evitar la confrontación, la violencia. Cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón, el que usa la fuerza es porque no tiene capacidad para convencer”, expuso.

Es necesario saber quiénes son los que participaron, sin ánimo de persecución ni de represión, añadió.

Ve “tendencia autoritaria” en la oposición

Afirmó que no había policías en torno al plantón de personas inconformes con el desempeño del máximo tribunal.

Sólo que “los conservadores son muy autoritarios, no diría fascistas. Puede haber algunos dirigentes fascistas, pero los opositores a nuestro movimiento son más que nada conservadores, pero también con tendencia autoritaria”.

Dijo que entre los participantes en la marcha estaba José Ángel Gurría, secretario de Hacienda y canciller en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), cuando se convirtieron las deudas de los bancos y grandes empresarios en deuda pública. También citó a Margarita Zavala, “esposa de quien detentó la Presidencia, porque él no ganó, Felipe Calderón. Es normal que ellos se manifestaron, y son libres”.

López Obrador estimó que debiera ser complicado defender a los ministros de la SCJN, cuando violan la Constitución porque devengan un salario cuatro o cinco veces superior al del Presidente, que oscila entre 140 y 150 mil pesos.

La norma constitucional establece que ningún funcionario podrá ganar más que el Presidente, por lo que, “la verdad, no tienen causa, no tienen bandera, es complicado defender a la Corte, defender a jueces, magistrados y ministros”.

Recordó resoluciones del Poder Judicial a favor de la esposa del secretario de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, quien logró el acceso a sus cuentas bancarias gracias a un fallo judicial.

Agregó que una colaboradora de García Luna se incorporó recientemente al Consejo de la Judicatura Federal, aunque está sometida a un proceso legal por corrupción a su paso por instancias de seguridad. Adelantó, además, que autoridades identificaron a otra funcionaria cercana al ex secretario y ahora labora en la Corte.

La Jornada

El ‘lawfare‘ está tristemente de moda en América Latina. Por ese motivo, en la más reciente entrega de su programa Cara a Cara, el periodista Clodovaldo Hernández conversó con la abogada, escritora, articulista y profesora Ana Cristina Bracho, quien sostiene que esta táctica es la nueva manera de perpetrar golpes de Estado.

En su opinión se trata de la puesta en circulación de «as nuevas formas de obtener el poder de una manera diferente a las elecciones libres», visto el descrédito en el que cayeron los golpes de Estado, que en el siglo XX tuvieron como protagonistas al estamento militar.

Bracho destacó que el reemplazo de esta práctica en favor del sector judicial se produjo a raíz del inmenso cuestionamiento tras el Plan Cóndor.

«Esto ofrece ciertas ventajas: permite deponer mandatarios, permite evitar que una fuerza llegue al poder mediante el mecanismo mediante el cual sus principales líderes son sacados de la carrera electoral y también evita los cuestionamientos que adjuntaron en el siglo XX las formas de golpes de Estado militares concentradas normalmente en el irrespeto a los derechos humanos», explicó.

La especialista advirtió que el camino de hacia el ‘lawfare’ está acompañado de una retórica particular. En general, apuntó, se señala instrumentalmente a «un líder como corrupto», en el marco de una lucha global contra la corrupción, con el objetivo de cerrar «la vía electoral de una persona».

El ‘lawfare’, más que guerra judicial

Ana Cristina Bracho indicó que en contraste con el sistema de justicia, que «tiene una manera de ser que se rige por los principios fundamentales, tanto de la Constitución como de las leyes y tratados internacionales», el ‘lawfare’ requiere de la alianza con los medios de comunicación para consumarse.

«Normalmente, las jugadas del ‘lawfare’ son precedidas por una jugada de culpabilización que no es jurídica sino un señalamiento mediático», puntualizó. A su parecer, «los casos más visibles, que fueron los de Dilma Rousseff, Lula da Silva y ahora el de Cristina Fernández», tienen en común ser «causas muy repetitivas en lo mediático y muy débiles en lo jurídico».

Así, esta alianza entre la prensa y el Poder Judicial se traduce en «un expediente que no se ventila dentro de los tribunales» sino en los medios, porque el compromiso de esas instancias es con sectores económicos, que han aprovechado que dentro «de la estructura tradicional del Estado», el Poder Judicial es «el único que no es electo popularmente».

«Los jueces representan a unos sistemas políticos o económicos que son de segundo grado, normalmente vinculados con los factores que se oponen a los movimientos populares, que son los que denuncian la persecución por la vía del ‘lawfare’», completó.

Golpes parlamentarios y ‘lawfare’

La académica puntualizó que hay opiniones divididas acerca de considerar o no los llamados golpes parlamentarios como ‘lawfare’, pero en su opinión, lo que se ha aplicado para remover del poder a presidentes como Fernando Lugo y Dilma Rousseff, se distingue claramente de las persecuciones judiciales de las que han sido objeto políticos como Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner.

«A diferencia de lo que pasó con Dilma, con Lula hablamos claramente de un ‘lawfare’, con aquella acusación en un juicio que se cae, donde una de las características, si queremos ver, es que no tenemos jueces normales», abundó.

Esa ausencia de normalidad la deriva de la Teoría Política Clásica, que justifica la designación de sus miembros a partir de la discreción, lo que claramente se violó en los casos de Da Silva y Fernández.

«Recordemos cómo en el caso de Lula, los jueces terminaron siendo ministros y ahorita, en el caso de Cristina, cómo los vemos asociados con el grupo Clarín y también, precisamente, en una dinámica política de ‘lawfare’».

Sobre la reciente remoción de Pedro Castillo por el Congreso peruano, recalcó que el país andino tiene unas características particulares, pues la crisis política no se desencadenó con este incidente sino ha sido constante.

«Creo que tenemos que distinguir estas jugadas, porque nosotros vemos cómo las presidencias en Perú se han sucedido en cuestión de meses, frente a lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, donde tenemos una persecución judicial que ya tiene varios años (…). El Poder Judicial recibe una gran cantidad de causas contra Cristina Fernández por casos que habían pasado por el Congreso y en los que, de ser cierto que había una asociación para delinquir, debería haber otros que están asociados, que no los observamos».

El «falso derecho», la táctica de guerra empleada contra Venezuela

Bracho considera que más que ‘lawfare’ o golpes parlamentarios, contra Venezuela se desencadenó una guerra jurídica, concepto desarrollado por algunos autores de la doctrina militar estadounidense «que plantea que (…) es la utilización del derecho –o de un presunto derecho–, para obtener lo que de ordinario se obtiene por la guerra convencional», lo que se complementa con la noción de «falso derecho» propuesta por Alfred de Zayas.

«En el caso de Venezuela, me gusta invitar a que pensemos que hay una guerra jurídica a través de la utilización de un falso derecho, que tiene su cúspide en la figura del gobierno interino, en la cual, por la repetición de una supuesta falta absoluta de poder, se hace una persona que no fue electa como presidente, pero que legitima acciones económicas contra el país, que van a impactar en el despojo de nuestros bienes», tal y como sucedió en los casos de Citgo y Monómeros, argumentó.

Así las cosas, el así llamado falso derecho «legitima figuras» que garantizan el expolio de una nación y modificar las relaciones comerciales del país, es decir, dos de los «objetivos tradicionales» de las guerras: «reordenar el comercio e incidir para tomar riquezas».

A esto sumó «la utilización de intentos de judicialización», en los que organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) sirvió de «altavoz» para el interinato, al punto que le permitió llegar «a esferas como la Corte Penal Internacional».

«Desde esa lógica, en Venezuela ha habido una gran operación de guerra jurídica, porque la vemos que los efectos de estas acciones tienen la dimensión de una guerra», enfatizó.

Un caso que, desde su perspectiva, ilustra muy bien las dimensiones de la guerra jurídica contra Venezuela: el avión de Emtrasur retenido ilegalmente en Argentina por órdenes de la justicia estadounidense, porque «explica las anormales relaciones del Poder Judicial frente a los otros poderes».

«Normalmente estas figuras crecen sobre la vía de que el Poder Judicial es independiente, pero el Poder Judicial forma parte indivisible de un Estado», porque en el caso de autonomizarse de ese Estado, acaba sucediendo lo que hoy puede verse en Argentina, donde hay quienes dicen que hay una dictadura judicial de derecha que convive con un gobierno de izquierda electo popularmente, pero con maniobrabilidad limitada.

En el caso de Emtrasur, claramente se observa esta primera dimensión, pero también otra que niega la soberanía de Venezuela para comprar un avión, la de Irán para vendérselo y «una negativa de soberanía de Argentina de aplicar su derecho y mantener sus relaciones con Venezuela».

Empero, pese a las evidentes dificultades, en su opinión, el caso fue manejado «inteligentemente» por el Ejecutivo, que optó por «mantener la relación política», al tiempo que se produjo el sobreseimiento de las causas contra la tripulación venezolano-iraní, aunque sin que mediaran «acciones que compensen moralmente los daños que sufrieron»

«Pero queda el tema del avión que fue objeto de un secuestro a favor de un tercer país, que quiere limitar el derecho al comercio de tres países en un solo hecho», completó.

Bracho sostuvo que los riesgos internos no han desaparecido, pues si bien es verdad que el cambio constitucional fue un paso importante que ofreció al país un margen de maniobra para ejercer un «control constitucional eficiente» frente a la guerra jurídica, aún el Poder Judicial tiene importantes deudas por saldar.

«No podemos ver que, por esto, nosotros no tenemos riesgos políticos y, además, riesgos sociales. La gran lucha en Venezuela en este momento tiene que ser por la justicia, desde la justicia y pasa por la reforma de buena parte de las normas judiciales», concluyó.

IguanaTV

Luego de ser cuestionado por el tema, el Canciller mexicano explicó que “ahora lo que se está negociando es el salvoconducto para que si desean salir” los familiares del exmandatario peruano, lo puedan hacer y venir a México. Sin embargo, aclaró que “están en territorio mexicano porque es nuestra Embajada”.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó la mañana de este martes que se le concedió asilo político a la familia de Pedro Castillo, expresidente de Perú, la cual se encuentra en la Embajada de México instalada en aquel país.

“El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra Embajada y cuando están en la Embajada, pues les concedes el asilo. Es una decisión independiente, soberana de México”, dijo durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de ser cuestionado por el tema, el Canciller mexicano explicó que “ahora lo que se está negociando es el salvoconducto para que si desean salir” los familiares del exmandatario peruano, lo puedan hacer y venir a México. Sin embargo, aclaró que “están en territorio mexicano porque es nuestra Embajada”.

SinEmbargo

Para México, Pedro Castillo sigue siendo el presidente de Perú, pues su elección es resultado de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

En la mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue interrogado sobre la situación en la nación andina y subrayó que ayer, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México emitieron un pronunciamiento conjunto en el que llaman a los involucrados en el conflicto peruano a priorizar la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas.

“Con apego a acuerdos internacionales se exhorta a los responsables de la conducción política en Perú que se respete el voto de los ciudadanos y también que se respeten los derechos humanos, que no se reprima al pueblo”.

— ¿Qué significa respetar la voluntad ciudadana en las urnas, restituir a Castillo? -preguntó La Jornada.

— Es que ganó el presidente (Castillo). Lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir, que eso, de origen, aunque esté en la Constitución peruana tiene un problema, una falla antidemocrática, de origen. Ésta es la historia de muchos años de inestabilidad política, todo esto de que van haciendo las constituciones, van haciendo las leyes a modo. Lo que aquí (en México) pasó también, todo el periodo neoliberal todas las reformas que se hicieron fueron para favorecer a una minoría, y para afectar al pueblo, todas las reformas -respondió el mandatario.

— ¿Para México sigue siendo Pedro Castillo el presidente de Perú? – se le insistió.

— Sí, lo acabamos de decir en el documento. Hasta que allá lo resuelvan, en términos de legalidad -refirió López Obrador.

Rechazó que con estas opiniones esté interviniendo en asuntos de otra nación o realizando injerencismo, pues el embajador mexicano en aquel país, Pablo Monrroy, sigue haciendo su labor diplomática y la cancillería está en atención al proceso en Perú, en tanto que la relación “está en pausa”, por lo que confió en que se busque una salida democrática en el país andino.

“Lamentamos mucho lo que está sucediendo, sobre todo por el sufrimiento del pueblo hermano de Perú, porque esto de una u otra forma se origina arriba, lo que siempre hemos estado sosteniendo, de que la llamada cúpula política y los intereses económicos, los medios de información son los que provocan toda esta inestabilidad que perjudica a los pueblos”.

Consideró que no hay estabilidad política hoy en territorio peruano, pero pese a ello no se retirará al embajador; y también recordó que dentro de la diplomacia mexicana no existe la figura de reconocimiento de un líder de Estado, esto ante la insistencia de si México reconocerá a la nombrada presidenta Dina Boluarte.

“Lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana, es contraria a nuestros principios de política exterior. Haciendo un poco de historia, cuando se daba un golpe de Estado en México, o se llegaba al poder mediante las armas, o a través de una invasión a nuestro territorio, siempre se buscaba el reconocimiento en el extranjero (…) Lo del reconocimiento no tiene que ver con nuestra política exterior. No aceptamos por ejemplo los que fueron los llamados tratados de Bucareli, que era ‘para que Estados Unidos nos reconozca tenemos que someternos a sus pretensiones’, es una doctrina de política exterior en México, o sea ni para bien ni para mal, no existe en México lo de reconocimiento a ningún gobierno extranjero”.

Lo que hace la diplomacia mexicana en el caso de Perú, dijo en cambio, es analizar los acontecimientos recientes y unirse a otras naciones para buscar una salida democrática, sin violación de derechos humanos y expresando la solidaridad con el pueblo de esa nación, “que no debe ser víctima de represión”.

—¿Mientras no se tendrán tratos diplomáticos con la nueva presidenta? -se le volvió a preguntar.

—Es que no hay normalidad política en Perú. No se trata de decir ‘va a haber relaciones’. Está la gente en la calle, que también, dicho sea de paso, no se informa. Los medios no informan, si fuese en Venezuela o ¿en cual otro país? Cuba, ¡uff! Nicaragua, cualquier país, cualquier otro, Colombia, en México. Aquí no pasan esas cosas, toco madera, y de todas maneras inventan y están hablando de ‘pon tus barbas a remojar Andrés Manuel…’ –rió a carcajadas—. Nada más que se les olvida de que aquí manda el pueblo.

López Obrador señaló que aún no se sabe qué se hará con la transferencia de la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico –que le correspondería a Perú—, por lo que pidió esperar. Esta alianza está compuesta por México, Perú, Colombia y Chile.

La Jornada

Tras la celebración de la destitución del ex presidente Pedro Castillo del Perú, por parte de un sector de la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que este escenario no se podría replicar en México. Esto al presumir que llegó hasta un 73 por ciento de aprobación de acuerdo a la agencia estadounidense Morning Consult.

“Aquí no han podido ni podrán porque aquí nuestro está muy avispado, despierto, muy consciente. Por eso digo, es de los pueblos más politizados del mundo, ha dado muy buenos resultados la revolución de las conciencias. Ya a este pueblo no se le engaña, pueden estar gritando y gritando día y noche en los medios de información”, dijo en su conferencia matutina.

El mandatario agregó “nada más para los adversarios que, además, no se enojen. Les voy a mostrar el resultado de la encuesta semanal, todos los jueves, es la mejor en mucho tiempo”. Mostrando un 73 por ciento de aprobación a su gestión contra apenas un 22 por ciento de rechazo, manteniéndose como el segundo líder mundial mejor evaluado a nivel global.

La consultora estadounidense Morning Consult, quien mide semanalmente el nivel de aprobación de 29 líderes mundiales mantiene al presidente López Obrador de México en segundo lugar mundial, sólo por debajo del primer ministro de la India, Naredra Modi, quien tiene 77% de aprobación en su gobierno.

En la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2022, la aprobación del presidente mexicano subió 2 puntos porcentuales, de 71 a 73%, colocándose en su mejor nivel de los últimos 3 años, sólo a 4 puntos del primer lugar, con un nivel de desaprobación de 22% y un 5% de indecisos, lo que da como resultado una aprobación neta de +51%. Por otro lado, la tendencia en este sentido es ascendente desde 2020.

En tercer lugar se ubica el primer ministro Albanense de Australia con 57% de aprobación y +27% de aprobación neta. En los últimos lugares se ubican Seok-yul de Corea del Sur con 24% de aprobación y – 46% de aprobación neta, Store de Noruega con 25% y -44%, Kishida de Japón con 23% y – 42%. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau tiene 41% con un neto de -10% y el presidente Biden 42% y – 9%.

SinLínea

La mañana de este 7 de diciembre se desarrolló un golpe de Estado en Perú, en contra del gobierno de Pedro Castillo. Los orquestadores fueron los integrantes del Congreso, con asistencia de la policía y el ejército de ese país, luego de que el primer mandatario declarara Estado de Excepción y disolviera el Poder Legislativo.

La derecha consiguió que la Policía Nacional del Perú detuviera al presidente legítimamente elegido por el pueblo. Durante los hechos, también fueron arrestados familiares de Pedro Castillo. Minutos antes, el Congreso lo había destituido como respuesta al anuncio en cadena nacional sobre la disolución de esa Cámara.

Este golpe de Estado ha sido respaldado por el gobierno de Estados Unidos –en abierta injerencia en asuntos que sólo competen a los peruanos– que al calor de los hechos declaró rechazar la decisión de Castillo, de disolver el Congreso.

También ha sido acompañado por medios de comunicación corporativos no sólo de esa nación, sino de medios internacionales, bajo el argumento de que quien estaba intentando hacer un golpe de Estado en Perú era el presidente constitucional Pedro Castillo.

De acuerdo con la prensa local, con 101 votos a favor, el Congreso peruano declaró vacancia del presidente por “incapacidad moral”. Al mismo tiempo, los legisladores decretaron que la vicepresidenta Dina Boluarte asumirá la conducción del país, en una franca traición política.

En su cuenta de Twitter, la Policía Nacional peruana confirmó que el presidente Pedro Castillo fue detenido. A partir de entonces, medios corporativos de diversos países justificaron el derrocamiento del gobierno legítimo y legal de Pedro Castillo.

Una vez suscitados todos estos hechos, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación de su viaje a Lima, mismo que se realizaría el próximo 14 de diciembre, para celebrar la reunión de la Alianza del Pacífico.

Asimismo, en su cuenta de Twitter, el primer mandatario mexicano expresó: “es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui géneris precepto de ‘incapacidad moral’. Ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo”.

Mario Benedetti nos lo señaló hace años con aquella frase: “Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas”.

Y así  fue como tuvimos que escuchar conceptos como bombardeos humanitarios, economía de mercado y globalización, que ocultan la sangre y el horror de la muerte caída del cielo, el criminal capitalismo y el imperialismo, todo ello con su reguero de infinita pobreza camuflada como personas de escasos recursos.

También tuvimos que aprender que hay muchas formas de tumbar gobiernos y que, a reserva del criterio imperial, la asonada militar pasaba a ser un modo marginal rebasado ya por las revoluciones de colores y los golpes de estado en el nombre de la ley (lawfare). Magistrados cooptados en reemplazo de los militares que ya estaban demasiado desacreditados por su protagonismo en materia de violación a los Derechos Humanos durante  las dictaduras.

Ahora en México se está ensayando un golpe de estado progresivo y por etapas para que el ejército mexicano llegue al poder en el momento conveniente para el Imperio USA y con el aval de las leyes aprobadas por los diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Más allá de conferencias mañaneras y posicionamientos a favor o en contra del actual presidente López Obrador, la dura realidad es que la violencia del crimen políticamente organizado, no remite en México y mantiene calculados niveles de tensión social.

Laboratorio Zacatecas

El antiguo centro minero de la plata durante el siglo XVI ya era importante en tiempos de la Colonia, por ser punto clave en la ruta hacia los territorios del Norte de la Nueva España. En la actualidad es una de las rutas clave para el tránsito de drogas hacia EEUU. Situado al norte de la meseta central de México, limita con el norteño estado de Coahuila, que, a su vez, es territorio fronterizo con el Imperio. Zacatecas es el segundo estado de mayor producción minero-metalúrgica en México, sólo por detrás de Sonora. Es aún el mayor productor de plata y segundo lugar en producción de oro y cobre. 

Las empresas mineras nacionales y extranjeras son dueñas del 31.70%  de la entidad con las 2.700 concesiones adjudicadas. Con una convergencia similar con estados donde hay grandes explotaciones mineras o petroleras como Tamaulipas, Zacatecas es asiento, cobijo y centro de operaciones de organizaciones criminales como la del Golfo, del Noreste, Sinaloa, Los Talibanes y Jalisco.

Con un crecimiento de un 450% en el índice de homicidios dolosos en menos de cinco años, el gobernador David Monreal tuvo la ocurrencia de pedir a la población “encomendarse a dios” mientras él buscaba el apoyo del diablo.

«La guerra secreta en México» (Friedrich Katz, 1927-2010)

La obra de Katz, sigue vigente  para entender los movimientos y presiones del gobierno estadunidense y británico,  desde el planteamiento de la Doctrina Monroe (1823) hasta nuestros días.

“Entre marzo y junio de 1917 se elaboraron tres planes golpistas contra Carranza. Sus autores fueron el encargado de negocios británico en México y el agente del consorcio Cowdray en México… El plan golpista de mayor alcance fue elaborado por Body, representante de Cowdray en México. Proponía un ultimátum de los aliados y de EEUU a México, exigiendo la revalidación de los derechos contractualmente garantizados a los extranjeros… Body formuló estos planes durante un viaje de México a Washington y los discutió allí con Frank Polk, un importante funcionario del Departamento de Estado relacionado con los asuntos mexicanos.” (La guerra secreta en México, pag.526-527).

Un gran vuelo de cuervos mancha el azul del cielo

Como un capítulo más que encajaría perfectamente en la obra de Katz, el muy activo embajador norteamericano en México, Ken Salazar, se reunió la mañana del jueves seis de octubre, con el gobernador de Zacatecas David Monreal Ávila.

“Estoy aquí para trabajar con el gobernador, el estado de Zacatecas y el gobierno federal en esto de la seguridad”, fue el mensaje de Ken Salazar con fuertes tonos injerencistas porque en su comunicado detalló la participación de “todas las agencias de liderazgo de los EEUU: La FBI, el INL (Oficina internacional de Asuntos Antinarcóticos), la DEA y USAID  (la Agencia para el Desarrollo Internacional)…  de los golpes de estado. La novedad era que el gobierno federal se enteró por la prensa de la reunión que ya es y será conocida como Pacto de Zacatecas. Aunque dos días después el Presidente López Obrador aclaró que la Constitución prohíbe ese tipo de acuerdos; pero bueno, más se aplica el dicho popular que, a la letra, dice que palo dado ni Dios lo quita, que no el artículo 89 de la Carta Magna invocado por el Presidente mexicano, que vaya usted a saber en qué página se encuentra, o en qué realidad se ubica.

El denominador común en la operación largamente diseñada por el liderazgo de las agencias mencionadas, es mantener la actividad criminal de los grupos delincuenciales en altos niveles de impacto. Esto junto a la evidente corrupción y conexiones de las policías estatales y federales con los delincuentes, justifican la presencia del Ejército Federal en las calles cumpliendo labores de seguridad pública. La pretensión de regresar a los milicos a sus cuarteles durante la campaña electoral de López Obrador para aspirar a la silla presidencial  se ha ido aplazando hasta llegar a la reciente aprobación por parte de 17 Congresos estatales, para la reforma del quinto artículo transitorio del Decreto de la Guardia Nacional, y permitir así que Ejército y Marina continúen en las calles hasta el 2028. También se avala  que la Guardia Nacional quede bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA.  Quedó aprobado que, desde 2023, entidades y municipios dispongan de fondos adicionales para fortalecer sus “instituciones de resguardo a la ciudadanía” (*).

Algunas señales.-  En un movimiento progresivo y mínimamente perceptible para la población mexicana, el elemento militar va tomando protagonismo y situándose en primera línea con elevados tonos de clarín a toque de batallón y llamado de tropa.  En ese movimiento apenas perceptible se encuentra la cancelación por parte del general Secretario de la Defensa, de la reunión que iba a tener el general Secretario Sandoval con una comisión de diputados federales para que el militar hablara sobre las filtraciones de un grupo de hackers conocidos como “Guacamayas”, la infiltración en los archivos de la SEDENA,  y los riesgos que implica la difusión de este tipo de materiales cibernéticos.

El miércoles 19 de octubre se realizó la comparecencia en el Senado de la República, del Gabinete de Seguridad. Allí estaban presentes el Secretario de la Defensa, el Secretario de Marina y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. La presencia de los tres mandos militares lucía impecable peinado, medallas y símbolos en el uniforme, pero nunca tuvo voz para responder las fuertes críticas expuestas sobre la estrategia de seguridad y la militarización en el país. Fue la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la que rindió cuentas y subió a tribuna para defender la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Con señales como esta, no hay una percepción de que los militares se sometan al poder civil, ni que estén dispuestos a rendir cuentas al llamado de las instituciones republicanas.

Otra señal  en la misma línea fue la declaración del actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, indicando que todos los ciudadanos que reúnan los requisitos para poder competir por la Presidencia de la República, incluyendo a los militares, pueden ser partícipes en las candidaturas presidenciales. “Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas, incluso ser presidente, pero deberá someterse a las urnas” declaró el Secretario de Gobernación en el Senado del estado de Hidalgo. Otra vez, y podemos suponer que con un sufrido y profundo suspiro, tuvo que salir a declarar López Obrador que no, que sus adversarios alucinan y quisieran que el Ejército dejara de ser leal para aspirar a un cargo de poder. “Pero nuestro ejército no pertenece a las oligarquías, no se deja dominar por los grupos de poder económico o político, no es como otros ejércitos, además es surgido del pueblo”, señaló el tabasqueño en funciones de Presidente de la República.

Sin ponernos a investigar el origen social de los mandos altos y medios del Ejército mexicano, o la  posibilidad de que tengan madre comprobada, lo que sí está a la mano afirmar es que México y su ejército están encuadrados en el Comando Norte de EEUU. Que en enero de 2022 se inició una nueva etapa de cooperación y acercamiento entre las Fuerzas Armadas mexicanas y las del Imperio de las Sanciones,  concretadas en los trabajos del Taller de Sincronización en Cooperación 2022. El grupo está encabezado por el contralmirante Mateo Arzate Loza, Coordinador General de Unidades de Superficie de la Armada de México, quien trabaja con sus pares de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Comando Norte (US NORTHCOM). Los mandos militares comenzaron con los trabajos del taller en una dinámica de acercamientos que ha tenido antecedentes sostenidos en los últimos dos años, con encuentros de mandos militares, aéreos y navales de ambos países y varios ejercicios conjuntos de aire, mar y tierra en ambos territorios.

En una reunión celebrada en Ciudad de México, en julio de 2021, entre el Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval y el de la Marina de México, Rafael Ojeda,  con el general Glen D. VanHerck, Jefe del Comando Norte de los EEUU., se acordó ir estrechando la cooperación y el intercambio académico, tecnológico y de personal militar de ambos países mediante ejercicios de adiestramiento. La cooperación en áreas de seguridad abarca temas de interés común (ciberseguridad, seguridad fronteriza, respuesta inmediata ante amenazas comunes (¿Quién define esas amenazas?), terrorismo, bioterrorismo e intercambio de información.

Es así como la SEDENA trabaja de manera cada vez más estrecha con los Estados Unidos, y la línea que puede involucrar abiertamente al ejército y Armada de México con la OTAN es muy, muy delgada, porque el escenario de guerra total impuesto por EEUU-OTAN contra Rusia se intensifica, y las exigencias de la guerra requieren de un mando vertical y disciplinado, sin estar lidiando con gobiernos más o menos afines, pero que pueden poner peros o someter a votación en el Congreso decisiones vitales para los objetivos del  mando militar Imperial, en un punto del conflicto tal vez ya calculado y cuando la niebla de la guerra a alta velocidad nos impida entender en qué momento la sinrazón del ejército empezó a penetrar en nuestra vida cotidiana.

Nota:

(*) Entrecomillado y nota del autor: Actualmente la única institución confiable de resguardo de los mexicanos es el hogar, para sentirse protegidos durante los cada vez más frecuentes enfrentamientos armados entre bandas del crimen políticamente organizado.

FUENTES:  La Jornada (Julio Hernández);  defensa.com (Jorge Alejandro Medellín; Russia Today (Ariel Noyola Rodríguez).

Por Erika González

En las estrategias de la guerra híbrida juegan un papel fundamental 3 factores que se aplican para intentar derrocar a los gobiernos; uno es el uso faccioso de los medios de propaganda disfrazados de medios de comunicación, a los que se satura con mentiras, verdades a medias e información tergiversada, en un intento de desprestigiar al gobierno influyendo sobre las mentes débiles y mal informadas.

Otro es el calentamiento de las calles, utilizando grupos pagados y organizaciones de la delincuencia para crear un ambiente de caos y descontrol entre la población y otro más denominado como Law Fair, que es el uso de las estructuras legales para entorpecer los avances de un gobierno y para intentar destituirlo por medio de argucias legaloides.

En México la oligarquía y sus marionetas han aplicado todas estas en los últimos 4 años para desestabilizar al gobierno de la 4ª transformación sin éxito, porque la consciencia colectiva de la ciudadanía se encuentra desarrollada a un nivel tal, que sabe lo que quiere, pero sobre todo lo que no quiere e identifica ya claramente cuál es la naturaleza del juego de los que están ahí para perjudicar a la mayoría, intentando recuperar sus privilegios elitistas y mezquinos.

Como nada les ha funcionado y la aprobación del gobierno se mantiene en niveles históricamente altos, a pesar de todos sus esfuerzos, la última de las acciones que emprendieron fue intentar dar un golpe de estado por la vía legal desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, liderado por uno de los 11 ministros convertido en mascota de los oligarcas.

Al inicio de este gobierno, el poder ejecutivo envió una iniciativa de reforma constitucional al congreso, que fue aprobada para modificar la carta magna e incluir 16 delitos como delitos graves, en los que es automática la prisión preventiva oficiosa para quienes los cometen; entre ellos se incluyó a la corrupción, los delitos electorales y el robo de combustible, sumándose a los que ya antes se clasificaban así.

De acuerdo con las leyes mexicanas esa es la única forma en la que se puede modificar la constitución y no hay ninguna otra; mandando una iniciativa al congreso, para que sus miembros la discutan y realicen o no el cambio de la carta magna.

Sin embargo, el ministro Aguilar presentó un proyecto, basado en los argumentos de un amparo presentado por miembros del cártel de la Unión de Tepito, para que se cancelara la prisión preventiva automática, intentando que la Suprema Corte modificara la constitución desapareciendo uno de sus artículos, sin siquiera tomar en cuenta al poder legislativo, como si él mismo no conociera el texto completo de la constitución.

De haberse aprobado el proyecto por 8 de los 11 ministros, se habría concretado un auténtico golpe de estado, en el que el poder judicial podría llevar a cabo las funciones del legislativo y por qué no, hasta las del ejecutivo. Ya puestos en ese camino por qué no seguirle. Como lo dijo la ministra Ana Margarita Ríos Farjat: “esto significaría convertir al estado en uno donde el gobierno sería el gobierno de los jueces” y todos quedaríamos a merced de los corruptos, que son la mayoría de los juzgadores.

Así es como a través de un juez, actuando como brazo de la oligarquía criminal y basándose en argumentos presentados por un cártel del crimen organizado, se pretendió desmantelar la estructura legal de la república para usurpar el poder. Por fortuna, la mayoría de los ministros defendieron la separación de poderes, evitándose un auténtico golpe de estado desde el poder judicial, que hubiera tenido consecuencias desastrosas para el estado de derecho y para la seguridad de la sociedad.

Este es el grado de desesperación de la derecha, que valiéndose de uno de sus esbirros, a través de maromas legaloides, intentó arrebatar lo que no han podido lograr por la vía democrática, porque no tienen el apoyo de los ciudadanos.

Como dijo el estadista francés Napoleón I: “Interpretar la ley es corromperla, los abogados las matan”.