Una parte importante de los recursos públicos que se ejercerán en 2026 se destinarán a  pagar la “maldita deuda corrupta” de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en Petróleos Mexicanos (Pemex), afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que en 2025 y 2026 deben cumplirse pagos de una parte importante de la deuda de la petrolera, por lo que la Secretaría de Hacienda diseñó una estrategia para continuar con el rescate de la petrolera. Recordó que fue en los últimos dos sexenios del PRIAN cuando se endeudó más a Pemex, por lo que indicó que a esos pasivos les llamará “la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña”.

“Calderón y Peña, los dos decían: ‘ay, las finanzas del gobierno están muy bien’, así como dicen los financieros, ‘el déficit está bajando, hay consolidación’. Sí, nada más que en Pemex se endeudaban y se endeudaban y se endeudaban”, señaló en su conferencia matutina.

La presidenta Sheinbaum Pardo detalló que, entre 2007 y 2012 –es decir, el sexenio de Calderón–, la deuda pasó de 46 mil millones a 60 mil millones de dólares. Y durante el gobierno de Peña Nieto, aumentó de 60 mil millones a 105 mil millones de dólares, sin que ese endeudamiento se reflejara en mayor producción de gasolina, diésel o petroquímica.

Al contrario: de 2012 y 2018, la producción de gasolina y diésel cayó de 718 mil a 324 mil barriles diarios. “Endeudaron a Pemex y se produjo menos petróleo”, acusó. Respecto a la producción de petroquímicos, Sheinbaum señaló que hubo reducción:  de 10.69 toneladas en 2012 disminuyó hasta 5.98 en 2018.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora, explicó que una de las principales presiones sobre el presupuesto es el pago de la deuda de Pemex, la cual se incrementó durante los gobiernos neoliberales. Indicó que el 26 por ciento de esa deuda debe cubrirse entre 2025 y 2026, mientras que el 46 por ciento restante corresponde a los años siguientes del actual sexenio.

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que uno de los objetivos de su administración es rescatar Pemex porque representa “el patrimonio de las y los mexicanos”. Asimismo, destacó el trabajo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que de 2018 a 2024 aumentó la producción de gasolina y diésel, tendencia que continuará en su administración.

La primera mandataria subrayó que el Paquete Económico 2026 es “responsable y humanista”, pues garantiza los programas sociales y la inversión. “¿Se acuerdan que dije, cuando presentamos Pemex?: en el 2027 ya sale solito Pemex, ya no va a necesitar el apoyo? Pues así es. En el 2026 todavía requiere un apoyo por la maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña”.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este domingo a las acusaciones de la Casa Blanca sobre presuntas alianzas del Gobierno de México con organizaciones del narcotráfico, señalando que las declaraciones estadounidenses hacen referencia al exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, sentenciado a 38 años de prisión por recibir sobornos del crimen organizado.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum mostró un tuit de la Casa Blanca que citaba la sentencia contra García Luna como prueba de corrupción en gobiernos anteriores.

“Vale la pena ver el tuit de la Casa Blanca… se acuerdan que un día les dije: seguro se están refiriendo al gobierno de Calderón… ¡tarán! ‘Ex secretario de seguridad pública sentenciado a 38 años de prisión’”, declaró la mandataria.

La polémica surgió tras la publicación de una orden ejecutiva por parte del Gobierno de Estados Unidos, en la que se anunciaba la imposición de aranceles a México, Canadá y China, argumentando problemas de seguridad, tráfico de fentanilo y migración.

En el documento, la Casa Blanca mencionó que el Gobierno de México tenía “relación con organizaciones del narcotráfico”, una afirmación que Sheinbaum calificó como calumnia.

Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), fue sentenciado en 2023 por un tribunal de Nueva York a 38 años de prisión por recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a cambio de facilitar sus operaciones.

Sheinbaum aprovechó la mención de la Casa Blanca para recordar que la corrupción y las alianzas con el narcotráfico son hechos del pasado, no del actual gobierno.

“La prueba de la Casa Blanca es una nota de AP sobre García Luna”, señaló, mostrando el tuit que citaba la sentencia contra el exfuncionario.

A pesar de las tensiones, Sheinbaum reiteró su compromiso con la colaboración bilateral en temas como la seguridad fronteriza y el combate al tráfico de fentanilo. Sin embargo, dejó claro que su gobierno no tolerará acusaciones infundadas que dañen la imagen de México.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó la triangulación de millones de pesos desde el Infonavit hasta cuentas bancarias del expresidente Felipe Calderón y de su esposa, la hoy legisladora panista Margarita Zavala.

Los informes, en poder del medio Contralínea, detectaron que la conexión principal entre los Calderón Zavala y el Infonavit es una sociedad anónima denominada Hicue Iberoamérica, constituida el 19 de julio de 2012 en el paraíso fiscal de Panamá. Además de su filial del mismo nombre, radicada en Bogotá, Colombia.

En 2016, Hicue Iberoamérica recibió tres transferencias internacionales por 8 millones 386 mil 735 pesos del Infonavit. Ese mismo año, Hicue Iberoamérica le transfirió 2 millones 42 mil 732.25 pesos a Calderón Hinojosa a una cuenta que posee en Estados Unidos.

Según la UIF, esta transferencia podría implicar el delito de lavado de dinero. Pero esto no es todo, en 2018, el Infonavit realizó otra triangulación de recursos.

Ese año, el Instituto de Vivienda para los Trabajadores hizo otra transferencia por 6 millones 281 mil 330.26 pesos a la empresa Hicue Speakers. Y esta empresa transfirió 1 millón 103 mil 632 pesos a Felipe Calderón, también en su cuenta de Estados Unidos, supuestamente como pago por “participar en foros”.

De menor cantidad, el Infonavit también tuvo operaciones ahora con la cuenta de la esposa del ex mandatario, Margarita Zavala.

Por ejemplo, se detalla una triangulación de recursos de la empresa Hicue Iberoamérica por 125 mil pesos, en 2013, a la empresa C Mark Comunicación, SC.

Esta última empresa, se dedica a “conectar” conferencistas en México y comparte domicilio y teléfonos con Target Marketing Asesores, SC. Este dato es relevante porque de esta última se emitieron dos cheques por 422 mil 666.67 pesos, uno el 28 de agosto de 2015 y otro el 2 de marzo de 2016, a favor de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Calderón.

Y la misma empresa Target Marketing Asesores entregó seis cheques a Felipe Calderón por 1 millón 755 mil 440 pesos entre 2015 y 2016, mientras que Mark Comunicación, SC, pagó un cheque al expresidente mexicano por 549 mil 120 pesos.

Finalmente, vale la pena señalar que la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que pedirá a Octavio Romero Oropeza, director actual del Infonavit, que revise los casos.

Ciudad de México. Con el respaldo de Morena y sus aliados, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó enérgicamente la crítica a la reforma del Poder Judicial mexicano emitida por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA). Esta declaración fue firmada por los ex presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, junto con ex mandatarios europeos y latinoamericanos asociados con ideologías de ultraderecha.

«Es un atentado contra la soberanía nacional y la autodeterminación del pueblo mexicano», señaló el pronunciamiento de la mesa directiva de la Comisión Permanente, encabezada por Ana Lilia Rivera. Este documento fue presentado durante la sesión de la comisión, en la que se discutió la reforma judicial por tercera semana consecutiva.

En el pleno, senadores y diputados de Morena, PT y PVEM calificaron el acto de Fox y Calderón como una traición a la patria, argumentando que buscan en el extranjero lo que su partido no logró en las urnas el pasado 2 de junio.

A través del grupo IDEA, al que los legisladores calificaron de «cártel de España y sus lacayos», los ex presidentes, quienes aprovecharon sus mandatos para saquear y vender al país, firmaron el 8 de junio un documento que rechaza cualquier intento de modificar el sistema judicial que pudiera debilitar la independencia y autonomía de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano.

Los diputados de Morena Marcos Rosendo Medina Filigrana y Hamlet García Almaguer, junto con los petistas Benjamín Robles Montoya y Gerardo Fernández Noroña, y la senadora del PVEM Graciela Gaytán, recordaron que la mayoría de los mexicanos apoya la reforma judicial para erradicar la corrupción, el nepotismo y los privilegios indebidos, y para garantizar una justicia pronta y expedita.

Medina Filigrana destacó que muchos de los ex presidentes que firmaron el comunicado enfrentan acusaciones de corrupción y mala gestión durante sus gobiernos. Mencionó al costarricense Óscar Arias, acusado en 2018 por la aprobación ilegal de un proyecto minero canadiense; al paraguayo Mario Abdo, imputado por revelación de secretos y declaraciones falsas; y al colombiano Iván Duque, con orden de arresto por la protección de una reserva natural.

También señaló a Mariano Rajoy, ex presidente del gobierno español, destituido en 2018 por la trama Gürtel, el mayor caso de corrupción en España, y a José María Aznar, quien intentó culpar a los independentistas vascos del atentado del 11 de marzo de 2004, cuando los responsables fueron yihadistas islámicos.

Entre los firmantes se encuentran también los ex presidentes de Ecuador Lenín Moreno y Guillermo Lasso, ambos investigados por corrupción. «Con estos personajes se asocian Fox y Calderón, individuos que quieren intervenir en los procesos internos de México», afirmó.

El senador de Morena Gabriel García añadió que es grave que Fox y Calderón busquen apoyo en el extranjero de representantes de la ultraderecha más corrupta, pero aseguró que no lograrán nada, ya que la reforma judicial se llevará a cabo.

Introducción

La crisis financiera de 2008, también conocida como la Gran Recesión, dejó una huella indeleble en la economía global. Con la quiebra de Lehman Brothers y el colapso del mercado inmobiliario de los Estados Unidos, las economías de todo el mundo se vieron sumidas en una recesión profunda. En medio de este caos financiero, surgieron relatos de una fuente inesperada de estabilidad económica: el dinero del narcotráfico. Diversos informes y análisis sugieren que el capital procedente de actividades ilícitas, particularmente del tráfico de drogas, desempeñó un papel crucial en mantener a flote a instituciones financieras, economías nacionales e incluso empresas privadas durante este periodo turbulento.

Este extenso artículo explorará cómo el dinero del narcotráfico ayudó a sobrellevar la crisis de 2008 desde múltiples perspectivas: políticas, económicas, de seguridad y sociales. Además, analizaremos cómo este fenómeno ha impactado la reciente crisis del fentanilo en Estados Unidos y la fallida guerra contra el narcotráfico del expresidente mexicano Felipe Calderón.

Perspectiva Económica

Lavado de Dinero en el Sistema Financiero

Durante la crisis financiera, el flujo de dinero ilícito proporcionó una inyección inesperada de liquidez en un sistema financiero en apuros. Según un informe de 2009 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), aproximadamente 352 mil millones de dólares en ingresos procedentes de actividades ilícitas, incluido el narcotráfico, fueron lavados a través del sistema financiero global. Esta cifra representaba una porción significativa del PIB global y su impacto en la estabilidad económica durante la crisis no puede ser subestimado.

Bancos Implicados:

Varios bancos importantes fueron acusados de facilitar el lavado de dinero. Un informe del Senado de Estados Unidos en 2012 reveló que HSBC permitió que se lavaran miles de millones de dólares provenientes de cárteles mexicanos. El banco aceptó pagar una multa de 1,9 mil millones de dólares para resolver las acusaciones. La multa, aunque significativa, fue una fracción del impacto potencial en la economía global si estos flujos de capital no hubieran estado disponibles durante la crisis.

Impacto en Bancos y Empresarios:

Los bancos no fueron los únicos beneficiarios de este flujo de capital ilícito. Empresarios de diversos sectores también aprovecharon la disponibilidad de estos fondos para mantener sus operaciones a flote. En momentos en que los créditos legítimos eran escasos, la disponibilidad de capital del narcotráfico ofreció una alternativa para muchos negocios. Aunque este capital venía con riesgos significativos, incluidos vínculos con el crimen organizado y posibles sanciones legales, la necesidad imperiosa de mantener las empresas en funcionamiento llevó a algunos a aceptar estos fondos.

Países Beneficiados

Algunos países también se beneficiaron indirectamente del dinero del narcotráfico. En particular, economías en desarrollo, donde la infraestructura bancaria es menos robusta y la supervisión es más laxa, vieron flujos significativos de capital ilícito. Estos fondos a menudo se invertían en bienes raíces, negocios locales y otros activos, proporcionando una inyección de capital en momentos críticos. En México, por ejemplo, se estima que los ingresos del narcotráfico representaron entre el 3 y el 4% del PIB durante los años de la crisis, lo que ayudó a mitigar algunos de los efectos económicos negativos.

Perspectiva Política

Reacciones Gubernamentales

Los gobiernos de varios países se enfrentaron a un dilema durante la crisis: aceptar la entrada de capital ilícito que podría estabilizar sus economías a corto plazo, o tomar medidas estrictas contra el lavado de dinero, con el riesgo de agravar la recesión. En muchos casos, la respuesta fue ambigua. Las autoridades financieras y reguladoras en algunos países adoptaron una postura más relajada frente a los controles de lavado de dinero, permitiendo que el flujo de capital continuara.

Un ejemplo notable es el de los Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia y otros organismos reguladores enfrentaron críticas por no perseguir agresivamente a las instituciones financieras involucradas en el lavado de dinero. La decisión de permitir que bancos como HSBC resolvieran las acusaciones con multas, en lugar de llevar a cabo procesamientos penales, refleja la tensión entre la necesidad de estabilidad económica y el imperativo de hacer cumplir la ley.

Implicaciones Geopolíticas

La dependencia de algunos países en el capital ilícito tuvo implicaciones geopolíticas significativas. En América Latina, el fortalecimiento de los cárteles del narcotráfico, alimentado por sus ingresos, les permitió ampliar su influencia política y social. En México y Colombia, por ejemplo, los cárteles aumentaron su control sobre regiones enteras, afectando la gobernanza y el estado de derecho.

En Europa, la crisis también reveló vulnerabilidades en la supervisión financiera. Países como España e Italia, que enfrentaron graves crisis bancarias, se convirtieron en destinos atractivos para el lavado de dinero. La entrada de estos fondos proporcionó una breve estabilización, pero a largo plazo, comprometió la integridad de sus sistemas financieros y exacerbó problemas de corrupción y crimen organizado.

Perspectiva de Seguridad

Incremento de la Violencia

El fortalecimiento de los cárteles del narcotráfico, impulsado por la crisis financiera, tuvo un costo significativo en términos de seguridad. En México, por ejemplo, el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico alcanzó niveles sin precedentes durante y después de la crisis de 2008. La lucha por el control de rutas y territorios estratégicos se intensificó, resultando en decenas de miles de muertes.

Seguridad Financiera

El lavado de dinero a través de instituciones financieras también planteó riesgos significativos para la seguridad financiera global. La infiltración de capital ilícito en bancos y otros intermediarios financieros comprometió la integridad del sistema financiero y aumentó la vulnerabilidad a futuras crisis. Los bancos que aceptaron estos fondos se expusieron a sanciones y pérdidas reputacionales, mientras que los países con regulaciones laxas enfrentaron mayores riesgos de inestabilidad financiera.

Perspectiva Social

Impacto en Comunidades

El flujo de dinero del narcotráfico durante la crisis tuvo efectos mixtos en las comunidades locales. En algunas regiones, la disponibilidad de estos fondos ayudó a mantener negocios y empleos, proporcionando una fuente de estabilidad económica. Sin embargo, el impacto negativo de la violencia y la corrupción asociada con el narcotráfico contrarrestó muchos de estos beneficios.

Desigualdad y Desarrollo

La dependencia en capital ilícito también exacerbó las desigualdades sociales y económicas. Las comunidades afectadas por la violencia del narcotráfico vieron un deterioro en la calidad de vida, mientras que aquellos que se beneficiaron de los flujos de capital ilícito a menudo eran los ya privilegiados. Esta desigualdad contribuyó a una mayor polarización social y dificultó los esfuerzos de desarrollo sostenible en muchas regiones.

Crisis del Fentanilo en Estados Unidos

La reciente crisis del fentanilo en Estados Unidos está intrínsecamente ligada a los flujos de capital del narcotráfico que ayudaron a sobrellevar la crisis de 2008. Con la estabilización y expansión de los cárteles del narcotráfico, estos grupos encontraron nuevas oportunidades en la producción y distribución de fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente y lucrativo.

Orígenes y Expansión

El fentanilo, desarrollado inicialmente para uso médico, ha sido producido ilícitamente en laboratorios clandestinos, principalmente en México y China. Los cárteles mexicanos, aprovechando sus redes de tráfico y distribución ya establecidas, comenzaron a inundar el mercado estadounidense con fentanilo a mediados de la década de 2010. La droga, a menudo mezclada con heroína o vendida como otros opioides, ha sido responsable de un aumento dramático en las sobredosis y muertes relacionadas con opioides en Estados Unidos.

Impacto Económico y Social

La crisis del fentanilo ha tenido un impacto devastador en comunidades de todo Estados Unidos. Las muertes por sobredosis de opioides se han disparado, alcanzando niveles récord en los últimos años. Esto ha tenido consecuencias económicas significativas, incluidos los costos de atención médica, pérdida de productividad y el impacto en las familias y comunidades afectadas.

La Fallida Guerra contra el Narco de Felipe Calderón

El expresidente mexicano Felipe Calderón lanzó una agresiva campaña militar contra los cárteles de la droga poco después de asumir el cargo en 2006. Su estrategia, conocida como la «guerra contra el narcotráfico», tenía como objetivo desmantelar las organizaciones criminales y restaurar el estado de derecho. Sin embargo, esta estrategia ha sido ampliamente criticada por su ineficacia y por exacerbar la violencia en México.

Escalada de Violencia

La guerra contra el narcotráfico resultó en un aumento significativo de la violencia en México. Al enfrentar a los cárteles con fuerza militar, el gobierno provocó una respuesta violenta. Los cárteles se fragmentaron en grupos más pequeños y agresivos, luchando no solo contra las fuerzas del gobierno, sino también entre sí por el control de territorios y rutas de tráfico. Esto resultó en decenas de miles de muertes y una crisis humanitaria en muchas partes del país.

Fracasos y Consecuencias

A pesar de los esfuerzos y recursos invertidos, la estrategia de Calderón no logró desmantelar de manera efectiva a los cárteles ni reducir el tráfico de drogas. En lugar de ello, la violencia se intensificó y los cárteles se adaptaron, diversificándose en otras actividades criminales como el tráfico de personas, la extorsión y el secuestro. La falta de una estrategia integral que abordara las raíces socioeconómicas del narcotráfico y la corrupción dentro de las instituciones mexicanas contribuyó a la falla de esta política.

Conclusión

El papel del dinero del narcotráfico en la crisis financiera de 2008 es un tema complejo y multifacético. Desde la perspectiva económica, proporcionó una inyección crucial de liquidez en un momento de necesidad extrema. Sin embargo, desde las perspectivas política, de seguridad y social, los costos a largo plazo fueron significativos. La dependencia en capital ilícito comprometió la integridad del sistema financiero, exacerbó la violencia y la corrupción, y profundizó las desigualdades sociales. Además, la expansión del narcotráfico y su diversificación en el tráfico de fentanilo han tenido consecuencias devastadoras en Estados Unidos y México.

Para abordar estos problemas de manera efectiva, es crucial fortalecer los mecanismos de supervisión financiera, mejorar la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y abordar las raíces estructurales del narcotráfico y la economía ilícita. Solo mediante un enfoque integral que incluya reformas económicas, sociales y políticas, será posible mitigar los impactos negativos del narcotráfico y avanzar hacia una mayor estabilidad y seguridad global.

Javier Lozano Alarcón y Marko Cortés Mendoza se enfrentaron en un cara a cara durante un programa de Carlos Alazraki en Atypical Te Ve. El exsecretario de Trabajo calderonista recriminó al dirigente de Acción Nacional los pésimos resultados que ha tenido en su gestión, mientras que Cortés Mendoza sostuvo que sus números son mejores que los que dejó el PAN al entregar la presidencia en 2012 al PRI. La discusión no quedó ahí y se extendió hasta X con Felipe Calderón.

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Trabajo en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, le dijo “cobarde”, “cabrón” y “pésimo dirigente” a Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, en un cara a cara durante el programa de Carlos Alazraki en Atypical Te Ve, un megáfono de la oposición en el cual se da espacio a los principales críticos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

—¿En qué lugar de la lista plurinominal vas al Senado? —le recriminó Lozano Alarcón luego de cuestionar los resultados del pasado 2 de junio en el que el PAN tuvo una de sus peores votaciones al aliarse con el PRI.

—Encabezando. Soy el presidente del partido, la Comisión permanente —respondió Cortés.

Marko Cortés señaló que detrás de la derrota del 2 de junio hay factores como la poca estructura territorial, la falta de una campaña en equipo y la incapacidad de enviar un mensaje empático con el electorado. “Y además yo te diría dos temas que no logramos podernos quitar, esta etiqueta a Xóchitl (Gálvez) de la candidata del PRIAN, claro que pegó […] y segundo el concepto de la campaña era por un México sin miedo y hay que combatir la inseguridad, la violencia, y cuando hablábamos de esos temas, que te sacaran a García Luna hoy en la cárcel por crímenes que tienen que ver con el narcotráfico, pues claro que pegó, y yo te diría y el PAN ahí qué tuvo que ver, si el PAN no lo contrató, nunca fue panista”.

Luego de plantear eso, Javier Lozano le respondió que era una “cobardía” referirse así a un Secretario de Estado que trabajó para un Gobierno panista, en este caso el de Felipe Calderón Hinojosa, quien delegó en Genaro García Luna su guerra contra narcotráfico.

“Que responda quien lo contrató”, reviró Marko Cortés.

La respuesta no tardó en llegar. Esta tarde Felipe Calderón escribió en su cuenta de Twitter: “La caída del PAN tiene una explicación muy clara: sus dirigentes, especialmente el actual @MarkoCortes, se han servido con la cuchara grande. 6 años en la dirigencia y solo cubrió el 39 por ciento de representantes de casilla? Qué hizo en 6 años aparte de agandallarse las pluris y las notarías?”.

Previamente, Calderón se lanzó contra el dirigente panista al criticar que Jorge Triana “uno de los mejores tribunos del PAN” quedara fuera del Congreso al no incluirlo en sus listas plurinominales. “Eso sí, sí quedó uno de sus peores oradores @MarkoCortes, el actual presidente del PAN y el que más daño le ha hecho en la historia a ese partido, además de su asistente, y otros de su camarilla”.

Cortés por su parte le contestó a Calderón: “@FelipeCalderon , explícanos por qué la peor caída de votación para @AccionNacional en la historia fue cuando fuiste presidente, dejando a nuestra candidata en tercer lugar. Aprovecho también para pedirte que nos expliques qué pasó con García Luna, porque sin tener ninguna responsabilidad, al PAN eso le provocó un enorme daño en la campaña, ¿tú no te enterabas de lo que pasaba en tu gobierno o lo consentías?”

Horas antes, luego de un intercambio de palabras en el que Javier Lozano cuestionó a Marko Cortés por haberse asegurado de un lugar en el Senado, pese a sus malos resultados como dirigente de Acción Nacional, éste le respondió:

—Mira Javier, dile a la gente que estás enojado porque no te dimos la plurinominal. Yo te ofrecí la mayoría del Distrito 11.

—Yo no quería nada.

—Claro que querías algo.

—Pésimo dirigente.

—Tus molestias no las traigas a un medio de comunicación.

—No, sí las traigo. La gente se tiene que enterar quién eres, cabrón.

La debacle sufrida por Acción Nacional en el pasado proceso electoral ha confrontado a Marko Cortés Mendoza, el actual dirigente nacional, con los jerarcas del partido, quienes han pedido su renuncia por distintos medios.

Marko Cortés recibió en 2018 al PAN con 11 estados: Baja California, Baja California Sur, Puebla, Chihuahua, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro y Yucatán.

Pero después de la elección del 2 de junio, ganó un par de ciudades como León y Mérida, pero sólo mantiene el gobierno en cuatro entidades: Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro. No sólo eso, en estas entidades, Xóchitl Gálvez sólo ganó en Aguascalientes, mientras que en Querétaro el panismo perdió la mayoría en el Congreso.

Aunado a ello, Xóchitl Gálvez —quien luego de la votación exhibió a Cortés por conductas misóginas— logró para el PAN su peor votación presidencial en dos décadas. Si bien obtuvo en conjunto con el PRI y PRD 16 millones 502 mil 697 votos, de estos 9 millones 644 mil 918 fueron para el PAN. Seis años antes, Ricardo Anaya obtuvo una votación de 12 millones 60 mil 779 sufragios, de los cuales 9 millones 994 mil 397 fueron para Acción Nacional; y en 2012, Josefina Vázquez Mota, quien fue solo arropada por el panismo, obtuvo 12 millones 732 mil 630.

Eso mismo destacó el calderonista Roberto Gil Zuarth en su cuenta de X: “Dejas el peor resultado en nuestra historia: 32 diputados de mayoría con coalición de 3 partidos y, todavía peor, 16 senadores después de la bailada que te dio Alito. Presumes los votos del PRI y del PRD como tuyos, pero te quejas del PRIAN que tú firmaste.”

Pese a ello, Cortés Mendoza presumió en el programa de Carlos Alazraki los números obtenidos el pasado 2 de junio. Algo que le reclamó Javier Lozano:

—Te voy a decir otra cosa, Marko. Te lo tengo que decir de frente porque ya lo escribí públicamente y no puedo no expresarlo en una mesa como ésta: en el 2009, cuando perdimos las elecciones intermedias, estaba Felipe Calderón en la Presidencia de la República, yo era Secretario del Trabajo. Al día siguiente que perdimos y que no era por culpa del PAN, tuvimos que subir el IVA del 15 al 16 por ciento, estaba la pandemia del H1N1, de la influenza, tuvimos todo eso. Al día siguiente que perdimos, y mira que no es santo de mi devoción, es más me cae gordo Germán Martínez, pero llegó al día siguiente junto con Roberto Gil y Juan Ignacio Zavala y presentaron su renuncia al Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¿Por qué tú no hiciste lo mismo después de estas elección, del enorme fracaso del Partido Acción Nacional?.

—Mi querido, Javier, porque este resultado electoral fue exactamente igual que el que tuvimos en 2018. El PAN tuvo 23 senadores, hoy tendremos 22.

—¿O sea, fue un éxito?

—No, fue un mal resultado electoral, pero es la primera vez en los últimos 21 años que Acción Nacional no cae como cayó cuando estuvo Fox en la Presidencia de la República; Calderón que apenas ganó por ni siquiera un punto porcentual, Calderón que pierde la Presidencia de la República y Josefina (Vázquez Mota) se va al tercer lugar, siendo Gobierno. Luego se viene Ricardo (Anaya), saca 17-18 puntos y ahora con Xóchitl sacamos 25 puntos.

—¿En gubernaturas cómo nos fue?

—De las que estamos en jornada, ganamos Guanajuato a pesar de la embestida y de la unidad que se logró. En Yucatán esa no la logramos ganar y las otras las tenía Morena, pero lo que yo te puedo decir con claridad es que la votación, el porcentaje, fue exactamente igual.

Foto: Polemón / Contralínea / PAN / PRI / FGR

La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) habría violado la soberanía de México durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, según se revela en una investigación

Y es que de acuerdo con información de Proceso, documentos oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a los que la revista tuvo acceso, la agencia estadounidense habría incurrido durante 10 años en  injerencias, espionaje, violaciones constitucionales y a la soberanía del país; debido a que se aumentó el despliegue de sus agentes y personal técnico administrativo en territorio nacional.

La investigación detalla que Washington aprovechó la narcorrupción en dichas administraciones para poder ingresar al país y obtener permisos de la SRE para elevar el número de agentes de la DEA. 

«Hasta la publicación de este texto, públicamente se conocía que la DEA tenía operando en México a 54 agentes y 32 técnicos administrativos, entre quienes se cuenta a analistas, especialistas en tecnología de espionaje y equipo computarizado», se lee en la investigación.

No obstante, la DEA habría doblegado a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, quienes aceptaron a otros 16 policías antinarcóticos estadounidenses, quienes operaron a sus anchas en todo el territorio mexicano para tener en total de 111 elementos en el país.

Lo anterior dio como resultado una serie de injerencias en nombre al combate al narcotráfico, tales como labores de espionaje e intercepción de llamadas telefónicas a altos funcionarios mexicanos, así como traiciones a Calderón y Peña Nieto, reflejados en las detenciones de Genaro García Luna en 2019 y del general Salvador Cienfuegos en 2020

Cabe mencionar que durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han implementado cambios reguladores para supervisar y limitar las actividades de los agentes de la DEA en el país, quienes deben sujetarse a la Ley de Seguridad Nacional y entregar mensualmente a la Cancillería un informe de actividades.

Con información de Proceso

Cuarta parte. El régimen de Felipe Calderón es un puente entre los pésimos gobiernos de “la alternancia” y “el regreso del PRI”, debido a la sucesión pactada entre los dos integrantes de la alianza criminal conformada. Parte del fraude electoral o golpe de Estado técnico ejecutado en 1988, pasa por la alternancia política y llega al regreso del integrante de mayor caducidad, con una supuesta “nueva generación de priístas”.

Este cártel político transexenal asaltó el poder público en el Estado mexicano. Asimismo, instauró un modelo “neoliberal” fatuo y grotesco sometido a la economía de Estados Unidos y basado en una competitividad. En el congelamiento salarial, tenía una palanca estratégica favorable al desarrollo del sector exportador.

No obstante, junto a la exportación masiva de mano de obra, generó el flujo de divisas necesario para sostener un modelo que crecía poco, invertía poco y estrechaba el mercado interno.

El correlato fue una política de seguridad y “combate al crimen trasnacional”, en versión corrupta y de complicidad delictiva. Esta “guerra contra las drogas” se trató de una captura del Estado impulsada por Richard Nixon como engaño continental. Al final, se estigmatizó y marginó la política social de corte universalista. Fue tildada de “populista”.

Como consecuencia, se dio paso a las políticas de “focalización” para los grupos más vulnerables y creció la pobreza y la inseguridad. La cifra es escalofriante: 40 millones de pobres y el 71 por ciento de los municipios eran controlados por el crimen trasnacional organizado, de acuerdo con datos del Senado en 2010.

Un modelo así hace casi imposible una política de redistribución de la riqueza.

Antes de concluir 2012, Genaro García Luna buscó venganza dentro del ejército mexicano. Era investigado por un grupo de generales desde 2006, al igual que la DEA desde “que era espía del Cisen”.

Hacia el final del sexenio calderonista de asociación con las estructuras criminales globalizadas, la residencia del exsecretario de Seguridad de más de 3.3 millones de dólares en Golden Beach, Miami, despertó demasiadas sospechas.

Respecto a por qué no actuaron antes, un jefe de la DEA indicó: “porque a veces hay que bailar con el diablo. Por ahora, es mejor tenerlo cerca que dejarlo suelto. Después veremos” (Wornat, pág. 101).

García Luna logró aliados dentro de la estructura de inteligencia y seguridad en Estados Unidos, con el objetivo de mantener a México en una grave crisis de narcotráfico. Esto resultaba rentable en materia de política bilateral.

En la primera parte de esta serie, informamos al respecto. Era necesario golpear dentro, con el propósito de ganar credibilidad y aumentar la simpatía de parte del gobierno estadunidense. Tenía sus propias razones para recargarse en la Marina Armada de México, como cuerpo confiable en esta seudo-guerra.

Además, era el encargado de la operación del Plan Mérida, firmado el 30 de junio de 2008. Éste era una atribución presidencial que Calderón delegó a García Luna y proveyó 900 millones de dólares –no en efectivo, sino en una cuenta para girar contra ella– puestos a disposición de la PGR y la SSP, entre los años de 2008-2010.

Sin embargo, la cantidad total recibida bajo esta modalidad fue de 1 mil 600 millones de dólares aprobados por el Congreso estadunidense. Inundaron de liquidez al gobierno calderonista para que realizara “su guerra contra el narco”.

Había una amplia discrecionalidad para su manejo –no estaban sujetos a auditorías–. Era imperativo entregar “resultados” del uso eficiente de estos recursos, porque la “Operación Limpieza” había resultado fallida. Golpear dentro del ejército parecía ser un golpe espectacular. Alejaría sospechas en torno al grupo en el poder.

El general Tomás Ángeles Dauahare y otros tres coacusados fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano y de la PGR. La PFP fue la instancia de coordinación de inteligencia para el efecto –ubicación, movimientos, lugares de desplazamiento, etcétera.

De inmediato, los medios informaron que los cuatro militares “formaban parte de la estructura criminal de los hermanos Beltrán Leyva”. Luego, prometieron no hablar más del tema.

Los cargos para la detención y el juicio en México se hicieron con sustento en testigos protegidos seleccionados por García Luna: Villarreal, el Grande, y Roberto López Nájera, Jennifer.

Al primero, le ofrecieron rendir falsos testimonios ante el juez sobre la amistad del general Dauahare y Arturo Beltrán Leyva. A cambio, sería sacado de Puente Grande, y luego trasladado a vivir a Estados Unidos, “sin preocupaciones de nada”.

Contaba sus falsos testimonios “en medio de risotadas en la prisión”. Al mismo tiempo, reconocía que “nunca había visto al general”. “Lo conocí hasta que el agente del Ministerio Público federal me mostró una serie de fotografías y me pidió que me grabara su rostro al igual que el de los otros militares”, mencionaba. Esto fue un vulgar y criminal montaje (Lemus, págs. 199-200).

Los otros generales inculpados fueron: Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Silvio Isidro de Jesús Hernández. Además de los testigos protegidos mencionados, fueron acusados por el mayor Arturo González, adscrito a la Presidencia, ya encarcelado.

Supuestamente, Édgar Valdés Villarreal, la Barbie –también en prisión desde 2010–, habría entregado un pago al general Dauahare a nombre de los Beltrán Leyva. Sin embargo, en su comparecencia ante las autoridades ministeriales, tanto él como Gerardo Álvarez, el Indio, negaron conocer a ninguno de los generales presos en Almoloya, el 3 de agosto de 2012. Parte central de los testimonios acusatorios se caían y evidenciaban un caso construido a voluntad para concretar una infamia y una pantalla mediática.

Después, la Barbie declaró que fue presionado por la SIEDO. Cuando pidió el “cierre de la instrucción”, el abogado de los acusados mencionó que quedó probado “que los testigos habían mentido”. El caso se revirtió.

Se exhibió la maquinaria criminal que echaron a andar García Luna, Calderón y sus compinches de la red delictiva transexenal. Aquellos que duden que se trató de una venganza, deben leer esto: “Ángeles Dauahare recordó cómo el 9 de mayo de 2007, él le advirtió a Felipe Calderón Hinojosa sobre los vínculos que tenía su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el crimen organizado que en el discurso decía combatir” (Sin Embargo, 22 de febrero, 2023).

Obsérvese cómo aún mantenía la idea implícita de que el expresidente era ajeno a las actividades delictivas de García Luna, cuando ya había mucha más información al respecto que echaba abajo dicha hipótesis.

En la primera parte de esta serie destruimos ese falso postulado con nuestras fuentes consultadas. Las mismas nos indican que FECAL era el puntal de la criminalidad que se desarrollaba.

¿Alguien ha correlacionado esta inmensa falsificación hacia la nación que nutría él personalmente y todo su gobierno, con sus más allegados, con la intensificación de su alcoholismo en esos años? ¿Habrá vivido un cierto drama interior ante el temor de ser descubierto y encarcelado para el resto de su vida? ¿El saber en sus más profundos adentros que no era más que un gran fraude político como líder y dirigente, como cristiano-creyente, lo afectó tanto?

Creo que nadie ha explorado tales términos. No es parte de una normalidad que abandonara sus altas funciones de Estado y se recluyera en La Barraca, a beber hasta quedar casi inconsciente y tuvieran que ir su esposa para llevarlo a dormir.

Esto habla de un estado de afectación psicológica y emocional grave. Tampoco se debe olvidar que dos de sus más cercanos y estimados colaboradores fueron asesinados –Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora– al interior de esta trama criminal, de la cual Calderón era pieza central.

La escritora argentina Olga Wornat recoge distintos testimonios y opiniones sobre esta situación psico-emocional del expresidente. Incluso, posee un testimonio de su mentor político, Carlos Castillo Peraza. “Felipe Calderón se hundió en una depresión sin horizonte”, afirma Wornat (págs, 32-37). No hay estudios serios al respecto, pero sí indicios ilustrativos.

Cuando se dio a conocer el apoyo del expresidente Vicente Fox, el sector de opinión dentro del PAN y el PRI se orientaron hacia la candidatura de Enrique Peña Nieto. En el curso de la campaña, se supo que la suerte estaba echada por el abandono de los panistas a la candidatura de Josefina Vázquez Mota.

La alianza criminal para sostener la captura del Estado se producía. Pronto revelaron sus armas: compra masiva de votos, dinero al por mayor y una estructura de financiamiento ilegal comprobada por el IFE.

A destiempo, se conoció que el presidente en turno, Felipe Calderón Hinojosa, fue parte del pacto criminal para impedir el acceso de la oposición de izquierda al poder, debido al acceso de su secretario de Hacienda a la contabilidad bancaria. Nada se hizo.

El enemigo común era Andrés Manuel López Obrador, quien se postulaba por segunda ocasión. Durante el fraude electoral de 2006, otro golpe de Estado técnico, el PRI no movió un dedo para impedirlo.

En 2006, el candidato del PRI, Roberto Madrazo, afirmó con cinismo: “no voy a sudar calenturas ajenas”. Hay muchos hechos, documentos, reflexiones, fuentes de información, testimonios que pueden documentar esta alianza criminal PRI-PAN durante 1988-2018.

Durante el juicio al Chapo Guzmán, uno de los testigos presentados por la fiscalía fue Alexander Hildebrando Cifuentes Villa, narcotraficante colombiano, obviamente “protegido” por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Éste era parte del primer círculo de confianza del Mayo Zambada y del propio Chapo, capturado y extraditado en 2013.

Ante el juez, él mismo se definió como “secretario de Guzmán Loera, su brazo derecho y su brazo izquierdo”. Contó a detalle su rutina diaria y cómo empezó el proyecto de su película biográfica. Igualmente, describió los “tres anillos de seguridad” que había conformado y que su rol principal era coordinar la venta de cocaína en Canadá. Regulaba empleados y contactaba al Chapo con un grupo de dominicanos en Nueva York. Asimismo, habló de los sobornos entregados.

El abogado de la fiscalía, Jeffrey Lichtman, dijo: “el señor Guzmán le pagó 100 millones de dólares al presidente”. A esto, Fuentes Villa respondió: “Sí señor”. Luego la crónica del juicio siguió en este sentido:

“El testigo confirmó que Enrique Peña Nieto le pidió 250 millones de dólares a Guzmán Loera ‘para que pudiera seguir trabajando’, y que éste le ofreció 100 millones de dólares, a cambio. Esa cantidad, dijo el testigo, se le entregó al presidente durante octubre de 2012 en la Ciudad de México” (Ibarra, págs. 150-152).

Y añadió: “Andrea Vélez Fernández le hizo llegar maletas llenas de efectivo a Peña Nieto para su campaña presidencial a través de JJ Rendón, el venezolano que trabajaba como asesor político de Peña Nieto. Era jefe de Vélez Fernández” (pág. 152).

Posteriormente, sostuvo que, en el sexenio de Felipe Calderón, “incluso, la policía federal […] traficaba y vendía cocaína colombiana en México, para Edgar Valdés Villareal, la Barbie” (Ibarra, pág. 153). Son testimonios durísimos. Nunca posibles de comprobarse por medios habituales o convencionales, jurídicamente reconocidos.

El cuadro testimonial descrito por Alex Cifuentes es parecido al otorgado por el Grande sobre el mentado soborno directo a Felipe Calderón, al término de la campaña presidencial. Sin embargo, no es el único:

“El exdirector de la Agencia Estadounidense Antidrogas en El Paso, Phil Jordan, afirmó que el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín, el Chapo, Guzmán […] financió la campaña electoral del actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Jordan hizo estas declaraciones en una entrevista en el canal Univisión […] ‘Nunca pensé que con el PRI lo iban a arrestar, porque el Chapo metió mucho dinero en la campaña de Peña Nieto, me sorprendió cuando supe que lo arrestaron. Algo malo pasó entre el PRI y el Chapo. Él pagó millones de dólares para que no lo tocaran’” (https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/).

Ni la DEA ni el Departamento de Estado confirmaron la versión. Claro, de haberlo hecho, incurrían en grave delito de encubrimiento. ¿Por qué no actuaron? Lo más ilógico tiene una razón de ser.

Sin embargo, en otro medio de comunicación, la periodista Jimena O (24 de febrero de 2014) amplía el reporte sobre las declaraciones de Phil Jordan. Añade que el exdirector de la DEA mencionó: “la existencia de una red de corrupción de alto nivel en Estados Unidos y advierte que los exgobiernos priístas estuvieron profundamente involucrados en el tráfico de drogas”.

De igual manera, agrega que el PAN recibió millones de dólares para permitir que el Chapo escapara de prisión. Además, indicó que el capo financió las campañas políticas en las pasadas elecciones.

“Algo salió mal para que aprehendieran al Chapo […] no puedo decir qué fue lo que pasó, lo arrestaron cuando el Chapo les estaba pagando millones de dólares para que no lo arrestaran. Como pagó millones de dólares para que lo dejaran salir la última vez”.

Cuando le preguntaron si tenía pruebas, respondió: “Eso está documentado en la Inteligencia de Estados Unidos, pero yo no te puedo presentar pruebas. Pero yo sé por la Inteligencia que tenemos, que el Chapo siempre ha estado metido en la política” (https://pijamasurf.com/2014/02/).

En la cabeza de la columna, en donde se da a conocer las declaraciones citadas, se lee “Estados Unidos mantiene documentadas las donaciones que el Chapo Guzmán pagaba a la campaña del PRI, así como los millones pagados al PAN por permitir su fuga en 2001” (ídem).

Debemos decir que la oficina de inteligencia estadunidense ubicada en el Paso Texas es la segunda más importante. La EPIC (por su sigla en inglés) ha recopilado información del acontecer político y criminal en México, desde 1974.

Su funcionamiento no sólo se limitaba a la vigilancia y observación de la frontera entre ambos países. También, operaba contra el narcotráfico, el tráfico de armas y otras formas de delincuencia organizada.

En 1997, fue famosa en la realización de la Operación Tigre Blanco; investigó a la familia Hank Rhon por narcotráfico; aportó información para la captura del líder del Cártel del Golfo, Juan García Abrego (1996), y descubrieron las narco-fosas de Ciudad Juárez.

Fueron relevantes y fundamentales, mientras se desarrollaban las instituciones de inteligencia mexicana en una época de crecimiento del crimen transnacional, mediante cargamentos de cocaína (Cruz, pág. 191). No hablamos de cualquier oficina. Quienes están allí tienen vasta información y conocen la política mexicana.

Ahora bien, un aspecto relevante: los acuerdos habidos con el crimen trasnacional parecían perder fuerza como realidad política en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto.

Esto se podría ver cuando los cuerpos armados hacían importantes detenciones de capos, o capturaban a los líderes mayores, como el propio Chapo, el Grande o el Vicentillo, incluso con la muerte de Arturo Beltrán Leyva. Sin embargo, no es así. Esa aparente contradicción insalvable tiene tres explicaciones políticas.

La primera; cualquier alianza pactada, por estrecha que sea, puede romperse ante la ocurrencia de hechos graves. Éstos deben cambiar la perspectiva de quienes la construyeron y sostuvieron por un determinado tiempo. Dicen: “algo se rompió” o “algo sucedió”. Las razones no son visibles en lo inmediato.

La segunda; como en el caso de las alianzas criminales pactadas por García Luna, se acuerda la captura de ciertos personajes de mediana y baja jerarquía. De esta manera, se da credibilidad a la supuesta lucha entre el gobierno, sus fuerzas federales y las organizaciones criminales.

Si no hubiera nada, ninguna captura, ningún combate, la alianza criminal quedaría al descubierto ante la sociedad. Parte del engaño es aparentar que no existe.

La tercera, cuando hay acuerdos secretos entre gobierno y organizaciones criminales, podemos ver que el primero; en realidad, lucha contra los enemigos de sus aliados. La inteligencia y las armas de estos últimos se unen a los cuerpos armados oficiales. La imagen pública que se ofrece es que “se está combatiendo a los criminales”. Entonces, ¿cómo acusarlos de tener compromisos con delincuentes?

Allí está el núcleo del engaño: las apariencias. Un ejemplo claro es la entrevista de Sandra Ávila, la Reina del Pacífico, con Adela Micha. En ésta, ella dice contundente que Felipe Calderón “estaba metido con el narco”. La entrevistadora responde: “¿cómo va estar metido con el narco, si él le declaró la guerra al narco”. Así opera el engaño social con una coartada mediática y político-propagandística.

Desde el inicio del gobierno de Peña Nieto, propuso una serie de ajustes que conformaban una afinación en la estrategia de seguridad seguida. En su discurso, estableció 122 presuntos criminales, cuya captura sería “prioritaria”. Sin embargo, no se conocieron los nombres.

Uno de los cambios planteados fue crear otro cuerpo policial –“Gendarmería Nacional”–. También, enfatizó en la concreción de un mayor volumen nacional de inteligencia, para depender mucho menos de la inteligencia estadunidense.

Al final del sexenio y en su último informe, ofreció su balance: se logró eliminar 110 de los criminales que su administración consideraba prioritarios. Incluyó 96 personas capturadas, y 14 abatidas en combates con la fuerza pública (Infobae, Dittmar, 24 de septiembre, 2018). Ello le daba una gran cobertura propagandística y mediática.

Precisamente, García Luna hizo un gran negocio de dicha actividad, como son los servicios de inteligencia en un nivel tecnológico superior. Cuando Peña Nieto decidió no darle continuidad a su gestión en la SSP, marchó a una especie de autoexilio a la ciudad de Miami, a vivir como consultor y hombre de negocios en el sur de Estados Unidos.

Conocía las necesidades de innovación tecnológica en materia de software y capacitación, además de instrumentos diversos para desarrollar el ciclo de inteligencia. Optó por la creación de una red de empresas para la actividad de vigilancia y seguridad, en donde continuaría siendo la pieza central.

Eran tiempos de transición tecnológica. Podía y debía incluirse al sector de empresas privadas. Ya era un hombre con una fortuna inmensa. Esto es lo relevante.

Pablo Gómez, titular de la UIF, ha demandado la reintegración al patrimonio público de 600 millones de dólares que García Luna mantenía en propiedades, negocios, depósitos bancarios, etcétera. Si considera que una fortuna así puede ser hecha limpiamente como funcionario público, bueno, puede seguir creyendo.

Durante el gobierno de Peña Nieto, no debiera extrañarnos la aparente “traición” al Chapo Guzmán que insinúan Alex Cifuentes Villa y Phil Jordan, a pesar del “donativo multimillonario” desde la campaña presidencial.

En silencio, se desarrollaba un cambio relevante en el cuadro nacional de prioridades, acuerdos y tolerancia de actividades criminales. Éste era la opción de permitir el desarrollo de una organización rival del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Jalisco Nueva Generación, con el fin de reducir el enorme poder acumulado por los primeros, además de la gran capacidad de presión y negociación que habían adquirido.

De manera inmediata, ofrecemos dos hechos fundamentales que orientan nuestra afirmación:

En primer lugar, el 25 de agosto de 2012, se produjo una insurgencia criminal al efectuar 28 bloqueos con incendios en vialidades. Pedían la liberación, a lo cual el gobierno de Jalisco, decidió aceptar, sin presentarlo al ministerio público del Estado, ni nada. Como llegó, se fue. Estas consultas a nivel federal sólo pueden ser con el presidente de la República y el secretario de Seguridad (Infobae, mayo de 2019).

En segundo lugar, en octubre de 2011, el Mencho había ya establecido negociaciones directas con García Luna, en una casa de seguridad, en Bahía de Banderas. Ésta le pertenecía al fiscal de Nayarit, Édgar Veytia. Preso en Estados Unidos, atestiguó contra el Chapo y García Luna más tarde.

En el pacto, acordaron un pago mensual para el segundo, sin especificar el monto. De esta manera, la PFP omitiría cualquier captura de la organización del Mencho.

En ese momento, este capo dominaba gran parte de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Dámaso López Núñez, compadre del Chapo, ya estaba con ellos. Además, ya tenían alianzas con la Familia Michoacana, a través de la organización armada La Resistencia, y con la Narco mami, Enedina Arellano Félix, quien comandaba al Cártel de Tijuana, debilitado por el encarcelamiento de sus hermanos (Lemus, pág. 252).

El cuadro nacional criminal había ido cambiando. El avance de dicha mutación pasaba por la detención del Chapo, con la intención de ser un golpe demoledor a la estructura jerárquica y de dirección de “los Sinaloa”.

Se había abierto un periodo de disputa a fondo por el predominio en los mercados criminales y en los espacios de las alianzas con distintas instancias del poder público; esencialmente en el primer círculo del poder del Estado.

Durante el sexenio de Peña Nieto, el CJNG crecería como ninguna organización hasta alcanzar a “los Sinaloa” en poder. Incluso, en algunos aspectos, fue capaz de rebasarlos, tanto en el nivel nacional como en el ámbito regional.

De ello trataremos en nuestra próxima y última entrega.

Jorge Retana Yarto

*Exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional; licenciado en economía con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional; maestro en administración pública; doctor en gerencia pública y política social. Académico de la UNAM

En la actual coyuntura que vive México, es fundamental analizar la criminalización del poder presidencial con Felipe Calderón. Ha corrido mucha tinta y se ha gastado mucha saliva respecto a lo hecho y dicho durante el gobierno calderonista (2006-2012), y de su brazo fuerte, Genaro García Luna, desde la Secretaría de Seguridad Pública, particularmente en lo relativo a su estrategia criminal. Lo retomamos en un nuevo enfoque con una tesis central que es la que denota el título de este ensayo. Lo haremos mediante el uso de una trilogía de obras publicadas. De igual manera, trataremos de sistematizar y hacer converger los pasajes más relevantes, así como las acciones fundamentales narradas por los tres autores, cuyas afirmaciones no han sido desmentidas por nadie en forma precisa y alusiva a las obras, en las cuales fueron publicadas.

No son novelas de ficción. Son investigaciones periodísticas, narrativas basadas en la documentación y fuentes diversas (incluyendo un número variado de entrevistas directas con actores cercanos al expresidente y a su secretario de seguridad). En éstas, fundamentan su dicho, opiniones y aseveraciones. Se publicaron en 2020 y son: Felipe, el oscuro de Olga Wornat; El licenciado de J Jesús Lemus, y García Luna, el señor de la muerte de Francisco Cruz.

Asimismo, tenemos algunas otras obras de apoyo. Sin embargo, esta trilogía crítica y de denuncia sobre un gobierno y una estrategia criminal formulados en Estados Unidos es la más importante.

Es táctica fue seguida y aplicada por el secretario de seguridad pública. No sólo fue fallida, sino también desastrosa. Se volvió contra el propio Estado mexicano y su impacto para México fue tan negativo que aún hoy en día no se ha logrado erradicar del todo.

Los nexos previos con las organizaciones criminales se ilustran así desde el mes de agosto de 2006 –ya “electo” Calderón–. Jorge Zermeño fue presidente panista de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Asistió al bautizo de la hija de José Guillermo Llamas, senador electo del PAN, en compañía de Felipe Calderón (Fecal).

Junto a su mesa había un invitado especial: Sergio Villarreal Barragán, el Grande. Este destacado capo de la organización de los Beltrán Leyva es cuñado de uno de los hermanos de Jorge Zermeño. Con éste, Fecal  conversó y brindó (OW, p. 29).

En 2006, el predominio criminal correspondía a la alianza entre el Cártel de Sinaloa (CDS) y los Hermanos Beltrán Leyva (CBL). “La Gerencia” –cuyos líderes se reunieron en Culiacán– eran Arturo Beltrán Leyva, el Barbas, e Ismael el Mayo Zambada. Discutieron los términos que impulsarían a Genaro García Luna a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón.

Lo conocían y habían “trabajado” con él desde que fue Coordinador General de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) con Vicente Fox, y luego titular de la AFI –Agencia Federal de Investigaciones, que sustituyó a la Policía Judicial Federal–; entre otros cargos. De igual manera, ayudó a la fuga del Chapo Guzmán de la prisión federal de Puente Grande, Jalisco.

El Barbas y el Mayo Zambadaya le decían “El Licenciado”. Acordaron que la mejor estrategia era “el dinero”; es decir, comprar la futura SSP. Jesús Zambada García, el Rey, ya había concretado este recurso del “soborno” con García Luna, en el caso de la fuga del Chapo Guzmán.

El propio Barbas había canalizado “algunos pagos al Licenciado por varios millones de dólares” por tales servicios, mediante el abogado Oscar Paredes. Otro fin era conocer el curso de las averiguaciones previas en contra de miembros del CBL en la PGR.

Entonces, el acuerdo fue “sobornar al propio presidente de la República”. Esta información fue dada a Lemus por Sergio Enrique Villareal en la propia prisión de Puente Grande. En ésta, estuvieron juntos, aunque por causas distintas.

—¿Cómo hacerlo llegar?—, preguntó el Barbas, a través de Sergio Enrique Villarreal, el Grande.

No olvidar que, según Wornat, Calderón y Sergio Villareal se encontraron y socializaron en un bautizo del cuñado de Villareal (octubre, 2006), un senador del PAN electo, casado con la hermana de éste último (pág. 29).

Además, se acordó que “no escatimarían en dinero”. El Grande se puso en contacto con su familiar –cuñado– y le pidió una reunión con Felipe Calderón. En este momento, Lemus sitúa los preparativos del bautizo de su hija –sobrina del Grande e hija de su hermana–. Ahí, coincidieron y platicaron ambos: Felipe Calderón y Sergio Villarreal (págs. 18-20).

En los tiempos previos a la toma de posesión de la presidencia de México por Calderón, encontramos a García Luna agrupado en actividades de inteligencia con su jefe en el CISEN, el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, además de Luis Cárdenas Palomino. Supieron de la derrota del PRI frente a Fox antes que nadie, mediante las encuestas practicadas en el mencionado órgano administrativo.

Esto es importante. Los tres acumularon información “de miles y miles de documentos” producto “de la inteligencia policial y el espionaje” sobre el candidato Fox y otros panistas y priistas. Estaban al servicio del candidato del PRI, Labastida Ochoa, quien tuvo acceso a carpetas en manos de Enrique Jackson. “Entregaron a la prensa” las indagaciones.

Nada funcionó. Sin embargo, se quedaron con un acervo importante que llegó a manos del secretario de gobernación Diodoro Carrasco, mando superior en el CISEN.

Había otras carpetas con información de priistas en manos de Fox integradas y analizadas por Ramón Martín Huerta –luego muerto en “accidente” aéreo–. En ambos casos, había copias de varios cheques millonarios de grandes empresas mexicanas y fuentes extranjeras para ambas campañas. Eran operados desde oficinas privadas y “casas de seguridad”, las cuales funcionaban con equipo para espionaje.

Aparte, estaban los archivos acumulados durante el paso de García Luna por la AFI creada por Vicente Fox (noviembre, 2001). Nadie sabe cuál fue el destino o el final de esos documentos. Lo seguro es que están en manos del exsecretario de Seguridad Pública (págs. 68-69).

Mi hipótesis es que, del cambio de unas manos a otras de estas carpetas, pudieron haber surgido los casos “Amigos de Fox” y “Labastida con el Sindicato de Pemex”, parte de las cuales llegaron a los consejeros del IFE. Con esto, se neutralizaron ambas fuerzas políticas.

Después del triunfo de Fox, se desarrolló una especie de “operación limpieza” mediante la destrucción masiva de documentos, fotografías y grabaciones y videos. García Luna fue el encargado de ello.

Probablemente guardó la información más relevante para sí y su grupo criminal en desarrollo. Ésta incluía datos sobre grupos criminales, organizaciones y líderes políticos, acopiada en el CISEN.

Dentro de lo que se destruyó, había evidencias de su propia historia. De pronto García Luna apareció encumbrado, pero “sin datos”. Tramitó la protección de su nombre y apellidos contra fines comerciales –expediente 2050567–, así como su imagen –expediente 2052045– (Cruz, págs.17-32).

Pronto se especializó en inteligencia y contrainteligencia de campo identificando opositores, agitadores, guerrilleros, orientados contra el gobierno de Salinas de Gortari, con especial cuidado en Chiapas –le encargaron “el caso” del subcomandante “Marcos”– y la selva lacandona.

Luego se hizo “amigo y protector de Felipe Calderón”. Dirigió la seguridad durante su “toma de posesión” en la Cámara de Diputados entrando por la puerta trasera y poniéndose él mismo la banda presidencial. Desde entonces, Fecal “daba licencia ilimitada a las operaciones de García Luna” (Cruz, pág. 59). Ya había aprendido a negociar con los narcotraficantes. Por eso lo reclamaban como el policía ideal en la SSP.

Este personaje propondría “la gerencia” como SSP, a través de un soborno relevante al presidente Calderón, según Lemus. Respecto a García Luna, Francisco Cruz dice: “hay pruebas de que desde 2006 ya estaba asociado al narco y de que su guerra personal contra los cabecillas del crimen organizado […] era una mera pantalla para cimentar el poder de Joaquín el Chapo Guzmán Loera e Ismael el Mayo Zambada, líderes del Cártel de Sinaloa” (pág. 75).

Tomen nota, ustedes lectores, de las coincidencias de tres autores distintos que por diferentes caminos llegan a una misma zona de conocimiento: el García Luna, que asciende al poder con Calderón, era un narcotraficante asociado y consumado.

No inicia su actividad criminal desde el cargo de SSP. No, era un criminal consumado y reconocido. Por ello, lo quieren los líderes de las organizaciones criminales agrupados en “la gerencia” como “su” SSP. Tenía un negocio hecho que lleva a Calderón como “presidente” y deciden compartirlo. Es nuestra hipótesis.

En conversación privada con Lemus, Sergio Enrique Villareal, el Grande –jefe de sicarios del CBL–, confesó haber sido el encargado de negociar y entregar el dinero del soborno directo a Presidencia de la República, con el objetivo de colocar a García Luna –formado hasta antes en los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, más con Vicente Fox– en la SSP.

Era necesario mucho dinero, porque varias “quejas y acusaciones” de acciones delictivas previas pesaban sobre él, como la represión en el “caso Atenco” –en mayo de 2006, al frente de la AFI–.

Sin embargo, el 20 de noviembre de 2006 –luego de que el TRIFE reconoció el triunfo de Calderón–, García Luna fue nombrado secretario de Estado en la cartera de la SSP (Lemus, págs. 119-120).

Para entonces, la relación con Arturo Beltrán Leyva estaba consolidada. “Lo presentó con el Mayo Zambada durante una reunión en Ciudad de México en abril de 2004” (Lemus, pág. 121).

Felipe Calderón tenía total confianza en el cuñado del Grande. Fue coordinador de la bancada del PAN –con Fox– y luego Senador –también había sido comandante de la policía judicial en Coahuila–, quien había tenido una relación con García Luna desde su responsabilidad al frente de la AFI (Lemus, pág. 123). Vayan tomando nota de esta red de vinculaciones delictivas.

Sergio Enrique Villareal Barragán operó antes para el Cártel de Juárez (CJ) por conducto de Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy. En ese entonces, José Guillermo Llamas era comandante de la policía judicial en Coahuila, luego rompió con el CJ y se unió a los Beltrán Leyva (CBL).

En la reunión de 2004, GGL-Villarreal Barragán, el mensaje de Arturo Beltrán fue que lo dejara operar libremente. García Luna aceptó a cambio de “una contraprestación” de 500 mil dólares mensuales (Lemus, pág. 124). Sin embargo, también se consideró el pago para la filtración constante de información “para ayudar a la AFI a obtener resultados rápidos”.

Quedó en 250 mil dólares mensuales para los colaboradores del jefe de la AFI, y 150 mil dólares para el Licenciado” (Lemus, pág. 124). Además, “había luz verde” para que la AFI capturara miembros de bajo rango del CBL y justificar así la lucha contra la narco-criminalidad.

En muchas ocasiones, el dinero se entregaba por medio del hombre de confianza del Grande:Edgar Valdés Villareal, la Barbie, quien después se reveló que era informante de la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés), además de jefe del grupo de los Negros, un grupo de reacción del CBL (Lemus, pág. 125).

Hasta aquí destacan cinco cuestiones de importancia. La primera: García era un producto directo y nato de los organismos de seguridad, policía e inteligencia del aparato autoritario, represivo y presidencialista del PRI, luego imbricado con el PAN –Fox y Calderón–.

Se convirtió en socio de los intereses del CBL y en consumado facilitador del narcotráfico en México, además de informante de dicha organización criminal –órdenes de captura, operativos militares, etcétera.– cuando se integró en primera línea al gabinete de alto nivel.

La segunda: García Luna negoció con dicha estructura criminal transnacional, la cual ofrece a Fecal desde antes de su toma de posesión de la presidencia. Éste acepta, a partir del momento en que acuerda con el CDS y CBL colocarlo como secretario de seguridad.

La tercera: se estaba convirtiendo al CBL en el cártel más poderoso de México –esto al atacar a los rivales con información del Grande–. Sin embargo, cuando el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán rompen relaciones, García Luna trata de trabajar para los dos cárteles. No es posible y se decanta en favor del más fuerte: el CDS.

Esta decisión influyó sobremanera en la reconfiguración del mapa político y de fuerzas criminales en México, entre 2008-2009. Con la ayuda de las fuerzas policiales federales al mando de Fecal-GGL, el CDS salió fortalecido de su enfrentamiento con sus anteriores aliados (Hernández, pág. 230). En adelante, nada volvió a ser igual.

La cuarta: así como Felipe Calderón es un producto natural de la alianza criminal entre PRI-PAN para desarrollar y expandir un ciclo de captura del Estado mediante una mafia, García Luna es un prototipo de la corrupción y el asalto al poder público de dicha alianza que caracterizó al PRIANATO, desde el ascenso de Carlos Salinas a “la alternancia” con Fox, alianza articulada al crimen trasnacional.

¿Nadie supo ni sospechó nada? Demasiado difícil de aceptar como verdad. Por ello, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la influencia, negocios con contratos a su favor y corruptelas diversas de García Luna establecen una línea de continuidad. No hay nada accidental ni coyuntural.

Y la quinta: un grave problema –el cual forma parte de la corrupción y la impunidad estructural en el Estado mexicano– es que la “oligarquía política y económica” en México no se investigaba entre sí.

Realizaban un “pacto mafioso de silencio” –el Omertá de la oligarquía mexicana corrupta– que se renovaba cada sexenio. Por ello, se podía ser un capo consumado y un negociante que lavaba dinero producto de las asociaciones criminales, como García Luna, y nadie decía nada.

Venía del PRIANATO. A ellos servía y trabajaba. Se enriquecía para sí mismo. Aunque se supo que en el ejército y la Marina empezaron a investigar a García Luna. Tres generales pretendieron entregar un informe al presidente electo Fecal. Para ello, se reunieron con Juan Camilo Mouriño y trataron de bloquear su continuación en la inteligencia y la seguridad. En una cena en el restaurante Winston Churchill’s, entregaron el documento a Mouriño. Al leerlo, lo lanzó sobre la mesa y se fue. La relación había crecido.

Entre otros temas, en las carpetas militares había datos sobre los “donativos” del Cártel del Pacífico a la campaña de Felipe Calderón, a través de García Luna (Wornat, pág. 81). La pudrición venía de atrás y llegaba al presente. Fecal se engancha desde la campaña con el crimen trasnacional.

Nunca hay que olvidar los grandes acervos de información de muchos líderes políticos y diversos funcionarios públicos de una década atrás, por lo menos, cuando no nos expliquemos por qué tantas condescendencias con García Luna.

Tenía “en sus manos” una parte importante de la clase política corrupta –incluyendo a la familia de Fox y Calderón–. Bastaban algunas filtraciones a la prensa y pondría en cuestión su carrera política. Como nunca antes era cierto que “la información es poder”, sabiéndola usar.

En esa línea de acción, formó el “cartel de narco-funcionarios” llamado “los siete jinetes del apocalipsis”, su más estrecho círculo de poder y complicidad criminal.

Durante el sexenio de Fox –y unos años después, en el de Calderón–, explotaron los secuestros como una veta de negocio. De esto, José Antonio Ortega –autor del libro El secuestro en México– responsabiliza a García Luna y a Luis Cárdenas Palomino. Ofrece varios datos para sustentarlo (Wornat, pág. 69).

Una segunda reunión se realizó en la sierra de Durango a mediados del mes de septiembre de 2006. Su fin era concretar el plan de sobornar al presidente de la República y colocar a un aliado probado entre Arturo Beltrán Leyva y el Mayo Zambada como secretario de Seguridad Pública.

Además, por el Cártel de Sinaloa, estuvieron Juan José Esparragoza, Dámaso López Núñez y Joaquín Guzmán Loera. Con Arturo, estuvieron Héctor y Alfredo Beltrán Leyva, Alfredo Beltrán, alias el Mochomito, y Sergio Enrique Villarreal Barragán.

Se informó “de lo avanzado de la operación”. Arturo el Barbas se encargó de terminarla. Asimismo, pidió integrar una bolsa de 20 millones de dólares; la primera mitad para iniciar la negociación directa a través de Guillermo Anaya Llamas, cuñado del Grande y senador electo del PAN, ya conocido de García Luna.

Nuevamente, se comisionó a Sergio E Villareal para ello. Debería quedar cerrado en un mes (Lemus, págs. 130-131). El primer contacto entre Calderón Hinojosa y el Grande fue en el bautizo de la sobrina de este último, dato en el que coinciden Wornat y Lemus, el 24 de agosto de 2006, en Torreón, Coahuila. Lo narra así:

“Le pedí al ‘licenciado’ García Luna que él mismo me concertara una cita con el licenciado Calderón”, dijo el Grande y pidió “un plazo de unos días”. Una semana después (en octubre de 2006), se concretó en una casa de la Ciudad de México. Duró unos 20 minutos.

En ese momento, Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, era colaboradora estrecha del Mayo Zambada. Asimismo, se encargaba de los contactos en Colombia para la provisión de cocaína (Lemus, pág. 130). Más abajo establecemos por qué este dato es relevante.

Ante la oferta “Calderón no contestó nada”, le pidió que llevara un mensaje de regreso: “Dile a los señores que estén tranquilos, que no se les va a molestar”.

El Grande le preguntó al presidente “electo” que a dónde le hacía llegar el dinero. A esto, respondió que “ya se lo harían saber” (Lemus, págs. 133-134). Villarreal Barragán contó que entregó el dinero a un “teniente del ejército que me recibía en la puerta de Los Pinos, y luego entraba a saludar al presidente”. Dijo “allí está el saludo de los señores” (Lemus, pág. 134). El negocio se había cerrado. La compra se había consumado.

En el juicio del Chapo Guzmán en la Corte de Brooklyn, Nueva York, Jesús Reynaldo Zambada García, el Rey –líder de plaza del Cártel de Sinaloa en la Ciudad de México–, presentó su testimonio en contra.

El Chapo Guzmán fue arrestado en 2008 y extraditado en 2012. Firmó un Acuerdo de Colaboración con el gobierno de Estados Unidos, después de declararse culpable de los cargos.

Fue interrogado por el abogado de apellido Purpura, quien le preguntó: “¿Si el Mayo pudiera corromper al Presidente de México lo haría?”. “Tal vez”, respondió el Rey.

Siguió el abogado: “Su hermano tenía un particular interés en una persona llamada García Luna, ¿cierto?”. “Correcto”, admitió Zambada”. De igual manera, reconoció haberlo sobornado en 2007, a nombre del Cártel de Sinaloa.

Antes, entre 2005 y 2006, el Rey se había reunido con García Luna por primera vez y con el abogado de su hermano, Oscar Paredes, en un restaurante de la Ciudad de México.

En esa ocasión, el soborno fue de 3 millones de dólares, con el propósito de colocar a un hombre del Mayo como líder de la policía de Culiacán. El segundo fue en 2007. Éste consistía entre 3 y 5 millones de dólares para que el cártel pudiera operar sin contratiempos (Ibarra, pág. 84). Esta versión es plenamente coincidente con lo contado por el Grande a Lemus, como consignamos más arriba.

Las relaciones con el gran capital, productivo, comercial y de servicios de Felipe Calderón estuvieron marcadas por dos pivotes centrales: la exoneración del pago de impuestos se estima en 4 billones de pesos que Fecal perdonó a los grandes empresarios –la deuda que dejó equivalía a 5 billones de pesos; son cifras cercanas–.

Y el gran capital con enormes partidas publicitarias –20 millones de pesos, cinco veces más que el promedio sexenal– para los medios masivos de comunicación.

Ya “ablandados”, llegó el “pacto del silencio”, la autocensura comunicativa suscrita con 715 medios de comunicación, “para redefinir la cobertura y el tratamiento dado a las noticias sobre violencia, crimen organizado y narcotráfico”. El presidente Calderón y García Luna les garantizaron protección a sus diversos intereses. (Cruz, pág. 92).

La prensa y los medios escritos, hablados, no molestarían ni incomodarían. Tampoco derivarían temas que pudieron causar dudas o disensos sobre los espinosos asuntos que gestionaban y procesaban a diario. Había vía libre.

Ello ofrecía una amplísima cobertura, una inmensa burbuja protectora de simulación y complicidades implícitas, en favor de la red de captura del Estado e impunidad. La misma partía del poder presidencial y nutría como nadie a García Luna.

De igual manera, fue lo que hizo posible que prosiguiera el desarrollo de las estructuras de asociación y negocios criminales con los cárteles del crimen trasnacional.

Como Jesús Reynaldo Zambada, el Rey, dijo en el juicio al Chapo: “los funcionarios públicos eran una división específica de la estructura del Cártel de Sinaloa […] los pagos se distribuían una vez al mes [iniciando con] 300 mil dólares al director de la Procuraduría General de la República” (Ibarra, pág. 65).

En una entrevista de más de dos horas en el programa de Adela Micha, Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, habló de muchas cuestiones relativas al narcotráfico.

En un momento de la conversación –que se desarrolla con medias palabras, medios relatos, sin nombres–, probablemente refiriéndose al Mayo Zambada, Adela Micha pregunta: “¿Para qué quieres vivir 30 años en el monte? ¿Para qué quiere acumular tanto dinero? ¿Para vivir 30 años en el monte escondido?”. Sandra responde: “Es su hábitat, están acostumbrados a eso”.

En otro momento, aludiendo a la incorporación de niños en las filas del narco, Adela Micha pregunta:

—¿Qué se hace para que esto no suceda?

—El gobierno. Si el gobierno lo permite, va a seguir pasando. Si no lo permite, no va a pasar. ¿Cómo le dices al gobierno que no se involucre con ellos?—, contesta Ávila.

—Bueno, esa era una posición muy firme de Felipe Calderón, por ejemplo—, dice Micha.

—¿Lo hizo?—, cuestiona Ávila.

—Bueno, lo intentó—, contesta Adela Micha.

—¿Felipe? No. Felipe estaba bien metido con el narco—, responde la Reina del Pacífico.

—¿Cómo puedes hacer esas declaraciones públicamente sin tener pruebas? Sandra también, es muy grave lo que estás diciendo—, indica Micha.

—¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Si yo ahorita entrego una tonelada de droga, ¿le voy a decir dame un recibo? ¿Verdad que no?

—Pues no, no…

—Entonces yo no tengo pruebas, si voy y le cobro me van a decir, no te pago porque no tienes pruebas para cobrarme—, señala Ávila.

—Entiendo. Pero tú de oídas dices que Felipe Calderón estaba metido con el narco, y él fue el que le declaró la guerra al narco…

—Era su slogan—, responde Ávila. —De todo lo que hemos hablado, ¿de qué tengo prueba? ¿Cuál sí me crees y cuál no me crees?

—¿Te consta? ¿Tienes pruebas?

—Me consta—, prosigue Sandra Ávila. —Porque lo vi, lo viví y lo oí.

Recomendamos ver y escuchar desde 1 hora con 50 minutos, hasta el 1:57 minutos, en que transcurre esta discusión en concreto.

De esta manera, observamos en esta entrevista en televisión nacional, como Sandra Ávila, la Reina del Pacífico, colaboradora estrecha de Ismael el Mayo Zambada, líder primero del Cártel de Sinaloa, coincide en sus afirmaciones con los autores que hemos citado; en especial, con Lemus y Wornat.

Asimismo, corresponde con el testimonio del Rey Zambada en el juicio del Chapo. Se dice por la autora del libro surgido de su presencia en el propio juicio:

“Días antes, en una conversación filtrada entre los abogados y el juez Cogan, se dijo que el Rey confesaría haber sobornado al presidente de México. Antes de la última sesión de testimonio de Zambada, la fiscalía presentó una moción para suprimir una línea de interrogación que podría implicar a terceros” (Ibarra, págs. 85-86).

Se entiende que el juez Cogan decidió no proceder con esa parte del interrogatorio, en el cual se sabía lo que venía: una verdadera “bomba diplomática”.

Sin embargo, esto no fue así porque se pusiera en duda el testimonio de uno de los testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia. Son muchas coincidencias en puntos centrales, que provienen de dentro del Cártel de Sinaloa como coprotagonistas del proceso que venimos describiendo e interpretando.

Hay un punto álgido más, y una modalidad de criminalización del poder y la institucionalidad pública que se produjo durante ese sexenio calderonista: la compra de droga por los mandos policiacos y altos funcionarios públicos. Posteriormente, ellos mismos revendían los cargamentos de cocaína “a precios de mercado”.

Este dato y circunstancia se revela en el libro El traidor (2020) basado en el diario de Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo Zambada, apodado el Vicentillo. Se narra en los siguientes términos:

“El dinero sucio fue el abono que hizo crecer la eficaz colaboración entre policías y el Cártel de Sinaloa […] no sólo les ayudaban a combatir a los Zetas, cuando estaban en guerra contra ellos, sino también a mover droga tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como vía terrestre. [….] La SSP de García Luna y la PF llegaron a estar tan comprometidas con el Cártel de Sinaloa que hasta se volvieron clientes. Sí. Les compraban droga que luego los propios mandos de la PF vendían por su cuenta. Cifuentes comentó que esos servicios de recuperar maletas y vender droga, no sólo se lo brindó la servil gente de la SSP a él, sino también a la Barbie” (Hernández, págs. 187-188).

Hildebrando Alexander Cifuentes Villa fue un narcotraficante colombiano que se integró al primer círculo de colaboradores del Mayo Zambada y el Chapo Guzmán.

Y aquí surge una nueva hipótesis: ¿Cuánto de los “decomisos” que se publicitaban en medios de comunicación producto del trabajo “combativo” de la SSP-PF eran realmente destruidos?

Es decir, “decomisar cargamentos” de otros grupos criminales enemigos del Cártel de Sinaloa era parte del narco negocio asociado que llevan al cabo “las huestes” de GGL-Fecal, con esta última estructura criminal.

Probablemente, eran repartidos entre ambos “cárteles” que formaban una sola red de macro criminalidad trasnacional e impunidad, a partir de la jefatura del Estado mexicano. A eso, lo llamamos la criminalización del poder presidencial.

El conjunto de actos, hechos, acciones y procesos al interior de las instituciones públicas del Estado mexicano durante el gobierno de Calderón son materia del Derecho Penal; de los ordenamientos públicos que castigan las conductas delictivas deliberadas y asociadas con fines de vulneración del Orden Constitucional y del Mandato otorgado por la Nación a un Jefe del Poder Ejecutivo.

Hoy es un estado de veracidad histórica, ya que se produjo una captura del Estado con fines delictivos por una red criminal que aseguraba la impunidad para quienes estaban eslabonados en la cadena de esta mafia.

El vértice de esta red de macro criminalidad trasnacional era el propio presidente de la República, aunque el gran operador de esta cadena en el frente policiaco y del narcotráfico multinacional fuera García Luna, de acuerdo con lo antes citado. El eje estratégico de la red mafiosa “de narco-funcionarios” era Fecal.

Esta dualidad se parece a la simulación táctica producida dentro del propio Cártel de Sinaloa: el “jefe de capos” real fue siempre el Mayo Zambada. Sin embargo, todo hacía pensar, y de esa manera fue simulado, que el líder superior era Joaquín Guzmán Loera.

No era así. De igual manera, el jefe mayor de la red sexenal de macro criminalidad trasnacional e impunidad no era García Luna, sino Calderón, toda vez que dicha red o pirámide mafiosa tenía en su vértice al mismo presidente como pieza fundamental de la propia captura del Estado mexicano.

Estamos hablando de una macro estructura criminal trasnacional de doble naturaleza dentro de las instituciones públicas del Estado y desde los espacios del crimen organizado; ambos fuera del orden constitucional.

Esta impunidad duraría mientras el PRIANATO estuviera en el poder. De allí, el renovado pacto de impunidad de Calderón-Peña Nieto. En televisión abierta y en horario estelar, Jorge Castañeda lo mencionó en varias ocasiones. También, lo reveló en una entrevista a un diario nacional –El Universal, 6 de junio, 2018–.

Calderón tuvo la información sobre la estructura de financiamiento paralelo-caso Monex-Odebrecht, que se generó en la campaña de Peña Nieto. Tan grave que hasta el IFE se vio obligado a investigarlo –La Jornada, 13 de agosto, 2020–. Pero no pasó nada.

Esta macro estructura criminal trasnacional de doble naturaleza, simbiótica, no termina con el fin del régimen calderonista que prosigue la captura de facto mediante la red de macro criminalidad trasnacional del Estado y el gobierno mexicano.

El cambio de régimen no trajo consigo la ruptura de la red de macro criminalidad transnacional y de impunidad. Ésta venía desde el gobierno anterior y de los gobiernos precedentes del PRI. Continuó en el gobierno posterior de 2012-2018.

Es necesario ampliar y profundizar la investigación.

Jorge Retana Yarto/Primera parte

La adquisición del más sofisticado sistema de espionaje, conocido como Pegasus, fue obra del gobierno de Felipe Calderón. Gastó 5 mil 628 millones de pesos de aquellos años, es decir, unos 8 mil millones con el tipo de cambio actual, sólo en las tres primeras fases del proyecto. Ocho contratos, de los cuales Contralínea posee copia, dan cuenta de la llegada a México del más agresivo software de intromisión masiva de smartphones y computadoras. La resolución de la Corte, emitida la semana pasada, ordena al gobierno federal proporcionar una versión pública de toda la información que posea sobre el sistema. Si el Poder Judicial buscaba arrinconar a la administración de López Obrador, en realidad le otorgó una oportunidad inmejorable para mostrar el uso que se le dio al sistema de espionaje durante el calderonismo y el peñismo: ya en el juicio contra García Luna en Estados Unidos se reveló que se puso al servicio de cárteles de la droga. De hecho el titular del Poder Ejecutivo ya ordenó que se libere toda la información sobre Pegasus esta misma semana

El sistema de espionaje masivo conocido como Pegasus fue traído a México por el gobierno de Felipe Calderón. Con un costo inicial de 5 mil 628 millones de pesos de aquellos años –unos 8 mil millones con el tipo de cambio actual– se instaló en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como lo revelan los ocho contratos firmados entre esta dependencia y la empresa privada Security Tracking Devices, de los cuales Contralínea posee copia.

Contó desde ese sexenio con la capacidad para controlar remota y subrepticiamente más de 1 mil 200 teléfonos inteligentes de manera simultánea. El gobierno de Calderón no sólo pudo escuchar las llamadas telefónicas, sino toda la actividad de las personas objetivo, pues los aparatos intervenidos se convirtieron en micrófonos abiertos de manera permanente, cámaras de captura de fotografías y video y pudo extraer toda la información de contactos, correos electrónicos, mensajes de texto y tarjetas-chip de los aparatos.

Con una instalación desarrollada en tres fases, de 2010 a 2012, quedó listo para ser usado por las Secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor de la Defensa. Una, encargada de operaciones de inteligencia y contrainteligencia hacia la insurgencia; la otra, a cargo de las operaciones contra el narcotráfico. Es decir, formalmente se utilizaría para espiar y contener los movimientos armados y desarticular a los cárteles del narcotráfico.

Otros 10 contratos para la adquisición de bienes y servicios complementarios de Pegasus fueron firmados entre el gobierno de Felipe Calderón y la misma Security Tracking Devices y una segunda empresa: AV y D Solutions. Ambas, en esos momentos representantes en México de NSO Group, la firma israelí desarrolladora del software.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida el 6 de febrero pasado, ordena a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) integrar y presentar una versión pública de toda la información que posea acerca de Pegasus. El mandato a esta dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deriva de una conferencia de prensa matutina que encabezó el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional.

En aquella conversación con representantes de los medios de comunicación, celebrada el 21 de julio de 2021, asistió el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto. Ofreció algunos detalles de los contratos que la dependencia había encontrado sobre Pegasus. Explicó que durante los sexenios de Enrique Peña Nieto (2006-2012) y de Felipe Calderón (2006-2012) varias dependencias del gobierno federal adquirieron y operaron el sistema.

En la sesión de la SCJN de la semana pasada, los ministros Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, nombrados a propuesta de Felipe Calderón, apoyaron la publicación de la información sobre Pegasus. Sin embargo, pidieron que sólo se conociera la información que pudo integrar la UIF de Santiago Nieto en 2021. Más aún, Pérez Dayán dijo que sólo se deben hacer versiones públicas “de las contrataciones”.

Así, en respuesta a pregunta expresa de Contralínea este 12 de febrero, el titular del Poder Ejecutivo dijo que su administración no tiene ningún empacho en informar lo que ha ordenado la SCJN. “¡Hay que cumplirles”, señaló el mandatario.

Abundó: “Hay que entregar todo eso: lo que tiene que ver con el sexenio de presidente Peña y lo que tiene que ver con nuestro gobierno; no ocultar nada, entregarlo todo”.

Incluso, pidió al actual titular de la UIF, Pablo Gómez, “que venga y que hable de eso, y de todo lo que ha hecho la oficina de inteligencia financiera durante nuestro gobierno, que nos diga cómo va la devolución de bienes que los jueces en Florida le han entregado a México, al Gobierno de México, que eran de García Luna. Y hay bastante información, que hable de todo, de información de las cuentas, porque todos estamos expuestos”

Los contratos, hechos públicos por Contralínea desde 2012, dan cuenta de las capacidades invasivas del sistema comprado para la Sedena. Detallan las tres fases de instalación, los montos y las necesidades de infraestructura física e informática.

El objetivo manifiesto de la adquisición de la Plataforma Pegasus fue incrementar las capacidades de espionaje y procesamiento de información de inteligencia de la Sedena. De acuerdo con las copias de los contratos, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana construyeron un Sistema de Inteligencia Regional para modernizar el Centro de Comando y Control, sus subcentros y módulos.

El proyecto se denominó “Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la S-2 [Sección Segunda] (Intl) [Inteligencia] EMDN [Estado Mayor de la Defensa Nacional]”. Se firmó un contrato para cada una de las tres fases: 4550000033 (folio SAITE-1203/2010), 4550000007 (folio SAITE-539/2012) y 4550000006 (folio SAITE-540/2012).

Además, otros contratos intermedios se firmaron con la misma empresa para adquirir productos y servicios complementarios: 4500006718 (folio SAITE 1462/2010), 4500006876 (folio SAITE 520/2011), 4500006908 (folio SAITE 556/2011), 4500000147 (folio SAITE 782/2011) y 4500000525 (folio SAITE 135/2011). El monto total de estos ocho contratos asciende a 5 mil 628 millones 499 mil 999 pesos.

El equipo adquirido por la inteligencia militar mexicana debió contar con el “visto bueno” del gobierno de Estados Unidos. La matriz de Security Tracking Devices y AV y D Solutions (NSO Group) no puede vender tal tecnología a cualquier gobierno. Por ello, Hillary Clinton, entonces secretaría de Estado de ese país, autorizó la venta a la Sedena de México.

Según la descripción de los contratos, la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa cuenta ahora con la capacidad de intervenir cualquier tipo de comunicación electrónica. Más aún, de manipular a distancia –mediante órdenes que pasan inadvertidas para los ciudadanos espiados–cualquier tipo de teléfono “inteligente” o smartphone.

Tres fases para el espionaje total

El 10 de septiembre de 2010, por orden del entonces presidente Felipe Calderón, se firmó el primer contrato para la adquisición de Pegasus. Según el contrato, se trató de la Primera Fase del Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Se observan las firmas de representantes de la Sedena y de Security Tracking Devices.

Bajo número de contrato 455000033, con folio SAITE-1203/2010, el gobierno mexicano pagó 650 millones de pesos por una adecuación del edificio del Centro de Comando y Control. Se buscó adecuarlo a los nuevos equipos que recibiría y la modernización de las funciones. Pagó: sistemas de videovigilancia, control de accesos y de videoconferencia; 156 “posiciones de análisis y operación”; nueve estaciones de trabajo para la jefatura, subjefatura y oficinas administrativas y de mantenimiento; sistema telefónico para 200 extensiones y 20 entradas. Además, instalación de los sistemas computacionales Pen Link y TCI, software y hardware para realizar espionaje electrónico. Estos sistemas serían la base de lo que se agregaría en las siguientes fases.

Esta primera fase también constó de cuatro estaciones remotas de amplio espectro y dos estaciones remotas transportables en vehículos automotores. El gobierno mexicano pagó por medio de transferencia bancaria desde una cuenta de la Sedena a la cuenta 65500952869, con número Clabe 014320655009528691, radicada en Guadalajara, Jalisco, del banco Santander, a nombre de Security Tracking Devices. El proveedor se comprometió a entregar todos los productos y servicios “a más tardar el 31 de marzo de 2011”.

La Segunda Fase del Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la Sección Segunda consistió en la adquisición de equipo e infraestructura informática para soportar la Plataforma. El contrato 4550000007, folio SAITE-539/2012, con Security Tracking Devices se firmó el 25 de marzo de 2011.

Mediante este instrumento, por 1 mil millones de pesos, adquirió: otras 70 computadoras, sistemas de procesamiento de imágenes, 60 teléfonos, sistemas de almacenamiento masivo, una red de comunicaciones del Centro de Procesamiento de Datos, la instalación del Módulo Central de la Plataforma NSO Pegasus de Monitoreo de smartphones, con capacidad para espiar 400 BlackBerry, 100 Symbian y 100 Android.

Mientras, la adquisición de la Tercera Fase del Sistema de Inteligencia Regional se efectuó en 2012 mediante el contrato 4550000006, con folio SAITE-540/2012. Implica la puesta en marcha de todo el sistema de espionaje. El documento, incluso es más explícito en las capacidades de intervención de comunicaciones. Tuvo un costo de 1 mil millones de pesos.

Figura entre los “componentes” del Sitio Central del Sistema de Control de Procesamiento de Datos la “instalación y puesta en operación de Pegasus Mobile Communcation Solution para la plataforma Iphone” para (espiar a) 400 usuarios.

El documento detalla las capacidades de quienes operen el sistema al intervenir un teléfono inteligente: “operar con las siguientes funciones de adquisición de datos: extracción de SMS/MSM; lista de contactos; registros de agenda; monitores de e-mail; intercepción de voz; extracción de mensajería instantánea; información de ubicación GPS/Cell ID; captura de imágenes de pantalla y de la cámara; acceso y manipulación del sistema de archivos; información y estado del sistema; información de la tarjeta SIM; información del hardware, sistema operativo y software; denegación de capacidades de servicio, y detener el funcionamiento del dispositivo” (sic).

Prácticamente los agentes operadores de Pegasus obtienen el control del teléfono en su conjunto y sin que sea advertido siquiera por la persona espiada. Incluso, el documento señala que no hay ningún tipo de encriptación, antivirus y antiespías que puedan identificar y detener al software Pegasus: una de las características de los productos es “ser indetectables en los dispositivos del hardware y por programas de software (antivirus, antispyware) existentes en el mercado” (sic).

El sistema de espionaje que no se redujo sólo a los dispositivos telefónicos y aparatos de cómputo y radial. Con el mismo contrato, la Sección Segunda de la Sedena también se hizo de un Sistema Táctico de Imágenes a través de paredes, para detectar “objetivos” en tiempo real al interior de edificios.

A los contratos específicos para las tres fases del Sistema de Inteligencia, la Sedena celebró otros de carácter complementario para la operación de Pegasus. Se firmaron durante 2011 con Security Tracking Devices. Entre ellos, cinco convenios. Uno para adquirir un sistema de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía celular (contrato 4500006718 por 300 millones de pesos); equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones (contrato 4500006876 por 249 millones 999 mil 999); otro sistema de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía celular (4500006908 por 200 millones); un sistema procesador electromagnético (4500000147 por 1 mil 160 millones), y ocho estaciones remotas móviles de radiocomunicación y sistemas de inteligencia (contrato 4500000525 por 1 mil 68 millones 499 mil 999 pesos).

Todos los contratos presentan una “cláusula de confidencialidad”, que obliga a las partes a no difundir el contenido de la negociación. A la letra dicen: “Guardar en secreto todos los datos y condiciones especiales de este contrato, así como cualquier circunstancia de orden militar relativa a la Secretaría, y que llegue a su conocimiento o de su personal, como consecuencia de este contrato. La documentación suministrada por el proveedor a la Secretaría debe ser tratada con toda reserva del caso…”.

Corrupción

La adquisición de Pegasus no estuvo exenta de polémica al interior de la Sedena y de otras instancias del gobierno federal. De hecho, provocó intensas auditorías por parte de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación. Y la propia institución castrense inició una investigación, a través de su Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea por supuesta corrupción en la adquisición del sistema.

Los equipos y servicios que integran Pegasus fueron adquiridos mediante adjudicaciones directas “por tratarse de asuntos de seguridad nacional”. Las compras fueron ejecutadas por la Dirección General de Administración de la Sedena, entonces a cargo del general de división Diplomado de Estado Mayor Augusto Moisés García Ochoa.

Los ocho contratos auditados –asignados sin licitación de por medio, “por tratarse de asuntos de seguridad nacional”, explicó en 2012 el entonces director de Comunicación Social de la dependencia, general brigadier Diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo. Hoy, ya con el rango de general de división, el funcionario se desempeña como jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional.

En 2012 Trevilla Trejo, en entrevista con Contralínea, aceptó que la Sedena había adquirido Pla Plataforma Pegasus. Justificó que se utilizaría sólo contra “determinados grupos criminales; contra delincuentes en general, no. Es contra grupos armados. El equipo es para cumplir con nuestras misiones, establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. En este caso nos referimos a la segunda misión: garantizar la seguridad interior”.

Señaló que el “monitoreo” que realizaban los militares “es apegado a derecho, con la autorización de un juez, el cual determina, con base en las pruebas que se le presenten, si se autoriza o no una intervención en las comunicaciones; además, por cuánto tiempo y qué tipo de comunicación. Eso está dentro de lo que la ley nos permite”.

Desde el 1 de julio de 2012, la columna Oficio de papel, del periodista Miguel Badillo, había dado a conocer en Contralínea la existencia de una serie de auditorías realizadas a 12 contratos de la Sedena que involucraban más de 600 millones de dólares (alrededor de 8 mil 500 millones de pesos). Informó que la mayoría de esos contratos correspondían al área de inteligencia.

Las auditorías a la Sedena se dieron en el marco de una disputa por la sucesión al interior de la dependencia militar. Dos grupos de generales de división buscaban colocar a uno de los suyos al frente de la Secretaría en el siguiente gobierno federal. Uno de las facciones estaba encabezada por el entonces subsecretario Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. El otro por quien se desempeñaba como director general de Administración de la Sedena, Augusto Moisés García Ochoa.

Denuncias por supuesta corrupción en el otorgamiento de los contratos de Pegasus fueron reportadas anónimamente a la Secretaría de la Función Pública mediante, al menos, dos comunicaciones de “Registro de casos de corrupción”. Estos reportes justificaron las auditorías de la Secretaría de la Función Pública. En ellos se notifican los supuestos delitos o “conductas reprochables”, como señalan los documentos de los cuales Contralínea posee copia. Se refieren a “fraude: malversación de caudales”, “peculado” y “abuso de funciones de autoridad”.

Ambos expedientes fueron abiertos en marzo de 2012. Reportan supuestas “conductas ilegales” cometidas entre 2010 y 2011. El primero señala: “en marzo de 2012 se presentaron diversas quejas ante la Secretaría de la Función Pública y la Presidencia de la República por otorgamiento de contratos a la empresa AV y D Solutions, SA de CV. Se involucra en la denuncia a altos mandos de la Secretaría de la Defensa, adscrito a la Dirección General de Administración de estar coludidos para hacer negocios en las adquisiciones y contratos con la Secretaría de la Defensa.” (sic)

En el segundo documento se asentó: “En marzo de 2012 se presentaron diversas quejas ante la Secretaría de la Función Pública y la Presidencia de la República por otorgamiento de contratos a la empresa AV y D Solutions, SA de CV, y a la empresa Security Tracking Devices, SA de CV. Se involucra en la denuncia a altos mandos de la Secretaría de la Defensa adscritos a la Dirección General de Administración que estaban coludidos para hacer negocios en las adquisiciones y contratos con la Secretaría de la Defensa”. Y refiere que la defraudación a la hacienda pública fue superior a los 600 millones de pesos mexicanos.

Los contratos de Pegasus: el espionaje masivo de Calderón

Contralínea