Miguel Ángel Ferrer

Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, en los últimos seis años, el gobierno de México ha retomado el control y aumentado su participación en muy vastos e importantes sectores de la economía, los llamados grandes medios de producción. Aquí se cuentan, en primer término, las industrias petrolera y eléctrica.

Y también, desde luego, ha crecido la participación del Estado en el sector bancario y financiero. Hoy el Banco del Bienestar, institución pública, cuenta con el mayor número de sucursales en todo el país.

Y no sólo eso. Cuenta igualmente con el mayor número de usuarios o cuentahabientes. Se trata de los beneficiarios de los programas de beneficio social y popular del gobierno mexicano, los que suman varias decenas de millones de personas.

Todo esto ha sido logrado sin acudir al expediente de las expropiaciones. Se ha conseguido por la vía de la inversión pública, es decir, por la utilización del presupuesto gubernamental.

Como es bien sabido, éste se forma básicamente con los impuestos que pagan todos los agentes económicos, es decir, todos los ciudadanos. 
Lógicamente, a mayor número de contribuyentes mayor será el presupuesto. En tiempos recientes la insuficiencia presupuestal era el pan nuestro de cada día. De modo que el camino para aumentar el presupuesto era y es el incremento de la recaudación fiscal.

Y para lograr ese incremento no se optó por el aumento de impuestos ni por la creación de nuevos gravámenes ni por el incremento de las tasas impositivas. Se optó, simplemente, por el combate a la evasión fiscal en sus varias modalidades: el clásico e ilegal fraude al fisco y diversas maneras de evasión legales, como la condonación y la devolución de impuestos y otros privilegios.

Tampoco se acudió a la contratación de nueva deuda pública. Y esto por la sencilla razón de la históricamente novedosa autosuficiencia fiscal, es decir, la holgura fiscal. 

A más recursos fiscales, más obra pública, más gasto social, más y mejor redistribución de la riqueza social, de la riqueza de todos. Más educación, más caminos, más agua potable, más hospitales, más medicinas.

Nada de esto tiene gran ciencia. Es cosa bien sabida en el ámbito personal y social. Solo es necesaria, adicionalmente, una buena y honrada administración. O, dicho en otras palabras, nada de raterías y privilegios. Con esto, la receta está completa. 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió que se revelen las grabaciones donde el exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pide sobornar a periodistas y dañar a testigos de su presunta complicidad con el Cártel de Sinaloa.

Lo anterior, luego de que la Fiscalía de Nueva York solicitara presentar documentos relacionados con audios de García Luna en los que daría instrucciones para silenciar a personas que pudieron haberlo denunciado, entre ellos, Jesús Zambada, quien fungió como testigo de EEUU contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

Al respecto, López Obrador consideró que, más allá de si se toman como pruebas del juicio, este material debería darse a conocer porque «ayuda a purificar la vida pública».

«Yo pediría desde ahora es que, independistamente de si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma de que se den a conocer. Porque yo siempre he sostenido que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, con el que se conozcan todos los hechos y se repruebe y se estigmaticen hechos de abuso de autoridad», declaró el mandatario mexicano en la conferencia matutina del 16 de junio.

El material que busca presentar la Fiscalía de Nueva York fue obtenido gracias a un agente que se hizo pasar como miembro de la mafia rusa.

García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, fue detenido en diciembre de 2019 acusado de traficar y conspirar en favor del Cártel de Sinaloa, por lo cual enfrentará un juicio programado para finales de 2022.

Ciudad de México – El gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, expresó su «fuerte preocupación» a miembros del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por la propuesta de ofrecer nuevos incentivos fiscales a vehículos eléctricos fabricados después de 2026, pues las considera «contraria» a lo estipulado en el T-MEC.

En dos cartas firmadas por la secretaria Tatiana Clouthier el viernes, fechadas el 20 de septiembre, el gobierno mexicano criticó la moción aprobada por un comité de la Cámara baja el mes pasado que prevé incentivos fiscales mayores cuando el vehículo tenga al menos 50% de contenido y baterías estadounidenses.

«Las disposiciones anteriores son contrarias a las reglas de valor de contenido regional acordadas en el T-MEC, por lo que respetuosamente solicito que estas consideren incluir incentivos para todo el contenido regional y ensamble norteamericano de manera compatible con el Tratado», se lee en el documento.

El exhorto oficial ocurre en medio de crecientes tensiones por la interpretación más estricta que, según México, realizan las autoridades estadounidenses en la aplicación de las reglas de origen para calcular el valor de contenido regional de los automóviles en el marco del acuerdo.

Canadá también dijo la semana pasada que las propuestas de Estados Unidos para crear nuevos créditos fiscales a los automóviles eléctricos hechos en Estados Unidos podrían dañar a la industria automotriz y violar acuerdos comerciales.

«La existencia de nuevos requisitos de contenido nacional en iniciativas legislativas del Congreso estadounidense socavaría el desarrollo positivo de una alianza fortalecida de América del Norte», se lee en el documento enviado a los representantes estadounidenses.

El comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en septiembre una legislación para aumentar los créditos para vehículos eléctricos hasta 12,500 dólares por unidad a partir de 2027, incluidos 4,500 dólares para los fabricados en el país y 500 dólares para baterías estadounidenses.

Fuente Expansión