Una de las principales deudas del Poder Judicial con el pueblo de México es la impunidad derivada de sus sentencias. Por ejemplo, en presuntos delitos de cuello blanco, el sistema de justicia falló a favor del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y de sus colaboradores Luis Cárdenas Palomino y Jannet Miriam Martínez Sánchez. Otro caso documentado es el de Ayotzinapa, con sentencias que no sólo beneficiaron a los presuntos responsables sino que impiden conocer la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos –casos: exprocurador Jesús Murillo Karam, expresidente municipal José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa–; o las resoluciones que cambiaron medidas cautelares al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin; a Juan Collado, abogado de Carlos Salinas y amigo de Peña Nieto; a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social. A la lista se suman otros casos igual de indignantes: los de los exgobernadores César Horacio Duarte y Francisco Javier Cabeza de Vaca; el del priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; el del fiscal Uriel Carmona Gándara; el del exgobernador Roberto Borge Angulo; el del exadministrador de Javier Duarte en Veracruz, Gabriel Deantes Ramos; o del exfiscal Jorge Winckler

En plena discusión sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que conforman el llamado “bloque conservador” omitieron hacer una autocrítica a ese Poder de la Unión, en especial a sus decisiones que favorecen a los presuntos responsables de delitos de cuello blanco y del crimen organizado. Nada dijeron de la impunidad que propician las sentencias a favor de influyentes políticos o exservidores públicos que dañaron al erario de la nación, y que ahora disfrutan de esos recursos mal habidos o de su libertad sin ninguna consecuencia por sus actos.En la lista de beneficiarios de ese sistema que se busca reformar en la próxima legislatura del Congreso de la Unión están, por ejemplo, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y sus colaboradores Luis Cárdenas Palomino y Jannet Miriam Martínez Sánchez; el exprocurador Jesús Murillo Karam, el expresidente municipal José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa–, presuntamente vinculados al caso Ayotzinapa; el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin; el abogado de Carlos Salinas y amigo, Juan Collado; la exsecretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto, Rosario Robles; los exgobernadores César Horacio Duarte, Roberto Borge Angulo y Francisco Javier Cabeza de Vaca; el del líder priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; el fiscal Uriel Carmona Gándara; el exadministrador de Javier Duarte en Veracruz, Gabriel Deantes Ramos; yel exfiscal de esa misma entidad, Jorge Winckler.

Todos los casos han sido documentados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la sección “Jueces que favorecieron a presuntos delincuentes”, contenida en el informe quincenal Cero Impunidad, que se presenta en la conferencia presidencial.

Caso: García Luna

Actualmente detenido en Estados Unidos tras ser encontrado culpable de cuatro cargos por narcotráfico y uno más por falsificación de documentos, García Luna se salvó de enfrentar cargos en México gracias al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Gerardo Genaro Alarcón López. En mayo de 2023, el juzgador desestimó una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito contra el exsecretario de Seguridad Pública.

Según la Unidad de Inteligencia Financiera, el desfalco al erario nacional cometido por la red de corrupción de García Luna supera los 745 mil millones de dólares, por lo que la Fiscalía General de la República lo acusó de un presunto incremento injustificado en su patrimonio.

Sin embargo, el juez Alarcón López descartó proceder, bajo el argumento de que no se demostró que el aumento patrimonial estuviera directamente relacionado con actividades ilícitas vinculadas al ejercicio de la función pública. La decisión fue ratificada posteriormente por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito.

Caso: Jannet Miriam Martínez Sánchez

Martínez Sánchez, quien enfrentaba cargos por delincuencia organizada y peculado relacionados con la red de corrupción presuntamente dirigida por García Luna, fue puesta en libertad el pasado 24 de junio. La extitular de la Dirección de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social fue aprehendida y vinculada a proceso por su presunta participación en el desvío de 5 mil 112 millones de pesos destinados a obras y servicios en penales federales.

Después de un año de detención y en una audiencia de revisión de medidas cautelares, el juez Gregorio Salazar Hernández revocó la prisión preventiva justificada. En su lugar, ordenó medidas cautelares no privativas de libertad y decretó su liberación inmediata, omitiendo los trámites de egreso obligatorios en estos casos. Se ordenó su salida directamente de la sala de audiencia, al término de la misma.

Caso: Luis Cárdenas Palomino

Quien fuera coordinador de Inteligencia de la Policía Federal en el gobierno de Felipe Calderón y colaborador cercano de Genaro García Luna, fue liberado de los cargos relacionados con el controversial operativo Rápido y Furioso. Éste fue ejecutado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, e introdujo ilegalmente más de 2 mil armas a México con el consentimiento del gobierno del gobierno de Calderón. El armamento fue entregado al Cártel de Sinaloa en 2009 –cuando García Luna estaba aliado a ese grupo delictivo encabezado por el Chapo Guzmán–, y contaba con unos chips para ser rastreados; sin embargo, la ATF perdió el control de éstas.

A pesar del daño que ese operativo causó, al contribuir a la violencia extrema, la jueza Novena de Distrito en Sonora, Jesús Karina Almada Rábago, dictó auto de libertad para Cárdenas Palomino el 20 de enero de 2024. Su argumento: “falta de elementos para procesar”. La acusación señalaba al colaborador de García Luna de omisión en el impedimento de la entrada clandestina de armas y municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la jueza determinó que no se presentaron pruebas suficientes y aptas para sustentar los cargos en su contra.

Actualmente, Cárdenas Palomino permanece detenido en el penal del Altiplano, enfrentando cargos por tortura contra de Mario Vallarta Cisneros–hermano de Israel– y su sobrino Sergio Cortez Vallarta, así como de los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, por presuntamente participar en la banda de secuestradores “Los Zodiacos”. Estos fueron detenidos el 27 de abril de 2012, y su caso se relaciona con el montaje televisivo que difundió el comunicador Carlos Loret de Mola en un noticiero de Televisa.

Cárdenas Palomino también enfrenta un proceso bajo acusaciones de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrido el 26 de septiembre de 2014.

Caso: Jesús Murillo Karam

Conocido por ser el autor de la mal llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa. Como procurador General de la República en el sexenio de Peña Nieto, Murillo Karam afirmó que los 43 normalistas fueron asesinados y quemados por miembros del grupo Guerreros Unidos en el basurero municipal de Cocula, versión que fue refutada tiempo después.

El 2 de noviembre de 2023 –día feriado en México–, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal, José Rivas González, sustituyó al juez titular de la causa y fijó una audiencia de revisión de medidas cautelares. Estableció un plazo acelerado de dos horas y media, y cambió la medida cautelar a Murillo Karam de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Argumentó razones de salud, aunque el exprocurador llegó por su propio pie a la audiencia.

Su proceso por delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa aún continúa, pero ahora bajo la medida de arraigo domiciliario.

Caso: José Luis Abarca

El expresidente municipal de Iguala en el momento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fue identificado como uno de los principales involucrados en este crimen. Sin embargo, el 15 de noviembre de 2023, un Tribunal Colegiado le otorgó un amparo para cambiar sus medidas cautelares, lo que permitió una nueva audiencia para reconsiderar la prisión preventiva oficiosa que enfrenta por delitos graves como homicidio.

Un año antes, el juez Samuel Ventura Ramos lo había absuelto del cargo de delincuencia organizada. Este mismo juez también dictó sentencia absolutoria para 24 personas relacionadas con el caso de los normalistas, incluyendo a aquellos acusados por el intento de homicidio de Aldo Gutiérrez Solano, estudiante que quedó en estado vegetativo tras recibir un disparo por parte de un policía durante los hechos.

Caso: María de los Ángeles Pineda Villa

En el mismo caso Ayotzinapa se encuentra el proceso contra la esposa de José Luis Abarca. El 24 de abril de 2023, Jorge Mario Montellano Iturralde –magistrado instructor del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito en el Estado de México– revocó la sentencia condenatoria de 10 años de prisión que le había sido impuesta a María de los Ángeles Pineda Villa, por delincuencia organizada. También ordenó la reposición del procedimiento, pues, a su consideración, el juez que la sentenció violó su derecho de seguridad jurídica (debido proceso, audiencia, defensa e igualdad).

De acuerdo con las declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado, como parte del expediente por la desaparición de los normalistas, la señora Pineda Villa era la principal operadora del crimen organizado en Iguala. Primero se le relacionó con el cártel de los Beltrán Leyva, ya que sus hermanos Mario y Alberto Pineda Villa se desempeñaban como operadores financieros de dicho grupo delictivo, y posteriormente se le vinculó con Guerreros Unidos, pues Iguala era uno de sus centros de operación.

Caso: Emilio Lozoya Austin

Los beneficiarios de ese sistema judicial que ha sido calificado como podrido va más allá de esos casos, y toca asuntos que implican desvío de recursos públicos y otras modalidades de corrupción. Ejemplo de ello es el caso de Emilio Lozoya Austin, una de las figuras centrales en el escándalo de corrupción global de Odebrecht, además de estar involucrado en el caso de la compra irregular de la planta chatarra Agro Nitrogenados.

El 23 de enero de 2024, la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña concedió una suspensión provisional a Lozoya, quien había promovido un amparo contra la resolución que le negaba el cambio de medida cautelar de prisión preventiva justificada por su implicación en el caso Odebrecht. Esta decisión se convirtió en definitiva el 6 de febrero del mismo año, cuando dicha jueza decretó la suspensión definitiva y revocó la prisión preventiva. Estableció medidas cautelares menos restrictivas, como el uso de brazalete electrónico y la presentación periódica quincenal. Esto, a pesar de que Emilio Lozoya fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga.

El magistrado Juan Pedro Contreras Navarro también otorgó un amparo a Lozoya el 19 de febrero de 2024, anulando la medida cautelar de prisión preventiva justificada que pesaba sobre él desde 2022. Contreras Navarro argumentó que la solicitud de esta medidano estaba suficientemente fundamentada, vulnerando los derechos de Lozoya a la certeza y seguridad jurídica,

Lozoya también enfrenta acusaciones por el caso Agro Nitrogenados, donde se le imputa la compra irregular de la empresa mientras dirigía Pemex durante el gobierno de Peña Nieto. Esta compra, junto con la de Grupo Fertinal, generó acusaciones de lavado de dinero y malversación de fondos públicos, siendo parte de un esquema de transferencias offshore vinculado al caso Odebrecht.

Además, el juez Genaro Alarcón López –quien también fue criticado por decisiones en casos anteriores como el de Genaro García Luna–suspendió el procedimiento contra Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta suspensión se basó en un acuerdo de reparación del daño firmado por el empresario Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), quien no ha cumplido íntegramente con los pagos acordados.

El 10 de noviembre de 2023, la jueza Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, Ana Lilia Osorno Arroyo, declaró improcedente la acción de extinción de dominio promovida por la FGR contra un inmueble de Lozoya valuado en más de 38 millones de pesos, adquirido presuntamente con recursos de procedencia ilícita.

Caso: Juan Collado

En otro caso de fraude fiscal, el abogado de Carlos Salinas de Gortari y su hermano incómodo Raúl, Enrique Peña Nieto, Carlos Ahumada y Carlos Romero Deschamps. El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Guillermo Aquiles Villaseñor, determinó cesar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Juan Collado, a pesar de reconocer el riesgo de sustracción del imputado.

Sin embargo, continuó interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, por el proceso en que la Fiscalía le acusaba de blanqueo de capitales y delincuencia organizada, por la presunta venta simulada de un inmueble de la compañía Caja Libertad, propiedad del abogado, hasta que un juez federal lo declaró absuelto de los cargos.

En abril de este año, el abogado libró todos los procesos penales en su contra, luego de que un juez federal dio por concluido el último proceso que enfrentaba por el presunto delito de defraudación fiscal por un monto de 36.7 millones de pesos; el fallo se sustentó en la ponderación de que el delito había prescrito.

Luego de la detención de Collado, su hermana Lucía Collado se amparó contra toda posible orden de aprehensión, detención, búsqueda y localización que hubiera en su contra. El 15 de noviembre de 2023, el juez Medina Gaona otorgó suspensión provisional en favor de Lucía, mediante un “amparo buscapiés” –término utilizado en el argot jurídico para referirse a este recurso que busca conocer los elementos a disposición de la Fiscalía, en expedientes y carpetas de investigación para ganar tiempo y preparar una mejor defensa–. El argumento del juez fue que “de no otorgar la suspensión a Lucía se le podía causar daños y perjuicios de difícil reparación”.

Caso: Rosario Robles

Estuvo recluida en el penal de Santa Martha Acatitla por el caso conocido como “estafa maestra” ocurrido en el gobierno de Peña Nieto. Fue absuelta del delito de omisión por el desvío de 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales durante su función como titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Así lo determinó el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Roberto Omar Paredes.

Caso: César Horacio Duarte

Uno de los casos recientemente documentados fue el de César Horacio Duarte, exgobernador priísta de Chihuahua, a quien se le acusa de delitos graves como asociación delictuosa y peculado por alrededor de 96.6 millones de pesos. El 4 de junio de 2024, sin celebrar una audiencia de revisión de medidas cautelares, la jueza Hortensia García Rodríguez ordenó a la autoridad penitenciaria estatal que, a partir del 5 de junio, dejara sin efecto la prisión preventiva que cumplía el exgobernador de Chihuahua.

La jueza ordenó lo anterior tomando como base las dos resoluciones de apelación emitidas por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, mismas que establecen un máximo de dos años de prisión preventiva. Fue hasta el 6 de junio que la misma jueza, tras convocar a una audiencia de revisión de medidas, cambió la prisión preventiva a domiciliaria, portación de brazalete electrónico y entrega de pasaporte.

Caso: Francisco Javier Cabeza de Vaca

En 2023, tres comisiones del Congreso de Tamaulipas preparaban una iniciativa impulsada por diputados de Morena, para que los gastos de seguridad del exgobernador dejaran de financiarse con dinero público, ante lo cual Cabeza de Vaca solicitó un amparo, el cual le fue otorgado por el juez Octavo de Distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez.

El juez ordenó la suspensión definitiva contra el acuerdo que ordenaba el retiro de sus escoltas, pero unos meses antes, también dictó una suspensión contra la orden de aprehensión emitida por el delito de delincuencia organizada y un amparo en febrero de 2023. El político panista actualmente se encuentra prófugo de la justicia, acusado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Caso: Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre

Conocido como el Príncipe de la basura, fue acusado del delito de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada en grado de tentativa, publicidad engañosa y asociación delictuosa, esto después de que una investigación periodística reveló que supuestamente dirigía una red de prostitución en la Ciudad de México, aprovechándose de su cargo como dirigente del PRI en 2014.

Fue detenido a finales de 2021 y actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Sin embargo, la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros le otorgó un amparo en junio de este año, contra cualquier nueva orden de aprehensión, presentación y/o su ejecución que exista en su contra. Esto, tras pagar una garantía por la cantidad de 87 mil 500 pesos.

Aunque el ex dirigente priísta continúa en prisión, su abogado espera que tras esta resolución pueda promover un nuevo amparo para que enfrente su proceso en libertad bajo prisión domiciliaria.

Caso: Uriel Carmona Gándara

El fiscal de Morelos fue detenido en cuatro ocasiones durante 2023, por dos imputaciones: su probable participación en el delito de retraso a la justicia por el  feminicidio de Ariadna Fernanda, y por el delito de tortura. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Uriel Carmona no aplicó el debido protocolo para delitos de feminicidio y declaró de forma anticipada que la causa de la muerte de la joven había sido una broncoaspiración por intoxicación alcohólica, lo cual dio ventaja y ayudó a encubrir a los presuntos responsables del feminicidio.

Por el caso se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión: la primera por el delito de retraso a la justicia, por lo que fue detenido en agosto de 2023, sin embargo el 1 de septiembre del mismo año magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenaron su inmediata liberación por “no haberse respetado su fuero”.

La segunda orden fue girada por el delito de encubrimiento por favorecimiento, por lo que fue reaprehendido un día después de su liberación, pero nuevamente fue puesto en libertad, porque los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal le concedieron una suspensión provisional de la medida cautelar de prisión preventiva.

Una tercera orden fue obtenida por el delito de feminicidio en calidad de auxiliador, pero otro Tribunal en Materia Penal resolvió la suspensión definitiva de la medida cautelar de prisión preventiva y ordenaron su inmediata liberación por considerar que el acusado cuenta con fuero. Para abril de este año, el Poder Judicial de la Ciudad de México decidió cerrar la causa penal contra el fiscal por el feminicidio de Ariadna.

Caso: Roberto Borge Angulo

En audiencia de revisión de medidas cautelares –el 29 de septiembre de 2023– solicitada por el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Marco Antonio Beltrán Moreno, determinó modificar la prisión preventiva justificada y modificarla por la colocación de un brazalete electrónico, arraigo domiciliario y pago de una garantía de 10 millones de pesos.

Cuando el juez fue exhibido en una de las conferencias matutinas del presidente, publicó un video pidiendo ayuda al gobierno de Estados Unidos y a la ONU. En su mensaje señaló que “la democracia en México está en peligro” y pidió apoyo y solidaridad para empoderar la “independencia judicial”.

Caso: Gabriel Deantes Ramos

Ocupó el cargo de subsecretario de Finanzas de Administración en el gobierno del priísta Javier Duarte, en Veracruz. Fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito y sentenciado a seis años con seis meses de prisión, el 15 de junio de 2023. Sin embargo, en agosto del mismo año la jueza Primera de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, Zarahí Escobar Acosta, otorgó un amparo para dejar insubsistente la audiencia del 15 de junio.

Posteriormente, ordenó al juez de Control citar a las partes a una nueva audiencia, la cual fue llevada a cabo en octubre y se determinó el resguardo domiciliario como medida cautelar. La jueza Escobar Acosta argumentó que el juez de Control y Enjuiciamiento “no tomó en consideración la presunción de inocencia, así como la idoneidad y proporcionalidad de la prisión preventiva”. Ello, sin importar que existía un riesgo de fuga por parte del imputado.

Caso: Jorge Winckler

Luego de permanecer dos años prófugo de la justicia, quien se desempeñó como fiscal de Veracruz durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes fue detenido en julio de 2022, acusado de secuestro y desaparición forzada. Un año después, el secretario en funciones de juez federal ordenó cancelar la prisión preventiva oficiosa impuesta a Jorge Winckler porque, de acuerdo con su criterio, es contraria a los Tratados Internacionales.

En la sentencia, ordenó que “se le otorgue a las partes la oportunidad de evaluar la imposición de otra u otras medidas cautelares previstas en la ley”. Sin embargo, el juez de Control que lleva el proceso penal impuso prisión preventiva justificada.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador retó a Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, a defender “abiertamente” a su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue enjuiciado y declarado culpable en Estados Unidos por cinco delitos.

Hoy, nuevamente en la Mañanera, el mandatario exhortó a Calderón a presentar pruebas de García Luna, sin importar que se enfrente a los tribunales de Estados Unidos.

“Invitar a Calderón a que ya defienda abiertamente a García Luna y que presente pruebas y no le hace que se trate de los tribunales de Estados Unidos; cuando se tiene la convicción de que está uno actuando con apego a la verdad y se lucha por una causa justa, se puede uno enfrentar a cualquier adversario, por encima de todo está la dignidad.
“Y repetir que nosotros no lo perseguimos, ayer lo dije, lo reitero, si lo estuviésemos persiguiendo hubiésemos presentado una denuncia, nunca he hablado de que está denunciado en un tribunal internacional por violación de derechos humanos”, afirmó.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo insistió en que si Calderón está seguro de que Genaro García Luna es inocente, “pues que se enfrente a la fiscalía de Estados Unidos y que se abra un buen debate”, lo que consideró “sería muy sano para México y para el mundo”.

“Ningún tribunal debe actuar de manera injusta y donde quiera que se cometa un acto de injusticia tiene que haber una protesta y se debe de luchar en contra de las injusticias”, afirmó.

Cabe recordar que el día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador transmitió esta mañana el reproche que hizo el expresidente Felipe Calderón por la supuesta persecución que realiza el gobierno federal en su contra por el caso García Luna.

En entrevista y desde España, Calderón aseguró “tener muchas dudas” sobre el veredicto contra Genaro García Luna, quien fue su exsecretario de Seguridad Pública y declarado culpable en Nueva York por sus nexos con el narcotráfico.

Calderón, finalmente rompió el silencio, después del veredicto contra su exfuncionario; y apuntó que es un perseguido político y mediático por el gobierno del presidente López Obrador, aunque no lo mencionó.

Ante esto, el mandatario mexicano respondió a Calderón desde la mañanera y señaló:

“En lo que a mí corresponde ¿qué persecución puede haber? Si hubiera persecución ya hubiéramos denunciado al presidente”, expresó desde Palacio Nacional

En el video exhibido en Palacio Nacional, el presidente de México también reprochó a Calderón “poner en duda” el veredicto en contra de García Luna y lo invitó a proceder legalmente contra autoridades de Estados Unidos si está seguro de la inocencia de su exsecretario de Seguridad Pública.

También aconsejó al ex mandatario que debería brindar información sobre por qué mantuvo a García Luna en su cargo pese a los señalamientos de servir a las bandas del crimen organizado.

“Lo juzga un tribunal de Estados Unidos y dice Calderón: ‘no les creo, no hay pruebas’. Ojalá pudiese él ayudar y explicar qué hacía García Luna en su gobierno, por qué considera que no hay pruebas y que le dé una explicación al pueblo de México, y que defendiera a García Luna, podría él incluso presentar una denuncia contra las autoridades estadounidenses que lo están juzgando”, expresó.

SinLínea

Este martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador tocó el tema de que Felipe Calderón reapareció en España para mencionar que “no hay pruebas” y que duda sobre el veredicto de culpabilidad en contra de Genaro García Luna, su ex secretario de seguridad, acusado de varios cargos de narcotráfico y asociación delictuosa en Estados Unidos.

“Ojalá y pudiese él (Felipe Calderón) ayudar y explicar que es lo que hacía García Luna en su gobierno. ¿Por qué considera de que no hay pruebas? Y que le den una explicación al pueblo de México y que además defienda abiertamente a García Luna, podría él hasta presentar una denuncia en contra de las autoridades estadounidenses que lo están juzgando”.AMLO

López Obrador igualmente aprovechó para desmentir que haya algún tipo de persecución política o mediática contra el esposo de Margarita Zavala y explicó que de ser así, el Gobierno de México ya hubiera interpuesto alguna denuncia en su contra.

Sobre las mismas declaraciones del ex panista, Andrés Manuel dejó en evidencia que los medios tradicionales como Televisa, TV Azteca, El Reforma y El Universal, no han cuestionado al García Luna ni a Calderón, en referencia a que también la prensa conservadora y la radio no ha hecho reportajes del caso del ex secretario de seguridad, a lo cual se suman medios de comunicación estadounidense.

Finalmente el líder del Ejecutivo federal pidió una vez más a García Luna que coopere y haga un servicio a México y acepte ser testigo protegido para informar sobre los que fueron sus jefes: Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Los Reporteros MX

Pablo Gómez Álvarez señaló que Cristina Pereyra también participa activamente en el entramado de corrupción de su esposo, quien fuera Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, Genero García Luna, no sólo era un familiar, sino que también participaba activamente en la red de corrupción.

“Genaro García Luna además de propiedades, tiene empresas y su esposa, Linda Cristina Pereyra, es quien las administra”, dijo Gómez en conferencia de prensa.

Además, el titular de la UIF dio a conocer que Pereyra Gálvez está denunciada por el Gobierno de México por operaciones con recursos de procedencia ilícita y señaló que es dueña de varias propiedades en Miami, las cuales están bajo litigio con Estados Unidos.

“La esposa de García Luna no es simplemente un familiar del jefe [Genaro García Luna], sino que ella participa. […] Ella es propietaria de cuatro departamentos en Miami que están asegurados por la Corte donde está interpuesto el juicio civil que reclama estos bienes”, afirmó Gómez Álvarez.

El funcionario recordó que en el juicio de García Luna, Cristina Pereyra explicó la procedencia del dinero, que tenía la pareja, sin embargo, aclaró que el testimonio es “enteramente falso”, pues “ella está denuncia está denunciada por el Gobierno de México a través de la UIF por operaciones con recursos de procedencia ilícita y algunos otros delitos”.

El pasado 14 de febrero, durante el juicio, Pereyra Gálvez subió al estrado y explicó la procedencia de sus bienes entre 1994 y 2008, a lo que reporteros que cubrieron el caso, coincidieron que lo realizó de manera lógica, efectiva y metódica.

“Ella está denunciada, […] al igual que varios de sus familiares que han sido beneficiados del inmenso botín que se generó a través de la Secretaría de Seguridad Pública en la época de Genaro García Luna y de la Secretaría de Gobernación de [Miguel Ángel] Osorio Chong”, señaló el titular de la UIF.

“No solamente están denunciados, están abiertas las carpetas de investigación, hemos estado insistiendo en la Fiscalía [General de la República] de que es necesario ya la solicitud de las órdenes de aprehensión”, sostuvo.

Asimismo, Pablo Gómez explicó que las solicitudes de órdenes de aprehensión están a órdenes del Fiscal Alejandro Gertz Manero, y que es el Fiscal es quien que abre las carpetas de investigación, y que la UIF sólo se encarga de recibir información, analizarla y presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

PODER JUDICIAL DESCONGELA CUENTAS DE CRISTINA PEREYRA

El pasado 21 de febrero, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México revocó la sentencia del Juzgado Décimo Segundo, con la que se había negado Linda Cristina Pereyra el amparo por su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas del 9 de diciembre de 2019.

El mismo día en que el jurado en Estados Unidos declaró culpable de todos los cargos a García Luna, el Tribunal, integrado por el presidente Rolando González Licona, el Magistrado Eduardo Baltazar Robles y la Magistrada Amanda Roberta García Gonzále, le liberó sus cuentas financieras y su fallo fue por unanimidad.

La UIF había incluido a Pereyra Gálvez en la Lista de Personas Bloqueadas como medida cautelar a efecto de que no pudiera realizar movimientos financieros mientras se resuelve el procedimiento penal, ya que formó parte integrante de la trama de lavado de dinero encabezada por Genaro García Luna.

“Es vergonzoso todo esto, cómo es posible que en el extranjero se hagan cosas que no se hacen en México, necesitamos el apoyo de los jueces, no es posible seguir de esta manera, necesitamos fiscales más rápidos, fiscales que se pongan las pilas, están muy lentos”, criticó Pablo Gómez, en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en una cobertura de SinEmbargo al Aire, vía YouTube.

“Es vergonzoso todo esto, cómo es posible que en el extranjero se hagan cosas que no se hacen en México, necesitamos el apoyo de los jueces, no es posible seguir de esta manera, necesitamos fiscales más rápidos, fiscales que se pongan las pilas, están muy lentos”, criticó.

Además, Pereyra Gálvez está demandada ante una Corte civil del estado de Florida, Estados Unidos, con el fin de que México rescate 745.8 millones de dólares sustraídos ilícitamente del erario nacional mexicano y trasladados a Miami.

GOBIERNO MEXICANO BUSCA RECUPERAR DINERO DE LAS PROPIEDADES

El Gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, sin embargo, esa información se supo apenas a finales de enero, días después del inicio del juicio de García Luna.

La meta de las autoridades mexicana es recuperar “los activos adquiridos” con el dinero producto de la supuesta corrupción de la que acusan a la red de García Luna para resarcir el daño al pueblo mexicano. El proceso civil es independiente al juicio penal donde el exsecretario de Seguridad fue declarado culpable de cinco cargos, incluido el de encabezar una organización criminal durante un largo periodo de tiempo y el de conspirar para traficar droga a EU, el pasado 21 de febrero.

La acusación de la UIF se extiende mucho más allá de solo García Luna. Incluye una lista de personas (ocho físicas): el propio Genaro García Luna; su esposa Linda Cristina Pereyra; “los Weinbergs”, quienes fueron mencionados durante su juicio penal en Nueva York: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg; así como Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.

Además, se encuentran demandadas 44 personas morales –empresas– supuestamente relacionadas con la red de García Luna. De ellas, ocho fueron las que adquirieron las 19 propiedades ahora incautadas por el Gobierno estadounidense, las cuales tienen un valor total de 17 millones 930 mil 402 dólares.

La que más destaca es Delta Integrator LLC, creada en 2013 y la cual estaría directamente relacionada con Pereyra, la esposa de García Luna. Cuatro de las propiedades aseguradas fueron adquiridas por dicha compañía. En total, el valor de mercado es de dos millones 476 mil 726 dólares, casi 45 mil millones de pesos.

Se trata de cuatro departamentos ubicados en el mismo edificio, tres de ellos contiguos: las unidades 1009, 1010 y 1011. Además, adquirió el 505. Por su parte, otra empresa señalada, Jagra LLC, adquirió la unidad 1007 valuada en 469 mil 806 dólares.

SinEmbargo

La declaración de culpabilidad del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna de crímenes asociados al narcotrafico y corrupción es una enseñanza para que nunca más haya impunidad y muestra un caso emblemático de la decadencia del régimen, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además desestimó la declaración pública del presidente Felipe Calderón, porque «solo dijo lo que ya se sabía de que él ordenó la guerra contra el narcotrafico, pero lo importante es saber: ¿por qué lo designó? ¿Por qué lo dejó los seis años? ¿Qué órdenes le daba? ¿Cuáles eran los acuerdos?»

Durante su conferencia de prensa, López Obrador afirmó que «era notorio que este señor tenía muchísimo poder, pero ¿quién le transmite el poder a un secretario, si los secretarios por ley están bajo las órdenes del presidente?»

López Obrador aseveró que el fondo del asunto es tener mayor información de por qué se mantuvo en los gobiernos de Vicente Fox (como titular de la Agencia Federal de Investigaciones) y con Calderón como secretario de Seguridad Pública. «Sobre eso es que queremos información. Es lo que queremos. Es la explicación que estamos esperando. Todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo, yo diría como presidente de México, que ojalá y lo haga a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los ex presidente tanto a Fox como a Calderón, Cuando estaba en la AFI y SSP.

Con ironía, describió que en el texto de Calderón «sólo faltó que dijera que la culpa de García Luna era mía. Ya todos los corruptos se consideran perseguidos. Yo no conocí a García Luna, a Calderón lo vi como diez veces y a Fox como 20 veces, porque siempre he tratado de guardar distancia». Todo lo demás es una apología a la violencia de Estado, de que no debe temblarnos la mano, hay que enfrentar con valentía a los delincuentes cuando el gobierno estaba lleno de delincuentes. Imagínense qué garantías para la sociedad si el gobierno está en manos de delincuentes.

Cuestionó que llamara de no distraerse de lo fundamental, «esto (García Luna) no sirve para nada, para no distraeremos.. o sea hay que seguir con el mátalos en caliente» . Pidió difundir en la pantalla del Salón Tesorería el texto de Calderón en donde ratifica que debe utilizar la fuerza para enfrentar a la delincuencia y no para hacer uso faccioso de la justicia e intimidar a críticos», dice Calderón, pero, añadió López Obrador, ¿cuál intimidación? Y remató ya «todos los corruptos se dicen perseguidos».

Calificó de que fue un fracaso la alternancia porque los que llegaron se asociaron con la delincuencia, consideró López Obrador. Lo que responde Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema, se va por la tangente, por lo que ya sabemos. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia. Eso es lo que ha sostenido siempre y lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotrafico.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de inicio un proceso legal contra García Luna en México y la viabilidad de la extradición, pidió aguardar a que concluya este proceso, porque todavía García Luna pudiera asumirse como testigo . «Yo diría como Presidente de México que ojalá y lo haga a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los ex presidente tanto a Fox como a Calderón».

López Obrador dijo que otra cosa muy importante es ¿cuáles eran sus vínculos con autoridades de Estados Unidos? Porque fue hasta premiado por autoridades de Estados Unidos. «No puede ser que tampoco supieran, porque lo de Rápido y Furioso fue una acción concertada. El abogado de García Luna no planteó esto, era elemental para defender a su cliente. Mal abogado».

–¿No contempla una denuncia?

–No, vamos a esperarnos pero queremos más información que va a salir de todo esto.

–Diputados de Morena señalaron que sigue Calderón…

–No coincido en eso, creo que tenemos que tener todos los elementos, pensar en el bien del país. Hasta donde se llegó ayer es una contribución y como el principal problema de Mexico es la corrupción. Hay que profundizar. Ya hemos visto lo de García Luna, así es en muchos casos, de cómo llegan los servidores públicos y se enriquecen con el cargo.

De igual manera se desmarcó de la propuesta del dirigente de Morena, quien anunció que propondrá al Instituto Nacional Electoral retirarle el registro al PAN. «Yo no me planteo eso. Desde luego la dirigencia de Morena y sus diputados tienen libertad, pero se tiene que ir a fondo del caso porque la gente no sabía que hacía García Luna en la AFI. Se empezó a saber de él cuando llegó a la SSP con Calderón porque lo empezaron a encumbrar los medios. Pero en el juicio se dio a conocer que los narcotraficantes se ponían los chalecos de la AFI. Entonces era se protege a uno y se combate a otros. Los mismos sicarios eran los que se ponían estos chalecos.

Más Adelante lanzó: ¿Quién manejaba el aeropuerto de la Ciudad de México? El Mayo (Zambada), dos sexenios.

La Jornada

Tras calificar la presunta complicidad de Genaro García Luna –exsecretario de Seguridad Pública– con el crimen organizado como un hecho muy vergonzoso para México que no debe repetirse, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el juicio que se lleva en Estados Unidos podría revelar “ajustes de cuentas” contra algunos narcotraficantes ejecutados desde la administración de Felipe Calderón.

“Imagínense, de ser cierto, que eran ajustes de cuenta. ¿Cómo queda el gobierno de entonces? No el pueblo, ¿eh?, porque no hay que confundir pueblo con gobierno, el pueblo de México es pueblo honesto y bueno, aunque los intelectuales orgánicos digan que no es así”, expuso en su conferencia matutina.

El primer mandatario sugirió que se podría realizar una investigación de cómo destacaban la actuación de las autoridades respecto de las detenciones o ejecuciones de algunos líderes del narcotráfico en la prensa, la radio y la televisión en ese entonces. “Sin duda eran las ocho columnas, ¿no? Todo esto por parte del gobierno”. Al respecto, pidió que se proyectaran dos spots del gobierno calderonista sobre  la ejecución de Arturo Beltrán Leyva, alias el Jefe de Jefes, por parte de la Marina; y la detención de Jesús Zambada, alias el Rey.

En ese contexto, el presidente López Obrador también se refirió a la carta que presentó la defensa de García Luna para que el juez Brian Cogan impidiera el testimonio de Héctor Villarreal Hernández sobre los presuntos sobornos que habría pagado el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón al diario El Universal. “Ayer salió de que no quieren los abogados que se dé a conocer la versión de un testigo que habla de que entregó García Luna o la Secretaría de Seguridad que manejaba recursos a un periódico de México, también los mismos abogados dicen: ‘eso no’. Yo digo como mexicano: ‘eso sí, claro, todo’”.

El jefe del Ejecutivo federal indicó que en ese juicio contra García Luna no sólo rinden declaración testigos que ya fueron juzgados por sus nexos con cárteles del narcotráfico, sino que también están dando su versión agentes de la DEA, y autoridades. Por ello, consideró que las series de Netflix quedan superadas con todo lo que está saliendo por este caso.

Para el presidente López Obrador, “independientemente de las pruebas y las responsabilidades, las culpas, lo que se está ventilando en esa corte, en ese juzgado, pues habla de una descomposición política, de un contubernio entre autoridades y delincuencia, y estamos también constatando de cómo se tomaron decisiones que llevaron a mayor violencia. Y hay que esperar a que se desahoguen todas las pruebas”.

Por ello, consideró que es muy importante que no se guarde nada y que se difunda todo, “teniéndole confianza a nuestro pueblo, que va a saber al final, va a tener con todo esto que está dándose a conocer un criterio, se va a dar cuenta. Ya tienen, pues, una idea, pero va a esclarecerse, ¿no?”

Asimismo, recordó que el gobierno mexicano presentó en Estados Unidos una denuncia de carácter civil por un presunto desfalco de 700 millones de dólares. “Por eso llama mucho la atención que los abogados de García Luna digan que no se investigue lo que pudo obtener en sus negocios privados después de que dejó el cargo. No sé si lo concedieron, pero de una u otra forma en la investigación que hizo Hacienda sí se encontraron recursos que se enviaron a Florida, y se usaron para comprar departamentos y yates y muchos bienes. Entonces, eso está ahí. Ahora hay una pausa porque, como está el juicio, están esperando los abogados de Florida”.

ContraLínea

Nueva York. El testigo cooperante Oscar Nava Valencia, quien fue líder del Cártel Milenio, declaró este lunes que él le entregó al acusado Genaro García Luna “más de 10 millones de dólares” en efectivo en total.

El primer pago fue parte de una “polla” del cartel de Sinaloa en 2006.

Este es el primer testigo en el cuarto día de las audiencias de testigos y pruebas en el juicio de García Luna.

Nueva York/Ciudad de México, 30 de enero (LaOpinión/SinEmbargo).- Óscar Nava Valencia, alias “El Lobo”, uno de los exlíderes del Cártel del Milenio, aseguró la mañana de este lunes que él pagó personalmente 10 millones de dólares a Genaro García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, para liberar droga retenida en Manzanillo, Colima, así como para tener protección e información.

“Óscar Nava Valencia, ‘El Lobo’, afirma que entregó directamente $10 millones de dólares a Genaro Garcia Luna. ‘El Lobo’ es del Cártel del Milenio y tuvo acuerdos con Arturo Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa“, reportó Jesús García, periodista de La Opinión que cubre el juicio en contra del exfuncionario mexicano, el cual se realiza en la Corte del Distrito Este en Nueva York.

A través de su cuenta de Twitter, dio detalles del testimonio de Nava Valencia, quien se presentó hoy como un nuevo testigo cooperante de las autoridades estadounidenses. De acuerdo con el reportero, sus declaraciones conectan los dichos de Sergio Villarreal Barragán, mejor conocido como “El Grande”, un lugarteniente de los Beltrán Leyva que ya habló la semana pasada en contra de García Luna.

“Habla de una gran reunión 2008 con varios líderes: ‘El Chapo’, ‘El Mayo’, ‘Alfredo Beltrán Leyva’, ‘Nacho’ Coronel, ‘La Barbie’. Operaciones en CdMx, Qro., Cuernavaca, Mich., etc.”, escribió en su red social.

Desde el estrado, “El Lobo” afirmó que el pago de los 10 millones de dólares en sobornos habría sido “a cambio de protección e información sobre los rivales”, según dio cuenta también el periodista Alan Feuer, de The New York Times.

“Óscar Valencia le dijo al jurado que Arturo Beltrán Leyva y ‘La Barbie’ Valdez le informaron que el dinero iba a parar a García Luna. También testificó que ‘El Chapo’ Guzmán le dijo que García Luna trabajaba con el Cártel de Sinaloa”, detalló el reportero.

“El Lobo” es el cuarto cooperante en rendir testimonio y fue mencionado por Sergio Villarreal Barragán sobre las negociaciones con distintos grupos del narco que pagaban en conjunto a García Luna.

Nava Valencia señaló que entregó primero $2.5 millones de dólares a través de una colecta para García Luna y su gente, incluidos Luis Cárdenas Palomino.

El cooperante identificó al acusado como exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y como exdirector de Seguridad Pública en México.

Las negociaciones, dijo, eran directamente con Arturo Beltrán Leyva, pero afirmó que vio en al menos dos ocasiones a García Luna.

El periodista Jesús García relató que “El Lobo” compartió que en una segunda reunión con el exfuncionario mexicano, celebrada en Guadalajara, “le dieron $500,000 dólares de adelanto a través de Luis Cárdenas Palomino”.

“Luego en un local de lavacoches entregaron $2.5 millones. En esa reunión estuvo Cardenas Palomino. En total fueron $3 millones”, precisó sobre el testimonio de Óscar Nava.

En otra reunión en Cuernavaca, citó el reportero, “tras un decomiso de cocaína en Manzanillo, ‘El Lobo’ dice que pago $5 millones de dólares a García Luna para intentar resolver el problema, pero al final no se pudo porque el decomiso lo hizo la Marina”.

“Garcia Luna envío un documento a Arturo Beltrán Leyva, ‘El Lobo’ y aliados para demostrar que autoridades de USA y la Marina habían decomisado la droga, para evitar problemas con los colombianos. La ayuda de García Luna les ahorro pleito y el pago de $50 millones a socios”, se lee en el hilo de Twitter donde difunde los pormenores del juicio.

Más tarde, Jesus García informó que la defensa de Genaro García Luna ha objetado cuatro veces los dichos de “El Lobo”, mientras que “la Fiscalía ha tenido que replantear sus preguntas sobre reuniones y dinero recibido” por el acusado.

“Se espera un duro cuestionamiento por parte de la defensa. Por ahora sigue la Fiscalía su turno”, explicó.

El exlíder del Cártel del Milenio se convirtió este día en el segundo testigo del juicio que revela pagos al exsecretario de Seguridad Pública mexicano, pues “El Grande” a lo largo de su participación describió algunos de los operativos conjuntos entre la policía y el Cártel de Sinaloa en la ciudad de Monterrey contra un cártel rival.

También narró cómo los agentes de policía le permitieron establecer rutas para el trasiego de cargamentos de entre 800 y mil 200 kilogramos de cocaína varias veces por semana a través del estado de Chiapas; y de cómo la policía informaba con antelación al cártel de futuros operativos para que los traficantes pudieran deshacerse de todo.

Hace ocho días, Villarreal Barragán recordó que después de que se incautaron drogas del Cártel de Sinaloa en el estado de Sonora, logró recuperar el cargamento tras recordarle al comandante de la policía regional que el cártel había hecho que se le nombrara en el cargo.

Durante todos estos supuestos episodios a principios de la década de 2000, García Luna estaba al frente de la fuerza policial federal, y recibió pagos del Cártel de Sinaloa, según Villarreal Barragán.

“El Grande” contó que García Luna recogía bolsos repletos de efectivo en una casa de seguridad de la Ciudad de México y que se llevó 14 millones de dólares en cajas de cartón de una bodega repleta de cocaína que la policía había incautado al Cártel del Golfo y entregado al grupo de Sinaloa.

Los líderes del cártel consideraban a García Luna como su mejor inversión, dijo el testigo, quien se declaró culpable de cargos por narcotráfico.

Genaro García Luna está acusado de aceptar portafolios llenos de efectivo — millones de dólares en total — para permitir que el conocido Cártel de Sinaloa operara con impunidad mientras enviaba toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El “súper policía” dirigió la Agencia Federal de Investigación entre 2001 y 2005, y luego fue Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno del Presidente Felipe Calderón de 2006 a 2012.

Como jefe de seguridad pública, García Luna era visto como el encargado de la sangrienta guerra de Calderón contra los cárteles y un aliado clave en la iniciativa estadounidense que comenzó con el Gobierno del expresidente George W. Bush y que proporcionó a la policía mexicana equipamiento, tecnología y capacitación para intentar contener el flujo de drogas a través de la frontera.

En fotos mostradas en el juicio, se ve a García Luna con el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el exsenador John McCain y otros altos funcionarios de Estados Unidos. Sin embargo, durante años, García Luna también fue señalado de tener lazos con narcotraficantes.

Luego, durante el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York, un exmiembro de Cártel de Sinaloa testificó en 2018 que él personalmente entregó al menos seis millones de dólares en sobornos a García Luna y que miembros de cártel acordaron recaudar 50 millones de dólares para sobornarlo.

García Luna, quien se mudó a Miami después de dejar su cargo gubernamental, fue arrestado en 2019 en Texas y desde entonces está detenido sin derecho a fianza en una prisión federal. Se ha declarado inocente de los cargos de narcotráfico y de participar en una empresa delictiva. El hombre de 54 años podría pasar décadas en prisión si se le declara culpable.

El actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ve con buenos ojos el juicio, que podría sacar a la luz la corrupción bajo el mandato de un predecesor conservador.

García Luna está siendo juzgado en la misma corte federal de Brooklyn en la que Guzmán fue declarado culpable de manejar durante décadas una vasta operación de narcotráfico.

Al igual que con Guzmán, la identidad de los jurados del proceso contra García Luna se mantiene confidencial. También son escoltados hacia y desde la corte por alguaciles federales y aislados del público mientras están al interior.

SinEmbargo

En noviembre de 2008, cuando se desempeñaba como Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles fue arrestado, torturado y privado de la libertad por más de cuatro años, acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud por denunciar, a través de dos carta dirigidas al entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, alertó de la compra de vehículos y la contratación de personal vinculado a la delincuencia organizada por parte de colaboradores cercanos a Genaro García Luna.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, que es juzgado en Estados Unidos por sus nexos con el crimen organizado, delatará a sus dos jefes, los expresidentes, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, para reducir su pena, afirmó Javier Herrera Valles, quien fuera Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Herrera Vallles, quien fue detenido de manera arbitraria en 2008 en represalia por denunciar, a través de dos carta dirigidas al entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, la compra de vehículos y la contratación de personal vinculado a la delincuencia organizada por parte de colaboradores cercanos a Genaro García Luna, dijo que el exfuncionario no solo debe ser juzgado en Estados Unidos, sino también en México por los crímenes que aquí cometió.

“A mí no me queda la menor duda que va a delatar a sus jefes, a Felipe Calderón Hinojosa y a Vicente Fox Quesada, es la única forma que tiene de reducir su pena y él es una persona muy audaz, muy inteligente en esa parte y va a sacarle provecho a todas las expectativas que ha estado causando esta situación y ojalá que ya después de cumplir su condena, si es que logra hacerse testigo cooperante, pues venga y pague las que debe aquí, porque no nada más es él, vamos a recordar que tenía todo un cartel toda su gente que todavía está gozando de la fortuna que hicieron durante ese sexenio y la sociedad que han mantenido hasta la fecha”.

Javier Herrera Valles recalcó que Genaro García Luna debería ser juzgado por las autoridades mexicanas, pues fue aquí donde comenzó su llamada guerra contra la delincuencia organizada “la cual fue una simulación, donde murieron miles de mexicanos”.

En noviembre de 2008, cuando se desempeñaba como Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles fue arrestado, sin orden de aprehensión y con uso excesivo de la fuerza, mientras se dirigía a una entrevista. Fue torturado y estuvo injustamente privado de la libertad por más de cuatro años, acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

“Nunca se me llamó a declarar, me fincaron responsabilidades que no tenía, me acusan de delincuencia organizada y como ustedes saben estuve cuatro años en prisión por esa situación”.

El excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva indicó que decidió mandar las cartas al Presidente Felipe Calderón para denunciar el actuar de García Luna pues creía que el mandatario había sido engañado, pero todo se trataba de una simulación.

“Ingenuamente pensé que Genaro García Luna tenía engañado al Presidente Felipe Calderón, yo pensaba que era una persona honesta que tenía la voluntad de investigar a su hombre de confianza. En su gabinete sabían que Genaro García Luna era el consentido y que lo tenía totalmente deslumbrado por sus capacidades que tenía para espiar a la gente”.

Detalló que su intención al enviar las cartas era que el Presidente Calderón pusiera atención en lo que sucedía en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada, sin tener conocimiento de que él y Genaro García Luna eran quienes “administraban el secuestro y promovían el narcotráfico en México desde la AFI”.

“Mi sorpresa fue que sí tenía conocimiento el Presidente y que realmente se tomó como un agravio a su hijito haberlo dicho lo que ya no era un secreto para él, era una sociedad la que tenían, entonces yo sufrí las consecuencias”.

Javier Herrera Valles reiteró que Genaro García Luna debe enfrentar un juicio en México, pues no es el único responsable, detrás de él había un grupo de funcionarios que impulsaron su carrera delictiva.

“Genaro García Luna es la cabeza visible, pero no era el único, él ordenaba pero todos los que cometían las fechorías, los crímenes, la convivencia con la delincuencia organizada eran una parte los que acabo de mencionar. Realmente si se quiere hacer esa investigación aquí en México hay mucha tela de donde cortar. Aquí ya se debería de estar judicializado esas carpetas porque ya tiene dos años y medio de haberlas abierto”.

Genaro García Luna está acusado de cinco cargos, incluidos dirigir una organización criminal durante un largo periodo, además de tres casos de conspiración por tráfico de cocaína a Estados Unidos.

El juicio podría extenderse hasta ocho semanas, según la Jueza Kuo, aunque el Juez Brian Cogan, quien lidera el proceso judicial Cogan había indicado que serían cinco semanas.

Hasta el momento se ha entrevistado a 91 neoyorquinos para formar parte del jurado, de los cuales 42 han sido eliminados de la lista por diversos motivos, incluidos tener una postura en contra del sistema judicial y criticar la lucha contra el narcotráfico.

En caso de que se alargue el proceso de selección del jurado, se espera que el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública Federal arranque el próximo lunes 23 de enero.

SinEmbargo

El juicio a Genaro García Luna que se lleva a cabo en Nueva York va más allá de las responsabilidades del ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón pues algo que debe salir muy importante es el papel que tuvieron la Agencia de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) o la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en ese periodo «porque lo premiaban, llevaba a cabo acuerdos con autoridades de Estados Unidos, que se hace de manera internacional entonces sus agencias de inteligencia, necesitan una sacudida, una revisión».

Durante su conferencia efectuada en esta ocasión en el Palacio del Ayuntamiento, López Obrador sostuvo que si del proceso legal se desprende, porque existe esa posibilidad, que García Luna sea inocente «sería como el parto de los montes. Sería como parir un ratón» porque tiene tres años detenidos y se ha anunciado que se tienen pruebas en su contra.

Destacó que en su momento García Luna era un hombre fuerte en el gabinete y posteriormente acumuló una gran fortuna, que ni siquiera con el salario de funcionario podría obtenerse porque se habla de residencias en Estados Unidos,madejas de yates y de contar con contratos multimillonarios en dólares en es país.

A pregunta expresa sobre posibles responsabilidades de otros funcionarios y un eventual proceso legal en México contra García Luna, dijo que es necesario esperar y no adelantar vísperas porque el juicio en Nueva York es «como pago por evento».

Se le acusa de vinculación con la delincuencia organizada y acumular una enorme fortuna.,independientemente de la asociación delictuosa si existió o no si están relacionados otros ex servidores públicos, medios de comunicación, «habría que ver si es cierto que tiene tanto dinero(…) si es un tema de interés público.

Insistió en los tres escenarios que pueden surgir del proceso: que García Luna sea inocente y, por consecuencia también Calderón; que García Luna era responsable pero engaño a Calderón y finalmente que este estuvo al tanto de todo lo ocurría y no hizo nada.

Al comenzar la conferencia, elogió el trabajo y la honestidad de la anfitriona en la conferencia, La Jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaun, aunque acotó «para que no se vaya a mal interpretar», definió una vez como su hermana, como «tel otros hermanos», dijo, en alusión al proceso sucesorio.

La Jornada

enaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública que se encuentra preso actualmente en Estados Unidos por narcotráfico, quiso ser Presidente de la República y para ello se rodeó de un equipo que tenía la responsabilidad de posicionarlo como un hombre fuerte y honorable que terminaría con la delincuencia organizada.

Esto es lo que contó el periodista Francisco Cruz a sus colegas Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por Youtube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

“García Luna y su equipo estaban confiando para posicionar la imagen de un político decente, del hombre que iba a venir a acabar con la violencia generada en el sexenio de Felipe Calderón y se iban con Televisa y Tv Azteca, no iban a tener problemas porque le habían despachado cualquier cantidad”, dijo el periodista.

El periodista recordó que en marzo del 2011 en el contexto de la Iniciativa México, Felipe Calderón convocó a una gran reunión con comunicadores, y dueños de medios de comunicación para que firmaran un acuerdo de “autocensura”. Acudieron Carlos Loret de Mola, Carlos Marín, Óscar Mario Beteta, dueños de emisoras radiofónicas y las televisoras oficialistas Televisa y TV Azteca.

El acuerdo tenía el propósito de omitir información de la violencia que estaba en auge en ese momento  y que pudiera comprometer los operativos contra el crimen organizado.

Cruz dijo que los medios acudieron gustosos a firmar ese pacto de autocensura, que final de cuentas no se cumplió porque internet jugó un papel relevante y “no lo pudieron ocultar por eso”.

“Sólo hay que recordar aquel acuerdo que siempre afirmo, es infame el acuerdo de 2011 cuando reunieron a 600 periodistas y dueños de medios de comunicación para que firmaran un acuerdo de autocensura. Él lo promovió y Calderón llamó a todos los medios grandes, yo recuerdo mucho a Loret de Mola en primera fila”, dijo.

Francisco Cruz aseguró que García Luna sí fue capaz de comprar a periodistas y mencionó el nombre de algunos comunicadores que en la práctica hacían el papel de voceros del exfuncionario.

Incluso en el 2010, el Gobierno de Calderón autorizó 100 millones de pesos a Televisa, a petición del propio García Luna para financiar un programa que se llamó El Equipo con la finalidad de despegar su imagen como político, el cual fracasó posteriormente.

Pero si El Equipo funcionaba, la campaña presidencial del ex Secretario de Seguridad se apoyaría con los conductores:

• Jorge Fernández Menéndez
• Juan Ruiz Healy
• Carlos Marín
• Adela Micha
• Luis Soto
• Pedro Ferriz de Con
• Leonardo Curzio, entre otros.

“Había grupos de agentes de inteligencia, no gentes cualquiera, de inteligencia que formó García Luna para atender a ciertos comunicadores, así atendían a Raymundo Riva Palacio y un grupo de comunicadores expresos, le entrega la información que quería García Luna que se publicara en los periódicos o que publicaran en su columna, así lo hacían con Loret de Mola”, afirmó.

Cruz menciona que a esos periodistas se les entregaba la información ya “digerida” y que  Raymundo Riva Palacio era conocido entre los agentes de inteligencia como “el jefe no oficial de prensa de García Luna”.

En esa danza de acuerdos, el periodista Carlos Loret de Mola tuvo un papel relevante, no en balde comenzó a llamársele Lord Montajes.

Cruz recuerda un episodio el 21 de septiembre del 2005, el asesinato del Gral. Ramón Martín Huerta, del que casi nadie habló porque ese mismo día fue liberado —después de 70 días de secuestro— el entrenador de fútbol Rubén Omar Romano, y los medios prefirieron destacar esa noticia.

En ese momento, García Luna se desempeñaba como titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Era el sexenio de Vicente Fox, y las olas de secuestro que comenzaban a sacudir la capital, se atribuyeron a García Luna. 

El sueño del “súper policía”

Cruz aseguró que García Luna estaba convencido de que podía lanzarse como candidato a la Presidencia de la República, y para lograrlo, contaban con una lista de periodistas que estaban dispuestos a respaldar al llamado ‘súper policía’ en el sexenio de Felipe Calderón.

El dinero para medios de comunicación en el sexenio de Calderón corrió a raudales, un aproximado de 38 mil 725 millones de pesos, 22 mil 550 millones sólo para las televisoras. Cruz señaló que García Luna se sentía incluso por encima de Calderón.

“El Equipo era su programa eje para posicionarlo como político, ya no como policía, tenían listas de periodistas a los que tenían que atender para lanzar eso, él pensaba que podía, se sentía superior a ‘El Negro’ Durazo, se sentía superior a Calderón, hay que verlo, parecía el Presidente García Luna, Calderón parecía su subordinado. Entonces, ¿tuvo el sueño? Sí, pero claro, siempre lo tuvo, él tenía el control de todos los órganos de inteligencia como nunca lo tuvo un policía en este país”, destacó.

García Luna, Marín y Ciro

El miércoles pasado se dio a conocer que ya recluido en prisión, García Luna intentó por medio de la Mafia Rusa asesinar a quien sería el principal testigo en su contra, el narcotraficante Jesús ‘El Rey’ Zambada.

La noticia fue comentada en diversos espacios informativos, pero particularmente a dos periodistas les resultó gracioso: Carlos Marín y Ciro Gómez Leyva se burlaron de la noticia, e incluso el primero aseguró que quien se crea eso “habla de una anemia neuronal para quienes se toman en serio estas pendejadas”.

Nada raro en Marín, quien desde el arresto de García Luna, tres de cada cinco de sus columnas estaban dedicadas a la defensa del ex funcionario, según un análisis que hizo el periodista Federico Arreola para SDP.

Cruz dijo estar al tanto de los comentarios de esos “periodistas que afirman que es un cuento” y que no sería posible que García Luna se haya auto delatado. El periodista, quien es autor del autor del libro García Luna, El señor de la muerte dijo que en realidad es un hombre bastante limitado.

“Es un hombre que se mueve entre la sagacidad, la astucia, la viveza, pero no la inteligencia”, resaltó.

Cruz mencionó que García Luna probablemente está desesperado, porque estar en una prisión en los Estados Unidos no es ir de “día de campo”. Recordó que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán se ha quejado de las condiciones en que lo tienen.

García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el Gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades.

Está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

En los documentos presentados el miércoles, los fiscales de la Corte del Distrito Este de Nueva York también dicen que García Luna sobornó y amenazó durante años a periodistas que le investigaban. Aseguran que en 2009 o 2010 García Luna usó dinero obtenido a través de la corrupción para pagar sobornos a un medio con el objetivo de prevenir artículos negativos sobre él.

Aquí puedes ver la entrevista completa

Polemón