Ciudad de México.— En un hecho inusual por su amplitud política y territorial, las y los gobernadores de las 32 entidades federativas manifestaron su respaldo a la política nacional de paz y seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, enviando un mensaje de unidad institucional frente a los desafíos de violencia y crimen organizado que enfrenta el país.

El pronunciamiento conjunto, difundido a través de redes sociales y canales oficiales, establece el compromiso de los ejecutivos estatales de mantener coordinación permanente con el Gobierno federal y actuar dentro de sus atribuciones para garantizar la tranquilidad de la población.

La postura implica el apoyo de 31 gobernadores y gobernadoras, así como de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre federación y estados para consolidar una estrategia integral de seguridad.

Coordinación como eje central

El mensaje subraya que la paz no puede construirse de manera aislada desde un solo nivel de gobierno. Por ello, las entidades federativas refrendaron su disposición a trabajar de forma coordinada con el Gabinete de Seguridad y las fuerzas federales, particularmente en tareas de prevención, inteligencia y procuración de justicia.

Este enfoque coincide con la visión del actual Gobierno federal, que plantea la seguridad como una responsabilidad compartida y no exclusivamente militar o policial. En ese sentido, los mandatarios estatales reconocieron la necesidad de acciones integrales que atiendan tanto los delitos como las causas estructurales de la violencia.

Otros reportes señalan que la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO) también expresó su respaldo a las acciones de las Fuerzas Armadas y a la estrategia federal, destacando el profesionalismo de las instituciones encargadas de salvaguardar a la población.

Un mensaje político de unidad nacional

El respaldo colectivo adquiere especial relevancia en un contexto marcado por episodios recientes de violencia y por el golpe al liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que provocó reacciones criminales en diversas regiones. Frente a estos hechos, la señal de cohesión entre federación y estados busca transmitir estabilidad institucional y continuidad en la estrategia de seguridad.

Además, el pronunciamiento tiene implicaciones políticas: muestra que, más allá de diferencias partidistas, existe un consenso básico sobre la necesidad de fortalecer al Estado frente a organizaciones delictivas con capacidad transnacional.

En el documento, las autoridades locales reiteraron su compromiso de actuar dentro del marco legal y de fortalecer sus propias capacidades institucionales, desde policías estatales hasta fiscalías, con el fin de evitar vacíos de poder que puedan ser aprovechados por el crimen organizado.

Seguridad con enfoque integral

La política de seguridad del actual Gobierno federal se sustenta en varios pilares: presencia territorial de fuerzas federales, inteligencia operativa, coordinación interinstitucional y programas sociales orientados a reducir los factores de riesgo que alimentan la violencia.

Desde esta perspectiva, el respaldo de los estados no sólo implica apoyo político, sino también la posibilidad de implementar acciones conjuntas en materia de prevención, reconstrucción del tejido social y fortalecimiento institucional.

Especialistas en seguridad han señalado que la cooperación entre niveles de gobierno es uno de los factores determinantes para el éxito de cualquier estrategia nacional, particularmente en un país con profundas diferencias regionales en materia de violencia y capacidad institucional.

Un frente común frente al crimen

El pronunciamiento de los gobernadores envía un mensaje claro: la lucha por la paz y la seguridad no puede fragmentarse por intereses partidistas. La coordinación entre estados y federación se presenta como la única vía viable para enfrentar a organizaciones criminales que operan sin respetar fronteras administrativas.

Al cerrar filas con la estrategia nacional, los mandatarios estatales buscan también fortalecer la legitimidad del Estado frente a la ciudadanía, que exige resultados concretos en materia de seguridad.

Más allá de la retórica, el desafío ahora será traducir este respaldo en acciones tangibles: operativos coordinados, intercambio de inteligencia, fortalecimiento policial y políticas sociales que reduzcan la base de reclutamiento del crimen organizado.

En un país marcado por décadas de violencia, la unidad institucional aparece como un requisito indispensable para avanzar hacia una paz duradera. El pronunciamiento conjunto de las entidades federativas, al menos en el plano político, apunta en esa dirección.

Por consenso, los 32 gobernadores y gobernadoras firmaron una petición dirigida a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, para que el máximo tribunal se desista de eliminar la prisión preventiva oficiosa, tal como lo habían acordado el pasado 26 de abril en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México (Conago). Datos del gobierno federal estiman que de cancelarse esa figura, quedarían en libertad de forma inmediata 68 mil presuntos delincuentes, incluidos integrantes del crimen organizado y homicidas.

En el oficio que entregaron a la titular del Poder Judicial de la Federación, los 32 integrantes de la Conago manifiestan su preocupación “por los efectos adversos que surgirán en perjuicio de la seguridad pública y la justicia mexicana”. Tras manifestarse respetuosos de la división de poderes y en calidad de Amicus Curiae [amigos de la corte], solicitaron que en la resolución que emita la Suprema Corte sobre la prisión preventiva oficiosa se mantenga la “‘supremacía constitucional’ respecto de cualquier norma de carácter internacional que pueda afectar nuestro derecho interno, con el fin no sólo de impedir la vulneración de nuestra carta magna, sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto”.

Los 32 gobernadores y gobernadoras de todas las fuerzas políticas consideraron que si la Suprema Corte se ajusta a la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tribunales federales podrían colapsar al “verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.

También manifestaron que “la restricción que se pretende declarar inconvencional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados como graves, y en los que el ministerio público sólo puede solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia a juicio del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso: por lo tanto, sólo en esas condiciones precisas, el juez ordenaría la prisión preventiva de forma oficiosa”.

Los gobernadores y gobernadoras expusieron en su oficio dirigido a Norma Piña que la prisión preventiva oficiosa es parte de la política de combate al crimen. Desde el punto de vista de las y los mandatarios locales, esa figura garantiza una adecuada conducción del proceso penal, para el esclarecimiento de los hechos, además de que se protege a las víctimas de los delitos y se procura que los responsables no queden impunes.

Otro aspecto que asocian a la prisión oficiosa es que se reparan los daños causados por el delito. “Por ello, hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactara directamente en la seguridad y gobernabilidad del país, y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder tendría en la seguridad pública de nuestros gobernados”.

Aunado a lo anterior, destacaron que la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe tomar en cuenta que las víctimas del delito son quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales.

Y enfatizaron que aunque las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, éstas deben estar armonizadas y no transgredir el contenido de la Constitución de México. “Resulta de suma importancia hacer converger el respeto a los derechos humanos y el respeto a nuestra soberanía y ordenamiento jurídico interno”.

Los gobernadores y gobernadoras concluyeron que si desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le da preferencia a una norma de carácter internacional sobre el derecho interno, “se traduciría en afirmar que un tribunal contencioso del ámbito internacional tendría el alcance de invalidar en sentido práctico una norma de rango constitucional, lo que llevaría a vulnerar la propia Constitución, emanada de la voluntad del constituyente permanente y no de un acuerdo de voluntades entre Estados miembros de la comunidad internacional”.

Regeneración, 11 de abril de 2022. Gobernadores y Jefa de Gobierno de la IVa transformación del país subrayaron el éxito y la trascendencia histórica de la jornada de revocación de mandato el pasado domingo 10 de abril.

Además los mandatarios y las mandatarias estatales subrayaron el triunfo de la democracia participativa y sobre todo el apoyo del pueblo.

Lo anterior pese a la abierta obstaculización del Instituto Nacional Electoral contra el ejercicio democrático

Revocación

Gobernadoras y gobernadores de la 4ta transformación, en primer lugar se congratularon del triunfo de la democracia participativa.

-«…, celebramos el éxito de la jornada de revocación de mandato, el triunfo de la democracia participativa».

Lo anterior señalan en el desplegado dado a conocer en redes sociales, mismo que firmó Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Por otra parte, puntualizaron el apoyo de los votantes al presidente AMLO.

Así, celebraron también, «el apoyo del pueblo de México al presidente Andrés Manuel López Obrador».

Esto en un documento firmado también por los gobernadores Marina Ávila de Baja California, Rutilio Escandón de Chiapas, Evelyn Salgado de Guerrero.

INE

Por otra parte los gobernadores y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México puntualizaron que el INE obstaculizó la participación popular.

Así los mandatarios estatales puntualizaron la importancia del ejercicio democrático: «A pesar de que el Instituto Nacional Electoral hizo todo para evitar la participación del pueblo».

Esto dice el documento también suscrito por los gobernadores Ángel Navarro, de Nayarit; Rubén Rocha, de Sinaloa y Lorena Cuéllar de Tlaxcala.

Obstáculos

Así, los gobernadores detallan que entre las acciones del INE contra la revocación de mandato.

Es decir, «como la designación de la fecha en el domingo previo a Semana Santa», señalan en primer lugar.

Además cuestionaron que solo se hubieran instalado un tercio de casillas respecto a una elección constitucional.

Cabe destacar que al pronunciamiento se sumaron también los gobernadores Castro Cosío de Baja California Sur; Alfredo Ramírez de Michoacán y Barbosa de Puebla.

Asimismo señalaron la lejanía de las casillas, y su mala ubicación.

Cabe destacar que el documento también fue suscrito los mandataros Alfonso Durazo de Sonora, Cuitláhuac García de Veracruz y Layda Sansores de Campeche.

Por otra parte, reprocharon que el INE haya incumplido con informar con ubicación de urnas e incluso de cambios de último momento.

Así lo señalaron también la gobernadora de Colima, lndira Vizcaíno; de Morelos, Cuauhtémoc Blanco de Morelos así como Ricardo Gallardo de San Luis.

A pesar de todo revocación

Por otra parte, subrayaron que pese a todo el pueblo apoya a AMLO.

-«…, a pesar de todo esto, el pueblo votó y ratificó a nuestro presidente», proclamaron también los titulares del ejecutivo Carlos Merino de Tabasco y Monreal de Zacatecas.

-«Felicitamos a todas y todos los que hicieron posible este día histórico. México hoy»
es un ejemplo de democracia para el mundo», proclamaron.

Finalmente subrayan: «Es un honor formar parte de este momento estelar en la historia de México«.