Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó oficialmente la identidad de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, mediante análisis genéticos realizados tras el operativo federal en Tapalpa, Jalisco, al tiempo que inició decenas de investigaciones por la ola de violencia desatada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en distintos puntos del país.

El reconocimiento forense, efectuado por especialistas de la Agencia de Investigación Criminal, pone fin a cualquier duda sobre la caída del líder criminal más buscado de México y uno de los capos más poderosos del mundo. La verificación científica constituye un paso clave dentro del proceso legal para documentar oficialmente el abatimiento del jefe del CJNG.

La FGR detalló que personal ministerial, pericial y policial se trasladó al lugar de los hechos para realizar el levantamiento de cuerpos, necropsias y diligencias necesarias. Además del líder criminal, otros integrantes de su círculo de seguridad murieron durante el enfrentamiento con fuerzas federales.

Una ofensiva criminal con alcance nacional

Tras la operación, el CJNG desplegó una reacción violenta coordinada en múltiples estados, mediante bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques a infraestructura. En respuesta, la Fiscalía abrió 57 carpetas de investigación en 14 entidades federativas, de las cuales 37 corresponden a hechos ocurridos en Jalisco.

Las indagatorias abarcan delitos de delincuencia organizada, posesión de armamento de uso exclusivo del Ejército y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La autoridad también informó el aseguramiento de armas de alto poder, entre ellas fusiles con aditamentos lanzagranadas, rifles Barrett, granadas y otros equipos tácticos propios de organizaciones paramilitares.

Dos presuntos integrantes del CJNG fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, mientras se determina su situación jurídica conforme a derecho.

Golpe al corazón del CJNG

El operativo que culminó con la muerte de Oseguera Cervantes fue ejecutado por fuerzas federales en una zona rural de Tapalpa, considerada bastión histórico de la organización. La intervención fue precedida por labores de inteligencia que permitieron ubicar con precisión al capo y a su guardia personal.

Durante años, “El Mencho” encabezó la expansión del CJNG hasta convertirlo en una de las organizaciones criminales más violentas y con mayor alcance internacional, dedicada al tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas.

Su muerte desencadenó una respuesta inmediata del cártel, que intentó desestabilizar diversas regiones mediante acciones coordinadas de sabotaje y violencia. Sin embargo, las autoridades desplegaron operativos de contención que evitaron una escalada mayor.

Identificación científica y mensaje de Estado

El uso de pruebas genéticas para confirmar la identidad del capo tiene implicaciones más allá del ámbito pericial. Representa un cierre institucional a uno de los capítulos más violentos del narcotráfico contemporáneo y refuerza la narrativa de que el Estado mexicano mantiene la capacidad de enfrentar a organizaciones criminales de gran escala.

Especialistas señalan que este tipo de procedimientos son indispensables para evitar controversias legales, teorías de desinformación o disputas sobre la identidad del fallecido, especialmente tratándose de un líder criminal con múltiples identidades y redes internacionales.

Al mismo tiempo, la apertura de investigaciones en más de una decena de estados evidencia el alcance territorial del CJNG y la magnitud de su capacidad operativa, incluso tras la pérdida de su principal dirigente.

El desafío posterior

Aunque la caída de “El Mencho” constituye un golpe significativo, las autoridades reconocen que la organización conserva estructuras regionales capaces de operar de manera autónoma. La prioridad inmediata es desarticular esas células y evitar un proceso de fragmentación violenta que derive en nuevas disputas entre facciones.

La FGR indicó que continuará informando sobre el avance de las investigaciones conforme lo permita el debido proceso, mientras los operativos de seguridad permanecen activos en varias regiones del país.

En términos estratégicos, la confirmación genética y las investigaciones abiertas marcan el inicio de una nueva fase en la confrontación entre el Estado y el CJNG: la transición de un liderazgo centralizado hacia un escenario donde múltiples actores criminales podrían disputar el control de las plazas.

Lo ocurrido en Tapalpa no sólo representa el final de un hombre, sino el comienzo de una operación nacional para desmantelar la estructura que construyó. Un proceso que definirá, en buena medida, el rumbo de la seguridad pública en los próximos años.

«La Fiscalía del Estado de Jalisco trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General de la República en las indagatorias por el caso Teuchitlán. La estrategia es muy sencilla, decir la verdad de los sucesos», publicó en X el gobernador Pablo Lemus, quien asistió esta mañana a la reunión del Gabinete de Seguridad, en Palacio Nacional. 

«Vamos a seguir trabajando con el Gobierno Federal en el esclarecimiento de los hechos de cara a la ciudadanía con toda la apertura para que se conozca la verdad de estos acontecimientos», puntualizó el mandatario estatal en el mensaje difundido en la red social tras retirarse del recinto oficial toda vez que no dio declaraciones a medios que lo esperaban.  El gobernador llegó  después de las cinco de la mañana. Ingresó por la puerta que se encuentra sobre la calle Corregidora. 

Sin embargo, después de hora y media que duró el encuentro con integrantes del gabinete de seguridad, Pablo Lemus, salió por el estacionamiento de presidencia ubicado en la Calle Correo Mayor, para evitar a la prensa. 

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó en su conferencia matutina que hoy asistiría el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a la reunión del gabinete de seguridad para crear acciones de coordinación y, en este contexto, señaló que también podrá haber colaboración entre la FGR y la fiscalía estatal relacionada con las investigaciones. Además, anticipó que se convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública para establecer protocolos para la atención del delito de desaparición y el fortalecimiento de las comisiones de Búsqueda Nacional y estatales.

En su cuenta de X (antes Twitter) el gobernador de Jalisco señaló que estaba saliendo de la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad.

Dijo que acordaron  que las investigaciones seguirán haciéndose de forma conjunta entre las fiscalías de Jalisco y la  General de la República (FGR). «Quienes tenemos una responsabilidad, en cualquier orden de gobierno, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se conozca la verdad».

En el mismo mensaje manifestó que Jalisco debe ser un ejemplo de colaboración y de cómo combatir el problema de inseguridad entre todos: Gobierno de México y de Jalisco, los municipios y la sociedad en su conjunto. «Si no actuamos unidos como sociedad, nada será suficiente».

Pablo Lemus subió un vídeo junto con el mensaje de texto, donde reiteró que que estaba en Palacio Nacional terminando la mesa de seguridad a invitación de la presidenta Sheinbaum Pardo.

«Ahí acordamos que la fiscalía del Estado de Jalisco trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General de la República en las indagatorias por el caso Teuchitlán. La estrategia es muy sencilla, decir la verdad de los sucesos».

La Fiscalía General de la República (FGR) investigará los casos de corrupción que fueron detectados en el Infonavit. De acuerdo con su titular, Octavio Romero Oropeza, las constructoras no entregaban las viviendas.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este miércoles que su Gobierno está presentando denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por casos de corrupción en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pues resulta imposible proceder a través de los órganos internos de control, que impiden auditar y revisar sus recursos.

“Ayer le di instrucciones al director del Infonavit [Octavio Romero Oropeza] para que se pusiera de acuerdo con la Consejera Jurídica [Ernestina Godoy Ramos] porque estamos presentando denuncias penales a la FGR”, reveló durante su conferencia de prensa matutina.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Oropeza expuso más casos de corrupción dentro del organismo y el esquema por el que se aprobaron desarrollos inmobiliarios que nunca se completaron. Respecto al primero de ellos, el funcionario explicó que de 2013 a 2018 operó una de las tres formas de financiamiento del Infonavit para contratar a constructoras de vivienda llamada Fondo de Estímulo a la Redensificación y Ubicación de la Vivienda (FERUV), propuesto por la Dirección Sectorial Empresarial.

Los proyectos que salieron de dicho fondo no pasaban por ningún tipo de evaluación. Oropeza señaló que el Sector del Consejo de Administración otorgó una bolsa de tres mil millones de pesos para la construcción de ocho mil 852 viviendas a 72 desarrolladoras. Sin embargo, 18 de ellas adeudan 962 millones de pesos y quedaron a deber la construcción de más de 700 casas.

El segundo caso también involucra a un fondo llamado Crédito Integral Total (CIT), el cual fue propuesto por la Dirección Sectorial de Trabajadores. Una vez más, los proyectos no pasaban por ningún tipo de examen para ser aprobados. El Consejo avaló una cartera de 724.5 millones de pesos que se entregó a 20 desarrolladoras para la construcción de nueve mil 451 viviendas.

Según el informe expuesto en la «mañanera del pueblo», 13 de las desarrolladoras adeudan, considerando intereses, más de mil millones de pesos, y siete mil 369 viviendas que no se construyeron, es decir, más del 75 por ciento.

El tercer caso involucra una bolsa de dinero llamada Crédito Integral, una idea propuesta en conjunto por las Direcciones Sectoriales de los Trabajadores y Empresarial. Durante su funcionamiento, sólo se construyeron 366 viviendas en cinco años. Romero Oropeza denunció que no existen documentos que evidencien cuántos proyectos fueron aprobados y rechazados.

Dicha corrupción terminaron por pagarla las y los derechohabientes, quienes tenían deudas por créditos impagables en el Infonavit. Por este motivo, el funcionario público explicó que desde el pasado 11 de noviembre, la nueva Administración decidió congelar el saldo y las mensualidades de un total de dos millones de créditos.

Para 2025, el Infonavit tiene como meta construir 166 mil viviendas en 36 predios distribuidos en 29 estados del país. El Tecnológico Nacional de México ayudará al organismo a desarrollar 148 proyectos arquitectónicos. La meta ha alcanzar a finales del sexenio es de un millón de viviendas.

El desmantelamiento de los narcolaboratorios representó una pérdida 865 millones de pesos, según el Gabinete de Seguridad.

Elementos de seguridad federales dieron un fuerte golpe al crimen organizado en Sinaloa con la inhabilitación de siete narcolaboratorios y áreas de concentración con miles de litros de precursores químicos y toneladas de drogas sintéticas.

Estas operaciones representan una afectación económica de más de 865 millones de pesos, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad del gobierno de México.

La destrucción de los laboratorios clandestinos tuvo lugar entre el 20 y el 22 de diciembre en diversas operaciones realizadas por la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR) en los municipios de Culiacán y Cósala.

En una de las primeras acciones, la FGR y la Semar localizaron y destruyeron en Culiacán un laboratorio clandestino con precursores químicos y aditamentos para la fabricación de droga sintética. Durante esta operación, aseguraron:

• 1 mil 300 kilogramos de metanfetamina.
• 22 mil 760 kilogramos de sustancias químicas.
• 6 reactores.
• 2 destiladores y material diverso.

Este operativo, realizado en las inmediaciones del poblado Corral Viejo, generó una afectación económica al crimen organizado de 18 millones 868 mil 200 dólares, equivalente a más de 382.2 millones de pesos.

Aseguran narcolaboratorios, vehículos y armas

En el municipio de Cósala, las mismas instituciones de seguridad destruyeron otro laboratorio clandestino, y aseguraron:

• 140 kilogramos de metanfetamina.
• 500 litros de precursores químicos.
• 100 kilogramos de químicos esenciales.
• Material diverso.

El impacto económico para las organizaciones delictivas se calculó en 2 millones 31 mil 960 dólares, equivalentes a 41.1 millones de pesos aproximadamente.

El Ejército Mexicano llevó a cabo otras operaciones en Culiacán y Cósala, inhabilitando cuatro áreas de concentración de material utilizado para la elaboración de metanfetamina. En estas acciones, se aseguraron:

• 2 mil 100 litros de material químico diverso.

La afectación económica fue de 46 millones de pesos.

Además, en un cateo realizado en Culiacán, elementos del Ejército, la Guardia Nacional (GN) y la FGR aseguraron:

• 98 kilogramos y 1 mil 260 litros de metanfetamina.
• 200 litros de alcohol etílico.
• 169 litros de acetona.
• 6 litros de ácido clorhídrico.
• Material para la elaboración de metanfetamina.
• 209 cartuchos.
• 2 vehículos.

Estas acciones representaron una pérdida para la delincuencia organizada de 396 millones de pesos.

En Sinaloa, Chihuahua, Durango y Guerrero, elementos del Ejército Mexicano destruyeron:

• 20 plantíos de amapola en dos hectáreas.
• 32 plantíos de marihuana en dos hectáreas.

En otras acciones coordinadas en estados como Baja California, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Guerrero y Puebla, se realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego y drogas.

Desde el pasado 15 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra diversos exservidores públicos de Petróleos Mexicanos y tres particulares: María Amparo Casar Pérez, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y ejecutiva del IMCO; así como sus dos hijos Fernanda y Carlos Márquez Padilla Casar, “en razón de la presunta ilicitud en el otorgamiento de la pensión a particulares y por las autorizaciones de contenido económico que concedieron los servidores públicos para ese efecto”.

Del comunicado de prensa se desprende que la investigación se centrará en determinar la legalidad de la pensión vitalicia que desde el 8 de octubre de 2004 se le otorgó a Casar Pérez–quien entonces se desempeñaba como coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Creel–, tras el suicidio de su esposo Carlos Márquez Padilla García, quien llevaba 4 meses trabajando para la petrolera, como coordinador de asesores de la Dirección General de Administración, entonces encabezada por Octavio Aguilar Valenzuela (hermano del entonces vocero del presidente Vicente Fox).

La FGR detalló que, con fecha 5 de abril de 2024, Pemex presentó la denuncia penal por este caso. Y que el 12 de abril, “se citó a la denunciante para que precisara circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos referidos, lo que ocurrió el 15 de abril, abriéndose carpeta de investigación. De conformidad con la normatividad, se procedió a formular el plan de investigación, solicitando información que es indispensable en el caso, la cual se está recabando”.

De acuerdo con las documentaciones reunidas por Pemex, el 1 de junio de 2004 el esposo de Casar Pérez –Carlos Fernando Márquez Padilla García– fue contratado como coordinador de asesores de la Dirección de Administración de Pemex.

El 7 de octubre de 2004, el esposo de María Amparo Casar se suicidó en las instalaciones de la empresa (al arrojarse desde una ventana del piso 12 del edificio A de la Torre de Pemex en la Ciudad de México). En aquel año, la petrolera estaba encabezada por Raúl Muñoz Leos.

El 15 de octubre, su cónyuge María Amparo Casar solicitó el pago de seguro y de la pensión post mórtem, al igual que sus hijos, y ese mismo día se les autoriza, a pesar de que la reglamentación de Pemex establecía que sólo se autorizaba si se trataba de accidente, no de suicidio.

Este jueves, la Fiscalía General de la República confirmó la detención y la vinculación a proceso contra Luis “N”, por la explotación ilícita de la mina El Pinabete, donde murieron 10 trabajadores mineros tras un derrumbe en agosto del 2022 en la comunidad de Agujita, en la Región Carbonífera de Coahuila.

De acuerdo con la información expuesta por la FGR, la detención de Luis “N” se dio luego de un cateo que realizaron a su domicilio en San Pedro Garza García, en Nuevo León, el pasado 18 de mayo, y que fue aprobado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cadereyta, Nuevo León.

Según la información de las autoridades, Luis “N” quien es señalado como uno de los dueños del complejo compareció en la primera ocasión que fue citado por la autoridad procuradora; sin embargo, antes de su detención rechazó dos citatorios más en los que fue llamado a comparecer para atender el caso.

El delito que le atribuyen es el de “explotación ilícita de un bien que pertenece a la Nación”, en la mina El Pinabete ubicada en Agujita, Sabinas, Coahuila.

“Por lo anterior, y luego de que el MPF aportó los elementos de prueba, el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Torreón, Coahuila, dictó vinculación a proceso por el delito mencionado, y fijó un plazo de un mes y 15 días de investigación complementaria”, dijo.

En ese sentido, la autoridad confirmó que Luis fue puesto bajo la medida cautelar de prisión preventiva a cumplimentar en el Cefereso 18 de alta seguridad ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila.

Los Reporteros

El aún director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Graduño Yáñez, ya fue citado a comparecer el próximo 21 de abril, a la audiencia de imputación el juicio que se le iniciará por su posible responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito del servicio público, ante un juez federal de Chihuahua.

Se trata de la carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió en su contra por los hechos relacionados en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas y otras 25 resultaron heridas.

El ministerio público federal había solicitado que el proceso se realizara mediante videoconferencia, pero la administradora del Centro de Justicia Federal de Chihuahua, Silvia Alejandra Gutiérrez Tristán, señaló que debe ser presencial.

La FGR también solicitó la aprehensión de Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria; del contralmirante Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua; Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes se señala directamente como responsables de las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.

La Jornada

En el informe de hoy sobre lo sucedido en Ciudad Juárez, Chihuahua; Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR, informó que se están buscando órdenes de aprehensión en contra de los 8 presuntos responsables, entre ellos hay migrante quien es señalado por las víctimas como el posible responsable de iniciar el fuego.

“Es parte de la investigación, quienes lo han señalado son las demás personas migrantes. No podría en este momento dar más elementos porque es parte de la investigación, pero sí es señalado por las demás personas migrantes”.

En ese sentido, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez detalló que entre los presuntos responsables se encuentran identificados 2 agentes federales, 1 agente estatal de Migración de Chihuahua y 5 elementos de una empresa de seguridad.

“Al momento se tienen identificados inicialmente a 8 personas probablemente responsables de los hechos 2 agentes federales, 1 agente estatal de migración, así como 5 elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales”, señaló.

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró lo que dij el presiente López Obrador en la mañana, de que no habrá impunidad en el caso y que el Gobierno de México no protegerá a nadie, “No se va a proteger a nadie, no va a haber impunidad. No vamos a decir este sí fue este no fue. Lo vamos a hacer con base en los resultados del Ministerio Público”, afirmó.

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República informó que desde anoche cuando ocurrieron los incidentes que dejaron un saldo de 37 migrantes fallecidos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y dos más cuando recibían atención médica hospitalaria, se desplegó a su personal y a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos para trabajar en el lugar de los hechos.

Los fallecimientos de los 39 migrantes ocurrieron al interior de la estación migratoria que se encuentran en inmediaciones del Puente Internacional de Lerdo, de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde personal de la Secretaria de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, autoridades estatales y municipales, “apoyan las diligencias y protección al área señalada”.

La FGR indicó que conforme vaya obteniendo información que pueda ser divulgada – sobre lo sucedido- hará del conocimiento público.

Asimismo indicó que de acuerdo con información del Instituto Nacional de migración en la estación migratoria había un ciudadano colombiano,un ecuatoriano, doce salvadoreños, veintiocho guatemaltecos, trece hondureños y doce venezolanos.

La Jornada

Un Juez Federal giro una orden de aprehensión en contra de 22 personas relacionadas con el desfalco multimillonario en Seguridad Alimenticia Mexicana (Segalmex).

El juez, con sede en Almoloya, dictó las órdenes de aprehensión en contra de 22 presuntos involucrados al desfalco de Segalmex. Entre los señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) están 12 ex servidores públicos y  el resto son 4 ligados a empresas con las que se habría coludido y 6 beneficiarios de los recursos desviados del organismo.

La FGR trabaja en cuatro carpetas de investigación relacionadas al mismo caso. Hasta el momento ha logrado seis judializaciones y adelantó que próximamente serán judicializadas más carpetas.

Las irregularidades

En el caso de las 22 personas a las que se les giró orden de aprehensión, éstas estarían implicadas en irregularidades en contratos y pagos por 142 millones 440 mil 883 pesos para la adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar de los cuales no pudieron probar que hayan sido entregados a Segalmex.

En agosto del año pasado, Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de Función Pública (SFP) reveló que se han presentado 38 denuncias por la presunta comisión de delitos por daño patrimonial en Segalmex.

Estos delitos, según explicó el funcionario, alcanzan la suma de 9 mil 500 millones de pesos en presunto daño patrimonial.

Buscan evitar otro desfalco

Salcedo Aquino explicó que para evitar que este tipo de actos sigan ocurriendo dentro de Segalmex, se adoptarían medidas.

Por ejemplo, robustecer los sistemas de control interno y de supervisión para erradicar conductas nocivas. Además de modernizar el equipamiento y los sistemas informáticos de los centros de acopio.

También se fortalecerán los inventarios de mercancías en los almacenes de todo el país y actualizar y gestionar los padrones de productores, concesionarios, distribuidores y beneficiarios.

Polemón