Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección Quién es Quién en las Mentiras de la Semana, exhibió que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) financia a la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín y otras organizaciones de golpeteo político contra la 4T.

Durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, García Vilchis expuso una investigación que reveló el destino de los recursos que recibe MCCI, fundada por el junior Claudio X. González, de parte de Estados Unidos.

La funcionaria exhibió entonces los nombres de las asociaciones financiadas por la agrupación conservadora, entre las que destacó Nexos, del derechista Aguilar Camín, desde donde se dedica a calumniar y demeritar el gobierno de AMLO, y por lo que ha recibido 1.1 millones de pesos de MCCI.

“Estamos viendo el entramado de complicidades de personas que reciben dinero y que, o han trabajado en la administración pública federal (…) o están investigados por la fiscalía por algunos otros delitos”, expuso García Vilchis.

La lista de “asociaciones civiles” financiadas por el grupo encabezado por María Amparo Casar, se completa con:

• Renace, Capítulo San Luis, cuyo dirigente tiene contratos millonarios con un ayuntamiento panista por 1.2 millones de pesos.
• Consorcio Metropolitano Inmobiliario, que es investigada por triangulación de recursos por más de 6 millones de pesos.
• Civicus Consultores, que tiene contratos con el INAI: 1.6 millones de pesos.
• Tojil: 1.5 millones de pesos.
• Causa en común, dirigida por María Elena Morera, quien es defensora de Genaro García Luna: 1.3 millones de pesos.
• Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda S.C. ligada a Mexicanos Primero, que es dirigida por Claudio X. González: 1.1 millones de pesos.
• Plataforma Legal, dirigida por un exfuncionario calderonista y que es investigado por posibles responsabilidades administrativas: 870 mil pesos.

Encabezado por Norma Piña, el Poder Judicial acelera la guerra contra la cuarta transformación y mantiene como posibilidad la pretensión de anular las elecciones presidenciales, lo que constituiría un golpe de Estado técnico. Desde agosto de 2023, la ministra presidenta amenazaba con afectar la transición del poder, al declarar que el proceso no sería pacífico ni habría estabilidad democrática si no se les asignaba el presupuesto millonario que pedían; para diciembre, se reunió con el líder del PRI –Alito Moreno–, el ministro González Alcántara y tres magistrados del Tribunal Electoral en plena contienda; en abril pasado abrió y filtró un expediente de investigación contra el expresidente de la Corte en retiro Arturo Zaldívar, quien ahora es parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum; y para el 14 de mayo, consintió que magistrados del TEPJF se reunieran con Xóchitl Gálvez, como parte de la estrategia del PRIAN para argumentar falsamente que “no hay piso parejo” y que es “elección de Estado”. A eso se suma que, al suplantar al Legislativo, la Suprema Corte ha invalidado 74 leyes y reformas; juzgadores siguen dándole entrada a amparos que afectan obras, políticas públicas o impiden luchar contra la corrupción; y han liberado a presuntos delincuentes de cuello blanco, a actores clave del caso Ayotzinapa y a integrantes del crimen organizado, lo que contribuye a la desestabilización por violencia extrema

Cinco sucesos revelan que la sombra de un golpe de Estado técnico desde el Poder Judicial de la Federación se mantiene con la pretensión de anular los comicios del próximo 2 de junio y, con ello, impedir la llegada de la primera mujer de izquierda a la Presidencia de la República. Uno de esos hechos fue la amenaza pública que lanzó directamente la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández el 28 de agosto de 2023 [1], cuando advirtió que si el Poder Legislativo no les asignaba el multimillonario presupuesto que pedían, no habría una transición pacífica en México. Desde entonces, el Poder Judicial ha operado electoralmente en beneficio de la candidatura de la derechista Xóchitl Gálvez, y la coalición PRI-PAN-PRD.

Textualmente, en aquel momento Norma Piña declaró: “las funciones que habrá de desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año [2024] son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país. En primer término, el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Sólo así se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática”.

A partir de ese momento se aceleró la guerra judicial contra el movimiento de la cuarta transformación. Al respecto, se identifican al menos otros cuatro sucesos que dejan al descubierto la operación electorera del Poder Judicial y de su presidenta: 1) la cena de diciembre pasado a la que Norma Piña convocó a tres magistrados electorales, al líder del PRI –Alejandro (Alito) Moreno– y al coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda; 2) la apertura y filtración de un expediente de investigación contra el expresidente de la Corte en retiro, Arturo Zaldívar, ahora parte del equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo; 3) la liberación de actores relevantes en el caso Ayotzinapa –exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y ocho militares– y de generadores de violencia –como el caso de Abraham Oseguera Cervantes, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y hermano del líder de esa organización criminal– para desestabilizar el país por dos vías: protestas sociales y generación de violencia extrema; y 4) consentir la reunión –a tan sólo 18 días de la elección: el pasado 14 de mayo– de los magistrados del TEPJF con Xóchitl Gálvez, como parte de la estrategia del PRIAN para asegurar que en la contienda “no hay piso parejo”, que “hay una elección de Estado” y mantener abierta la posibilidad de solicitar la nulidad de los comicios.

Respecto de la cena del 12 de diciembre de 2023 –que reveló el periodista Salvador Frausto en Milenio– destaca el hecho de que fue convocada directamente por la ministra presidenta Norma Piña; y que ésta tuvo lugar en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fue propuesto en la terna que lo llevó al máximo tribunal por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que desde su llegada a la Corte se alió con los grupos más conservadores en ese Poder y ha fallado todo contra la 4T.

De la revelación periodística también es relevante que supuestamente se convocó a la cena para limar asperezas con tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Mónica Soto Fragoso [actual presidenta del TEPJF], Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, pues Norma Piña quería que al frente de ese Tribunal estuviera el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, de cara a una de las labores que más les importa controlar: la calificación de la elección del próximo 2 de junio.

Rodríguez Mondragón fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República de Felipe Calderón –de mayo a diciembre de 2011–, cuando Genaro García Luna se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública y estaba aliado al Cártel de Sinaloa. Y una de las acciones de la autoridad electoral cuando él era la cabeza –el 3 de agosto de 2023– fue censurar al presidente López Obrador, para que nunca más se refiriera en su conferencia mañanera a los ingresos por más de 1 mil 400 millones de pesos de las empresas de Xóchitl Gálvez [2].

El 11 de diciembre del año pasado, Rodríguez Mondragón presentó su renuncia a la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, por la presión que ejercieron los tres magistrados a los que con urgencia convocó la ministra Piña a la cena, incluso a pesar de que se trataba del día en que se celebra a la Virgen de Guadalupe.

La cena no sólo se hizo a espaldas del pueblo de México, sino que incluso ni siquiera a los magistrados convidados se les avisó que había dos invitados más que pondrían en entredicho la imparcialidad del TEPJF: el líder del PRI, Alejandro (Alito) Moreno, y el panista y coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Creel Miranda –quien finalmente no asistió, según el diario Milenio–. Todo ello ocurrió en pleno proceso electoral, pues éste arrancó oficialmente el 7 de septiembre de 2023 [3], por lo que se podrían haber violado las leyes en la materia.

Las presiones de la ministra Norma Piña contra los magistrados electorales continuaron, indicó Milenio. Incluso les mandó mensajes por la red de mensajería instantánea Whatsapp en los que les advertía que tenían cuentas pendientes, todo con la intención de restituir al calderonista Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del TEPJF. Lo que no consiguió.

Ésa no fue la única vez que la presidenta de la Corte se comportó de esa manera: el 17 de mayo de 2023, el entonces presidente de la Comisión Permanente del Congreso y senador morenista, Alejandro Armenta Mier, denunció que, un día antes, Piña Hernández le envió mensajes intimidantes por esa misma vía, los cuales exhibió en tribuna. El 18 de mayo, la presidenta de la Corte admitió que lo había hecho. Dos de esos mensajes decían: “Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice?”; “La vida nos juzgará”.

Cobijada por la mayoría de las corporaciones mediáticas desde que asumió el cargo de presidenta del Poder Judicial, Norma Piña ha actuado con impunidad, y desde las sombras sigue tejiendo el escenario que mantiene la posibilidad de declarar nulas las elecciones. Incluso, el pasado 12 de marzo, el presidente López Obrador acusó que desde el Poder Judicial se estaba cocinando un golpe de Estado técnico.

Ese día, expuso: quieren “que yo no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor, o utilizar las infracciones en el momento de la calificación de la elección [presidencial]. Fíjense por dónde van”, en referencia al objetivo de anular la elección presidencial. “Eso es lo que yo pienso que están tramando. Voy a darlo a conocer aquí. Bueno, ¿y mis libertades? ¿Y cuáles son sus fundamentos?”

Tras advertir que el nerviosismo de los sectores conservadores puede deberse a las tendencias que revelan las encuestas –“quién sabe que está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos”–, López Obrador cuestionó: “¿van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Le van a hacer caso a Claudio X González, a José Ramón Cossío?, ¿a [Jorge] Castañeda, [Héctor] Aguilar Camín, etcétera, etcétera, etcétera?”

La guerra judicial contra la 4T

La guerra del Poder Judicial contra la cuarta transformación va más allá de esa pretensión del golpe de Estado técnico, y se refleja en las 74 leyes y reformas que ha invalidado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los primeros cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo ha documentado la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, misma que acusa una suplantación de funciones e invasión de facultades contra el Poder Legislativo.

Ya en el mandato de Norma Piña, destaca que la SCJN invalidó, en mayo de 2023, la primera parte del llamado Plan B que el presidente López Obrador propuso a las cámaras de Diputados y Senadores, y que se votó por mayoría legislativa (modificaciones a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas). Este golpe al Poder Legislativo y a la 4T dio origen al Plan C, por el cual se llamó al pueblo a acudir masivamente a las urnas el próximo 2 de junio para lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Con ello se harían reformas constitucionales, incluida la del Poder Judicial, para que sea el pueblo el que elija democráticamente a ministros, magistrados y jueces.

En ese mismo mes de mayo, el máximo tribunal echó abajo el Decreto presidencial que clasificaba como de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura prioritarios, y que tenía por objetivo evitar que grupos de intereses creados –como las dos asociaciones del empresario Claudio X González Guajardo: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico [4]– en colusión con jueces, magistrados y ministros frenaran las obras estratégicas mediante juicios de amparo.

Para junio del año pasado, la Corte determinó arbitrariamente cancelar la segunda parte del Plan B: reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Estas reformas buscaban fortalecer el régimen democrático, así como evitar que en un futuro el INE volviera a ser botín de unos cuantos, como ocurrió con Lorenzo Córdova Vianello, quien –ya como abierto aliado de Claudio X, líder del PRIAN– fue único orador de la marcha rosa del 18 de febrero de 2024, movimiento que ya se desenmascaró como promotor de Xóchitl Gálvez. También, la Suprema Corte echó abajo, ese mismo mes, la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.

A estos casos se sumó que el 24 de noviembre del año pasado, la mayoría de los ministros y ministras invalidaron la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y sus equiparables, así como los delitos relacionados con comprobantes fiscales (factureras, es decir empresas fantasmas). El proyecto fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar, bajo el pretexto de garantizar derechos individuales y presunción de inocencia. Ello, a pesar de que las factureras son esquemas que, por un lado, defraudan a la Hacienda Pública y, por otro, posibilitan el lavado de dinero al crimen organizado.

Y en un extremo todavía más grotesco, el 31 de enero de 2024, sólo dos ministros de la Segunda Sala –Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán– invalidaron la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, en beneficio de trasnacionales como la francesa Engie, que promovió el juicio de amparo que llegó a la SCJN.

Los dos juzgadores suplantaron a todo un Congreso, al pasar por encima de la decisión que tomaron las mayorías parlamentarias para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Los juzgadores determinaron que “al introducir nuevas reglas en el orden del despacho de energía, la forma de asignación de los contratos de cobertura eléctrica y el sistema de adquisición de certificados de energías limpias, se vulneraron los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable”.

Aunado a lo anterior, Aguilar Morales y Pérez Dayán habrían estado en un posible conflicto de interés, porque como lo reveló Contralínea, ambos forman parte del Instituto Mexicano del Amparo, asociación civil que litiga contra el gobierno de López Obrador. Dicha AC se pronunció contra la reforma a la industria eléctrica, y ellos fallaron en el mismo sentido; además, fomentó los juicios contra los libros de texto gratuitos (y Luis María Aguilar frenó su entrega en Chihuahua), se manifestó por la destitución de la ministra Yasmín Esquivel, presentó un recurso para ser “amiga” de la Corte (amicus curiae) en la acción de inconstitucionalidad para que los juzgadores ganen más que el primer mandatario, lo que respaldan 10 de los 11 ministros (sólo la ministra Lenia Batres ha regresado los pagos en exceso a la Tesorería de la Federación) [5].

La guerra judicial de la Corte contra la cuarta transformación llegó al extremo de que el 23 de agosto de 2023, el ministro Aguilar Morales presentó en la Segunda Sala un proyecto de sentencia del expediente 386/2023, con el que buscaba separar del cargo al presidente López Obrador –y de última hora retiró–. Dicho proyecto señalaba que, en materia de cumplimiento de ejecutorias de amparo, la Constitución Federal establece que la autoridad que desacata debe ser separada del cargo, incluido el presidente de la República.

Otra expresión de la guerra judicial es el hecho de que jueces, magistrados y ministros siguen dándole entrada a amparos que afectan obras, políticas públicas o impiden luchar contra la corrupción, como el caso de María Amparo Casar Pérez, presidenta de la organización de Claudio X González Guajardo –Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad–.

Además, han liberado en algunos casos de forma definitiva a presuntos delincuentes de cuello blanco, como el abogado de Carlos Salinas de Gortari, Juan Collado Mocelo; a la exsecretaria de Estado en el sexenio peñista, Rosario Robles, quien fue investigada por la llamada estafa maestra; y a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, implicado presuntamente en hechos de corrupción, como el caso Odebrecht y AgroNitrogenados. Esto frena las acciones contra la corrupción y genera impunidad.

Y también han liberado bajo medidas cautelares como prisión domiciliaria a actores clave del caso Ayotzinapa: el exprocurador Jesús Murillo Karam y ocho militares presuntamente vinculados a la desaparición de los 43 normalistas rurales. El entorpecimiento de la investigación del caso no sólo genera protestas sociales –como la irrupción violenta en Palacio Nacional del pasado 6 de marzo–, sino que impide que se sepa la verdad y propicia que los culpables sigan impunes.

Además, la guerra del Poder Judicial ha llevado a la liberación de decenas de integrantes del crimen organizado, como se demuestra cada 15 días en la sección de Cero Impunidad, lo que contribuye a la generación de violencia extrema. Una de las banderas de la derecha es, precisamente ésta, sin apuntar jamás a la responsabilidad que tienen jueces, magistrados y ministros que abren la puerta a los presuntos delincuentes.

Referencias

Dra. Bárbara Leonor Cabrera Pantoja | Entre letras, con mi café y a un “x” de distancia me encuentran como @_BarbaraCabrera

“La única democracia que está en riesgo es la de la oligarquía, la del corrupto. La democracia del pueblo está a salvo”

Presidente Andrés Manuel López Obrador

Recientemente publiqué en la revista Quaestionis un artículo denominado “El lawfare en México y América Latina”, donde proporciono al lector elementos necesarios para tener un panorama teórico-práctico acerca de las consecuencias de esta figura en el escenario socio-político y con ello tener elementos para contribuir a que no prolifere.

Apunté que uno de los primeros casos de lawfare documentados en el continente lo encontramos en el 2005, con el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, quien en aquel entonces era Jefe de Gobierno del Distrito Federal; luego se sumaron a este la destitución de Dilma Rousseff, así como la persecución y encarcelamiento de Lula da Silva, en Brasil; el caso de Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina; la persecución al correísmo, en Ecuador; y así podríamos seguir sumando. Sin duda, se trata de eventos desafortunados en la vida pública latinoamericana, que es importante no olvidar y no perder de vista.

En el apartado de conclusiones de dicha contribución al mundo del conocimiento aludí que “es imperativo crear mecanismos de defensa preventivos desde la ciudadanía, para no permitir estos golpes de estado por goteo, promovidos desde la guerra judicial; los cuales se logran organizándonos, movilizándonos y asumiendo el poder del pueblo”

De esta manera llegamos al primer punto que abordo en esta Nornilandia: la expedición de una ley para combatir el lawfare, lo cual ocurrió en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Bolivia está dando ejemplo a América Latina acerca de cómo combatir al corrupto, mafioso e impune Poder Judicial.

Esta situación no tiene que pasar inadvertida, así que los pongo en antecedentes.

Luego de que el poder del pueblo se hiciera manifiesto el 22 de enero de 2024 a través de un bloqueo de carreteras en 36 puntos de Bolivia, principalmente en el departamento de Cochabamba, donde cocaleros y campesinos exigieron una ley de elecciones para renovar los principales cargos del poder judicial, además de rechazar a los jueces que conforman el Tribunal Constitucional, los cuales inhabilitaron a Evo Morales para postularse nuevamente a la presidencia en 2025; la lucha y resistencia, rindió frutos.

Dichas manifestaciones duraron dos semanas, y culminaron después de que el Congreso aprobara la Ley número 1549, llamada “Ley transitoria para las elecciones judiciales 2024”, promulgada por el Presidente Luis Arce y publicada el 6 de febrero de 2024 en la Gaceta Oficial del Estado de Bolivia,

Dicha Ley está estructurada en cinco capítulos, asimismo incluye disposiciones adicionales y disposición final.

El primer capítulo es de disposiciones generales, y abarca su objeto, finalidad, marco legal, principios; publicidad y transparencia, así como los mecanismos de comunicación y verificación electrónica. El segundo capítulo es “Garantías de objetividad y transparencia del proceso”; el capítulo tercero está dedicado a la “Organización del proceso”; el cuarto capítulo, que resulta ser el más sustancial puesto que regula el “Desarrollo del proceso”, incluye desde la etapa de preselección, la ruta crítica y cronograma; la convocatoria pública; la recepción de postulaciones, lo cual incluye plazos, requisitos y su verificación; además de impugnaciones, recurso de revisión, resoluciones; evaluación de méritos, temáticas del examen escrito, calificaciones, preselección de candidatos antes de su remisión al órgano electoral, entre otros temas. Finalmente, el capítulo quinto regula lo relativo a la preselección de candidatos y candidatas. (El texto completo de esta ley, es posible consultarlo en el siguiente enlace http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/listadonor/10)

Según una proyección del contenido de la legislación, así como de las propias Instituciones de aquel país, las elecciones judiciales podrían estarse celebrando el 22 de septiembre de 2024. Estemos atentos, pues este caso representa un parteaguas en América Latina y ¡un gran logro para combatir el lawfare!

Veamos lo que el historiador Daniel Cosío Villegas escribe en su libro “La Constitución de 1857 y sus críticos”. Da comienzo de manera contundente al apuntar que “la edificación crítica acerca de la Suprema Corte de Justicia arranca de la afirmación espectacular de que el Poder Judicial nunca es poder, porque la administración de justicia no depende de la voluntad nacional de un país; sus resoluciones toman en cuenta lo que esa administración debe hacer en nombre de la ley, y no en nombre del deseo, del bien o de la voluntad del pueblo” (Cosío, 2013: 91)

Continúa diciendo Daniel Cosío Villegas, “la Corte en que el magistrado era electo popularmente y por sólo seis años, resultó independiente de los otros dos poderes y de cualquier grupo de presión en que pueda pensarse, el militar, el clerical o el de la burguesía adinerada. No sólo fue independiente la Corte de 1867 a 1876, sino que sentía el orgullo, hasta la soberbia de su independencia: la Corte como cuerpo y cada magistrado como individuo” (Cosío, 2013: 98)

Entonces, ¿acaso no vale la pena que en México se lleve a cabo una profunda reforma al poder judicial, comenzando porque los elija el pueblo? Lo dejo a la reflexión.

Dicho esto, voy ahora a hablar acerca de la “Marcha Nacional por la Democracia”

18 de febrero de 2024 fue la fecha en que la oposición a la Cuarta Transformación decidió concentrarse en el zócalo de la Ciudad de México. Una cita a la que convocaron con bastante anticipación y lo hicieron con un póster donde se veían incontables membretes. Luego, se dieron a conocer las reglas, entre ellas, una muy curiosa: “no hables con la prensa” (¿qué tienen que ocultar, acaso que los congregados no tenían la mínima idea de que hacían ahí?); y otra más, “para evitar sanciones electorales no podemos llevar ningún símbolo relativo a Xóchitl ni a ningún partido. La frase #FuerzaRosa es marca registrada de Xóchitl y no podemos usarla en esta ocasión” (lo bueno es que era una “marcha apartidista”)

Desde el inicio todo fue engaño, ya que no fue marcha, se trató de una concentración, a pesar de señalar que irían del Monumento a la Revolución al Zócalo.

Mienten al apuntar que era ciudadana, pues claramente fue en apoyo a la desdibujada candidata del sector opositor, donde estuvieron dirigentes de partidos políticos, políticos, así como representantes populares. Además, el orador único fue el recién salido presidente del INE, quien, como supuesto árbitro electoral, tomo partido del lado opositor.

Falsean al enarbolar la bandera de la democracia, ya que su lenguaje y acciones son de exclusión, racismo y clasismo; antivalores que nada tienen que ver con la democracia.

En suma, se trató de una marcha del odio, la ignorancia y los membretes, donde los insultos fueron sus consignas. Se reunieron a hacer catarsis: gritaban lo de siempre: ¡vivimos en una dictadura! ¡queremos votar en libertad! ¡fuera López! ¡narco presidente! ¡nos coartan la libertad de expresión! ¡seremos Venezuela! ¡nos quieren quitar nuestras casas! ¡malditos chairos! ¡la democracia no se toca! ¡no queremos comunismo!

La oposición imagina una dictadura, cuando la libertad de expresión y las movilizaciones están garantizadas.

La oposición construye narrativas basadas en mentiras y las propaga por todos los medios posibles. Caen presas de las noticias falsas y sin más, las viralizan.

La oposición corre, grita y empuja. Insultan, agreden, se saltan la fila. Están en la constante búsqueda de un beneficio o privilegio.

La oposición ve un país en ruinas, cuando en este sexenio se han hecho más obras de infraestructura en beneficio del pueblo, como jamás ocurrió durante la larga noche neoliberal.

La oposición se congrega en la sociedad civil, desconociendo e insultando al pueblo, al que creen ignorante. Bien lo dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador “El pueblo no es tonto, todo es el que piensa que el pueblo es tonto”

La oposición no tiene ideario, los mueve la animadversión y el desprecio a aquello que no les es afín.

La oposición no defiende causas, se aglutinan para preservar sus privilegios.

Antes marchaba el pueblo, hoy marchan los que añoran las prebendas del poder a modo.

No hay duda, lo de la oposición moralmente derrotada es el poder sin pueblo, cratos sin demos. Esa es la democracia del grupo opositor.

No obstante, si algo hay para celebrar es que los que ahora son oposición, quienes desconocían el derecho a las manifestaciones y hasta las acallaban; ahora salen a tomar la plaza pública al grito de “el zócalo no es de López”

¡Bienvenidos a un país de libertades! Donde ante una época de cambio de régimen, cada quien sabrá a que causas se abraza. Es tiempo de definiciones y de decir ¡fuera máscaras!

Este 2 de junio, acudamos a las urnas, para mostrar nuevamente el poder del pueblo: ¡vamos por el Plan C para que siga la transformación y mantener a raya a los corruptos, conservadores, oligarcas y entusiastas del neoliberalismo!

No se olvide, solo el pueblo puede salvar al pueblo.

Es todo por hoy.

¡Hasta la próxima Nornilandia!

os empleados de Claudio X. González en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad acosaron a José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la casa donde vive en México.

Lo grabaron sin su consentimiento y como viles golpeadores, trataron de sacarlo de sus casillas.

Sin embargo lo único que hicieron fue evidenciar la existencia de una red dedicada a desestabilizar a la 4T y provocar un golpe blando.

La supuesta “investigación” que hoy venden como una revelación periodística, en realidad es un refrito, pues se trata de un tema con el que intentaron golpear a AMLO en la campaña presidencial 2018.

Ese año lo hicieron de forma anónima, sin dar la cara, a través de una portal llamado Pejeleaks, el cual pese a la millonaria inyección de recursos, nunca les funcionó y sus autores fueron desenmascarados por la propia Tatiana Clouthier.

Casualmente, las “investigaciones” de Pejeleaks fueron difundidas en el programa de radio de Carlos Loret de Mola, quien al ser un experto en montajes, fingía demencia al entrevistar a los “editores” y actuaba como si no los conociera.

Algo similar ocurrió con el “reportaje” de Latinus que divulgó hasta el Reforma para tratar de involucrar al segundo hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, en un supuesto escándalo de corrupción.

Con un estilo similar al de Pejeleaks, presentaron como pruebas fotografías de redes sociales pero ninguna prueba de corrupción o tráfico de influencias, de desvíos u obras inexistentes como en el pasado. Puro humo.

Ambos casos demuestran que están desesperados, revelan la forma en la que operan, exhiben su sistemática forma de atacar y destapan su propia cloaca.

Dejan al descubierto que Pejeleaks, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la Operación Berlín de Enrique Krauze y Latinus, son herramientas de políticos como Roberto Madrazo y empresarios como Francisco Agustín Coppel, Alejandro Ramírez Magaña de Cinepolis, Claudio X. González Guajardo de Kimberly Clark, Valentín Diez y German Larrea, quienes aún siguen pataleando por haber perdido la Presidencia y con ello, sus jugosos negocios al amparo del poder.

Polemón

Durante la conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la campaña mediática en contra de su gobierno es orquestada y promovida por el corrupto bloque conservador, que pretenden recuperar los privilegios perdidos, por lo que “no es un asunto personal, es la disputa por la nación”, pues ya se trata de “una especie de golpismo mediático”.

Al recordar que Claudio X. González padre aseguró que si López Obrador ganaba la presidencia en 2006 “yo ganaba, no descartaban la posibilidad de actuar como en 1973, con el golpe en Chile, encabezado por Augusto Pinochet”, el mandatario dijo que el hijo “le aprendió al papá” las mañas revanchistas y anti democráticas.

Es por eso que empresarios corruptos y sin escrúpulos morales ni éticos, cooptan periodistas y columnistas y “los vuelven mercenarios para hacer investigaciones en contra nuestra. El propósito es dañarnos con esta andanada, y vendrán otras. Es importante que esto se ventile, que la mayoría de los medios son defensores de grupos de interés”.

El titular del Ejecutivo lamentó la injerencia de los Estados Unidos al financiar organizaciones claramente golpistas como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de Claudio X. González, a la vez que señaló la ironía de que los periodistas a quienes exige aporten a la opinión pública sus ingresos, no se han pronunciado por la liberación de Julián Assange, quien develó los documentos de Wikileaks.

En medio de todo eso también recordó al enviado plenipotenciario de Estados Unidos de los años veinte del siglo XIX, Joel R. Poinsett , al referir los comentarios del senador republicano por Texas, Ted Cruz: “Ojalá y se haga una revisión de esa política -la entrega de dinero a organizaciones como México Unido Contra la Corrupción, de Claudio X González-, es lo mismo con el señor Ted Cruz, que es amigo de Alejandro Junco. Diría que se considere a este señor como un metiche; le digo a mis amigos estadunidenses, a nuestros paisanos, que no tengan confianza a este señor Ted Cruz”.

López Obrador explicó que “es una especie de golpismo mediático, que aplica en todo el mundo, cuando hay un dirigente que defiende los intereses del pueblo y no se somete al dominio de la oligarquía”.

Fuente SinLínea

Por Miguel Ángel Ferrer.- En vísperas del 19 de febrero, Día del Ejército, el Presidente de la República afirmó que no hay en México intentos de golpe de Estado. Y tiene razón. Actualmente no se vislumbran aprestos de un cuartelazo.

Pero los golpes de Estado no se circunscriben al cuartelazo clásico en que los militares deciden derrocar al Presidente y tomar el poder de modo directo.

Ahora se estilan más los llamados golpes blandos. Como los ejecutados por vía parlamentaria contra Fernando Lugo en Paraguay, o judicial contra Dilma Rousseff en Brasil. O como los recientes y fallidos golpes blandos contra Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz-Canel en Cuba o Daniel Ortega en Nicaragua.

O como el que ahora mismo se está fraguando en México contra López Obrador y en el que participan destacadamente personajes tan siniestros como Claudio X. González, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Carlos Loret de Mola y Roberto Madrazo.

Un golpe blando exitoso debe pasar por varias y sucesivas etapas. Primeramente una campaña mediática de infundios, exageraciones y tergiversaciones para ir desacreditando poco a poco al gobierno, con un objetivo final que es la creación de un clima de opinión adverso al gobernante en el cual podrá asentarse la segunda etapa que es, como se vió en Venezuela y más recientemente en Ucrania, calentar la calle: protestas y disturbios callejeros, bloqueos de calles y de caminos, asesinatos selectivos (periodistas, ambientalistas y líderes comunitarios), huelgas locas y otras provocaciones.

Si resulta exitosa esta segunda etapa podrá pasarse a la tercera y definitiva: organizar con abundante dinero y sabia asesoría extranjera una pequeña pero ruidosa insurrección ciudadana que logre tomar algunas sedes gubernamentales para proclamar un nuevo gobierno, como el muy ruidoso asalto del Capitolio estadounidense por las huestes de Donald Trump.

En México, hasta ahora, el golpe blando en curso no ha conseguido éxitos ni en la primera etapa: la campaña mediática, ni en los inicios de la segunda: los asesinatos selectivos de periodistas, ambientalistas y líderes comunitarios.

Así, y como puede colegirse fácilmente, el golpe blando en curso no tiene perspectivas de éxito. Pero lo que hasta hoy no ha sido puede serlo mañana. De modo que mucho ojo con los golpistas